Flores Cañas Sebastián Gustavo Wladimir

El 30 de enero de 1984, hace 19 años, fue encontrado en una de las riberas del río Copiapó, 800 kilómetros al norte de Santiago, el cuerpo golpeado y con muestras evidentes de violación de la estudiante Gloria Stockle Poblete.

Las investigaciones del crimen, patrocinadas por el abogado Eric Villegas y conducidas por tres ministros en Visita en el tiempo, Federico Pizarro, Gloria Collantes y Alvaro Carrasco, determinaron que existen serias presunciones que el hecho se produjo en el casino de oficiales durante una fiesta con la participación de invitados especiales y representantes de la sociedad copiapina, donde el entonces capitán Mario Martínez Villarroel, actual teniente coronel (r) y el teniente Sebastián Flores Cañas, ahora mayor en retiro, golpearon y violaron a la joven universitaria, presuntamente acompañados por el civil Ivo Lingua Latorre, entonces vicecónsul de Italia en Copiapó.

La causa, desde entonces, ha sido cerrada en varias ocasiones sin que la Justicia haya podido esclarecer los hechos.

Desde hace unos meses, sin embargo, se ha reactivado y se esperan importantes novedades para marzo o abril.

El abogado Erick Villegas, quien representa a la familia de la víctima, solicitó hace unos días por segunda vez declaraciones por exhorto al general Juan Emilio Cheyre para que confirme si se efectuó alguna investigación sobre el asesinato mientras era comandante del Regimiento N° 23 de Copiapó e Intendente de Atacama.

El primer exhorto fue respondido por el jefe del Estado Mayor del Ejército, general Jorge Arancibia Clavel, en el que se señala que se hicieron algunas averiguaciones sobre la materia pero que fue una “indagación verbal”.

 “Nos parece inconsistente que se haya efectuado una indagación verbal en circunstancias que las características del crimen indican que estamos en presencia de un homicidio calificado con circunstancias que agravan la responsabilidad de los hechotes”, sostuvo Villegas, a quien le llama la atención que el Ejército, en la medida que sus oficiales eran citados a declarar, no haya ordenado en esa época una investigación formal de los hechos. El año pasado, Villegas pidió la encargatoria de reo del ex Intendente de Atacama, general Alejandro González Samohod, la que fue denegada por los tribunales. El militar en retiro era el comandante del regimiento cuando ocurrieron los dramáticos hechos

