Fígari Verdugo Tito Alejandro

Los secretos de la FachInútiles han resultado los esfuerzos de la Fach por desligarse de los crímenes cometidos durante la dictadura militar. Una consecuencia directa de los reportajes de denuncia del periodista Víctor Gutiérrez publicados en el diario “La Nación”, fue la dimisión del quinto hombre en la línea de mando institucional, general Patricio Campos Montecinos, ex jefe de la Dirección General de Aeronáutica Civil y enlace de la institución durante la mesa de diálogo. Su esposa, Viviana Lucinda Ugarte Sandoval (“la Pochi”), desempeñó un activo rol en el siniestro Comando Conjunto, según las declaraciones formuladas a “La Nación” por el ex agente “Colmillo Blanco”, a quien el diario “El Mercurio” identificó como el coronel en retiro de la Fach Otto Trujillo, actualmente procesado y recluido en la ex Penitenciaría.

El Comando se habría reorganizado con el objetivo de tergiversar la información entregada por la Fach a la mesa de diálogo y entorpecer las investigaciones judiciales que comprometen a miembros de la Fuerza Aérea, con ayuda de abogados civiles financiados por la institución. El informante de “La Nación” mencionó también al coronel Roberto Serón Cárdenas, comandante Juan Luis López López y al civil Alejandro Figari Verdugo (ex militante de Patria y Libertad), como agentes de la represión que se mantienen activos. La mayoría fueron procesados por el ministro en visita Carlos Cerda en 1986 y luego sobreseídos por la Corte Suprema. Pese a la trascendencia de las denuncias, la Corte de Apelaciones rechazó la designación de un ministro extraordinario y la investigación judicial quedó en manos del juez del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, Mario Carroza, quien acumula la mayoría de los procesos de víctimas del Comando Conjunto. Pero también el presidente Ricardo Lagos solicitó al alto mando una investigación en el interior de la Fuerza Aérea y no faltaron quienes pidieron la salida del comandante en jefe, general Patricio Ríos.

Esta es la segunda gran crisis que estremece a la Fach bajo la comandancia del general Ríos. El año pasado debió pasar a retiro su mano derecha, el general Hernán Gabrielli, jefe del estado mayor y segunda antigüedad institucional. Este se perfilaba como futuro comandante en jefe hasta que cinco querellas por tortura frustraron sus planes.

Independientemente de que se haya reorganizado o no el Comando Conjunto, los ex uniformados de la Fuerza Aérea que están enfrentando en los tribunales a quienes los torturaron en los primeros tiempos de la dictadura militar no dudan que se ha urdido una trama para obstruir la justicia. Uno de ellos es Jaime Donoso Parra, ingeniero aeronáutico y capitán en retiro de la Fach, quien formó parte del grupo de oficiales constitucionalistas contrarios al golpe de Estado. “He declarado en muchos juicios y participado en varios careos, y lo único que ellos hacen es negar lo que hicieron -dice-. Luego, uno sale del careo y en los pasillos del juzgado ve cómo el tipo que acaba de declarar le cuenta a sus abogados todo lo que dijo al juez. Eso permite instruir al siguiente requerido por el tribunal sobre lo que tiene que decir para no entrar en contradicciones. Estoy convencido que esconden información sobre los detenidos desaparecidos. Esto no puede ignorarlo el comandante en jefe Patricio Ríos y es muy probable que exista una interacción entre las cuatro instituciones, lo que me parece un error porque a mi juicio los responsables de los crímenes son personas y no las instituciones en sí”.
El testimonio que entrega el ex capitán Jaime Donoso corresponde a la represión ejercida por la Fach contra alrededor de 60 hombres de sus filas en los primeros años del régimen militar, específicamente en la Academia de Guerra Aérea (Aga), verdadera escuela para quienes formaron en 1975 el Comando Conjunto. Uno de los más brutales torturadores de la Aga fue el jefe del naciente Comando Conjunto, Edgar Ceballos Jones (“Comandante Cabezas”).

BACHELET Y LOS OTROS

El capitán Donoso, con dos años de antigüedad al momento del golpe de Estado, tuvo una temprana evidencia de lo que preparaban los altos mandos. Entre mayo y junio de 1973 le correspondió desempeñarse como oficial de ronda de la Guarnición de Santiago y en una oportunidad le ordenaron inspeccionar la Academia de Guerra Aérea a las dos de la mañana. “Al identificarme ante el suboficial de guardia, quien me conocía porque yo era alumno de la Academia, pretendió impedirme la entrada. Eso me pareció sumamente sospechoso, así que saqué mi pistola y lo detuve por impedir que el oficial de ronda, máxima autoridad de la guarnición, ingresara a la base. Entonces me explicó que el general Gustavo Leigh, quien estaba en el interior, le había pedido que no dejara entrar a nadie”, relata el ex uniformado. Decidió llevarlo encañonado hasta adonde estuviera el general Leigh, que en esa época era jefe del estado mayor y segunda jerarquía después del comandante en jefe, César Ruiz Danyau. Al ingresar a la base vio que estaban estacionados los autos de casi todos los generales. En la sala de conferencias había luz, pero la puerta estaba cerrada. “La abrí de una patada, con la pistola en la mano y el suboficial al lado. La sala quedó sumida en un silencio espectral. Normalmente, cuando un capitán patea una puerta lo menos que hace un general es arrestarlo. Pero todos se quedaron calladitos. Lo que me quedó inmediatamente graficado en la mente fue el plano de Santiago, donde habían colocado aviones diseñando circuitos para atacar La Moneda, la casa del presidente en Tomás Moro y las estaciones de radio. No me cupo la menor duda que se estaba planificando un golpe de Estado. El general Leigh me pidió que lo disculpara, me dio todas las explicaciones posibles, dijo que estaban haciendo un juego de guerra… ¡Claro, a las dos de la mañana! Me imagino las puteadas que debe haber recibido el general que me envió a efectuar la ronda”.

¿Qué hizo usted luego de tener esa evidencia?
“Fue una luz de alerta para los cinco o seis capitanes que éramos constitucionalistas. Habíamos estado en la universidad, la mayoría éramos ingenieros y teníamos una relación con la sociedad diferente a la del militar neto. No estábamos por el golpe de Estado y sentimos que nuestra misión era denunciar lo que se preparaba. Decidimos agruparnos en forma más estrecha y buscar vías políticas para entregar esa información al presidente de la República. Nos reunimos con los senadores Eric Schnake (PS) y Anselmo Sule (PR), y con Carlos Lazo, presidente del Banco del Estado. Ellos consiguieron una entrevista de algunos miembros del grupo con el presidente Salvador Allende, pero él no les creyó. Dijo que estaba convencido que los militares jamás darían un golpe de Estado, porque le habían jurado lealtad. Pienso que Allende era muy orgulloso. Estaba convencido que podía manejar políticamente la situación y que no sería avasallado”.

¿Ustedes simpatizaban con algún partido político?
“No, ni siquiera estábamos de acuerdo con el gobierno de Allende, que a esas alturas no era bueno, aunque yo había votado por él, porque me gustó su programa. Pero teníamos la convicción que debíamos respetar la Constitución y la ley, de acuerdo con lo que habíamos juramentado. Para nosotros, el jefe máximo era el presidente de la República y no el comandante en jefe. Por eso, hasta el último momento seguimos insistiendo en entregar la información que teníamos. Cuando ocurrió el golpe de Estado nos detuvieron a todos, junto con los generales Alberto Bachelet y Sergio Poblete, y el coronel Ernesto Galaz. Les atribuyeron vinculaciones marxistas, pero sólo cumplían con su deber”.

¿Los mantuvieron en la Aga?
“Sí, y la agresión contra nosotros fue brutal, porque nos consideraban traidores… a ellos. Cuando conversábamos, les decíamos que eran ellos los que estaban traicionando la Constitución y la patria. Nos golpeaban, nos hacían simulacros de fusilamiento, nos ponían electricidad en las partes más sensibles -incluso en heridas abiertas- y nos quemaban con cigarrillos. También empleaban drogas e hipnosis. A algunos los colgaban de unos ganchos, como en una carnicería, y los azotaban. La Academia de Guerra Aérea era un centro de torturas atroz. Los generales eran pateados en el suelo por los pelados. Buscaban la degradación máxima de nuestra personalidad. Había presos a los que les sacaron las uñas. A otros los destrozaban, los cortaban igual como un carnicero corta un chancho”.

¿Quién estaba al mando?
“Ahí estaba comprometido Leigh. Lo vi dando instrucciones precisas de lo que había que hacer. Yo había sido instructor de vuelo del general Orlando Gutiérrez, y después él fue mi torturador. Era el jefe, lo presenciaba todo. También estuvo presente Leigh cuando torturaron al general Poblete. Me lo contó en una carta que me escribió, y que está en el juicio. A él lo quemaron en el pecho y en las manos. En la Fuerza Aérea, en 1973, se estableció la tortura como un procedimiento normal para interrogar a prisioneros. No se preguntaba qué había que hacer con un preso, derechamente se le torturaba y se le decía ‘esto es lo que tienes que confesar’. Era un procedimiento estándar”.

¿Usted fue procesado?
“Después de las torturas nos hicieron el famoso sumario en tiempo de guerra llamado ‘Fach contra Bachelet y otros’, que ahora estamos impugnando ante la Corte de Apelaciones. Desgraciadamente ésta señaló que el caso debía pasar a la justicia militar, lo que es una aberración. Vamos a seguir insistiendo, porque queremos que se reconozca que no se cumplió con el debido proceso y que nos entreguen la documentación que nos corresponde. Tras el sumario, se nos hizo un juicio en el cual no teníamos defensa, no se permitió que nuestros abogados argumentaran tortura. A mí, que había denunciado el golpe, me acusaron de ‘incitación a la sedición’, ‘traición a la patria’, ‘creador del Plan Zeta’ y del ‘Plan Fuga’. Nada de eso existía. Nos condenaron en diciembre de 1973, cinco a la pena de muerte y otros a presidio. Mi condena era a 20 años. Posteriormente me la rebajaron a 15 años, y a los condenados a muerte, a 30 años de presidio. Estuve dos años preso en distintos centros militares y al final nos llevaron a la cárcel pública de General Mackenna. En 1975 aplicaron el DL 504 que nos permitió partir al exilio”.

¿En algún momento se encontró con el general Alberto Bachelet?
“Estuvimos juntos en la cárcel. El general Bachelet tenía un problema al corazón perfectamente tratable, pero si le ponían corriente, la cosa se complicaba. Fue lo que ocurrió. Un día lo sacaron para llevarlo a la Academia de Guerra. Volvió con quemaduras de cigarrillos, marcas de electrodos y con una violenta taquicardia. El doctor Alvaro Yáñez, que era uno de los presos, dijo que estaba muy mal, que necesitaba cuidados especiales. Poco después murió. En una ocasión, Leigh dijo que cómo se podía pensar que la Fuerza Aérea podía hacer esas cosas. El cinismo de los torturadores era increíble”.

¿Ha tenido oportunidad de enfrentar a sus torturadores?
“He sido careado con quienes fueron mis torturadores directos, en diferentes procesos a cargo de los jueces Juan Guzmán, Mario Carroza y Rubén Ballesteros. He declarado contra Hernán Gabrielli, el general Orlando Gutiérrez y toda una lista de torturadores. En los careos he comprobado la pequeñez de estos hombres que cuando torturaban y tenían todo el poder sobrepasaban la racionalidad humana. En la Academia mataron a un sargento de un balazo y el general Gutiérrez felicitó al soldado que le disparó. Y ahora veo a algunos seriamente dañados, como Edgar Ceballos Jones; los comandantes Ramón Cáceres y Sergio Ulises Swain; el general Orlando Gutiérrez. En esa época se paseaban por la Academia como verdaderos pavos reales, ahora los veo escondidos y cabizbajos en los juzgados. Uno les dice ‘cobarde, maldito cobarde, cómo no puedes reconocer lo que hiciste’. Bajan la cabeza y responden ‘no me acuerdo’”.

¿No muestran arrepentimiento?
“Creo que no, pero sí vergüenza, porque no se atreven a mirar de frente. Y nunca dan sus direcciones. Son unos malditos cobardes, no se puede decir otra cosa. Felizmente, han caído en contradicciones. La gran diferencia con ellos es que nosotros andamos con la cabeza en alto, nos mostramos en cualquier parte y vamos a los juzgados abiertamente, sin ningún temor, porque tenemos la conciencia limpia”.

EL CAPITULO GABRIELLI

Los ex presos de la Fach vivieron el exilio en distintos países, pero siempre mantuvieron entre ellos lazos de amistad. Jaime Donoso Parra se fue a Inglaterra, donde estudió aeronaútica superior e hizo un doctorado en aerodinámica y mecánica de fluidos en la Universidad de Londres. Se convirtió en un investigador científico de alta calificación y desarrolló una exitosa carrera profesional en la empresa privada. Inventó cuatro métodos de alta tecnología para solucionar problemas matemáticos complejos, que fueron debidamente patentados. Con uno ganó en 1997 un Premio Nacional de Ciencia y Tecnología otorgado por el Ministerio de Defensa. Sus últimos años de exilio los vivió en Suiza.

