Fernández Larios Armando

En Santiago a veintidós de marzo de mil novecientos setenta y ocho comparece Dn ARMANDO FERNANDEZ LARIOS, chi leno, Capitán de Ejército, soltero, cédula de identidad 5861970 de Santiago, con domicilio para estos efectos en la Dirección de Instrucción del Ejército de esta ciudad» nunca detenido, quién interrogado bajo promesa de decir la verdad'- expone :

En el año1976 y mientras cumplía una "Misión extrainstitucional" en DINA, me correspondió el cumplimiento de una misión a Paraguay y otra a los EE.UU. en esa secuencia.

En dicho Hotel nos registramos con los nombres que llevabamos en los pasaportes esto es Alejabdro Faundez Lyon 

La justicia argentina pidió a EEUU el arresto preventivo con fines de extradición del ex agente de la policía secreta nacional Armando Fernández Larios, imputado por el asesinato del general Carlos Prats y su esposa, ocurrido en Buenos Aires en 1974.

Fuentes judiciales informaron hoy de que hace un año el fiscal de la causa, Jorge Alvarez Berlanda, había hecho esta petición, pero la jueza María Servini de Cubría hizo lugar a la medida en los últimos días y ya se han iniciado los trámites a través del Ministerio argentino de Relaciones Exteriores.

Convenio de protección

Las fuentes indicaron que, al parecer, Larios, que actualmente reside en la ciudad de Miami, tiene algún tipo de convenio de protección con Estados Unidos.

"Por eso se pidió la extradición, para que nos aclaren cuál es la situación", aseguraron fuentes del juzgado de Servini de Cubría, que no descartaron que finalmente Larios sea interrogado en Estados Unidos, tal como lo hizo el ex agente Michael Townley, confesó el autor material del doble crimen.

Aparentemente, el acuerdo extrajudicial pondría al ex agente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), a resguardo de los reclamos de la justicia nacional, que ya pidió su extradición por la llamada "Caravana de la Muerte".

Antes de solicitar la extradición, Servini de Cubría envió un exhorto a la Justicia estadounidense para tomarle declaración indagatoria a Fernández Larios, pero el pedido no tuvo eco

Aduciendo querer "limpiar su nombre", en enero de 1987, el mayor de ejército y agente de la DINA, Armando Fernández Larios, negoció su entrega al gobierno de Estados Unidos para evitar tanto los tribunales chilenos como la potencial represalia de sus camaradas. Sin embargo, en su propio refugio y a pesar de la protección del gobierno estadounidense, está cerca de recibir lo que probablemente será su único castigo, de manos de un tribunal en Miami.

El 26 de mayo próximo, la jueza Joan Lenard, de la Corte Distrital Federal de Miami, estado de Florida, comenzará a escuchar los testigos de uno y otro lado para resolver un demanda presentada en febrero de 1999 por la familia de Winston Cabello Bravo, asesinado en Copiapó el 17 de octubre de 1973 por el entonces teniente Fernández Larios, integrante de la Caravana de la Muerte comandada por el general Sergio Arellano Stark.

La demanda civil lo acusa de crímenes contra la humanidad, ejecución extrajudicial, y trato cruel, inhumano y degradante, y se basa en dos cuerpos legales que en las últimas dos décadas, han permitido a víctimas de la represión desde Bosnia a Centro América enjuiciar a sus verdugos en tribunales estadounidenses.

La hermana de Winston, Zita Cabello, economista y profesora de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de California, sede Santa Cruz, llevaba meses investigando a Armando Fernández Larios, contratando a un detective privado para rastrearlo. A fines de 1998, Zita entregó un documento de 15 páginas conteniendo antecedentes sobre Fernández Larios a la organización Center for Justice & Accountability (CJA), en San Francisco, California, que, entre otras cosas, patrocina demandas civiles en contra de violadores a los derechos humanos residentes, de paso o con bienes en Estados Unidos. Luego, se fue al bufete de abogados más grande de California y lo convenció de tomar el caso ad honorem.

"Estos casos envían una advertencia a los violadores a los derechos humanos de que no pueden residir y ni siquiera visitar Estados Unidos sin temor de ser descubiertos y demandados por sus víctimas. Estos juicios son un tipo de castigo. No hay duda de que altera la vida de estos victimarios", señala Sandra Coliver, Directora Ejecutiva de CJA.

Cabello, ingeniero comercial de 28 años, había sido Director Regional de Planificación en Copiapó durante el gobierno de la Unidad Popular. Al día siguiente del golpe militar, fue citado junto a otros jefes de servicios públicos dependientes del gobierno de Salvador Allende, a la oficina del comandante Oscar Haag, jefe de zona de Estado de Sitio. Ese día quedó detenido en la cárcel local, porque supuestamente, su vehículo había sido utilizado con "fines sospechosos". Dos semanas después, fue detenido el marido de Zita, Patricio Barrueto, quien trabajaba con Cabello.

Nunca se le formularon cargos ni fue sometido a un Consejo de Guerra. Una semana antes de su muerte, el fiscal militar Carlos Brito le aseguró que saldría en libertad.

El 16 de octubre de 1973, arribó la Caravana del general Arellano a Copiapó. Este seleccionó a 16 prisioneros para su fusilamiento. Trece de ellos, incluyendo a Cabello, fueron sacados de la cárcel esa noche y masacrados por miembros de la comitiva y algunos oficiales del regimiento. Los otros tres fueron asesinados al día siguiente. La versión oficial fue que habían muerto en un intento de fuga. Los 13 fueron enterrados en una fosa sin marca en el cementerio de Copiapó, y no fueron descubiertos hasta 1990.

Zita y su marido, ya en libertad, huyeron del país con su pequeño hijo el 12 de diciembre de 1974, obteniendo visas especiales de la Embajada de Estados Unidos. "Antes de irnos, una amiga que trabajaba en CEPAL me invitó a cenar a su casa. En un momento en que quedamos a solas, me preguntó, ‘¿Sabes cómo murió tu hermano? Lo mató Armando Fernández Larios con un corvo’. Me describió la manera en que había muerto mi hermano. Yo no quería saber, era muy terrible. No se lo conté a nadie, no tenía sentido aumentar el dolor. Pero jamás olvidé el nombre de Armando Fernández Larios", relató Zita Cabello, quien estuvo en Chile en agosto.

Sin embargo, no fue sino hasta 1995 cuando Zita Cabello se enteró de que el asesino de su hermano vivía en Estados Unidos. Ese año estaba preparando un documental sobre la Caravana de la Muerte ("Nunca Más, Para Que Nunca Más", 1997), y en un viaje a Chile un amigo se lo mencionó.

"Se me pararon los pelos. Fue tan horrible, y a la vez irónico, que el ejecutor material de la muerte de mi hermano estuviera viviendo en Estados Unidos, y más encima protegido por el gobierno de EE.UU.. Es una situación irreal", comenta Zita.

