Ferrer Gómez Carlos

TESTIMONIO DE UN SOBREVIVIENTE DE LA MASACRE DE LAJA, DEL 11 DE SEPTIEMBRE 1973

En este testimonio reproducido por Fortin Mapocho se menciona a civiles y militares, muchos de ellos sometidos a juicio y otros simplemente condenados por su conciencia. Esperamos que la acción de los unos y los otros haya calado profundamente en los chilenos que vivieron en esos años estos actos de barbarie y que en su momento se negaron a aceptar que estos hechos ocurrieran en Chile.

Para las nuevas generaciones, que nacieron en los años posteriores al golpe y que no tuvieron conciencia de lo que sucedía en su país, este relato servirá para alertarlos hasta donde es capaz de llegar el ser humano por conservar y desarrollar sus privilegios. El general constitucionalista Carlos Prats, advirtió a sus pares que cometerían un grave error si intervinieran y tomaran el camino del golpe. Agregó, que por muchos años la sociedad chilena los señalaría con su dedo crítico y les reprocharía esa determinación. Textualmente, y prosiguiendo con su opinión crítica, expresaba: 'Ttendría que ser [la intervención] implacablemente represiva. Para ello, las FFAA tendrían que transformarse en una policía especializada y refinada, y significaría convertir al pueblo en tupamaros. A la semana siguiente de los aplausos al dictador, los políticos de los bandos más encontrados estarían unidos gritándonos: 'gorilas', y pidiendo elecciones. Este no es un país de borregos. Los trabajadores representan un poder social. Están organizados. En este país hay dignidad vertical. En este país los dirigentes políticos mueven efectivamente a las masas. No nosotros los militares no acariciamos la idea de reemplazar al poder civil, ni es nuestra misión' [Revista Ercilla Nº 1950, Semana del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 1972. Entrevista periodística al Comandante en Jefe del Ejército, General Carlos Prats. Reproducida en Héctor Vega, 'Crítica de la Unidad Popular'. Edit. Fontamara. Barcelona. España. 1975, ps. 121, 122]

El general Prats tenía razón cuando decía que los trabajadores no se engañarían. Se equivocaba trágicamente cuando apreciaba el rol de los dirigentes políticos. Muchos de ellos comprometidos con el golpe, y algunos dirigentes, hoy, de la Concertación, no sólo buscaron la caida del gobierno de la Unidad Popular desde sus asientos parlamentarios, sino que golpearon la puerta de los cuarteles. No hablemos de aquellos que militan en la Alianza y que hoy profesan de demócratas, directos discípulos del pinochetismo. En fin, unos y otros, constituyen una generación que nunca ha creido en la democracia y menos aún en que los trabajadores tomaran su destino en sus propias manos y que buscaran los caminos de una democracia auténtica y participativa.

TESTIMONIO
El 11 de septiembre de 1973 me encontraba como trabajador de la COMPAÑIA MANUFACTURERA DE PAPELES Y CARTONESA DEL PUEBLO DE LAJA [500 kms. al sur de Santiago]. Monopolio perteneciente a la familia Alessandri. Familia de reconocida trayectoria política defendiendo los intereses de la burguesía, aplastando al pueblo y participantes activos en el golpe militar de 1973.

En los días previos al golpe militar la empresa, los grupos de derecha [Patria y Libertad y Partido Nacional, Democracia Cristiana] y la policía ya hacían sentir la represión en los trabajadores y campesinos, más aun en los dirigentes de éstos, con amenazas de palabra y de hecho. Los carabineros patrullaban la fábrica y sus alrededores atemorizando a los trabajadores. Eran los síntomas de los horrores de los que seríamos testigos más tarde, el 11 de septiembre de 1973, cuando Pinochet y un grupo de generales asesinos decidieron poner fin al gobierno que representaba los intereses de las masas desposeídas que hasta ese entonces habían sido cruelmente explotadas por la burguesía, de la cual un digno exponente es la familia Alessandri.

Aquí es necesario destacar que el general WASHINGTON CARRASCO estaba a cargo de la III División del Ejercito con asiento en la ciudad de Concepción. Por tanto, los hechos que a continución describiré son de su responsabilidad, así como de sus superiores, el general Pinochet y su camarilla asesina.

El día Martes 11 de septiembre de 1973 yo me encontraba trabajando en la fábrica cuando observamos, con nuestro compañeros de trabajo, que la policía y grupos paramilitares de extrema derecha, fuertemente armados, encabezados por CARLOS FERRER GOMEZ [Superintendente de la compañia CMPC] patrullaban el recinto de la empresa.

A las 16 horas del mismo día, hora de término de faenas, a la salida de la fábrica, nos esperaba un pelotón de carabineros acompañados de los grupos paramilitares de extrema derecha, encabezados por PEDRO JARPA, hombre de confianza de la PAPELERA, quien con una lista en sus manos denunciaba los compañeros que defendieron con más fuerza los intereses de la clase obrera.

Producto de esta infame delación fuimos detenidos 22 compañeros e inmediatamente,en presencia de todos los trabajadores de la fàbrica [400], fuimos salvajemente golpeados,en esta acción de brutalidad policíaca. En esta acción se destacaban dos reconocidos criminales el teniente ALBERTO FERNANDEZ MITCHEL y el sargento PEDRO RODRIGUEZ CEBALLOS.

Antes de ser trasladados a la comisaría, en vehículos facilitados por la Papelera, el Teniente Fernandez Mitchel Salgado se dirige a los trabajadores diciendo que seré asesinado en cuanto llegue al recinto policial y que será la última vez que me verán.

Una vez en la comisaría fuimos brutalmente golpeados y amenazados de muerte. Luego en estado semi-inconciente, producto de los golpes, fui arrojado violentamente al interior de una pequeña celda en calidad de incomunicado.

No satisfecho con mi estado lanzaron al interior de la celda una bomba lacrimogena, producto de esto perdí totalmente el conocimiento. A las 19 hrs., por orden del teniente FERNANDEZ MITCHEL dos compañeros me sacaron de la celda y fui conducido a la sala de guardia,donde estaba el resto de mis compañeros de detención, y nuevamente fuimos salvajemente golpeados.

Mientras esto ocurrió pude ver al profesor y militante del Partido Socialista RUBEN CAMPOS LOPEZ quien es uno de los martires de LAJA- y SAN ROSENDO.

Nuevamente queda de manifiesto la participación activa de la Papelera de LAJA en estos bárbaros actos,cuando uno de los directores [jefe de personal] HUMBERTO GARRIDO, pone a disposición del teniente FERNANDEZ MITCHEL SALGADO un bus de la empresa,así como cuerdas para atarnos. En este bus fui trasladado a la cárcel de los Angeles [ciudad cercana a la LAJA]. Cabe destacar que este mismo bus fue utilizado para transportar a los 19 asesinados por carabineros con la complicidad de civiles.

Cuando fui conducido por carabineros junto al resto de mis compañeros a la cárcel de los Angeles y cuando entramos al puente del salto de LAJA el teniente MITCHEL SALGADO y el sargento PEDRO RODRIGUEZ CEBALLOS ordenó al chofer de detenerse en la mitad del puente y fui llevado a golpes hacia la puerta atado de manos y tomado del cuello comenzó a empujarme con la clara intención de lanzarme del puente hacia el precipicio todo esto acompañado de insultos y amenazas, no conforme con esto me ordeno que me arrodillara a sus pies.

Cuando llegamos a la cárcel de los Angeles el teniente MITCHEL le indicó al capitàn responsable del penal que yo era peligroso, extremista perteniente al MIR y que fuera incomunicado hasta nueva orden ya que en mi casa se había encontrado una pistola y planos para asaltar la comisaria de LAJA cosa totalmente falsa.

La cárcel estaba llena de campesinos y obreros de los diferentes campos y fàbricas de la provincia, allí permanecí encarcelado hasta diciembre de 1973, recibiendo constantemente un maltrato càrcelario.

A fines de septiembre recibimos nuestra primera visita. Se trataba del párroco de LAJA, FELIX ELCHER, quien nos comunicó la muerte de los 19 compañeros de LAJA Y SAN ROSENDO.

El teniente WALTER KRUG RIVERA, jefe del campo de prisioneros de los Angeles, fue otro de los criminales del regimen de Pinochet, quien visitaba constantemente la cárcel buscando compañeros para trasladarlos al regimiento donde eran torturados,asesinados y desaparecidos.

Fue este personaje quien nos confirmó la muerte de 19 compañeros ya que se entretenia botando y destruyendo los alimentos que los famliares de estos les hacían llegar creyéndolos detenidos. La verdad era que los habían asesinado. Se trataba de un criminal sádico, quien insultaba y golpeaba a los detenidos cuando se le ocurría.

En el mes de diciembre de 1973 fui trasladado junto a 10 compañeros por el caso de LAJA,al campo de concentración del regimiento de los Angeles por orden expresa del capitán GUSTAVO MARZZAL, [jefe del SIM] quien era ademas jefe máximo del campo de prisioneros.Se nos dijo que esta medida era para ser puestos en libertad.

De los 11 compañeros sólo yo quedé detenido en calidad de incomunicado por orden del SERVICIO DE INTELIGENCIA MILITAR [SIM], los otros fueron puestos en libertad.

En la tarde del 11 de diciembre de 1973, fui trasladado al SIM.,a las salas de interrogatorios, que en realidad era una sala de amedrentamiento y desgaste anexa a una segunda sala de torturas. Los interrogatorios estaban a cargo de DOMINGO BASCUÑAN, PATRICIO ABARZUA [el PATO], MARIO PACHECO, RENÈ PAREDES, y el médico pediatra, GREGORIO BURGOS [DINA].Todos ellos pertenecientes al SIM.

La sala de torturas semejaba una clínica, con jeringas, un grupo electrógeno, un catre de $3>$3>$3>$3>l, y un armario de madera que semejaba una portería de fùtbol donde fui colgado de pies y manos mirando hacia el suelo, además había música para acallar los gritos de dolor. El piso de la sala era de madera y estaba salpicado con la sangre de los presos que habian sido torturados. Llamaba la atención que hubieran fotos de Miguel Enríquez y Salvador Allende. Allí fuí golpeado de cara a las fotos.

Cuando se cansaron de los golpes y botaba sangre por boca y nariz me botaron al piso donde me sacudieron a patadas por todo el cuerpo.

Duré entre 3 y 4 horas en esa sala. A los golpes siguió la corriente eléctrica y las quemaduras con cigarrillos. No contentos con ello, uno de los torturadores se colgó de mi espalda mientras me suspendían de la horizontal de la “portería”.

Las secuelas son de imaginarse pues hasta el día de hoy sufro de fuertes dolores en la espalda.

Luego de las torturas fui trasladado en calidad de bulto por dos soldados a una sala secreta [motel] de incomunicación del SIM, donde se encontraban otros 24 compañeros en pésimo estado de salud debido al exceso de las torturas.

Las secuelas sicológicas de este tratamiento aún perduran en mi mente.

El motel estaba retirado del campo de prisioneros y las condiciones en que allí vivimos fueron inhumanas. No veíamos la luz del día. No había otra manera de hacer las necesidades elementales sino en un tarro grasero que cada tres días, en las noches, era vaciado por nosotros. Nunca hubo atención médica para aquellos que venían de la tortura. Los guardianes robaban los alimentos que traían los familiares. Peor que todo, estabamos sometidos a volver a la tortura según plugiera a los torturadores.

Producto de ello me vinieron principios de epilepsia, no podía caminar, no podía ponerme los zapatos, ni siquiera sentarme o flectar la espalda, los compañeros me daban la comida en la boca. Nos llenamos de pulgas y piojos pues no podíamos lavarnos.

Un día llegó la CRUZ ROJA INTERNACIONAL, al campo de concentración. La administración del campo nos ocultó. Sin embargo, después de 3 meses, gracias a la Acciòn del Arzobispado de los Angeles y de la CRUZ ROJA INTERNACIONAL, los detenidos.

Después de un tiempo y por orden del SIM, fui trasladado nuevamente, al centro de torturas para ser interrogado por el caso de LAJA. Bajo promesas de libertad inmediata y salida del país, pretendieron que firmara una declaración con relación a la muerte de los 19 compañeros asesinados en un fundo de la Papelera.

Con mi negativa volví al régimen de golpes e incomunicación.

Cuando estuve en el campo de concentración me tocó presenciar un cobarde asesinato. Un campesino perdió la razón producto de los golpes y de la vida que llevabamos, por esto tomó un día una tabla de madera de pequeñisimas dimensiones y golpeó con ella a un soldadoen su casco ,esto lo viò el teniente Walter Krug Rivera, reconocido torturador y asesino,y ordenò que todos los prisioneros que estabamos cerca nos diesemos vuelta para no ver,y ordeno que nos fueramos a nuestras celdas,entonces el sacò su pistola y la descargò en el pobre campesino demente. CRUZ ROJA INTERNACIONAL supo de este cobarde asesinato pues se le mostrò el lugar de la muerte en donde aùn se veian las manchas de sangre estampadas en el cemento.

A mediados de 1974 fui trasladado a la càrcel pùblica de los Angeles ya que tenìa que pasar a proseso por el caso de LAJA. Luego de algunos dìas fui visitado por el SIM, quienes me ofrecieron quedar en libertad inmediata, siempre y cuando firmara una declaración falsa, a lo que nuevamente me negué. Producto de mi negativa, fuí nuevamente,incomunicado en muy mal estado de salud.

A fines de 1974 fui llevado ante un CONSEJO DE GUERRA POR EL CASO DE LAJA ,junto a 8 compañeros, donde al no comprobarse ningún cargo en mi contra fui puesto en libertad condicional con una pena de 345 días ya que siempre se sostuvo que el proceso se mantenia abierto, es decir permanecí 1 año y tres meses en cárcel y el campo de concentraciòn de los Angeles.

Diez años tenía Mauricio Araneda Medina cuando salió persiguiendo a la patrulla que se llevaba a su padre a la subcomisaría de Laja. En su fantasía de niño creyó poder rescatarlo y volver con él al hogar, en San Rosendo, el pueblo que popularizó La Carmela y que en 1973 todavía era el ombligo de Ferrocarriles del Estado, donde a lo menos  quince trenes diarios, con miles de almas en viaje, “combinaban” sus destinos al sur o al norte del país en febril actividad.