¿Cuándo iniciaron acciones ante la justicia?
“Los ex presos de la Fach sólo pudimos volver a Chile a comienzos de la década del 90, cuando era imposible hacer un juicio contra las Fuerzas Armadas porque los poderes fácticos tenían intacto su poder. Pero pensamos que algo teníamos que hacer y participamos activamente en el proceso de gestación de la ley de exonerados. Finalmente algunas personas decidieron enjuiciar por daños físicos y perjuicios. Hay ex presos dementes en Inglaterra, recluidos en hospitales siquiátricos. Otros tienen daños en los oídos, algún miembro de su cuerpo inmovilizado, enfermedades óseas por los golpes y la electricidad, o no les funcionan bien algunas partes del cerebro y se olvidan de cosas. Así nos encontramos con el Codepu, que nos ha asesorado en los juicios, y con el problema del general Hernán Gabrielli. En febrero del 2001, Carlos Bau Aedo, ex ejecutivo de la Industria Nacional de Cemento S.A. (Inacesa), denunció que Gabrielli lo había torturado a él y a otros prisioneros en 1973 en la base aérea de Cerro Moreno, de Antofagasta, entonces a cargo del comandante Marcial Vargas del Campo. A sus denuncias se sumaron los ex detenidos Juan Ruz, doctor en pedagogía y actual funcionario del Ministerio de Educación, y Héctor Vera, doctor en comunicaciones y vicerrector de la Universidad de Antofagasta. Los tres fueron víctima de tormentos físicos y psicológicos, y presenciaron cómo el entonces subteniente Gabrielli torturó salvajemente a Eugenio Ruiz-Tagle Orrego, gerente de Inacesa, que junto al gerente de Corfo, Mario Silva Iriarte, fue ametrallado el 19 de octubre por la Caravana de la Muerte. Los afectados iniciaron un proceso por torturas en contra de Hernán Gabrielli, en el que los ex presos de la Fach han participado como testigos. Según declaraciones de uno de ellos, el entonces subteniente de aviación Ricardo Navarro Valdivia, Hernán Gabrielli no sólo lo torturó a él, sino también a un niño de 14 años a quien le causó secuelas que acabaron con su vida en el hospital de Antofagasta. Navarro declaró desde España en una entrevista a Televisión Nacional: “Toda la Fuerza Aérea sabía y sabe que Gabrielli es un torturador”. Otros testigos de la Fach que fueron víctimas o presenciaron torturas ejecutadas por quien llegó a ser jefe del estado mayor de esa institución son el capitán Juan Muñoz y el subteniente Oscar Navarro, oficiales de la rama de finanzas de la Fach en Antofagasta, y los cabos segundos Luis Gabriel Torres Valeria y Antonio Jara Castro.

¿Usted conoció al ex general Gabrielli?
“Nos conocimos en la Escuela de Aviación, fuimos amigos y le tuve mucha estimación. Cuando estábamos en la cárcel comenzaron a llegar presos de Antofagasta, como Carlos Bau y algunos suboficiales, que describían a Gabrielli como uno de sus torturadores. No cabía la menor duda. Yo le escribí dos cartas entre 1999 y 2000, antes de los juicios, para que viera la forma de que se compensara a quienes éramos de la Fuerza Aérea. Primero, en el aspecto moral, que es lo que más nos interesa, y luego material, porque a nosotros nos cortaron la vida a los 30 años. Nunca contestó esas cartas. La querella que Gabrielli presentó contra Carlos Bau, Juan Ruz y Héctor Vera por difamación, injurias y calumnias fue cerrada a los tres meses por el juez Ballesteros, quedando en evidencia que Gabrielli torturó, aunque esto sigue siendo la declaración de una persona contra otra. El continúa negando, pero van a seguir declarando todos los que lo vieron y sufrieron las torturas. De acuerdo con lo legalmente establecido, tendremos a estas personas en primera línea hasta que en algún momento tengan que reventar. ¡Ya aparecerá un piloto o suboficial que cuente cómo les cortaban la guata a los prisioneros y los tiraban al mar! Nosotros tenemos que ir buscando los mecanismos para acorralarlos”.

¿Qué clase de torturador era Gabrielli?
“Existían los torturadores ‘profesionales’, como los de la Academia de Guerra Aérea, y otros ocasionales, que eran los que estaban en las guardias. En este último grupo se ubicaba Gabrielli, que en esa época era un teniente de 24 ó 25 años. Los torturadores ‘oficiales’ de la base de Cerro Moreno, como el comandante Gonzalo Pérez Canto, les decían a los tenientes jóvenes que ‘ablandaran’ a los presos antes de entrar a la interrogación. Y aunque podían evitarlo, porque no era su obligación, los agarraban a golpes y patadas. Yo los llamo ‘torturadores torpes’. Esto ocurrió en todas las bases, incluida la de Quintero, donde estaba el general Patricio Ríos, actual comandante en jefe. Todos los tenientes y subtenientes de esa época, si estaban en servicio, deben haber tenido contacto con prisioneros. También los alférez y subalférez, que hoy son los generales que están bajo Ríos, deben haber participado cuando menos en las ‘operaciones rastrillo’, donde también se torturó. Que unos pegaban más y otros menos, lo tendrá que determinar la historia. Para eso estamos haciendo estos procesos. Vamos a escarbar hasta encontrar testigos que se atrevan a declarar, porque la verdad es que muchos de la Fuerza Aérea aún no dan ese paso. En los años 96-97 algunos me pidieron que por favor no los nombrara, porque ellos y sus familias habían sido amenazados. Pero ahora tenemos una ley de prensa que nos permite hablar. Por eso estoy escribiendo un libro con mis memorias donde voy a decir lo que yo vi de la historia, desde el lugar en que ésta me puso. Y me puso a este lado, porque yo tenía principios distintos a los de ellos, tan simple como eso”.

¿Alguna vez lo han amenazado a usted?
“En forma indirecta, me enviaron amenazas por teléfono cuando puse un recurso de amparo contra el general Fernando Rojas Vender, en la época en que era comandante en jefe. Pero nunca tuve miedo, estoy haciendo lo que corresponde”.

¿Por qué ese recurso de amparo?
“Se relaciona con otro problema que tenemos. Cuando jubilamos o nos dan de baja, nos tienen que entregar un documento que diga que uno es un oficial de la Fuerza Aérea dado de baja, jubilado, exonerado o lo que sea. A nosotros no nos han entregado ese documento, y por eso no nos permiten entrar a algunos lugares de la Fach. A mí incluso me han obstaculizado el paso en el Ministerio de Defensa. ¡A qué nivel llega el enclaustramiento en que están los uniformados que ni siquiera permiten a la ministra de Defensa que intervenga en esto! Debería bastar que la ministra Michelle Bachelet le dijera al comandante en jefe que nos entregue la documentación, porque es lo que corresponde legalmente. En este momento se está tratando de llegar a un acuerdo, pero si no lo hay me voy a querellar contra la comandancia en jefe de la Fuerza Aérea. Anteriormente presenté un recurso de amparo contra el general Rojas Vender y Jaime Lavados, rector de la Universidad de Chile. Sucedió que ambas instituciones convocaron a un diplomado en Derecho Aeronáutico y del Espacio, y postulé como un ciudadano cualquiera. Las clases se daban en la Academia de Guerra Aérea. El rector de la Universidad de Chile consultó a la Fach y le enviaron una carta firmada por Rojas Vender diciendo que yo no podía ingresar. Torpemente, él me remitió esa carta. Y con ella en mano, presenté el recurso. Fernando Rojas dilató todo lo que pudo la tramitación del recurso y al final mandó una carta a la Corte Suprema diciendo que yo no tenía ninguna prohibición para ingresar a la Academia. La presentó el 28 de agosto y el curso terminaba el 1 de septiembre. ¡Esa es la mentalidad sucia que tiene esta gente! Pero nada puede extrañar de alguien como Fernando Rojas Vender, que se llevaba muebles para su casa como pertrechos de guerra. El tiene una historia tenebrosa dentro de la Fach, porque siempre fue de mala calaña. Claro que todos los generales que viajaban al extranjero en esa época traían motos de agua y muebles como pertrechos de guerra, en circunstancias que la ley les permite, igual que a los diplomáticos, traer bienes de hasta 15 mil o 20 mil dólares sin impuestos. ¡Pero ellos traían mucho más!”.

¿Se ha enfrentado alguna vez con Hernán Gabrielli?
“Se ha negado a conversar conmigo. El día que teníamos un careo ante el magistrado Mario Carroza se fue a Estados Unidos y nos dejó al juez y a mí plantados. Tampoco se presentó a otro careo ante el juez Ballesteros. No me cabe la menor duda que torturó, tenemos testigos torturados por él y otros que presenciaron esas torturas. Eso es lo que he declarado en tres juzgados. El juez Carroza me va a volver a llamar, porque le pedí que quiero ver a Gabrielli y enfrentarlo. El general León Duffey, un hombre bruto que se sabía esconder muy bien, torturó con Gabrielli en Antofagasta y después pasó a la Academia de Guerra. Se dejaba ver muy poco en la Academia, igual que Florencio Dublé, quien llegó a ser jefe del estado mayor cuando Fernando Rojas Vender era comandante en jefe. Pero nosotros los identificábamos bien. Todos están siendo enjuiciados y tendrán que declarar. Hay que juzgarlos, pero no con el objetivo de que los castiguen. Lo único que me interesa es que reconozcan lo que nos hicieron y que queden claramente establecidas sus culpas”

Cuando el juez Mario Carroza decide dejar en detención preventiva al general (R) Patricio Campos, seguramente para procesarlo por obstrucción a la justicia, y el general Ríos se esconde entre permisos administrativos y visitas a unidades lejanas a la capital, el Comando Conjunto parece vivir sus últimos capitulos bajo la protección institucional de la FACH. Sin embargo, sus agentes, aquellos hombres y nujeres que secuestraron, torturaron, asesinaron y terminaron por hacer desaparecer a decenas de militantes de izquierda, continúan mayoritariamente haciendo sus vidas normales. Unos pocos están detenidos en unidades de la misma Fuerza Aérea, pero otros son empresarios o funcionarios de la FACH, viven tranquilos en villas militares, sufragan y se pasean por las calles como todo ciudadano, apareciendo incluso en veladas sociales como las que frecuentaba "la Pochi" junto a su esposo.

El Siglo espera, con este especial, hacer un aporte para terminar con esa impunidad.

El denominado Comando Conjunto (CC) fue una agrupación de inteligencia que operó aproximadamente entre fines de 1975 y principios de 1977, y cuyo objetivo principal fue la represión a la denominada Fuerza Central del MIR, y a los comités centrales del Partido y las Juventudes Comunistas. Durante este período, según el Informe Rettig, fue responsable de la desaparición de cerca de 30 personas. Otras fuentes hablan de más de 70.

Conocido internamente como "la unidad", estaba formado principalmente por agentes pertenecientes a la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea (DIFA) y más tarde con una participación importante de efectivos de la Dirección de Inteligencia de Carabineros (DICAR). Contó también, en menor medida, con la participación de agentes del Servicio de Inteligencia Naval (SIN) y con algunos efectivos de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). Además, colaboraron en ese Comando miembros de la Policía de Investigaciones de Chile y civiles provenientes del grupo de extrema derecha Patria y Libertad.

 

Cuarteles del horror

Entre los primeros recintos de tortura, aún antes de denominarse Comando Conjunto, aparece la Academia de Guerra Aérea (AGA) que funcionó desde fines de 1973 hasta fines de 1974, formalmente a cargo de la Fiscalía de Aviación, la que en la práctica se coordinaba estrechamente con el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA). El General Bachelet y muchos oficiales de la FACH fueron torturados en sus subterráneos. José Luis Baeza Cruces, miembro del Comité Central del PC actualmente desaparecido, también estuvo allí. Por este caso ha sido citado a declarar Fernando Matthei, a la fecha director de la AGA.

En enero de 1975, cuando el SIFA desocupó la AGA, traslada a los detenidos a una casa de Santiago, ubicada en el sector de Apoquindo, a unas dos cuadras de la Municipalidad de Las Condes. Este inmueble fue utilizado como recinto secreto de detención hasta el mes de marzo de 1975 y estaba a cargo de agentes de la recientemente creada DIFA.

Después de esa fecha, las oficinas de la DIFA se trasladaron a Juan Antonio Ríos N° 6, Donde funcionaba la Comunidad de Inteligencia, mientras los detenidos son repartidos entre el Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina ("Remo Cero") y un hangar al interior del aeropuerto Cerrillos. Otro centro clandestino de tortura es el conocido como "Nido 20", ubicado en la calle Santa Teresa 037, cerca del paradero 20 de la Gran Avenida, en Santiago. Producto de las torturas en su interior, falleció Alonso Gahona Chávez, hoy detenidos desaparecido. También aquí fue muerto a golpes Humberto Castro Hurtado. Hoy la casa alberga a la Corporación Nacional de Laringectomizados (operados de cáncer a la laringe).

El recinto denominado "Nido 18" fue empleado exclusivamente para practicar la tortura. Se trata de un local ubicado en la calle Perú 9053, comuna de La Florida en Santiago, cercano al paradero 18 de Vicuña Mackenna. En este centro, según testigos, se quitó la vida Arsenio Leal Pereira, bajo la presión de las torturas a que estaba siendo sometido. En "Remo Cero", junto a los agentes de la FACH, operan miembros del Servicio de Inteligencia Naval y algunos agentes de Ejército. La dotación de la Dirección de Inteligencia de Carabineros era más numerosa. También aquí actúan los civiles provenientes de Patria y Libertad. Desde allí habrían sido sacados en helicóptero para ser arrojados al mar varios detenidos, entre ellos Humberto Fuentes Rodríguez y Luis Moraga Cruz. También hay testigos que afirman que fueron sacados desde aquí, para ser asesinados y enterrados en los terrenos militares de Peldehue Ricardo Weibel Navarrete, Ignacio González Espinoza, Miguel Rodríguez Gallardo y Nicomedes Toro Bravo. En este recinto fallecieron algunos detenidos a consecuencia de torturas, entre ellos José Sagredo Pacheco.

Este local fue visitado frecuentemente por un médico que atendió a varios detenidos y supervisaba las torturas.

Un recinto ubicado en calle Dieciocho N° 229, que había sido sede del diario El Clarín y tras el golpe militar pasó a poder de Carabineros, fue conocido como "La Firma". Allí se instaló la Escuela de Inteligencia de Carabineros, algunos de cuyos profesores eran miembros no sólo de DICAR sino también del Comando Conjunto. Colindante a este edificio existe otro inmueble comunicado con él, en cuya parte posterior funcionó clandestinamente el CC. En este local se mantuvo detenidos a distintos prisioneros comunistas, entre ellos Carlos Contreras Maluje, Juan René Orellana, Luis Emilio Maturana, Juan Antonio Gianelli, quienes fueron sacados de ese lugar para ser asesinados y enterrados clandestinamente en la Cuesta Barriga, y José Weibel Navarrete, quien posteriormente fue asesinado en el sector del Cajón del Maipo.

