Fernández Dittus Pedro Enrique

Una realidad previsional muy distinta a su situación judicial viven varios de los ex agentes de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI) procesados como autores de los homicidios calificados de 12 frentistas en la denominada Operación Albania, ocurrida el 15 y 16 de junio de 1987.

Hoy se encuentran a la espera del dictamen del ministro en visita Hugo Dolmestch, quien tiene “para fallo” la investigación de los crímenes.

Sin embargo, otra es su situación previsional debido a que, bajo una denominación genérica de “estrés post guerra”, los ex agentes han obtenido pensiones de invalidez de segunda categoría, según lo acredita la Honorable Comisión de Salud del Ejército. Esto significa en la práctica obtener casi el doble de su jubilación mensual por ser víctimas de padecimientos en “actos de servicios” que los incapacitan para desarrollar una labor normal.

El grupo se encuentra encabezado por el jefe del llamado “procedimiento antisubversivo”, el teniente coronel (R) Krantz Bauer Donoso, ex jefe de la Brigada Verde de la CNI, quien figura como causal de retiro un diagnóstico de “TEC abierto, síndrome post TEC, otorragia izquierda, fractura peñasco temporal izquierdo y hemorragia sub aracnoidea”.

A él lo secunda, el teniente y empleado civil de Ejército (R), agente JorgeVargas Bories, coautor de ilegítima privación de libertad y de los homicidios ocurridos en calle Pedro Donoso, quien obtuvo su pensión de invalidez por actos del servicio al acreditar una “psicosis maníaco depresiva”.

También goza de este beneficio, extensivo a su grupo familiar y que mantiene en grado de “activos” su salario, es decir su pensión se reajustan al par de los sueldos de los oficiales que están en servicio, el fallecido teniente coronel Iván Cifuentes Martínez y ex jefe del Comando Cobra de la ex CNI, quien justificó una “psicosis maníaco depresiva”.

Cabe recordar que fue este oficial quien a sabiendas de una eventual cadena perpetua en su contra solicitó una “salida política” a sus casos, esto después de señalar que “en el fondo, la CNI cumplió la ‘pega’ que el Estado le encomendó (…) desde el punto de vista judicial, los superiores de la CNI quedaron como encubridores o cómplices, pero solamente quienes éramos capitanes estamos asumiendo la condición de autores directos y materiales”.

Asimismo el ex CNI, mayor (R) de Ejército, Emilio Enrique Neira Donoso, encausado como cómplice del homicidio de Recaredo Valenzuela y de los secuestros seguidos de homicidio de calle Pedro Donoso, recibe una pensión producto de una “psicosis afectiva”.

Por su parte, César Luis Acuña Luengo, empleado civil de Ejército (R), procesado como el autor del homicidio de Recaredo Valenzuela y cómplice de ilegítima privación de libertad de calle Pedro Donoso, también acreditó sufrir una “psicosis afectiva”.

Álvaro Corbalán

Pese a que el abogado Hugo Gutiérrez, (situación que avaló después su colega Héctor Salazar) señaló a La Nación que el ex jefe operativo de la CNI, teniente coronel (R) Álvaro Corbalán Castilla, goza de una pensión por “estrés post guerra”, precisando que “me encuentro seguro en un ciento por ciento, porque lo vi publicado en el Boletín del Ejército”; la Dirección de Comunicaciones del Ejército desmintió tal versión.

Sin embargo, indicaron que efectivamente el ex oficial, actualmente recluido a cadena perpetua simple en el penal de Punta Peuco por su responsabilidad en el crimen del carpintero Juan Alegría Mundaca, solicitó su invalidez de segunda categoría. “Pero le fue negada porque fue presentada fuera de plazo”, señaló la institución.

Respecto a las mencionadas adjudicaciones de pensiones a estos ex agentes, la misma vocería sostuvo que se apegan a la legalidad vigente, pues se acreditaron de manera médica las dolencias, recalcando que tienen un carácter de “irrevocable”.

A estos nombres se pueden sumar otros de esta institución, de la Fuerza Aérea, Carabineros e Investigaciones, que también mantienen ex funcionarios procesados por su responsabilidad en la Operación Albania.

Caucoto

Consultado el abogado querellante del caso Albania, Nelson Caucoto, señaló que “me parece extraño este beneficio a personas que no padecen ninguna invalidez o incapacidad generada por actos del servicio, que los mantenga inutilizados para el trabajo, situación que sólo se presta para que tengan el doble de sus pensiones”.

Añadió que “sin duda estamos frente a una situación que debe ser investigada, pues perfectamente se podría configurar el ilícito de fraude al Fisco”.

Caso quemados

Condenado preliminarmente a una condena de 600 días de presidio sin remisión, por su participación en el denominado caso quemados, situación luego cambiada por la Corte Marcial al acreditar que su accionar sólo fue negligente, el capitán (R) de Ejército Pedro Fernández Dittus también se suma al grupo de pensiones de invalidez “post guerra”.

Efectivamente, el jefe de la patrulla militar que golpeó y roció con combustible a Rodrigo Rojas Denegri y Carmen Gloria Quintana, logró acreditar ante la Comisión Médica del Ejército una “psicopatía orgánica”. Cabe recordar que a causas de las quemaduras, hecho ocurrido el 2 de julio de 1986, falleció Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana quedó con heridas en el 60 por ciento de su cuerpo.

En medios de las movilizaciones estudiantiles contra el sistema de enseñanza privada financiada en Chile por el Estado para el lucro de particulares, circula un mail recordando que un criminal del Ejército participa en la propiedad de un establecimiento de enseñanza de una barriada popular del este de Santiago. Se trata del ex capitán de ejército Pedro Enrique Fernández Dittus, jefe de una patrulla militar que roció con gasolina y quemó vivo, dándole una muerte increíblemente curel al joven fotógrafo Rodrigo Rojas Denegri, a la vez que dejó con quemaduras graves en el 60% de su cuerpo a la joven Carmen Gloria Quintana, quien sobrevivió con su cuerpo y rostro desfigurado. Todo esto ocurrió durante una protesta popular contra la dictadura de Pinochet registrada en la comuna Estación Central, en el oeste de Santiago el 2 de julio de 1986. 

El 10 de marzo de 2006, justo 20 años después del crimen y en el último día de gobierno de Ricardo Lagos, el Colegio de Profesores realizó una manifestación para desenmascarar a uno de los dueños de la escuela básica N° 172, ubicada en José Arrieta 6870, comuna de La Reina. La funa, o scratch, estuvo dirigida precisamente contra Fernández Dittus quien aparecía, en la Primera Notaría Peñalolén, como miembro de la sociedad "Marta Rosa Elena Dittus Bayer e Hijos Limitada", beneficiada con la explotación de la concesión de ese negocio, prebenda que el lenguaje eufemístico local denomina "sostenedor" del establecimiento, en vez de explotador u otro más preciso. En rigor, quien "sostiene" estos negocios es el Estado, con el dinero pagado en impuestos por "todos los chilenos" que tributan y que tampoco son "todos".

Condenado preliminarmente a 600 días de presidio sin remisión, por su crimen, la Corte Marcial cambió de parecer y concluyó que su acto criminal sólo fue "negligente". Fernández Dittus cumplió una condena de un año en el penal especial de Punta Peuco, llamado "cárcel de 5 estrellas" para presos ex militares. El criminal consiguió acreditar ante la Comisión Médica del Ejército el padecimiento de una “psicopatía orgánica” que la justicia castrense consideró como atenuante. También lo incorporaron al grupo de pensionados por invalidez “post guerra”.

El Lunes 2 de Julio asistimos al homenaje en memoria de Rodrigo Rojas Denegri y Carmen Gloria Quintana, en una pequeña calle de Estación Central, cerca del Santuario del padre Hurtado. Al llegar al lugar, se me vino a la memoria el capítulo final del gran documental chileno, La ciudad de los fotógrafos.

Han pasado 26 años de aquel lamentable día. Por aquellos años, yo apenas balbuceaba unas palabras e ignoraba lo que sucedía en el país. La historia de Rodrigo me ha llegado profundamente, porque me veo reflejado en él, porque también soy joven fotógrafo, porque también salgo a las calles a capturar esa cruda realidad que a veces no deseamos ver y porque querer cambiar las cosas no merece la muerte, mucho menos en la forma en que murió Rodrigo. 

¿Quién era Rodrigo Rojas Denegri?
Rodrigo Andrés Rojas Denegri, de 19 años de edad, era fotógrafo. Residía habitualmente en los Estados Unidos y se encontraba en Chile desde seis semanas antes de los hechos que terminaron con la vida del joven.

En verano de 1976 se trasladó a Canadá para pasar las vacaciones con su abuela, pero debió esperar diez años para poder regresar a Chile, ya que Verónica De Negri, su madre, había sido capturada por la represión militar chilena existente bajo el régimen de Augusto Pinochet, acusada de participar junto a otros activistas comunistas. Logró reunirse con su madre una vez que ella fuese exiliada y refugiada en Estados Unidos.

Durante los años que vivió en Norteamérica, convivía con comunidades latinas, estaba al tanto de las guerrillas sandinistas en Nicaragua y de la situación chilena con la dictadura militar, tocaba charango en una banda de música andina.

En marzo de 1986, ya contaba con suficientes recursos para poder trasladarse a Chile. Junto con su equipaje llevó dos cámaras fotográficas, las que ocuparía para cumplir la meta que anhelaba: retratar la vida en Chile y luego publicar un libro con esas fotos en Estados Unidos. Tenía un pasaje hasta Lima, Perú. Pasó a visitar a su abuelo en la ciudad de Arica, en el límite norte de Chile.

Una vez en Santiago, se dedicó a tomar fotografías. Su osadía sorprendía a las personas, ya que tomaba fotos de militares y carabineros sin medir las circunstancias, hablaba a viva voz en la vía pública en contra del régimen y le costaba entender que hubiera gente que ocultara su domicilio, por temor a represalias.

Soñaba con formalizar su militancia en las Juventudes Comunistas de Chile. Se integró a las actividades de la Facultad de Medicina Norte de la Universidad de Chile, participando en movilizaciones y tomando fotografías.

El 1 de julio se reunió con estudiantes de la Universidad de Santiago en la Estación Central. Allí compartió con pobladores y realizaron actividades recreativas para los niños.

Su muerte
El 2 de julio, a las ocho de la mañana caminaba junto a un grupo de jóvenes. Portaban ocho neumáticos, un bidón de gasolina y un aparato incendiario, para hacer una barricada y detener el tránsito. Fueron interceptados por una patrulla militar, que les persiguió y capturó junto a Carmen Gloria Quintana. Fueron brutalmente golpeados con los fusiles, posteriormente rociados de combustibles y quemados vivos.

El teniente Pedro Enrique Fernández Dittus, jefe de la patrulla militar, ordenó que los cuerpos humeantes fueran cubiertos con frazadas y subidos a uno de sus vehículos. Posteriormente, fueron lanzados en una acequia de las afueras de Santiago, en el sector rural de Quilicura. Fueron encontrados por efectivos policiales y trasladados de urgencia a la Posta Central. El 6 de julio muere a causa de las quemaduras mortales en su cuerpo.

El grupo musical chileno Illapu le dedicó la canción “Para seguir viviendo”, inserta en el disco homónimo del año 1986.

También el dúo chileno Quelentaro le dedico una copla titulada “Rodrigo Rojas”

Carmen Gloria Quintana
 (Santiago, Chile, 1968) es una chilena que fue quemada viva por una patrulla militar, durante una manifestación contra la dictadura de Augusto Pinochet. El atentado contra su vida significó una de las principales críticas realizadas contra el régimen, por los terribles eventos que sufrió. Los eventos son conocidos en Chile como el “Caso Quemados”.

El 3 de enero de 1991 un tribunal militar encontró al oficial Fernández Dittus culpable de negligencia, por negarle asistencia médica a Rojas, pero le exoneró de cualquier responsabilidad en la incineración de Quintana.3 En 1993, la Corte Suprema condenó a Fernández Dittus a 600 días en prisión por su responsabilidad en la muerte por quemaduras de Rojas Denegri y las quemaduras serias recibidas por Quintana. En octubre de 2000 un tribunal ordenó que el Estado chileno le pagara 251.7 millones de pesos a Quintana (sobre U0,000) en compensación.

Durante la visita a Chile de Juan Pablo II, Carmen Gloria Quintana se reunió con el pontífice en las instalaciones del Hogar de Cristo en la ciudad de Santiago, en un evento sumamente emotivo.

En la actualidad, Carmen Gloria Quintana se desempeña como docente en la escuela de psicología de la Universidad Andrés Bello, específicamente en la ciudad de Viña del Mar. Su área de trabajo, tanto en la docencia como en la práctica profesional, se basa principalmente en la clínica con niños y adolescentes. Trabajó durante muchos años en el hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar y hoy en día lo hace en el Servicio Nacional de Menores.

Un poco de historia
Debe haber sido finales de 1977. Yo era pequeña y acompañé a mi madre a darle la bienvenida a una exiliada chilena, que recién llegaba a Washington D.C. Hay que recordar que Estados Unidos no abrió su embajada para que chilenos se asilaran. Que llegará alguien exiliado a la capital, era un acontecimiento.

Recuerdo haber ido a un departamento subterráneo,  con ventanas pequeñas que daban hacia una calle céntrica. Quedaba en Adams Morgan, el barrio latino de la capital.  Ahí conocí a la exiliada recién llegada y a sus dos hijos. Uno de ellos era un poco mayor que yo, tenía grandes ojos, cristalinos, y era muy tímido.  El otro debe haber tenido cerca de dos años. Ellos eran Verónica De Negri y sus hijos Rodrigo Andrés y Pablo Salvador.

Para Rodrigo, era el reencuentro con su madre.  Había viajado a visitar a su abuela a Canadá en 1976 y esa visita se transformó en un largo limbo, ya que después de su partida a su madre la arrestaron por su supuesta participación en una imprenta clandestina en su nativo Valparaíso.