De una de esas locomotoras a vapor -que llenaban su panza con carbón de Lota- era maquinista Luis Araneda Reyes. Tenía 48 años, era dirigente, socialista y el último de los 19 detenidos desaparecidos de Laja-Yumbel en ser apresado por el entonces teniente Alberto Fernández Mitchel y sus 13 carabineros. Se lo llevaron desde la puerta de su casa después de alcanzar a despedirse de su mujer y de sus cuatro hijos. Uno de ellos, el hoy abogado Araneda Medina, acusa: “De  la Papelera-Laja salió la lista…”

El profesional hace referencia así a los civiles, identificados pero intocados hasta ahora por el ministro para causas de derechos humanos, Carlos Aldana Fuentes, quien el 18 de agosto de 2011, en histórica reconstitución de la matanza de Laja-San Rosendo, en el  fundo San Juan de Laja, lograra la confesión de 10 ex carabineros y  de cómo mataron a estos  obreros y ferroviarios al borde de una zanja de 60 centímetros de profundidad. De los cuatro inculpados restantes, tres están fallecidos- Pedro Rodríguez Ceballos, Evaristo Garcés y Sergio Castillo-y un cuarto carabinero no compareció a la diligencia judicial por hallarse enfermo.

“Los inculpados están confesos de la participación que tuvieron en este lugar y la han recreado de manera tal que concuerda con lo que han dicho anteriormente en declaraciones que le prestaron a este ministro, pero que en averiguaciones hechas por el ministro Martínez habían ocultado”, dijo el ministro Carlos Aldana al concluir la diligencia.

Un juez y dos ministros en visita -Carlos Aldana y José Martínez Gaensly -se han ocupado en 38 años de este caso de lesa humanidad, el segundo en importancia por el número de víctimas después de Lonquén. Luego se conocería lo de Mulchén y otros más. “Hace poco, visité al ministro Aldana y le agradecí en nombre de los que investigamos estos hechos, su decisión de descubrir la verdad”, dijo desde Ancud la abogada Martita Wörner Tapia, quien iniciara, en 1977, desde el Departamento de Derechos Humanos del Arzobispado de Concepción, las primeras indagaciones “para armar el puzzle”, y en el que pusieron todo su empeño curas como el de Laja, Félix Eicher, y los médicos legistas César Reyes, Juan Zuchel y María Antonieta Henríquez, entre tantos otros profesionales.

De los 10 carabineros hoy procesados por  homicidio calificado, sólo uno de ellos, el ex teniente Fernández sigue detenido en la Sexta Comisaría de San Pedro de la Paz.  En Iquique lo halló el largo brazo de la ley. Antes de abordar la patrulla de la PDI que recorrió 2.289, 73 kilómetros para que compareciera ante el juez, Fernández se despidió de su mujer y de su hijo enfermo. Les prometió volver. La misma promesa que 38 años atrás hiciera el maquinista Luis Araneda a su familia. Nunca regresó.

Pero no sólo directivos de la CMPC-Laja deberían comparecer ante el ministro Aldana según los requerimientos que preparan familiares de estas víctimas; también magistrados, como la ex jueza de Yumbel, Corina Mena, y  la ex secretaria de ese mismo tribunal y hoy ministra de la Corte Suprema, Rosa Egnem Saldías, quien, en octubre de 1973, recibió un parte de Carabineros que daba cuenta del hallazgo de 18 cadáveres que fueron encontrados en el fundo San Juan tapados con cal y trasladados a una fosa común del Cementerio de Yumbel. Como jueza subrogante y seis meses de experiencia en el tribunal, no investigó y  en una caja de fondos  guardó el papel por orden de la titular.

“En ese momento yo encontraba que lo que hacía y que agradara a la señorita Corina estaba bien hecho, porque ella sabía y tenía más experiencia” declaró Rosa Egnem en 1978 ante el ministro José Martínez Gaensly, según consigna en “No hay dolor inútil” la  periodista María Eliana Vega. El libro publica casos de derechos humanos en la Región del Bíobío entre 1973 y 1991 y que defendió la Iglesia de Concepción, en particular los obispos Manuel Sánchez, Alejandro Goic y José Manuel Santos.

“Muchas víctimas fueron asesinadas la madrugada del 18 de septiembre del 73’ a las 5.10 A.M en el fundo San Juan y tres meses después, exhumados y llevados al Cementerio de Yumbel  por policías de ahí mismo. Ella era magistrado y  se mantuvo en silencio; actuó igual que aquella jueza que le dio la orden de omitir. Desde luego la ministra Rosa Egnen no tiene responsabilidad en los hechos directos, pero esto denota  el estándar ético que uno tiene que pedir a quienes administran justicia, sobre todo desde el  máximo tribunal del país”, precisa el abogado Araneda.

Constituido en visita extraordinaria en el tribunal de Laja  para el proceso investigativo Rol N° 2770, el ministro Martínez Gaensly  logró establecer en 1978  la ubicación de la fosa común en el cementerio de Yumbel con 18 cuerpos, y en el fundo San Juan –lugar de la primera inhumación de las víctimas- el cuerpo número 19  faltante. Todos  fueron entregados a sus familiares cinco años después de permanecer en condición de detenidos desaparecidos. El 18 de marzo de 1980 y como había personal uniformado comprometido, el ministro Martínez se declaró incompetente y la causa pasó a la justicia militar, que la sobreseyó y aplicó la Ley de Amnistía. Era el 3 de diciembre de 1981.

Por un “choco” de diente

Diez años tenía  el abogado Araneda la última vez que vio a su padre el 15 de septiembre de 1973 de camino a la subcomisaría de Laja; catorce años Gloria Urra Parada cuando llegaba a la misma unidad policial a dejarle comida a Raúl, el mayor de sus 8 hermanos. Trabajaba en la Papelera-Laja y sin ser militante, simpatizaba del gobierno  y del “compañero” Salvador Allende. Tenía 23 años, fue apresado a la salida de la Papelera y “mi madre no tenía corazón para verlo  ahí, en un calabozo”. Gloria la suplía: le llevaba desayuno, almuerzo y once, como tantas otras mujeres con sus hijos en brazos hicieron también con sus familiares en un ir y venir a diario.

Más grande ya, en el pequeñísimo Juzgado de Laja y mientras los intervinientes aguardaban su turno para declarar ante el ministro José Martínez, Gloria Urra viviría en carne propia las pullas de los uniformados y sería partícipe de las reacciones de los familiares de los DD.DD inquiriendo por su paradero: llantos, gritos, recriminaciones, acusaciones. También la  prensa recibía lo suyo: “Ustedes sólo buscan revivir odios pasados”, reclamaba a los periodistas, protegido tras sus lentes oscuros, el sargento Pedro Rodríguez Ceballos, hoy fallecido.

“Nunca debió pasar lo que vivimos en las afueras del tribunal; los carabineros nos amedrentaban y se reían a carcajadas de nuestra desgracia” evocó Gloria, quien no olvida el peregrinar de sus padres por Concepción, Talcahuano, Chillán, Los Ángeles y Victoria tratando de hallar en los lugares de detención de la época al hijo. Desde entonces  se prometió “que lucharía en esta vida para que llegara la justicia”.

Hoy es la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Laja y a sus 52 años se acuerda bien del reconocimiento de cráneos  y ropas que autorizó el ministro Martínez Gaensly entre los que no halló a su hermano Raúl. “¡No está!, ¡no está…! -dije-; nos pidieron volver después y cuando lo hicimos, lo reconocimos altiro. Su cuerpo se había quedado en el fundo San Juan. Lo reconocimos por  los restos de pelo negro y crespo y por un “choco” de diente café de tanto fumar  cigarrillos Lucky Strike; por su pantalón de tela verde, bototos de seguridad y calcetines cafesosos. Su polerón rojo estaba lleno de orificios…”

El día de la reconstitución de escena en el fundo San Juan, enterarse “en vivo” cómo se llenó de orificios el polerón rojo de Raúl minó la resistencia de esta mujer. “Fue terrible. El ministro pidió recrear la forma cómo se ubicaron las víctimas y los fusileros. Los detectives les pasaron a los carabineros unos palos para ver cómo habían disparado: estando en una fila y  contándolos uno por medio, los separaron en tres o cuatro grupos y les dispararon a una orden del teniente Fernández…No será fácil olvidar esto, fue un dolor muy grande el que  nos causaron, pero sirvió para conversarles a los  jóvenes de Laja. No tenían claro lo que había pasado, porque -después de la romería- cuando nos entregaron los cuerpos para sepultarlos, nunca más se habló de esto en Laja”.

Otros datos de la investigación revelan que los fusileros bebieron para infundirse ánimo antes de ir al lugar del crimen. De allí los restos de botellas de licor en la tumba clandestina junto a la cual el ministro Aldana hizo la reconstitución de los hechos. Hoy, “uno podría decir que recién- con esta diligencia- esos carabineros se están sacudiendo de la resaca de aquella jornada, resaca que los acompañará hasta sus últimos días”, precisó Mauricio Araneda.

“Busque la cruz de madera y púas”

Desde Ancud, la abogada Martita Wörner lamenta que se haya perdido una cruz hecha con dos pedazos de madera amarrados con alambre de púa. Indicaba la sepultura ilegal y fue hecha por un obrero agrícola que, buscando animales en el fundo San Juan, de la Papelera, “encontraron dos cuerpos humanos semi enterrados y destrozados por perros”. El hombre dio cuenta en la Tenencia Salto del Laja y horas después, el comisario Héctor Rivera Rojas, ordenaba el traslado de 18 cuerpos al Cementerio de Yumbel con autorización de la jueza Corina Mena y previo reporte a la Intendencia  y a la Prefectura de Concepción.

El parte policial que, finalmente, quedó guardado en la caja de fondos del  Juzgado de Yumbel y confeccionado por el sargento primero Martín Gastón Rivera daba cuenta del hallazgo  de 18 cadáveres no identificados, que se encontraban enterrados “en una fosa de 60 centímetros, cubiertos con una capa de cal y tapados con tierra. Al desenterrarlos se  pudo apreciar que algunos presentan heridas a bala calibre 22 milímetros, otros con el cráneo destrozado y la mayoría con las manos amarradas por la espalda. Casi todos estaban descalzos y con puros pantalones.  Por la descomposición de los cuerpos y el deterioro de sus vestimentas, se presume que llevaban enterrados de 15 a 20 días”. Era el 11 de octubre de 1973 y la matanza había ocurrido el 18 de septiembre a las 5.10 AM.

Casi 6 años después de ese episodio, premunidos de palas y guiándose por señas de  un informante, Martita Wörner, la asistente social Nelly Henríquez, el padre Félix Eicher y el abogado Jorge Barudi encontraron la tumba ilegal.

Martita Wörner dice: “La tierra había sido removida sin mucho cuidado; encontramos una cédula de identidad, zapatos, unos lentes ópticos, restos de osamenta y en un extremo de la fosa un cuerpo completo, con sus piernas amarradas con alambre de púa. La pericia legal comprobó que no tenía huellas de impactos de balas mortales por lo que habría sido enterrado vivo. Impactados, improvisamos una especie de camilla para levantarlo completo. Recuerdo haber tomado un calcetín con todos los huesos de un pie humano.

Informado el ministro Martínez, en el lugar se constituyeron peritos. Desde ese momento, hallar la fosa común en el cementerio de Yumbel fue todo uno”.

Martita Wörner, ex diputada del PPD, reveló que años después declinó la presidencia de la Cámara de Diputados a favor de su colega Vicente Sota. No podía-dice- como tercera autoridad política del país cumplir el protocolo de ir a saludar al general Pinochet. Todavía era el  comandante en jefe del Ejército.

Sus pares, incluso, la tildaron de “loca” por rehusar el honor de ser la primera mujer presidenta de la Cámara baja y hasta la tentaron con que podría aparecer con frecuencia en revistas de papel couché si asumía el cargo.

Pero, agrega, “¿cómo darle la mano a un militar que las tenía manchada de sangre y seguir mirando de frente a los familiares de DD.HH y a todos los que había conocido durante mi trabajo en la Vicaría?  En toda mi vida he visto una mirada que trasluzca más dolor que el que siempre vi en Rosa Silva Sanhueza, cónyuge de Heraldo Muñoz Muñoz, el dirigente sindical de la Papelera detenido a los 28 años. Nunca la vi sonreír, cada vez que la contemplaba sentía que por todos sus poros emanaba un dolor intenso que un cuerpo tan frágil como el suyo difícilmente soportaba. Por eso estoy orgullosa de pasar a la historia  como soldado desconocido  y sin haber cedido a la soberbia del poder”.

-¿Cree usted que en estas 19 detenciones y muertes hubo participación de civiles de la Papelera-Laja? Circula una versión que junto a la entrada del fundo San Juan, en la época, se dio vuelta un camión con cal, materia que sirvió para “tapar” los cadáveres, pero que en realidad lo habría enviado uno de los jefes de la empresa, Carlos Ferrer Gómez. 

“No sólo se comenta. Desde un principio en la investigación que inició el ministro Martínez quedó claro que estas detenciones fueron ilegales, injustificadas y con participación de civiles en todas las etapas. Transportistas de la Papelera trasladaron a los detenidos al bosque del fundo San Juan. Para la exhumación y entierro clandestino, -hechos que ocultó la jueza Corina Mena- se contó también con logística y colaboración de civiles. La empresa siempre supo esto porque cinco o seis de las víctimas  eran obreros suyos.

Sin embargo, hay que tener presente que las detenciones fueron al azar, en cumplimiento de los bandos generales que emitió la Junta de Gobierno: detener a dirigentes sindicales de izquierda o comprometidos con el gobierno depuesto.

En Laja eran todos amigos: a algunos los fueron a buscar a sus casas y otros  se presentaron tras saberse buscados. En el trámite los acompañó el párroco Félix Eicher, quien se aseguró que nada malo les pasaría. Por eso resulta tan escalofriante cuando hoy, en el proceso que sigue el ministro Aldana, los culpables confesaran que, al pedir la orden de traslado de los detenidos desde la subcomisaría de Laja al Regimiento de Los Ángeles, desde esta unidad les dieron orden de “deshacerse de ellos porque el regimiento no tenía más capacidad”.

Fue una cacería. En septiembre de 1973 los carabineros de la Tenencia de Laja apresaron a 14 trabajadores de la Papelera y Ferrocarriles, a dos estudiantes secundarios y dos profesores, a los que llevaron al Fundo San Juan donde los ejecutaron y enterraron clandestinamente. Todos los policías habían bebido copiosamente pisco que les envió la CMPC, la que también aportó vehículos para la caravana de la muerte encabezada por el agricultor Peter Wilkens. A pesar de la desesperada búsqueda de sus familiares, el pacto de silencio sobre lo que ocurrió aquella noche se mantuvo hasta agosto del año pasado.

