Ferrer Ducaud Patricio Gerardo

Marcos Romero, el abogado del general (r), Oscar Santelices, quien fue detenido este lunes por su participación como cómplice y encubridor del paso de la Caravana de la Muerte por Antofagasta en octubre de 1973, justificó la petición de libertad que presentó en que su cliente era un estudiante en ese tiempo y solamente recibió órdenes.

"El general Santelices estaba durmiendo cuando en ese tiempo estudiante, subteniente estudiante, lo levantaron, le dijeron que subiera a un camión, que siguiera a otro camión y Gendarmería entrega a los prisioneros y los trasladan y los ponen a disposición de otro oficial",  declaró Romero agregando que "por ende no habría ningún tipo de conocimiento o conciencia del hecho delictual".

Santelices renunció en febrero de este año al Ejército mientras era jefe de la guarnición metropolitana de la institución tras confesar al juez Juan Guzmán y ratificar ante el ministro Víctor Montiglio que había sido parte de la Caravana de la Muerte pero sólo como un estudiante.

Por otra parte, el abogado querellante Boris Paredes declaró que Santelices no actuó sólo como cómplice "sino un autor" debido a que en el derecho internacional cualquiera que participe en un delito contra los derechos humanos es responsable por lo que "vamos a estudiar la posibilidad de recurrir la resolución".

El juez Juan Guzmán procesó al general Sergio Arellano Stark y los otros integrantes de la Caravana de la Muerte como Sergio Arredondo, Marcelo Moren Brito, Pedro Espinoza lo que fue ratificado por Montiglio.

Junto con Santelices, fueron detenidos por el mismo delito los oficiales retirados el mayor de Ejército, Patricio Ferrer Ducaud y el teniente Pablo Martínez Latorre. 

Arrestado en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén y procesado por el crimen de 14 prisioneros en Antofagasta en octubre de 1973 quedó el ex comandante de la Guarnición Militar de la Región Metropolitana, general (r) Gonzalo Santelices Cuevas.

Junto a éste fueron detenidos e igualmente encartados por los mismos hechos por el juez Víctor Montiglio, los oficiales (R) de Ejército Pablo Martínez Latorre y Patricio Ferrer Ducaud.

De esta manera, y tras 14 meses de investigación, desde que La Nación Domingo reveló en enero de 2008 la participación de Santelices en los crímenes de la Caravana de la Muerte en Antofagasta, el juez logró acreditar los hechos en los que el general ahora retirado tomó parte junto a los otros dos oficiales mencionados.

En enero de 2008 Santelices estaba en servicio activo, pero luego de una semana de intensas reuniones entre el Gobierno y el Ejército, éste fue obligado a abandonar las filas de la institución.

Si bien los tres militares fueron encausados en calidad de cómplices, el abogado del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior, Boris Paredes, y el abogado querellante Hugo Gutiérrez, dijeron a La Nación que apelarán la resolución del juez para que la calidad de cómplices sea recalificada a la categoría de autores.

En el desierto

Los tres procesados participaron la noche del 18 de octubre de 1973 en el retiro de los 14 prisioneros desde la cárcel de Antofagasta, conduciéndolos al desierto para que fueran asesinados por integrantes de la Caravana de la Muerte y por militares de la Escuela de Blindados de esa ciudad.

Luego Santelices y los otros recolectaron los cadáveres masacrados a corvo y metralla, llevándolos a la morgue local.

El abogado Gutiérrez afirmó que "ahora el juez debe establecer quiénes fueron los militares de Antofagasta que participaron en esta masacre, porque hasta ahora no es aclarado".

Versiones de algunos testigos señalan que en el asesinato masivo tomó también parte activa un grupo de jóvenes subtenientes recién egresados de la Escuela Militar que estaban destinados a esa Escuela de Blindados.

El magistrado se encuentra ahora indagando esta eventual participación. Con el procesamiento dictado por el ministro Montiglio se confirma otro hecho desconocido hasta el año pasado, en la extensa lista de los crímenes cometidos durante la dictadura militar.