En 1985, "La Firma" sería ocupada para secuestrar a una decena de profesores y a los tres profesionales comunistas que luego aparecerían degollados en un camino rural de Quilicura. Otros inmuebles usados indistintamente por el SIFA y el CC, donde se mantuvo transitoriamente detenidos, fueron un inmueble del Barrio Bellavista que había pertenecido a Sergio Bushmann, donde vivían miembros solteros del CC, y la Comisaría Las Tranqueras, usada mientras se efectuaba la visita de una delegación de derechos humanos de las Naciones Unidas, a fin de que tales detenidos no pudieran ser ubicados en los lugares de detención más conocidos.

 

AGA: Escuela de torturas

Testigos que sobrevivieron a las torturas de la Academia de Guerra Aérea recuerdan como sus captores y torturadores, entre otros, a los generaes Orlando Gutiérrez Bravo y Juan Soler Manfredini; los comandantes Sergio Lizasoaín Mitrano, Edgar Cevallos Jones, Jaime Lavín Fariña, Carlos Godoy Avendaño, Juan Bautista González, Ramón Cáceres Jorquera y Humberto Velásquez Estay; el coronel y médico FACH Humberto Berg Fontecilla; los coroneles Sergio Sanhueza López y Javier Lopetegui Torres; los capitanes León Duffey Treskoff, Juan Carlos Sandoval, Alvaro Gutiérrez, Jaime Lemus, Florencio Dublé, Contreras y Fullogher (jefe de guardia permanente); el abogado Julio Tapia Falk, los asesores legales Cristián Rodríguez, Jaime Cruzat y Víctor Barahona; los tenientes Juan Carlos Sandoval, Luis Campos, José García Huidobro, Víctor Matig Guzmán, Franklin Bello y Gonzalo Pérez Canto; el Sargento Hugo "chuncho" Lizana, el suboficial Juan Normabuena, el cabo Eduardo Cartagena y el Cabo 2º Gabriel Cortés (que se cambió el nombre).

Uno de los sobrevivientes del AGA, el Comandante Ernesto Galaz, recuerda que "me arrestaron junto al general Bachelet, Vergara y el coronel Miranda, que trabajaba conmigo. Nos llevaron al subterráneo del ministerio (de Obras Públicas), donde comenzó la investigación con un fiscal que nos pregunta cosas para luego mandarnos detenidos a la Base Aérea de Colina, en la que estamos hasta el 20 en condiciones bastante dignas, tratados como oficiales prisioneros de guerra. Este día nos sacaron con un despliegue inusitado de tropas, armando un operativo ridículamente complejo, nos subieron a un helicóptero y nos trasladaron a la Academia de Guerra Aérea. Aquí nos meten en una pieza a los 4, uno en cada rincón, ingresando una turba de oficiales y suboficiales que nos ponen capucha, nos amarran las manos y dan inicio a las palizas y torturas. Nos tenían días enteros sin dormir, sin beber o comer, hasta que nos llevaron a declarar ante el Fiscal Gutiérrez, que había sido compañero mío en la Escuela y que presenció todas las torturas a que fuimos sometidos. Insistentemente quería que refrendáramos su versión, pretendía que afirmáramos que era cierto lo del Plan Zeta, del robo de documentos, del espionaje, la traición, los contactos con el MIR y el PC. Todo lo que estaban inventando para justificar el golpe.

 Da un poco de vergüenza admitirlo, pero terminamos firmando lo que nos presentaron luego de las largas sesiones de tortura, de los golpes eléctricos en los genitales, de levantarnos las uñas con alfileres, de pasarnos cordeles por entre las piernas y estirarlos para levantarnos de los testículos. Esos documentos son la base de los consejos de guerra: confesiones sacadas bajo tortura.

 Después ya nos llevaron a una sala donde estábamos sentados, vueltos hacia la pared, sin capucha pero con un miedo enorme, puesto que en cualquier momento nos venían a buscar para llevarnos a la tortura, a la aplicación de corriente. Yo estuve hasta fines de noviembre. De los 4 que comenzamos, fuimos aumentando hasta llegar a unos 105, aunque fueron centenares los uniformados que pasaron por la AGA. Los 105 fuimos trasladados a la Academia Politécnica de El Bosque, donde nos instalaron en cuatro salas, sentados, vueltos a la pared, con un centinela en la puerta que estaba constantemente haciendo sonar el seguro del fusil para hacernos saber de su presencia. Presumo que eran conscriptos, pues en una de las salas se le escapó un tiro a uno y mató al cabo José Espinoza Santis. Obviamente, el cabo Espinoza fue enterrado con todos los honores militares, presentado como una de las víctimas de los marxistas".

 Los últimos pasos

El martes 8 de octubre el juez Mario Carroza ordenó la detención preventiva del ex Director de Aeronáutica Civil y esposo de "la Pochi", Patricio Campos Montecinos. Las razones del titular del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago para dejarlo a resguardo en la Base Aérea de El Bosque, se basan en la muy posible comprobación de que Campos cometiera el delito de obstrucción a la justicia al entregar datos falsos a la Mesa de Diálogo El general Campos, hasta la denuncia realizada por La Nación, era la quinta antigüedad de la FACH y uno de los posibles sucesores del actual Comandante en Jefe de la institución. Instalado por Ríos a la cabeza del equipo que decidió qué información entregar, su responsabilidad en la obstrucción apunta también a quien personifica el actual mando de la FACH, por lo que siguiendo la línea del juez Carroza, que ya interrogó al ex Comandante en Jefe Fernando Rojas Vender, no sería extraño que el mismo Ríos pasara a acompañar a Campos, Ruiz Bunger y el "mono" Saavedra en la Base El Bosque.

Por su parte, las agrupaciones de familiares, la CUT, el Partido Comunista y diversos voceros de la Concertación, continúan ejerciendo presión para que, a la brevedad, Patricio Ríos abandone el edificio de Zenteno con Alameda, lugar donde están los altos mandos de las Fuerzas Armadas.

 

Otros profesionales del crimen

Coronel Horacio Otaiza, Alias "pata de oso", muerto en extrañas circunstancias.

Luis Rolando Pacheco Valdés, coronel (r) de la FACH. Jefe de la Base Aérea de Colina al momento de funcionar en su interior el centro de torturas "Remo Cero". Procesado por el ministro Cerda como autor de asociación ilícita criminal.

Rubén Samuel Romero Gormaz, general (r) de Carabineros, jefe de la DICAR en J.A.R. 6. Procesado por Carlos Cerda como autor de la asociación ilícita y cómplice del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira. Freddy Enrique Ruiz Bunger, general (r) de la FACH. Jefe de la DIFA en J.A.R. 6. Procesado como autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira. Actualmente es procesado por el titular del 25º Juzgado del Crimen de Santiago por el secuestro de Víctor Vega, y por Joaquín Billard del Primer Juzgado del Crimen de Santiago, por la desaparición y muerte de Juan Luis Rivera Matus. El ministro Mario Carroza lo sometió a proceso por el delito de secuestro calificado en las personas de Víctor Vega, David Urrutia, Juan Carlos Orellana y Ricardo Weibel, y la detención ilegal de los sobrevivientes Isabel Stange, Jaime Estay y Amanda Belisco.  La ministro María Teresa Díaz, del Cuarto Juzgado del Crimen de San Miguel, lo procesó por la desaparición de Alonso Gahona Chávez y Miguel Rodríguez Gallardo.

Mario H. Vivero Avila, general (r) de la FACH, juez de Aviación y comandante de la guarnición de Santiago en 1976. Procesado como autor de asociación ilícita criminal por Carlos Cerda en 1986, amnistiado por el juez Manuel Silva Ibáñez. Actualmente, el ministro Hazbún del 25º Juzgado del Crimen lo procesa como encubridor de la asociación ilícita y de la desaparición de Víctor Vega.

Suegro del Jefe de Estado Mayor de la FACH, Mario Avila, uno de los posibles sucesores de Patricio Ríos en la Comandancia en Jefe. Avila comandó a los Hawker Hunter que bombardearon la casa presidencial de Tomás Moro el 11 de septiembre de 1973.

Carlos Arturo Madrid Hayden, comandante (r) de la FACH. Vicecomandante del Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina en el que funcionó el centro de tortura "Remo Cero". Procesado por Cerda como autor de asociación ilícita criminal, mientras que el juez Hazbún lo considera cómplice del secuestro de Víctor Vega. El ministro Joaquín Billard, del Primer Juzgado del Crimen de Santiago, lo procesa como autor de secuestro calificado en el caso de Juan Luis Rivera Matus.

Germán Alfredo Esquivel Caballero, teniente coronel (r) de Carabineros, encargado de contrainteligencia en DICAR. Procesado como autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira.

Roberto Fuentes Morrison, alias "Wally", C.I. 3.469.587-3. Durante la Unidad Popular se destacó en los grupos paramilitares de Patria y Libertad, donde conoce a varios de los que posteriormente llevaría al CC. Como Comandante de Escuadrilla de la FACH se incorpora a esta asociación ilícita criminal, pasando a ser uno de los jefes operativos reconocido como uno de los más crueles torturadores. Fue procesado por Carlos Cerda debido a su participación en decenas de secuestros, torturas, ejecuciones y desapariciones de militantes del MIR y el PC. A mediados de 1989 fue acribillado a la salida de su casa. Jorge Arnoldo Barraza Riveros, Comisario (r) de la Policía de Investigaciones. Alias "El Zambra". Procesado como cómplice de la asociación ilícita criminal. Germán Enrique Pimentel Ceballos, comandante (r) de la FACH, coordinador de operaciones especiales. Procesado por el ministro Cerda como autor autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira.

Luis Enrique Campos Poblete, comandante (r) de la FACH. Procesado por Carlos Cerda como autor de asociación ilícita criminal Marco Alejandro Cortes Figueroa, inspector (r) de la Policía de Investigaciones. Alias "Yoyopulus". Procesado como cómplice de la asociación ilícita criminal en el caso de Cerda. Pablo Arturo Navarrete Arriagada, coronel (r) de Carabineros con destinación en DICAR. Procesado como cómplice de asociación ilícita criminal por el ministro Cerda.

Manuel Antonio Salvatierra Rojas, subprefecto (r) de la Policía de Investigaciones. Alias "Negro" (C.I. 6.195.828-2). Procesado por el ministro Cerda como autor de asociación ilícita criminal. Humberto Villegas, sargento segundo (r) de Carabineros. Alias "Don Beto". Procesado por Carlos Cerda como autor de asociación ilícita criminal y cómplice de la desaparición de Reinalda Pereira y Edrás Pinto.

También aparecen como colaboradores el general de brigada (r) Jorge Dagoberto Alicera Carrasco, ex jefe de la base aérea de Colina, que en 1978 era coronel y cumplía funciones como director de comunicaciones y electrónica de la Fuerza Aérea.

Jacobo Atala Barcudi, Director de Inteligencia de la Fach, actualmente en retiro. En 1977 se desempeñó como juez de aviación interino. Ramón Pedro Cáceres Jorquera, Alias "Comandante Matamala", fiscal de la FACH al que se acusa de torturar prisioneros en el Hospital de la Fuerza Aérea. Procesado en el Noveno Juzgado del Crimen de Santiago por el desaparecimiento de Luis Baeza Cruces y el asesinato de Alfonso Carreño Diaz en 1974.

Nicanor Díaz Estrada, general de brigada aérea (r), se desempeñó en 1973 como coronel y director de la Academía de Guerra Aérea (AGA). Mario Ernesto Jahn Barrera, coronel (r), se desempeñó como jefe del departamento de contrainteligencia de la FACH y prestó servicios en la DINA, como subdirector de ese organismo recorrió el cono sur de América invitando a los jefes de seguridad de las dictaduras para constituir lo que se conoce como el Plan Cóndor. Hasta marzo del 2002 fue Director del Museo de Aeronáutica ubicado en el Aeropuerto Cerrillos.

Eduardo Enrique Fornet Fernández, ex director de inteligencia de la FACH. Germán Segundo Campos Vásquez, oficial (r) de Carabineros. Santiago Luis Callejón Vera, que además fue escolta del general (r) Gustavo Leigh Guzmán.

Sergio López Díaz, oficial de Ejército. Sometido a proceso por el titular del Primer Juzgado del Crimen de Santiago, Joaquín Billard, como autor del delito de secuestro calificado en el caso de Juan Rivera Matus. Roberto Serón Cárdenas, alias Satín, coronel (r) de la FACH, jefe equipo de investigación del CC (según "Colmillo Blanco").

Sergio José Manuel Linarez Urzúa, general (r) de la FACH.

René Arturo Peralta Pasten, oficial (r) de la FACH, se desempeñó como director de inteligencia. Juan Manuel Duran Baeza, funcionario FACH.

Rubén Morales Cubillos, funcionario de la FACH.

Patricio Ernesto Pérez Villagrán, oficial (r) de la FACH, hizo clases de contrainteligencia es escuela de inteligencia de la institución.

Franklin Bello Calderón, teniente (r) de la FACH, procesado en el Noveno Juzgado del Crimen de Santiago por el desaparecimiento de Luis Baeza Cruces y el asesinato de Alfonso Carreño Diaz en 1974.

José Aladino Cerda Córdoba, funcionario de Gendarmería, procesado en el Noveno Juzgado del Crimen de Santiago por el desaparecimiento de Luis Baeza Cruces y el asesinato de Alfonso Carreño Diaz en 1974.

Miguel Angel Perucca López, reservista de la FACH. Víctor Misael Robles Mella, oficial (r) de la FACH.

Luis Eduardo Rojas Campillay, funcionario de la FACH.

Patricio Eugenio Saavedra Rojas, comandante (r) de la FACH.

Lénin Figueroa Sánchez, C.I. 4.633.329-2.

José Florentino Fuentes Castro, C.I. 5.340.552-5.

Francisco Hidalgo García, 2.633.797-6.