En mayo de 1999, asesorado por su abogado Steven Davis, Fernández Larios entregó su primera declaración a la jueza Lenard: "En enero de 1987, renuncié al Ejército de Chile y dejé Chile para venir a Estados Unidos y enfrentar los cargos criminales en mi contra. El gobierno de Estados Unidos no me acusó de tortura o asesinato (y nunca he cometido actos de tortura o asesinato…)". El 24 de ese mes, solicitó que la corte renunciara a ver el caso, alegando falta de jurisdicción. En agosto de 2001, la jueza Joan Lenard denegó la petición. En noviembre de 2001, Fernández Larios una vez más apeló a los cargos, solicitud negada por la jueza Lenard en junio de este año.

Hace un año, fue interrogado por primera vez. Durante los tres días que duró el interrogatorio, negó haber conocido a Winston Cabello, haber torturado y asesinado, o haber presenciado o sabido de los crímenes cometidos por la caravana. Sólo se limitó a reconocer su participación en la comitiva del general Arellano Stark como su guardaespaldas.

Fernández Larios nació en Washington, DC, hijo de un oficial de ejército comisionado en esa ciudad en la epoca. En 1970, a los 20 años y ya como subteniente del Ejército chileno, participó en el curso Combat Arms Orientation, en Fort Gullick, Escuela de las Américas, en Panamá, entre el 12 de enero y el 13 de febrero de 1970. Con algunos de sus compañeros de curso se volvería a reunir cuatro años después, ya todos agentes de la DINA: Rolando Mosqueira Jarpa, Hugo Acevedo Godoy, y José Zara Holger.

Tras su participación en el asalto al Palacio La Moneda el 11 de septiembre de 1973, el joven teniente fue comisionado a integrar la comitiva de Arellano Stark, contribuyendo a la secuela de muertes y desaparecimientos durante la caravana por el sur y el norte del país.

En 1974, participó en la tortura, muerte y desaparición de Manuel Sanhueza Mellado, 30 años, miembro del Comité Central de la JJ.CC., detenido el 10 de julio de 1974 en Arica. Sus restos fueron encontrados en una fosa común en Pisagua en junio de 1990. En septiembre de 1974, participó en la desaparición de David Silberman, caso por el cual ha sido procesado por el juez Juan Guzmán.

A principios de 1975, aparentemente ya como miembro del Departamento Exterior de la DINA, Fernández fue enviado a Lima, Perú en una operación encubierta para establecer contacto con el enlace de la Dirección del Partido Socialista en ese país, con el fin de llegar a la cúpula del partido. Sus exquisitos gustos lo delataron. El enlace no confió en este extraño "compañero", que lo citó a una reunión en un hotel de lujo y pidió whisky. La operación abortó.

Al año siguiente, en agosto de 1976, Fernández Larios volvió a su lugar de nacimiento con un pasaporte falso con la misión de preparar el terreno para el asesinato de Orlando Letelier y Ronni Moffit, ocurrido un mes después. Procesado por un tribunal federal de Washington en 1978 por su participación en el crímen, el régimen chileno denegó la solicitud de extradición de Fernández Larios a Estados Unidos. Sin embargo, casi una década después, el agente de la DINA negoció su entrega a Estados Unidos a través de su mediador, Federico Willoughby, y en enero de 1987, fue recogido en Brasil por el agente especial del FBI Carter Cornick, quien había investigado en el caso Letelier, y llevado de vuelta a la capital estadounidense.

Detenido en Washington, Fernández Larios entregó a la justicia estadounidense evidencia de que el homicidio había sido planificado y dirigido por la Dirección de la DINA; esa evidencia nunca se ha hecho pública. Luego, negoció un acuerdo con el Departamento de Justicia para declararse culpable como cómplice del crímen, a cambio de poder vivir y trabajar en EE.UU. tras cumplir la condena, y tener la seguridad de que no sería extraditado a Chile bajo ninguna circunstancia. El juez Barrington Parker lo sentenció a siete años de prisión. Sin embargo, el magistrado lo estimó un colaborador tan ejemplar, que luego de cumplir sólo cinco meses en una prisión federal, acogió una solicitud de sus abogados y lo dejó libre.

El ex agente de la DINA se trasladó a Miami. Según sus propias declaraciones, nunca aceptó acogerse al programa de protección de testigos, y siguió viviendo con su nombre verdadero. Aún no está claro si posee estatus de residente o si goza de sus beneficios de hecho. No ha renovado su pasaporte chileno, y tampoco está registrado en la Embajada chilena. Es posible que haya formalizado su ciudadanía estadounidense por el hecho de haber nacido en ese país.

A fines de 1988, Fernández Larios compró un condominio en el barrio Kendall, con piscina y canchas de tenis incluidas. También instaló un negocio de importación-exportación llamado Fervic Corp., de corta vida, y cuyo funcionamiento nadie pudo comprobar. Fue en ese condominio donde una madrugada de marzo de 1999, un emisario judicial le notificó de la demanda en su contra. Al poco tiempo, abandonó su condominio y hoy vive con su novia. Actualmente es subgerente del taller mecánico Auto Sport International en el condado Miami-Dade.

Cuando fue notificado de la demanda, Fernández Larios había recién regresado de un viaje a Chile, donde testigos lo vieron y conversaron con él. Entre sus actividades se incluyeron reuniones con ex camaradas de armas. Irónicamente, sólo cinco meses después de regresar a Miami, el juez Guzmán lo procesó por secuestro calificado de 19 víctimas de la Caravana que aún permanecen desaparecidas. En octubre de ese año, la Corte Suprema autorizó la solicitud del magistrado para extraditar a Fernández Larios.

Es muy poco probable que el gobierno estadounidense acceda a su extradición, si éste quiere cumplir con su palabra. El acuerdo firmado con Fernández el 29 de enero de 1987, en su punto 5, letra g), señala: "El gobierno acuerda que no intentará deportar al Sr. Fernández desde Estados Unidos a Chile, ni cooperará para su extradición a Chile". La solicitud de extradición del juez Guzmán ha estado "en revisión" en el Departamento de Justicia desde junio de 2000.

Sin embargo, el mismo párrafo del acuerdo lo deja desamparado respecto de solicitudes de extradición de otro países: "Esto no impide su extradición desde Estados Unidos hacia cualquier otro país que no sea Chile en relación a crímenes no cubiertos por este acuerdo", dice el acuerdo. El 23 de mayo pasado, la jueza argentina María Servini de Cubría, quien investiga el asesinato del ex comandante en jefe del ejército chileno Carlos Prats, y su esposa, Sofía Cuthbert, en Buenos Aires el 30 de septiembre de 1974, solicitó la extradición de Fernández, procesado en ese país por el doble crimen.