A cuarenta años de ocurridos los hechos y tras 15 años de investigación, la justicia dictó las primeras condenas por los crímenes de la denominada ‘Caravana de la Muerte’.

Son cuatro ex uniformados que aparecen como autores de 14 homicidios calificados registrados en la ciudad de Antofagasta tras el golpe militar de 1973.

Cabe recordar que la mítica comitiva recorrió gran parte del país tras el golpe militar de 1973. Y su comandante, el general Sergio Arellano Stark, tenía la siguiente orden: “Oficial Delegado del Comandante en jefe del Ejército y Presidente de la Junta de Gobierno” para “acelerar procesos y uniformar criterios en la administración de justicia” de los prisioneros.

En 17 días recorrieron en un helicóptero Puma 16 ciudades, dejando como saldo a 71 detenidos muertos.

La investigación se abrió en 1998 en manos del entonces ministro de fuero Juan Guzmán Tapia, quien el año 2006 logró desaforar a quien emitió la orden que llegó a manos de Arellano, el general Augusto Pinochet.

El actual investigador de los hechos, el ministro Leopoldo Llanos, condenó a 4 ex uniformados a la pena de 15 años de cárcel por los homicidios ocurridos en Antofagasta.

Por lo anterior, Sergio Arredondo González, Marcelo Moren Brito, Juan Chiminelli Fullerton y Patricio Ferrer Ducaud serán notificados de la alta condena.

Al respecto, Rosa Silva, hija de uno de los 14 ejecutados sin juicio, Mario Silva, lamentó la tardanza de la justicia.

En tanto que el abogado que representa a la mayoría de las familias de las víctimas, Cristián Cruz, reconoció lo lento del proceso, pero agradeció el esfuerzo que hicieron los jueces.

Mientras que el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, no hizo comentarios ante estas críticas y optó por destacar las garantías que le han dado a los jueces que instruyen causas por violaciones a los derechos humanos.

Vale añadir, además, que las condenas afectan también a Pablo Martínez Latorre como cómplice, a cinco años de cárcel, y a tres encubridores.

De todos modos, vale destacar que el general Sergio Arellano Stark no aparece entre los sentenciados, ya que fue declarado inimputable por demencia.

Finalmente señalar que las indemnizaciones, según el fallo del juez Llanos, se fijaron en 100 millones de pesos para las viudas o madres de las víctimas y 50 millones para cada uno de sus hijos.

A 40 años de ocurridos los hechos y tras 15 años de investigación, en la que destacó la actuación de los ministros Juan Guzmán y Víctor Montiglio, la justicia dictó las primeras condenas por los crímenes de la denominada ‘Caravana de la Muerte’. Así, el ministro Leopoldo Llanos condenó a la pena de 15 años de cárcel por los homicidios ocurridos en Antofagasta a los ex oficiales de Ejército Sergio Arredondo González, Marcelo Moren Brito, Juan Chiminelli Fullerton y Patricio Ferrer Ducaud.

Los cuatro ex uniformados aparecen como autores de 14 homicidios calificados registrados en la ciudad de Antofagasta tras el golpe militar de 1973.

Cabe recordar que la cruel y sangrienta comitiva recorrió gran parte del país tras el golpe militar de 1973. Y su comandante, el general Sergio Arellano Stark, tenía la siguiente orden: “Oficial Delegado del Comandante en jefe del Ejército y Presidente de la Junta de Gobierno” para “acelerar procesos y uniformar criterios en la administración de justicia” de los prisioneros.

En 17 días recorrieron en un helicóptero Puma 16 ciudades, dejando como saldo a 71 detenidos en aquel entonces, muertos.

La investigación se abrió en 1998 en manos del entonces ministro de fuero Juan Guzmán Tapia, quien el año 2006 logró desaforar a quien emitió la orden que llegó a manos de Arellano, el general Augusto Pinochet. Luego, la causa pasó al ministro Víctor Montiglio, quién logró importantes avances.