El 29 de enero de 1984, la joven universitaria fue asesinada al interior del Casino de Oficiales de Copiapó. Dos días después apareció en la ribera del río que cruza la ciudad. Tras 27 años dedicados al caso, el abogado querellante, Erick Villegas, logró que dos ex militares y un civil fueran condenados con la pena de presidio mayor en su grado mínimo.
Álvaro Carrasco, ministro en visita en el caso del homicidio en 1984 de la joven universitaria copiapina, Gloria Stockle, dio a conocer la sentencia definitiva en primera instancia que condena a cinco años y un día de presidio efectivo al ex capitán de Ejército, Mario Martínez Villarroel, al ex teniente de Ejército, Sebastián Flores Caña, y al civil, Ivo Lingua Latorre, como autores del crimen.
La información aparecida el miércoles en diario regional El Chañarcillo, fue entregada por el abogado querellante, Erick Villegas, quien tras 27 años de seguir el caso, logró que los
acusados fueran condenados a dicha pena de presidio mayor en su grado mínimo, sin derecho a ningún beneficio en el cumplimiento alternativo de la sentencia.
Para llegar a dicha resolución, el ministro en visita consideró el factor modificatorio de responsabilidad criminal del atenuante de irreprochable conducta anterior.
Si bien la pena puede parecer baja en consideración de los graves hechos que rodearon la muerte de Gloria Stockle, para el abogado querellante es preciso tener en cuenta que “es una pena de prisión efectiva en la que no se tiene derecho a ningún beneficio de cumplimiento alternativo, además de destacar que este es un fallo tremendamente sólido que cuenta con 443 fojas en las que se resume con precisión lo que fueron 27 años de investigación y más de 10 tomos de allegados al proceso y que resuelve correctamente cada una de las situaciones que se plantearon respecto de la participación que a cada una de estas personas le correspondía como autores del homicidio de Gloria Stockle Poblete”.
Según la publicación, los tres condenados por homicidio deberán pagar a la familia de la víctima cien millones de pesos como indemnización. Ahora queda esperar que los tres sentenciados sean notificados personalmente de dicho fallo, para luego esperar el plazo de apelación, aunque debido a la solidez del fallo presentado por el ministro en visita, es posible que dicho proceso no prospere pudiendo comenzar el cumplimiento de la condena en los meses venideros.
EL HOMICIDIO
El crimen de Gloria Stockle Poblete sucedió entre el 29 y 30 de enero de 1984, en dependencias del Casino de Oficiales del Ejército en Copiapó. La joven de 21 años fue encontrada muerta en la ribera norte del río que cruza la ciudad, por policontusiones, traumatismo encéfalo craneano cerrado complicado, fractura base de cráneo, hemorragia introcraneana, homicidio con violación, según consignó el Certificado Médico de Defunción del Instituto Médico Legal y el Protocolo de Autopsia.
En el proceso judicial instruido para investigar su muerte, y en el que se designó un ministro en visita, a través de declaraciones de testigos presenciales y otros medios probatorios, se estableció que esa noche se realizaba una fiesta privada a la que asistían alrededor de 45 personas, entre uniformados, civiles y mujeres jóvenes. Durante el encuentro, se produjo una discusión entre dos oficiales, un civil y Gloria Stockle, a la que golpearon, violaron y asesinaron. Su cuerpo fue sacado del lugar en un automóvil y lanzado al río Copiapó, donde fue encontrado dos días después, semisumergido y tapado con totoras.
Las mujeres asistentes a la fiesta fueron objeto de amedrentamientos y presiones para evitar que declararan ante los Tribunales; incluso, una de ellas fue víctima de un intento de atropello.
En 1998, el hecho volvió a ser noticia porque la Corte de Apelaciones de Copiapó decretó reabrir el sumario y acoger las diligencias solicitadas por la parte querellante. Sin embargo, el tribunal no dio a lugar a la encargatoria de reo presentada contra los presuntos autores, cómplices y encubridores.
En la época, el abogado querellante Erick Villegas indicó que “éste es un proceso en el que por mucho tiempo se intentó obstruir la acción de la justicia”. Recordó que se alcanzó a procesar como autores al capitán Mario Martínez Villarroel, al teniente Sebastián Flores Caña y al Ivo Lingua Latorre, quienes presentaron un recurso de queja rechazado por la Corte Suprema. Así, no se dio lugar a la encargatoria de reo de los dos oficiales y el civil Ivo Lingua en calidad de autores, y los procesamientos como presuntos encubridores al ex intendente de Copiapó, general (R) Alejandro González y a la civil Hilda Lopéz Candía.
El abogado Villegas continuaba su lucha solicitando la encargatoria de reo de un número importante de personas por obstrucción a la justicia, varios de ellos militares en retiro. En el mismo año, Villegas declaraba que la investigación estaba agotada pues ya se contaba con peritajes del OS-7 de Carabineros de Antofagasta y de Santiago, que determinaron el lugar del crimen, la forma en que éste fue cometido y las personas que habrían sido testigos presenciales del hecho.
En todos estos procesos pasaron largos años de intento de acallar el caso, sin embargo en octubre de 2002 los querellantes pudieron volver a poner el crimen en el interés de la opinión pública cuando se emitió un capítulo acerca del homicidio de Gloria Stockle, en el programa Enigma de TVN. Después de la transmisión, el proceso que investigaba la muerte se reabrió. El programa aportó declaraciones que no estaban incluidas en los diez tomos del expediente. Guillermo Muñoz, su conductor, fue llamado a declarar acerca de los hallazgos de la investigación periodística.
CASO EMBLEMATICO
De los 31 años que Erick Villegas lleva ejerciendo la abogacía, 27 los ha dedicado al caso Stockle. Esta fue una petición que recibió de Monseñor Fernando Ariztía, cuando era obispo de Copiapó. En ese entonces, el obispo respondió a la petición de la madre de Gloria, quien veía con desesperanza cómo el caso de su hija quedaba en la impunidad. Villegas decidió tomar el caso, cuando trabajaba en la Vicaría de la Solidaridad y desde entonces luchó junto a los hermanos de la víctima por llegar a la verdad en el homicidio de la joven estudiante de la carrera de pedagogía.
FAMILIARES
Tras conocer la sentencia, la hermana menor de la víctima, Susana Stockle relató al Diario Chañarcillo que “no puedo decir que estoy feliz o satisfecha porque nada de lo que hagan nos devolverá ni a mi hermana ni los 27 años que llevamos luchando por saber la verdad sobre el horroroso final que estas personas le dieron. Sólo puedo pensar en que ahora me siento tranquila porque creo que se hizo justicia, podemos decir por fin estos son los asesinos de Gloria, porque entre todos mis hermanos siempre dijimos que llegaríamos hasta el final, incluso si quedaba sólo uno de nosotros”.