Pero para Zita Cabello, el escenario más probable es que Fernández Larios continúe en Estados Unidos, aunque pagando, literalmente, de por vida por sus crímenes. "El dinero no tiene sentido para nosotros, pero es la única posibilidad legal que nos da EE.UU. para buscar justicia. Este es un juicio moral y político. Antes, Fernández Larios vivía tranquilamente. Ahora tendrá el castigo de preocuparse toda la vida de no tener dinero, porque se lo van a quitar. Es importante sentar este precedente, para que las generaciones futuras sepan que los crímenes no quedarán impunes", señala

Por casi dos horas fue interrogado ayer en la Corte del Distrito Sur de Miami el ex mayor de Ejército Armando Fernández Larios en el juicio civil que se lleva en su contra por el asesinato de Winston Cabello, el 17 octubre de 1973 en Copiapó.

El ex integrante de la Caravana de la Muerte dijo no recordar qué pasó esa noche -en que fueron asesinados 13 presos políticos-, aunque sí admitió que el helicóptero Puma en que se desplazaban estaba en Copiapó, lo que había sido negado por otros integrantes del grupo.

"Se reía, fue irónico y agresivo", dijo a La Tercera Aldo Cabello, hermano del fusilado, respecto de Fernández en el interrogatorio. Además, relata, "le pidió al traductor que le dijera cómo se decía pelotón de fusilamiento y ejecución en inglés, pues eran palabras que nunca había utilizado… no sabía cómo decirlas".

El tiempo ayer no alcanzó para que el abogado querellante terminara sus preguntas. Por ello, el martes Fernández Larios volverá a subir al estrado. Con ello se cerrará la rueda de testigos, para que entre fines de la próxima semana y principios de la siguiente el jurado delibere

En silencio y estático, el ex militar chileno Armando Fernández Larios escuchó la sentencia del jurado que lo condenó a pagar cuatro millones de dólares a la familia del ingeniero Winston Cabello, víctima de los sucesos de septiembre de 1973, en la ciudad de Copiapó.

Fernández Larios y su abogado, Steven Davis, no se movieron de la sala y sin mirar hacia los lados, ambos esperaron que ésta quedara completamente vacía.

Por la puerta principal salió el abogado del oficial de ejército en retiro, pero solo, porque el ex uniformado rehuyó a la prensa.

Steven Davis se mostró sorprendido e insatisfecho con el fallo, y recalcó que va a apelar el veredicto. Con respecto a la alta suma de dinero que Fernández Larios debe pagar a la familia Cabello Bravo, Davis recalcó: "Él no tiene un solo peso, es un ciudadano común y corriente, un trabajador; no puede pagar esa suma".

En tanto, después de que la magistrada abandonó la sala, la familia Cabello Bravo, con los ojos llenos de lágrimas, comenzó a celebrar lo que para ellos, dijeron, constituye un verdadero triunfo contra todos aquellos responsables de los crímenes cometidos por la llamada "Caravana de la Muerte".

Una vez fuera del edificio federal, las felicitaciones de amigos y conocidos no se hicieron esperar. Aldo Cabello dijo estar feliz por lo acontecido y señaló que "esto no es sólo por mi hermano, sino por todos los que murieron injustamente durante la dictadura". Lo mismo dijeron las hijas del fallecido economista.

"No buscamos dinero"

Cuatro millones de dólares es la suma que deberá pagar Fernández Larios.

Al respecto, Zita Cabello enfatizó que ellos no buscaban dinero sino justicia, y agrego: "Yo sé que él no tiene un peso y eso no importa. Y si llega a pagar algo, aunque no creo que suceda, pero si lo hace, todo lo vamos a donar a CJA", organización que los ayudó, orientó y asesoró para llevar a cabo la demanda.

La familia Cabello Bravo regresará a California para recordar el próximo aniversario de la muerte de su hermano.

Armando Fernández Larios tiene 30 días para presentar su apelación que, de ser aceptada, dejaría la decisión final en manos de jueces y no de un jurado

El ex agente de la DINA, Armando Fernández Larios enfrenta un nuevo juicio civil en Estados Unidos por un caso de una víctima de la Caravana de la Muerte.

Según informa La Segunda, el juicio se desarrolla en la Corte del Distrito de Miami Dade y actúa como demandante la familia del economista Winston Cabello Bravo.

La defensa del ex agente, a cargo del jurista Steven Davis, negó las acusaciones de tortura y asesinato que le sindica la familia de Cabello. Se espera que dentro de tres semanas se falle la causa, que en caso de ser adversa a Fernández Larios incluiría el pago de una indemnización.

Aldo Cabello Bravo, hermano de la víctima, señaló que "este juicio tiene un fin moral y simbólico para nunca más violadores a los derechos humanos puedan llegar a los Estados Unidos y ampararse por sus crímenes".

Fernández Larios está sujeto al sistema de protección al testigo en EE.UU. luego de que se entregara a la justicia de ese país y fuera condenado a tres años de presidio como cómplice del asesinato del ex canciller Orlando Letelier.

El juicio civil contra Armando Fernández Larios, ex miembro de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), ha vuelto reavivar en Miami los crímenes cometidos por la denominada "Caravana de la Muerte".

En la exposición de motivos de los abogados de la acusación y la defensa se mostraron hoy las estrategias que seguirán ambos letrados.

Leo Cunningham, abogado acusador de la familia de una de las supuestas víctimas de Fernández Larios, afirmó que demostrará que el ex mayor de Ejército es "responsable legal" por los "asesinatos, torturas y crímenes contra la humanidad" que cometió.

"Demostraremos fehacientemente que el acusado integró la nefasta Caravana de la muerte, que conocía su objetivo y que conspiró para seleccionar a quienes ejecutaría", dijo el letrado de la familia Cabello, quien presentó la demanda contra Fernández Larios por el asesinato de Winston Dwight Cabello Bravo, el 17 de octubre de 1973.

La "Caravana de la muerte", planificada por la DINA, operó en diversas ciudades durante los meses posteriores al golpe de Estado de 1973 y se le atribuye la muerte de unos 75 funcionarios y simpatizantes del gobierno de Salvador Allende.

Defensa: “No mató ni torturó”

Por su parte, Steven Davis, defensor de Fernández Larios, negó las acusaciones y aseguró que su cliente "no mató, no seleccionó, no torturó, ni tuvo nada que ver con la muerte de Winston Cabello".

Agregó que la acusación no tiene un testigo que pueda afirmar que vio a Fernández Larios matar a Cabello.

Al mismo tiempo, aseguró que presentará el testimonio del autor material de la ejecución, el capitán Patricio Díaz, integrante en la época de la guarnición militar de la norteña ciudad chilena de Copiapó, donde fue asesinado Cabello.

Davis añadió que en su testimonio Díaz aclararía que recibió la orden de ejecución de parte de "su jefe directo el coronel Haag, quien recibió estas instrucciones del general Sergio Arellano Stark, jefe de la Caravana de la Muerte".

De acuerdo a expertos legales un testimonio semejante exoneraría a Fernández Larios como "autor material" en un juicio criminal, pero quizás no en un juicio civil, en el que no es necesario demostrar autoría "más allá de toda duda" para ser declarado responsable.

