Fantuzzi Alliende Eugenio Andrés

El sábado 27 a medio día en la comuna de Recoleta, un centenar de personas denunció al médico Eugenio Fantuzzi Alliende en su lugar de trabajo. Fantuzzi fue miembro de la tristemente recordada DINA.

Hasta la Clínica Dávila, ubicada en Avenida Recoleta Nº464, lugar donde Eugenio Fantuzzi es actualmente Jefe de Otorrinolaringología, llegaron los funeros con sus panfletos, gritos, cantos y lienzos para decir una vez más: "Si no hay Justicia… hay Funa".

"La llamada ‘Funa’ va a la casa o trabajo de quienes han violado los derechos humanos y los denuncia a viva voz. Desde que se inició esta particular manifestación callejera, más de cuarenta personas han sido ‘apuntadas con el dedo’. La mayoría han sido amnistiados por los tribunales o, simplemente, no pasan por la cárcel", informó el noticiero de Chilevisión.

Julio Oliva, uno de los dirigentes de la Funa, señaló: "Hemos seguido haciendo permanentemente estas acciones porque en este país todavía no hay justicia. Por eso vinimos a advertir a los pacientes que se estaban atendiendo, que lo piensen un poco más, porque este médico ayudó con sus conocimientos a matar a personas".

En el volante de denuncia que fue repartido a los transeúntes y pacientes del centro médico, la Comisión Funa informó que Eugenio Fantuzzi trabajó en las clínicas clandestinas de Santa Lucía Nº162 y London, con dirección en Almirante Barroso Nº76. En estos recintos dependientes de la DINA no sólo se atendía el personal del organismo represivo de la dictadura de Pinochet, sino también a algunos prisioneros que comenzaban a colaborar, como forma de premiarlos, y también a detenidos que se encontraban moribundos producto de la tortura, para que fueran "recuperados" y los agentes represivos pudieran continuar con sus interrogatorios y torturas. Relatos de sobrevivientes que pasaron por dichos recintos, señalan que en éstos también se torturó y que existía comunicación directa con el campo de concentración de Villa Grimaldi, lo que permitía que los prisioneros escucharan torturas de algún familiar.

Por estas clínicas clandestinas pasaron cientos de detenidos, muchos de los cuales se encuentran desaparecidos o fueron ejecutados por la DINA. Entre ellos: René Acuña Reyes, 22 años, quien fue detenido y herido a bala el 14 de febrero de 1975; Dina Aarón, 24 años, egresada de Periodismo, detenida el 18 de noviembre de 1974 por agentes de la DINA y quien, al percatarse que iba a ser aprehendida por civiles, intentó huir resultando herida por impactos de bala en el pulmón y en el riñón; Isidro Pizarro Meniconi, 21 años, detenido el 19 de noviembre de 1974; Ida Vera Almarza, 31 años, detenida el 19 de noviembre de 1974 y Nilda Peña Solari, 23 años, detenida el 10 de diciembre de 1974, quien sufrió un aborto producto de los golpes y torturas a los que fue sometida. Existen pruebas y testimonios que señalan que todos ellos pasaron por dichos recintos y que, posteriormente, desaparecieron a manos de los propios agentes de la DINA. También se encuentra documentado el caso del agente Manuel Leyton Robles, quien pasó por la "clínica" London y fue asesinado luego de ser descubierta su vinculación con el organismo al robar una Recoleta por orden de Germán Barriga, jefe de la Brigada Purén.

La Comisión Funa informó que junto a Eugenio Fantuzzi Alliende, pertenecían a la Brigada de Sanidad de la DINA los doctores Vittorio Orvieto Teplizky, Werner Zanghellini, Hernán Taricco, Nader Nasser, Osvaldo Leyton Bahamondez, Rodrigo Vélez, Samuel Valdivia Soto, Luis Santibáñez Santelices, Eduardo Contreras Balcarce, Juan Pablo Figueroa Yáñez (ginecólogo), Roberto Lailhacar Chávez (psiquiatra), Sergio Muñoz Bontá (dentista), y la enfermera María Eliana Bolumburú Taboada. Varios de estos "médicos" ya han sido funados. En la edición Nº1179 de El Siglo, el reportaje "Los médicos de la muerte" entregó antecedentes del papel que muchos facultativos prestaron en los crímenes de la dictadura y sus actuales lugares de trabajo en el campo de la salud pública o privada, amparados en la impunidad.

Julio Oliva advirtió que se continuarán realizando Funas: "Queremos seguir en esta lucha contra la impunidad, no solamente contra los criminales de ayer, sino también contra los que hoy se están enriqueciendo, contra los que tienen el poder, contra los que asesinan estudiantes que luchan por su derecho a estudiar, como Daniel Menco, que asesinan a mapuches que luchan por su derecho a la tierra, como Alex Lemún. Esa es la impunidad que todavía sigue. Impunidad de los políticos involucrados en la red de pedofilia, impunidad de los que hacen lo que quieren porque falta nuestra fuerza. Nosotros tenemos que seguir dando fuerzas, organizándonos desde abajo para cambiar este país".

Al finalizar la actividad, la Comisión Funa invitó a los asistentes a rendir un homenaje a los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo, a Lumi Videla y a los profesionales comunistas Manuel Guerrero Ceballos, Santiago Nattino Allende y José Manuel Parada, asesinados por la dictadura. "Por estos días, tenemos algunas fechas que nos traen a la memoria el dolor de haber perdido a algunos amigos y compañeros, pero también la alegría de saber que por ellos estamos en esta lucha", concluyó.

(*) Pablo Ruiz, ex preso político. Editor de www.libertad.ya.st

Cardiólogos, psiquiatras, dentistas, traumatólogos, pediatras, ginecólogos y otorrinolaringólogos pusieron sus conocimientos, adquiridos para salvar vidas, en la aplicación de torturas y ejecuciones en contra de cientos de prisioneros políticos.

La mayoría de ellos aún se encuentra en funciones en hospitales públicos, clínicas privadas e instituciones de salud de las Fuerzas Armadas.

El Juramento Hipocrático dice en algunas de sus partes: "Juro por Apolo el Médico y Esculapio y por Hygeia y Panacea y por todos los dioses y diosas, poniéndolos de jueces, que este mi juramento será cumplido hasta donde tenga poder y discernimiento. A aquel quien me enseñó este arte, le estimaré lo mismo que a mis padres; él participará de mi mandamiento y si lo desea participará de mis bienes. Consideraré su descendencia como mis hermanos, enseñándoles este arte sin cobrarles nada, si ellos desean aprenderlos.

Llevaré adelante ese régimen, el cual de acuerdo con mi poder y discernimiento será en beneficio de los enfermos y les apartará del perjuicio y el terror. A nadie daré una droga mortal aun cuando me sea solicitada, ni daré consejo con este fin. De la misma manera, no daré a ninguna mujer supositorios destructores; mantendré mi vida y mi arte alejado de la culpas Ahora, si cumplo este juramento y no lo quebranto, que los frutos de la vida y el arte sean míos, que sea siempre honrado por todos los hombres y que lo contrario me ocurra si lo quebranto y soy perjuro".

Evidentemente, los que pusieron sus conocimientos al servicio de la tortura y la muerte violaron este juramento y todas las normas relativas a la defensa de los derechos humanos. Lo peor es que, con protección de las Fuerzas Armadas o con la extrema desidia de los directores de hospitales públicos designados por la Concertación, siguen en funciones atendiendo a personas que no tienen la más mínima idea de que "su doctor" tiene tan siniestro pasado.

Así ocurrió, cuando comenzaron las denuncias públicas denominadas funas, con centenares de pacientes que comenzaron a llamar a los médicos para increparles y cancelar sus visitas al enterarse de los hechos. Entre otros casos, fue lo sucedido con Alejandro Forero en la Clínica INDISA, Sergio Muñoz en el Hospital Barros Luco y Roberto Lailhacar en su consulta de calle Obispo Salas en la comuna de Providencia.

Desde los primeros días

La colaboración de los médicos que se habían puesto del lado de los golpistas se dio desde los primeros días de la dictadura pinochetista. El caso de José María Fuentealba, funcionario de salud del Ejército es uno de ellos.