Verónica era militante comunista. A ella la torturaron en la base naval y fue víctima de repetidas violaciones por parte de sus captores. Tres Álamos fue el lugar donde posteriormente la trasladaron, a la espera de su sentencia. En este campo de concentración, fue nuevamente víctima de violaciones – no solo por parte de sus captores – sino también con el uso de ratones.  Perdonen mi  crudeza, pero creo que es necesario informar  a la gente el horror de la tortura, para que hagan suyo el dolor y la humillación que las victimas vivieron.  Solo así se podrá comprender el clamor de un “Nunca Más”.

Durante casi un año, Verónica estuvo sujeta a los abusos por parte de sus celadores. Finalmente,  la condena fue el exilio.

A Rodrigo lo vi intermitentemente durante varios años.  Fue creciendo, con la idea fija de volver a Chile, como todos los que vivían alejados del país por miedo –en el autoexilio–  o producto de portar una “L” en el pasaporte.

Lo volví a encontrar  en mayo del año 1986. Él venía llegando a Santiago. Fotografiaba el funeral de Ronald Wood, también asesinado por un militar que le apuntó a la cabeza al joven universitario que cantaba el Himno de la Alegría, junto a una treintena de personas.  Tres  fueron los disparos, dos a la cabeza y uno en la mano.

Poco más de un mes después,  nuevamente me encontré con Rodrigo. Sería nuestro último encuentro, dado que asistí a su funeral.

Rodrigo había vuelto a Chile, con su cámara al hombro y el sueño de publicar un libro de fotografía en Estados Unidos.  Ni siquiera debía estar en Chile.  Su boleto tenía el destino de Machu Pichu. Pero después de  visitar a su abuela en Arica se subió a un bus con rumbo a Santiago. No pudo abandonar su tierra. Como muchos de nosotros, él quería ser testigo de la represión que, nos contaban, ocurría. Y como muchos de nosotros, quiso participar de las protestas y unir su voz, a las que gritaban: “¡Basta, ya!”

Todos sus sueños fueron truncados ese 2 de julio, cuando le tendió la mano a Carmen Gloria Quintana que se habría caído en su intento de huir de la patrulla militar que repentinamente llegó al lugar donde se levantaba la barricada, en esa calle cercana a la Estación Central.

Fueron golpeados por los soldados y tendidos en el suelo. Los rociaron con la bencina que había en el lugar, dejada por los que huyeron. Luego les prendieron fuego.  Imagine usted, ese dolor, los gritos de dolor.

Posteriormente, los envolvieron en frazadas y los trasladaron  a Quilicura, donde los arrojaron a un zanjón de regadío.  Los dejaron ahí,  para que fallecieran. Fueron encontrados ahí por lugareños y trasladados al SAPU de la comuna. Hoy, ese centro asistencial lleva como nombre “Rodrigo Rojas De Negri”.

Cuatro días más tarde, producto de las quemaduras sufridas,  Rodrigo murió en la Posta Central.  Carmen Gloria tuvo que sobreponerse a un sinfín de operaciones, pero sobrevivió.

Transcribo estos recuerdos porque durante estas semanas he leído como algunos quisieran contextualizar la violencia ejercida por el Estado, durante el periodo de la dictadura. Recuerdo y sufro,  porque sé que mi pluma no tiene la capacidad de mostrarles la pureza de alma de Rodrigo y me siento impotente ante la injusticia de los hechos –y ante la injusticia de tantos hechos– que algunos quisieran justificar.

Solo puedo decir, escribir, reiterar y recalcar: No hay justificación alguna.

Rodrigo Rojas, mañana yo conmemoro ese fatídico encuentro tuyo con la patrulla militar comandada por el teniente Pedro Fernández Dittus. El día de hoy te tengo en la memoria y estas palabras son mi homenaje a ti y a todos quienes fueron torturados, asesinados y exiliados. Es mi firme promesa, quizás más, es mi juramento de un “Nunca Más”.

El asesino
En medio de las movilizaciones estudiantiles contra el sistema de enseñanza privada —financiada en Chile por el Estado para el lucro de particulares— circula un correo electrónico recordando que un criminal del ejército participa en la propiedad de un establecimiento de enseñanza de una barriada popular del este de Santiago. Se trata del ex capitán de ejército Pedro Enrique Fernández Dittus, jefe de una patrulla militar que roció con gasolina y quemó vivo, dándole una muerte increíblemente cruel al joven fotógrafo Rodrigo Rojas Denegri.

Fue el mismo acto que dejó con quemaduras graves en el 60% de su cuerpo a la joven Carmen Gloria Quintana, que sobrevivió con su cuerpo y rostro desfigurado. Todo esto ocurrió durante una protesta popular contra la dictadura de Pinochet registrada en la comuna Estación Central, en el oeste de Santiago el 2 de julio de 1986.

El 10 de marzo de 2006, justo 20 años después del crimen y en el último día de gobierno de Ricardo Lagos, el Colegio de Profesores realizó una manifestación para desenmascarar a uno de los dueños de la escuela básica N° 172, ubicada en José Arrieta 6870, comuna de La Reina. La funa, o “scratch”, estuvo dirigida precisamente contra Fernández Dittus quien aparecía, en la Primera Notaría Peñalolén, como miembro de la sociedad “Marta Rosa Elena Dittus Bayer e Hijos Limitada”, beneficiada con la explotación de la concesión de ese negocio —prebenda que el lenguaje eufemístico local denomina “sostenedor” del establecimiento, en vez de explotador u otro más preciso.

En rigor, quien “sostiene” estos negocios es el Estado, con el dinero pagado en impuestos por todos los chilenos que tributan —y que trampoco son todos.

Condenado preliminarmente a 600 días de presidio sin remisión, por su crimen, la Corte Marcial cambió de parecer y concluyó que su acto criminalsólo fue “negligente”. Fernández Dittus cumplió una condena de un año en el penal especial de Punta Peuco, llamado “cárcel de 5 estrellas” para presos ex militares.

El criminal consiguió acreditar ante la Comisión Médica del Ejército el padecimiento de una “psicopatía orgánica” que la justicia castrense consideró como atenuante. También lo incorporaron al grupo de pensionados por invalidez “post guerra”.

Para mayor información, consultar: Memoria Viva.

El Homenaje
Alrededor de unas cien personas llegaron para rendir homenaje a estos dos jóvenes a 26 años de sucedido los horribles hechos ya conocidos. En la ocasión, habló el padre José Aldunate, destacando el hecho de mantener la memoria histórica. El padre fue testigo del hecho en aquella época.
La música también estuvo presente gracias a Pancho Villa y el trovador Victor. En su oportunidad, se hizo entrega de un reconocimiento a los músicos por tu participación y compromiso con las causas sociales.

Familiares, dirigentes sociales y amigos de Rodrigo Rojas hablaron y agradecieron el estar acompañándolos en la actividad, año tras año. La tía de Rodrigo, Amanda Denegri, recibió una foto inédita del día del funeral, tomada por el fotógrafo Andres Bravo. También asistieron al homenaje representante de derechos humanos, familiares de detenidos desaparecidos y miembros del colectivo fotográfico de la época, AFI.

A 27 años de la muerte del fotógrafo Rodrigo Rojas De Negri, su madre, Verónica De Negri, y agrupaciones defensoras de los Derechos Humanos, criticaron que el asesinato de su hijo permanezca impune en la Justicia Militar

Ya se cumplieron 27 años desde la muerte de Rodrigo Andrés Rojas De Negri, fotógrafo que murió el  6 de julio de 1986 a causa de las quemaduras infligidas por una patrulla militar durante una protesta contra la dictadura de Pinochet. El 2 de julio de ese año, Rodrigo Rojas fue rociado con combustible y encendido por funcionarios del Ejército. Murió 4 días después. Su caso permanece impune hasta el día de hoy.

La madre de la víctima, Verónica De Negri, manifestó su parecer por esta situación.

“Rodrigo fue quemado vivo y eso es lo que yo quiero que nunca nadie se olvide. No fue muerto. Fue quemado vivo. Y después, cuando entró a la Posta Central, se le cierran las puertas para que su tratamiento se haga. Entonces hubo muchísima intencionalidad y eso para mi es muy importante. 27 años después, todavía no se ha hecho justicia al respecto. Han sido muy duros estos 27 años”, expresó.

Esta semana, Carmen Gloria Quintana, la sobreviviente de este caso que debió enfrentar varias operaciones de recuperación, testimonió a la BBC que “todo mi cuerpo estaba vendado, porque me hacían injertos de piel. Era muy doloroso, porque cada vez que me cambiaban las sábanas, se me pegaban.”

El teniente Pedro Enrique Fernández Dittus, jefe de la patrulla militar, fue quien ordenó que los cuerpos humeantes fueran cubiertos con frazadas, subidos a uno de sus vehículos y lanzados en una acequia en el sector rural de Quilicura, donde fueron encontrados por Carabineros y trasladados de urgencia a la Posta Central. Fernández Dittus, principal autor de este homicido, sólo estuvo 600 días en la cárcel y fue habilitado para convertirse en sostenedor de la Escuela 712 José Arrieta de la comuna de La Reina.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, criticó que, aun sabiendo quiénes son los responsables de este homicidio, la Justicia no cumpla la función que le corresponde. “Iba una patrulla de militares que tomaron a estos dos jóvenes, los retuvieron, los empaparon en bencina y lo quemaron”, detalló.

El grupo Illapu dedicó a Rodrigo Rojas De Negri la canción “Para seguir viviendo”, que forma parte del disco homónimo (1986). También el dúo Quelentaro dedicó una copla titulada Rodrigo Rojas. El Consejo de la Cultura creó en 2006 el premio de fotografía Rodrigo Rojas De Negri, pero sus fotos se conocen sólo en algunos círculos. Esta situación será corregida en septiembre, cuando se inaugure la primera exposición de Rojas en el Museo de Arte Contemporáneo y en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, en Santiago.

El retirado capitán del Ejército, Pedro Enrique Fernández Dittus, fue careado este martes con los ex conscriptos Fernando Guzmán y Pedro Franco Rivas, en el marco de la investigación por el homicidio del fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri y el homicidio frustrado de Carmen Gloria Quintana.

Fernandez Dittus fue el jefe de la patrulla militar que detuvo a ambas víctimas del caso Quemados, el 2 de julio de 1986.

En su momento, una Corte Marcial lo condenó por actuar negligente, sin que se considerara entonces la tesis de intencionalidad en la acción de la patrulla que roció con bencina a ambos jóvenes y les prendió fuego.

También fueron careados los ex conscriptos Leonardo Antonio Riquelme Alarcón, Juan González Carrasco y Walter Lara Gutiérrez.

La situación procesal de estos tres últimos, además de Fernández Dittus y de Franco Rivas, sería resuelta el viernes por el ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza.

En tanto, el jefe del Área Jurídica del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Rodrigo Lledó, valoró el testimonio de Pedro Franco Rivas quien, al igual que el ex conscripto Guzmán, decidió romper el pacto de silencio impuesto por los involucrados en el crimen.

Lledó  sostuvo que esa declaración “agrega hechos nuevos que no habían sido relatados por Fernando Guzmán”.

Por otro lado, Héctor Zalazar, abogado que representa a Carmen Gloria Quintana, anunció la presentación de una querella que apunta a los altos mandos del Ejército que tendrían responsabilidad en el encubrimiento de los hechos.

La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó este lunes la prisión preventiva que cumplía el capitán (r) Pedro Fernández Dittus, sometido a proceso como autor del asesinato de Rodrigo Rojas de Negri y del homicidio frustrado de Carmen Gloria Quintana, en el marco del caso Quemados.

Por este ataque, ocurrido el 2 de julio de 1986 en la población Los Nogales, el militar en retiro se encontraba recluido en el batallón de policía militar de Peñalolén.

La decisión del tribunal de alzada fue adoptada "teniendo en especial consideración la excepcional situación procesal en que se encuentra el inculpado Pedro Enrique Fernández Dittus", quien quedará bajo libertad vigilada y arraigo nacional.

En lo que se refiere a los militares retirados Julio Ernesto Castañer González, Iván Humberto Figueroa Canobra, Francisco Fernando Vásquez Vergara y Walter Ronny Lara Gutiérrez, la Corte de Apelaciones mantuvo la prisión preventiva.

Conocida la resolución -adoptada por los ministros Jaime Balmaceda, Jenny Book y Pedro Advis, en favor de Fernández Dittus-, la madre de Rodrigo Rojas, Verónica de Negri, la calificó como una burla.

"Que hayan ido a abandonar a mi hijo y a Carmen Gloria en las condiciones que lo hicieron para mí es una burla a la justicia, una burla a los derechos humanos, a las leyes internacionales y a todo tipo de convenio", dijo a radio "Cooperativa".

Fernández Dittus habría sido el responsable de la patrulla que habría protagonizado el ataque contra el difunto joven y Carmen Gloria Quintana.

Ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, decidió someter a proceso a otros cinco ex uniformados por su presunta responsabilidad en el crimen que terminó con la muerte del fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri y que dejó en riesgo vital a la estudiante Carmen Gloria Quintana.

El pasado 24 de julio, Carroza sometió a proceso por su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado de Rojas, y de homicidio calificado frustrado de Quintana, en calidad de autores, a Luis Zúñiga González, Francisco Vásquez Vergara, Julio Castañer González, Iván Figueroa Canobra, Nelson Medina Gálvez y Jorge Astengo Espina. Junto a ellos fue sometido a proceso Sergio Hernández Ávila, en calidad de cómplice de los ilícitos.

Este jueves Carroza, considerando nuevos interrogatorios, sumó imputaciones al retirado capitán del Ejército Pedro Enrique Fernández Dittus, el jefe de la patrulla que detuvo a las víctimas, además de los ex conscriptos Leonardo Antonio Riquelme Alarcón, Juan González, Walter Lara y Pedro Franco Rivas.

Mientras los demás uniformados resultaron detenidos, Franco quedó bajo la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno. El ex conscripto prestó colaboración y entregó un testimonio coincidente con el de Fernando Guzmán, cuya versión permitió iniciar esta nueva etapa en el proceso.