La estrategia diseñada por la defensa pareciera apuntar a ese objetivo en la medida en que el letrado Cunnigham subrayó que habían tres maneras de conseguir un veredicto de responsabilidad en un juicio civil: autoría directa, asistencia y conspiración y que "enfatizará en estos dos últimos caminos".

Además de los argumentos iniciales el jurado compuesto por ocho personas (cinco mujeres y tres hombres, entre los que cuatro son hispanos, dos negros y dos anglos) escuchó hoy los testimonios de Patricio Barrueto, cuñado de Winston, y diversos testimonios en video enviados desde Chile.

Fernández Larios, de 53 años, casi calvo un poco pasado de peso y vestido con un traje gris cruzado permaneció impasible durante la sesión y rehusó hablar con los periodistas.

La misma actitud de seriedad y silencio imperó entre los tres hermanos de Winston Cabello, Zita, Kira y Aldo, y entre los más de diez familiares del asesinado presentes en el tribunal, quienes ostensiblemente evitaron cruzar miradas con el acusado.

El juicio civil contra Fernández Larios se invocó en base a dos leyes del siglo XIX usadas para prevenir crímenes de piratería: la Alien Tort Claims (Reclamo por torturas en el extranjero) y la Torture Victim Protection Act (Protección a las Víctimas de Tortura).

En 2002, ambas leyes fueron usadas en un proceso en Miami contra dos generales salvadoreños acusados de tortura y condenados a pagar 54,6 millones de dólares en indemnización, aunque ambos se declararon "pobres de solemnidad".

Sin embargo, para la familia Cabello, que en su mayoría reside en California (EEUU) desde 1974, el proceso contra Fernández Larios no persigue fines monetarios.

Fernández Larios vive en EEUU desde 1987 bajo un supuesto "acuerdo de protección" que logró después de declararse culpable de complicidad en el asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier, ocurrido en Washington en 1976.

Por su parte, jueces argentinos han pedido su extradición para ser interrogado por el asesinato, en 1974, en Buenos Aires, del general chileno Carlos Prats, ex ministro de Defensa y de Interior de Allende. Ambos crímenes se atribuyen a la DINA, la policía secreta de Pinochet.

El tribunal federal de Apelaciones de Atlanta, confirmó ayer la sentencia dictada por una corte civil menor en contra el ex agente de la DINA, Armando Fernández Larios acusado por el asesinato del economista Winston Cabello, ocurrido en octubre de 1973.

Con la decisión, adoptada por un panel de tres jueces, se rechazó la reclamación presentada por el ex agente, en que negó su participación en el asesinato de Cabello y argumentó que la demanda fue presentada extemporáneamente en 1999.

De esta forma, se confirmó la condena dictada en el 2004 que impuso a Fernández Larios a pagar cuatro millones de dólares a los familiares de Cabello y los resultados de la investigación que se expusieron en un tribunal de Miami en la primera condena civil en EE.UU. por crímenes contra la humanidad.
La acción legal fue presentada por la familia de Cabello, quien fue uno de 13 prisioneros políticos ejecutados el 17 de octubre de 1973 en Copiapó, por la denominada “Caravana de la Muerte”.

Fernández Larios vive en Estados Unidos desde 1987, cuando cooperó con la justicia en el caso del asesinato del canciller Orlando Letelier y su ayudante, la estadounidense Ronni Moffitt, ocurrido en Washington en 1976. En esa ocasión, el agente se declaró culpable de ocultar los hechos a cambio de la promesa de que no sería extraditado a Chile. Tras cinco meses en una cárcel estadounidense, se radicó en Miami, donde fue encontrado por familiares de Cabello, quienes presentaron la demanda por daños recibidos en el extranjero.

Organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch, han reclamado la extradición de Fernández Larios a Chile y Argentina. En Santiago, el ex agente de la DINA está procesado en la Caravana de la Muerte por el ministro Juan Guzmán por su responsabilidad en los crímenes de la comitiva que encabezó el general (R) Sergio Arellano Stark.
En Argentina, en tanto, es requerido por su supuesta participación en el asesinato del ex comandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats, y su esposa, Sofía Cuthbert, en Buenos Aires en 1974.

Un tribunal federal de apelaciones de Estadios Unidos ratificó hoy un fallo de 4 millones de dólares que deberá pagar el teniente (r) del Ejército Armando Fernández Larios a la familia de un economista, tras haber sido hallado culpable del asesinato de un prisionero político durante el cruento golpe de 1973 en ese país.

 En octubre del 2003, un jurado se pronunció en favor de la familia del economista Winston Cabello, que demandó a Fernández en 1999 y hoy un panel de tres jueces de un Circuito de Apelaciones de Atlanta ratificó el fallo.

Al igual que en el dictamen anterior se estableció que el ex uniformado era responsable de los delitos de asesinato extrajudicial, crueldad, tortura y crímenes de lesa humanidad por su papel en la matanza de prisioneros políticos por parte de la Caravana de la Muerte. En Chile, Fernández está procesado en la Caravana de la Muerte por el ministro Juan Guzmán por su responsabilidad en los crímenes del paso de la comitiva por el norte y sur del país que encabezó el general (r) Sergio Arellano Stark. Los parientes de Cabello presentaron la demanda de conformidad con una ley de 1989 sobre reparaciones por daños recibidos en el extranjero, tras enterarse de que Fernández vivía y trabajaba en Miami. La ley ha permitido la presentación de demandas contra generales salvadoreños, dirigentes serbios, grandes empresas y funcionarios del ex gobernante filipino Ferdinand Marcos.

 Aunque algunos de los demandantes han recibido indemnizaciones por varios millones de dólares, esas cifras suelen ser simbólicas porque los acusados generalmente no tienen dinero suficiente para pagarlas.

El día 17 de octubre de 1973, Winston Cabello Barrueto, conocido funcionario de planificación regional durante el gobierno del Presidente Salvador Allende, fue asesinado por la Caravana de la Muerte en la ciudad de Copiapó. 

El magistrado condenó a Manuel Contreras y Marcelo Moren Brito a siete años de presidio como autores del secuestro y desaparición del ingeniero civil y militante comunista David Silberman. El ex agente Armando Fernández Larios, que vive desde 1987 en Estados Unidos, fue quien sacó a Silberman de la Penitenciaría con una identidad falsa.

El ministro Jorge Zepeda solicitó a la Corte Suprema dar curso a la solicitud de extradición desde Estados Unidos del ex agente DINA mayor (R) Armando Fernández Larios, bajo el cargo de haber sido el oficial de Ejército que, con una identidad falsa y ayudado de un bien montado operativo, secuestró desde la Penitenciaría de Santiago el 4 de octubre de 1974 al ingeniero civil y ex gerente general de Cobrechuqui, el militante del PC David Silberman Gurovich.

La petición la formuló el juez en la sentencia de primera instancia por el secuestro y desaparición del ingeniero. En su resolución, Zepeda condenó a la pena de siete años, en calidad de autores, al ex jefe de la DINA, general (R) Manuel Contreras, y al ex jefe del centro clandestino de Villa Grimaldi, coronel (R) Marcelo Moren Brito. Zepeda absolvió, sin embargo, a los ex agentes Carlos Labarca Sanhueza y Marcos Derpich Miranda, quienes también tuvieron relación con la operación y por ello estaban procesados y acusados.