El 27 de octubre de 1973 fueron entregados por Gendarmería argentina a militares chilenos, en la localidad fronteriza de Río Mayo, Néstor Hernán Castillo Sepúlveda, de 23 años, Secretario Regional de las Juventudes Comunistas; José Rosendo Pérez Ríos, de 24 años, empleado, militante del MAPU; y Juan Vera Oyarzún, de 53 años, obrero, Secretario Regional del Partido Comunista, dirigente sindical y ex regidor de Punta Arenas.

El 20 de septiembre un grupo de cuatro personas, entre las que se encontraba Juan Vera, había cruzado la frontera para pedir asilo político en Argentina. Dos días después fueron entregados a Gendarmería argentina por el propietario de una estancia del sector, llevados a Aldea Veleiros y posteriormente a Río Mayo. En esta localidad quedaron bajo la custodia del Escuadrón Nº38 de Gendarmería.

Por otra parte, el 28 de septiembre eran detenidos en una pensión de Río Mayo José Rosendo Pérez y Néstor Castillo, quienes también habían llegado desde Chile días antes. Junto a Juan Vera se les encomendó realizar trabajos en la Municipalidad de Río Mayo, mientras permanecían detenidos. Eso duró hasta el 27 de octubre, cuando son entregados a un comando militar integrado por el capitán de Ejército Joaquín Molina, un carabinero de apellido Salinas, el suboficial Evaldo Reidlich Hains y el doctor José María Fuentealba Suazo, quienes se movilizaban en una ambulancia del Hospital Regional de Coyhaique.

Según el diario La Epoca del 2 de noviembre de 1988, los militares "les comunicaron que sus familias los esperaban en la frontera. Ya en el territorio chileno, la patrulla militar obligó al grupo a subir a una camioneta y emprendió el retorno hacia el campo de prisioneros.

Las Bandurrias. Horas después el vehículo llegó al recinto militar. Sólo viajaban en su interior los uniformados y el médico. Los tres detenidos nunca aparecieron hasta el día de hoy".

La justicia sometió a proceso al doctor Fuentealba Suazo y al suboficial en retiro Evaldo Reidlich, mientras continúa las diligencias para identificar al otro integrante de la patrulla y se realizan inspecciones en la Reserva Forestal Coyhaique del Cementerio El Claro, lugar donde habrían sido ejecutados y hechos desaparecer los tres ciudadanos chilenos. Joaquín Molina Fuenzalida, el capitán que comandó al grupo, fue asesinado por Manuel Contreras Valdebenito, hijo del jefe de la DINA.

Como en este caso, también aparece desde el primer momento el cardiólogo de Punta Arenas Guillermo Aranda y Alejandro Babaich Schmith, Director del Hospital "Cirujano Guzmán" de esta ciudad, reconocidos por muchos torturados de esa localidad. Otro es Darwin Arraigada Loyola, en ese momento dirigente del Colegio Médico de Chile, quien fue posteriormente nombrado por la Junta Militar como Director General de Salud y al que se le acusa, entre otras cosas, de entregar a numerosos médicos de izquierda, más de 30 de los cuales fueron asesinados, y participar en el plan de administrar drogas en los alimentos para asesinar a prisioneros políticos.

El médico Raúl Díaz Doll, funcionario de la Dirección General del Servicio Nacional de Salud, integró la comisión militar que investigaba la filiación política de los médicos. Organizó el soplonaje en el servicio y participó personalmente en los interrogatorios a los médicos detenidos y torturados.

En Iquique, el pediatra Werner Gálvez, Coronel de Sanidad, aplicó inyecciones intravenosas de pentotal sódico, alternadamente con suero biológico, durante interrogatorios a los prisioneros de guerra. Mientras en Valdivia, el traumatólogo Fernando Jara de la Maza participó directamente en la aplicación de tortura a los detenidos.

En la provincia de Concepción, asesora a los torturadores de Fuerte Borgoño y extiende certificados por "muerte natural", para encubrir los crímenes, un médico de Carabineros de apellido Minoletti. En tanto en Tejas Verdes, cuna de la DINA, cumple funciones de colaboración en las torturas cometidas en el Campo de Prisioneros Número Dos de ese recinto militar el doctor Vittorio Orvieto Teplizky, que posteriormente se incorporaría a la Brigada de Salubridad de dicha asociación ilícita, apareciendo como director de la clínica clandestina Santa Lucía. En las cercanías de Santiago, el radiólogo Bernardo Pulto, junto al Fiscal militar de Melipilla, tomó parte personalmente en las sesiones de tortura a los prisioneros.

La Brigada de Sanidad

La DINA tuvo su propio equipo para atención del personal de servicio, de prisioneros que colaboraban y la aplicación de tormentos a quienes consideraba sus "enemigos". Junto al ya citado Vittorio Orvieto Teplizky, cumplían funciones Werner Zanghellini, Hernán Taricco, Nader Nasser, Osvaldo Eugenio Leyton Bahamondez, Rodrigo Vélez, Samuel Valdivia Soto, Luis Hernán Santibáñez Santelices, Eduardo Contreras Balcarce, el ginecólogo Juan Pablo Figueroa Yáñez, el otorrino Eugenio Fantuzzi Alliende, el psiquiatra Roberto Lailhacar Chávez, el dentista Sergio Roberto Muñoz Bonta y la enfermera María Eliana Bolumburú Taboada. Otro médico, del cual sólo se sabe el apellido, es el psiquiatra Bassaure. Sin formar parte de la estructura, el médico Gregorio Burgos del Regimiento de Los Angeles, colaboró con agentes de la DINA buscando formas de tortura sin que el detenido perdiera el sentido.

Muchos de ellos parece que ya no ejercen funciones en sus respectivas áreas, aunque se mantienen cercanos, como la enfermera María Eliana Bolumburú que trabaja en un laboratorio químico de calle Ejército. Otros continúan activos y asumen destacados roles en su profesión, como Roberto Emilio Lailhacar Chávez, quien en los últimos años de los '90 y hasta el 2001 ocupara el cargo de presidente de la Sociedad Chilena de Sexología y Educación Sexual, cuya sede funcionaba en su consulta particular de Obispo Salas 290 en la comuna de Providencia.

esta organización integró, como "persona natural", al abogado Víctor Manuel Avilés Mejías, integrante del Departamento Jurídico de la DINA.

Por su parte, el cirujano dentista Sergio Muñoz Bonta, que trabajó en las clínicas clandestinas Santa Lucía y London, atendió entre otras personas a Marcia Merino, la "flaca Alejandra", y fue "socio fundador" de la empresa de pantalla Pedro Diet Lobos, por intermedio de la cual la DINA lavaba los dineros provenientes del Estado, del tráfico de armas y drogas, y legalizaba los robos de casas, autos y bienes de aquellos prisioneros que eran hechos desaparecer. Aquí fue "colega", por ejemplo, de Francisco Ferrer Lima, Emilio Sajuria Alvear, Ricardo Lawrence Mires, Fernando Gómez Segovia, Augusto Pinochet Hiriart y Pedro Espinoza Bravo.

Luis Hernán Santibáñez Santelices aparece implicado en la desaparición de Juan Elías Cortés Alruiz, militante comunista secuestrado en abril de 1976, caso por el que incluso fue llamado a declarar por el ministro Servando Jordán en 1980 junto a Germán Barriga Muñoz, (coronel (r) suicidado) Emilio Troncoso Vivillos, Heriberto Acevedo, Vianel Valdivieso y Julio Leyton Robles, hermano de Manuel Leyton, muerto en extrañas circunstancias en la clínica London.

El doctor Santibáñez reconoció el 17 de julio de 1980 haber integrado la DINA en calidad de médico. Informó que en la calle Almirante Barroso existía la Clínica London, a cuyo cargo estaba el doctor Taricco. Cuando se le exhibió la foto de Cortés dijo que le parecía cara conocida y que posiblemente pudo haber visto a esa persona en el Hospital San Juan de Dios. En la misma diligencia se le interrogó sobre el caso de Gabriel Castillo Tapia, desaparecido desde el 5 de agosto de 1976.