Carroza explicó que la participación de Franco debe ser estudiada, considerando que él es uno de los integrantes de la patrulla que abandonó a las víctimas que fueron rociadas con bencina y quemadas el 02 de julio de 1986 tras su detención en Estación Central.

“Guzmán se retira antes y llega después. En el caso de Franco, también participa en la detención, participa en el traslado de los bidones, el traslado de los neumáticos, entonces por lo tanto también participa en el hecho mismo”, precisó el juez Carroza.

El texto, escrito por Isidora Alcalde y Lowry Doren y publicado en el sitio www.casosvicaria.cl, hoy toma más sentido que nunca, toda vez que tras la declaración del exconscripto Fernando Guzmán el caso tomó un inesperado vuelco que le permitirá al ministro Mario Carroza reconstruir la verdad tras el asesinato, que como es sabido le dejó graves quemaduras a Carmen Gloria Quintana.

Verónica de Negri, madre de Rodrigo Rojas, en el funeral de su hijo. Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales. "El fotógrafo que vino a morir a Chile", se titula la historia de Rodrigo Rojas de Negri, el joven que a los 19 años volvió a su país de origen para reconocerlo, pero que en uno de los hechos más macabros acontecidos en la dictadura de Augusto Pinochet terminó perdiendo la vida tras ser quemado vivo por un grupo de uniformados. El texto, que reproduce parcialmente este medio,  fue escrito por Isidora Alcalde y Lowry Doren y publicado en el portal http://www.casosvicaria.cl hoy toma más sentido que nunca, toda vez que tras la declaración del exconscripto Fernando Guzmán el caso tomó un inesperado vuelco que le permitirá al ministro Mario Carroza reconstruir la verdad tras el asesinato, que como es sabido le dejó graves quemaduras a Carmen Gloria Quintana. El relato parte cuando se encuentran, inesperadamente, por primera vez Rojas y Quintana, tres días antes de transformarse en las víctimas del macabro hecho. "La joven de 18 años, de tez morena y cabello oscuro, estudiante de ingeniería de ese plantel (Usach), está focalizada en sacar a los niños del estrés generado por la represión que sufre el barrio en cada protesta. Reparte dulces, juega al luche y salta la cuerda. A los padres les entrega panfletos para informarlos sobre el paro nacional de la semana entrante, fijado para el miércoles 2 y jueves 3 de julio de 1986. En ese momento aparece alguien a quien nunca antes ha visto. Le atraen inmediatamente sus casi 2 metros de altura (1,93, para ser exactos), el pelo negro rizado, piel clara y ancha espalda. -¿Quién es ese joven tan atractivo?- le pregunta a una compañera de universidad. -Es un fotógrafo que viene llegando de Estados Unidos De acuerdo a la reconstrucción de la historia, "ella sobrevivió a duras penas y se transformó en el rostro de las atrocidades del régimen. El joven de 19 años murió a los cuatro días. Antes, sin embargo, alcanzó a declarar ante dos jueces que los autores de la agresión habían sido militares". Rodrigo Rojas, tal como lo recordó en su edición de hoy el diario estadounidense The New York Times, volvió el año 1986 a Chile tras diez de exilio en Estados Unidos. Alcalde y Doren escribieron en el reportaje que la vuelta del joven fotógrafo es "para retratar con su cámara las protestas y la represión, y para contribuir con los esfuerzos para derrocar a la dictadura. Venía de una familia de fuerte compromiso político y, a pesar de la distancia, nunca dejó de sentirse chileno y de izquierda".foto2Crédito: Reconstitución de escena “Caso Jóvenes Quemados”. Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales Trece años antes de eso hecho, en un casa ubicada en Valparaíso, cerca de "La Sebastiana" de Neruda, un pequeño Rodrigo vive un episodio en el que entrega un libro a un marino que había ido a buscar a su madre para llevársela, todo esto después del golpe. En ese entonces, prosigue la crónica, en esa casa la política era tema central, sobre todo en la sobremesa de los fines de semana. Su madre Verónica, cita textualmente el artículo, militaba en las Juventudes Comunistas y había estudiado Economía, carrera que abandonó por su enfoque demasiado neoliberal. Comenzó a tomar cursos universitarios sobre marxismo. Se compró un ejemplar de El capital, de Marx, que le leía en voz alta a su hijo, para que se durmiera por las noches. “Muchas veces llegaba cansada y él me preguntaba las cosas exactas, que me hacían analizarlo desde otro ángulo. Era muy hábil”, recuerda Verónica De Negri. Rodrigo tenía tres años cuando participó en una marcha por Salvador Allende. Fue el primer acto político al que asistió. Mientras todos cantaban “¡Venceremos, venceremos…!”, él pronunciaba “Enceremos…”. Ya en 1975, Rodrigo se va a vivir a Canadá con sus abuelos. En 1977 su madre logra salir del país y llega a Washington donde se junta con Rodrigo. Al principio, la vida de Verónica en Washington no fue fácil. Partió trabajando como camarera. Rodrigo ya no tenía las comodidades de Quebec y muchas veces tuvo que cumplir el rol de padre con su hermano menor. A sus 12 años decidió colaborar en el caso judicial del ex canciller Orlando Letelier, quien había sido asesinado un año antes en Washington por la DINA. Verónica cuenta que tenía que concurrir a diario a la corte, llevando documentos para el proceso. Por las tardes le sacaba fotocopias a las audiencias, las que luego leía a Isabel Margarita Morel, viuda de Letelier. Le pagaban 10 dólares por cada documento reproducido. Fue así como juntó 387 dólares para comprar su primera cámara, una Nikon F2. “El problema estaba en que no iba a clases por estar revelando”, recuerda su madre. Pese a la lejanía, Rodrigo nunca dejó de sentirse chileno, trataba de mantenerse conectado con sus raíces, participaba de un grupo folclórico "Decía que apenas cumpliera los 18 años volvería a su país", parafrasea el reportaje. Marcelo Montecino, un fotógrafo chileno radicado en Washington, se convirtió en su gran maestro. “Rodrigo venía todos los días a mi casa, era como un hijo. Mi hijo mayor en esa época era muy chico, así que él lo cuidaba”, recuerda Montecino, que por entonces tenía 45 años. El regreso -Mamá, me voy a Chile- anunció en marzo de 1986 Rodrigo cuando ya tenía 19 años recién cumplidos. Es así que luego de 10 años de exilio, el muchacho tomó su equipo fotográfico y un pequeño maletín. Regresó a su país con un pasaje de retorno, sólo para evitar ser enrolado en el servicio militar obligatorio. En la población La Victoria, una de las más combativas de esos años, Rodrigo conoció a Álvaro Hoppe, su partner durante su estadía en Chile. Con él y su hermano, el también fotógrafo Alejandro Hoppe, compartió días enteros sacando fotos. Se estableció en La Reina, en la casa de su tía Amanda de Negri, quien le generó nexos con la población Los Nogales de Estación Central. Allí Amanda conocía al sacerdote jesuita José Aldunate, fundador del Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo, que denunciaba las violaciones a los derechos humanos con manifestaciones callejeras no violentas. Rodrigo estaba muy interesado en cubrir esas protestas, en la que los activistas recibían sin defenderse los lumazos y empellones de Carabineros. En esos días quedó prendado de Pilar Vergara, una atractiva periodista y fotógrafa de la Vicaría de la Solidaridad, con quien solía toparse cubriendo algunas protestas. La joven se transformó en una suerte de amor platónico. En medio de la convulsión social que se vivía, dicen que Rodrigo parecía no preocuparse por los riesgos mientras ejercía su labor como fotógrafo. Todo es pasó hasta que el fatídico 2 de julio, que en síntesis se relata así: "Rodrigo se desesperó y, sin conocer la zona, corrió más rápido que todos por una estrecha calle llamada Fernando Yunge, hacia el sur. Carmen Gloria huyó en la misma dirección. La patrulla militar interceptó al joven dos cuadras más adelante. A unos metros Carmen Gloria vio que los soldados lo golpeaban fuertemente en el suelo. “Yo pensé en devolverme y seguir corriendo, o en quedarme ahí y esperar a que me detuvieran. Pero me di cuenta que ya estaba fregada y que me iban a perseguir con más fuerza”. La joven también fue interceptada. Unos efectivos la llevaron con fuerza hasta donde estaba Rodrigo y la lanzaron al suelo. Tras varios golpes e insultos a los dos, unos reclutas encontraron el bidón con bencina abandonado por los demás manifestantes, lo que enfureció aún más a los uniformados. Fue en ese momento cuando el jefe de la patrulla, el teniente Pedro Enrique Fernández Dittus, llamó por walkie talkie a tres oficiales de Inteligencia, que llegaron en un camión militar. La hermana de Carmen Gloria, Emilia Isabel, huía junto a su novio cuando sintió los gritos de ella y los insultos de los atacantes. Así lo detallaría la querella criminal presentada al día siguiente por el padre de ambas muchachas, Carlos León Quintana, quien relata lo que vio Emilia Isabel: “Sobre la vereda sur estaban botados dos cuerpos, uno de los cuales era el de su hermana Carmen Gloria. De pronto uno de los uniformados se acercó a ella y su pololo que la acompañaba y encañonándola y bajo insultos la hizo caminar (…) donde después de revisarla e interrogarla la dejó ir”. Según la reconstrucción de hechos realizada por el abogado de la Vicaría de la Solidaridad Héctor Salazar, sobre la base de más de una docena de testimonios entregados por testigos a ese organismo de la Iglesia Católica, los dos jóvenes fueron impregnados con el combustible que estaba en el bidón. Luego, ambos fueron obligados a tenderse boca abajo, a corta distancia entre uno y otro. De acuerdo con Salazar –quien representó a los jóvenes junto al también abogado de la Vicaría Luis Toro– otro efectivo militar lanzó una artefacto incendiario que también habían abandonado los manifestantes, justo en medio de ambos".

 

Según el abogado de Pedro Fernández Dittus, los hechos ocurridos en 1986, ya fueron “conocidos, juzgados y fallados”

El capitán (r) del Ejército Pedro Fernández Dittus presentó un recurso de amparo para anular el procesamiento en su contra como autor de los delitos de homicidio calificado consumado y frustrado en el marco de la investigación del denominado caso Quemados que impulsa el juez Mario Carroza.

La defensa de Fernández Dittus alude a que los hechos ocurridos en 1986, ya fueron “conocidos, juzgados y fallados”.

El abogado Enrique Ibarra quien representa al imputado, busca anular el procesamiento de su defendido que, a su juicio, ya cumplió una condena anterior por cuasidelito de homicidio en una indagatoria de la justicia militar respecto del hecho indagado.

La candidato a diputada de la UDI subió a su cuenta de Instagram algunas páginas de la sentencia que condenó a Fernández Dittus.

La candidata al Parlamento de la UDI Loreto Letelier insiste en su teoría: Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri, las víctimas del caso Quemados, se prendieron en llamas  por las bombas molotov que llevaban en el cuerpo.

Para sustentarla, ahora publicó parte de la sentencia en la que la justicia militar condenó a Pedro Enrique Fernández Dittus, jefe de la patrulla militar que atacó a los jóvenes, por no prestar ayuda a la mujer y al fotógrafo, quien falleció el 6 de julio de 1986 producto de las quemaduras.

De acuerdo con los documentos publicados por Letelier en su cuenta de Instagram, Fernández Dittus fue declaro culpable de "imprudencia temeraria en cuanto no se procuró pronto y debido auxilio mediático a los detenidos".

El mismo fallo de la Justicia Militar describió así los hechos que, supuestamente, provocaron que Quintana y Rojas terminaran quemados. "En esos instantes, Carmen Quintana giró repentinamente desde la posición en que se encontraba y, volviéndose hacia la calzada, golpeó con el pie una de las botellas que estaban sobre la vereda, la que se quebró, reventando en una llamarada que alcanzó una de sus piernas".

"Inmediatamente Carmen Quintana intentó apagar la combustión de sus pantalones y en sus movimientos tropezó con el bidón que se volcó, haciéndola trastabillar de bruces sobre Rojas de Negri, que continuaba boca abajo en la vereda. Los aproximadamente, cinco litros de bencina contenidos en el envase se infamaron en el acto y en el fuego envolvió a ambos en un instante", agrega el texto.

La investigación del ministro Carroza

Sin embargo, la investigación del juez Mario Carroza, llevada adelante sin las presiones de la dictadura, establece la verdad. El viernes 22 de septiembre de 2017, Carroza dictó una acusación contra 13 militares retirados por su responsabilidad en el homicidio calificado del fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri y el homicidio calificado frustrado de Carmen Gloria Quintana.

Por los hechos ocurridos el 2 de julio de 1986, el ministro en visita sindicó como autores a Nelson Medina, Luis Zúñiga, Jorge Astorga, Francisco Vásquez, Iván Figueroa, Julio Castañer, Leonardo Riquelme, Walter Lara, Juan Ramón González, Pedro Fernández y Pedro Franco. Además, acusó de cómplice a Sergio Hernández y como encubridor a René Muñoz.

Según la investigación de Carroza, la patrulla militar detuvo a los jóvenes y, una vez reducidos, los rociaron con un líquido inflamable y les prendieron fuego. Otro uniformados aparecieron y apagaron las llamas.

Luego de extinguir el fuego, los jóvenes fueron abandonados en una zanja en Quilicura, sin recibir ayuda médica.

Hoy se celebraría el cumpleaños número 50 de Rodrigo Andrés Rojas de Negri, el joven fotógrafo que a los 19 años volvió a Chile del exilio  para ser asesinado en uno de los hechos más macabros acontecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Rodrigo es el fotógrafo que perdió la vida tras ser quemado vivo por un grupo de uniformados, historia que pasó a la historia como el «caso quemados»

¿Quien era Rodrigo?