Francisco Segundo Illanes Miranda, C.I. 4.294.918-3.

Ernesto Arturo Lobos Gálvez, C.I. 5.082.345-8.

También procesados por el ministro Carlos Cerda fueron Gustavo Leigh Guzmán y Julio Eladio Benimelli Ruz, fallecidos en diversas circunstancias. Encausados como cómplices aparecen los coroneles (r) de Carabineros Italo Astete Sermini, Gonzalo Jiménez Huerta, Raúl Enrique Montt Carvajal y Federico Luis Smith Ibarra. También los tenientes coroneles Graciano Bernales Pérez, Juan Bezzemberger Schwarz y Luis Humberto Villagra Rebeco. Como encubridores de los secuestros de Reinalda Pereira y Edrás Pinto fueron encausados el subcomisario de Investigaciones Federico Infante Lillo y el oficial Jorge Mondaca González, ambos en retiro. En el proceso abierto por Carlos Hazbún son sometidos a proceso Carlos Pascua Riquelme,

 Juan Arturo Chávez Sandoval y Alejandro Sáez Mardones ("El Pegaso", cumpliendo presidio perpetuo por caso degollados).

 Manuel Barra Von Kretschmann, C.I. 1.614.559-9, jefe del Servicio de Inteligencia Naval en la Comunidad de Inteligencia. Capitán de fragata al momento del golpe, parte de la dirección de la DINA en 1974 y subdirector en 1975. En 1977 pasa a formar parte de la CNI. Fue procesado como cómplice de la asociación ilícita cy del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira por el ministro Cerda. riminal

 Edgar Benjamín Cevallos Jones, C.I. 2.895.236, coronel (r) de la FACH. Director de la DIFA y luego de la SIFA, torturador en la Academia de Guerra Aérea y jefe del "Wally" en el CC. Alias "Inspector Cabezas". Procesado por Carlos Cerda como autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira. Procesado en el Noveno Juzgado del Crimen de Santiago por el desaparecimiento de Luis Baeza Cruces y el asesinato de Alfonso Carreño Díaz en 1974.

 Juan Francisco Saavedra Loyola, alias "Jano" y "mono", C.I. 4.124.917-K, Coronel (r) de la FACH. Comandante de grupo de la Academia de Guerra Aérea, donde estuvo a cargo de los interrogatorios y tortura de sus compañeros leales al gobierno, entre ellos Alberto Bachelet. En 1976 es nombrado Director de la Base Aérea de Colina y se integra al CC reemplazando en el cargo de jefe operativo a Edgard Cevallos. En 1977 se traslada a la Comunidad de Inteligencia. Hasta principios de los '90 estaba activo en la FACH con el grado de coronel. Fue procesado por el ministro Carlos Cerda y hoy lo requiere el juez Hazbún en el caso de la desaparición de Víctor Vega. El ministro Mario Carroza lo sometió a proceso por el delito de secuestro calificado en las personas de Víctor Vega, David Urrutia, Juan Carlos Orellana y Ricardo Weibel, y la detención ilegal de los sobrevivientes Isabel Stange, Jaime Estay y Amanda Belisco.

 Daniel Luis Enrique Guimpert Corvalán, teniente (r) de la Armada, C.I. 4.638.149-1, Procesado como autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira. Actualmente es procesado por el juez Carlos Hazbún por el secuestro de Víctor Vega.

Eduardo Enrique Cartagena Maldonado, alias "Lalo", C.I. 5.083.760. Suboficial (r) de la FACH. Agente del CC desde 1975, participando en secuestros, torturas y desapariciones de numerosos dirigentes comunistas entre ese año y 1976. Tras la disolución de este organismo pasó a integrar el Servicio de Inteligencia dla Fuerza Aérea (SIFA). Está siendo procesado en el 4º Juzgado del Crimen de San Miguel por el secuestro y torturas que causaron la muerte de Alonso Gahona Chávez.

También aparece encausado en el proceso abierto por el juez con dedicación preferente Carlos Hazbún, titular del 25º Juzgado del Crimen, referido al secuestro y desaparición de Víctor Vega Riquelme ocurrido el 3 de enero de 1976. Su último domicilio conocido es Del Rey 394, Maipú.

Miguel Arturo Estay Reyno, C.I. 6.446.545-7, alias "El Fanta". Ex militante comunista, pasó de delator a agente tras ser detenido en 1975. Conocedor de las estructuras internas de las Juventudes Comunistas y el PC, fue pieza vital en la detención de sus principales dirigentes, de los que figuraban Carlos Contreras Maluje, José Weibel Fernando Ortiz y Waldo Pizarro. Participó en el secuestro de su ex compañero Manuel Guerrero, quien fue uno de los pocos que logró escapar de las garras del CC, pero en 1985 vuelve a secuestrarlo, esta vez con los agentes de la DICOMCAR, para finalmente degollarlo junto a José Manuel Parada y Santiago Nattino. Procesado por el ministro Cerda y amnistiado por Silva Ibáñez, hoy cumple su condena a cadena perpetua en Colina por el asesinato de los tres profesionales comunistas y es procesado por la desaparición de Víctor Vega.

 César Luis Palma Ramírez, alias "El Fifo". C.I. 6.387.372-1. Militante de Patria y Libertad detenido en agosto de 1973 por su participación en el homicidio del edecán presidencial Arturo Araya, amnistiado después del golpe de Estado por el Almirante Adolfo Waulbaum. Amigo del "Wally", quien lo lleva al CC. Según Andrés Valenzuela, "El Fifo" participa en los asesinatos de José Weibel Navarrete, Miguel Rodríguez Gallardo, Humberto Fuentes Rodríguez, los agentes del mismo organismo Carol Flores (Alias Juanca) y Guillermo Bratti, todos desaparecidos hasta la fecha. También se le nombra entre quienes ejecutan en Cuesta Barriga a los dirigentes comunistas Lincoyan Berríos, Fernando Navarro, Fernando Ortiz, Waldo Pizarro, Luis Lazo, Juan Gianelly, Horacio Cepeda, Héctor Véliz y Reinalda Pereira, quien se encontraba en avanzado estado de embarazo. Procesado por el ministro Cerda en 1986, aparece hoy en los casos de Alonso Gahona y Víctor Vega. Su última dirección conocida es El Quilo 5535, Quinta Normal, donde funciona la fábrica de equipos refrigerantes FRIGOMET LTDA., en la que aseguran que no lo conocen, sin embargo continúa su fono-fax 7738010 a nombre de Palma Ramírez.

Leonardo Alberto Schneider Jordán, alias "El Barba". C.I. 5.521.250-3. Ex militante del MIR, agente. Acusado por numerosos sobrevivientes de haber participado en su detención y tortura en la Academia de Guerra Aérea. Luego pasaría a integrar la brigada que se dedicó a reprimir al MIR en la DINA. Procesado por torturas y secuestro permanente en, al menos, dos juzgados de Santiago. Su último domicilio conocido es Las Hualtatas 4966, fono 2633546, Vitacura.

Roberto Alfonso Flores Cisterna, alias "El Huaso". C.I. 7.767.975-8. Soldado (R) de la FACH. El 11 de septiembre de 1973, como soldado de la FACH en la Base Aérea El Bosque, participa en interrogatorios y torturas a detenidos. Por su "capacidad" es enviado a continuar su labor en la Academia de Guerra Aérea bajo el mando de Edgard Cevallos. En 1975 pasa a formar parte del CC, siendo responsable del secuestro, tortura y desaparición de decenas de militantes comunistas.

Hasta mediados de los '90 continuaba en servicio activo en la SIFA, hoy aparece desempeñándose en el rubro del comercio. Su último domicilio conocido es Villa Tantauco, Block 10282, depto. 31, San Bernardo.

Alejandro Jorge Forero Alvarez, C.I. 5228186-5, cardiólogo. Registro Colegio Médico 9580-K. Comandante de Escuadrilla y médico que se desempeñaba al momento del golpe de Estado en el Hospital de la FACH. En 1976 prestó servicios como soldado segundo en la Base Aérea de El Bosque y en el Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina. En este lugar participa del CC, supervisando las torturas y drogando a los prisioneros que eran sacados para hacerlos desaparecer. Fue sometido a proceso por el juez Carlos Cerda en plena dictadura y hoy vuelve a ser requerido por el juez Hazbún en el caso de Víctor Vega. Fue el primer funado en Chile, el 1º de octubre de 1999, en su consulta en la Clínica INDISA. Es socio, entre otros organismos, de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, donde figura con la dirección de la INDISA, y de la Sociedad Chilena de Cardiología en la que aparece con su consulta particular: Av. Apoquindo 6275, oficina 116, y el correo electrónico forero@entelchile.net. Su última dirección conocida es Camino La Brisa 14.199-2, Lo Barnechea, teléfono 2161253.

 Otto Silvio Trujillo Miranda, C.I. 5.684.434-1, agente civil, alias "Colmillo Blanco" en reportaje de La Nación. Militante DC en su juventud, luego se incorporó a Patria y Libertad donde conoce al "Wally", quien lo llevaría al CC y le salvaría la vida euna disputa entre este organismo y la DINA cuanjunto a Carol Flores y Guillermo Bratti, entregaroinformación a los hombres de Contreras. Desde antes del golpe de Estado pertenecía al Servicio de Inteligencia Militar (SIM), luego fue llamado por Fuentes Morrinson para que formara parte del equipo de seguridad del Ministerio de Agricultura y del CC .

Participa en el secuestro, tortura y desaparición de decenas de militantes de izquierda hasta su expulsión por el incidente con la DINA. Sus "contactos" le permitieron hacerse cargo de una empresa de seguridad en el sur de Chile, tras lo cual se vio envuelto en numerosos procesos por giro doloso de cheques. Está en la nómina de los procesados por Carlos Cerda y en los procesos abiertos por la desaparición de Alonso Gahona y Víctor Vega.

Guillermo Antonio Urra Carrasco, alias "Willy". C.I. 6.687.227-0. Cabo segundo (R) de la FACH. Agente operativo del CC desde su formalización en 1975. Fue procesado por el juez Carlos Cerda por su participación en el secuestro, torturas y desaparición de decenas de militantes de izquierda. Según testigos directos es responsable de la ejecución de prisioneros en el Cajón del Maipo (entre ellos José Weibel y los agentes Carol Flores y Guillermo Bratti), en Cuesta Barriga (entre otros Horacio Cepeda, Fernando Ortiz y Reinalda Pereira) y en el lanzamiento al mar de otros, frente a las costas de Quinteros.

Hoy vuelve a ser procesado, esta vez por el caso de Víctor Vega. Su última dirección conocida es Santa Blanca 1990, Las Condes.

 Viviana Lucinda Ugarte Sandoval, C.I. 7.298.556-7, cabo segundo (r) de la FACH, con destinación a la DIFA y al Comando Conjunto. Alias "La Pochi". Esposa del general Patricio Campos Montecinos, Director Gende Aeronaútica Civil hasta la denuncia realizada por la Nación. Procesada por el ministro Cerda como autora de asociación ilícita criminal y cómplice de la desaparición de Reinalda Pereira y Edrás Pinto, amnistiada por el juez Manuel Silva Ibáñez. Campos año, en el cargo de Director del Museo Aeronáutico a Mario Jahn Barrera. Fernando Patricio Zuñiga Canal

Montecinos mantuvo, hasta marzo de este año, en el cargo de Director del Museo Aeronáutico a Mario Jahn Barrera.

F ernando Patricio Zuñiga Canales, 5.974.807-6, Alias "Chirola". Suboficial (R) de la FACH. Como soldado de  la Base Aérea de El Bosque participa en la tortura de sus camaradas de armas. Luego es trasladado a la Academia de Guerra Aérea para cumplir las mismas funciones y de allí pasa a formar parte de la DIFA. En 1975 se incorpora al CC, en el que participa en el secuestro, tortura y desaparición de decenas de militantes de izquierda, entre ellos Víctor Cárdenas, Carlos Durán, Luis Maturana, Humberto Castro y Davíd Urrutia. También está presente en la ejecución de Bratti y Flores. Perteneció al Servicio de Inteligencia de la FACH (SIFA) al menos hasta principios de los '90. Fue procesado por el ministro Cerda y hoy aparece en los casos de Alonso Gahona y Víctor Vega.

Su última dirección conocida es Pasaje Simón Bolivar 1298, San Bernardo.

 Jorge Rodrigo Cobos Manríquez, 5.890.505-5, teniente de reserva FACH, proveniente de Patria y Libertad. Alias "Kiko" o "Elefantito" (C.I. 5.890.505-4). Procesado por el ministro Cerda como autor autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira. Ejuez Hazbún lo sometió a proceso por la desaparición de Víctor Vega.

Pedro Ernesto Caamaño Medina, suboficial (r) de la FACH. Alias "Peter", C.I. 7.024.319-9. Agente operativo en el centro de torturas "La Firma". Procesado por el juez Carlos Hazbún por el secuestro de Víctor Vega.

Manuel Agustín Muñoz Gamboa, C.I. 4.842.855-K ,mayor (r) de Carabineros. Alias "El Lolo". Destacó por su crueldad en el CC, retornando con el grado de capitán a Carabineros. En la DICOMCAR comparte labores con su "colega" del CC Miguel Estay Reino. En este organismo aparece involucrado en el asesinato por degollamiento de Juan Antonio Aguirre Ballesteros en 1984. Fue procesado por el ministro Cerda, posteriormente fue condenado a 5 años y un día por su participación en el asesinato de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino. Hoy aparece procesado por el secuestro y desaparición de Alonso Gahona, en el 4º Juzgado del Crimen de San Miguel, y en el caso que lleva el juez Hazbún por el secuestro y desaparición de Víctor Vega.

Alejandro Fígari Verdugo, C.I. 6.693.227-3, alias Luty, proveniente de Patria y Libertad, segundo al mando en el equipo de detención, luego de Fifo Palma (según "Colmillo Blanco").

Alex Damián Carrasco Olivos, Funcionario de la FACH, escolta de Leigh, Fernando Matthei y Ramón Vega. Alias "Loco Alex", C.I. 6.243.426-7. Agente operativo del Comando Conjunto.