En la muerte de Manuel Leyton Robles aparece implicado otro doctor, Osvaldo Leyton Bahamondes, quien firmó un certificado de defunción afirmando que el agente de la DINA había fallecido a causa de una crisis epiléptica y de arritmia cardiaca. El deceso habría sido en Almirante Barroso Nº 76, donde funcionaba la Clínica London. Lo cierto es que Manuel Leyton fue asesinado por sus "colegas" al ser descubierto su papel de integrante de la DINA tras participar en un trabajo encargado por Germán Barriga: el robo de una renoleta.

Por su parte, Sergio Marcelo Virgilio Bocaz, tras finalizar su labor en la DINA, con base en la Clínica Santa Lucía, continuó trabajando en el Comando de Logística de la CNI y a fines de la dictadura se le vio aparecer en publicidad de diversos tipos, como una de Nescafé, otra de galletas Tritón y de instituciones financieras. Aún ejerce funciones en el Hospital Félix Bulnes. El doctor Eugenio Fantuzzi tiene su consulta particular y es Jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la Clínica Dávila. El ginecólogo Juan Pablo Figueroa atiende de lunes a viernes en la Clínica Arauco y Hernán Taricco Lavín continúa trabajando para el Ejército en el Centro Médico Militar de Maipú.

Werner Zanghellini Martínez, quien inyectara con el virus de la rabia al detenido Jorge Fuentes Alarcón, abandonó rápidamente su consulta, ubicada en Galvarino Gallardo 1983, cuando fue funado por decenas de personas hace un par de años. Se sabe que continúa atendiendo en una consulta de Avenida Providencia que pertenece a un familiar, aunque su nombre no aparece en la placa adosada a la puerta.

La CNI y el Comando Conjunto

Aunque en el Comando Conjunto, integrado básicamente por miembros de la Fuerza Aérea, se conoce la presencia de otros médicos, el que ha sido procesado como parte permanente de esta asociación ilícita es el cardiólogo Alejandro Jorge Forero Alvarez, comandante de escuadrilla de la FACH y funcionario del hospital institucional. Nombrado en la mayoría de los casos que involucran al Comando Conjunto, se sabe que en 1976 prestó servicios como soldado segundo en la Base Aérea de El Bosque y en el Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina, usado como centro clandestino de reclusión por la FACH. En este lugar habría participado supervisando las torturas y drogando a los prisioneros que eran sacados para hacerlos desaparecer. Forero participó en Patria y Libertad durante el gobierno de la Unidad Popular, donde conoció a Roberto Fuentes Morrison, alias "el Wally".

Ya en dictadura, fue procesado por el ministro Carlos Cerda, pero dicho proceso fue cerrado y amnistiado por un juez puesto especialmente para eso. Por los delitos de asociación ilícita y detención ilegal de Víctor Vega Riquelme, fue procesado junto a otros 20 integrantes del Comando Conjunto.

En la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) aparece Jorge León Alessandrini, dentista y agente civil, implicado en el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez donde habría actuado proporcionando el arma homicida.

La CNI también contó con su propio equipo médico, especialmente en los recintos clandestinos de torturas ubicados en Santiago, como el Cuartel Borgoña, y otros de regiones. Casos que han alcanzado notoriedad dejaron al descubierto a algunos de ellos, por ejemplo a los implicados en la muerte por torturas del profesor Federico Alvarez Santibáñez en agosto de 1979.

El joven militante del MIR fue entregado por Carabineros a la CNI, donde fue sometido a terribles apremios mientras era "vigilado" por profesionales de la salud para evitar su muerte. Entre éstos aparecen Luis Losada Fuenzalida, Manfred Jurgensen Caesar y Camilo Azar Saba, todos sancionados por el Colegio Médico el 31 de marzo de 1986.

Losada Fuenzalida firmó un informe en el que indicó que el docente estaba en buenas condiciones físicas sólo una hora antes de la muerte de Alvarez Santibáñez. Dr. Camilo Azar Saba (actualmente tiene un sitio web y un blog:( http://camiloazar.blogspot.com/ y http://www.camiloazar.com/ )  es traumatólogo y ortopedista, por lo que conocía a la perfección las zonas del cuerpo más sensibles, que pudieran causar mayor dolor con menos peligro de muerte. Sin embargo, en este caso no sirvieron: Federico Alvarez falleció debido a contusiones múltiples, hemoptisis e insuficiencia pulmonar. Otro caso es el del transportista serenense Mario Fernández López, secuestrado por la CNI en octubre de 1984. Tras la muerte por torturas de Fernández, fueron sancionados por el Colegio Médico los doctores Víctor Carcuro Correa y Guido Mario Félix Díaz Paci, partícipes de la aplicación de tormentos al detenido.

Guido Díaz Paci, conocido médico del Ejército, mintió a los doctores de turno del Hospital de La Serena, aduciendo que el detenido venía de una Tenencia de Carabineros y no de la CNI, y solicitando a los médicos que ocultaran el estado del detenido.

Una vez fallecido Mario Fernández, Díaz Paci intentó que el facultativo que había operado de urgencia a la víctima falsificara el diagnóstico de su muerte, ocultando los verdaderos motivos del deceso.

Ya en 1974, cuando participó en la exhumación del cuerpo de María Avalos, asesinada junto a su marido Bernardo Lejdermann en diciembre de 1973 por una patrulla del Regimiento Arica de La Serena, mintió al extender un certificado de defunción asegurando que la mujer se había dinamitado.

Como muchos de estos "médicos de la muerte", Díaz Paci continúa trabajando en La Serena.

El lugar de trabajo

H. Darwin Arraigada Loyola, Medicina general. Atiende en Santa María 217, oficina 34, comuna de Independencia. Fono 7372626.

Dr. Eugenio Fantuzzi Alliende, Otorrinolaringólogo. Médico Jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la Clínica Dávila, ubicada en Avenida Recoleta 464, Santiago. Consulta Particular en Luis Thayer Ojeda Norte 073, oficina 606, Providencia. Teléfono 233 7524. Fax 234 1740.

Dr. Juan Pablo Figueroa Yáñez, Ginecólogo y Obstetra. Atiende de lunes a viernes en la Clínica Arauco, ubicada en el Parque Arauco. Avenida Kennedy 5413-B. Teléfono 2990299.

Werner Zanghellini Martínez, Cardiólogo. Ultima dirección conocida: Galvarino Gallardo 1983, Providencia. Ahora atiende sin publicidad en la consulta de un familiar, en la misma comuna.

Sergio Marcelo Virgilio Bocaz, Medicina general. Aún se encuentra en funciones en el Hospital Félix Bulnes, ubicado en Leoncio Fernández 2655, Quinta Normal, Santiago.

Hernán Horacio Taricco Lavín, Pediatra. Atiende los martes, jueves y viernes, de 12:00 a 14:30 horas, en el Centro Médico Militar de Maipú, ubicado en la Avenida Ramón Freire Nº6097, Villa Militar Oeste, Paradero 3 1/2 de Pajaritos, Comuna Estación Central. Teléfonos: 450 8564, 450 8565, 450 8566. Fax: 4508563.

Manfred Jurgensen Caesar, Medicina general. Trabaja en el Hospital Militar de Santiago.

Alejandro Forero Alvarez, Cardiólogo. Trabaja en la Clínica INDISA, Avenida Santa María 1810, fono 2254555. Consulta Particular Apoquindo 6275, oficina 116.

Guido Díaz Paci, Pediatra. Atiende en el Regimiento de Infantería N°21 "Arica" de la Segunda División de Ejército con base en La Serena, bajo el mando del General de Brigada José Gabriel Gaete Paredes.

Camilo Azar Saba, Traumatólogo. email:  camiloazar@vtr.net  . Fonos: (56-2) 679 65 00.

Sergio Roberto Muñoz Bonta, Dentista. Atiende en el Hospital Barros Luco-Trudeau y en la consulta médica dental "San Lucas" de José Domingo Santa María 1338. Fonos 7377674 y 7379978.

Roberto Lailhacar Chávez, Psiquiatra. Continúa atendiendo en Obispo Salas 290, Oficina 168. Fono 2239405.

El programa “En la Mira” de Chilevisión emitió anoche un reportaje donde se dio a conocer la identidad de los llamados “médicos torturadores”, galenos que ejercen en la actualidad a pesar de haber sido acusados de participar en violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Uno de ellos es Guido Díaz Pacci, quien trabaja en La Serena. Se le acusa haber asesinado de un tiro de gracia al pediatra Jorge Jordan.