“La joven de 18 años, de tez morena y cabello oscuro, estudiante de ingeniería de ese plantel (USACH), está focalizada en sacar a los niños del estrés generado por la represión que sufre el barrio en cada protesta. Reparte dulces, juega al luche y salta la cuerda. A los padres les entrega panfletos para informarlos sobre el paro nacional de la semana entrante, fijado para el miércoles 2 y jueves 3 de julio de 1986. En ese momento aparece alguien a quien nunca antes ha visto. Le atraen inmediatamente sus casi 2 metros de altura (1,93, para ser exactos), el pelo negro rizado, piel clara y ancha espalda.

-¿Quién es ese joven tan atractivo?- le pregunta a una compañera de universidad.
-Es un fotógrafo que viene llegando de Estados Unidos

El fragmento del relato de escrito por Isidora Alcalde y Lowry Doren  (disponible en el portal http://www.casosvicaria.cl) nos presenta a Rodrigo en su encuentro con Quintana, tres días antes de transformarse en las víctimas del macabro hecho.

-Mamá, me voy a Chile- anunció en marzo de 1986 Rodrigo cuando ya tenía 19 años recién cumplidos, y  así,  luego de 10 años de exilio, el muchacho tomó su equipo fotográfico y un pequeño maletín. Regresó a su país con un pasaje de retorno, sólo para evitar ser enrolado en el servicio militar obligatorio.

En la población La Victoria, una de las más combativas de esos años, Rodrigo conoció a Álvaro Hoppe, su partner durante su estadía en Chile. Con él y su hermano, el también fotógrafo Alejandro Hoppe, compartió días enteros sacando fotos.

Se estableció en La Reina, en la casa de su tía Amanda de Negri, quien le generó nexos con la población Los Nogales de Estación Central. Allí Amanda conocía al sacerdote jesuita José Aldunate, fundador del Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo, que denunciaba las violaciones a los derechos humanos con manifestaciones callejeras no violentas. Rodrigo estaba muy interesado en cubrir esas protestas, en la que los activistas recibían sin defenderse los lumazos y empellones de Carabineros.

En medio de la convulsión social que se vivía, dicen que Rodrigo parecía no preocuparse por los riesgos mientras ejercía su labor como fotógrafo.

Todo es pasó hasta que el fatídico 2 de julio, que en síntesis se relata así: “Rodrigo se desesperó y, sin conocer la zona, corrió más rápido que todos por una estrecha calle llamada Fernando Yunge, hacia el sur. Carmen Gloria huyó en la misma dirección. La patrulla militar interceptó al joven dos cuadras más adelante. A unos metros Carmen Gloria vio que los soldados lo golpeaban fuertemente en el suelo. “Yo pensé en devolverme y seguir corriendo, o en quedarme ahí y esperar a que me detuvieran. Pero me di cuenta que ya estaba fregada y que me iban a perseguir con más fuerza”. La joven también fue interceptada. Unos efectivos la llevaron con fuerza hasta donde estaba Rodrigo y la lanzaron al suelo.

Tras varios golpes e insultos a los dos, unos reclutas encontraron el bidón con bencina abandonado por los demás manifestantes, lo que enfureció aún más a los uniformados. Fue en ese momento cuando el jefe de la patrulla, el teniente Pedro Enrique Fernández Dittus, llamó por walkie talkie a tres oficiales de Inteligencia, que llegaron en un camión militar.

Según la reconstrucción de hechos realizada por el abogado de la Vicaría de la Solidaridad Héctor Salazar, sobre la base de más de una docena de testimonios entregados por testigos a ese organismo de la Iglesia Católica, los dos jóvenes fueron impregnados con el combustible que estaba en el bidón. Luego, ambos fueron obligados a tenderse boca abajo, a corta distancia entre uno y otro. De acuerdo con Salazar –quien representó a los jóvenes junto al también abogado de la Vicaría Luis Toro– otro efectivo militar lanzó una artefacto incendiario que también habían abandonado los manifestantes, justo en medio de ambos”.

Rodrigo hoy cumpliría 50 años y SERPAJ Chile le recuerda con un profundo respeto a su entrega, a su vinculación y deseo de retratar el contexto social de un Chile golpeado, la valentía en la búsqueda de la verdad… dejamos con ustedes, algunos de los últimos disparos de su cámara, con ustedes: los ojos de Rodrigo…

Una corte chilena ha sentenciado a diez años de prisión a tres militares retirados involucrados en un conocido crimen cometido durante los años de la dictadura militar de Augusto Pinochet contra un fotógrafo. Asimismo, otros ocho exagentes han sido condenados a tres años de cárcel como cómplices del hecho.    

El juez Mario Carroza ha condenado a Julio Castañer, Iván Figueroa y Nelson Medina como autores del crimen, ocurrido en julio de 1986, contra Rodrigo Rojas de Negri, así como del homicidio frustrado de la psicóloga Carmen Gloria Quintana, un caso que ha trascendido popularmente como el caso 'Quemados'.    

Según el expediente, los efectivos rociaron con combustible y prendieron fuego a ambos detenidos el 2 de julio de 1986. Luego, el entonces teniente Pedro Enrique Fernández Dittus, jefe de la patrulla militar, ordenó que los cuerpos humeantes fueran cubiertos con frazadas y subidos a uno de sus vehículos. Horas más tarde, fueron lanzados en una acequia de las afueras de Santiago, donde efectivos policiales los encontraron y trasladaron de urgencia a la posta de esta comuna.

Rojas murió cuatro días después por las heridas y las quemaduras sufridas y Quintana sobrevivió con gran parte de su cuerpo quemado. En la actualidad, Quintana es funcionaria del Gobierno de Chile desempeñándose en el cargo de agregada científica en la embajada chilena en Canadá

La justicia chilena condena a tres militares retirados por crimenes perpetrados durante la dictadura de Pinochet

Ambos habían sido detenidos a primera hora de la mañana del día 2 de julio mientras caminaban junto a un grupo de jóvenes que tenían como objetivo realizar una barricada con neumáticos para detener el tránsito en la capital chilena. El fotógrafo, que vivió su infancia exiliado junto a su familia en Estados Unidos, había regresado a su país natal para realizar fotografías e implicarse en la lucha de las Juventudes Comunistas contra Pinochet

La justicia chilena condena a tres militares retirados por crimenes perpetrados durante la dictadura de Pinochet

En la dictadura de Pinochet, entre 1973 y 1990, unas 3.000 personas murieron o fueron desaparecidas, mientras que otras 28.000 fueron víctimas de torturas, entre ellas la expresidenta Michelle Bachelet.

Los hechos ocurrieron en julio de 1986 en Estación Central en el marco de una protesta contra la dictadura y en los que un grupo de militares comandados por el oficial Pedro Fernández Dittborn interceptó, golpeó, roció con combustible y quemó a los jóvenes Carmen Gloria Quintana y al fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, condenó a 11 miembros del Ejército en retiro, por su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado de Rodrigo Andrés Rojas de Negri y homicidio calificado, en grado de frustrado, de Carmen Gloria Quintana Arancibia.

El magistrado decidió la condena como autores para Julio Ernesto Castañer González, Iván Humberto Figueroa Canobra y Nelson Fidel Medina Gálvez a 10 años y un día de presidio. En tanto, para Luis Alberto Zúñiga González, Jorge Osvaldo Astorga Espinoza, Francisco Fernando Vásquez Vergara, Leonardo Antonio Riquelme Alarcón, Walter Ronny Lara Gutiérrez, Juan Ramón González Carrasco, Pedro Patricio Franco Rivas y a Sergio Hernández Ávila, el ministro condenó a  3 años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, como cómplices.

Por otra parte, la sentencia de 546 páginas  decretó la absolución de René Aníbal Muñoz Bruce debido a la falta de participación, y de Pedro Fernández Dittus por aplicación de la excepción de la cosa juzgada.

Respecto de la sentencia, el abogado del caso,  Héctor Salazar, señaló que el proceso fue muy largo porque la justicia militar no llevo el procedimiento de forma adecuada, “estos hechos fueron investigados y juzgados por la justicia militar, y ésta, fue un instrumento que utilizó la dictadura para falsificar lo que había ocurrido y tratar de buscar una justificación que implicara una responsabilidad tangencial muy disminuida, radicada en el jefe de la patrulla”.

Y añadió que “aquí queda en evidencia un encubrimiento institucional del Ejercito para impedir que hubiera justicia y se estableciera formalmente la verdad en un juicio. En el fallo que se dicta ahora eso queda en evidencia de manera manifiesta, en el documento hay un reconstrucción total de todos los antecedentes y de la historia tal cual fue. Es tardía esta justicia, pero por lo menos es un avance”.

El fallo de Carroza da por establecidos los siguientes hechos:

“El día 2 de julio de 1986, tres dispositivos militares pertenecientes al Regimiento de Caballería Blindada N°10 “Libertadores”(…) se encontraban efectuando labores de patrullaje en la Comuna de Estación Central, sector jurisdiccional de dicha unidad militar, con ocasión de haberse convocado días antes para esa oportunidad una jornada de protesta”.

Que la patrulla comandada por el Teniente Fernández Dittus, “detiene a dos personas, un hombre y una mujer -Rodrigo Andrés Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana Arancibia-, y les mantiene retenidos en la calle Hernán Yungue, ya que les sindicaba como participes de disturbios y autores de barricadas instaladas en la vía pública, para lograr su aprehensión fueron golpeados y amenazados con armas de fuego, y logrado el objetivo les colocaron cerca de un muro, en la acera sur de esa arteria, donde la mujer queda de pie con las manos en alto apoyadas en principio contra la pared y luego de frente, y el varón es tendido en el suelo boca abajo y con las manos extendidas”;

El ministro Carroza estima que dadas las condiciones en que se encontraban Quintana y  Rojas “jamás representaron un peligro para sus aprehensores, tampoco hubo la menor posibilidad que asumieran alguna reacción defensiva que implicara evadir su custodia, no obstante en este contexto de total sosiego, igualmente a la mencionada patrulla , se le sumaron otras dos, la que estaba a cargo del Teniente Iván Figueroa Canobra y aquella que integraban los funcionarios de la sección Segunda José Castañer González”.

De acuerdo al relato que efectúa el juez de la causa, los “agentes del Estado toman la decisión de rociar sus cuerpos y vestimentas con combustible y luego, mediante el empleo de un elemento adicional, en este caso una bomba molotov de contacto directo, provocaron un fuego que se irradia rápidamente hacia las víctimas , quienes al estar sus cuerpos y ropas con combustible no pudieron impedir que sus ropas se incendiaran y los cuerpos se quemaran, resultando ambos con heridas extensamente graves, en el caso de Rodrigo Rojas de Negri con quemaduras de 2° y 3° grado, en cabeza, cuello, tronco y extremidades, que comprometieron aproximadamente el 65% de la superficie corporal, que finalmente causaron su muerte, y en el caso de Carmen Gloria Quintana Arancibia, con quemaduras del 62% de la superficie corporal” (…)

quemados 2

Mario Carroza explica detalladamente que pese a estar en presencia de un acto ilícito, los oficiales que tenían el mando y debían responder obligatoriamente por la custodia de los detenidos y su integridad física, “se concertaron y resolvieron en forma conjunta el destino de las víctimas, subiéndoles a los vehículos militares y trasladándolos hasta un sector ubicado al interior de Lo Boza, en la Comuna de Quilicura (…) Que en ese lugar y en una zanja se decide abandonarlos a su destino, pese a la frágil condición de salud en que se encontraban, negándoles de esa forma toda ayuda médica, con el solo propósito de favorecer la impunidad de sus actos”;

En materia civil, el ministro Carroza se acogió las demandas de indemnización de perjuicios y condenó al Estado de Chile a pagar la suma total de $450.000.000 (cuatrocientos cincuenta millones de pesos) a Carmen Gloria Quintana como víctima sobreviviente, a sus familiares y a los de Rodrigo Rojas.