“Como era arena no era difícil cavar. Hicimos una zanja de 2 a 3 metros de largo por 1,5 de profundidad. Luego bajamos de los vehículos a los 19 detenidos. A algunos los arrodillamos frente a la zanja; a los otros los dejamos de pie. Estaban delante de nosotros, dándonos la espalda. Recuerdo muy bien cuando el carabinero Gabriel González discutió fuertemente con Nelson Casanova, porque éste último no quería disparar. Fue tanto que yo me metí y le dije a González que si le hacía algo a Casanova, yo le dispararía a él con el fusil Sig que tenía en la mano. Era tanta la tensión. Todos estábamos muy alterados, pero igual cuando el oficial dio la orden, procedimos a disparar. Todos disparamos, y cuando digo todos, incluyo al teniente Alberto Fernández Michell. Les disparamos por la espalda. Algunos cayeron directamente al foso. A otros, ya muertos, los tuvimos que empujar para que cayeran o bien los tomamos y tiramos al foso. Quedaron uno encima del otro. Luego los tapamos con la misma arena y algunas ramas y tomamos rumbo a Laja. Cuando llegamos a la Tenencia, seguimos tomando el pisco y las bebidas que el teniente había traído del casino de la planta papelera de la CMPC. Recién entonces los que quedaron en la guardia supieron lo que había pasado. Fernández dio la orden de guardar silencio. Después todo siguió como si nada”.

El cabo 1º (r) Samuel Vidal Riquelme fue el primero que quebró el pacto. Por 38 años guardó el secreto de lo que pasó la madrugada del 18 de septiembre de 1973 con los 19 trabajadores que durante los cinco días previos él y sus compañeros de la Tenencia de Laja aprehendieron en esa localidad y San Rosendo para luego meterlos en un pequeño calabozo, torturarlos y después, esa noche, ejecutarlos clandestinamente en un bosque cerca del Puente Perales, en el Fundo San Juan.

La primera vez que Vidal habló sobre lo que pasó esa noche fue en 1979, cuando el Arzobispado de Concepción presentó una querella contra los carabineros de la Tenencia y el entonces ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Concepción, José Martínez Gaensly, lo entrevistó. Pero esa vez dijo lo mismo que sus 15 compañeros de la Tenencia de Laja: que a los prisioneros los habían llevado al Regimiento de Los Ángeles. Martínez preguntó a los militares de ese regimiento por los 19 trabajadores, pero ellos aseguraron que nunca ingresaron allí. Entonces volvió a hablar con los carabineros. Aunque cambiaron la versión, todos dijeron lo mismo: que los habían subido a una micro que les había facilitado la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) y que en el camino a Los Ángeles se los habrían entregado a una “patrulla fantasma” de militares. Que desde entonces les perdieron la pista.

Para algo sirvieron las indagaciones de Martínez: se supo que los cuerpos estaban en una fosa común del Cementerio Parroquial de Yumbel. Que los habían llevado allí en octubre de 1973, sin que nadie supiera, cuando los sacaron del hoyo donde los habían enterrado después de que un agricultor denunciara a Carabineros de Yumbel que sus perros mordisqueaban unos restos humanos. El parte con la denuncia llegó al Juzgado de Letras de Mayor Cuantía de la localidad, pero la jueza Corina Mera ordenó que se guardara en la caja de fondos. Nunca se investigó.

Sin saber cómo habían llegado los cuerpos al cementerio ni quién los había ejecutado, los restos fueron identificados, y entregados a sus familiares que por seis años los habían buscado sin tregua. En marzo de 1980, Martínez se declaró incompetente y remitió los antecedentes a la Fiscalía Militar Ad Hoc de Concepción. En tres meses la causa fue sobreseída y a fines de 1981, la Corte Suprema ratificó el sobreseimiento. Esa fue la acción de la justicia.

27 años después, la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y el Programa de Continuación Ley 19.123, del Ministerio del interior, solicitaron a la Corte de Apelaciones de Concepción la reapertura de la causa. Después de revisar los antecedentes, el ministro Carlos Aldana dejó sin efecto la resolución que sobreseyó definitivamente a los carabineros denunciados y la ratificación de ese fallo por parte de la Corte Suprema. Se reabrieron así el sumario y la investigación bajo la causa rol 27-2010.

CIPER tuvo acceso a las declaraciones y documentos de esa investigación. Entre ellos está la confesión del cabo Samuel Vidal el 14 de junio de 2011 ante la Policía de Investigaciones (PDI). Desde entonces comenzaron a surgir uno a uno los detalles sobre el destino de los 19 trabajadores que él y sus compañeros asesinaron por la espalda la madrugada del 18 de septiembre de 1973. Así se supo de los operativos de captura, de la ejecución en un descampado y del apoyo y financiamiento que dieron para su exterminio un importante empresario de la zona y en especial la CMPC de la zona, empresa presidida en ese entonces por el ex Presidente Jorge Alessandri y cuyo principal accionista era el empresario Eliodoro Matte Ossa.

El juramento que los carabineros de la Tenencia de Laja hicieron en noviembre de 1973 en el Puente Perales, cuando su oficial a cargo, el teniente Alberto Fernández Michell, se iba destinado a Antofagasta, se había roto: “Que si alguien abría la boca, había que pitiárselo entre los mismos compañeros”.

15/9/73: CACERÍA EN SAN ROSENDO

El maquinista de Ferrocarriles Luis Alberto Araneda fue al mediodía a la Casa de Máquinas de San Rosendo para ver si estaba en “tabla”. Era lo que hacía todos los días cuando no le tocaba viajar la jornada anterior. Cuando llegó, vio a través de sus lentes de marco negro y grueso el papel que indicaba el itinerario de los trenes que saldrían ese día. Buscó su nombre, pero no aparecía entre los que tenían programado viajar ese sábado 15 de septiembre de 1973. Entonces comenzó la caminata de vuelta a su hogar en la Población Quinta Ferroviaria.

-Devuélvase al trabajo, que lo andan buscando los carabineros, a usted y a Juan Acuña –le dijo su vecino Eusebio Suárez, preocupado, cuando lo vio llegar.

Pero Luis Alberto no le hizo caso. Le respondió que su máquina estaba en la Maestranza, así que no tenía nada que hacer ese día allá. Además, si lo buscaban, no tenía por qué preocuparse. El día anterior había llegado de un viaje al sur y apenas supo que Carabineros requería que militantes y dirigentes sindicales se presentaran, Luis Alberto fue al Retén de San Rosendo. Allí le pidieron sus datos. En un papel escribieron su nombre, su RUT, que tenía 43 años, que era militante del Partido Socialista (PS), que presidía la Junta de Abastecimientos y Precios (JAP) y que era dirigente sindical de la Federación Santiago Watt de Ferrocarriles del Estado. Después le dijeron que podía retirarse. Luis Alberto volvió a su casa y no pensó más en eso, ni siquiera cuando Eusebio le dijo al día siguiente en la calle que lo buscaban, que hacía sólo unos minutos una patrulla de policías de Laja le había preguntado por él y que les había dicho dónde vivía.

Cuando estaba por llegar a su hogar, su esposa lo vio venir a través de la ventana con su vestón gris a rayas, su pantalón café, sus zapatos negros y sus anteojos del mismo color. También vio como seis o siete carabineros con cascos le cerraron el paso, levantaron sus fusiles y lo apuntaron justo cuando estaba por abrir la reja. Luis Alberto quedó tieso. Ella no lo pensó y salió gritando a los policías para que la dejaran, al menos, despedirse. Luis Alberto, que ya tenía las manos amarradas a la espalda, le dijo que sacara de su bolsillo el dinero y su reloj. Ella lo hizo. Luego vio como se lo llevaban. Faltaba poco para las 16:00 horas. La cacería en San Rosendo recién comenzaba.

Como la patrulla que comandaba el teniente Fernández venía de Laja y no conocía a quiénes debía detener, el carabinero Sergio Castillo Basaul, del retén de San Rosendo, les sirvió de guía. No había una lista formal ni órdenes de aprehensión: la orden que vino de la Comisaría de Los Ángeles fue detener a todos los dirigentes de la Unidad Popular (UP). Si Castillo, que los conocía, decía que alguno de los vecinos debía ser detenido, de inmediato lo apuntaban, lo amarraban y se lo llevaban.

Juan Antonio Acuña, 33 años, tres hijos, también maquinista y dirigente del sindicato de Ferrocarriles, fue el siguiente en la lista. Lo fueron a buscar a su casa una hora después, cuando estaba por sentarse a tomar once con su familia. La misma patrulla que había llegado a pie desde Laja se metió a la fuerza y lo sacó a punta de cañón. Luego le tocó al empleado de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), Dagoberto Garfias, de 23 años. A él le siguieron Mario Jara (21) que estaba en su casa con su mamá y su abuela; Raúl Urra (23), que también estaba en su domicilio; y el director de la Escuela 45 de San Rosendo, Óscar Sanhueza (23).

Todos fueron llevados a la Plaza de San Rosendo, donde los esperaba otro detenido: Jorge Zorrilla, un obrero minero de 25 años que trabajaba en Argentina y que estaba pasando en Chile sus vacaciones. Él, al igual que Luis Alberto Araneda, se presentó voluntariamente ante Carabineros. De inmediato lo apresaron y cuando llegaron los demás, la patrulla los amarró y se los llevó a pie por el puente peatonal que unía San Rosendo con Laja. Al otro lado los esperaba una micro, una de las tantas cortesías de la CMPC con la patrulla comandada por el teniente Fernández Michell, el oficial a cargo de la Tenencia de Laja. Una vez arriba del bus, se los llevaron.

11/9/73: LAS PRIMERAS ÓRDENES

Aunque fue el primero en ser detenido, el teniente (r) Fernández Michell fue el último de los miembros de la Tenencia de Laja en declarar ante el Tribunal. El 16 de agosto del año pasado fue detenido en Iquique, donde trabajaba como instructor en una escuela de conducción. Y cuando el día siguiente rompió el pacto de silencio que él mismo propuso después de la ejecución, partió por el principio:

“Estaba en mi domicilio entregado por la CMPC cuando recibí la noticia del Golpe Militar. Había llegado a la Tenencia de Laja a mediados de 1973 como subteniente subrogante, y como no había oficial, quedé de jefe. Tenía 22 años. Para el 11 de septiembre yo era la autoridad policial, y apenas supe del Golpe, mientras esperaba órdenes, llamé al acuartelamiento de todos los carabineros. Eso lo coordinaron el suboficial mayor Evaristo Garcés Rubilar y el sargento Pedro Rodríguez Ceballos, que me seguían en el mando”.

“Esa misma mañana recibí la orden por parte de la Jefatura de Los Ángeles para que detuviera a todas las autoridades de gobierno, subdelegados y al alcalde. La acción se cumplió sin problemas y después de detenerlos en nuestra unidad, fueron derivados al Regimiento de Los Ángeles en buses facilitados por la Papelera, porque ya tenía mucha gente en el cuartel. Días después, mi superior en Los Ángeles, el comisario Aroldo Solari Sanhueza, me ordenó comenzar a detener a todos los activistas de la comuna. Como la CMPC tenía una planta química, los activistas podían tomársela y actuar en nuestra contra. Esa fue la información que me llegó de inteligencia militar. Uno de esos días llegó el coronel de Ejército Alfredo Rehern Pulido para reiterar la orden. Les ordené a los suboficiales Garcés y Rodríguez que procedieran con el personal a realizar esa labor, porque ellos conocían más a esas personas”.

Desde que Salvador Allende asumió la presidencia en 1970, la CMPC formaba parte de la lista de empresas que el gobierno pretendía expropiar. Por eso, el mismo día del Golpe, una patrulla comandada por Fernández Michell fue hasta la planta que la Papelera tenía –y aún tiene– en Laja. Eran las 16:00 horas cuando los cerca de 300 funcionarios que salían de su jornada se encontraron con Fernández, Garcés, Rodríguez y otros miembros de la Tenencia. Los hicieron formarse en filas. La patrulla tenía en sus manos una lista que el superintendente de la planta Carlos Ferrer y el jefe de personal Humberto Garrido, habían preparado: esos eran los “activistas”.

Los que figuraban en la nómina fueron separados y llevados a golpes y apuntados por fusiles al edificio contiguo, donde funcionaba el policlínico de la empresa. Allí los volvieron a golpear. Después los subieron a vehículos de la CMPC y se los llevaron al cuartel. Todos ellos fueron derivados después, en la misma micro de la empresa del Grupo Matte, a Los Ángeles. Entre ellos estaba Eduardo Cuevas, un mecánico de mantención de la Papelera y militante del MIR que se sumó voluntariamente a la reconstitución de escena que llevó a cabo el ministro Aldana el 18 de agosto del año pasado. Antes de que se lo llevaran, Fernández lo agarró y se los mostró a sus compañeros de trabajo aún formados en la fila: “¡Véanlo por última vez!”, les gritó.

Después de poco más de un año y tres meses en centros de detención y tortura, y luego de pasar por un Consejo de Guerra, a Eduardo Cuevas se le volvió a ver. Una “suerte” que los que fueron cazados los días siguientes no tuvieron.

13 y 14/9/73: LA CAÍDA DEL ESTUDIANTE Y LOS OBREROS

Lo primero que hizo la patrulla que ese día encabezaba el sargento Pedro Rodríguez Ceballos, fue ir a la Estación de Trenes. En el andén, Manuel Becerra se despedía de su mamá, su abuela, su hermano y su prima. Eran las 8:00 y en sólo unos minutos saldría el tren que lo llevaría de vuelta a Curacautín, donde cursaba la enseñanza media en la Escuela Industrial. Estaba a punto de abordar cuando los carabineros lo agarraron. Entre los gritos de sus familiares, Manuel Becerra fue sacado a golpes de la estación, lo subieron al jeep que la CMPC les había otorgado para que se movilizaran, y se lo llevaron a la Tenencia de Laja. Era el 13 de septiembre de 1973. Mario tenía 18 años.

En cosa de minutos le avisaron a su papá, que trabajaba en las oficinas de Transportes Cóndor. Apenas supo, le pidió a su jefe que hablara con Carabineros y gestionara su liberación. Él fue a la Tenencia y habló con el guardia de turno, pero le dijeron que ya habían registrado su detención en los libros correspondientes. Después le dirían a su padre que lo habían detenido porque “militaba con los miristas”. Manuel ya había sido detenido antes, durante la campaña para las elecciones parlamentarias de 1973, por pintar junto a otros amigos consignas del MIR en Laja. El joven quedó detenido.