 Julio Federico "Alvaro" Corbalán Castilla, mayor de Ejército, enlace entre esta institución y el CC. En 1980 asumió la jefatura de operaciones de la Central Nacional de Informaciones (CNI). Condenado a prisión perpetua por el crimen del carpintero Juan Alegría Mundaca, realizado para encubrir el asesinato de Tucapel Jiménez. Implicado en la masacre de Operación Albania, la desaparición de cinco militantes rodriguistas en septiembre de 1987, las muertes de cuatro militantes de izquierda en venganza por el atentado contra Pinochet y cientos de secuestros ilegales y torturas en contra de chilenos. El titular del Primer Juzgado del Crimen de Santiago, Joaquín Billard, lo sometió a proceso como autor del delito de secuestro calificado en el caso de Juan Rivera Matus.

Raúl Horacio González Fernández, C.I. 6.519.815-0, funcionario (r) de la FACH. Alias "Rodrigo"o "Wally Chico". Testigos afirman que participó en la detención de José Weibel. Procesado como cómplice de la detención ilegal de Amanda Velasco Pedersen en el 25º Juzgado del Crimen.

Antonio Benedicto Quiros Reyes, C.I. 3.189.349-6, coronel (r) de la FACH y jefe del Departamento de Contrainteligencia en los años del CC. Procesado por Carlos Cerda como autor de asociación ilícita criminal.

Andrés Pablo Potin Lailhacar, C.I. 5.390.709-1, agente civil del CC. Alias "Yerko". Militante de Patria y Libertad detenido en agosto de 1973 por su participación en el homicidio del edecán presidencial Arturo Araya. Procesado por el juez Hazbún como participante del secuestro de Víctor Vega. Hoy figura como empresario en el rubro computacional con una oficina en Américo Vespucio Norte2506.

Robinson Alfonso Suazo Jaque, C.I. 7.641.894-2, soldado (r) de la FACH. Alias "Jonathan". Torturador en la AGA. Procesado en el 25º Juzgado del Crimen por el secuestro y desaparición de Víctor Vega.

Juan Luis Fernando López López, C.I. 5.790.799-1, de chapa "Pantera", comandante de grupo de la FACH, jefe equipo de logística y detención del CC (según "Colmillo Blanco").

 Alberto Roque del Sagrado Corazón Badilla Grillo, C.I. 5.164.080-2, oficial de la Armada perteneciente al grupo Ancla 2 del Servicio de Inteligencia Naval. En 1974 formó parte del DINE y luego del CC. Sirvió en la DINA, donde conoció a la "flaca" Alejandra de la que fue amante. En 1977 pasó a la CNI.

Por Julio Oliva Garcia

Two things are infinite: the universe and human stupidity, and I’m not sure about the universe….Albert Einstein

Dos cosas son infinitas: el universo y la estupidez humana, aunque no estoy Seguro acerca del universo…  Albert Einstein

 Los Secretos y las Mentiras de la FACH

Las Mentiras no pueden durar para siempre, este es el preámbulo de los acontecimientos históricos que ocurrieron en los oscuros días en que el fascismo reinó en nuestra patria. Es primordial que estos acontecimientos se recuerden ya que son parte del patrimonio cultural del país.

Durante el año 2002 la FACH, hacía inútiles esfuerzos para desligarse de los crímenes cometidos durante la dictadura militar. Se publicaba en “La Nación” de la época, que el general Patricio Campos Montecinos, quien era el enlace con la Mesa de Diálogo, renunciaba, en virtud de que su esposa, Viviana Ugarte Sandoval alias “La Pochi” desempeñó un rol muy activo en el siniestro Comando Conjunto. Esta fue denunciada por el Coronel ( R ) Otto Trujilllo, el que estaba siendo procesado y recluido en la Penitenciaría.  El objetivo de este comando era tergiversar la información entregada por la FACH a la Mesa de Dialogo, para entorpecer las investigaciones judiciales que comprometían a los miembros de la institución, Trujillo también denunció al Coronel Roberto Serón Cárdenas, al comandante Juan López López y a un civil Alejandro Figari quien fuera militante de Patria y Libertad., a estos últimos los mencionaba como agentes de la represión que se mantenían activos. Estos fueron procesados y sobreseídos por la Corte Suprema.  Debido a las trascendencias de los hechos, el presidente Lagos, solicitó al alto mando una investigación al interior de la Fuerza Aérea y públicamente se pedía la salida del Comandante en Jefe general Patricio Ríos. Esta era la segunda crisis que estremecía a la FACH bajo su mando, ya que, el año anterior debió pasar a retiro al Jefe del Estado Mayor, general Hernán Gabrielli, debido a las querellas por tortura a que estaba sometido.

Personalmente pensaba que se estaban urdiendo tramas, para obstruir la justicia, independientemente que se hubiese reorganizado o no el Comando Conjunto. Estas conclusiones eran estimadas debido a las posturas que tomaban estos torturadores en los enfrentamientos que tuvimos en los Tribunales de Justicia.  Había declarado en muchos juicios y careos con estos individuos y lo único que hacían era por supuesto negar lo que hicieron. Era patético verlos después de los interrogatorios y careos como se reunían en los pasillos con sus abogados, para ponerse de acuerdo en sus declaraciones posteriores y así no entrar en contradicciones.  El colmo de la desvergüenza ocurría cuando se realizaban estos juicios en las dependencias de la Comandancia en Jefe de la FACH, incluso tenían una sala donde se reunían previa el enfrentamiento con el Juez.

El testimonio que entregué en esa época, correspondía fundamentalmente a la represión que se ejerció contra aproximadamente 60 uniformados en el proceso caratulado “1 – 73, La FACH contra Bachelet y Otros” en los primeros días del régimen militar. Esto ocurrió en la Academia de Guerra Aérea (AGA), la verdadera escuela para formar torturadores que posteriormente integrarían el Comando Conjunto.

Recuerdo que tuve una temprana evidencia de lo que preparaban los altos mandos. Esta la obtuve en mayo o junio de 1973 siendo Capitán de Ronda de la Guarnición de Santiago. Ocasión que se me ordenó inspeccionar la AGA a las 02:00 horas. Al ingresar a la AGA el suboficial de guardia intento impedirme la entrada, ese actitud me pareció sospechosa, inmediatamente desenfundé mi pistola y detuve al suboficial, ya que en ese momento mi posición e investidura era la de jefe superior o la máxima autoridad militar en la Guarnición. El suboficial me explicaba que el general Gustavo Leigh, entonces Jefe del Estado Mayor, le había ordenado que no dejara ingresar persona alguna a las dependencias de la Academia.  En ese momento decidí llevar arrestado al suboficial, hasta la presencia de Leigh. El hecho que me había alertado era que estaban casi todos los autos fiscales de los generales y jefes de Unidades de Santiago estacionados en el patio de la Unidad.  Llegué a la sala de Conferencias de la Academia, que estaba iluminada y la puerta cerrada. Abrí la puerta en forma violenta de una patada y con pistola en mano y el suboficial de guardia a mi lado. La sala quedó sumida en un silencia espectral, lo que se grabó en mi mente en ese instante fue el plano de Santiago a escala mayor donde se destacaban los circuitos de los aviones alrededor de La Moneda, la casa del presidente Allende en la calle Tomás Moro y el sector sur oriente de la capital, donde se ubicaban las antenas de radio de Santiago. Solo después de unos segundos el general Leigh reaccionó y se acercó a mí.  “No me cupo la menor duda que se estaba planificando un golpe de estado”. Le informé mi actitud con el suboficial por desconocer la condición de oficial de ronda que me investía en esa circunstancia. Leigh pidió disculpas asegurando que el suboficial había actuado de acuerdo a sus instrucciones y por lo tanto estimaba que no era tan grave la situación.  En todo caso dejé constancia en el Libro de Ronda de la Guarnición de Santiago de esta anómala situación.

Estos inéditos hechos, fueron una alerta, para el grupo de Capitanes que éramos constitucionalistas y por consiguiente no estábamos por el Golpe de Estado, inmediatamente sentimos que nuestra misión era denunciar al Presidente lo que se estaba preparando.

Me parece pertinente destacar que el grupo de Capitanes que menciono, teníamos todos estudios Universitarios de ingeniería y nuestras esposas también eran profesionales, estas características nos permitían ver y percibir a la sociedad civil en forma diferente al militar neto, por consiguiente nuestra visión tenía un carácter mucho más perceptivo de los movimientos sociales y políticos que se estaban dando en nuestro país. En la época era poco común que los oficiales tuviesen esposas profesionales. Estas relaciones inéditas nos permitieron juntarnos en forma más estrecha y buscar vías políticas para entregar esa información al Presidente de la República, quien era concebido como el Comandante en Jefe de todas las ramas de la Defensa Nacional, a quien le debíamos lealtad absoluta por ser Jefe de la Nación.

Nos reunimos con los entonces Senadores de la República Eric Schnake (PS) y Anselmo Sule (PR) y con Carlos Lazo presidente del Banco del Estado. Estos consiguieron entrevista de algunos miembros del grupo con el presidente Salvador Allende, además fueron nexos para transmitir los pormenores del golpe que nosotros estábamos percibiendo dentro de la FACH. El presidente no creyó nuestras aprehensiones y sostuvo que no concebía que fuera posible que las FF.AA optaran por un Golpe de Estado, en virtud de que los Comandantes en Jefe y Director General de Carabineros le habían jurado lealtad recientemente.  Allende estaba convencido que podía manejar políticamente la situación consternada del país.

Personalmente no tenía simpatía por ningún partido político, y solo había votado por el Presidente Allende en virtud de su programa de Gobierno que mostró al país durante la campaña. A estas alturas ni siquiera estaba de acuerdo con el manejo que se le estaba dando al gobierno, era claro que se le había escapado de sus manos la credibilidad y gobernabilidad al sistema en su conjunto. Las movidas políticas de incluir a militares en el gobierno claramente no daban resultados, estos eran incapaces de funcionar ya que desconocían el andar político de las carteras que ocuparon y no podían resolver los problemas, debo reconocer sin embargo, que la organización de la oposición que ya era mayoritaria fue muy fecunda para sus aspiraciones de gobernar, ya que manejaron al poder militar para establecer sus políticas económicas y sociales.

Cuando ocurrió el golpe de estado nos detuvieron a todos los que manifestamos de distintas formas nuestro pensar respecto a la Constitucionalidad, y nos detuvieron junto a los generales Alberto Bachelet, Sergio Poblete (ingeniero aeronáutico), el Comandante Ernesto Galaz (oficial de Estado Mayor), Capitanes Raúl Vergara (ingeniero comercial), Patricio Carbacho (ingeniero electrónico), Jorge Silva (oficial de inteligencia), Daniel Aycinena (ingeniero electrónico), Eladio Cisterna (profesor de matemáticas), los subtenientes Jorge Dixon, , Oscar Navarro, Rubén Grimblat, Pedro Pons (estudiantes de ingeniería),  Ricardo Navarro (oficial contador y finanzas) y otros. También fueron arrestados varios suboficiales que claramente habían declarado su condición de constitucionalistas y por consiguiente no estaban de acuerdo con el golpe de estado. La mayoría de estos suboficiales eran alumnos de la Universidad Técnica del Estado, donde estudiaban carreras tecnológicas para su perfeccionamiento. Estos últimos sufrieron terribles torturas, por estudiar en la universidad y fueron denostados y acusados de ser comunistas, varios de mis camaradas suboficiales fueron torturados por los oficiales Comandante Enzo Dinocera y el capitán Juan Carlos Sandoval. Pienso que en honor a la justicia, se debería iniciar un juico civil contra estos funcionarios que fueron torturadores, aparte de los juicios criminales que se llevaron a cabo contra los comandantes Edgar Cevallos y Ramón Cáceres, ambos condenados.

Desde el primer momento la agresión contra nosotros fue brutal y desmedida, ya que nos consideraban traidores por ser leales a la constitución. Este era el paradigma de los ignorantes oficiales de la FACH que motivados por su comandante en jefe, confundían la lealtad a la constitución y al presidente con una militancia comunista. En los momentos de las interrogaciones y les hacíamos ver que eran ellos los traidores a la Patria comenzaban las golpizas y otros apremios. Hacían simulacros de fusilamientos, aplicaciones de corriente, quemaduras con cigarrillos incluso usaron drogas e hipnosis en algunos casos, otros fueron colgados y azotados etc. La AGA fue un centro de tortura realmente inconcebible, por su rudeza y violencia, buscaron la degradación de nuestras personalidades y permitieron que los conscriptos nos patearan y nos observaran incluso cuando íbamos a defecar, estos nos apuntaban con sus fusiles cuando estábamos sentados en las tazas del WC.

El que estaba al mando de esta situación y que la permitió para lograr sus objetivos, fue el General Gustavo Leigh Guzmán, Comandante en Jefe de la FACH y miembro de la Junta de Gobierno. Lo vi personalmente dando instrucciones al General Orlando Gutiérrez Bravo, el fiscal acusador del proceso FACH y jefe de los torturadores. Paradójicamente había sido su instructor de vuelo en la Escuela de vuelo sin motor de la FACH, el era el jefe y presenciaba todo, incluso cuando torturaron a su ex jefe el general Poblete.

La demencia y el odio del general Leigh era tal que se permitió decir por radio el 11 de Septiembre lo siguiente: “Por cada miembro de las FF.AA. que sea víctima de atentados, se fusilará a cinco prisioneros marxistas que se encuentren en prisión”, Pinochet otro demente que aprueba la medida, la que posteriormente fuese clasificada como “orden espantosa” por el historiador James Whelan entre otros. Estas eran las típicas arengas dignas del régimen fascista Alemán de Hitler.

Es menester dejar claro para que la historia los juzgue, que también fui testigo cuando Leigh presenció la tortura del General Poblete. En la AGA, se estableció la tortura como un procedimiento normal para interrogar a los prisioneros. Era claro que se tenía pre establecido lo que había que obtener de los prisioneros, en cuanto a declaraciones para justificar las conclusiones del sumario. Al final de los procesos de interrogación, uno tenía que firmar lo que estaba establecido y eso se lograba con la tortura.