“No tengo nada que ver en ese baile, fui médico del regimiento Arica y nada más”, sostuvo el profesional. Al ser increpada por la hermana de la víctima, el doctor le contestó: “Cállese la boca, no diga estupideces mijita”.

Otro de los “médicos torturadores” es el ex miembro de la CNI Manfred Jurgensen, quien también trabaja en La Serena. “Lo he pasado pésimo. Jamás he participado en algo que sea poco ético, jamás en mi vida de médico”, dijo.

“Se me involucró en una cosa que no corresponde, hice un turno de reemplazo y eso ha significado en toda mi vida un calvario”, agregó.

Por su parte, se mostró el caso de Alejandro Forero, quien habría participado de la Caravana de la Muerte y que actualmente atiende en la Clínica Indisa.

“Fui juzgado y encontrado libre de toda culpa por la Corte de Apelaciones, en el Gobierno de Ricardo Lagos”, señaló el doctor.

En el reportaje también apareció Eugenio Fantuzzi, quien estuvo a cargo del departamento de sanidad de la DINA y que fue expulsado del Colegio Médico.

“Era muy joven y nos dedicábamos solamente a atender a la gente que era miembro (…) las cosas se dan también por diferentes causas, hay que acordarse que mi industria fue tomada por la UP”, indicó.

Las redes sociales ardieron durante la emisión del reportaje del programa "En la Mira" de Chilevisión y donde se mostraron los rostros de los más emblemáticos facultativos que participaron en acciones de tortura durante el régimen de Pinochet.

El programa mostró un reportaje llamado "Médicos torturadores" y donde se investigaron los casos de personas las que eran torturadas y estos profesionales los encargados de monitorear sus condiciones y determinaban si los detenidos podían o no seguir con la sesión de tortura. En otros casos como el del doctor Guido Díaz Pacci se mostró a la investigación que lo incrimina en la ejecución de Jorge Jordan, médico del Partido Comunista que en 1973 fue torturado y asesinado en la Región de Coquimbo cuando tenía 29 años. Al respecto Díaz Pacci sería presuntamente quien le habría propinado el tiro de gracia al facultativo.

Varios fueron los casos que se mostraron en el reportaje de este miércoles y que mostraban la crueldad que se ejercía en regimientos del país como los de Arica, La Serena y Tejas Verdes, donde se ejerció además tortura sexual y en la cual participaron la mayoría de los agentes de las represión.
También mostraron el caso del doctor Raúl Navarro Quintana quien al igual que todos los supuestos facultativos torturadores aún sigue atendiendo pacientes y se desplaza en absoluta impunidad por las calles. En el caso de Navarro Quintana es acusado de haber sido miembro del comando de la muerte y se le responsabiliza de la muerte de Absalon Wegner y el ex detective Rigoberto Achú.

Aparte de Navarro Quintana el reportaje del periodista Alejandro Vega nombró a otros profesionales quienes también están de alguna manera involucrados en el "trabajo" que les encargaron los aparatos represores de la dictadura de "mantener con vida" a los torturados. Entre los nombrados están Vittorio Orvietto, oftalmólogo de la Clínica Plus Médica; Manfred Jurgensen, ex miembro de la CNI; Alejandro Forero, médico que habría participado de la caravana de la muerte y que actualmente atiende en la Clínica Indisa, Eugenio Fantuzzi, a cargo del departamento de sanidad de la DINA y quien fuera expulsado del Colegio Médico.

El crudo reportaje dio cuenta en detalle de muchos casos de tortura narrados por sus víctimas y por testigos que vieron el horrendo accionar de algunos profesionales. En la parte final del espacio, el periodista Alejandro vega y su camarógrafo encararon a algunos de los implicados quienes se vieron sorprendidos con la llegada de la cámara y en el acto siempre negaron su participación con frases acompañadas de un evidente nerviosismo que incluso los hacía atropellarse en las palabras.

Elprograma de Chilevisión reveló también la amistad que existía entre el ex comandante en jefe del ejército Juan Emilio Cheyre y uno de los supuestos torturadores, el doctor Guido Díaz Pacci. Al respecto tanto víctimas como testigos de los macabros hechos señalaron que ambos funcionaban como un dupla que abusaba y denigraba a los detenidos. Finalmente se informó que este jueves el abogado Cristian Cruz presentó una querella por torturas por el caso de los médicos torturadores que emitió el programa "En la Mira".

Romina Ampuero, Directora del Sitio de Memoria Ex Clínica Santa Lucía y coordinadora del equipo que indagó cómo funcionaba el recinto durante la dictadura, señala que su principal objetivo era "conseguir apoyos, en términos médicos, al funcionamiento de la represión”

La Brigada de Salubridad actuó en el primer servicio médico de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). El grupo, integrado principalmente por civiles, trabajó en la Clínica Santa Lucía desde 1974 a 1977.

Así lo reveló la investigación que lideró el equipo del Sitio de Memoria ubicado en la comuna de Santiago. El 24 de octubre pasado, se dieron a conocer los resultados de este estudio realizado en 2018 y que buscó reconstruir una historia que, de a poco, ha visto la luz durante los últimos 10 años.

50 funcionarios se desempeñaron en este lugar. “Ahí es donde hay un acento importante que darle a esta investigación porque estos médicos civiles dieron inicio al trabajo de la Brigada de Sanidad, que operó durante toda la dictadura” relató Romina Ampuero, Directora del Sitio de Memoria y coordinadora del equipo que indagó en estos hechos.

La Central Nacional de Informaciones (CNI) también tuvo 3 clínicas. Por lo tanto, el trabajo que se hizo no se terminó con el cierre de Santa Lucía en 1977. “Se trasladó por diversos motivos a otros lugares y se perfeccionó, que era la idea” comentó Ampuero en la presentación del documento.

La investigación aporta detalles sobre el organigrama al interior de esta organización secreta, coordinada y liderada por la DINA y sus agentes.

Romina Ampuero citó a uno de los hombres clave en esta gestión. Recordó que la estructura era encabezada por Werner Zanghellini Martínez (cardiólogo, director de la ex clínica en los años 75-76) y el doctor Dámaso González.

“Se levanta desde los inicios de las funciones de la DINA, previamente les encargaron organizar la Unidad de Sanidad. ¿Cuál era el objetivo? Conseguir apoyos, en términos médicos, al funcionamiento de la represión” afirmó Ampuero.

Los antecedentes recopilados también arrojaron que estos médicos asistían a otros recintos, y en el lugar determinaban si los detenidos eran atendidos o trasladados a la Clínica Santa Lucía. El equipo tenía turnos y una estructura de trabajo específica.

Con diversos centros clandestinos funcionando,  la cifra de detenidos iba en aumento. La demanda era alta y el objetivo claro: la necesidad de hacer permanente las sesiones de tortura.
Entre la lista de funcionarios se reconocen diversas especialidades: pediatras, médico general, cirujanos, ginecólogos, psiquiatras, cardiólogos y odontólogos.

“Yo no sabía, hasta antes de este estudio, que este lugar también tuvo una práctica particular de exterminio” agregó Lautaro Videla Moya, Presidente del Directorio del Sitio de Memoria Ex Clínica Santa Lucía.

Videla se refiere al uso de pentotal sódico, el llamado “suero de la verdad”, pero que en altas dosis era mortal. “Me impresiona el saber que acá se aplicaron inyecciones letales a compañeros que pararon en este recinto” lamentó.

Lautaro Videla: “Este trabajo no tiene fin”

Este informe considera varias fuentes. Una de ellas, la “información limitada” de los ex agentes de la DINA en sus declaraciones ante Tribunales.

En segundo lugar, el material recabado durante años en diversos documentos vinculados con los sitios de memoria y en el Archivo de la Vicaría de la Solidaridad. En esta sistematización, Lautaro Videla destacó el trabajo de los directorios anteriores y el rol de  Silvia Pinilla y Samuel Houston.

Con esta presentación del texto luego de 10 meses de trabajo, se cierra una nueva etapa de recopilación. Este último esfuerzo responde a un proyecto que contó con financiamiento estatal a través de la Asignación de Subvenciones Presidenciales.

Lautaro Videla, Presidente del Directorio del Sitio de Memoria, destacó que esta historia debe ser conocida en todo Chile. Por esta razón, considerarán un nuevo proyecto con el objetivo de publicar los resultados “bajo la figura de un libro”.