El siguiente en la lista fue Luis Armando Ulloa, 41 años, casado, cinco hijos, militante del Partido Comunista (PC) y obrero maderero de la Barraca Burgos de Laja, adonde lo fueron a buscar. Eran las 8:30. Como su hijo mayor trabajaba con él, lo primero que hicieron sus compañeros fue avisarle apenas llegó, porque justo cuando se lo llevaron no estaba. Él corrió a su casa y le avisó a su madre aún convaleciente del último parto. Tampoco pudieron hacer nada por sacarlo.

Esa tarde, los carabineros volvieron a la CMPC. Apenas puso un pie afuera de la planta, Juan de Dios Villarroel fue secuestrado por la patrulla de Rodríguez. Tenía 34 años, cuatro hijos y la mala fortuna de trabajar en una empresa que elaboró una lista negra con los nombres de sus propios empleados. En esa misma nómina estaban sus compañeros de trabajo Jack Gutiérrez, militante del MAPU; Heraldo Muñoz, del PS; y Federico Riquelme. A todos los llevaron a la Tenencia, donde se sumó el comerciante de frutas y verduras y regidor del Municipio, Alfonso Macaya, que llegó voluntariamente después de oír en una radio local que lo andaban buscando. A él lo dejaron libre al día siguiente, pero el 15 de septiembre lo fueron a buscar de nuevo a la casa de sus suegros. Nunca regresó.

El 14 de septiembre, Rodríguez salió de nuevo a las calles en el jeep de la CMPC. No tuvo que alejarse mucho, porque a los dos hombres que se sumaron ese día al grupo de detenidos políticos, los encontró saliendo de su trabajo en la planta papelera. Uno era Wilson Muñoz. El otro, Fernando Grandón, que a sus 34 años ya tenía ocho hijos.

16 y 17/9/73: LA PEQUEÑA TENENCIA

Muy probablemente, la Tenencia de Laja nunca tuvo tantas visitas como esos días. Para la noche del 15 de septiembre de 1973, en el calabozo de aquella construcción en Las Viñas Nº 104 que Fernández recuerda como “dos mediaguas grandes a las que se le habían hecho unos agregados”, había 17 personas detenidas: a los siete que trajeron de San Rosendo y a los nueve que secuestraron en Laja, se había sumado esa tarde el director del Sindicato Industrial de la CMPC, Jorge Lamana, que se presentó en la Tenencia de forma voluntaria.

Desde que comenzaron las detenciones, sus padres, hermanos e hijos los fueron a visitar con la autorización del oficial a cargo del recinto. La esposa de Fernando Grandón llegó el mismo día que lo detuvieron a verlo por primera vez. Cuando lo vio, lo notó asustado, pero sin lesiones. La hija mayor de Luis Armando Ulloa también fue a verlo y cuando lo encontró en medio del grupo, se dio cuenta que le habían cortado el pelo a tijeretazos. Pero la peor parte se la llevaron los de San Rosendo. Todos ellos tenían moretones, rasguños y mordeduras de perros. Jorge Zorrilla, el minero detenido en sus vacaciones, dijo a uno de los familiares de los detenidos que también los habían sentado en la pica.

El 16 de septiembre llegaron a la celda los últimos dos miembros del grupo. A Juan Carlos Jara, de 17 años, lo agarró la patrulla de Pedro Rodríguez cuando peleaba con otros jóvenes en la calle. A Rubén Campos, director de la Escuela Consolidada de Laja, lo sacaron de su casa y de ahí fue directo al calabozo.

Hasta el 17 de septiembre, las visitas a los prisioneros continuaron. En las mañanas llegaban casi todos los familiares con el desayuno recién hecho y ropa limpia. Más tarde les llevaban almuerzo y en la noche la cena. También los visitaba el párroco de Laja, el sacerdote Félix Eicher, que ingenuamente había acompañado a algunos de los que se presentaron voluntariamente a la Tenencia para que “arreglaran sus problemas”. Y cada vez que iban intentaban convencer a los carabineros de que los soltaran. Los presos les decían que estuvieran tranquilos, que pronto saldrían de allí. La noche de la víspera de fiestas patrias, el teniente Fernández Michell recibió una orden.

“Estaba cenando en el comedor cuando el suboficial Garcés me dijo que el mayor Solari, el comisario de Los Ángeles, estaba al teléfono. Estaba muy molesto conmigo porque había mandado mucha gente al regimiento sin preguntarle. Yo lo había hecho por un tema de espacio. Me asustó que estuviera enojado, porque yo me había casado sin permiso de mis superiores y estaba esperando a mi primera hija, así que tenía que hacer lo que me dijera, si no me arriesgaba a otra sanción. Me preguntó cuántos detenidos tenía en la unidad. Le dije que había 19 personas. Me dio la orden de “eliminarlos”. Me dijo que si no lo hacía, tendría que atenerme a las consecuencias. Luego cortó. De inmediato llamé a Garcés y Rodríguez y les dije que alistaran al personal”.

18/9/73: MATANZA EN EL BOSQUE

Los hombres que seguían a Fernández en la cadena de mando hicieron unas llamadas y en sólo minutos consiguieron cordeles, alambres, palas, vehículos y hasta un lugar alejado donde llevar a cabo la masacre. Tenían carabinas y fusiles para todos los funcionarios de la Tenencia. También el alcohol que les dio la CMPC. El plan para matar a los 19 ya estaba en curso.

“Cuando nos llamaron al cuartel, ya había comenzado el toque de queda. Al llegar, nos juntaron en una sala que usábamos de comedor y nos ordenaron beber pisco en abundante cantidad. Estábamos casi todos los integrantes de la Tenencia de Laja, desde el teniente Fernández Michell, hacia abajo. Los que no llegaron al cuartel, se unirían más tarde a nosotros. Después de tomar, el teniente Fernández nos dijo que sacáramos a los 19 detenidos de los calabozos de la Tenencia. Les amarramos las manos atrás de sus espaldas con cáñamo y alambres de fardo de pastos, los llevamos afuera y los subimos al bus de la CMPC. Yo tuve que custodiar el interior del bus. Por eso llevaba mi fusil Sig en las manos. Tomamos la carretera hacia Los Ángeles. Al frente de la caravana iban en un jeep Fernández, Garcés y Peter Wilkens, un agricultor alemán de la zona”.

Hasta que el cabo Samuel Vidal declarara en junio de 2011, el nombre de Wilkens jamás apareció en la investigación. Después de él, Fernández y varios carabineros ratificaron su participación en la matanza de esa noche. Antes no se sabía que Garcés lo había llamado, que había acompañado a Fernández en el jeep de la CMPC que lideraba la caravana ni que pasado el Puente Perales, después de una curva en el camino entre Laja y Los Ángeles, fue él quien le dijo que doblara a la derecha y que se detuviera 300 metros más allá, en un claro junto a un bosque de pinos. Como sólo los carabineros que estuvieron esa noche y juraron silencio sabían que Wilkens había estado allí, nadie relacionó el hecho cuando en 1985 un joven de 19 años llamado Arturo Arriagada, sin antecedentes, ingresó a su fundo en Laja, mató a su mayordomo, ingresó a su habitación y le dio un escopetazo. Después subió los cadáveres a su furgón y los sepultó el borde del camino, muy cerca de donde esa noche sepultaron a los detenidos de Laja y San Rosendo.

Según un reportaje que publicó Contacto cuando en 2001 se estaba por abolir la pena de muerte en Chile, Arriagada fue condenado a cadena perpetua y para entonces, por su buena conducta, había sido incorporado al Centro de Educación y Trabajo (CET) de Concepción. Para su acto criminal, la justicia sí funcionó. Wilkens, en cambio, murió sin que nadie lo interpelara por haber sido cómplice y haber guiado y observado como un grupo de policías fusilaba a 19 obreros la madrugada del 18 de septiembre de 1973 en el Fundo San Juan. Una noche que el sargento 2º (r) Pedro Parra recuerda muy bien:

“No había militares ni agentes de la DINA; sólo estábamos los de la Tenencia, menos los tres que se quedaron en la guardia. Cuando nos detuvimos, la camioneta quedó muy cerca de unos arbustos. La noche estaba clara y había luna, pero igual se usaron las luces de los vehículos. Con la pelea entre Gabriel González y Nelson Casanova, recién tomé el peso de lo que estaba pasando. Ya estaba todo decidido. El teniente Fernández Michell no decía nada; era uno más del grupo. Los detenidos estaban frente a nosotros con sus manos atadas. Yo tenía una carabina Mauser. Cuando Fernández dio la orden, todos apuntamos a los detenidos que nos habían asignado. Ninguno de ellos se quejaba o decía algo. Entonces dieron la orden de disparar. Todos lo hicimos”.

18/9/73: DESPUÉS DE LA MASACRE

Los cadáveres quedaron bajo tierra. El grupo de carabineros subió a los vehículos y volvió al cuartel de Laja. Todos recuerdan que fue un momento extraño, que nadie se atrevió a decir algo. Cuando llegaron, se bebieron lo que había quedado del pisco que habían tomado antes de partir. Y allí mismo acordaron que nadie diría nada, que si alguno hablaba, correría la misma suerte de los que acababan de asesinar.

A la mañana de ese día, Gloria Urra se levantó temprano, preparó el desayuno, y como los días anteriores, fue a la Tenencia a ver a su hermano Raúl. Esperaba encontrarse con todos los detenidos y sus familiares, sentarse junto a ellos y compartir la comida. Pero el calabozo estaba vacío. Ahora que lo estaban limpiando, se veía mucho más grande. A Hilda Bravo, la esposa del comerciante de frutas Alfonso Macaya, no le habían permitido verlo cuando lo encerraron dos días antes, así que esa mañana esperaba encontrarse con su marido. Pero le dijeron lo mismo que a las madres, esposas, hermanos e hijos de los 19 trabajadores que estuvieron allí hasta la noche anterior: que los habían trasladado al Regimiento de Los Ángeles.

Los familiares se agruparon y partieron a buscarlos. En el Regimiento de Los Ángeles no los encontraron. Pasaron por la cárcel, el gimnasio de IANSA; nada. Después, algunos se fueron a Concepción y preguntaron en el Estadio Regional, en la Isla Quiriquina, en Talcahuano; sus nombres no aparecieron en las listas de prisioneros. Pasaron los días y la desesperada búsqueda se repitió una y otra vez en Chillán, en Linares. Así fue por semanas, por años. Muchos gastaron sus ahorros recorriendo distintas ciudades del país, buscando y preguntando sin respuestas. Pasaron por Temuco hasta llegar a Santiago. Todo fue inútil: los 19 se habían esfumado.

Dos días después de la masacre, el sacerdote Félix Eicher acompañó al obrero de la CMPC, Luis Sáez, a Los Ángeles, según declaró ante el ministro Carlos Aldana, “para que los de Laja no le hicieran nada”. Los días previos habían allanado dos veces su casa buscándolo, pero no lo habían encontrado. “Así como se entregó Macaya, dile a tu marido que también lo haga”, le habría dicho el sargento Rodríguez a su esposa. El sacerdote lo convenció de que se entregara el 20 de septiembre de 1973. Ese mismo día quedó detenido. Seis años después, cuando encontraron a los otros 19 en el cementerio de Yumbel –donde habían sido llevados clandestinamente por Fernández y sus hombres–, los restos de Luis Sáez aparecieron en el Fundo San Juan.

EL PROCESO DE LOS FUSILEROS DE LAJA
Aunque habían pasado 38 años, muchos de los carabineros que trabajaron en la Tenencia de Laja en septiembre de 1973 pretendieron en 2011 mantener su juramento de silencio sobre lo ocurrido en la madrugada del 18 de septiembre de ese año . El sargento 1º (r) Gabriel González, por ejemplo, aseguró ante la PDI que no sabía nada de los 19 desaparecidos y que él sólo participó en algunas detenciones. Nada dijo de su pelea con Nelson Casanova esa madrugada justo antes de dispararles por la espalda. Y el mismo Casanova, quien según los testimonios se resistió a disparar, declaró: “En esa época había muy buena relación con los trabajadores de la CMPC, por lo que no tuve conocimiento de que hayan sido detenidos empleados de dicha empresa”.

Fueron los testimonios de los que sí decidieron confesar los que le permitieron al ministro en visita Carlos Aldana emitir en agosto de 2011 una orden de detención para los 14 funcionarios aún vivos que participaron en las detenciones y en la ejecución de los trabajadores asesinados en el Fundo San Juan. Después de eso, todos comenzaron a hablar. El 18 de ese mes, Aldana realizó con todos los detenidos la reconstitución de escena de la cadena de hechos que acabaron con la vida de los 19 trabajadores. Fue un día clave, dramático. Después de eso, no quedaron más dudas: luego de cuatro días, el ministro procesó a nueve de los carabineros por homicidio y a uno por encubrimiento. Otros tres, los que esa noche se quedaron en la guardia, fueron sobreseídos. A pesar de la crudeza de los crímenes, hoy todos están libres.

La siguiente es la lista de todos los carabineros involucrados y lo que ocurrió con ellos:

1.- Alberto Juan Fernández Michell: Teniente (r) de Carabineros. Fue el oficial a cargo de la Tenencia de Laja y el responsable de ejecutar las órdenes que provenían de Los Ángeles. Él ordenó y participó en las detenciones y la ejecución en el Fundo San Juan. Fue llamado a retiro de la institución en 1979, aduciendo “falta de vocación”. Fue procesado como autor de homicidio. Cuando todos los demás obtuvieron la libertad provisional, él quedó detenido por ser el oficial responsable. Su defensa apeló y salió libre luego de pagar una fianza de $300.000.

2.- Evaristo Garcés Rubilar: Era suboficial de Carabineros y el segundo al mando en la Tenencia de Laja, por lo que jugó un papel clave en la organización de las detenciones y la matanza de los 19 en el Fundo San Juan. Él se consiguió el lugar para la ejecución clandestina y contactó al agricultor alemán Peter Wilkens. Murió el 25 de diciembre de 1987 a los 60 años por un accidente vascular producto de la diabetes.

3.- Pedro Rodríguez Ceballos: Sargento de Carabineros. Estuvo a cargo de varias de las detenciones y tuvo un papel protagónico en la gestión de la ejecución. Estaba casado y tiempo después de lo que ocurrió esa noche, pasó a ser parte de la DINA. Murió el 22 de diciembre de 2002 el el Hospital Dipreca por un cáncer gástrico metastásico que le provocó una falla multiorgánica. Tenía 64 años.

4.- Lisandro Alberto Martínez García: Sargento 1º (r) de Carabineros. Si bien declaró en un principio no haber participados en la masacre porque en ese entonces trabajaba en la oficina de partes del cuartel, terminó aceptando su participación: “Todos portábamos fusiles y disparamos”, dijo. Fue procesado como autor de homicidio y salió en libertad provisional con una fianza de $300.000.