Después de aproximadamente 45 días en la AGA, se dio por terminado el Sumario “I-73, La FACH contra Bachelet y otros” y se inició el juicio en un Consejo de Guerra en el cual paradójicamente el Juez era el mimo torturados y fiscal acusador el General Orlando Gutiérrez. En dicho juicio no teníamos defensa, a pesar de presentar abogados defensores, ya que cuando se argumentaba que las declaraciones de los procesados habían sido obtenidas bajo tortura, se amenazó a los abogados que por ningún motivo se podría argumentar dicha defensa.  En cuanto a mi caso que había reconocido haber denunciado el Golpe de Estado, se me acusó de “incitación a la sedición”, “traición a la patria”, “Creador intelectual del Plan Zeta y Plan Fuga”. Ninguna prueba de estas acusaciones fue presentada, solo se usó las declaraciones que los inculpados habían firmado durante el proceso, documentos que efectivamente fueron obtenidos bajo tortura. Nos condenaron en Diciembre de 1973, cinco camaradas a la pena de muerte y otros a diferentes penas de presidio. Mi condena inicial fue a 20 años de presidio y posteriormente fue rebajada a 15 años, aduciendo a mi buena conducta anterior, lo cual pone esta falacia de proceso en el más de los absurdos. Por otra parte los condenados a muerte fueron rebajados a cadena perpetua o 30 años de presidio. Estuve dos años en diferentes cárceles.  El Año 1975, me acogí al Decreto de Ley 504 para cumplir el resto de la pena en exilio, emigrando al Reino Unido. El 29 de agosto de 1975, un avión me llevo a Inglaterra donde fui recibido por la Organización Inglesa “World University Service”, que se encargaba de gestionar los ingresos de los exiliados. Lo más relevante de esto fue que el 15 de Septiembre, ya estaba ingresado a la Universidad de Londres, en el “Imperial College of Science and Technology and Medicine”, en el departamento de Ingeniería Aeronáutica. Donde estudié por tres años y obtuve grados académicos de alto nivel, que me permitieron trabajar en Inglaterra y posteriormente en Suiza donde obtuve varias patentes por mis inventos.

El hecho de haber sido Oficial de la FACH, me permitió conocer muy de cerca a los que fueron mis torturadores, como también a los Generales Leigh, Mathei, Vega (fue Senador Designado), Rojas, y a los actuales mandos de la FACH. Debe entenderse que los conocí antes del golpe, por lo tanto tengo una apreciación de sus personalidades, de sus capacidades y sus debilidades. Esto me permite con autoridad dejar constancia en este libro la nómina del personal de la FACH que torturó en la Academia de Guerra Aérea y otras unidades de la Institución y nómina de los integrantes del Consejo de Guerra.

El General Ingeniero Orlando Gutiérrez Bravo Jefe Operativo y Fiscal acusador, aplicó las sanciones en el dictamen Fiscal y condenó a muerte a 3 oficiales y 1 suboficial de la FACH: Al Coronel Ernesto Galaz, a los Capitanes Raúl Vergara y Patricio Carbacho y al Suboficial Belarmino Constanzo. (Las penas fueron posteriormente rebajadas a 30 años de presidio)

 El Comandante de Grupo Piloto Sergio Lizosain Mitrano, al parecer el segundo en la línea de mando entre los torturadores.

El Comandante de Escuadrilla Ingeniero Edgar Ceballos Jones

El Comandante de Escuadrilla Piloto Ramón Cáceres

 El Comandante de Escuadrilla Piloto Gonzalo Pérez Canto (operaba en la Base Cerro Moreno de Antofagasta, fue muy cocido por su agresividad y sadismo entre los torturados)

 El Comandante de Escuadrilla Piloto Jaime Lavín Fariña (*) (a este oficial se le prohibió ingresar a EE.UU. por su participación en actos de tortura).

El Comandante de Escuadrilla Piloto Enzo Dinocera

 El Capitán de Bandada Piloto Álvaro Gutiérrez (también altamente conocido por su agresividad y sadismo)

 El Capitán de Bandada Piloto Víctor Mettig

El Capitán de Bandada Piloto León Dufey (*  operó en Antofagasta y AGA)

El Capitán de Bandada Piloto Florencio Doublé (*)

El Capitán Ingeniero Juan Carlos Sandoval.

El Teniente Dumont.

El Teniente Franklin Bello

El Capitán  Wachtendorf

El Suboficial Juan Norambuena

 El Sargento de Aviación Hugo Lizana

 El Cabo de Aviación Gabriel Cortes

 El Teniente Piloto Hernán Gabrielli (* operó en Antofagasta)

Otros que han sido olvidados por el autor y que seguramente han sido denunciados en otros libros o procesos por violaciones a los derechos humanos.

Los miembros del Consejo de Guerra, que condenaron a los procesados, sabiendo de antemano que las confesiones habían sido obtenidas bajo tortura, son los siguientes:

 General de Brigada Aérea Piloto Juan Soler Manfredini (presidente del consejo)

 Coronel Piloto Eduardo Fornet Fernández   (*)

 Coronel Médico de la FACH Humberto Berg Fontecilla (este médico deambulaba por la AGA durante el proceso y fue denunciado como torturador)

Coronel Ingeniero Sergio Sanhueza López

 Coronel Abogado de la FACH Julio Tapia Folk (Auditor del Consejo, denunciado como torturador)

Coronel Piloto Javier Lopetegui Torres

 Comandante de Grupo Piloto Carlos Godoy Avendaño

 (*)           Alcanzaron el grado de General activo en la FACH.

La bajeza de este grupo de facinerosos y torturadores, la pude comprobar una vez más, cuando fui careado con algunos de ellos en diferentes juzgados y por diferentes causas, ya que no mostraron arrepentimiento ni menos reconocer lo que hicieron, a pesar de todas las denuncias que hay contra ellos.  Durante las interrogaciones no eran capaces de mirar de frente. Son unos malditos cobardes, que abusaron y denostaron nuestras personalidades mientras usaban el poder usurpado a la democracia de nuestra patria. A diferencia de los halcones retornados, que andamos con nuestra cabeza en alto y sin temor debido a que tenemos nuestras conciencias limpias, ellos se esconden y se auto protegen para que no sean identificados y enrostrados con su mal actuar. Que mejor ejemplo de la vergüenza y temor de mostrar sus caras y defender por ejemplo, el acto ignominioso de atacar La Moneda o la casa presidencial y las antenas de las radios de la época. Son cobardes porque se ocultan, son cobardes porque son protegidos por la institución y en mi personal percepción, no tengo la menor duda que los actuales mandos de la FACH, al negar conocer a los que atacaron la Moneda, no dicen la verdad. Por razones muy simples, no es posible que se desconozca el personal que integraban los grupos de la FACH que operaban los Hawker Hunter de la época. Me niego a aceptar que no hay evidencias o que fueron eliminadas y por otra parte, tampoco puedo entender como el poder judicial no puede ser más drástico interrogando con mayor persuasión al jefe de la bandada de los malhechores que atacaron La Moneda para identificar al grupo. El Comandante López, no puede negar que sabía y tampoco puede aducir que debido a un juramento no puede identificar al resto de los pilotos, ya que si es así, está negando evidencias a la justicia y eso debe ser castigado penalmente. Por lo tanto puedo concluir que el Juez Carroza está siendo muy benevolente en este caso. Aquí entro a dudar de la igualdad ante la justicia. Puedo entender el concepto de que los pilotos fueron ordenados por Comandante en Jefe de la FACH, para cometer esos ataques desmedidos y abusivos. Entonces, si estos pilotos fueran dignos y tuvieran un sentido de autoestima y de honor, deberían enfrentar esa realidad y someterse al escrutinio de la nación, aduciendo que no fue posible evitar ser autor del demencial ataque ordenado por el general Leigh. Los oficiales que pertenecían al Grupo de Aviación Nº 7, que más han sido publicados en diarios y revistas como también nombrados en juicios son los siguientes.

Comandante Mario López Tobar (comandó la escuadrilla de aviones que atacaron La Moneda y se permitió publicar un libro relacionado con el bombardeo a La Moneda)

Capitán Fernando Rojas Vender (llegó a ser comandante en jefe de la FACH involucrado en el affaire Muebles de Ratán)

Capitán Enrique Montealegre

Capitán Eitel Von Muhllembrock

Teniente Ernesto González Yarrá (antes de morir reconoció haber disparado a La Moneda)

Teniente Gustavo Leigh Yates (hijo del general Leigh)

Algunos Oficiales FACH connotados por sus mentiras y abusos.

El ministro en visita Miguel Vázquez Plaza dictó acusación en contra de 10 agentes del Comando Conjunto como responsable de los secuestros calificados de Alonso Gahona Chávez y Miguel Ángel Rodríguez Gallardo, ocurridos en agosto y septiembre de 1975 en distintos lugares de la región Metropolitana.

El magistrado acusó a Edgar Benjamín Cevallos Jones, Juan Luis Fernando López López, como co-autores del delito de secuestro calificado de Alonso Fernando Gahona Chávez.

Asimismo responsabilizó a Edgar Benjamín Cevallos Jones, Juan Francisco Saavedra Loyola, Sergio Fernando Contreras Mejías, Fernando Patricio Zúñiga Canales, Eduardo Enrique Cartagena Maldonado, Emilio Mahias del Río, Gonzalo Eduardo Hernández de La Fuente, Hans Luis Gesche Walker y Tito Alejandro Figari Verdugo, como co-autores del delito de secuestro calificado de Miguel Ángel Rodríguez Gallardo.

 

Se trató de un asesinato planificado para ir sentando al interior de la Marina de Guerra los principios que regirían el sanguinario golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. La derecha perpetró el  crimen, Washington lo cobijó y financió. Nuestra memoria sigue viva.

En la medianoche del  26 de julio de 1973, el Edecán Naval del Presidente Salvador Allende, comandante Arturo Araya Peeters,  fue asesinado por un francotirador que le disparó a mansalva desde algún  lugar frente a su domicilio.

Poco antes había llegado a su casa, tras asistir –acompañando al mandatario socialista- a una recepción en la embajada de Cuba. Uno de los delincuentes que participó en el delito, Guillermo Claverie Bartet,  fue condenado a tres años de prisión. Sin embargo, no permaneció ni un día en la cárcel purgando esa pena. Incluso, estando prófugo, fue indultado por la dictadura gracias a una decisión del almirante José Toribio Merino Castro.

Se trató de un asesinato planificado para ir sentando al interior de la Marina de Guerra los principios que regirían el sanguinario golpe de Estado del 11 de septiembre, y a la vez un recordatorio de que todo hombre de la Armada que no estuviese de acuerdo con los planes fascistoides del almirante Merino Castro sería considerado traidor y castigado con la muerte. Así ocurrió con Araya, un hombre limpio y leal a la Constitución.

La noche del 26 al 27 de julio de 1973, un francotirador abrió fuego contra el marino, mientras los mercenarios de Patria y Libertad armaban una algazara en la calle frente a su casa, luego de hacer algunos disparos al aire a objeto de lograr que el edecán presidencial saliese al balcón de su domicilio para investigar lo que sucedía. En ese momento, una bala impactó en el pecho del comandante Araya Peters.

El crimen, que en su momento la derecha y los servicios de inteligencia navales intentaron achacar a fantasmales grupos armados de izquierda, fue en realidad la obra de una sórdida conspiración ultraderechista con apoyo de oficiales golpistas de la Marina.

Un total de 32 miembros de Patria y Libertad, cuyo fundador era Pablo Rodríguez Grez, fueron detenidos y procesados por la Fiscalía Naval, pero todos quedaron libres tras algunos tirones de orejas. Sólo uno de ellos, Guillermo Claverie, luego de haber estado un tiempo prófugo, resultó condenado a tres años y un día de prisión como autor material del crimen, pena que tampoco cumplió ya que, al final, todos los conspiradores fueron indultados en 1981 por el Augusto Pinochet Ugarte, “por servicios prestados a la Patria”.

 

En una entrevista publicada por el diario La Nación, Claverie juró que era inocente y aseguró que fue obligado a confesar tras sufrir múltiples torturas efectuadas por oficiales de la Marina y de la Fuerza Aérea, y que al parecer fue elegido como chivo expiatorio por sus jefes de Patria y Libertad, entre ellos Pablo Rodríguez.

Aunque admitió haber estado en el lugar de los hechos, dijo que siempre permaneció en la calle y que la trayectoria de la bala que mató al edecán, que estaba en un balcón, era de arriba hacia abajo. Afirmó además haber disparado su pistola después que vio caer al hombre del balcón y que en ese momento ignoraba de quién se trataba. Las declaraciones de Claverie fueron parte en la Corte de Apelaciones del alegato de Arturo Araya, hijo de la víctima y abogado querellante en el juicio.

El planificado crimen cometido contra el Comandante de la Marina y edecán del Presidente Allende, ocurrido en la calle Fidel Oteíza -entre Marchant Pereira y Carlos Antúnez- de la comuna de Providencia, fue en definitiva y claramente una bien montada operación terrorista de inteligencia y desestabilización política, estructurada por la extrema derecha junto a grupos fascistas y ultra nacionalistas insertos en las fuerzas armadas, quienes contaban con apoyo y financiamiento de la Central de Inteligencia Americana (CIA), tal como reconoció muchos años después el gobierno norteamericano al desclasificar sus documentos confidenciales.

Los golpistas del SIN (Servicio de Inteligencia Naval) ya venían ejecutando decenas de atentados y autoatentados con bombas, algunos previamente ‘negociados’,   como el realizado en la casa del Almirante golpista Ismael Huerta a mediados de julio de 1973 en Viña del Mar, con el objetivo de ir construyendo un ambiente favorable al próximo golpe de estado.