El actual investigador de los hechos, el ministro Leopoldo Llanos, condenó a 4 ex uniformados a la pena de 15 años de cárcel por los homicidios ocurridos en Antofagasta.

Por lo anterior, Sergio Arredondo González, Marcelo Moren Brito, Juan Chiminelli Fullerton y Patricio Ferrer Ducaud serán notificados de la condena.

Al respecto, Rosa Silva, hija de uno de los 14 ejecutados sin juicio, Mario Silva, lamentó la tardanza de la justicia. Mientras que el abogado que representa a la mayoría de las familias de las víctimas, Cristián Cruz, reconoció lo lento del proceso, pero agradeció el esfuerzo que hicieron los jueces. Aunque el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, no hizo comentarios ante estas críticas y optó por destacar las garantías que le han dado a los jueces que instruyen causas por violaciones a los derechos humanos.

Las condenas afectan también al teniente (r) Pablo Martínez Latorre como cómplice, a cinco años de cárcel, y a tres encubridores. No obstante, el general Sergio Arellano Stark no aparece entre los sentenciados, ya que fue declarado inimputable por demencia.

Finalmente señalar que se han fijado diversas indemnizaciones reparatorias, según el fallo del juez Llanos, para las viudas o madres de las víctimas y para cada uno de sus hijos.

Notificaciones

A partir de este lunes serán notificados por parte de la justicia los militares retirados que participaron en el episodio Antofagasta del denominado caso Caravana de la Muerte y que recibieron penas de cárcel que van desde los cinco a los quince años de presidio.

El ministro en visita en calidad de juez especial, Leopoldo Llanos, notificará a los coroneles en retiro del Ejército, Sergio Arredondo González, Marcelo Moren Brito, Juan Chiminelli Fullerton y al mayor en retiro Patricio Ferrer Duco, por la pena de quince años de cárcel debido a su responsabilidad en catorce muertes ocurridas en Antofagasta el 18 de octubre de 1973.

Conocido el dictamen, el Presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, valoró la resolución indicando que Chile es uno de los pocos países que ha abordado judicialmente materias de Derechos Humanos con dedicación exclusiva y sentencias.

“(Chile) es uno de los pocos países en el mundo que afrontó el problema de los Derechos Humanos y que designó jueces para investigar las infracciones, y jueces que son miembros de las Cortes de Apelaciones son magistrados con experiencia”, afirmó.

“Esta acción del Poder Judicial y por lo tanto del Estado chileno no se encuentra fácilmente en muchos países. Hubo algunos que obviaron esto y simplemente no hicieron nada”, agregó la autoridad indicando que espera el pronto cierre de más causas relacionadas.

Cabe recordar que en esta ocasión el general (r) Sergio Arellano Stark, de 88 años y con varias condenas a su haber, no fue sentenciado por poseer calidad de inimputable debido a que padece Alzheimer.

El caso Caravana de la Muerte aborda la ejecución extrajudicial de supuestos detractores a la dictadura cívico militar, detentando un oficio reservado del entonces comandante en jefe del Ejército y presidente de la junta militar, general Augusto Pinochet Ugarte, por parte del general (r) Sergio Arellano Stark. Se estima que la comitiva dio muerte en todo el país al menos a 97 personas.

La crueldad de la Misión

Al asumir la Junta Militar en Santiago, Augusto Pinochet volvió su atención a sus mandos en provincia, donde autoridades civiles y militares se conocían estrechamente, quienes no ejercían la misma mano dura ya conocida y temida en la Capital. Para asegurar que los comandantes blandos provinciales acataran la política represiva de la Junta, Pinochet encomendó al General Sergio Arellano Stark la misión especial de “uniformar criterios de administración de justicia y acelerar procesos” de los prisioneros políticos. Para facilitar su tarea, Pinochet le designó “Oficial Delegado del Comandante en Jefe del Ejército y Presidente de la Junta de Gobierno,” otorgándole a Arellano autoridad para actuar en su nombre.