5.- Luis Antonio León Godoy: Sargento 2º (r) de Carabineros. Al principio dijo que habían sido los militares los que pasaron por la Tenencia y se llevaron a los 19 detenidos. Luego cambió su versión: “Cuando mi suboficial Garcés dio la orden, todos debimos disparar”, señaló. Fue procesado como autor de homicidio y salió en libertad provisional luego de pagar una fianza de $300.000.

6.- José Jacinto Otárola Sanhueza: Sargento (r) de Carabineros. En sus declaraciones aseguró que no había participado y que no estuvo la noche de la matanza. Pero en la reconstitución de escena, reconoció haber estado allí. Su función fue estar todo el tiempo en el jeep de la CMPC alumbrando lo que sucedía al frente suyo. Lo vio todo, pero no apretó el gatillo. Fue procesado por encubrimiento de homicidio y luego de pagar una fianza de $100.000, obtuvo su libertad provisional.

7.- Gerson Nilo Saavedra Reinike: Sargento 1º (r) de Carabineros. Fue uno de los primeros en prestar declaración y reconocer lo que sucedió la madrugada del 18 de septiembre de 1973. Esa noche se juntó con la caravana cuando ya estaban por llegar al Fundo San Juan. Lo procesaron por homicidio y obtuvo su libertad provisional después de pagar una fianza de $300.000.

8.- Florencio Osvaldo Olivares Dade: Sargento 2º (r) de Carabineros. También reconoció su participación desde el 11 de septiembre de 1973. “Fueron días difíciles, se dormía poco”, dijo. Es uno de los procesados por homicidio y tras pagar los $300.000 de la fianza, salió en libertad provisional.

9.- Pedro del Carmen Parra Utreras: Sargento 2º (r) de Carabineros. Apenas lo interrogaron, contó con detalles lo que sucedió esa noche. También fue procesado por homicidio y está con libertad provisional desde que pagó los $300.000 de su fianza.

10.- Gabriel Washington González Salazar: Sargento 1º (r) de Carabineros. Fue el hombre que se peleó antes de disparar, aunque cuando le tocó declarar, dijo que habían sido los militares. Después reconoció su participación. Los procesaron por homicidio y hoy está libre.

11.- Samuel Francisco Vidal Riquelme: Cabo 1º (r) de Carabineros. Fue el primero que rompió el pacto de silencio. Su testimonio fue clave para aclarar lo que pasó con los 19 trabajadores en Laja. Fue procesado por homicidio y también obtuvo su libertad tras pagar la fianza de $300.000.

12.- Víctor Manuel Campos Dávila: Perteneció por 30 años a Carabineros. En su primera declaración sólo dijo que después del 11 de septiembre, la Tenencia de Laja se mudó a dependencias de la CMPC. Después agregó que estuvo esa noche y que disparó cuando se lo ordenaron, pero que no lo hizo a los cuerpos. Es uno de los procesados por homicidio y hoy goza de libertad provisional.

13.- Nelson Casanova Salgado: Sargento 1º (r) de Carabineros. Había dicho que nunca había participado en un operativo de detención de trabajadores de la CMPC, pero se comprobó su participación. También procesado por homicidio, hoy está libre después de pagar la fianza.

14.- Luis Muñoz Cuevas: Cabo 1º (r) de Carabineros. Como esa noche se quedó haciendo guardia en el cuartel, el ministro Aldana lo sobreseyó de la investigación.

15.- Anselmo del Carmen San Martín Navarrete: Suboficial (r) de Carabineros. Su misión esa noche fue detener el tránsito en la zona del hospital para que pasara la caravana. Después volvió a la Tenencia y se quedó toda la noche allí. Es uno de los tres carabineros sobreseídos.

16.- Juan de Dios Oviedo Riquelme: Suboficial (r) de Carabineros. También se quedó esa noche de guardia en la Tenencia de Laja, por lo que fue sobreseído.

17.- Sergio Castillo Basaul: Suboficial de Carabineros. Si bien no participó en el fusilamiento, tuvo un rol activo al guiar las detenciones en San Rosendo, ya que el se desempeñaba en esa localidad y conocía a sus habitantes. Murió el 16 de septiembre de 2005 por una hemorragia digestiva masiva, várices esofágicas y cirrosis de laennec, la que produce el alcoholismo.

LUIS SÁEZ: EL FUSILADO Nº 20
La primera vez que los carabineros de la Tenencia de Laja fueron a buscar a Luis Sáez Espinoza (37 años) a su casa en la Población Mario Medina, fue el 11 de septiembre de 1973 a las 10:00. Además de empleado en la CMPC, Sáez era dirigente sindical y militante del MAPU. Por eso, apenas supo del Golpe, pasó a la clandestinidad. Como él no estaba cuando llegaron los carabineros, allanaron su casa frente a su esposa, Rosa Ibaca, y sus hijos. Tres horas después, la patrulla al mando del sargento Pedro Rodríguez Ceballos volvió en el jeep que la empresa del Grupo Matte les había proporcionado, con cascos y armamento largo. De nuevo allanaron su vivienda, pero esa vez se llevaron a Rosa. Apuntándola con sus fusiles, la llevaron donde unos vecinos y como nadie sabía dónde estaba Luis, la dejaron allí. Al día siguiente se repitió la escena.

El 14 de septiembre, el sargento Rodríguez llegó de nuevo a buscar a Luis y por tercera vez, no lo encontró. Ese fue el día en que le dio a su esposa el recado: que se entregara como ya lo había hecho el día anterior Alfonso Macaya. Minutos después llegaron unos asistentes sociales de la empresa para ver cómo estaba la familia y se comprometieron en hablar con el teniente Fernández Michell para que no allanaran más esa casa. Los niños estaban traumatizados.

Seis días después, el párroco de Laja, Félix Eicher, fue a hablar con la mujer. Le dijo que sabía dónde estaba Luis y que quería hablar con ella. El sacerdote la llevó en su camioneta. Cuando se encontraron, ella le dijo que debía entregarse. Luis tenía miedo, sabía que su vida peligraba, que sólo dos días antes el grupo de 19 detenidos había desaparecido sin dejar rastros. Para que no le pasara nada, el cura lo convenció de ir a Los Ángeles y no a la Tenencia de Laja. Él acepto. Ese mismo día, 20 de septiembre de 1973, poco antes del toque de queda, fueron en la camioneta del sacerdote hasta la Prefectura de Los Ángeles. Luis se bajó del vehículo, se presentó y allí quedó detenido. El sacerdote Eicher fue testigo.

Al día siguiente el mismo sacerdote le avisó al sargento Rodríguez que Luis ya se había entregado.

Rosa fue a dejarle ropa y comida en la oficina de la Cruz Roja, pero todo se lo devolvieron porque Luis no estaba en ningún centro de detención. Su esposa lo buscó durante años con la ayuda del sacerdote y el obispo de Los Ángeles, Orozimbo Fuenzalida, pero nada. Nunca más se supo de Luis.

La búsqueda se extendió hasta 1979, cuando la investigación que conducía el ministro en visita José Martínez llevó al paradero de los fusilados de Laja y San Rosendo, pero no a sus victimarios. Mientras que los demás habían sido llevados al Cementerio Parroquial de Yumbel, los restos de Luis aparecieron enterrados clandestinamente en el mismo lugar donde se llevó a cabo la masacre, en el Fundo San Juan, junto a un bosque de pinos de la CMPC. Tenía un orificio de bala y estaba amarrado con alambres.

En los documentos a los que tuvo acceso CIPER, aparece mencionado el Informe Policial Nº 988 del 15 de marzo de 2011. Según ese documento, se le preguntó a sus familiares directos, pero ellos dijeron que nunca les entregaron sus restos, por lo que aún Luis Sáez Espinoza es un detenido desaparecido.

En 1978 la ahora ministra de la Corte Suprema, Rosa Egnem, admitió que ocultó información clave sobre la matanza de Laja: la ejecución de 19 personas, perpetrada por civiles y carabineros. Entonces trabajaba en un tribunal de Yumbel y a pesar de este episodio siguió ascendiendo hasta llegar al máximo tribunal. Ahora, agregará una nueva distinción: el próximo 31 de enero asumirá la presidencia del Tribunal Calificador de Elecciones. En ese puesto tendrá que cautelar el plebiscito constitucional. El 7 de enero pasado se dictó condena por los crímenes de Laja, 46 años después. Solo carabineros fueron sentenciados y nada se dijo sobre el rol de los ejecutivos de la Planta de Laja de la CMPC, compañía emblemática del Grupo Matte.

Una semana después el Golpe de Estado, en la madrugada del 18 de septiembre de 1973, 19 hombres -trabajadores de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), ferroviarios, profesores y dos estudiantes- fueron asesinados y enterrados subrepticiamente en un campo privado de Laja, en la Región del Biobío. Durante más de 40 años hubo impunidad para sus victimarios y susurros sobre lo que les ocurrió a las víctimas. Un silencio que devela la colusión que existió para ocultar crímenes de lesa humanidad entre empresa privada, políticos, policías y, por cierto, distintos estamentos de la justicia chilena.

La protección para los homicidas y sus cómplices tuvo un hito solo un mes después de lo que se conoció como la Masacre de Laja y San Rosendo. En octubre de 1973, un agricultor de la zona encontró cadáveres mutilados de algunas de las víctimas y dio cuenta a la justicia. Pero su denuncia fue ocultada en una caja de fondos y bajo llave por la abogada Rosa Egnem, entonces secretaria de la jueza Corina Mera del Juzgado de Letras de Mayor Cuantía de Yumbel.

Rosa Egnem

Rosa Egnem es hoy ministra de la Corte Suprema. Su acción de omisión y manipulación de registros judiciales hizo que las viudas e hijos de todos los asesinados continuaran por seis años buscando a sus seres queridos. En cambio, Egnem, quien confesó su delito en 1978 sin recibir sanción alguna por parte de la Corte de Apelaciones de Concepción, pasó a ser jueza y siguió ascendiendo en su carrera judicial.

A pesar de su historial, el próximo 31 de enero la ministra Rosa Egnem asumirá como presidenta del Tribunal Calificador de Elecciones, el que deberá cautelar el decisivo plebiscito sobre una nueva Constitución el 26 de abril.

La condena por los crímenes de Laja y San Rosendo acaba de ser dictada este 7 de enero por el ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana. Sólo carabineros fueron condenados. Ni una letra sobre el rol protagónico que tuvieron en los homicidios calificados los ejecutivos de la Planta de Laja de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), propiedad del Grupo Matte. Al igual que en el reciente millonario fraude de la colusión del papel higiénico que organizó la CMPC, sus dueños no pagaran con cárcel. El único que fue interpelado por la justicia fue el empresario Roberto Izquierdo Menéndez, quien en septiembre de 1973 era gerente de la CMPC, propietaria de la Forestal Mininco, la que a su vez era dueña del Fundo San Juan donde se enterraron ilegalmente los cuerpos de los 19 prisioneros ejecutados.

Roberto Izquierdo

Roberto Izquierdo Menéndez debió reconocer que sí tuvo conocimiento de la masacre de Laja y San Rosendo, aunque hoy no recuerde nada. Actualmente es consejero de la Sofofa y uno de los empresarios más poderosos el país. Y su poder lo hace sentir. Desde la presidencia de Alimar y a pesar de haber sido investigado por los pagos ilegales a la política que hizo a través del gremio de las pesqueras del sur (ASIPES), al que pertenece, y de haberse confirmado en tribunales y en CIPER que la Ley de Pesca que votó el Congreso fue a la medida de las pesqueras y de sus pagos ilegales, en enero del año pasado se lanzó en picada en contra del gobierno. Frente a la nueva Ley de Pesca que debe reemplazar a la que se obtuvo con coimas, Izquierdo Menéndez acusó “expropiación” y reiteró: “Obvio que sí. Si la autoridad cambia las condiciones nos tienen que indemnizar porque son derechos adquiridos” .

De impunidad Izquierdo Menéndez sabe. Dos de sus hermanos, Diego y Julio Izquierdo Menéndez, participaron del asesinato del general René Schneider en octubre de 1970, ejecutado por un grupo de extrema derecha para impedir que Salvador Allende asumiera la presidencia. Nunca fueron enjuiciados: a pesar de todas las pruebas judiciales que demuestran su participación, gozaron de la impunidad que les proporcionó el régimen militar.

EL FALLO DE LA COLUSIÓN

Cuarenta y seis años debieron transcurrir para que los familiares de las víctimas de Laja y San Rosendo obtuvieran algo de justicia.

El 7 de enero recién pasado el ministro en visita extraordinaria Carlos Aldana, de la Corte de Apelaciones de Concepción, condenó a nueve carabineros en retiro por su responsabilidad en 19 delitos de homicidio calificado. Solo uno de ellos, el ex oficial de Carabineros Alberto Juan Fernández Michell, recibió la pena de presidio perpetuo como autor de los homicidios calificados de: Fernando Grandón Gálvez, Jorge Andrés Lamana Abarzúa, Rubén Antonio Campos López, Juan Carlos Jara Herrera, Raúl Urra Parada, Luis Armando Ulloa Valenzuela, Óscar Omar Sanhueza Contreras, Dagoberto Enrique Garfias Gatica, Luis Alberto del Carmen Araneda Reyes, Juan Antonio Acuña Concha, Juan de Dios Villarroel Espinoza, Heraldo del Carmen Muñoz Muñoz, Federico Riquelme Concha, Jorge Lautaro Zorrilla Rubio, Manuel Mario Becerra Avello, Jack Eduardo Gutiérrez Rodríguez, Mario Jara Jara, Wilson Gamadiel Muñoz Rodríguez y Alfonso Segundo Macaya.

La historia que comenzó a desenmarañar el ministro Aldana en 2010, cuando se ordenó la reapertura del caso que había sido sobreseído, se comenzó a escribir en la madrugada del 11 de septiembre de 1973 cuando el teniente Alberto Fernández Michell les ordenó acuartelarse a los 16 carabineros de la Tenencia de Laja bajo su mando. Ese mismo día recibió una orden desde Los Ángeles: detener a todos los funcionarios y autoridades políticas del gobierno de la Unidad Popular.

¿Por qué entre los detenidos había un grupo de trabajadores de la Planta de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) cuyo dueño era y es el Grupo Matte? Porque sus ejecutivos y los principales agricultores de la zona fueron quienes le ordenaron a Carabineros a qué personas había que detener e incluso asesinar de acuerdo con las listas que fueron confeccionadas el mismo día 11 de septiembre o que estaban preparadas con antelación. Una situación similar se repitió en otras regiones del país.