El magistrado no concedió a Contreras y Moren beneficios de ningún tipo, por lo que deberán cumplir la condena después de que enteren sus actuales penas de doce y diez años respectivamente, por el secuestro y desaparición del mirista Miguel Ángel Sandoval. Además, el ministro condenó al fisco a pagar mil 40 millones de pesos a la viuda, hijos y hermanos de Silberman.

Silberman había sido condenado por un cuestionado consejo de guerra en Calama a 13 años de presidio por las leyes de Seguridad Interior del Estado y control de armas, a pesar de que se presentó voluntariamente a la justicia militar el 15 de septiembre de 1973. Por eso fue trasladado a cumplir la condena a la Penitenciaría de Santiago.

En la tarde del 4 de octubre de 1974 se presentó en ese presidio el entonces teniente y agente de la DINA Armando Fernández Larios, de uniforme, premunido de la tifa 245-03, a nombre de Alejandro Quintero Romero. Fernández ordenó al alcalde, Jorge Ortiz Aedo, entregarle al condenado, mostrándole una orden de un coronel Marcelo Rodríguez “asesor militar de los consejos de guerra en los tribunales militares”.

Le dijo, además, que podía verificar la orden al teléfono 51-64-03, a un tal “auditor militar Leyton” o al mismo coronel Rodríguez. El alcaide lo hizo y le entregó a Silberman.

A Fernández lo esperaba un jeep blanco Ika-Renault. Por cierto, todo era falso y ninguno de los oficiales nombrados por Fernández Larios existía.

Previamente, el agente Derpich, nombrado en la DINA como encargado de “trabajos especiales confidenciales” en la Compañía de Teléfonos de Chile, había supervisado la intervención de las líneas telefónicas que se requerían.

Según una declaración judicial del 2 de abril de 1998 del obispo de Copiapó Fernando Ariztía, cuando poco después del secuestro se entrevistó con Pinochet, junto al rabino Angel Kreiman, el jefe militar les respondió: “A Silberman lo secuestró un comando mirista disfrazado de militares”. Lo mismo sostuvo Manuel Contreras a tribunales en ese tiempo. Pero para hacer más creíble la historia, éste agregó que la tifa 245-03 a nombre de Quintero “fue encontrada en un allanamiento a la casa del mirista Alejandro de la Barra en diciembre de 1974”.

La tesis no era al azar, puesto que ya la dictadura planificaba el montaje de la Operación Colombo que se iniciaría con Silberman. Según una declaración del ex agente Enrique Arancibia Clavel en el proceso en Buenos Aires por el doble homicidio del general Carlos Prats y su esposa, a comienzos de 1975 llegó a Argentina “el general Raúl Iturriaga Neumann (jefe del aparato exterior DINA)

y me informó que su misión consistía en hacer aparecer en Argentina a un subversivo chileno de apellido Simelman o algo parecido, muerto en Chile, habiéndose bautizado ese operativo como la Operación Colombo”.

Efectivamente, en abril de 1975 apareció en un sótano de Buenos Aires el cuerpo semidestruido de una persona que -según se dijo- era David Silberman, lo que fue desmentido por su familia, que viajó para reconocerlo. Junto al cuerpo se halló el cartel “dado de baja por el MIR”. Justamente, Colombo consistió en hacer creer que 119 chilenos nunca estuvieron detenidos y que huyeron a Argentina, donde cayeron muertos en vendettas políticas de la izquierda o fallecieron en enfrentamientos con las FFAA argentinas.

La Segunda Sala de la Corte Suprema dio curso a la extradición del ex agente de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), mayor (r) Armando Fernández Larios, a fin de que preste declaraciones en la causa que se instruye por el secuestro y desaparición del gerente general Cobre Chuqui, David Silberman Gurovich, acontecido en octubre de 1974.

La Sala en lo Penal del máximo tribunal, de esta forma, acogió el pedido que hizo el 27 de septiembre del 2005 el ministro en visita Jorge Zepeda, en el marco de las condenas dictadas contra la plana mayor del organismo represivo del régimen militar.

El retirado mayor de Ejército reside en Estados Unidos bajo el sistema de protección a testigos tras colaborar en el esclarecimiento del homicidio del ex canciller Orlando Letelier del Solar, perpetrado en septiembre de 1976 en la ciudad de Washington.

También aparece mencionado en otras causas por violaciones a los derechos humanos, entre ellas Caravana de la Muerte, Operación Cóndor y el doble homicidio del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert.

Antecedentes del caso

El ministro Zepeda condenó a siete años de presidio a los ex jefes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), general (r) Manuel Contreras Sepúlveda, y al brigadier (r) Marcelo Moren Brito, como autores del secuestro del desaparecido gerente de Cobrechuqui, el ingeniero civil David Silberman Gurovich.

El magistrado, en su resolución absolvió de responsabilidad penal a Carlos Labarca Sanhueza y Marcos Derpich Miranda, quienes preliminarmente fueron investigados en este caso bajo la tipificación de cómplices.

De acuerdo a los antecedentes del proceso, el 4 de octubre de 1974 miembros de la desaparecida DINA sacaron a Silberman de la ex Penitenciaría en donde permanecía recluido tras ser sometido a Consejo de Guerra en Calama, Segunda Región. Relatos de testigos adscritos en el expediente, el supervisor de la actual Codelco fue visto en cuarteles del organismo represor como José Domingo Cañas y Cuatro Alamos.

También el juez solicitó a la Corte Suprema dar curso a la extradición del capitán (r) del Ejército, Armando Fernández Larios, quien reside en Estados Unidos bajo el sistema de protección a testigos tras colaborar en el esclarecimiento del homicidio del ex canciller Orlando Letelier del Solar, perpetrado en septiembre de 1976 en la ciudad de Washington.

Zepeda condenó además al Fisco a pagar 1.040 millones de pesos a favor de la viuda, hijos y hermanos de Silberman, por concepto de daño moral.

David Silberman Gurovich, fue el gerente general de Cobre Chuqui al 11 de septiembre de 1973, militante del Partido Comunista, se presentó voluntariamente al cuarto día de acontecido el golpe de Estado al comandante militar de Calama, mayor Fernando Reveco Valenzuela, quedando detenido y sometido a proceso por un tribunal militar de tiempo de guerra.

El 28 de septiembre de ese año el Consejo de Guerra dictó sentencia

condenándole a la pena de diez años de prisión por delitos contemplados en la Ley de Seguridad del Estado y a tres años por Ley de Control de Armas, debiendo cumplir su condena en Santiago, por haber sido requerido desde aquí por bando. Alrededor del 2 de octubre fue recluido en la Penitenciaría de esta ciudad.