“Estábamos conscientes que intentaríamos llegar lo más allá posible, pero también reconocemos que este trabajo no tiene fin” reflexionó.

Videla compartió una conclusión: “No hemos contado con el apoyo del personal de las Fuerzas Armadas o Servicios de Inteligencia, que fueron actores directos o indirectos, por eso descartamos que alguna vez nos apoyen en complementar la información que hemos recabado en este tiempo”.

Romina Ampuero: ¿Qué pasa con los médicos civiles? 

Romina Ampuero destacó puntualmente la impunidad que ha existido respecto de la participación de civiles en la comisión de crímenes de lesa humanidad.“Ninguno ha rendido cuentas y Santa Lucía transparenta esta situación”, concluyó la Directora del Sitio de Memoria.

El aparato de salud instalado en Rinconada de Maipú fue destinado a la Clínica Santa Lucía, por orden de Zanghellini. El recinto, con una ubicación estratégica en el centro de Santiago, funcionó con un área administrativa y recursos. Y con una incorporación paulatina de facultativos, varios de ellos civiles que eran contratados de manera particular.

Desde la Asociación advirtieron que los antecedentes que revela el informe pueden sustentar demandas y más gestiones judiciales.

“¿Qué pasa con los médicos civiles? Buena pregunta porque ninguno ha sido procesado. Atendiendo sus edades, la gran mayoría aún está trabajando, por ejemplo, en universidades dando clases, otros en clínicas privadas y algunos en el Ejército en las unidades médicas” relató Romina Ampuero.

Entre ellos, según el informe, Dámaso González aparece atendiendo en su consulta privada en Providencia y Carlos  Rodolfo  Ulrrich Dünner  quien tiene su oficina como odontólogo en Las Condes). Ambos figuran en la nómina del Colegio de Dentistas.

Milena Cecilia Zulic Lolic, Odontopediatra, se relaciona con la  Clínica de Ortodoncia y Estética “Zulic” (Las Condes) y también es  integrante de la Sociedad de Ortodoncia de Chile.

Eugenio Andrés Fantuzzi Alliende (Otorrinolaringólogo) atiende en las clínicas Dávila y Santa María, miembro de la Sociedad Chilena de Otorrinolaringología.

Camilo Antonio Azar Saba, Traumatólogo, atiende en la  Clínica MEDS – Medicina Deportiva (Lo Barnechea).

Pablo César Oyanguren Plaza, Cirujano Dentista, es académico en la Escuela de Odontología (Universidad Mayor).

Luis Hernán Santibáñez Santelices, Médico Cirujano – Broncopulmonar, atiende en Integramédica y dos consultas en Las Condes.

“El cañonazo de las 12”

De un total de 17 sobrevivientes, esta investigación también sumó entrevistas a diez de ellos y ellas. De esta manera, se revelaron detalles inéditos de un inmueble, que según el propio Manuel Contreras, “actuó como una clínica para la atención médica de funcionarios de la DINA y para los detenidos que requerían servicio” (1985). Sin embargo, fue más que eso: en paralelo a este funcionamiento oficial también se usó como un centro de detención y torturas clandestino.

Los “paquetes”, como  llamaron los funcionarios a la llegada de detenidos, fue un código que mantenían los agentes. Las personas que eran trasladadas a la ex clínica padecían de lesiones o heridas graves. Según relatan algunos testimonios, el cañonazo del mediodía en el Cerro Santa Lucía fue un elemento clave para tratar de confirmar la ubicación en la que se encontraban.

Renato Alvarado Vidal que estuvo dos veces en este recinto relata a nuestro medio su experiencia.

“Una de las vivencias al volver acá (ex clínica Santa Lucía) fue descubrir que era mucho más pequeño de lo que recordaba, me di cuenta del estado de indefensión en el que me encontraba en ese momento” relató en entrevista con Radio Universidad de Chile.

Desde que conoció a los integrantes de la Asociación, afirmó que su compromiso sería colaborar con este tipo de investigación. Por esta razón, viajó desde Puerto Montt y contó su experiencia en la Clínica del Horror.

Los “pacientes” sin paradero

La Asociación Sitio de Memoria Ex Clínica Santa Lucía había logrado identificar, con la historia de este lugar, el caso de 12 detenidos desaparecidos. La última indagatoria confirmó el paso de dos personas más por este centro de exterminio.

Ramón Hugo Martínez González. Tenía 23 años cuando fue detenido por agentes de la DINA. El estudiante, soltero y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR-Chile), fue trasladado a Villa Grimaldi. Según los antecedentes, “el Tano” fue torturado y ejecutado en este recinto.

“Él había sido detenido el día seis de enero (1975) en calle Bascuñán Guerrero en Santiago. En el momento de su detención Ramón Martínez fue herido a bala, siendo conducido en esas condiciones al recinto de Villa Grimaldi. El 13 fue remitido su cuerpo al Instituto Médico Legal por una Fiscalía Militar donde se dejó constancia que falleció a consecuencia de dos heridas a bala torácicas recientes, que no corresponden a las infligidas al momento de la detención. Esos antecedentes permiten afirmar que la víctima fue ejecutada por agentes de la DINA, en violación de sus derechos humanos”

Claudio Enrique Contreras Hernández. Tenía 27 años a la fecha de su detención. Constructor Civil, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Técnica del Estado. Como integrante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) fue detenido el 7 de enero de 1975.

“Según el testigo, el afectado permaneció en Villa Grimaldi hasta el 25 de enero de 1975, fecha en que fue sacado del recinto junto a Patricio Urbina Chamorro, a Carlos Guerrero Gutiérrez y a Luis Piñones Vega, con destino desconocido…

Con posterioridad a su detención, el nombre de la víctima apareció en la lista de 119 chilenos que presuntamente habían muerto en enfrentamientos en el extranjero (julio de 1975). Los 119 nombres de estas nóminas eran todas personas desaparecidas después de haber sido detenidas, entre los meses de junio de 1974 y febrero de 1975, y la mayoría de ellas vistos por testigos en recintos secretos de detención de la Dina”. (Memoriaviva.com)

Romina Ampuero se refiere a esta revelación. “Hacer justicia en la reconstrucción de ambas historias”  concluyó.

Reunir antecedentes sobre lo que sucedió en la Clínica Santa Lucía “ha sido complejo”. Los casos de detenidos desaparecidos que transitaron por este centro han sido reconocidos por declaraciones de compañeros de reclusión. Los sobrevivientes, al reconocer el lugar, han contribuido también a la memoria histórica.

Después de varios años de trabajo, el próximo 24 de octubre será una fecha importante para la Asociación Sitio de Memoria Ex Clínica Santa Lucía. Se publicarán los resultados de una investigación que aportará nuevos datos de la historia del inmueble durante la dictadura.

Entre octubre de 1974 y 1977 fue utilizado como clínica para el personal de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y sus familiares. Simultáneamente, funcionaba como centro de detención y tortura, además de archivo y centro de documentación.

Con estos antecedentes en mano, en diciembre del año pasado el Directorio de la Asociación dio inicio oficial a este proyecto que busca recopilar y sistematizar la información referida al recinto ubicado en calle Santa Lucía 162, comuna de Santiago.

El proceso de investigación, que fue coordinado por Romina Ampuero, egresada de Derecho y Directora del Sitio de Memoria Ex Clínica Santa Lucía, contó con el trabajo de las historiadoras Tamara Carrasco, Macarena Castillo y Viviana Salinas

Los investigan por homicidio de represor y muerte de Frei

Están en la cárcel desde el martes por la muerte, en 1977, de un agente de la DINA que iba a hablar de detenidos desaparecidos. uno de ellos, además, es la llave para aclarar el deceso del ex Presidente, en 1982.

No hubo toque de tambores, pero bien lo merecía. Diecisiete años después de recuperada la democracia, el juez Alejandro Madrid, con el   apoyo de un grupo de elite de Investigaciones, logró esclarecer uno de los compartimentos más secretos de la fabricación de armas químicas durante la dictadura, ordenando el encarcelamiento de cuatro médicos por la utilización del mortal gas sarín para eliminar a personas peligrosas para el régimen de Pinochet.