Una parte de la secuencia de la Masacre de Laja y San Rosendo la relató CIPER el 13 de enero de 2012, solo un año después de que el juicio fuera reabierto por las nuevas pruebas aportadas por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de la Región del Biobío. Sin su acción, este crimen, como tantos otros, seguiría en la impunidad. Y ahora se completa con el reciente fallo del ministro Aldana.

15/9/73: CACERÍA EN SAN ROSENDO

El maquinista de Ferrocarriles Luis Alberto Araneda fue al mediodía a la Casa de Máquinas de San Rosendo para ver si estaba en “tabla”. Era lo que hacía todos los días cuando no le tocaba viajar la jornada anterior. Cuando llegó, vio a través de sus lentes de marco grueso y negro el papel que indicaba el itinerario de los trenes que saldrían ese sábado 15 de septiembre de 1973. Buscó su nombre, y como no aparecía entre los que tenían que viajar, regresó a su hogar en la Población Quinta Ferroviaria.

– Devuélvase al trabajo, que lo andan buscando los carabineros, a usted y a Juan Acuña– le dijo su vecino Eusebio Suárez, preocupado, cuando lo vio llegar.

Pero Luis Alberto le respondió que su máquina estaba en la Maestranza, que no tenía nada que hacer allá. Y que, si lo buscaban, no tenía por qué preocuparse: el día anterior había llegado de un viaje al sur y apenas supo que Carabineros requería que militantes y dirigentes sindicales se presentaran, Luis Alberto fue al Retén de San Rosendo. Allí le pidieron sus datos. En un papel escribieron su nombre, su RUT, que tenía 43 años, que era militante del Partido Socialista (PS), que presidía la Junta de Abastecimientos y Precios (JAP) y que era dirigente sindical de la Federación Santiago Watt de Ferrocarriles del Estado. Después le dijeron que podía retirarse. Luis Alberto volvió a su casa y no pensó más en eso, ni siquiera cuando al día siguiente Eusebio le dijo en la calle que hacía sólo unos minutos una patrulla de policías de Laja le había preguntado por él y que les había dicho dónde vivía.

Cuando estaba por llegar a su hogar, su esposa lo vio venir a través de la ventana con su chaqueta gris a rayas, su pantalón café, sus zapatos negros y sus anteojos del mismo color. También vio cómo seis o siete carabineros con cascos le cerraron el paso y lo apuntaron con sus fusiles justo cuando estaba por abrir la reja. Luis Alberto quedó tieso. Ella no lo pensó y salió gritando a los policías para que la dejaran, al menos, despedirse. Luis Alberto, que ya tenía las manos amarradas a la espalda, le dijo que sacara de su bolsillo el dinero y su reloj. Ella lo hizo y vio que se lo llevaban. Faltaba poco para las 16:00 horas. La cacería en San Rosendo recién comenzaba.

Como la patrulla que comandaba el teniente Alberto Fernández venía de Laja y no conocía a quiénes debía detener, el carabinero Sergio Castillo Basaul, del retén de San Rosendo, les sirvió de guía. Si Castillo decía que alguno de los vecinos debía ser detenido, de inmediato lo apuntaban, lo amarraban y se lo llevaban.

Juan Antonio Acuña, 33 años, tres hijos, también maquinista y dirigente ferroviario, fue el siguiente en la lista. Lo sacaron a punta de cañón de su casa, cuando estaba por sentarse a tomar once con su familia. Luego le tocó al empleado de la CMPC, Dagoberto Garfias, de 23 años. A él le siguieron Mario Jara (21) que estaba en su casa con su mamá y su abuela; Raúl Urra (23), que también estaba en su domicilio; y el director de la Escuela 45 de San Rosendo, Óscar Sanhueza (23).

Todos fueron llevados a la Plaza de San Rosendo, donde los esperaba otro detenido: Jorge Zorrilla, un obrero minero de 25 años que trabajaba en Argentina y que pasaba en Chile sus vacaciones. Él, al igual que Luis Alberto Araneda, se presentó voluntariamente ante Carabineros. De inmediato lo apresaron y cuando llegaron los demás, la patrulla los amarró y se los llevó a pie por el puente peatonal que unía San Rosendo con Laja. Al otro lado los esperaba una micro, una de las tantas cortesías de la CMPC con la patrulla comandada por el teniente Fernández Michell, el oficial a cargo de la Tenencia de Laja. Los subieron al bus y se los llevaron.

LA IMPORTANCIA DE LA PAPELERA

Desde que Salvador Allende asumió la presidencia en 1970, la empresa que detentaba el monopolio de la producción de papel en Chile, la CMPC, integró la lista de las más de cien empresas que el gobierno pretendía estatizar. La batalla por impedir su expropiación involucró a todos los gremios empresariales y a la derecha del país, y marcó un hito. Su directorio era encabezado por el ex presidente Jorge Alessandri y su accionista principal Eliodoro Matte Ossa (en 1976 le sucedió suhijo, Eliodoro Matte Larraín), quienes recibieron un apoyo tan potente que le permitió al Grupo Matte retener la empresa.

Por la importancia que tenía la CMPC para los golpistas, el mismo 11 de septiembre, una patrulla comandada por el teniente Fernández Michell llegó hasta la planta de la Papelera en Laja. Eran las 16:00 cuando los cerca de 300 funcionarios que salían de su jornada se encontraron con Fernández, los dos suboficiales que lo secundaban –Evaristo Garcés Rubilar y el sargento Pedro Rodríguez Ceballos– y otros carabineros de la Tenencia de Laja. Los hicieron formarse en filas. La patrulla tenía una lista que el superintendente de la planta Carlos Ferrer y el jefe de personal Humberto Garrido, habían preparado: los “activistas”.

Los que figuraban en la nómina fueron separados y llevados a golpes y apuntados por fusiles al edificio contiguo, donde funcionaba el policlínico de la empresa. Allí los volvieron a golpear para luego subirlos a vehículos de la CMPC y trasladarlos al retén y a Los Ángeles.

En el grupo iba Eduardo Cuevas, un mecánico de mantención de la Papelera y militante del MIR. Antes de que se lo llevaran, el teniente Fernández lo agarró y se los mostró a sus compañeros de trabajo aún formados en la fila: “¡Véanlo por última vez!”, les gritó. Así lo recordó el propio Cuevas en la reconstitución de escena que ordenó el ministro Aldana el 18 de agosto de 2011.

Después de más de un año y tres meses en centros de detención y tortura, y luego de pasar por un Consejo de Guerra, Eduardo Cuevas volvió a la vida. Los que fueron cazados los días siguientes seguirían un camino muy distinto.

13 y 14/9/73: LA CAÍDA DEL ESTUDIANTE Y LOS OBREROS

Lo primero que hizo la patrulla que ese día encabezaba el sargento Pedro Rodríguez Ceballos, fue ir a la Estación de Trenes. En el andén, Manuel Becerra se despedía de su mamá, su abuela, su hermano y su prima. Eran las 8:00 y en solo minutos saldría el tren que lo llevaría de vuelta a Curacautín, donde cursaba la enseñanza media en la Escuela Industrial. Estaba a punto de abordar cuando los carabineros lo agarraron. Entre los gritos de sus familiares, Manuel Becerra fue sacado a golpes de la estación, lo subieron al jeep que los ejecutivos de la CMPC les habían pasado para que se movilizaran, y se lo llevaron a la Tenencia de Laja. Era el 13 de septiembre de 1973. Mario tenía 18 años.

En cosa de minutos le avisaron a su papá, quien trabajaba en Transportes Cóndor. Le pidió a su jefe que hablara con Carabineros y gestionara la liberación de su hijo para luego dirigirse él mismo a la Tenencia. Allí habló con el guardia de turno. Le dijeron que ya habían registrado su detención en los libros correspondientes. Después le dirían que su hijo había sido detenido porque “militaba con los miristas”. Manuel ya había sido detenido en la campaña de las elecciones parlamentarias de 1973, por pintar junto a unos amigos consignas del MIR en Laja.

El siguiente en la lista fue Luis Armando Ulloa, 41 años, casado, cinco hijos, militante del Partido Comunista (PC) y obrero maderero de la Barraca Burgos de Laja, adonde lo fueron a buscar. Eran las 8:30. Como su hijo mayor trabajaba con él, lo primero que hicieron sus compañeros fue avisarle, porque justo cuando se lo llevaron no estaba. Él corrió a su casa y le avisó a su madre, aún convaleciente del último parto. Tampoco pudieron hacer nada por sacarlo del retén.

Esa tarde, los carabineros volvieron a la CMPC. Apenas Juan de Dios Villarroel puso un pie afuera de la planta, fue secuestrado por la patrulla de Rodríguez. Tenía 34 años, cuatro hijos y la mala fortuna de trabajar en una empresa que elaboró una lista negra con los nombres de sus propios empleados. En esa misma nómina estaban sus compañeros Jack Gutiérrez, militante del MAPU; Heraldo Muñoz, del PS; y Federico Riquelme. A todos los llevaron a la Tenencia de Laja, donde se sumó el comerciante de frutas y verduras y regidor del municipio, Alfonso Macaya, quien llegó voluntariamente después de oír en una radio local que lo buscaban. A él lo dejaron libre al día siguiente, pero el 15 de septiembre llegaron nuevamente a detenerlo, esta vez a casa de sus suegros. Nunca regresó.

El 14 de septiembre, el sargento Pedro Rodríguez Ceballos salió de nuevo a las calles en el jeep de la CMPC. No tuvo que alejarse mucho, porque a la salida de la planta papelera, justo cuando se retiraban de su jornada laboral, detuvo a los dos hombres que buscaba: Wilson Muñoz y Fernando Grandón, quien a sus 34 años ya tenía ocho hijos.

16 y 17/9/73: LA PEQUEÑA TENENCIA

Es muy probable que la Tenencia de Laja nunca haya sido tan visitada como en esos días. Padres, esposas, hermanos e hijos de los detenidos, llegaron a verlos con la autorización del oficial a cargo. La esposa de Fernando Grandón llegó el mismo día que lo detuvieron a verlo por primera vez. Lo vio asustado, pero sin lesiones. La hija mayor de Luis Armando Ulloa también fue a verlo y se dio cuenta que le habían cortado el pelo a tijeretazos. Pero la peor parte se la llevaron los de San Rosendo: todos tenían moretones, rasguños y mordeduras de perros. Jorge Zorrilla, el minero detenido en sus vacaciones, le dijo a uno de los familiares de los detenidos que también los habían sentado en la pica.

Para la noche del 15 de septiembre de 1973, en el calabozo de aquella construcción hechiza en Las Viñas Nº 104, había 17 personas detenidas: a los siete que trajeron de San Rosendo y a los nueve que secuestraron en Laja, se sumó esa tarde el director del Sindicato Industrial de la CMPC, Jorge Lamana, quien se presentó de forma voluntaria.

El 16 de septiembre llegaron a la celda los últimos dos miembros del grupo. A Juan Carlos Jara (17 años), lo agarró la patrulla del sargento Pedro Rodríguez cuando peleaba con otros jóvenes en la calle. A Rubén Campos, director de la Escuela Consolidada de Laja, lo sacaron de su casa.

Hasta el 17 de septiembre, las visitas a los prisioneros continuaron. En las mañanas llegaban casi todos los familiares con el desayuno y ropa limpia. Más tarde les llevaban almuerzo y en la noche la cena. También los visitaba el párroco de Laja, el sacerdote Félix Eicher, quien ingenuamente acompañó a algunos de los que se presentaron voluntariamente a la Tenencia para que “arreglaran sus problemas”. Y cada vez que iba les decía a los presos que estuvieran tranquilos, que pronto saldrían de allí.

La noche de la víspera de fiestas patrias, el teniente Fernández Michell recibió una orden. Treinta y ocho años más tarde confesaría ante un tribunal parte de lo que ocurrió esa noche:

“Estaba cenando en el comedor cuando el suboficial Garcés me dijo que el mayor Solari, el comisario de Los Ángeles, estaba al teléfono. Estaba muy molesto conmigo porque había mandado mucha gente al regimiento sin preguntarle. Yo lo había hecho por un tema de espacio. Me asustó que estuviera enojado, porque yo me había casado sin permiso de mis superiores y estaba esperando a mi primera hija, así que tenía que hacer lo que me dijera, si no me arriesgaba a otra sanción. Me preguntó cuántos detenidos tenía en la unidad. Le dije que 19 personas. Me dio la orden de ‘eliminarlos’. Me dijo que, si no lo hacía, tendría que atenerme a las consecuencias. Luego cortó. De inmediato llamé a Garcés y Rodríguez y les dije que alistaran al personal”.

18/9/73: MATANZA EN EL BOSQUE

Los dos policías que seguían a Fernández en la cadena de mando hicieron unas llamadas y en sólo minutos consiguieron cordeles, alambres, palas, vehículos y hasta un lugar alejado donde llevar a cabo la masacre. Tenían carabinas y fusiles para todos los funcionarios de la Tenencia. También el alcohol. Todo se los proporcionó la CMPC. El plan para asesinar a los 19 ya estaba en curso.

Sería uno de los carabineros que participó en la masacre y que guardó silencio por 38 años el primero que rompería el juramento de silencio contraído el 18 de septiembre de 1973. Samuel Vidal se armó de valor:

“Cuando nos llamaron al cuartel, ya había comenzado el toque de queda. Al llegar, nos juntaron en una sala que usábamos de comedor y nos ordenaron beber pisco en abundante cantidad. Estábamos casi todos los integrantes de la Tenencia de Laja, desde el teniente Fernández Michell hacia abajo. Los que no llegaron al cuartel, se unirían más tarde a nosotros. Después de tomar, el teniente Fernández nos dijo que sacáramos a los 19 detenidos de los calabozos de la Tenencia. Les amarramos las manos atrás de sus espaldas con cáñamo y alambres de fardo de pastos, los llevamos afuera y los subimos al bus de la CMPC. Yo tuve que custodiar el interior del bus. Por eso llevaba mi fusil Sig en las manos. Tomamos la carretera hacia Los Ángeles. Al frente de la caravana iban en un jeep Fernández, Garcés y Peter Wilkens, un agricultor alemán de la zona”.

Hasta que el cabo Samuel Vidal declaró en junio de 2011, el nombre de Wilkens jamás apareció en la investigación. Después, el ex teniente Fernández y varios carabineros ratificaron su participación en la matanza de esa noche. Fue así cómo se supo la verdad: que el suboficial Evaristo Garcés Rubilar lo llamó, que Wilkens acompañó a Fernández en el jeep de la CMPC que lideraba la caravana y que, pasado el puente Perales, después de una curva en el camino que une Laja y Los Ángeles, fue Peter Wilkens quien le dijo que doblara a la derecha y que se detuviera 300 metros más allá, en un claro junto a un bosque de pinos.