La ametralladora “Bataan” con la que el militante del Comando Rolando Matus y agente del SIN infiltrado en la empresa estatal ECON,  Guillermo Claverie Bartet,  disparó al comandante Araya después de hacer explotar una bomba señuelo y balear el frontis de la casa para hacerlo salir al balcón, fue suministrada por el SIN a través del Sr. Jorge  Ehlers Trostel, personaje que después –en plena dictadura-  ocuparía un alto cargo en el área de deportes (DIGEDER).

Claverie Bartet ya había sido detectado disparando contra tropas leales a la Constitución el día del tanquetazo (junio de 1973) desde una terraza de ECOM (el tipo creía que ese día la Marina iniciaba un golpe, eso fue publicado poco antes del golpe por el quincenario dirigido por Marta Harnecker, ‘Chile Hoy’). Fue echado de ECOM, pero no entregado a la Policía… ¡¡increíblemente!!

LOS ASESINOS FRAGUAN COARTADA INDIGNANTE

Al entonces teniente del SIN, Daniel Guimpert Corvalán junto con el capitán de Inteligencia de Carabineros Germán Esquivel Caballero, quien más tarde participaría en múltiples ‘desapariciones’ cometidas por el Comando Conjunto y el SICAR, le cupo realizar uno de los aspectos más sucios y cobardes del complot desestabilizador.

Al otro día del asesinato del edecán naval del Presidente Allende -un sábado- Esquivel y Guimpert recorrieron diversas comisarías buscando un “chivo expiatorio” a quién cargarle el crimen. El elegido fue un preso por ebriedad que trabajaba en una empresa CORFO (SEAM) y portaba un carnet de militante de un partido de la Unidad Popular (el Partido Radical).

Como eso no era muy convincente ni bastaba para completar sus planes, fabricaron un carnet del Partido Socialista  e interrogaron “privadamente” al funcionario que, sometido a salvajes torturas, se auto inculpó de haber participado en el asesinato “junto con un comando del PS-Elenos” y algunos cubanos. El mecánico de SEAM CORFO terminó encargado reo y procesado por la Justicia Naval bajo la dirección del Fiscal Aldo Montagna.

El nombre del mecánico eléctrico de Seam Corfo torturado por Guimpert y Esquivel era José Luis Riquelme Bascuñán y fue interrogado y encargado reo por  el ministro conspirador de la Corte de Apelaciones (Abraham Meerson) y por el Fiscal Militar Joaquín Erlbaum. El desgraciado mecánico fue tan bien torturado que se echaba la culpa de haber participado en el crimen con un grupo de GAP’s y cubanos dirigidos por Bruno (Domingo Blanco) uno de los jefes del GAP.

Al día siguiente, los medios opositores y diversos políticos -entre los que destacaron los senadores derechistas Víctor García Garzena y Fernando Ochagavía, junto al diputado Demócrata Cristiano Claudio Orrego Vicuña  y al director del diario democristiano ‘La Prensa’, Jorge Navarrete- iniciaron una campaña de injurias y acusaciones contra el gobierno de la UP y la representación cubana en Chile.

El problema para los conspiradores de diversos pelajes y militancias que se concertaron en torno al falso hallazgo de los asesinos del comandante Araya fue que, a los pocos días, la Policía de Investigaciones detuvo a casi todos los miembros de la banda conformada por elementos del Comando Rolando Matus (CRM), Partido Nacional (PN), Democracia Radical (DR)  y Patria y Libertad, que habían participado directamente en el asesinato del edecán.

Entre ellos,   destacaban:  el presunto autor de los disparos (Guillermo Claverie), una dirigente de la Juventud del Partido Nacional y del CRM -Uca Eileen Lozano-, el hijo “Patria y Libertad” del conocido empresario panadero Castaño, Odilio Castaño Jiménez; el militante de Patria y Libertad, Luis “Fifo” Palma Ramírez, que dos años después tendría una destacada participación en el SIFA y en las desapariciones del Comando Conjunto, un sobrino CRM del psiquiatra de la DINA, Laihlacar, de apellidos Potin Laihlacar , el dirigente de la DR, Guillermo Schilling, y un militante del CRM, Miguel Sepúlveda Campos, hijo de un conocido almirante retirado. (**)

Los que no fueron detenidos se escondieron en un fundo de la Región de Valparaíso y se entregaron a un comando de la Marina al otro día del golpe. Los que estaban detenidos y procesados en las cárceles de Valparaíso y Santiago fueron sacados de prisión el 12 de septiembre por comandos del SIN e integrados a las actividades represivas. El crimen del comandante Araya quedó impune y con expediente desaparecido.

Cambia, todo cambia.

El teniente Guimpert Corvalán salió de la Marina a fines de los 70´s y se dedicó a regentar un negocio de venta de armas en las cercanías del Edificio de las FFAA en la Plaza Bulnes. Gozaba de libertad bajo fianza hasta que fue nuevamente detenido, inculpado en más de una decena de casos de detenidos desaparecidos, en algunos de los cuales fue incluso indultado a principios de los años 90´s.

Su cómplice en el intento de falsificación del asesinato del comandante Araya  -Guillermo Esquivel- llegó al grado de   coronel de carabineros en la DICOMCAR y fue detenido -por cheques protestados- en 1991. Falleció en extrañas y nunca aclaradas circunstancias en 1993, mientras estaba denunciado en diversos procesos por desapariciones y asesinatos.

Luego de 35 años del asesinato del valeroso edecán del Presidente Allende, la versión oficial que entregó la dictadura comienza a desmoronarse en los tribunales y emerge la verdad: Se trató de un crimen planificado por la derecha en contra del comandante Araya.  La medida, que la familia del oficial había solicitado por primera vez en agosto del año 2003, se aprobó ante la aparición de nuevos antecedentes aportados por Guillermo Claverie. 

El 28 de Abril de 2008, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó reabrir la investigación del asesinato. Por unanimidad, la Octava Sala del tribunal de alzada determinó que el juzgado a cargo del caso proceda a la reapertura de la investigación, tome testimonio a Guillermo Claverie Bartet (hoy tiene 63 años de edad) y realice otras diligencias que de ello se deriven.

El relato que Claverie entregó a los periodistas de ‘La Nación Domingo’, hace pocos años, mueve a la duda. Aseguró que todavía sentía miedo de lo que pueden hacerle los viejos (y nuevos) miembros de las cofradías golpistas.

Nunca pude leer mis declaraciones que me hicieron firmar en la Fiscalía Naval. Y un día que me puse a leer una de ellas, después de un interrogatorio, el secretario del fiscal naval Aldo Montagna, el oficial Jorge Garretón Iturra, se metió la mano a la chaqueta del uniforme y sacó una pistola. Y me dijo: ‘¡Oye, huevón, que leís tanto, agradece que todavía estai vivo y firma ahí!’. Y por supuesto que así siempre firmé todo”.

Sus confesiones confirman lo que los hijos del edecán han ido descubriendo en estos últimos años, hurgando en el expediente del juicio iniciado por la justicia naval y que culminó en 1980 con una condena de tres años para Claverie, como único autor material, y con penas inferiores por delitos menores para otros miembros del grupo que actuó esa noche: “Es que esa investigación está plagada de vicios”, sostiene Arturo, el hijo mayor del edecán, que es abogado.

Con estas confesiones de Claverie, los hijos del edecán lograron que la Corte de Apelaciones de Santiago ordenara reabrir el nuevo proceso iniciado a partir de la querella que interpusieron en 2003, pero que en su momento fue sobreseído y archivado por el 18º Juzgado del Crimen de Santiago.

Las preguntas quemantes.

Para hacer salir al comandante Araya al balcón, Juan Zacconi y Guillermo Necochea (miembros de ‘Patria y Libertad’) lanzaron una bomba frente a su casa. La llegada del edecán a su domicilio fue anunciada a éstos por otra bomba que explotó en las cercanías, lanzada por otro grupo. El segundo bombazo, el de Zacconi y Necochea, fue la señal para que el tercer grupo, que debía entrar por la calle Fidel Oteíza, cometiera el asesinato.

Los peritajes balísticos detectaron cinco impactos en los muros de la casa del capitán de navío. Pero las vainillas halladas frente a la casa sólo fueron cuatro. Con el proyectil que hirió de muerte al edecán, y que entró directo sin antes rebotar en parte alguna, los disparos suman seis. Pero nunca se hallaron las otras dos vainillas. Y las pericias balísticas establecieron que las vainillas encontradas en la calle, correspondientes a los disparos hechos por Claverie, no pertenecían al proyectil que perforó el cuerpo del edecán.

Eso significaría que al comandante lo asesinaron con un arma distinta, y le dispararon desde otro lugar -presumiblemente desde el frente de su casa-, ligeramente desde arriba hacia abajo. A pesar de todas estas evidencias, la investigación naval concluyó que el edecán de Allende murió por uno de los disparos de Claverie. Pero este insiste en explicitar muchas preguntas, todas ellas sin respuestas oficiales.

¿Quién hizo los dos disparos que varios testigos, según declararon en el proceso del Juzgado Naval, escucharon inmediatamente antes de que el edecán lanzara su ráfaga hacia el frente y minutos antes de que Claverie hiciera sus cuatro disparos?

¿Contrató el ex cadete naval Jorge Ehlers Trostel a un francotirador para que asesinara al   comandante Araya Peeters, aprovechando el caos que el mismo Ehlers ordenó crear al grupo de ultraderecha  esa noche en las cercanías de la casa del edecán?

¿Por qué Ehlers literalmente huyó a Alemania días después de que los hijos del edecán interpusieron la querella en septiembre de 2003, refugiándose en ese país hasta hoy?

¿Por qué nadie tomó en cuenta la declaración de dos prostitutas que figura en el expediente de la justicia naval,   quienes afirmaban que, paradas esa noche en la esquina de Pedro de Valdivia con Providencia y segundos después de escuchar disparos, vieron salir de un lugar a dos hombres corriendo, uno de ellos con un fusil en la mano, y que se subieron a una camioneta que tenía un disco que les pareció de vehículo fiscal?

Torturas, presiones y amenazas. 

Detenido preventivamente en la Cárcel Pública de Santiago, una mañana –aún en plena dictadura- los gendarmes sacaron a Claverie y le condujeron a la oficina de la Fiscalía Naval. En ese lugar, contó el mismo Claverie al diario La Nación, lo recibió el oficial naval Germán Arestizábal, quien oficiaba como actuario. “Me hizo subir a un Austin Mini, donde reconocí al oficial de la Fuerza Aérea de apellido Schindler, compañero de colegio”. Le vendaron la vista y lo llevaron a la Academia de Guerra Aérea, en Las Condes.

Ahí me amarraron a un catre y empezaron a golpearme en la planta de los pies con un palo o un fierro. Después me inyectaron en la vena lo que yo creo que fue pentotal, porque todavía no me sacaban mi propia confesión del crimen del edecán, como ellos querían. Nunca supe lo que respondí, pero no puedo haber dicho algo que era falso”, expresa.

Días después, al salir de una oficina donde había comenzado a trabajar, se le acercó un auto desde el cual descendió un  individuo que él conocía, el que le obligó a subir al vehículo.

Era el ‘Fifo’ Palma (Luis Palma Ramírez, que después integró el Comando Conjunto) y en el auto vi como cinco metralletas. El Fifo me dijo. ‘¿Sabís que ahora te podemos matar por andar hablando, huevón? Vos sabís que en esto está metida gente que ahora es muy importante. Que no se te olvide’”.

Esa última frase del tal ‘Fifo’ Palma –suponiendo que Claverie dice la verdad- es la que deberá dilucidar el juzgado a cargo de la reapertura del caso, pues resulta vital establecer la identidad de aquella “gente que ahora es muy importante”.  ¿Qué tan ‘importante’ es hoy esa gente? ¿Parlamentarios? ¿Empresarios? ¿Diplomáticos chilenos en el extranjero?  ¿Oficiales retirados de las Fuerzas Armadas? ¿Oficiales aún activos? ¿Dirigentes políticos? ¿Dirigentes de gremios patronales?  Tarde o temprano el país conocerá sus nombres, los que serán agregados al de Guillermo Claverie, quien sí estuvo en uno de los grupos sediciosos y criminales aquella infausta noche.

(**) LA LISTA DE INTEGRANTES DEL COMANDO ASESINO (publicado por Revista ‘CAUCE’  Nº 15, del 09/07/1984).

René Guillermo Claverie Bartet
Mario Eduardo Rojas Zegers
Guillermo Francisco Necochea Aspillaga
Miguel Víctor Sepúlveda Campos (hijo de un Almirante (r))
Uca Eileen Lozano Jeffs (CRM-JN)
Guillermo Adolfo Schilling Rojas (primo del ‘Mamo’ Schilling, dirigente del Partido Socialista)
José Eduardo Iturriaga Aránguiz
Luis Guillermo Perry González
Luis César “Fifo” Palma Jiménez (posteriormente, fue miembro del Comando Conjunto)
Ricardo Vélez Gómez
Rafael Mardones Saint Jean (primo hermano de José Luis Mardones Santander, Presidente del BancoEstado)
Adolfo Palma Ramírez (hermano del Fifo Palma)
Enrique Quiroz Ruiz
Wilfredo Humberto Perry González
Odilio Castaño Jiménez (actual co-dueño de la cadena de panaderías ‘Castaño’)
Carlos Fernando Farías Corrales
Juan Zacconi Quiroz
Andrés Pablo Potin Lailhacar
Tito Alejandro Figari Verdugo

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por Arturo Alejandro Muñoz

Participaron militantes de Patria y Libertad y del Comando Rolando Matus de la Juventud Nacional, oficiales de la Armada e individuos ligados a empresarios. El Edecán Naval del Presidente Salvador Allende fue ultimado en una operación montada en torno de su domicilio, y de la que quisieron culpar a militantes de la Unidad Popular. Los autores del hecho fueron indultados por la Junta Militar y recibieron el respaldo del almirante José Toribio Merino. 