Empresario valdiviano es condenado por alevoso crimen ocurrido hace 27 años en Copiapó. Militares de la época y un civil asesinaron a una joven y lanzaron su cuerpo a un río.

Se trata del propietario de la automotora Pedro Montt, Sebastián Flores Cañas, un ex oficial del Ejército que fue condenado a 5 años y 1 día de prisión por el homicidio de Gloria Stockle, asesinada a fines de enero de 1984 en la ciudad de Copiapó.

Según determinó el ministro en visita de la causa, Álvaro Carrasco, la mujer participó de una fiesta en el casino de oficiales del Ejército en Copiapó. Allí, habría sido brutalmente golpeada por el entonces teniente Flores Cañas, el ex capitán Martio Martínez Villarroel y el civil Ivo Lingüa Latorre.

Luego de asesinarla, lanzaron su cuerpo al río Copiapó. Erick Villegas, quien representa a la familia de Gloria Stockle hace 27 años, dice que la condena en primera instancia ha traído algo de tranquilidad a quienes aún lloran su partida.

Los detalles del crimen son escabrosos. El cuerpo de Gloria Stockle presentaba diversas mutilaciones y tenía evidencias de haber sido violada. Según relató el abogado Villegas, los autores intentaron ocultar al máximo sus huellas.

Los condenados apelaron la resolución en primera instancia al tribunal de alzada de Copiapó, el que debiera resolver en los próximos dos meses. La Radio intentó conocer la versión de Flores Cañas, pero éste se excusó, asegurando que estaba muy ocupado con sus clientes.

El empresario condenado por el homicidio de una mujer hace 27 en dependencias del ejército, aún espera el resultado de su apelación. Mientras tanto sigue atendiendo en su local de Pedro Montt, el mismo donde hoy fue funado

Luego que el ministro en visita Álvaro Carrasco Labra condenó a cinco años y al pago de 100 millones de pesos a Sebastián Flores Cañas, por el homicidio de la universitaria Gloria Stockle -perpetrado el 30 de enero de 1984 en dependencias del ejército- la figura del ex oficial de la Armada y exitoso empresario valdiviano ha salido nuevamente al tapete público.

En 1984, cuando el empresario era teniente del ejército, participó en una fiesta realizada en el casino de oficiales de Copiapó. A la celebración asistió una joven y bella mujer, Gloria Stockle.

Dos días después, Stockle aparece muerta en la rivera del río Copiapó. El caso no tardó en ocupar las páginas policiales por el nivel de sadismo empleado en el crimen. Antes de morir, Gloria Stockle fue violada y los asesinos destruyeron sus genitales con un corvo para eliminar los rastros del ultraje. Además de esas lesiones, la bella universitaria presentaba un traumatismo encéfalo craneano y una fractura en la base del cráneo.

Tal crimen permanece aún en el recuerdo y un grupo de organizaciones sociales, culturales y políticas, convocadas por la Coordinadora Memoria y Derechos Humanos de Valdivia se encargó esta tarde de recordárselo a la comunidad. Por ello marcharon con pancartas y panfletos hasta el frontis de su negocio, la  automotor Pedro Montt.

En el lugar y mediante megáfonos, informaron a los transeúntes quien era el dueño del local y bajo que cargos había sido condenado.