En 1985, Arturo Arriagada, un joven de 19 años sin antecedentes, entró al fundo de Peter Wilkens en Laja, mató a su mayordomo. Luego ingresó a la habitación de Wilkens y le dio un escopetazo. Después, subió los cadáveres a su furgón y los sepultó el borde del camino, muy cerca de donde una noche de doce años atrás sepultaron a los prisioneros de Laja y San Rosendo. Como solo los carabineros que estuvieron esa noche y juraron silencio sabían que Wilkens había estado allí, nadie relacionó los hechos.

Según un reportaje de Contacto cuando en 2001 se estaba por abolir la pena de muerte en Chile, Arriagada fue condenado a cadena perpetua y para entonces, por su buena conducta, había sido incorporado al Centro de Educación y Trabajo (CET) de Concepción. Para su acto criminal, la justicia sí funcionó. Wilkens, en cambio, murió sin ser interpelado por haber sido cómplice y haber guiado y observado cómo un grupo de policías fusilaba a 19 obreros la madrugada del 18 de septiembre de 1973 en el Fundo San Juan.

Una noche que el cabo 1º (r) Samuel Vidal Riquelme recordó muy bien el 14 de junio de 2011, cuando fue el primero en quebrar el pacto de silencio:

“Como era arena no era difícil cavar. Hicimos una zanja de 2 a 3 metros de largo por 1,5 de profundidad. Luego bajamos de los vehículos a los 19 detenidos. A algunos los arrodillamos frente a la zanja; a los otros los dejamos de pie. Estaban delante de nosotros, dándonos la espalda. Recuerdo muy bien cuando el carabinero Gabriel González discutió fuertemente con Nelson Casanova, porque éste último no quería disparar. Fue tanto que yo me metí y le dije a González que, si le hacía algo a Casanova, yo le dispararía a él con el fusil Sig que tenía en la mano. Era tanta la tensión. Todos estábamos muy alterados, pero igual cuando el oficial dio la orden, disparamos. Todos disparamos, incluyo al teniente Alberto Fernández Michell. Les disparamos por la espalda”.

Después de Vidal, el sargento 2º (r) Pedro Parra también decidió recordar y hablar:

“No había militares ni agentes de la DINA; sólo estábamos los de la Tenencia, menos los tres que se quedaron en la guardia. Cuando nos detuvimos, la camioneta quedó muy cerca de unos arbustos. La noche estaba clara y había luna, pero igual se usaron las luces de los vehículos. Con la pelea entre Gabriel González y Nelson Casanova, recién tomé el peso de lo que estaba pasando. Ya estaba todo decidido. El teniente Fernández Michell no decía nada; era uno más del grupo. Los detenidos estaban frente a nosotros con sus manos atadas. Yo tenía una carabina Mauser. Cuando Fernández dio la orden, todos apuntamos a los detenidos que nos habían asignado. Ninguno de ellos se quejaba o decía algo. Dieron la orden de disparar. Todos lo hicimos”.

El cabo Samuel Vidal siguió recordando: “Algunos cayeron directamente al foso. A otros, ya muertos, los tuvimos que empujar para que cayeran o bien los tomamos y tiramos al foso. Quedaron uno encima del otro. Luego los tapamos con la misma arena y algunas ramas y tomamos rumbo a Laja. Cuando llegamos a la Tenencia, seguimos tomando el pisco y las bebidas que el teniente había traído del casino de la planta papelera de la CMPC. Recién entonces los que quedaron en la guardia supieron lo que había pasado. Fernández dio la orden de guardar silencio. Después todo siguió como si nada”.

Días después, funcionarios de Carabineros volvieron al sector para tapar los cuerpos con cal, de aquella que se utilizaba en la planta de la CMPC, la cual habría sido proporcionada a los policías por funcionarios de la misma empresa. Así lo estableció el ministro Carlos Aldana en su fallo.

18/9/73: DESPUÉS DE LA MASACRE

A la mañana de ese 18 de septiembre, Gloria Urra se levantó temprano, preparó el desayuno y se fue a la Tenencia de Laja a ver a su hermano Raúl. Pero el calabozo estaba vacío. Ahora que lo estaban limpiando, se veía mucho más grande. A Hilda Bravo, la esposa del comerciante de frutas Alfonso Macaya, no le habían permitido verlo cuando lo encerraron dos días antes, así que esa mañana esperaba por fin abrazar a su marido. Pero le dijeron lo mismo que a las madres, esposas, hermanos e hijos de los 19 trabajadores que estuvieron allí hasta la noche anterior: los habían trasladado al Regimiento de Los Ángeles.

Los familiares se agruparon y partieron a buscarlos. En el Regimiento de Los Ángeles no los encontraron. Pasaron por la cárcel y el gimnasio de IANSA; nada. Después, algunos se fueron a Concepción y preguntaron en el Estadio Regional, en la Isla Quiriquina, en Talcahuano; sus nombres no aparecieron en las listas de prisioneros. Pasaron los días y la desesperada búsqueda se repitió una y otra vez en Chillán, en Linares. Así fue por semanas, por años. Muchos gastaron sus ahorros recorriendo distintas ciudades del país, buscando y preguntando. No obtuvieron ni una respuesta. Pasaron por Temuco hasta llegar a Santiago. Todo fue inútil: los 19 se habían esfumado.

EL ROL CÓMPLICE DE ROSA EGNEM

De lo que ocurrió en octubre de 1973, un mes después de la masacre, los familiares de los 19 prisioneros desaparecidos nada supieron. Cuando un agricultor de la zona avisó a Carabineros de Yumbel, a 20 kilómetros de Laja, que sus perros habían encontrado restos humanos, la conspiración el silencio tuvo aquí otros actores. El parte fue enviado a la jueza Corina Mera, del Juzgado de Letras de Yumbel. Pero como la jueza estaba con licencia médica, lo recibió la secretaria del juzgado: la abogada Rosa Egnem, quien en 1979 fue acusada por los familiares de las víctimas de haber guardado el parte por inhumación ilegal en la caja fuerte del juzgado e incluso posteriormente de haberlo borrado, alterando registros judiciales.

Pero quien sí fue informado del hallazgo del agricultor fueron sus victimarios. Porque lo cierto es que, en ese mismo mes de octubre y en completo secreto, el teniente Fernández exhumó secretamente los cadáveres y ordenó enterrarlos en el Cementerio Parroquial de Yumbel.

Fue en ese año 79 que nuevamente el círculo de protección de los implicados en la Masacre de Laja y San Rosendo se desplegó.

Porque la presión de los familiares de los 19, con el apoyo del Arzobispado de Concepción, el que en 1979 presentó una querella en contra de los Carabineros de la Tenencia de Laja, abrió una puerta. La Corte de Concepción nombró a José Martínez Gaensly ministro en visita. Sería la primera vez que el cabo Samuel Vidal sería conminado a recordar lo que pasó la noche del 18 de septiembre de 1973.

Vidal declaró lo mismo que sus 15 compañeros de la Tenencia de Laja: a los prisioneros los habían llevado al Regimiento de Los Ángeles. El ministro Martínez preguntó a los militares de ese regimiento por los 19 trabajadores. Le aseguraron que nunca ingresaron allí. Entonces, el ministro Martínez hizo algo inusual para el terror que reinaba en la época: volvió a interpelar a los carabineros de Laja. Aunque agregaron detalles, todos dijeron lo mismo: los habían subido a una micro que les facilitó la CMPC y en el camino a Los Ángeles se los entregaron a una “patrulla de militares”.

La indagación del ministro José Martínez abrió una segunda puerta: se supo que los cuerpos estaban en una fosa común del Cementerio Parroquial de Yumbel. Que los habían llevado allí en octubre de 1973, sin que nadie supiera, cuando los sacaron del hoyo donde los habían enterrado después de que un agricultor denunciara a Carabineros de Yumbel que sus perros mordisqueaban unos restos humanos. El parte con la denuncia llegó al Juzgado de Letras de Mayor Cuantía de la localidad, donde la secretaria del juzgado, la abogada Rosa Egnem, lo ocultó en la caja de fondos. Nunca se investigó.

Sin que ningún estamento de la justicia asumiera cómo habían llegado los 19 cuerpos al cementerio ni quién los había ejecutado, en 1979 los restos fueron identificados y entregados a sus familiares que por seis años los habían buscado sin tregua. Una nueva víctima se agregaría a los 19 prisioneros: el obrero de la CMPC, Luis Sáez, a quien se le había perdido el rastro el 20 de septiembre y cuyos restos aparecieron en el Fundo San Juan, donde mismo habían sido enterrados ilegalmente los 19 de Laja y San Rosendo.

Y eso fue todo, porque en marzo de 1980, Martínez se declaró incompetente y remitió los antecedentes a la Fiscalía Militar Ad Hoc de Concepción. En tres meses la causa fue sobreseída y a fines de 1981, la Corte Suprema ratificó el sobreseimiento. Hasta allí llegó la acción de la justicia para los 19 asesinados de Laja y San Rosendo.

Rosa Egnem fue nombrada jueza y siguió sin obstáculos su ruta a la cima de la justicia; los carabineros de la Tenencia siguieron sus caminos sin que nadie los volviera a interpelar. Roberto Izquierdo Menéndez siguió haciendo negocios y siendo un empresario de bien. Ninguno de ellos creyó jamás que la verdad resurgiría 27 años después de la masacre, gracias a la persistencia de las familias de las víctimas.

En 2010, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y el Programa de Continuación Ley 19.123, del Ministerio del interior, solicitaron a la Corte de Apelaciones de Concepción la reapertura de la causa. Fue entonces que el ministro Carlos Aldana dejó sin efecto la resolución que sobreseyó definitivamente a los carabineros y la ratificación de ese fallo por parte de la Corte Suprema. Se reabrieron así sumario e investigación (Rol 27-2010).

Había llegado el momento de desentrañar varios misterios.

OTROS ASESINATOS

Aunque fue el primero en ser detenido, el teniente (r) Fernández Michell fue el último de los miembros de la Tenencia de Laja en declarar. El 16 de agosto de 2011 fue detenido en Iquique, donde trabajaba como instructor en una escuela de conducción. Y cuando al día siguiente rompió el pacto de silencio, partió por el principio:

“Estaba en mi domicilio -el que me fue entregado por la CMPC- cuando recibí la noticia del Golpe Militar. Había llegado a la Tenencia de Laja a mediados de 1973 como subteniente subrogante, y como no había oficial, quedé de jefe. Tenía 22 años. Para el 11 de septiembre yo era la autoridad policial, y apenas supe del Golpe, mientras esperaba órdenes, llamé al acuartelamiento de todos los carabineros. Eso lo coordinaron el suboficial mayor Evaristo Garcés Rubilar y el sargento Pedro Rodríguez Ceballos, que me seguían en el mando”.

“Esa misma mañana recibí la orden de la jefatura de Los Ángeles para que detuviera a todas las autoridades de gobierno, subdelegados y al alcalde. La acción se cumplió sin problemas y después de detenerlos en nuestra unidad, fueron derivados al Regimiento de Los Ángeles en buses facilitados por la Papelera, porque ya tenía mucha gente en el cuartel. Días después, mi superior en Los Ángeles, el comisario Aroldo Solari Sanhueza, me ordenó comenzar a detener a todos los activistas de la comuna. Como la CMPC tenía una planta química, los activistas podían tomársela y actuar en nuestra contra”.

“Esa fue la información que me llegó de inteligencia militar. Uno de esos días llegó el coronel de Ejército Alfredo Rerhern Pulido para reiterar la orden. Les ordené a los suboficiales Garcés y Rodríguez que procedieran con el personal a realizar esa labor, porque ellos conocían más a esas personas”.

El coronel Rerhern dejó una huella letal en esos meses en la zona, siempre ligado a otros asesinatos de dirigentes de importantes empresas: participó en el secuestro y homicidio de 23 empleados y trabajadores de las centrales hidroeléctricas El Toro y El Abanico de Endesa, en Los Ángeles. Todos ellos fueron ejecutados entre fines de 1973 y principios de 1974. Los restos de algunos de ellos fueron encontrados en el fundo La Mona, que después del Golpe de Estado fue comprado por la Forestal Mininco de la CMPC del Grupo Matte. La sentencia de este caso la firmó el ministro en visita Jorge Zepeda en noviembre de 2010.

Fue en esos mismos días de la sentencia del ministro Zepeda que Carlos Aldana reabrió el juicio por la Masacre de Laja y San Rosendo. Para entonces de los 17 carabineros que integraban la Tenencia de Laja en septiembre de 1973, tres habían fallecido y otros tres habría que sobreseerlos pues no participaron en las ejecuciones ya que se quedaron de guardia en el retén. Restaba por determinar el rol que les cupo a los otros 11 policías.

Pero había otras participaciones en los 19 homicidios calificados que habían quedado en la nebulosa. En especial, la de los ejecutivos de la CMPC y el rol que cumplió la jueza Rosa Egnem. ¿Era falsa la acusación que habían hecho los familiares de las víctimas sobre el ocultamiento del parte policial sobre la exhumación ilegal? Porque si era efectivo, ¿cómo no había sido sancionada?

Los familiares de los ejecutados sabían que no habían mentido. Pero deberían pasar otros cuatro años para que emergiera la verdad oficial, cuando en septiembre de 2015 el ministro Carlos Aldana le pidiera su declaración en relación con su testimonio ante el ministro José Martínez. Para entonces, Rosa Egnem ya era ministra de la Corte Suprema: fue nombrada en 2006, en el gobierno de Michelle Bachelet. En su declaración de 1978 se lee:

«La señorita Mera (Corina Mera, jueza titular del Juzgado de Mayor Cuantía de Yumbel en septiembre de 1973) volvió a sus funciones y lo primero que hice fue entregarle el parte…, pero me dijo ‘déjelo no más en la caja de fondos y no lo saque de allí’. Pero en el intertanto yo había ingresado, sin consultarle, en el libro de ingreso, ese parte, y cuando ella me ordenó que lo dejara guardado, le conté que lo había ingresado… Me dijo ‘¿qué va a pasar cuando pidan (desde la Corte de Apelaciones de Concepción) cuenta del estado de la causa?’. Yo me asusté y lo borré del libro de ingreso…, pero recuerdo también que después volví a colocar en el mismo lugar en el cual había borrado, el mismo ingreso…, pues me arrepentí de haberlo borrado antes…».