En 1999, Arellano explicó al Ministro de Fuero Juan Guzmán el propósito de su delegación:

“La preocupación fundamental era que todos los procesados pudieran tener una defensa adecuada. Además que no se abusara del poder que se tenía en esos momentos, para dejar una buena imagen de las Fuerzas Armadas en la población civil.”

No obstante aquel supuesto propósito humanitario que Arellano otorga a su misión, los hechos hablan de un propósito siniestro. Sin ninguna pretensión de crear una fachada de legalidad, como fueron los Consejos de Guerra, los prisioneros fueron sacados y fusilados bajo la oscuridad de la noche, la mayoría de las ejecuciones atribuidas a “intento de fuga.”

El teniente coronel en retiro Marcos Herrera Aracena, quien sostuvo contacto con Arellano cuando la comitiva llegó el 18 de octubre de 1973 a Antofagasta donde era auditor militar de la 1ra División de Ejército, declaró al Ministro Guzmán:

” El general Arellano me informó que lo que quería el general Pinochet era terminar luego con los procesos que permanecían pendientes… O sea, cortar de una vez por todas los procesos.”

El teniente coronel en retiro Olagier Benaventes Bustos, el segundo comandante del regimiento Talca cuando, el 30 de septiembre de 1973, Arellano inauguró su gira en esa ciudad, da cuenta de otro objetivo (que es citado en el libro “La misión era Matar.”):

“Pienso que una de las razones de la misión fue sentar un precedente de drasticidad para atemorizar la presunta voluntad de lucha del pueblo chileno. Pero sin lugar a dudas, fue también para infundir miedo y terror en los mandos militares. Para que no tuvieran ningún tropiezo, hasta la última jerarquía: ¡señores, esto les puede pasar a ustedes!”

Acompañado por una comitiva de diez oficiales del Ejército, Arellano recorrió de sur a norte el país entre el 30 de septiembre y el 22 de octubre de 1973. El paso del helicóptero Puma del Comando de Aviación del Ejército con su comitiva a bordo dejó a 26 personas muertas en el sur y otras 71 en las ciudades de La Serena, Copiapó, Antofagasta, y Calama al norte del país, un recorrido escalofriante bien merecedor del apodo, la “Caravana de la Muerte.”

El abogado querellante Hugo Gutiérrez señala en el Prólogo al libro “La misión era matar”

“Existía para Pinochet la necesidad de rectificar penas bajas impuestas a los prisioneros de guerra que ya estaban ejecutoriadas, sancionar a aquellos jefes militares que las habían aplicado y de crear la convicción entre los integrantes de la Fuerzas Armadas de que se estaba en guerra.”

En tanto, la comitiva de Sergio Arellano Stark estableció lo que fue el marco fundacional de la dictadura, al implantar el terror en la población y el acatamiento total de los militares. Además de la secuela de prisioneros ejecutados sumariamente, muchos oficiales militares fueron castigados por “blandos”:

La Caravana de la Muerte y de los Responsables

Cómo y quien eligió a los integrantes de la comitiva ha sido un tema polémico. Sin embargo se puede discernir que los once oficiales del Ejército seleccionados para la misión compartían la característica de haberse comprobado en su accionar después del golpe, como militares de sangre fría, muchos en la Agrupación de Combate Santiago bajo el mando de Arellano Stark. En los años posteriores a la campaña sangrienta de la Caravana de la Muerte, el silencio que guardaron con respecto a estos hechos comprobó además que eran hombres confiables y leales a su jefe máximo Augusto Pinochet y a la Junta Militar.

A excepción de los pilotos del helicóptero Puma, todos los integrantes de la Caravana de la Muerte participaron en la gira al sur como también la que recorrió el norte, con participación personal en los fusilamientos. Los integrantes de la comitiva, además de dos suboficiales de la Escuela de infantería, fueron los siguientes oficiales del Ejército:

– Sergio Arellano Stark, general de Brigada y comandante de la Agrupación de Combate Santiago. Fue ascendido el 1 de diciembre de 1973 por Pinochet a general de la II División del Ejército.