Los doctores Pedro Samuel Valdivia Soto, Osvaldo Leyton, Horacio Taricco Lavín y Vittorio Orvieto Teplinsky fueron procesados como miembros de la asociación ilícita responsable de la falsificación de una ficha clínica y del asesinato del cabo Manuel Leyton Robles, perpetrado el 29 de marzo de 1977.

El suboficial pertenecía a la DINA, y fue asesinado con gas sarín un día antes de que declarara ante un juez luego de haber sido descubierto en posesión de dos renoletas robadas. Una pertenecía a un ciudadano francés y la otra a un detenido desaparecido: Daniel Palma.

Leyton fue apresado por Carabineros, quienes le incautaron además de los vehículos, cédulas de identidad y objetos de personas que aparecían en los registros de desaparecidos y que hasta ese momento el régimen militar negaba ante tribunales y organismos internacionales.

Esa noche de marzo de  1977,  mientras  efectivos  de la DINA desplegaban un masivo cerco alrededor  del cuartel de Carabineros exigiendo que los policías entregaran a Leyton y a Heriberto Acevedo -un suboficial de Carabineros que también pertenecía a la DINA, y compañero de brigada de Leyton-, en el interior, y con gran sangre fría, dos carabineros los interrogaron   y grabaron sus confesiones.

El enfrentamiento se evitó al último minuto. Manuel Contreras, el jefe DINA, se llevó al cabo Leyton y a Ace- vedo. Pero los dos hombres no regresaron a sus casas. Fue en las horas posteriores, cuando Contreras supo que Leyton había hablado, que se decidió su suerte.

Porque de detenidos desaparecidos Leyton sabía. Y no solo de Daniel Palma, el dueño de la renoleta encontrada en su poder. Leyton fue uno de los coman- dos DINA que participó en el asesinato de prisioneros en la cárcel secreta de Simón Bolívar y también en la llamada Casa de Piedra en el Cajón del Maipo, además de ser uno de los que lanzaban sus cuerpos al mar, luego de que la enfermera Gladys Calderón les aplicara inyecciones letales.

Así quedó acreditado tanto en el proceso del ministro Madrid como en el juicio por las víctimas del Partido Comunista de calle Conferencia, que sustancia el ministro Víctor Montiglio.

Gladys Calderón, la misma enfermera a la que Leyton vio aplicarle inyecciones letales a los prisioneros, fue procesada por el ministro Madrid por el asesinato del suboficial. Calderón, teniente del Ejército en retiro, vivía sola con sus pesadillas en Melipilla, donde fue apresada.

La enfermera era oficial asistente del coronel DINA Juan Morales Salgado, al que el juez Madrid también procesó por su responsabilidad en el asesinato de Leyton.

Madrid logró determinar que al momento de morir, Leyton tuvo a su lado a dos oficiales DINA: Morales Salgado y Vianel Valdivieso. Morales está procesado por los crímenes del cuartel Simón Bolívar y acaba de ser encausado por el juez Alejandro Solís por su participación en el asesinato de su ex comandante en jefe, Carlos Prats.

También fue encarcelada la jefa de las  enfermeras de la tenebrosa Clínica London, Eliana Bolumburu Taboada, esposa del oficial y agente DINA Hugo “Cacho” Acevedo, uno de los mejores amigos de Augusto Pinochet hijo.

Tampoco se salvó de la cárcel el hombre de seguridad de Manuel Contreras, el suboficial Sobino. Su jefe esta vez no pudo pagarle los servicios de cuidar durante años a su familia.

Una autopsia y otro muerto

Osvaldo Leyton y Pedro Valdivia, los dos médicos procesados el martes, firmaron la causal de muerte del suboficial, de cuyo funeral se ocuparon personalmente Manuel Contreras y Pablo Belmar, que asumió el con- trol de la familia del cabo que debía morir desde que éste fue detenido, el 24 de marzo de 1977. Su esposa Mireya Barra, diría más tarde: “Cuando me lo trajeron de vuelta sus compañeros de la DINA, lo noté nervio- so, con miedo y recuerdo que me dijo ‘no permitas que me lleven a la clínica de la DINA”.

Pero en esos días ni su esposa ni su hermano, un suboficial del Regimiento de Puente Alto, imaginaron que las torturas y métodos que se aplicaban a los prisioneros esta vez serían usados sobre el comando que tiraba cuerpos al mar. Solo cuando Mireya llegó a la Clínica London y Eliana Bolumburu le anunció que su marido había fallecido, la mujer se desmoronó.

Ni Mireya ni su familia pudieron volver a ver el rostro del muerto: les entregaron el ataúd sellado. Contreras y sus hombres -Pedro Espinoza, Belmar, Vianel Valdivieso y Germán Barriga, entre otros-, se llevaron varias veces el féretro sin dar explicaciones. Sólo al final, y en medio de un clima de gran tensión en un recinto rodeado de hombres fuertemente armados, Manuel Contreras dijo que Leyton había sido un buen soldado y merecía un ataúd de mejor calidad. Agregó también que debían practicarle una autopsia.

Y aquí un dato que da cuenta del poder de Contreras en 1977. El alto mando de la DINA, Ricardo Lawrence, confesó el año pasado que ese día recibió la orden de Contreras de ir donde el entonces director del Servicio Médico Legal, el doctor Alfredo Vargas, para que firmara una autopsia  que  “no contamine a la DINA”. Vargas lo hizo, pero no aceptó la oferta de Contreras que le transmitió Lawrence: ser nombrado ministro de Salud.

Vargas murió ese mismo año 1977, y es posible que su muerte no haya sido del todo natural.

Frei

A estas horas, la enfermera Victoria Larraechea -hermana de Marta Larraechea, esposa del senador Eduardo Frei- debe comprender a cabalidad lo que ocurrió esa mañana de diciembre de 1981, cuando al ex Presidente Frei Montalva le subió súbitamente la fiebre en su cuarto de la Clínica Santa María, y ella aceptó que el médico cirujano Pedro Valdivia Soto, de turno en el establecimiento, lo examinara.

Son esos minutos, los que el doctor Valdivia – miembro de la DINA, el mismo que fue procesado el martes como responsable de la muerte con gas sarín del cabo Leyton- pasó junto al cuerpo de Frei Montalva, los que forman el nudo de la trama de su asesinato. Porque fue el propio Valdivia quien salió de la pieza de cuidados intensivos donde se encontraba Frei y se reunió  con  el doctor Patricio Silva Marín, decidiéndose que sería éste último quien operara nuevamente al ex Presiden- te y asumiera como responsable de su control. Y Silva está ligado al Hospital Militar y a la muerte del ex jefe de Inteligencia del Ejército, Augusto Lutz.

Así, la suerte de Frei Montalva quedó en manos de Silva y de Valdivia, quien además de ejercer el turno de noche en la Clínica Santa María, trabajaba en la Clínica London y en el cuartel Borgoño de la CNI, donde examinaba a prisioneros que eran torturados. Valdivia nunca antes fue interpelado por su acción represiva, a pesar de que se desempeñó como médico de la clínica de la CNI hasta 1990, cuando ésta funcionaba en la exclusiva calle Isidora Goyenechea. Ahora, ya está en la cárcel con otros tres de sus antiguos colegas.

Los otros médicos de la London

 La Clínica London era abastecida por el ministerio de Salud y llegó a tener hasta ambulancias. Su sede original, en Almirante Barroso, tenía tres pisos y guardia permanente que no dejaba entrar a nadie. En el primer piso había ocho camas para hospitalizaciones y casos siquiátricos. En 1983 el centro -ya a manos de la CNI- se trasladó a Isidora Goyenechea y pasó a llamarse Clínica El Golf.

-Werner Zanghellini, cardiólogo

-Roberto Laihacar, siquiatra

-Sergio Marcelo Virgilio Bocaz

-Luis Hernán Santibáñez Santelices, médico internista

 -Sergio Rodrigo Vélez Fuenzalida, cirujano

-Sergio Muñoz Bontá, dentista

-Luis Losada Fuenzalida, endocrinólogo

-Eugenio Fantuzzi Alliende, otorrinolaringólogo, jefe de su especialidad en la Clínica Dávila.

-Camilo Azar Saba, traumatólogo

 

Por Mónica González / centro de investigación Periodística, copea.