En la película “Araña”, hay un episodio donde un grupo de extremistas de derecha arma una provocación frente a la casa de un oficial de la Marina y cuando él sale a repeler la agresión, recibe un balazo que lo mata. Mucha gente que vio el filme, pensó que era parte de una ficción. Pero el hecho fue real. Miembros del Frente Nacionalista Patria y Libertad, de la Juventud Nacional, personas ligadas a la Armada y a familias de empresarios, montaron una operación para asesinar al Capitán de Navío, Arturo Araya Peeters, Edecán Naval del Presidente Salvador Allende. Uno de los sucesos que marcan el alcance de las operaciones planeadas y ejecutadas por la oposición al Gobierno de la Unidad Popular.

El hecho ocurrió en las primeras horas del 27 de julio de 1973, en calle Fidel Oteíza, comuna de Providencia, cuando los integrantes del comando ultraderechista hicieron explosionar varias bombas en calles aledañas al domicilio del oficial y armaron una batahola frente a la casa de Araya Peeters. Cuando éste salió al balcón de su casa para repeler la provocación, fue ultimado por balazos disparados por los agresores. Un disparo le dio en el pecho. El acto homicida se consumó a la una y media de la mañana. Una hora más tarde, el Edecán Naval falleció en el Hospital Militar. 

Pocas horas antes, el 26 de julio, como solía ocurrir, Araya Peeters había estado junto al Presidente Allende en La Moneda y luego en una recepción en la embajada de Cuba en Chile, donde se conmemoraba un aniversario del Asalto al Cuartel Moncada, hito del inicio de la Revolución Cubana.

El plan tenía como objetivo generar un grave conflicto político, desestabilizar al Gobierno de Allende, presionar a los altos mandos de las Fuerzas Armadas (FFAA) y culpar del hecho a militantes de la ultraizquierda, a partidos de la Unidad Popular e incluso a funcionarios cubanos e integrantes de la escolta presidencial, el GAP (Grupo de Amigos del Presidente).

El día anterior se concretaba un paro nacional contra la administración de Allende, y en esa semana se habían producido atentados a vías férreas, instalaciones de la red eléctrica y edificios públicos. Estaban activos grupos paramilitares de Patria y Libertad, el Comando Rolando Matus y otros grupos violentos de partidos de la oposición.

Los dirigentes de la extrema derecha, de la derecha representada en el Partido Nacional, oficiales golpistas, dueños de medios de prensa, dirigentes de gremios empresariales, sobre todo después del 44% de votos obtenidos por la Unidad Popular en la elección parlamentaria de marzo de 1973, estaban apostando por la violencia, la conspiración y acciones de desestabilización que apuntaran al derrocamiento de Salvador Allende. En ese marco se produjo el ataque a la casa del Capitán Araya Peeters y su asesinato.

Los ejecutores

El trabajo de la Policía de Investigaciones determinó que en la acción criminal participó una veintena de sujetos, entre ellos, René Guillermo Claverie Bartet, Mario Eduardo Rojas Zegers, Guillermo Francisco Necochea Aspillaga, Miguel Víctor Sepúlveda Campos, Uca Eileen Lozano Jeffs, Guillermo Adolfo Schilling Rojas, José Eduardo Iturriaga Aránguiz, Luis Guillermo Perry González, Luis César “Fifo” Palma Jiménez, Adolfo Palma Ramírez, Ricardo Vélez Gómez, Rafael Mardones Saint Jean, Enrique Quiroz Ruiz, Wilfredo Humberto Perry González, Odilio Castaño Jiménez, Carlos Fernando Farías Corrales, Juan Zacconi Quiroz, Andrés Pablo Potin Laihlacar, Tito Alejandro Figari Verdugo , Guillermo Bunster, Jorge Ehlers Ölkers y Alejandro Ellis.

Casi todos militantes de Patria y Libertad, del Comando Rolando Matus -grupo paramilitar de la Juventud Nacional-, miembros del Partido Nacional (PN), de la Democracia Radical (DR), oficiales en retiro de la Armada y otros ligados a empresarios. Tuvieron el respaldo de oficiales y organismos de Inteligencia y de personeros de la derecha.

Varios de ellos, después del golpe de Estado de 1973, integraron la Dina (Dirección de Inteligencia Nacional), el Comando Conjunto (dedicado al exterminio y represión de opositores a la dictadura), el Sifa (Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea), grupos secretos de apoyo al miembro de la Junta Militar, José Toribio Merino, o les ofrecieron empleo en dependencias públicas.

Pese a la gravedad del hecho, las pruebas acumuladas por la Policía de Investigaciones y testimonios de testigos -al final se fijó en más de 30 personas las que supieron del operativo contra el Edecán Arturo Araya-, ninguno de los autores y cómplices del asesinato cayó preso o cumplió condena. 

Aunque siempre negó ser el autor de los disparos mortales, Guillermo Claverie fue detenido, procesado y condenado a tres años y un día de prisión, como autor material del crimen, pero al final no fue a parar a la cárcel y, junto al resto del grupo, fue indultado por Augusto Pinochet y ayudado por Merino. Varios de los criminales permanecieron ocultos en casas en Valparaíso, y el 12 de septiembre de 1973, un días después del golpe de Estado, recibieron la ayuda de la Armada para volver a sus casas y retomar sus actividades; y eran los asesinados de un destacado oficial de esa rama castrense. 

Jorge Ehlers Ölkers, oficial retirado de la Armada cumplió un papel fundamental como organizador y promotor del atentado, proveedor de armamento, involucrando a su yerno Alejandro Ellis. Ehlers dejó Chile cuando se reiniciaron las investigaciones por el asesinato de Araya Peeters y durante la dictadura ocupó cargos públicos como ser director de la Digeder (Dirección General de Deportes). Como él, varios de los instigadores del asesinato del Edecán, fueron integrantes de la Cofradía Náutica del Pacífico.

Según los antecedentes que se disponen hoy, la idea del comando era generar un círculo de agresión en torno de la casa de Arturo Araya, en las calles aledañas y la vereda del domicilio, con explosivos, disparos y arengas a viva voz, haciéndose pasar por militantes de organizaciones de ultraizquierda. Se esperaba que el oficial saliera y en ese momento matarlo. Que la idea fuese secuestrarlo, se descartó en la investigación. 

Una vez consumado el crimen, se haría un montaje político y comunicacional, donde participarían dirigentes y parlamentarios del PN, de DR, oficiales de Inteligencia de la Armada y editores de diarios como La Segunda, El Mercurio y La Prensa, con el objetivo de culpar a militantes de ultraizquierda o de la Unidad Popular, y a funcionarios de la embajada cubana.

En esa línea, se detuvo a José Luis Riquelme Bascuñán, un funcionario de la Corfo (Corporación de Fomento), fabricándole un vínculo con el grupo “los elenos” del Partido Socialista (los denominaban así porque participaron en el apoyo al Ejército de Liberación Nacional -ELN- de Bolivia, la guerrilla de Ernesto Guevara), y también se pretendió establecer que por una purga conspirativa, los escoltas del Presidente Allende, del GAP (Grupo de Amigos del Presidente), habían ejecutado al Edecán Naval.

Sin embargo, toda la investigación judicial y policial -que incluyó aclarar y desmentir las indagaciones de fiscales de la Armada y de miembros de grupos de Inteligencia de esa institución y de Carabineros-, determinó la participación de los autores, vinculado a las organizaciones de ultraderecha y la derecha. 

Junto a todo eso, hay documentación proveniente de entidades de Estados Unidos y manejada también en Chile, en cuanto a que el asesinato del Capitán de Navío fue organizado y perpetrado por funcionarios de la CIA (Central de Inteligencia Americana) y se señala específicamente al agente David Sánchez Morales, quien participó en varias acciones y conspiraciones contra el Gobierno de la Unidad Popular. También se asigna un papel en la operación a oficiales del Servicio de Inteligencia Naval y del Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR). 

En su momento, reabierta la investigación en tiempos de posdictadura, el hijo del oficial, Arturo Araya Corominas, declaró que la tesis de un complot entre la Armada y la ultraderecha cobraba “cada vez más fuerza”.

La terrible mentira

Como ha ocurrido en otros sucesos de este tipo, los dirigentes de Patria y Libertad (liderado por el abogado Pablo Rodríguez), del Partido Nacional y de la Juventud Nacional (con dirigentes como Sergio Onofre Jarpa y Andrés Allamand), medios de prensa de la familia Edwards (en este caso principalmente el vespertino La Segunda), altos mandos de la Armada y dirigentes políticos y empresariales de la época, armaron un tinglado ante la opinión pública, apuntando a que el asesinato del Edecán Naval lo había perpetrado un grupo de ultraizquierda y hasta insinuaron que detrás estaba la mano de “gente de la Unidad Popular”. 

Haciendo alusión a la detención del funcionario de la Corfo (que cayó preso por estar borracho y estando en un recinto policial fue elegido para montar la falsa acusación, como lo demostró la investigación judicial) y plegándose al plan conspirativo de la extrema derecha y oficiales de Inteligencia, el vespertino La Segunda puso en portada: “Cayó asesino del edecán. Se habría entregado a Carabineros. Grupo extremista de izquierda lo ultimó. Pretendían raptarlo para convulsionar al país. FTR, MIR y PS serían los cómplices”.

La revista Zig-Zag se sumó a las distorsiones en torno del asesinato del Capitán Araya y publicó una nota donde se señaló que “en extrañas circunstancias caía asesinado el Edecán Naval, Comandante Arturo Araya Peeters. A los pocos días se entregó como implicado en el crimen un militante socialista, quien vinculó en el hecho nada menos que a uno de los jefes del GAP, Domingo Blanco, más conocido como Bruno. Cuando éste cayó detenido más tarde, confesó su participación”.

Diarios como El Mercurio, La Prensa, Tribuna, emisoras como Radio Agricultura y Canal 13 de la Universidad Católica, apuntaron a un atentado de la UP y la izquierda, entregaron versiones confusas, alimentaron tesis de desestabilización e inoperancia del Gobierno, ocultaron las averiguaciones de la Policía de Investigaciones y alentaron hipótesis conspirativas. 

Los medios de prensa afines a la derecha y opositores al Gobierno de Allende, contribuyeron explícita y tácitamente a la línea desarrollada por los autores del atentado al Edecán Naval.

El caso Montero y los otros perseguidos y asesinados

El Capitán de Navío, Arturo Araya, no fue el único en ser blanco de la extrema derecha, de opositores al Gobierno de Salvador Allende y de oficiales de la Armada, en un camino de traición y crimen.

Eso incluyó hasta al comandante en jefe de la Marina, almirante Raúl Montero, quien cumplió con los preceptos constitucionales y se negó a ser parte del derrocamiento del Presidente Allende. Como no se sumó al grupo golpista y anticonstitucional de la Armada, encabezado por el almirante Merino, fue presionado y hostigado en los primeros meses de 1973 e incluso instado a renunciar por parte de altos mandos, sobre todo los que integraban el Consejo Naval.

Siguiendo la línea de conspiraciones entre distintos actores, cuando el almirante Montero dejó de ser Ministro de Hacienda, el diario El Mercurio, con clara intencionalidad de presión y sumándose a las pretensiones de los oficiales anticonstitucionalistas, tituló “Renunció Montero”, y publicó que “se rumoreó que se ofrecería la comandancia a Merino”. Lo cierto era que el comandante en jefe de la Armada se iba de Hacienda, seguía en su puesto de jefe de la institución naval, tenía el respaldo del Presidente Allende, de segmentos del mando de la Marina y no pretendía renunciar.

Sin embargo, el martes 11 de septiembre la traición se consumó. Al chofer de Raúl Montero se le dio la orden de ir al Ministerio de Defensa y no recoger al almirante en su domicilio, a quien se le cortaron los canales de comunicación, nadie del alto mando golpista le contestó el teléfono, y cuando quiso salir de su casa, constató que estaba rodeada de soldados fuertemente armados. Merino, coordinado con Pinochet y el vicealmirante Patricio Carvajal, determinaron la detención domiciliaria de Montero. A media mañana ya no era el jefe de la Armada, lo habían destituido, y pronto debería pasar a retiro, obligado y amenazado por sus excamaradas de la Armada.

Está en los registros históricos el caso de decenas de marinos y suboficiales de la Armada que denunciaron los propósitos golpistas de altos mandos navales, en una actitud de defensa constitucional, pero fueron acusados de sedición, arrestados, torturados, perseguidos y dados de baja de la entidad castrense.

Lo que podría sintetizar dramáticamente la actitud de innumerables oficiales, suboficiales y funcionarios de las Fuerzas Armadas, y las acciones conspirativas y criminales de la derecha y la extrema derecha, son los asesinatos de los comandantes en jefes del Ejército, René Schneider y Carlos Prats, y del general de la Fuerza Aérea, Alberto Bachelet. 

En los primeros tiempos de la dictadura, por lo mendos medio centenar de oficiales, suboficiales y subalternos del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y Carabineros, fueron asesinados, torturados, detenidos y expulsados de las filas, por mantener una postura de apego a la Constitución, no sumarse al golpe de Estado e incluso defender a ciudadanas y ciudadanos de los actos represivos.

Uno de los casos más descriptivos de la acción criminal de la extrema derecha y oficiales de las FFAA, es el del Capitán de Navío, Arturo Araya Peeters.

El 28 de Abril de 2008, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó reabrir la investigación del asesinato. Por unanimidad, la Octava Sala del tribunal de alzada determinó que el juzgado a cargo del caso procediese a la reapertura de la investigación, tomando testimonio a Guillermo Claverie Bartet y realizase otras diligencias que de ello se deriven.

 Sus confesiones confirman lo que los hijos del Edecán han ido descubriendo en estos últimos años, hurgando en el expediente del juicio iniciado por la Justicia naval y que culminó en 1980, con una condena de tres años para Claverie, como único autor material, y con penas inferiores por delitos menores para otros miembros del grupo que actuó esa noche: «Es que esa investigación está plagada de vicios», sostiene Arturo, el hijo mayor del edecán, que es abogado.

 Con estas confesiones de Claverie, los hijos del Edecán lograron que la Corte de Apelaciones de Santiago ordenara reabrir el nuevo proceso iniciado a partir de la querella que interpusieron en 2003, pero que, en su momento, fue sobreseído y archivado por el 18º Juzgado del Crimen de Santiago.

por Hugo Guzmán