Cuando Milton Juica, entonces ministro de la Corte Suprema, fue consultado sobre estos hechos, afirmó:

-En lo que se refiere a la jueza Corina Mera de Yumbel, se le aplicó por estos hechos una sanción disciplinaria. Y a la secretaria de esa época, la actual ministra Rosa Egnem, en una primera instancia, se le aplicó también una sanción que la Corte Suprema dejó sin efecto, y ella no recibió sanciones de carácter disciplinario, como sí lo recibió la jueza que era la responsable de ese tribunal (en 1973).

En efecto, la sanción a Rosa Egnem fue dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción en 1978, la que ese mismo año fue revisada por la Corte Suprema y revocada.

Cuando en 2015 el ministro Juica habló sobre este delicado asunto, aprovechó de rendirle un homenaje al ministro José Martínez Gaensly, de la Corte de Concepción, quien intentó avanzar en la verdad de los 19 homicidios calificados: «Tengo conocimiento incidental, porque no conozco la causa. Pero de ese terrible suceso en que 19 personas fueron fusiladas, se hizo una investigación por un ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción que tuvo la virtud de recuperar los cadáveres, hacer todas las pericias correspondientes y avanzó bastante en esta materia hasta que terminó siendo absorbida la causa por la justicia militar, sobreseída y amnistiada».

El 16 de diciembre pasado la ministra Rosa del Carmen Egnem Salgado, fue designada presidenta del Tribunal Calificador de Elecciones, cargo que asumirá el 31 de enero próximo. Fue como si se hubiera preparado para este importante rol. Y ello porque a fines de febrero de 2018 fue ella misma quien pidió cambiar de la Tercera Sala (ve material constitucionales) a la Primera Sala, para reemplazar al ministro Patricio Valdés, quien también era el presidente del Tribunal Calificador de Elecciones y se fue a retiro.

Rosa Egnem cuenta con el apoyo del nuevo presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, a quien la Masacre de Laja y San Rosendo y la impunidad de los crímenes de lesa humanidad de esa región no le son desconocidos. Silva se desempeñaba como secretario del Primer Juzgado de Letras de Los Ángeles en la época y en agosto de 1974 asumió como juez de Mulchén, donde los asesinatos fueron aún más cruentos que en Laja. En 1980 fue designado juez del 2° Juzgado Civil de Concepción y le correspondió ver la causa por la muerte por inmolación de Sebastián Acevedo Becerra. Una muerte que haría historia, pero no por el rol que jugó el actual presidente de la Corte Suprema.

EL PROCESO DE LOS FUSILEROS DE LAJA

Habían pasado 38 años, y muchos de los carabineros que se desempeñaron en la Tenencia de Laja en septiembre de 1973 pretendieron en 2011 mantener su juramento de silencio sobre lo ocurrido en la madrugada del 18 de septiembre de ese año.
Fueron los testimonios de los que sí decidieron confesar los que le permitieron al ministro Carlos Aldana, en agosto de 2011, ordenar la detención de los 14 funcionarios aún vivos que participaron en las detenciones y en la ejecución de los trabajadores asesinados en el Fundo San Juan. Después, todos hablaron. El 18 de agosto de 2011, Aldana realizó con todos los detenidos la reconstitución de escena de la cadena de hechos que acabaron con la vida de los 19 trabajadores. Fue un día clave, dramático. Después, el ministro procesó a nueve de los carabineros por homicidio y a uno por encubrimiento. Otros tres, los que esa noche se quedaron de guardia, fueron sobreseídos. A pesar de la crudeza de los crímenes, hasta el 7 de enero pasado, día en que Aldana dictó las condenas, todos estaban libres.

1.- Teniente (r) Alberto Juan Fernández Michell: Oficial a cargo de la Tenencia de Laja y responsable de ejecutar las órdenes que provenían de Los Ángeles. Ordenó y participó en las detenciones y la ejecución en el Fundo San Juan. Fue llamado a retiro de la institución en 1979 por “falta de vocación”. Fue procesado como autor de homicidio y condenado a prisión. Su defensa apeló y salió libre luego de pagar una fianza de $300.000. El 7 de enero fue condenado por Aldana a presidio perpetuo.

2.- Suboficial Evaristo Garcés Rubilar: Segundo al mando en la Tenencia de Laja. Jugó un rol clave en la organización de las detenciones y la matanza de los 19 en el Fundo San Juan. Consiguió el lugar para la ejecución clandestina y contactó al agricultor alemán Peter Wilkens. Murió el 25 de diciembre de 1987 a los 60 años por un accidente vascular producto de diabetes.

3.- Sargento Pedro Rodríguez Ceballos: Estuvo a cargo de varias de las detenciones y tuvo un rol protagónico en la gestión de la ejecución. Poco después de la masacre, pasó a integrar la DINA. Murió el 22 de diciembre de 2002 en el Hospital Dipreca por un cáncer gástrico metastásico que le provocó una falla multiorgánica. Tenía 64 años.

4.- Sargento 1º (r) Lisandro Alberto Martínez García: Fue procesado como autor de homicidio y salió en libertad provisional con una fianza de $300.000.

5.- Sargento 2º (r) Luis Antonio León Godoy: “Cuando mi suboficial Garcés dio la orden, todos debimos disparar”, confesó. Procesado como autor de homicidio, salió en libertad provisional previo pago de fianza de $300.000.

6.- Sargento (r) José Jacinto Otárola Sanhueza: En la reconstitución de escena, confesó su participación, estar todo el tiempo en el jeep de la CMPC alumbrando lo que sucedía. Lo vio todo, pero no apretó el gatillo. Procesado por encubrimiento de homicidio, obtuvo su libertad previo pago de una fianza de $100.000. El 7 de enero fue condenado a 5 años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, en calidad de encubridor.

7.- Sargento 1º (r) Gerson Nilo Saavedra Reinike: Uno de los primeros en reconocer lo que ocurrió la madrugada del 18 de septiembre de 1973. Se unió a la caravana cuando ya llegaban al Fundo San Juan. Procesado por homicidio, obtuvo su libertad previo pago de fianza de $300.000. El 7 de enero fue condenado a 5 años y un día de cárcel como autor.

8.- Sargento 2º (r) Florencio Osvaldo Olivares Dade: Reconoció su participación diciendo: “Fueron días difíciles, se dormía poco”. Procesado por homicidio y tras pagar $300.000 de fianza, salió en libertad provisional.

9.- Sargento 2º (r) Pedro del Carmen Parra Utreras: Confesó detalles de la masacre. Procesado por homicidio, estaba con libertad provisional desde que pagó $300.000 de fianza. Aldana lo condenó a 5 años y un día de presidio como autor de los homicidios.

10.- Sargento 1º (r) Gabriel Washington González Salazar: Después de negar toda participación, debió reconocer su rol en los homicidios. Está libre.

11.- Cabo 1º (r) Samuel Francisco Vidal Riquelme: El primero en romper el pacto de silencio. Su testimonio fue clave para aclarar lo que pasó con las 19 víctimas en Laja. Procesado por homicidio, también obtuvo su libertad tras pagar la fianza de $300.000.

12.- Víctor Manuel Campos Dávila: Perteneció por 30 años a Carabineros. En su primera declaración dijo que después del 11 de septiembre, la Tenencia de Laja se mudó a dependencias de la CMPC. Después confesó que disparó cuando se lo ordenaron. Procesado por homicidio y en libertad provisional, el 7 de enero fue condenado a 5 años y un día de presidio como autor.

13.- Sargento 1º (r) Nelson Casanova Salgado: Negó su participación, pero se probó en la investigación. Procesado por homicidio, estaba libre después de pagar fianza. Aldana lo condenó a 5 años y un día de presidio como autor.

14.- Cabo 1º (r) Luis Muñoz Cuevas: Como esa noche se quedó haciendo guardia en el cuartel, el ministro Aldana lo sobreseyó.

15.- Suboficial (r) Anselmo del Carmen San Martín Navarrete: Su misión esa noche fue detener el tránsito en la zona del hospital para que pasara la caravana. Después volvió a la Tenencia. Fue sobreseído. El 7 de enero Aldana lo condenó a 5 años y un día de presidio, como encubridor de los 19 homicidios calificados.

16.- Suboficial (r) Juan de Dios Oviedo Riquelme: También se quedó esa noche de guardia en la Tenencia de Laja, por lo que fue sobreseído.

17.- Suboficial Sergio Castillo Basaul: No participó en el fusilamiento, pero su rol fue decisivo al guiar las detenciones en San Rosendo. Murió el 16 de septiembre de 2005 por una hemorragia digestiva masiva, várices esofágicas y cirrosis de laennec, la que produce el alcoholismo.

 

LUIS SÁEZ: EL FUSILADO Nº 20

La primera vez que los carabineros de la Tenencia de Laja fueron a buscar a Luis Sáez Espinoza (37 años) a su casa en la Población Mario Medina, fue el 11 de septiembre de 1973 a las 10:00. Sáez era empleado y dirigente sindical de la CMPC, además de militante del MAPU. Apenas supo del Golpe, pasó a la clandestinidad. Como él no estaba cuando llegaron los carabineros, allanaron su casa frente a su esposa, Rosa Ibaca, y sus hijos. Tres horas después, la patrulla al mando del sargento Pedro Rodríguez Ceballos volvió en el jeep que la empresa del Grupo Matte les había proporcionado, con cascos y armamento largo. De nuevo allanaron su vivienda, pero esa vez detuvieron a Rosa. Apuntándola con sus fusiles, la llevaron donde unos vecinos y como nadie sabía dónde estaba Luis, la dejaron allí. Al día siguiente se repitió la escena.

El 14 de septiembre, el sargento Rodríguez llegó de nuevo a buscar a Luis y, por tercera vez, no lo encontró. Ese día le dio a su esposa el recado: que se entregara como ya lo había hecho el día anterior Alfonso Macaya. Minutos después llegaron unos asistentes sociales de la empresa para ver cómo estaba la familia y se comprometieron en hablar con el teniente Fernández Michell para que no allanaran más esa casa. Los niños estaban traumatizados.

Seis días después, el párroco de Laja, Félix Eicher, fue a hablar con la mujer. Le dijo que sabía dónde estaba Luis y que quería hablar con ella. El sacerdote la llevó en su camioneta. Cuando se encontraron, ella le dijo que debía entregarse. Luis tenía miedo, sabía que su vida peligraba, que solo dos días antes el grupo de 19 detenidos había desaparecido sin dejar rastros. Para que no le pasara nada, el cura lo convenció de ir a Los Ángeles y no a la Tenencia de Laja. Él acepto. Ese mismo día, 20 de septiembre de 1973, poco antes del toque de queda, fueron en la camioneta del sacerdote hasta la Prefectura de Los Ángeles. Luis se bajó del vehículo, se presentó y allí quedó detenido. El sacerdote Eicher fue testigo.

Al día siguiente el mismo sacerdote le avisó al sargento Rodríguez que Luis ya se había entregado.

Rosa fue a dejarle ropa y comida en la oficina de la Cruz Roja, pero todo se lo devolvieron porque Luis no estaba en ningún centro de detención. Su esposa lo buscó durante años con la ayuda del sacerdote y el obispo de Los Ángeles, Orozimbo Fuenzalida, pero nada. Nunca más se supo de Luis.

La búsqueda se extendió hasta 1979, cuando la investigación que conducía el ministro en visita José Martínez llevó al paradero de los fusilados de Laja y San Rosendo, pero no a sus victimarios. Mientras que los demás habían sido llevados al Cementerio Parroquial de Yumbel, los restos de Luis aparecieron enterrados clandestinamente en el mismo lugar donde se llevó a cabo la masacre, en el Fundo San Juan, junto a un bosque de pinos de la CMPC. Tenía un orificio de bala y estaba amarrado con alambres.

Vistos:

Se ha instruido la presente causa rol 27-2010, del ingreso en primera instancia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Concepción, y acumuladas roles 2.770, 2776 y 2760 Juzgado del Crimen de Laja; 359-2010, 103-2011, 116-2011, 329-2011, 347-2011, 462-2011, 465-2011, 600-2011, 644-2011, 722-2011 y 791- 2011 todas del 34° Juzgado del Crimen de Santiago y rol 323-80 del 3er Juzgado Militar de Concepción, a fin de investigar los hechos presentados en querellas de fs. 71, 112 134, 631, 1018, 1283, 1848, 1793, 2980, 3284, 3768, 3862, 3921, 4366, interpuestas por familiares de 19 víctimas y en contra de los que resulten responsables por los delitos de secuestro y homicidio calificado de Fernando Grandón Gálvez, Jorge Andrés Lamana Abarzúa, Rubén Antonio Campos López, Juan Carlos Jara Herrera, Raúl Urra Parada, Luis Armando Ulloa Valenzuela, Oscar Omar Sanhueza Contreras, Dagoberto Enrique Gárfias Gatica, Luis Alberto del Carmen Araneda Reyes, Juan Antonio Acuña Concha, Juan de Dios Villarroel Espinoza, Heraldo del Carmen Muñoz Muñoz, Federico Riquelme Concha, Jorge Lautaro Zorrilla Rubio, Manuel Mario Becerra Avello, Jack Eduardo Gutiérrez Rodríguez, Mario Jara Jara, Wilson Gamadiel Muñoz Rodríguez y Alfonso Segundo Macaya Barrales (19 víctimas), detenidos entre el 13 y 17 de septiembre de 1973 por funcionarios de Carabineros de Laja sin orden legal ni judicial y trasladadas a la Unidad Policial de dicha localidad, donde fueron visitados por sus familiares, llevándoles comida y abrigo durante su permanencia en el citado recinto policial hasta el 17 de septiembre de 1973, último día que se tiene noticias de ellos a la fecha de presentación de las referidas acciones penales. Posteriormente se tomó conocimiento que fueron ejecutadas por sus captores en la noche del 17 de septiembre de 1973 en el fundo San Juan de la comuna de Laja y enterrados sus cuerpos en fosas cavadas en el campo abierto del citado lugar.

SEPTUAGÉSIMO PRIMERO:

Eduardo René Cuevas Jara en diligencia de reconstitución de escena cuyas actas rolan a fs. 2682 y 3816 asevera que fue detenido el 11 de septiembre de 1973, entre las 16:00 a 16:30 horas, junto a 18 o 19 trabajadores más, entre ellos Araneda y Acuña, a raíz de una lista de personas que tenía don Pedro Jarpa, siendo golpeado por el Sargento Rodríguez y fueron trasladados a la Tenencia en varias camionetas jeep, sin recordar quien las conducía.

Precisa que a medida que salían los trabajadores, eran llamados por Pedro Jarpa, pues sus nombres figuraban en una lista que había sido confeccionada por Carlos Ferrer y Humberto Garrido