En el fallo, el ministro Carroza condenó a Julio Ernesto Castañer González, ex coronerl de Ejército radicado en Punta Arenas,  Iván Humberto Figueroa Canobra y Nelson Fidel Medina Gálvez a 10 años y un día de presidio, en calidad de autores de los delitos.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, condenó a 11 miembros del Ejército en retiro, por su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado de Rodrigo Andrés Rojas de Negri y homicidio calificado, en grado de frustrado, de Carmen Gloria Quintana Arancibia. Ilícitos perpetrados el 2 de julio de 1986, en la comuna de Estación Central.
En el fallo, el ministro Carroza condenó a Julio Ernesto Castañer González, Iván Humberto Figueroa Canobra y Nelson Fidel Medina Gálvez a 10 años y un día de presidio, en calidad de autores de los delitos.
En tanto, Luis Alberto Zúñiga González, Jorge Osvaldo Astorga Espinoza, Francisco Fernando Vásquez Vergara, Leonardo Antonio Riquelme Alarcón, Walter Ronny Lara Gutiérrez, Juan Ramón González Carrasco, Pedro Patricio Franco Rivas y a Sergio Hernández Ávila fueron condenados a 3 años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, como cómplices.
En la causa, se decretó la absolución de René Aníbal Muñoz Bruce, por falta de participación, y de Pedro Fernández Dittus por aplicación de la excepción de la cosa juzgada.
En la etapa de investigación de la causa, el ministro en visita logró establecer los siguientes hechos:
El día 2 de julio de 1986, tres dispositivos militares pertenecientes al Regimiento de Caballería Blindada N°10 “Libertadores”, ubicado en calle Santa Rosa N° 900 de la Comuna de Santiago, en horas de la mañana, se encontraban efectuando labores de patrullaje en la Comuna de Estación Central, sector jurisdiccional de dicha unidad militar, con ocasión de haberse convocado días antes para esa oportunidad una jornada de protesta. Estos equipos se movilizaban en un Camión 1-LINO de color azul y dos camionetas Chevrolet modelo C-10, una de color celeste y la otra blanca, cada una de ellas a cargo de un Teniente;
Que en esta labor, una de las patrullas, aquella que comandaba el Teniente Fernández Dittus, detiene a dos personas, un hombre y una mujer -Rodrigo Andrés Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana Arancibia-, y les mantiene retenidos en la calle Hernán Yungue, ya que les sindicaba como participes de disturbios y autores de barricadas instaladas en la vía pública, para lograr su aprehensión fueron golpeados y amenazados con armas de fuego, y logrado el objetivo les colocaron cerca de un muro, en la acera sur de esa arteria, donde la mujer queda de pie con las manos en alto apoyadas en principio contra la pared y luego de frente, y el varón es tendido en el suelo boca abajo y con las manos extendidas;
Que, en estas condiciones, se colige sin duda alguna, que las víctimas jamás representaron un peligro para sus aprehensores, tampoco hubo la menor posibilidad que asumieran alguna reacción defensiva que implicara evadir su custodia, no obstante en este contexto de total sosiego, igualmente a la mencionada patrulla , se le sumaron otras dos, la que estaba a cargo del Teniente Iván Figueroa Canobra y aquella que integraban los funcionarios de la sección Segunda José Castañer González, quienes llegaron al lugar a raíz de los llamados del Teniente Fernández Dittus;
Que, pese a no existir la eventualidad de acciones de peligro de parte de los jóvenes como tampoco nada que justificase las acciones criminales que emprendieron, éstos agentes del Estado toman la decisión de rociar sus cuerpos y vestimentas con combustible y luego, mediante el empleo de un elemento adicional, en este caso una bomba molotov de contacto directo, provocaron un fuego que se irradia rápidamente hacia las víctimas , quienes al estar sus cuerpos y ropas con combustible no pudieron impedir que sus ropas se incendiaran y los cuerpos se quemaran, resultando ambos con heridas extensamente graves, en el caso de Rodrigo Rojas de Negri con quemaduras de 2° y 3° grado, en cabeza, cuello, tronco y extremidades, que comprometieron aproximadamente el 65% de la superficie corporal, que finalmente causaron su muerte, y en el caso de Carmen Gloria Quintana Arancibia, con quemaduras del 62% de la superficie corporal, aproximadamente, en orden ascendente, de menor a mayor gravedad de abajo hacia arriba, y con mayor compromiso de la pierna izquierda que de la derecha, además extensa quemadura facial, de fosas nasales, cavidad bucal y vía aérea. Quemaduras de 3° grado, profundo, en toda la zona facial, cuero cabelludo y cuello en toda su extensión. Pelo totalmente quemado. Quemaduras de 3° grado en toda la extensión de ambas extremidades superiores. Ambas manos no estaban quemadas. Todo lo anterior demuestra de manera irrefutable, que fueron rociados con combustible, y ello no fue más grave porque el fuego logra ser extinguido con la ayuda y el auxilio de algunos conscriptos que utilizaron frazadas para sofocarlo;
Que ante este grado de ilicitud, los tres Oficiales que tenían el mando y la responsabilidad absoluta de todo el contingente militar, aquellos que debían responder obligatoriamente por la custodia de los detenidos y su integridad física, se concertaron y resolvieron en forma conjunta el destino de las víctimas, subiéndoles a los vehículos militares y trasladándolos hasta un sector ubicado al interior de Lo Boza, en la Comuna de Quilicura, distante 21 kilómetros de donde fueron quemados;
Que en ese lugar y en una zanja se decide abandonarlos a su destino, pese a la frágil condición de salud en que se encontraban, negándoles de esa forma toda ayuda médica, con el solo propósito de favorecer la impunidad de sus actos;
Que los integrantes de las tres patrullas militares, ocurridos estos acontecimientos, finalmente regresaron a su unidad militar, donde los Oficiales Castañer y Fernández Dittus acompañados del Vice Comandante Villarroel, ponen en conocimiento del Comandante del Regimiento N°10 Libertadores, Coronel René Aníbal Muñoz Bruce, fragmentos de las circunstancias de lo que había acontecido, sin advertirle lo doloso de sus comportamientos, por lo que éste en su real entender de militar fue en definitiva opinión que dicho evento no tenía mayor importancia, ya que se trataba de un suceso más de la protesta, y decide comentarlo solo de manera verbal con su superior , quien al pensar lo mismo que Muñoz Bruce, tampoco lo pone en conocimiento de sus superiores, sino hasta días después cuando fallece Rodrigo Rojas de Negri, en que se ven obligados a reconocer ante la opinión pública la participación de las tres patrullas de su Regimiento en estos crímenes.
En el aspecto civil, se acogieron las demandas de indemnización de perjuicios, condenándose al Estado de Chile a pagar la suma total de $450.000.000 a víctima sobreviviente y familiares a ambas.

Juez Carroza dictó sentencia contra ex militares por quemar vivos a Rodrigo Rojas -quien murió- y Carmen Gloria Quintana. Teniente involucrado, absuelto.

Santiago. 21/03/2019. Al final, este jueves se conocieron condenas contra ex militares del Ejército, decretadas por el juez Mario Carroza, por quemar vivos al joven fotógrafo Rodrigo Rojas De Negri -quien murió a consecuencia de las heridas- y a la joven Carmen Gloria Quintana -con el 65% de su cuerpo quemado-, en un hecho ocurrido en Santiago en julio de 1986.

Carroza condenó a Julio Ernesto Castañer González, Iván Humberto Figueroa Canobra y Nelson Fidel Medina Gálvez en calidad de autores del homicidio calificado de Rojas y el homicidio calificado en grado de frustrado de Quintana. Fueron sentenciados a 10 años y un día de presidio.

Rodrigo Rojas y Carmen Gloria fueron atacados por una patrulla del Ejército en una calle durante una jornada de protesta contra la dictadura. Los uniformados los insultaron, amenazaron, golpearon, los rociaron de bencina y les prendieron fuego. Luego los abandonaron lejos del lugar del hecho.

Al mando del grupo de ex militares estaba el Teniente Pedro Fernández Dittus, quien en esta resolución fue absuelto por “aplicación de la excepción de la cosa juzgada”. Esto es, que ya había pasado por un juicio.

También fue el caso de René Aníbal Muñoz Bruce, por falta de participación.

Mario Carroza sentenció además a Luis Alberto Zúñiga González, Jorge Osvaldo Astorga Espinoza, Francisco Fernando Vásquez Vergara, Leonardo Antonio Riquelme Alarcón, Walter Ronny Lara Gutiérrez, Juan Ramón González Carrasco, Pedro Patricio Franco Rivas y a Sergio Hernández Ávilaen calidad de cómplices del homicidio calificado de Rojas y homicidio calificado en grado de frustrado de Quintana, por lo que deberán cumplir con penas de tres años y un día de cárcel, con el beneficio de libertad vigilada.

Juan Carlos Maldonado encarnará el papel protágonico en “La mirada incendiada”, cinta dirigida por Tatiana Gaviola, que llevará al cine la vida del fotógrafo que murió producto de las quemaduras provocadas por el ataque de militares en plena vía pública. «Puse mi cuerpo y mi alma en el personaje con todo el respeto», contó el actor en conversación con SACH.

Este 2 de julio se conmemoran 34 años desde que militares quemaron vivos en la vía pública al fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri y la psicóloga Carmen Gloria Quintana, un caso conocido como «Caso quemados».

Carmen (18) y Rodrigo (19) fueron torturados de la peor forma por una patrulla militar durante la dictadura de Augusto Pinochet. Los jóvenes fueron golpeados, posteriormente rociados con combustible y quemados vivos. No conforme con ello, el entonces teniente Pedro Enrique Fernández Dittus ordenó que los cuerpos fueran cubiertos con frazadas y subidos a uno de sus vehículos. Horas más tarde, fueron lanzados en una acequia a las afueras de Santiago, en el sector rural de Quilicura. Los cuerpos fueron hallados y trasladados de urgencia a la postal central de la comuna. Cuatro días después del ataque, el fotógrafo murió a causa de las quemaduras.

La historia de Rojas de Negri, quien había llegado a Chile pocos meses antes de su asesinato, será llevada próximamente al cine y bajo la dirección de Tatiana Gaviola, destacada por los largometrajes «El último hombre» (1996) y «Teresa» (2009), que retrató la vida de la escritora Teresa Wilms Montt.

“La mirada incendiada” será el nombre del film y contará con el rol protagónico de Juan Carlos Maldonado (El Príncipe). Hace unas semanas, el artista nos contó detalles de este importante papel para su carrera.

«Es un personaje complejo, muy importante para la memoria chilena, sobretodo en este contexto, donde hemos vivido represión desde la autoridad y el poder, donde todavía se sigue matando a gente», dijo.

Respecto al tratamiento de la cinta, Maldonado señala que «está hecha con mucho amor». «Es una historia bellísima con un final terrible. No sé cómo enfrenté a ese personaje en realidad, yo puse mi cuerpo y mi alma en el personaje con todo el respeto«, señala.

Para el actor, es «urgente» mostrar este tipo de historias en la pantalla grande. «Pasó hace súper poco y lo más terrible es que todavía sigue existiendo gente impune. Hay una impunidad terrible en este país, donde los verdaderos responsables no son enjuiciados. Está pasando mucho en este país, donde existe una impunidad horrenda, donde el poder toma cada vez peores decisiones, donde les importa queda vez menos la gente, no se conecta con el pueblo y es horrible, llega a ser grosero», expresó.

Juan Carlos confirmó que la película ya fue grabada en su totalidad y se encuentra en un proceso de post-producción, aunque no asegura que se pueda ver con prontitud debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19, que mantiene todas las salas de cine cerradas. Además de Maldonado, las actrices Catalina Saavedra y María Izquierdo, también forman parte del reparto.

Entre otros, el tribunal de alzada condenó a Julio Castañer González, Iván Figueroa Canobra, Nelson Medina Gálvez y Pedro Fernández Dittus a 20 años de presidio como autores de ambos ilícitos.

La Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia de segunda instancia en contra de 10 miembros del Ejército en retiro por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado de Rodrigo Andrés Rojas de Negri y del homicidio calificado, en grado de frustrado, de Carmen Gloria Quintana Arancibia. Ilícitos perpetrados el 2 de julio de 1986, en la comuna de Estación Central.

En fallo unánime (causa rol 4.483-2019), la Cuarta Sala de tribunal de alzada –integrada por la ministra Maritza Villadangos y los ministros Antonio Ulloa y Matías de la Noi– modificó la sentencia dictada por el ministro en visita Mario Carroza y rechazó la excepción de cosa juzgada respecto de uno de los condenado y, además, elevó las penas que deberán cumplir otros.

Así, El tribunal de alzada condenó a Julio Castañer González, Iván Figueroa Canobra, Nelson Medina Gálvez y Pedro Fernández Dittus a 20 años de presidio por su responsabilidad como autores de ambos ilícitos.

En tanto, Leonardo Riquelme Alarcón, Walter Lara Gutiérrez, Juan Ramón González Carrasco y Pedro Franco Rivas deberán cumplir 10 años y un día de presidio por su responsabilidad como cómplices.

Finalmente, Francisco Vásquez Vergara y René Muñoz Bruce fueron condenados a 3 años y un día de presidio, como encubridores del homicidio calificado, y a 541 días de presidio como encubridores del homicidio frustrado.

La sentencia absolvió Luis Zúñiga González, Jorge Astorga Espinoza y Sergio Hernández Ávila.

Cosa juzgada
La sentencia rechazó la excepción de la cosa juzgada respecto del condenado Pedro Fernández Dittus al considerar que la sentencia dictada en 1994 en contra del exoficial, es espuria.

“Que, como se verá, en el presente caso el pretendido efecto de cosa juzgada de la sentencia penal dictada por la Excma. Corte Suprema a propósito del recurso de queja rol 4110-1991 es solo aparente, y no implica por ende un obstáculo para declarar en el presente juicio la responsabilidad criminal de Pedro Fernández Dittus, por cuanto, independientemente de que haya sido pronunciada en una época histórica de transición a la democracia, lo resuelto en ella descansa sobre la base del sustrato fáctico que emana de un proceso respecto del cual no es posible predicar que hubiese sido instruido –de acuerdo a la terminología del artículo 20 del Estatuto de Roma– de manera independiente o imparcial, de conformidad a las debidas garantías procesales reconocidas por el derecho internacional, siendo además incompatible con la intención de haber sometido al Teniente Pedro Fernández Dittus a la acción de la justicia, pues esto último significaba, entonces, no otra cosa que juzgarlo y, en su caso, condenarlo a las penas que legalmente le correspondían por los hechos que realmente ocurrieron, de acuerdo a la verdad histórica que el proceso penal vigente tenía por misión descubrir”, afirma el fallo. 

La resolución agrega que: “Así entonces, en estas circunstancias, apreciando los antecedentes recién referidos en el contexto histórico del momento y considerando, además, que la investigación fue llevada adelante en aquella época por un tribunal militar; en concepto de estos sentenciadores no puede sino concluirse que, conforme las normas internacionales ya referidas y la jurisprudencia tanto internacional como interna sobre la materia, la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema en los autos rol 4110-1991, por la que se condenó a Pedro Fernández Dittus a sufrir la pena efectiva de 600 días de presidio menor en su grado medio, más accesorias legales y costas produjo una cosa juzgada meramente aparente –y por ende no atendible– por basarse y encontrarse ajustada al mérito de un proceso que no fue instruido en forma independiente o imparcial de conformidad con las debidas garantías procesales reconocidas por el derecho internacional, y lo fue, además, de una manera que, en las circunstancias del caso, resultó incompatible con la intención de someter al acusado a la acción de la justicia por los hechos realmente acaecidos”.

“Que, atendidas las consideraciones de los motivos precedentes, se desestima la excepción de cosa juzgada opuesta por la defensa del acusado Pedro Fernández Dittus al contestar la acusación, y se le condenará, en consecuencia, en su carácter de autor de los delitos de homicidio calificado consumado de Rodrigo Rojas de Negri y de homicidio calificado frustrado de Carmen Gloria Quintana Arancibia, según se dirá en lo resolutivo”, concluye.

Aumento de penas
La sentencia elevó las penas de los condenados, en atención a la gravedad de los ilícitos perpetrados en contra del fotógrafo Rodrigo Andrés Rojas de Negri y de la estudiante Carmen Gloria Quintana Arancibia.