Cierto que alguno pudo sólo haber desempeñado sus funciones como médico atendiendo la salud de funcionarios, sin embargo existen evidencias de médicos que se dedicaban a asistencia en métodos de tortura, destinar medicamentos en interrogatorios, como el llamado “suero de la verdad” falsificación de documentos, adulterar fichas clínicas o firmar certificados de defunción con motivos de deceso que ocultan la responsabilidad de oranismos.

Médicos de la muerte libres y atendiendo

Según la abogada de derechos humanos, Carmen Hertz, existe un listado de una treintena de médicos vinculados a la dictadura que se mantienen en la impunidad, evidencia de esto es el caso de Bernardo Lejderman y María Avalos muertos en 1973 por militares en el norte, un crimen conocido hace poco por el emplazamiento de Ernesto Lejderman al saber que sus padres no se habían suicidado con explosivos, tal como señalaba el parte médico firmado por Guido Díaz Paci, médico que se mantiene en actividad hasta la actualidad trabajando en el Departamento de Tránsito de la municipalidad de La Serena.

Pero no es el único caso y algunos atienden pacientes en conocidas cadenas de centros médicos, la abogada Hertz acusó el 2013, que médicos complices en políticas de exterminio hoy ejercen cargos directivos en lugares como la Clínica Dávila  o Clínica Indisa.

Pero no sólo tenemos doctores de la muerte ejerciendo actualmente en Chile, el periodista Javier Rebolledo, autor del libro “La Danza de Los Cuervos” señala que la enfermera Gladys Calderón tomó el conocimiento de otros médicos que inyectaban personas con 5 ml de pentotal para darles muerte, y entre 1976 y 1977 se dedicó a asesinar mediante inyección a los detenidos del cuartel Simón Bolívar.

Los casos son innumerables, algunos más conocidos como los médicos que atendieron al ex presidente Eduardo Frei Montalva.

Los doctores siniestros en el presente

Lo más escalofriante es saber que en el presente médicos con pasados de muerte, tortura, CNI o DINA, han atendido quizás a usted o sus familiares en centros médicos conocidos, como Camilo Azar Saba, se ha desempeñado como traumatólogo de Integramédica Alto Las Condes o Vitorio Orvieto Tiplizki como oftalmólogo del mismo centro en su sede de Maipú.

Este año 2016 se denunció que Pablo César Oyanguren Plaza, alias “cicerón videla” Trabaja en la Facultad de Odontología de la Universidad Mayor de Alameda. Oyanguren fue integrante de la “Brigada de Salubridad” de la DINA, aparato represivo de la Dictadura de Pinochet, que funcionó en la Clínica clandestina de calle Santa Lucía 162. Disuelta la DINA, el entonces médico dentista, pasó a formar parte de la siniestra CNI.

A continuación un listado de médicos que se encuentran en esta situación y fueron publicados por la Radio Universidad de Chile:

1. Darwin Arriagada– Médico, dirigente del Colegio Médico de Chile en 1973. Fue nombrado por la Junta Militar como Director General de Salud. Participó en el plan de administrar drogas en los alimentos para asesinar a presos políticos. Entregó a numerosos médicos de izquierda, más de 30 de los cuales fueron asesinados. Atiende en Santa María 217, oficina 34, comuna de Independencia.
2. Camilo Azar Saba– Médico de la CNI. Fue suspendido por seis meses del Colegio Médico por su participación en torturas aplicadas a prisioneros en cuarteles de la CNI. Implicado en caso de Federico Álvarez Santibáñez.
3. Guillermo Araneda– Médico de Punta Arenas, Cardiólogo. Aplicó sus conocimientos para la tortura de presos en esta ciudad.
4. Alejandro Babaich Schmith– Director Hospital “Cirujano Guzmán” de Punta Arenas. Asesor en torturas contra prisioneros políticos.
5. Gregorio Burgos– Médico del Regimiento de Los Ángeles. Asesoró a agentes de la DINA en buscar formas de tortura sin que el detenido perdiera el sentido.
6. Víctor Carcuro Correa– Médico de la CNI. Este doctor fue suspendido de sus derechos en el Colegio Medico por su participación en las torturas que culminaron con la muerte del transportista Mario Fernández López, en La Serena, en octubre de 1984.
7. Raúl Díaz Doll– Médico, funcionario de la Dirección General del Servicio Nacional de Salud. Integró la comisión militar que investigaba la filiación política de los médicos. Organizó el soplonaje en el servicio y participó personalmente en los interrogatorios a los médicos detenidos y torturados.
8. Guido Mario Félix Díaz Paci– Medico del Ejército y de la CNI. Oficial de sanidad militar del Ejército que participa de los hechos que culminaron con la muerte del transportista Mario Fernández López, en La Serena. Las causas de la muerte de Fernández López fueron las torturas sufridas en el cuartel de la CNI de dicha ciudad en octubre de 1984. Cuando Mario Fernández debió ser trasladado al Hospital de La Serena, Díaz Paci mintió a los doctores de turno del Hospital, aduciendo que el detenido venía de una Tenencia de Carabineros y no de la CNI, solicitando a los médicos que ocultaran el estado del detenido. Una vez fallecido Fernández, el médico y agente CNI intentó que el facultativo que había operado de urgencia a la víctima falsificara el diagnóstico de su muerte, ocultando los verdaderos motivos del deceso. Por todas estas razones Guido Díaz Paci fue expulsado del Colegio Médico. En 1974 participó en la exhumación del cuerpo de María Avalos, asesinada junto a su marido, Bernardo Lejdermann, en diciembre de 1973 por una patrulla del Regimiento Arica de La Serena. En el certificado de defunción aseguró que la mujer se había dinamitado.
9. José María Fuentealba Suazo– Médico del Ejército. El 27 de octubre de 1973 José Fuentealba participa en la comitiva que viaja a Río Mayo, en Argentina, para trasladar a 3 detenidos, Juan Vera, Néstor Castillo y José Rosendo Pérez, que habían sido capturados por Gendarmería argentina cuando escaparon en busca de refugio político. La comitiva iba al mando del Capitán Joaquín Molina Fuenzalida (asesinado por el hijo de Manuel Contreras) y también la integraban un carabinero de apellido Salinas y el suboficial Evaldo Reidlich Hains. Los tres prisioneros fueron subidos a un vehículo del Hospital Regional de Coyhaique y trasladados en dirección a Chile, pero nunca llegaron a destino. En abril del 2002, el juez del Primer Juzgado del Crimen de Coyhaique, Luis Sepúlveda, sometió a proceso a Fuentealba Suazo y al suboficial (R) de Carabineros Evaldo Reidlich Hains.
10. Alejandro Jorge Forero Alvarez– Cardiólogo. Registro Colegio Médico 9580-K. Comandante de Escuadrilla y médico que se desempeñaba al momento del golpe de Estado en el Hospital de la FACH. En 1976 prestó servicios como soldado segundo en la Base Aérea de El Bosque y en el Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina. En este lugar participa del Comando Conjunto, supervisando las torturas y drogando a los prisioneros que eran sacados para hacerlos desaparecer. Fue sometido a proceso por el juez Carlos Cerda en plena dictadura. Por estos días ha vuelto a ser requerido en nuevos procesos del Comando Conjunto.
11. Werner Gálvez– Médico pediatra, Coronel de Sanidad en Iquique. A comienzos del régimen militar aplicó inyecciones intravenosas de pentotal sódico, alternadamente con suero biológico, durante interrogatorios en esta ciudad.
12. Fernando Jara de la Maza– Médico traumatólogo de Valdivia. En los días posteriores al golpe militar participó directamente en la aplicación de tortura a detenidos.
13. Manfred Jurgensen Caesar– Médico de la CNI. Este médico, a la vez agente de la CNI, fue expulsado del Colegio Médico por su participación en torturas aplicadas a prisioneros en cuarteles clandestinos de este organismo represivo. Implicado en muerte de Federico Alvarez Santibáñez.
14. Luis Losada Fuenzalida– Médico de la CNI. También fue expulsado del Colegio Medico por su participación en las torturas que culminaron con la muerte del profesor Federico Álvarez Santibáñez. Una hora antes de la muerte de Álvarez Santibáñez, torturado en agosto de 1979 durante siete días en cuarteles secretos de la CNI en Santiago, firmó un informe en el que indicó que el docente estaba en buenas condiciones físicas.
15. Minoletti– Médico de Carabineros, provincia de Concepción. Asesora a los torturadores de Fuerte Borgoño y extiende los certificados por muerte natural para encubrir los crímenes.
16. Vittorio Orvieto Teplizky– Médico del Ejército. Cumple funciones de colaboración en las torturas cometidas en el Campo de Prisioneros Número Dos de Tejas Verdes. También participa en la Brigada de Salubridad de la DINA como director de la Clínica Santa Lucía.
17. América González Figueroa– Contratada en dictadura para ejercer funciones en el Servicio Médico Legal, donde falseó la información sobre las causas de muerte de algunos ejecutados políticos. Entre los casos en que está implicada aparecen la muerte a causa de torturas de Carlos Godoy Echegoyen, que hizo aparecer como “muerte súbita”, el asesinato de Cecilia Magni Camino, afirmando que se habría ahogado y ocultando los vestigios de tortura en su cuerpo, y el crimen del dirigente estudiantil DC Mario Martínez, que apareció en las costas de las Rocas de Santo Domingo luego de que fuera secuestrado en Santiago. Otro “servicio a la patria” fue su participación en los exámenes que culminaron con el fraude de la demencia de Pinochet. En el último período, aún en el SML, fue designada jefe del Departamento de Tanatología y directora subrogante del servicio. El 21 de diciembre de 2000, poco después de que se comprobara su responsabilidad en la entrega equivocada de los cuerpos de tres jóvenes quemados al interior de la Cárcel de San Miguel, recibió una anotación de mérito en su hoja de vida firmada por el ministro de Justicia José Antonio Gómez, militante radical.
18. Jorge León Alessandri– Dentista, agente civil de la DINE, implicado en el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez Alfaro.
19. Osvaldo Leyton Bahamondes– Médico de la DINA. Implicado en la muerte por torturas de Manuel Leyton Robles, agente de la DINA que fue asesinado por sus “colegas” al verse involucrado públicamente en el robo de una renoleta, trabajo encargado por su superior Germán Barriga Muñoz. El doctor Leyton Bahamondes firmó un certificado en el que el agente aparece como fallecido a causa de una crisis epiléptica y arritmia cardiaca en Almirante Barroso 76, ubicación de la clínica clandestina London.
20. Bernardo Purto– Medico radiólogo de Melipilla. Junto al Fiscal militar de Melipilla tomó parte personalmente en las sesiones de tortura a prisioneros.
21. Luis Hernán Santibáñez Santelices– Médico DINA. Integrante de la Brigada de Salubridad que funcionaba en la Clínica London (Almirante Barroso). Implicado en la desaparición de Juan Elías Cortés.
22. Hernán Horacio Taricco Lavín– Médico DINA. Jefe de la Brigada de Salubridad que funcionaba en la Clínica London. Implicado en la muerte del agente DINA Manuel Jesús Leyton Robles.
23. Hernán Twane– Psicólogo que aplicó Pentotal Sódico a los prisioneros para que éstos fueran interrogados por el Servicio de Investigaciones.
24. Werner Zanghellini Martínez– Director de la Clínica Santa Lucía entre 1975 y 1976. Es acusado por sobrevivientes de Villa Grimaldi de haber inyectado el virus de la rabia a Jorge Fuentes Alarcón, detenido desaparecido.
25. Sergio Marcelo Virgilio Bocaz– Médico de la Brigada de Salubridad de la DINA, con labores en la clínica clandestina Santa Lucía, que continuó trabajando en el Comando de Logística de la CNI. Marcia Merino dice haberlo visto en publicidad de café y financieras. Brigada de Salubridad de la DINA Compuesta entre otros por los doctores Vittorio Orvietto, Werner Zanghellini, Hernán Taricco, Nader Nasser, Osvaldo Eugenio Leyton Bahamondez, Rodrigo Vélez, Samuel Valdivia Soto, Luis Hernán Santibáñez Santelices, Eduardo Contreras Balcarce, el ginecólogo Juan Pablo Figueroa Yáñez, el otorrino Eugenio Fantuzzi Alliende, el psiquiatra Roberto Lailhacar Chávez, el dentista Sergio Roberto Muñoz Bonta y la enfermera María Eliana Bolumburú Taboada. Otro médico, del cual sólo se sabe el apellido, es el psicólogo Bassaure.
26. Eugenio Fantuzzi Alliende, Otorrinolaringólogo – Médico Jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la Clínica Dávila.
27. Roberto Lailhacar Chávez, Psiquiatra – Ex presidente de la Sociedad Chilena de Sexología y Educación Sexual.