El día 4 de octubre del mismo año, es sacado de la ex Penitenciaría y llevado a la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea a declarar en el proceso rol 1-73 de la Fiscalía de Aviación, permaneciendo en dicho recinto hasta el 20 de octubre, día en que fue devuelto a la Penitenciaría de Santiago.

En el intervalo, en la cárcel de Calama, en donde cumplían condenas del mismo Consejo de Guerra varias personas, ejecutivos de CobreChuqui y militantes de los partidos Socialista y Comunista, el 19 de octubre de 1973 fueron sacados alrededor de 25 prisioneros quienes fueron fusilados y sus cuerpos ocultados a sus familiares. Entre las víctimas se encuentran Haroldo Cabrera, gerente de

la misma empresa, quien seguía en jerarquía a Silberman; Carlos Berger, jefe de comunicaciones de la empresa y David Miranda, también ejecutivo de la firma cuprífera.

Según consta, Silberman permaneció en Santiago hasta el 4 de octubre de 1973.

En esa fecha, fue sacado del recinto carcelario por agentes de la DINA que falsificaron documentos del Ejército a fin de engañar a Gendarmería y lograr la entrega del detenido.

Una vez fuera del recinto, fue trasladado a la casa que el organismo de seguridad mantenía en José Domingo Cañas. De allí, el 5 de octubre fue llevado a 4 Alamos, para ser luego, el 6 ó 7 de ese mes, nuevamente conducido a José Domingo Cañas, en cuyas dependencias permanece hasta mediados del mismo mes en que es trasladado a 4 Alamos, desde donde desaparece los primeros días del mes de noviembre.

Contreras y Morén Brito cumplen condenas de cárcel en el Penal Cordillera por el secuestro del mirista Miguel Angel Sandoval Rodríguez.

El día que Armando Fernández Larios rehusó cambiar su identidad, luego de acceder a la protección del Departamento de Justicia de Estados Unidos, no imaginó que con su decisión comenzaba la cuenta regresiva -no para el estallido de una bomba, como la que mató al ex canciller chileno Orlando Letelier y a su secretaria, Ronnie Moffit, en Washington-, para una sentencia por “crimen contra la humanidad” que lo sorprendería, 16 años más tarde, en un tribunal civil de Miami.

Eran tiempos en que el ex militar y agente de la Dina se sentía seguro en Estados Unidos, tras confesar su participación en el asesinato de Letelier y colaborar en su esclarecimiento. De hecho, vivió tranquilamente en Miami durante todos estos años, sin sospechar que la hermana de una de sus víctimas había decidido obtener justicia. Zita Cabello, hermana del economista Winston Cabello Bravo, uno de los 74 opositores al régimen de Pinochet asesinados por la denominada Caravana de la Muerte, seguía sus pasos de cerca.

Esta doctora en economía dedicó casi cinco años a investigar la muerte de su hermano. Viajó diez veces a Chile desde Estados Unidos -país donde reside- a buscar evidencias que permitieron reconstruir la historia, “no sólo de la muerte de Winston en Copiapó, sino de todos los crímenes de la Caravana de la Muerte”. Reconoce que fue un trabajo de joyería, porque las evidencias y testigos que consiguió en Chile permitieron demostrar en la corte de Miami que el asesinato de su hermano constituyó un crimen de lesa humanidad.

Finalmente, como los tribunales civiles de Estados Unidos no pueden aplicar sanción penal o criminal, Armando Fernández Larios fue condenado a pagar una indemnización de cuatro millones de dólares. Se dictaminó que es “responsable legal” de un asesinato extrajudicial, torturas, crueldad física y mental y crímenes contra la humanidad. “Este juicio ha mostrado a la sociedad chilena y a la comunidad internacional lo que es posible hacer en términos de justicia. Ahora habrá que preguntarse qué tanto más es posible hacer. Es nuestro desafío”, señaló Zita Cabello a Punto Final.

DEUDA DE JUSTICIA

Usted dedicó varios años a buscar evidencias para enjuiciar a Armando Fernández Larios por el asesinato de su hermano. ¿Por qué decidió acometer esa tarea 26 años después del crimen? 
“La muerte de Winston marcó para siempre mi vida. Desde el 17 de octubre de 1973 todo lo que he hecho está ligado con el dolor profundo de perder a mi hermano. Ese mismo dolor -que incluso me impidió por años pronunciar su nombre-, me llevó a preguntarme por el sentido que podía darle a esa pérdida. Concluí que era luchar contra la impunidad para que nunca más ocurrieran crímenes como los cometidos por la dictadura. Cuando se cumplían 26 años de su muerte, vi la posibilidad de obtener justicia y no dudé un instante. Ojalá esta lucha contribuya a prevenir la barbarie y a crear un mundo más humano, solidario y digno”.

¿Qué significó para su vida esta experiencia?
“Esos años fueron de los más difíciles de mi vida, pero al mismo tiempo enriquecedores. Abrí muchas puertas, que pensé permanecerían cerradas para siempre. Conversé con personas a las que siempre vi como enemigos. Conocí la generosidad del ser humano y también su crueldad. Recorrí un largo, difícil y a veces muy solitario camino, buscando evidencias y testigos para enjuiciar a Fernández Larios. Si fuera necesario volvería a recorrerlo”.

¿Cuáles fueron los costos emocionales de investigar en un pasado doloroso?
“Fueron muchos. En 1974, conocí detalles muy precisos de cómo fueron los últimos momentos de vida de Winston. Tuvo una muerte dolorosa a manos de Fernández Larios, quien lo mató con un corvo. Esta información, no la compartí con nadie. Sólo en el juicio verbalicé esa verdad y compartí con mis hermanos el secreto guardado por años. Fue muy fuerte, porque las pruebas presentadas en la Corte ratificaron la crueldad ejercida contra Winston y las víctimas de Copiapó: fueron masacrados. Por primera vez hablamos como familia del dolor que significó su ausencia y pudimos llorar delante de nosotros mismos. También reviví nuestra historia de esperanzas, de sueños y proyectos truncados. Pienso que esto a la larga fue muy beneficioso para todos”.

¿Cómo se siente hoy frente a lo que hizo y, finalmente, logró?
“Pienso que es tan grande lo conseguido, que la tristeza y frustraciones de los últimos años perdieron importancia. El juicio en sí, es un símbolo de esperanza para la humanidad, porque devuelve la dignidad a Winston Cabello y a todas las víctimas de la dictadura de Pinochet”.

MAS DE UNA MUERTE

¿Cómo era su hermano Winston? ¿Cómo lo recuerda?
“Winston era buenmozo y de espíritu alegre. Tenía una sonrisa fácil, acogedora, ojos sonrientes. A pesar de ser callado y solitario, era muy fácil hacerse amigo de él. Era muy sensible y de carácter conciliador. Mi niñez, adolescencia y los años de universidad, están muy conectados con él. Estudié economía porque Winston me transmitió su entusiasmo. Fue siempre mi protector. Hay testimonios de personas que estuvieron detenidas con él que dicen que mantuvo su espíritu en alto y que entregó a todos palabras de apoyo y esperanza”.