José Araya, de la corporación Codepu, expreso su desacuerdo con la condena que calificó de irrisoria, más aún existiendo agravantes,  como los atentados sufridos tanto por el abogado que llevó la causa y la familia de la víctima, que claramente obstruyeron la justicia durante 27 años.

Por su parte Valeria Vargas, de la agrupación "Defendamos nuestro territorio", también enfatizó,  en la mínima condena de los inculpados en comparación con los cuatro comuneros mapuches que después de un enrarecido juicio, han sido condenados a 20 y 25 años de prisión.

En la oportunidad también estuvo presente la Red de Mujeres cuya vocera, Debby Guerra, se mostró conmovida con el grado de alevosía de este femicidio que fue encubierto por el ejército.

Opiniones coincidentes emitieron Claudio Contreras, presidente regional de la CUT, Edgardo Fuentes de la JJCC, Pedro Rúiz del PC, Marco Leal, PPD,  representantes del comunal del PS y  ANEF.

Esta funa sería la primera que se realiza en la ciudad, y ya están programadas otras para el mes de mayo, ya que la justicia chilena no procede, habiendo,  muchos casos de violaciones a los derechos humanos, cuyos victimarios caminan libres y lo peor sin ser identificados por los y las habitantes de Valdivia.

El grupo de manifestantes realizó una pegatina, por el sector que circunda la automotora Pedro Montt, donde aparece el rostro de Gloria Stockle y se identifica al empresario valdiviano, al mismo tiempo se entregó información a quienes transitaban por el sector instándolos a no realizar compras en la conocida automotora, con la frase "Si no hay justicia hay funa" 

Joven fue brutalmente asesinada en Copiapó en 1984, tras permanecer detenida en el Regimiento de Infantería Motorizada Nº 23 de Copiapó. Además de ratificar la media prescripción, la Corte Suprema concedió el beneficio de libertad vigilada a los procesados.

La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por el homicidio de la estudiante universitaria Gloria Stockle Poblete, ocurrido entre el 29 y 30 de enero de 1984 tras encontrarse detenida en el Regimiento de Infantería Motorizada Nº 23 de Copiapó, Región de Atacama.

En fallo dividido, los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal -Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y Juan Escobar (suplente)- determinaron las siguientes penas contra tres ex miembros del Ejército:

-Mario Martínez Villarroel: capitán al momento del crimen, 5 años de presidio. Se concedió el beneficio de la libertad vigilada.

– Sebastián Flores Cañas: teniente al momento de los hechos, y supuesto autor material del homicidio, 5 años de presidio. Se concedió el beneficio de la libertad vigilada.

-Ivo Lingua Latorre: comerciante, 5 años de presidio. Se concedió el beneficio de la libertad vigilada.

REVOCÓ FALLOS DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA

El fallo del máximo tribunal invalidó las sentencias del ministro en visita Álvaro Carrasco Labra y de la Corte de Apelaciones de Copiapó, que habían condenado a los tres procesados a 5 años y 1 día de presidio, sin beneficios, al aplicar el principio de la media prescripción dado el tiempo transcurrido entre el hecho.

La determinación se adoptó con el voto en contra de los ministros Juica y Brito, quienes estimaron que no era necesaria la aplicación de oficio, ya que no fue planteada en los recursos de casación presentados por los condenados.

Asimismo, se ratificó que los tres condenados deben pagar una indemnización total y solidaria de $100.000.000 a los hermanos de la víctima por el daño moral provocado. 

De acuerdo al portal Memoria Viva, Gloria Ana Stockle Poblete murió en la ribera norte del río Copiapó, porpolicontusiones, traumatismo encéfalo craneano cerrado complicado, fractura base de cráneo, hemorragia introcraneana, homicidio con violación, según consigna el Certificado Médico de Defunción del Instituto Médico Legal y el Protocolo de Autopsia.

Eran cosas que sucedían en la dictadura cuando el país era gobernado por un criminal.

En 1984, en el casino, al interior del Regimiento de Infantería Motorizada Nº 23 de Copiapó, Región de Atacama, dos oficiales del ejército golpearon, violaron y mataron a una joven estudiante universitaria.