“Que, tal como se consigna en los motivos decimosexto y centésimo séptimo del fallo de primera instancia, en la especie trátase de un hecho único con resultado múltiple consistente en la comisión de dos delitos, a saber, el de homicidio calificado consumado de Rodrigo Rojas de Negri y Homicidio Calificado en grado de frustrado de Carmen Gloria Quintana Arancibia, previsto y sancionado en el artículo 391 N° 1, circunstancias 1ª y 4ª, del Código Penal, con –a la época de comisión– la pena de presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo”, afirma el fallo.

“Los acusados Pedro Fernández Dittus, Iván Humberto Figueroa Canobra, Julio Castañer González y Nelson Fidel Medina Gálvez resultaron ser responsables en calidad de autores de dichos delitos.
Por su parte, los acusados Leonardo Antonio Riquelme, Walter Ronny Lara Gutiérrez, Juan Ramón González Carrasco y Pedro Franco Rivas resultaron ser responsables en calidad de cómplices de los ilícitos.
Y finalmente, los acusados René Aníbal Muñoz Bruce y Francisco Vásquez Vergara son responsables en calidad de encubridores de los hechos”, detalla la resolución.

Para el tribunal de alzada: “En estas circunstancias y considerando que a todos los acusados les favorece la circunstancia atenuante de irreprochable conducta anterior y ninguna agravante, se dará aplicación al artículo 75 del Código Penal respecto de autores y cómplices, y a la regla del artículo 74 del mismo cuerpo legal tratándose de los encubridores, por resultar más beneficiosa”. 

“De esta manera, respecto de los autores, al descartarse, conforme al artículo 68 del Código Penal y en virtud de la circunstancia atenuante que los favorece, la pena de presidio perpetuo, se les impondrá la pena mayor que resulta, así, asignada al delito más grave –homicidio calificado consumado–, esto es, la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo”, se resuelve.

En tanto: “A los cómplices, conforme el artículo 51 del Código Penal, se les impondrá la pena inmediatamente inferior en grado a la que señala en este caso la ley para los autores del crimen ya referido, esto es, una pena dentro del grado presidio mayor en su grado medio”.

“Por último, a los encubridores, según lo dispuesto en el artículo 52 del Código Penal, se les impondrá, a cada uno, dos penas, a saber, una de presidio menor en su grado máximo por el delito de homicidio calificado consumado de Rodrigo Rojas de Negri (por la rebaja en dos grados desde la pena legal de dicho delito), y una de presidio menor en su grado medio por el homicidio calificado frustrado de Carmen Gloria Quintana Arancibia (por la rebaja en tres grados debido al grado de participación y al íter críminis)”, concluye.

En el aspecto civil, el tribunal confirmó la sentencia en alzada, con declaración de que: “a) se aumenta el monto de la indemnización de perjuicios a cuyo pago se condena al Fisco de Chile a favor de Verónica Guilda Cecilia de Negri Quintana y de Ramón Eduardo Rojas Ruiz Tagle, a la suma de $100.000.000 (cien millones de pesos) para cada uno de dichos demandantes; b) se incremente al monto de la indemnización que el Fisco de Chile deberá pagar a Pablo Oyarzo de Negri, a la suma de $40.000.000 (cuarenta millones de pesos); y c) las sumas antes indicadas deberán reajustarse y generarán los intereses que se indican en el fallo recurrido”.

Casos emblemáticos que demuestran el horror de la dictadura cívico-militar chilena, a casi cincuenta años de la defenestración de Allende.

A raíz de las últimas pericias efectuadas a las osamentas de Pablo Neruda, para determinar si su deceso ocurrió por causas naturales o por intervención de terceros, traigo a la memoria una serie de casos emblemáticos que demuestran el horror de la dictadura cívico-militar chilena, a casi cincuenta años de la defenestración de Allende.

¿Pablo Neruda?

«Me van a matar, como a Lorca«, recuerda Manuel Araya, exchofer del vate, que le dijo Neruda al ver un barco de guerra frente a su casa de Isla Negra.

No hay una conclusión definitiva en los informes dados a conocer por las universidades de Mac Master de Canadá y de Copenhague de Dinamarca respecto de la muerte del poeta Pablo Neruda, hecho ocurrido a fines de septiembre de 1973 luego del golpe de Estado que derrocó al gobierno de Salvador Allende.

Sin embargo, para Julia Urquieta, abogada querellante en este caso en representación del Partido Comunista -colectividad en la que militó el escritor-, los estudios de las entidades académicas permiten afirmar hubo intervención de personal que llegó donde estaba internado en la Clínica Santa María y que terminó desencadenando su deceso.

“Se trata de informes preliminares a los cuales hemos tenido acceso, pero no son concluyentes. Sí nos permiten aseverar que habría presunciones fundadas de la intervención de terceros, producto de la bacteria (clostridium botulinum) en el cuerpo de Neruda”, precisó Urquieta.

Los restos del agente se identificaron en un molar “y todo indica, de acuerdo a los distintos paneles de expertos, que la bacteria habría sido inoculada desde el exterior, no eran parte del cáncer y por tanto, la muerte del poeta no fue la enfermedad que padecía”, señaló la abogada.

El sobrino y abogado de la familia de Neruda, Rodolfo Reyes, subrayó que la muerte de su tío fue producto de la intervención de terceros que inocularon la bacteria al poeta.

“Fue a través de su torrente sanguíneo como llegó a sus osamentas y en especial a un molar que estaba intacto”, según explicó Reyes.

Caravana de la muerte

Iniciada la dictadura, el régimen tomó medidas inmediatas en atención a la llamada “guerra interna”, concepto con el cual se justificaron terribles asesinatos y violaciones a los derechos humanos.

Como parte de estas medidas Pinochet encomendó al general Arellano Stark comandar un comando de ejecución, esta operación fue conocida como la “Caravana de la Muerte”, la cual es responsable del asesinato de dirigentes y activistas sindicales y políticos a lo largo de todo el país.

En el norte de Chile, la “Caravana de la Muerte”, en tan solo una semana, recorrió siete localidades (La Serena, Copiapó, Antofagasta, Calama, Iquique, Pisagüa y Arica) dejando tras de sí un baño de sangre.

El helicóptero Puma de Arellano Stark aterrizó en el regimiento Esmeralda, en Antofagasta, el 18 de octubre de 1973, en donde se determinó el traslado a la Quebrada El Way de 14 prisioneros políticos para ser ejecutados.

Su asesinato fue un escándalo debido a que los cuerpos fueron entregados en la morgue del hospital bajo terribles condiciones. Según se pudo determinar, el Intendente de la época, Joaquín Lagos Osorio, jefe además de la división Antofagasta del ejército, decidió conscientemente encubrir los brutales crímenes.

Lagos, asimismo, ordenó la publicación de noticias que tan solo dieran cuenta de siete de los ejecutados. Las publicaciones, obviamente en El Mercurio de Antofagasta, fueron burdos montajes, acusando a los asesinados de conspirar para realizar crímenes en masa en Antofagasta y de estar comprometidos en activismo político y de conspiración terrorista.

Setenta y un personas asesinadas fue el saldo total del general Arellano Stark en su paso por el norte.

Sergio Arellano Stark murió en la impunidad, sin haber pisado un solo día la cárcel luego de ser declarado absuelto debido a Alzheimer en marzo de 2016, una completa burla para cientos de familiares que aún reclaman justicia.

Víctor Jara

En una comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores de fecha 27 de marzo de 1974, respondiendo una nota de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA se dijo: “Víctor Jara: Fallecido.  Murió por acción de francotiradores que, reitero, disparaban indiscriminadamente contra las Fuerzas Armadas como en contra de la población civil«.

Sin embargo, Víctor Jara fue detenido el día 12 de septiembre de 1973 en el recinto de la Universidad Técnica del Estado, lugar en el que prestaba sus servicios como director teatral, siendo conducido al Estadio Chile, donde tras ser separado de los demás detenidos, fue mantenido en los altos de una galería, junto a otras personas consideradas como peligrosas.  Entre el 12 y el 15 de ese mes, fue interrogado por personal del ejército.

El 15 de septiembre es el último día en que se le ve con vida, cuando en horas de la tarde Víctor Jara fue sacado de una fila de prisioneros que serían trasladados al Estadio Nacional.  Al día siguiente, el 16 de septiembre, en la madrugada, su cuerpo fue encontrado en las inmediaciones del Cementerio Metropolitano por unos pobladores, junto a otros cinco cadáveres, entre los que se hallaba el de Littré Quiroga Carvajal.

Conforme expresa el informe de autopsia, Víctor Jara murió a consecuencia de heridas múltiples de bala, las que suman 44 orificios de entrada de proyectil con 32 de salida.

La Comisión Rettig se formó la convicción de que el afectado fue ejecutado al margen de todo proceso, constituyendo ello una violación a sus derechos fundamentales de responsabilidad de agentes del Estado.

Joan Alsina

Los días 15, 17 y 19 de septiembre de 1973 se llevaron a cabo tres operativos militares al interior del Hospital San Juan de Dios.  Efectivos militares pertenecientes a un Batallón del Regimiento Yungay, de San Felipe, que se encontraba apostado en la Quinta Normal y en el Instituto Diego Barros Arana, detuvieron a numerosas personas, cinco de ellas fueron ejecutadas y dos permanecen hasta la fecha desaparecidas.  Una de estas  personas era:

Joan Alsina Hurtos, español de 31 años, sacerdote católico, quien ejercía su ministerio en la Parroquia San Ignacio de San Bernardo y se desempeñaba como Jefe de Personal del Hospital San Juan de Dios, fue ejecutado el 19 de septiembre.

Fue detenido en los subterráneos del Hospital por efectivos del Regimiento Yungay. Luego fue llevado al patio del Hospital donde permaneció largo rato.  Conducido, primero, al Instituto Diego Barros Arana y luego al Río Mapocho donde fue ejecutado el mismo día. El día 27 fue encontrado su cuerpo en el Instituto Médico Legal; es sepultado al día siguiente en el Cementerio Parroquial de San Bernardo.  El certificado de defunción consigna como lugar de la muerte el puente Bulnes sobre el río Mapocho, e indica como causa de la misma: “múltiples heridas de bala y lesiones apergaminadas en la cara«.

Carlos Prats González y Sofía Cuthbert Chiarleoni

El brigadier Pedro Espinoza Bravo encargó la misión de organizar el asesinato del excomandante en jefe del ejército al jefe del departamento exterior de la DINA, el entonces comandante de ejército Raúl Iturriaga Neumann, que utilizaba el nombre falso de Diego Castro Castañeda, y al oficial Armando Fernández Larios, recordando que días antes del atentado se encontró en Buenos Aires con Iturriaga. ?El asesinato de Prats se realizó con la cooperación de ciudadanos argentinos, y los que estaban a cargo de la DINA Exterior eran el citado Iturriaga y, como segundo jefe, el capitán José Zara Holger. Los miembros de la Brigada Mulchén de la DINA que participaron en el atentado fueron:

Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, alias Diego Castro Castañeda.

Guillermo Humberto Salinas Torres, alias Freddy Yáñez.

Pablo Belmar Labbé, alias Sergio Molina Correa.

Armando Fernández Larios, alias Armando Faúndez Lyon.

Juan Alberto Delmás Ramírez (asesinado).

El viernes 28 de septiembre de 1974, el estadounidense Michael Townley, agente de la DINA, se introdujo en el garaje de Prats y colocó un aparato explosivo bajo la caja de velocidades del automóvil del general, un Fiat 125. El 30 de ese mes, a las 00:50 horas, al regresar Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert a su casa en la calle Malabia N°3305, Townley hizo detonar el explosivo por medio de control remoto, provocándoles la muerte instantánea. Según el informe policial con carácter “estrictamente confidencial y secreto”, “los restos del automóvil se hallaban esparcidos en un radio de 50 metros y se observaban restos calcinados de carne humana”.

En el transcurso del proceso llevado por el ministro Alejandro Solís, se pudo establecer que en los meses previos al doble asesinato operó en Buenos Aires “una célula de la DINA integrada por más de seis individuos (…) que disponía de explosivos de gran potencia y que estaba compuesta por varios oficiales del ejército de Chile”, según se puede verificar en el fallo de primera instancia. Los integrantes recibían apoyo de empresas chilenas ubicadas en Buenos Aires, como el Banco del Estado de Chile y Lan Chile.

José Tohá

El 15 de marzo de 1974 murió en el Hospital Militar de Santiago José Tohá González, abogado, Ministro de Defensa del gobierno de Allende, militante socialista.

El día 11 de septiembre fue detenido en el Palacio de La Moneda junto a un grupo de autoridades y colaboradores del gobierno depuesto, y trasladado junto a ellos a la Escuela Militar, donde permaneció por algunos días. Luego, junto a la mayoría de los miembros del defenestrado gabinete, es enviado a la isla Dawson, lugar en que es sometido a malos tratos reiterados y apremios ilegítimos por parte del personal militar que estaba a cargo del recinto. Aún privado de libertad, fue sucesivamente trasladado a distintos centros hospitalarios, como el Hospital de la Fuerza Aérea y el Hospital Militar de Santiago. A raíz de su reclusión y de los tratos recibidos, su estado físico se fue deteriorando gravemente, perdiendo 27 kilos de peso, llegando a pesar unos 49 kilos, siendo su estatura de 1,92 m. Precisamente el motivo de su traslado desde el sur hacia Santiago tuvo que ver con el avanzado estado de desnutrición en el que se hallaba, lo que le impedía incluso moverse de su cama cuando ya estaba en el Hospital Militar. En general, todos los testimonios recibidos señalan que su situación física y sicológica estaba muy deteriorada. El propio protocolo de autopsia da cuenta de su avanzado estado de desnutrición.

La versión oficial de los hechos, entregada a la familia del afectado, señala que éste se suicidó, colgándose del cuello con su cinturón, en un clóset, versión que los familiares no aceptan, sosteniendo que su extremo estado de debilidad le impedía siquiera moverse por sí solo y que la estatura de José Tohá era superior a la del lugar en que dicen se habría colgado.