¿Cómo afectó su muerte a la familia?
“De pequeño, Winston fue muy cercano a mi padre. Les gustaba tocar en guitarra canciones del folclor. También compartían la afición por el ajedrez, el ping-pong y el fútbol. Con su muerte, nuestra familia no sólo perdió a un hermano, porque en espíritu mi padre también murió. Nunca más volvió a sonreír. Su guitarra enmudeció para siempre y hasta que falleció, en 1990, en su mirada triste rondaba la misma pregunta: ¿Por qué mataron a mi hijo?”.

¿Cómo logró que la justicia norteamericana enjuiciara a Fernández Larios?
“Fue una combinación de cosas. Las leyes para hacerlo han existido desde muchos años. Una desde 1789 y la otra, Torture Victim Protection Act es de marzo de 1992. Sin embargo, muy pocas personas las conocen. La primera fue creada para protegerse de los piratas. Luego fue reinterpretada en 1980 y hoy incluye los delitos de tortura, genocidio, crímenes de guerra, ejecuciones sumarias, detención arbitraria y trato cruel e inhumano. Su aplicación no requiere que los hechos hayan ocurrido en Estados Unidos. Fue gracias a estas leyes y a la ONG Centro por la Justicia y la Responsabilidad, cuyo objetivo es perseguir criminales de guerra que viven en Estados Unidos, que logré enjuiciarlo”.
La condena de Fernández Larios sienta un precedente: es la primera vez que una persona es condenada por crímenes contra la humanidad.

¿Cómo se logró esta condena y qué relevancia le asigna?
“Efectivamente es muy relevante; a partir de ahora, Estados Unidos está obligado a prestar más atención a las leyes internacionales. Además, constituye un mensaje claro al resto del mundo: si un país no quiere o no puede perseguir a sus propios criminales, ya sea por razones políticas o de otra índole, la comunidad internacional lo hará. Los delincuentes acusados de crímenes de lesa humanidad ya no podrán usar a Estados Unidos como un ‘paraíso de retiro’, como lo habían hecho hasta ahora”.
Recientemente usted realizó gestiones en Chile relacionadas con Fernández Larios.

¿En qué consistieron esas diligencias?
“Hice averiguaciones para ver si existe la posibilidad de extraditarlo, por su responsabilidad en el crimen del general Carlos Prats y su esposa. Desgraciadamente, un juicio en Chile no sería exitoso porque existe un acuerdo entre el Departamento de Estado norteamericano y este individuo, que impide su extradición a Chile. Hay que orientar los esfuerzos para extraditarlo a Argentina”.
Usted ha planteado que Chile no ha querido buscar a los culpables.

¿Quiénes son los responsables de la impunidad en nuestro país?
“Hay muchos responsables. No existe voluntad política para hacer justicia; a un porcentaje muy grande de la sociedad chilena tampoco le interesa el tema; y a las Fuerzas Armadas, por supuesto, les conviene hacer borrón y cuenta nueva. Se tiende a ver la lucha contra la impunidad como una ‘molestia o sacrificio’ que pone en peligro la estabilidad y éxito del Chile presente. En este contexto, es fácil justificar la impunidad y no procesar a los responsables de los crímenes de la dictadura de Pinochet.

Esta lucha es un problema ético, que hay que enfrentar independientemente de las dificultades. Mientras existan personas dispuestas a ‘sacrificar’ la comodidad de sus vidas presentes por un futuro más humano y digno, habrá esperanzas. El juicio a Armando Fernández Larios es un buen ejemplo: es posible hacer justicia después de 30 años, a pesar de todas las barreras”

El oficial (r) del Ejército reside desde 1987 en Miami, donde lleva una vida de lujos.

La Corte Suprema declaró procedente solicitar a EE.UU., la extradición del oficial (r) del Ejército Armando Fernández Larios, procesado en Chile por los delitos de secuestro y homicidio calificado de Manuel Sanhueza Mellado, perpetrado en julio de 1974.

Según fuentes judiciales, en fallo unánime, el máximo tribunal del país dio lugar a la solicitud del ministro en visita , Mario Carroza, tras establecer que en el caso se cumplen los requisitos de extradición.

«Se declara procedente requerir al G+gobierno de los Estados Unidos la extradición del ciudadano chileno Armando Fernández Larios por la responsabilidad que se le atribuye como autor de los delitos de secuestro agravado y de homicidio calificado cometidos en la persona de Manuel Sanhueza Mellado el 10 de julio de 1974».

En parte del texto se explica que los ilícitos fueron cometidos «en un contexto de violaciones graves a los derechos humanos, masivas y sistemáticas, verificadas por agentes del Estado», durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Larios también participó en los preparativos del asesinato del ex canciller y Ministro del Interior Orlando Letelier, asesinado en Washington, en 1976, con una bomba que estalló bajo su automóvil.

El ex oficial negoció su rendición ante las autoridades judiciales estadounidenses y en 1987 se entregó a un oficial del FBI en Brasil, quien lo trasladó a Estados Unidos, donde habría negociado que nunca lo extraditarían a Chile y que al término de su condena lo dejarían vivir y trabajar en el país del norte.

Esta no es la primera solicitud de extradición de Larios que se hace a la justicia estadounidense. También lo hizo un tribunal argentino por el asesinato del excomandante en jefe del Ejército, Carlos Prats, asesinado junto a su esposa por una bomba que estalló en su automóvil en un barrio de Buenos Aires.

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza González, sometió a proceso al ex general de Ejército, y jerarca de extinta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, en calidad de autor del delito consumado de homicidio calificado de la ciudadana estadounidense Ronni Karpen Moffitt, de 25 años de edad, perpetrado en la ciudad de Washington DC el 21 de septiembre de 1976

En la causa (rol 910-2211), además se encuentran procesados desde junio de 2016 los ex oficiales de Ejército Pedro Octavio Espinoza Bravo, Armando Fernández Larios y el agente civil de la DINA el estadounidense Michael Vernon Townley Welch, en calidad de autores del homicidio de la secretaria del ex canciller chileno Orlando Letelier, en un atentado terrorista ejecutado en la capital de Estados Unidos. Todos los implicados operaban como jerarcas y agentes de la DINA.

En el proceso ha quedado demostrado que la DINA organizó y llevo a cabo una serie de atentados contra la vida de ciudadanos chilenos que se encontraban fuera del territorio nacional. Como parte de ese plan criminal, planearon llevar a cabo la ejecución de Orlando Letelier, ex Canciller del gobierno de Salvador Allende, que residía en Washington.

La planificación incluyó la cooperación de la dictadura paraguaya para proporcionar pasaportes falsos a los agentes chilenos con la finalidad de ingresar ilegalmente a territorio estadounidense, para lo cual Fernández Larios viajó a Paraguay. En tanto, Michael Townley se ocupaba de contactar a un grupo anticastrista cubano denominado Movimiento Nacionalista Cubano para que efectuaran seguimientos y vigilancia sobre Orlando Letelier. El ex canciller chileno trabajaba en ese entonces en el Instituto de Estudios de Política, ubicado en el distrito de Columbia. La organización terrorista de los cubanos anticastristas se dedicó a establecer las rutinas de Letelier y obtener los recursos logísticos para efectuar el atentado.