– El teniente Juan Chiminelli Fullerton, coordinador logístico de la misión, fue ascendido a Teniente Coronel y se desempeñó en el departamento de operaciones exteriores de la DINA.

– Teniente Coronel Sergio Arredondo González, el jefe de Estado Mayor de Arellano al mando de la Agrupación de Combate Santiago. En octubre 1973 fue designado director de la Escuela de Caballería.

– Mayor Pedro Espinoza Bravo, del departamento de inteligencia del Ejército, pasó a ser el Jefe de Operaciones de la DINA y sirvió 5 años por autor intelectual del asesinato del canciller Orlando Letelier.

– Capitán Marcelo Moren Brito llegó a ser comandante de Villa Grimaldi, notorio recinto de detención y tortura, donde fueron vistos por última vez con vida a numerosas personas desaparecidas.

– Teniente Armando Fernández Larios, de la Escuela de Infantería de San Bernardo, quien pasó a ser un operativo de la DINA, involucrado en el asesinato del Canciller Orlando Letelier y otros atentados fuera de las fronteras de Chile. Fue condenado por tribunales de Estados Unidos a 27 meses de prisión.

– Antonio Palomo Contreras, piloto del helicóptero en la gira del sur. En el 2000 fue señalado como el piloto del helicóptero desde cual prisioneros fueron arrojados al mar.

– Mayor Carlos López Tapia, uno de los ejecutores, llegó a ser Jefe de División de Inteligencia Metropolitana que operó desde la Villa Grimaldi.

– Emilio de la Mahotiere González, copiloto en el sur y piloto en el viaje al norte.

– Luis Felipe Polanco, copiloto y ejecutor en la gira al norte.

La Renuncia del General Joaquín Lagos

El 18 de octubre de 1973 Arellano había llegado a Antofagasta. Mientras pasaba la noche en casa del General Joaquín Lagos, comandante de la 1ra División del Ejército y jefe de zona en Estado de Sitio, su comitiva estaba matando a catorce prisioneros. Sin respetar jerarquía y obrando a las espaldas de su oficial superior, Arellano puso en marcha la masacre programada para Antofagasta con colaboración del Servicio de Inteligencia Militar local y algunos oficiales subalternos de Lagos.

En el momento de los hechos, el general Lagos no sólo era comandante de la 1ra División del Ejército sino también, a partir del golpe militar, el Intendente de la provincia de Antofagasta. A solicitud de Arellano, el coronel Adrián Ortiz Gutmann, director de la Escuela de Blindados bajo comandancia de Lagos, puso a su disposición dos camiones para sacar a los prisioneros por la noche, sin autorización de Lagos, su superior.

Un total de 56 personas fueron ejecutadas en la jurisdicción de Lagos: 16 personas en Copiapó el 17 de octubre, 14 personas en Antofagasta el 18 octubre y en Calama 26 personas fueron ametrallados en la madrugada del 19 de octubre.

Los militares ejercieron especial brutalidad, en muchos casos, despedazando con corvos a los prisioneros antes de fusilarlos. Cuando, en años posteriores, se le preguntó por qué no había entregado los cuerpos a las familias para entierro, el general Lagos explicó que le daba “vergüenza” que se descubriera la bárbara forma en que los oficiales del Ejército masacraron a los 14 hombres.

Recién la mañana siguiente del 19 de octubre, después de despedirse de Arellano, supo el general Joaquín Lagos lo que había sucedido esa noche. Unos 28 años después, recordando ese momento durante un programa de televisión, comentó:

“Me sentí con dolor, con impotencia, con rabia, con todo lo que se puede imaginar ante un hecho de esta naturaleza que hicieron en mi zona jurisdiccional y ante mis espaldas.”