El 12 de octubre de 2012 se entregó el resultado de un tercer peritaje ordenado a la Universidad de Concepción por el ministro en visita Jorge Zepeda, el cual sostuvo que el otrora secretario de Estado no se suicidó, sino que fue asesinado por estrangulamiento. Su cuerpo fue sepultado por tercera vez el 19 de noviembre de 2012. El 4 de diciembre de 2015, el ministro en visita Jorge Zepeda condenó a los coroneles en retiro de la Fuerza Aérea, Ramón Cáceres Jorquera y Sergio Contreras Mejías, a tres años de pena remitida, como responsables de torturas a Tohá. Dicha condena fue confirmada el 18 de enero de 2017.

Operación Colombo

También llamado caso de los 119. Fue un operativo montado por la DINA en 1975, destinado a encubrir la desaparición forzada de 119 opositores a la dictadura militar de Augusto Pinochet. El objetivo de la operación fue hacer creer a la opinión pública nacional e internacional -mediante la publicación de información falsa en medios de comunicación en Chile y en el extranjero- que los desaparecidos habían fallecido en enfrentamientos con fuerzas de seguridad extranjeras o habían sido víctimas de purgas internas. La mayoría de los asesinados fueron miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Sin embargo, también hubo militantes asesinados del Partido Comunista (PC), del Partido Socialista (PS), del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), de la Liga Comunista de Chile y del Partido Demócrata Cristiano (DC) y algunas personas sin militancia política.

El 16 de abril de 1975 fue encontrado un cuerpo mutilado en la calle Sarmiento de Buenos Aires, el cual portaba una cédula de identidad que lo identificaba como el ingeniero civil chileno David Silberman. Silberman era militante del Partido Comunista y había sido gerente general de Cobre Chuqui hasta el golpe de Estado de 1973. Cumplía una pena de trece años de cárcel en la Penitenciaría de Santiago -por infracción a la Ley de Seguridad del Estado- luego de haber sido procesado por un consejo de guerra, cuando fue secuestrado el 4 de octubre de 1974 por agentes de la DINA. Desde entonces su paradero era desconocido. Años después, el exagente Enrique Arancibia Clavel confesaría que la supuesta aparición de Silberman en Buenos Aires había sido un operativo -bautizado “Colombo”- encargado por Raúl Iturriaga Neumann para hacer aparecer a un “subversivo chileno” en Argentina.

En los meses siguientes, los principales periódicos de Chile empezaron a publicar notas sobre presuntos desaparecidos que estarían vivos fuera de Chile. El 13 de junio de 1975 La Tercera publicó una nota titulada “Extremistas chilenos se adiestran en Tucumán”, en la que se destacaba “que entre los extremistas hay gran cantidad de elementos del MIR y otros grupos marxistas que públicamente figuran como desaparecidos”, mientras que los medios pertenecientes a El Mercurio publicaban en esos días titulares como “Extremistas chilenos son adiestrados en guerrillas” (La Segunda, 12 de junio); “Paso de miristas armados a Chile” (El Mercurio, 16 de junio) y “Extremistas cruzan la frontera” (Las Últimas Noticias, 16 de junio).

En los primeros días de julio de aquel año, la Junta Militar canceló súbitamente la visita a Chile de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, programada para el 11 de julio, que tenía como objetivo investigar las denuncias de violaciones a los derechos humanos. Según el gobierno, no se trataba de una cancelación, sino de una “postergación hasta que hubiera un momento más oportuno”. Ese mismo 11 de julio, día en que originalmente iba a llegar la comisión, aparecieron en la ciudad de Pilar, al norte de Buenos Aires, dos cuerpos calcinados al interior de un automóvil, con las identificaciones de los chilenos Jaime Robotham y Luis Guendelman, integrantes del MIR, detenidos desaparecidos desde 1974. Sobre ambos cadáveres había un lienzo que decía: “Dados de baja por el MIR. Brigada Negra”. Ocho días después apareció otro cuerpo, ahora con una supuesta identificación de Juan Carlos Perelman, también mirista, detenido en Santiago y desaparecido desde el 20 de febrero de 1975.

La revista Lea, de Buenos Aires, por su parte, publicó el 15 de julio una lista de 60 “extremistas chilenos eliminados por sus propios compañeros de lucha” en Argentina, Colombia, Venezuela, Panamá, México y Francia. Anteriormente, el 25 de junio de 1975, el medio Novo O’Día de Curitiba, Brasil, había dado cuenta del asesinato de 59 miristas en “enfrentamientos con fuerzas del gobierno argentino en Salta”.

A partir de lo informado por las dos publicaciones extranjeras y a los cables de la agencia UPI que habían informado del hallazgo de los cuerpos calcinados en Buenos Aires, los principales medios de prensa de Chile comenzaron a replicar en las siguientes semanas las noticias de estos supuestos enfrentamientos, con titulares como “Matanza entre miristas deja al descubierto burda maniobra contra Chile” (La Tercera, 16 de julio), “Sangrienta «vendetta» interna hay en el MIR” (Las Últimas Noticias, 16 de julio), “Feroz pugna entre marxistas chilenos” (La Segunda, 18 de julio), “Identificados 60 miristas asesinados” -con el epígrafe “Ejecutados por sus propios camaradas”- (El Mercurio, 23 de julio), “El MIR ha asesinado a 60 de sus hombres” (La Tercera, portada del 23 de julio) y “Sangrienta pugna del MIR en el exterior” (Las Últimas Noticias). El vespertino La Segunda, sobre la base de la publicación de Novo O’Día, tituló el 24 de julio de 1975, en primera plana, “Exterminados como ratones”, texto acompañado del epígrafe “59 miristas chilenos caen en operativo militar en Argentina”.

El proceso judicial de la Operación Colombo fue investigado por el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Víctor Montiglio. Por esta causa, el ministro solicitó el desafuero de Augusto Pinochet, que fue concedido el 6 de julio de 2005 por la Corte de Apelaciones de Santiago y confirmado por la Corte Suprema el 14 de septiembre del mismo año. Luego, procesó a Augusto Pinochet el 28 de diciembre de 2005 y le concedió la libertad provisional bajo fianza, por lo que quedó en libertad provisional el 9 de enero de 2006. Pinochet fue sobreseído definitivamente en diciembre de 2006. El 27 de mayo de 2008 el ministro Montiglio dictó procesamiento y orden de arresto contra 98 implicados en los crímenes, entre miembros de las Fuerzas Armadas y civiles.

En 2013 se presentó la primera querella criminal en contra de Agustín Edwards Eastman, dueño de El Mercurio y La Segunda, por su rol en la operación Colombo.

Caso Calle Conferencia I y II

Es la designación de dos operaciones clandestinas de la DINA que descabezó en mayo a noviembre-diciembre de 1976 a la dirección del Partido Comunista. Ambas operaciones fueron organizadas por la Brigada Lautaro, cuya existencia se mantuvo en secreto hasta 2007

EL 12 de mayo de 1976 varios dirigentes del Partido Comunista (PC) fueron secuestrados por la DINA desde una casa de seguridad de la Calle Conferencia N° 1587, comuna de Santiago. Posteriormente, y como parte de la misma operación, Víctor Díaz López, segundo al mando de la dirección clandestina del PC y padre de Viviana Díaz, que fue dirigenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, fue detenido en la calle Bello Horizonte N°979 en la comuna de Las Condes.

De hecho, los detenidos fueron trasladados a un recinto secreto: el Cuartel Simón Bolívar, ubicado en La Reina. No se sabe exactamente cuántos prisioneros comunistas fueron trasladados allí, parece que todos lo fueron (Jorge Muñoz, el marido de Gladys Marín, Fernando Ortiz, padre de Estela Ortiz, exDirectora de la Junji, viuda de José Manurl Parada, una de las víctimas del Caso Degollados de 1985 y Waldo Pizarro, el esposo de la dirigenta de la AFDD, Sola Sierra, padre de Lorena Pizarro.

La cabeza de Víctor Díaz López estaba cubierta con una bolsa de plástico antes de que se le inyectara cianuro. De acuerdo con el agente Ricardo Lawrence, Pinochet fue personalmente al centro de detención de Casa de Piedra en el Cajón del Maipo para ver a Díaz antes de ser transferido al cuartel Simón Bolívar para ser asesinado.

El comando de secuestradores y asesinos estaba compuesto por miembros de todas las ramas de las Fuerzas Armadas de Chile (Armada, Fuerza Aérea, Ejército y Carabineros), incluyendo civiles, oficiales del ejército y decenas de suboficiales de todas las ramas. Todos estaban bajo la dirección de Juan Morales Salgado, entonces de importancia, y responsable de la seguridad personal de Manuel Contreras, jefe de la DINA. Las órdenes de asesinato emanaban directamente de Contreras que las transmitía a Salgado.

En el caso Calle Conferencia II, también conocido como El caso de los trece, once miembros de la nueva dirección clandestina del PC fueron secuestrados con dos militantes del MIR, entre el 29 de noviembre y el 20 de diciembre de 1976. La mayoría de los cuerpos fueron arrojados al mar.

Orlando Letelier y de Ronni Moffitt

El 21 de septiembre de 1976 fallecieron en Washington, D.C. Estados Unidos, Orlando Letelier del Solar y Ronni Moffitt, al explotar una bomba colocada debajo del piso del vehículo en que se movilizaban.  En el automóvil viajaba también el cónyuge de Moffitt, Michael Moffitt, quien salvó ileso.

Orlando Letelier, de 44 años, había sido embajador del gobierno del Presidente Allende ante los Estados Unidos, habiéndose desempeñado también, durante ese gobierno, como Ministro de Relaciones Exteriores y de Defensa, cargo este último que detentaba al 11 de septiembre de 1973. Letelier fue detenido ese mismo día, en sus propias oficinas del Ministerio de Defensa. Pasó un largo período privado de libertad, primero en el Regimiento Tacna, luego en la Escuela Militar.  De ahí fue llevado por 8 meses al campo de detenidos de Isla Dawson.  A continuación estuvo un tiempo en el subterráneo de la Academia de Guerra Aérea, de donde fue trasladado finalmente al campamento de Ritoque, lugar desde el que recuperó su libertad, partiendo al exilio.

Primeramente viajó a Venezuela y posteriormente a los Estados Unidos, donde trabajaba en el Institute for Policy Studies, en Washington, D.C. En ese período también reanudó sus labores partidarias dentro del Partido Socialista, en el cual militaba, cumpliendo funciones de mucha importancia en esa colectividad y en las actividades de oposición a la dictadura militar, en el exterior. Poco antes de su muerte le fue quitada la nacionalidad chilena.

Ronni Moffitt, de 25 años, era una ciudadana estadounidense y se desempeñaba también en el Institute for Policy Studies.

En la investigación judicial de estos hechos llevada a cabo por la justicia norteamericana constan las confesiones de tres intervinientes como responsables de aquellos, quienes de forma coincidente dan cuenta de la participación en el asesinato, tanto en su planificación, como en su ejecución, de agentes de la DINA.

En la autoría intelectual del crimen se encuentran involucradas las más altas autoridades de ese servicio de seguridad, quienes encomendaron su ejecución a uno de sus agentes que con anterioridad había recibido la misión de ejecutar otros trabajos en el extranjero.

Primeramente se trató de obtener pasaportes falsos para entrar a los Estados Unidos desde Paraguay, al no lograrse ello se utilizaron pasaportes oficiales falsos chilenos expedidos por la Cancillería.

La labor de seguimiento previo de la víctima, que era en principio solamente Letelier, fue ejecutada por una pareja de agentes que viajó al efecto a los Estados Unidos.

En la ejecución del crimen se contó con la ayuda de miembros de una agrupación clandestina anticastrista de los Estados Unidos, quienes ayudaron tanto en la confección como en la colocación de la bomba que haría estallar el vehículo de la víctima.  Finalmente ellos mismos serían los que activarían el mecanismo de control remoto para hacerla explotar.

Conforme señalan sus respectivos protocolos de autopsias, Letelier murió a causa del desangramiento que le produjo la amputación traumática de sus extremidades inferiores y Moffitt falleció por aspiración de sangre, laceración de la laringe y de la arteria carótida derecha.

Con posterioridad al acto terrorista y una vez en evidencia que se encontraban comprometidos agentes chilenos en él, se efectuaron en el país diversas maniobras tendientes a impedir el esclarecimiento del delito. Entre ellas se cuenta la presentación de personas distintas a las involucradas para contestar las cartas rogatorias (exhortos) presentadas por el gobierno norteamericano y, de acuerdo a testimonios, la destrucción de declaraciones inculpatorias prestadas ante el Fiscal Militar chileno que llevaba la investigación.

La Comisión Rettig estudió y ponderó todos los abundantes antecedentes que existían sobre este caso, en Chile y en extranjero.  Entre éstos se encuentran los que constan de la causa 192-78 llevada por la Justicia Militar en Chile, para investigar la falsificación de pasaportes que guarda relación con el caso Letelier y otros delitos referidos al mismo caso; y la documentación judicial y extrajudicial sobre la investigación del caso en los Estados Unidos, en sus distintas fases e instancias.

Hornos de Lonquén

Fue un lugar donde se encontraron el 30 de noviembre de 1978 restos de detenidos desaparecidos. Estas personas habían sido detenidas en la localidad de Isla de Maipo el 7 de octubre de 1973.

Quince campesinos, todos varones, entre 17 y 51 años de edad fueron detenidos por carabineros en la localidad de Isla de Maipo. Sergio Maureira Lillo y sus cuatro hijos, Rodolfo Antonio, Sergio Miguel, Segundo Armando y José Manuel; Óscar Hernández Flores y sus hermanos Carlos y Nelson; Enrique Astudillo Álvarez y sus dos hijos Omar y Ramón; y los cuatro jóvenes Miguel Brant, Iván Ordóñez, José Herrera y Manuel Navarro. Todos ellos fueron llevados desde sus hogares hasta la tenencia de Isla de Maipo, en ese lugar fue la última vez que se les vio con vida.