El 18 de septiembre de 1976, todo el equipo operativo se traslada hasta el entorno del domicilio de Orlando Letelier del Solar para abocarse a un reconocimiento del área, análisis de las rutinas, revisión de traslados, y luego dan cuenta de los resultados al teniente coronel Pedro Espinoza Bravo, encargado de controlar la operación.
Con la información confirmada, Espinoza Bravo imparte la orden de perpetrar el atentado mediante la instalación de una bomba; el artefacto explosivo fue colocado debajo del automóvil del ex canciller chileno.

El día 21 de septiembre, cuando Orlando Letelier, junto a su secretaria Ronnie Karpen Moffitf y al cónyuge de ésta, se dirigía a su trabajo, el grupo operativo hizo detonar el artefacto provocando la muerte inmediata de Letelier y de Ronnie Moffitt. El cónyuge de Ronnie sobrevivió al criminal atentado.

El encargado del llamado departamento exterior de la DINA para 1976 era Raúl Eduardo Iturriaga Neumann quien, dada la estructura interna y jerárquica con que actuaba el ente represivo, ejerció la dirección directa y control de estas acciones criminales. Desde la elección de los oficiales operativos a cargo del operativo, la preparación de los actos, los agentes, los medios necesarios y el control de las operaciones pasaron por la mano de Iturriaga Neumann, o "Don Elías", como se hacía llamar, quien informaba a sus superiores Espinoza Bravo y Manuel Contreras, el director de la DINA.

Iturriaga Neumann se encuentra cumpliendo condena por otra serie de delitos de lesa humanidad en los que tuvo participación y responsabilidad directa. Entre estos, cumple condena como autor del asesinato del General Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, en Buenos Aires, en septiembre de 1974, a la pena de 15 años y 1 día de presidio mayor en su grado máximo, y como autor de asociación ilícita a la pena de 100 días de presidio menor en su grado mínimo.

Además, tienes condenas a firme, a 5 años y 1 día como autor del secuestro calificado de Luis Dagoberto San Martín Vergara; a 5 años y 1 día como coautor de los secuestros calificados de Mario Edrulfo Carrasco Díaz y Víctor Fernando Olea Alegría; a 3 años de presidio menor en su grado medio, como autor del secuestro calificado de Félix De la Jara Goyeneche; a 3 años y 1 día como co-autor de 3 secuestros calificados de Luis Genaro González Mella, Luis Omar Mahuida Esquivel y Antonio Patricio Soto Cerna.

También se encuentra procesado y acusado en la Causa "Operación Colombo" como autor de los secuestros calificados de Mario Fernando Peña Solari y Nilda Patricia Peña Solari; y como coautor del secuestro calificado de Jorge Arturo Grez Aburto. Y se encuentra procesado como coautor de 38 secuestros calificados en 25 cuadernos, tanto de la Causa Operación Colombo como en otras causas.

DOCUMENTOS ESTABAN EN UNA ANTIGUA CARPETA DE LA BRIGADA DE HOMICIDIOS DE LA PDI

por Mauricio Weibel Barahona

Las copias de los pasaportes oficiales, con sus respectivas fotografías, de 44 agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) aparecieron en una antigua carpeta de la Brigada de Homicidios de la PDI. Esos registros ahora forman parte de los 4 mil documentos consultables en línea de la plataforma “Papeles de la Dictadura” desarrollada por CIPER con la colaboración del CIP UDP. El organismo de seguridad que operó en los primeros años de la dictadura -responsable de secuestros, torturas, ejecuciones y desapariciones-, realizó numerosas operaciones en el extranjero: como los atentados contra el general Carlos Prats y el excanciller Orlando Letelier. Vea acá las imágenes de los pasaportes.

Son 44 fotografías en blanco y negro que le ponen rostro al terror que infundió la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA). Imágenes de rostros serios y vestimentas formales -solo dos corresponden a mujeres- que bien podrían ser profesionales, empresarios o empleados bancarios. Pero, no. Son agentes del organismo que ejecutó secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones, en los primeros años de la dictadura. Quedaron registrados en los pasaportes oficiales que el Registro Civil les entregó cuando la DINA operaba en cuarteles secretos y desarrollaba operaciones encubiertas en el extranjero. Algunas de esas operaciones terminaron en crímenes, otras fueron de observación o asistencia técnica a las embajadas, en el marco del denominado Plan de Guerra Externa del régimen.

Los pasaportes fueron archivados en una carpeta de la Brigada de Homicidios de la PDI, probablemente cuando se comenzaron a investigar los crímenes de la DINA en los años 90, tras el retorno de la democracia. Un registro que quedó en el olvido hasta que ahora, en el marco de los 50 años del golpe de Estado, fue recopilado y revisado por el Centro de Investigaciones y Proyectos Periodísticos de la Universidad Diego Portales (CIP UDP). Ahora, esa carpeta forma parte de “Papeles de la Dictadura”, una plataforma con más de 4 mil documentos consultables en línea desarrollada por CIPER con la colaboración del CIP UDP (vea acá la plataforma “Papeles de la Dictadura”).

Fue precisamente una de las operaciones desarrolladas por agentes de la DINA en el exterior, y que debe haber requerido el uso de algunos de estos pasaportes, la que terminó sepultando a ese organismo represivo: el atentado con bomba que asesinó al excanciller Orlando Letelier y a su secretaria Ronni Moffitt, en Washington DC, cerca de la Casa Blanca. La presión que ejerció Estados Unidos por esa acción criminal fue determinante para que la dictadura le bajara el telón a la DINA. Sus labores fueron heredadas por la Central Nacional de Informaciones (CNI).

CIPER revisó los procesos judiciales abiertos por delitos cometidos por la DINA y comprobó que al menos 20 agentes, de los 44 que aparecieron en la carpeta de los pasaportes, figuran vinculados a esos casos. Este reportaje muestra esos antecedentes. Los pasaportes de los otros 18 agentes pueden ser revisados en “Papeles de la Dictadura”.

Armando Fernández Larios

Oficial del Ejército que participó en el asalto a La Moneda y la Caravana de la Muerte.

Luego, se integró a la DINA y estuvo vinculado al atentado a Orlando Letelier en Washington.

En 1987 se retiró del Ejército y viajó a Estados Unidos, donde admitió su participación en el crimen del excanciller chileno.

Actualmente, vive en Estados Unidos bajo el sistema de protección a testigos.

En 2003, la justicia civil del estado de Florida encontró a Armando Fernández Larios responsable por tortura y matanza extrajudicial del economista Winston Cabello, asesinado en Copiapó, imponiéndole un pago indemnizatorio de cuatro millones de dólares. 

Para más información sobre el caso Letelier y la situación de Fernández Larios puede revisar el reportaje