Ese mismo día pidió audiencia al general Augusto Pinochet quien se encontraba de paso por Antofagasta y le pidió que aceptara su renuncia. Lagos se acuerda que en ese momento, el ex comandante en jefe se levantó a telefonear a Arellano. Al no localizarlo, Pinochet dejó el siguiente recado: “Díganle al general Arellano que no haga nada más.”

El 1 de noviembre Augusto Pinochet le devolvió el informe que el general Lagos le entregó, en donde había redactado y daba cuenta sobre los sangrientos sucesos acaecidos, ordenando que borrara toda referencia a lo que había hecho Sergio Arellano Stark como su Delegado Oficial. En 1999, el general en retiro Joaquín Lagos reconoció que fue obligado a alterar el informe. También reveló que tomó la precaución de guardar el documento original rechazado por Pinochet. A más de 27 años después, gracias a la cautela del ex general Lagos, se puede comparar los dos documentos. Lagos señala que debajo la lista de los ejecutados fue ordenado a borrar la frase “por orden del Delegado del Comandante en Jefe” y poner su propia firma. Así pasaría a ser el responsable de los crímenes cometidos en su zona jurisdiccional.

Efectivamente, cuando les tocó declarar ante el juez Juan Guzmán, ambos, Pinochet (el 23 de enero de 2001) y Arellano Stark (en 1999) afirmaron que la responsabilidad por las matanzas era de los “jefes de guarnición”, en clara alusión al general Joaquín Lagos. No obstante sus maniobras para desviar la culpa, en junio de 1999 Guzmán procesó a los integrantes de la comitiva Caravana de la Muerte, entre ellos Arellano, por los delitos de secuestro calificado de 19 personas y en enero 2000 a Pinochet como autor inductor de los delitos de secuestro y homicidio calificados.

El juez Leopoldo Llanos impuso penas que van desde 15 a tres años de cárcel a los ex militares, según su grado de responsabilidad en los asesinatos perpetrados el 19 de octubre de 1973 en Antofagasta.

Ocho ex miembros del ejército fueron condenados este lunes en primera instancia por los homicidios calificados de 14 personas en el llamado caso “Caravana de la Muerte”.

El juez Leopoldo Llanos impuso penas que van desde 15 a tres años de cárcel a los ex militares, según su grado de responsabilidad en los asesinatos perpetrados el 19 de octubre de 1973 en Antofagasta.

Los sentenciados a 15 años y un día son Sergio Arredondo González, Marcelo Moren Brito, Juan Chiminelli Fullerton y Patricio Ferrer Ducaud.

Pablo Martínez Latorre fue condenado a 5 años y Pedro Espinoza Bravo, Luis Felipe Polanco Gallardo y Emilio de la Mahotiere González a 3 años.

Gonzalo Santelices Cuevas fue absuelto por falta de participación en los hechos.

La “Caravana de la Muerte”, uno de los casos de violaciones de los derechos humanos más emblemáticos en Chile, fue una comitiva militar. dirigida principalmente por el entonces general Sergio Arellano Starck, que recorrió el país después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, ejecutando prisioneros políticos.

El fallo del juez Llanos determinó que el 19 de octubre, cuando la delegación de militares que se trasladaba en helicópteros llegó a la norteña ciudad de Antofagasta, el “oficial delegado (…) dispuso que 14 prisioneros políticos debían ser retirados de la Cárcel Pública (…) y trasladados a la Quebrada El Way”.

Agregó que una vez que se produjo el traslado, “los prisioneros fueron separados en grupos de tres o cuatro y llevados frente a un paredón (…) y ejecutados por miembros de la comitiva del oficial delegado y personal militar de la zona, mediante diferentes ráfagas de fuego, provenientes de las armas que portaban”.

Las personas fusiladas se encontraban procesadas por la Fiscalía Militar, sin que aún se hubiese dictado sentencia en contra de ellas.

Llanos ordenó que el Estado y los condenados deberán pagar indemnizaciones a los familiares de las víctimas por concepto de daño moral.

Por ser una sentencia de primera instancia, puede ser apelada.