Un campesino se dirigió a las oficinas de la Vicaría de la Solidaridad. Denunció que en unos hornos de una mina de cal encontró los restos de cuerpos humanos. El vicario Cristian Precht Bañados coordinó una comisión para verificar estos hechos. Participaron de esta comisión: Enrique Alvear, obispo auxiliar de Santiago; el Vicario Precht y Javier Egaña, Secretario Ejecutivo de la Vicaría; el abogado jefe de la Vicaría, Alejandro González; el abogado Máximo Pacheco; el director de la revista Qué Pasa, Jaime Martínez y el subdirector de la revista Hoy, Abraham Santibáñez. El 30 de noviembre de 1978 esta comisión se dirigió al lugar, unos hornos de cal abandonados, donde se denunció la presencia de restos humanos. Según relata el periodista Abraham Santibáñez, en esos hornos encontraron: “Trozos de cráneos amarillentos, con huellas de cuero cabelludo; pelos sueltos, negros; ropas desgarradas en las que se reconoce un blue jeans, un chaleco de hombre”.

Finalmente, en período democrático, se condenó por el delito de secuestro calificado a los excarabineros: Lautaro Castro Mendoza, jefe de la patrulla, a la pena de 20 años de prisión por su responsabilidad como autor. David Coliqueo Fuentealba, Justo Ignacio Romo Peralta, Félix Héctor Sagredo Aravena, Jacinto Torres González, Juan José Villegas Navarro condenados a la pena de 15 años de prisión. Pablo Ñancupil Raguileo fue condenado a 900 días de prisión. El caso pasó a segunda instancia, es decir, la Corte de Apelaciones de San Miguel que confirmó la sentencia. El 16 de junio de 2018 la Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó a 6 excarabineros dado que el jefe de los carabineros Lautaro Castro falleció antes de la condena.

André Jarlán

Los días 4 y 5 de septiembre de 1984 murieron ocho personas en el marco de las manifestaciones efectuadas con motivo de la Décima Jornada de Protesta Nacional.

André Joachim Jarlán Pourcel, de 43 años de edad, era sacerdote de nacionalidad francesa, y servía en la Parroquia de la Población La Victoria.  Fue muerto por un disparo de bala efectuado por personal de Carabineros.

En la tarde del 4 de septiembre, un grupo de periodistas se encontraba en la intersección de las calles 30 de octubre y Ranquil, en la población La Victoria, cubriendo los acontecimientos del día de protesta.  En ese sector había barricadas y fogatas.  Un grupo de carabineros se acercó por calle 30 de octubre. Ante la advertencia de pobladores, los periodistas huyeron.  Un funcionario policial realizó disparos al aire por encima de la cabeza de uno de los reporteros, el cual, rezagado, se había ocultado tras un poste del alumbrado eléctrico.  El periodista gritó que era de la prensa.  Carabineros avanzaron por calle Ranquil y el periodista conversó con un oficial.  Los uniformados se retiraron, continuando su patrullaje por calle 30 de octubre.  Las dos balas disparadas habían atravesado la pared de madera del segundo piso de la casa parroquial ubicada en calle Ranquil.  Una de esas balas impactó en el cuello al sacerdote Jarlán y le causó la muerte.

Testimonios múltiples y concordantes recibidos, dan cuenta de la desproporción de la acción policial, pues no resultaba en absoluto justificado el uso de armas de fuego frente a los hechos del momento y en un lugar densamente poblado.

Caso Degollados

En la mañana del jueves 28 de marzo de 1985, Santiago Nattino fue abordado en la intersección de las calles Apoquindo con Badajoz por un sujeto que lo encañonó y lo hizo subir a un vehículo que esperaba en la esquina. Esa misma noche, desconocidos ingresaron a una oficina de la Asociación gremial de educadores de Chile (Agech), ubicada en Londres 75B y secuestraron a cuatro dirigentes: Mónica Araya, Eduardo Osorio, José Toloza y Alejandro Traverso. Los cuatro serían liberados al día siguiente, después de una jornada entera de interrogatorios.

Pasadas las 8:30 horas del viernes 29, José Manuel Parada y Manuel Guerrero se encontraban conversando en las afueras del Colegio Latinoamericano, en Avenida Los Leones N°1401, cuando de pronto un station wagon marca Opala se detuvo frente a ellos. Se bajaron tres sujetos y con violencia agarraron al sociólogo y al profesor. De dos docentes que presenciaron la escena, uno de ellos recibió un disparo en el abdomen cuando intentó intervenir. Inmediatamente el station arrancó en dirección desconocida. Momentos antes de la escena un helicóptero policial había pasado en vuelo rasante por el sector y un individuo se había parado en la esquina y había comenzado a desviar el tránsito.

La investigación posterior determinaría que Nattino, Parada y Guerrero fueron llevados a al cuartel de la Dicomcar en calle Dieciocho, el mismo recinto donde la década anterior había operado el Comando Conjunto. En ese lugar, los tres fueron torturados. Posteriormente, en la madrugada del sábado 30, fueron llevados en vehículo hasta Quilicura. Los profesionales fueron degollados y sus cuerpos dejados entre unos matorrales, frente al fundo El Retiro, cercano al aeropuerto Pudahuel.

Tras varios años de investigación, en 1994 el juez Milton Juica condenó a tres miembros del servicio secreto de la policía a presidio perpetuo por el asesinato, y a otros trece funcionarios a penas que oscilaron entre 41 días y 18 años de presidio. Posteriormente la Corte de Apelaciones aumentó a seis las condenas de presidio perpetuo. Al año siguiente, la Corte Suprema finalmente confirmó cinco de las seis condenas a presidio perpetuo: Guillermo González Betancourt, José Fuentes Castro, Alejandro Sáez Mardones, Claudio Salazar Fuentes y Miguel Estay Reyno. En el caso de Patricio Zamora Rodríguez se rebajó la pena a 15 años y un día de presidio.

Desde fines del 2017 solo cumplió condena Miguel Estay Reyno, quien murió en 2021, mientras los otros condenados fueron liberados sin cumplir la condena de presidio perpetuo. Esta situación fue denunciada por varias organizaciones de derechos humanos, principalmente por la Comisión Funa, que ha investigado y denunciado la impunidad este tipo de delitos.

Caso Quemados

La oposición a Pinochet tenía gran esperanza de que 1986 sería «El año de la victoria» y programó una serie de jornadas de protesta que debían coronarse con un gran paro nacional los días 2 y 3 de julio. En casi toda población los grupos políticos opositores se prepararon. La respuesta del gobierno fue enviar militares a patrullar las calles para mantener el control.

En el barrio de Los Nogales, comuna de Estación Central de Santiago, un pequeño grupo de personas se encontraba montando barricadas en un sector estratégico, durante la mañana del día 2 de julio. El fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri, quien prestaba servicios para una agencia internacional que cubría la noticia del paro, acompañó al grupo. La brigada portaba 5 neumáticos usados y un bidón de gasolina. A las 8 de la mañana fueron interceptados en la esquina de Avenida General Velásquez con calle Germán Yungue por una patrulla militar comandada por el teniente Pedro Fernández Dittus e integrada por 3 civiles, 5 suboficiales y 17 soldados. La mayoría de los jóvenes lograron escapar, excepto Quintana y Rojas de Negri.

Los militares rociaron a los detenidos con gasolina y les prendieron fuego. Estando ambos jóvenes en llamas e inconscientes, fueron envueltos con mantas por miembros de la patrulla, y cargados en un vehículo militar hasta un camino aislado, distante unos 20 kilómetros de la capital. Una vez allí los arrojaron a una zanja de regadío, asumiendo que morirían. Más tarde fueron hallados por trabajadores agrícolas y llevados a la Posta Central, para su atención.

Rojas de Negri falleció cuatro días más tarde debido a la gravedad de sus heridas. Quintana, en cambio, fue trasladada al Hospital del Trabajador el 6 de julio. Pese a las quemaduras de segundo y tercer grado que sufrió en un 62 por ciento de su cuerpo, con muchos dientes rotos (transitando entre la vida y la muerte durante semanas), finalmente sobrevivió. A continuación fue sometida a un largo tratamiento médico en Chile y Canadá. Su rostro quedó con quemaduras y cicatrices.

Será en 1993 cuando la Corte Suprema condene a Fernández Dittus a 600 días en prisión por su responsabilidad en la muerte por quemaduras de Rojas de Negri y las serias quemaduras recibidas por Quintana.

En marzo de 2019, el ministro Carroza condenó a once militares en retiro por los delitos de homicidio calificado, respecto de Rodrigo Rojas de Negri, y homicidio calificado en grado de frustrado, respecto de Carmen Gloria Quintana. La sentencia condenó como autores a Julio Ernesto Castañer González, Iván Humberto Figueroa Canobra y Nelson Fidel Medina Gálvez, a diez años y un día de presidio. Mientras que Luis Alberto Zúñiga González, Jorge Osvaldo Astorga Espinoza, Francisco Fernando Vásquez Vergara, Leonardo Antonio Riquelme Alarcón, Walter Ronny Lara Gutiérrez, Juan Ramón González Carrasco, Pedro Patricio Franco Rivas y Sergio Hernández Ávila fueron condenados como cómplices a la pena de tres años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada.

En marzo de 2022, la Corte de Apelaciones de Santiago modificó la sentencia para aumentar las penas dictadas contra los condenados. En relación con los autores de los delitos, las condenas fueron modificadas a veinte años de presidio. En tanto, la Corte rechazó la excepción de cosa juzgada que había absuelto a Pedro Fernández Dittus en primera instancia, quien también fue condenado como autor. La sentencia también absolvió a Luis Zúñiga González, Jorge Astorga Espinoza y Sergio Hernández Ávila.

Sin otro comentario final… ¡El horror!  

por Jorge Molina Araneda

La Corte Suprema dictó sentencia definitiva por los delitos de homicidio calificado del fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri y el homicidio calificado, en grado de frustrado, de la entonces estudiante universitaria, Carmen Gloria Quintana Arancibia. Los delitos fueron perpetrados el 2 de julio de 1986, en la comuna de Estación Central y de Quilicura, en un hecho que ha sido públicamente conocido como el Caso Quemados.

En el fallo (causa rol 22.276-2022), dictando sentencia de reemplazo, la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos y la ministra María Teresa Letelier- condenó a los ex oficiales de Ejército Julio Ernesto Castañer González, Iván Humberto Figueroa Canobra, Nelson Fidel Medina Gálvez a penas únicas de 20 años de presidio, en calidad de autores de los delitos.

Asimismo, se revocó la sentencia en la parte que absolvió al teniente a la época de los hechos, Luis Pedro Enrique Fernández Dittus, condenándolo, en cambio, a la pena única de 20 años de presidio, en calidad de autor de ambos delitos.

En tanto, los entonces soldados conscriptos Leonardo Antonio Riquelme Alarcón, Walter Ronny Lara Gutiérrez, Juan Ramón González Carrasco y Pedro Franco Rivas fueron condenados a 3 años y un día de presidio, con el beneficio de la libertada vigilada intensiva, como cómplices.

En el caso de los condenados el ex brigadier de Ejército René Aníbal Muñoz Bruce y el suboficial Francisco Fernando Vásquez Vergara deberán purgar 3 años y un día de presidio, como encubridores de homicidio calificado consumado, más 541 días de reclusión, como encubridores de homicidio calificado frustrado.

Finalmente, Sergio Hernández Ávila, Osvaldo Astorga Espinoza y Luis Zúñiga González fueron absueltos de todos los cargos.

En la sentencia, la Corte Suprema establece que se incurrió en un error de derecho al no considerar la atenuante de irreprochable conducta anterior de los jóvenes conscriptos, la que consideró como muy calificada, por lo que rebajó la pena a su respecto en consideración a la baja posición que detentaban en la jerarquía militar.

Al respecto señala el fallo: "Que se invalida de oficio y parcialmente la referida sentencia, únicamente en lo que dice relación con la calificación de la atenuante de irreprochable conducta anterior y se la reemplaza por la que se dicta a continuación", concluye.

Decisión acordada con el voto en contra del ministro Brito, quien fue del parecer de no calificar la conducta de los condenados, toda vez que no se han acompañado antecedentes suficientes que aplicar dicha institución en el presente caso.

Quemados vivos

En horas de la mañana de la señalada fecha, en circunstancias que se desarrollaba una jornada de protesta nacional contra la dictadura, patrullas del Ejército pertenecientes al Regimiento de Caballería Blindada N° 10, ubicado en calle Santa Rosa N° 900 de la comuna de Santiago, que se movilizaban en camiones y camionetas institucionales, interceptaron a un grupo de jóvenes manifestantes en la comuna de Estación Central.

Una de las patrullas, comandada por el teniente Pedro Fernández Dittus, detiene a dos personas, un hombre y una mujer -Rodrigo Andrés Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana Arancibia-, y les mantiene retenidos en la calle Hernán Yungue, ya que les sindicaba como participes de disturbios y autores de barricadas instaladas en la vía pública. Al lugar arriban otras unidades de civil. Los dos jóvenes detenidos fueron golpeados y amenazados con armas de fuego, y logrado ese objetivo les colocaron cerca de un muro, en la acera sur de esa arteria, donde la mujer queda de pie con las manos en alto apoyadas contra la pared, primero, y luego de frente, y el varón es tendido en el suelo boca abajo y con las manos extendidas.

Enseguida procedieron a rociarlos con bencina y prenderles fuego como represalia por su accionar antidictatorial. Acto seguido, luego de sofocar las llamas sobre los cuerpos de las víctimas, los suben a los vehículos militares y les conducen a un camino descampado en las proximidades del aeropuerto Pudahuel (camino a Lampa) dejándoles abandonados en el lugar.

Transeúntes circunstanciales pudieron auxiliar a las víctimas para ser trasladadas a un centro asistencial, pero Rojas De Negri falleció producto de las heridas y quemaduras, y Carmen Gloria Quintana pudo sobrevivir con graves secuelas permanentes por los daños recibidos.

por Darío Núñez