La muchacha se llamaba Gloria Ana Stockle Poblete.

El informe de la autopsia reveló la crueldad y los brutales tormentos a los que fue sometida.

Los dos asesinos continuaron en las filas del ejército hasta muchos años después, porque en esos años el Alto Mando del Ejército los protegió y la justicia poco y nada hizo por aclarar el crimen.

El caso fue tomado por el abogado Erick Villegas quien logró, en parte, desenredar la madeja.

El periodista Francisco Martorell investigó el caso y publicó un libro que puede ser leido en el portal www.memoriaviva.cl

En el texto se informa cómo en el regimiento de Copiapó se consumían drogas y alcohol y como los oficiales del ejército chileno cometían toda clase de tropelías y delitos amparados por la dictadura gobernante.

El asesinato de la joven lo cometió el entonces teniente de ejército Sebastián Flores Cañas, junto al capitán de ejército Mario Martínez Villarroel.

Los asesinos tuvieron como cómplices al civil Ivo Lingua Latorre, entonces vicecónsul de Italia en Copiapó

El crimen ocurrió el 29 de enero de 1984.

Mario Martínez llegó hasta teniente coronel y Sebastián Flores hasta el grado de mayor.

Eran los años en que el país lo gobernaba un genocida.

AUTOMOTORA EN VALDIVIA

Uno de los asesinos, el que era teniente al momento del crimen – Sebastián Flores – posee una automotora en Valdivia donde el año pasado fue funado por agrupaciones de derechos humanos.

CHEYRE

El proceso para aclarar el crimen tuvo innumerables dificultades.

El abogado Erick Villegas, quien representaba a la familia de la víctima, tuvo que pedirle al general Juan Emilio Cheyre que confirmara si efectivamente el Ejército hizo una “investigación verbal” sobre el asesinato, como lo señaló en su oportunidad el entonces jefe del Estado Mayor del Ejército, general Jorge Arancibia Clavel.

En el proceso, el abogado Villegas pidió la encargatoria de reo del ex Intendente de Atacama en la dictadura y candidato a senador de la UDI, después, general Alejandro González Samohod, la que fue denegada por los tribunales.

González Samohod era comandante del regimiento cuando ocurrieron los dramáticos hechos.

Fallo fijó cinco años de prisión e indemnización de $100 millones por crimen de la joven en un recinto militar.  
Tras 27 años de investigación, el ministro en visita Álvaro Carrasco Labra condenó a cinco años de presidio a dos ex militares y a un civil por la muerte de la universitaria Gloria Stockle Poblete, ocurrida entre el 29 y 30 de enero de 1984, y fijó además el pago de una indemnización de $100 millones a la familia de la víctima.

La indagatoria del juez determinó que el retirado capitán de Ejército Mario Martínez Villarroel, el teniente (r) Sebastián Flores Caña y el empresario copiapino Ivo Lingüa Latorre, fueron los autores del homicidio de Stockle, al interior de un recinto militar de esa ciudad.

El hecho ocurrió durante una fiesta realizada en el casino de oficiales de Copiapó, en la que participaban la víctima y los condenados, junto a cerca de 45 invitados civiles y militares.

Dos días después de esta reunión, la joven fue encontrada muerta en la ribera del río Copiapó con un traumatismo encéfalo craneano, una fractura en la base del cráneo y con signos de haber sido violada, entre otras múltiples lesiones.

El abogado de la familia Stockle, Erick Villegas -quien dedicó 27 años de sus 31 años de profesión a este caso-, calificó el fallo como "contundente, porque logra desvirtuar con mucha solidez todos los argumentos que habían esgrimido los demandados para zafar de la justicia todos estos años".

El caso Stockle se transformó en emblemático en Copiapó. Aunque no está ligado a causas de DD.HH., fue abordado por Villegas -quien esa época trabajaba en la Vicaría de la Solidaridad- por encargo del entonces obispo de esa ciudad, monseñor Fernando Ariztía, quien escuchó los ruegos de la madre de Stockle para que se agilizaran las pesquisas.

Tras el fallo en esta causa, los condenados tienen diez días para apelar a la resolución del magistrado Carrasco.