El personal que trabajó en las clínicas creadas por la DINA -Santa Lucía, London y El Golf-, figura en una arista judicial que permanece archivada. Solo hay cinco médicos condenados en procesos por crímenes del organismo represivo. Según la investigación del juez Alejandro Solís, algunos doctores controlaban a los detenidos mientras eran torturados. CIPER accedió a documentos judiciales con testimonios de trabajadores de las clínicas sobre el rol de los profesionales. En esa revisión contabilizamos al menos 31 personas (26 médicos y cinco enfermeros) que trabajaron en las clínicas. No todos participaron en torturas, pero ninguno desconoce haberse puesto al servicio de la DINA. Siete continúan ejerciendo y tres esperan fallos de la Corte Suprema.

El 1 de junio de 2007, un carabinero en retiro y exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el organismo represivo de los primeros años de la dictadura, compareció ante un juez. Lo interrogaron por el asesinato del cabo Manuel Leyton Robles, ocurrido en 1977, a quien la DINA eliminó en la Clínica London. Leyton tenía en su poder un auto encargado por robo -había pertenecido a un detenido desaparecido- y por eso fue arrestado por Carabineros. En el cuartel policial explicó a qué se dedicaba y mencionó las detenciones ilegales que realizaban los agentes de la dictadura. Quedó libre. Pero, para la cúpula de la DINA, había hablado más de lo aconsejable. Lo condujeron a un chequeo médico en la Clínica London -uno de los tres recintos asistenciales creados por la DINA- donde, a pesar de su buena condición física, sufrió un paro cardiorrespiratorio fatal. 

El interrogatorio al exagente, cuya identidad CIPER mantiene en reserva, derivó en una detallada descripción de las tres clínicas de la DINA: Santa Lucía, London y El Golf. A estas alturas, la justicia ha establecido que el organismo de seguridad reclutó a un grupo de médicos que ayudaron a la DINA con el control, reanimación y, en algunos casos, hasta homicidio de detenidos. El exagente declaró que cuando en un cuartel había un detenido que no podía proporcionar más información, los doctores cumplían un rol: “Se mandaba a llamar a un médico de la DINA, quien iba y atendía al detenido. No recuerdo quiénes eran, pero eran de la clínica (Santa Lucía). Estos médicos estaban para eso, era su función y para lo que fue creado dicho centro asistencial”, afirmó. 

Los esfuerzos periodísticos por revelar el funcionamiento de lo que la prensa denominó “la brigada sanitaria” de la DINA, no han sido pocos. Lo hizo Chilevisión en 2014, cuando encaró a seis médicos que están en la nómina de los profesionales que prestaron estos servicios y reveló sus lugares de trabajo: entre ellos el oftalmólogo Vittorio Orvieto Tiplitzky, el otorrinolaringólogo Eugenio Fantuzzi Alliende y el fallecido Manfred Jürgensen Caesar.

Años antes, la periodista Mónica González, fundadora de CIPER, ya había publicado la existencia de estos centros asistenciales en reportajes que contenían una lista de doctores de la Clínica London. Y para su libro “El despertar de los Cuervos”, el periodista Javier Rebolledo accedió a las declaraciones hechas por el personal de salud de estas clínicas en la investigación del ministro Alejandro Solís, expediente que se encuentra archivado. CIPER pudo revisar esos y otros testimonios que dieron forma a este artículo y constató que al menos siete médicos continúan ejercicio en el sector privado. Para este reportaje se contactó a los siete, a objeto de incorporar sus versiones, pero solo una doctora accedió a que su testimonio fuera publicado.  

DOCTORES INVESTIGADOS POR EL JUEZ SOLÍS

La nómina de 31 profesionales elaborada por CIPER solo incluye a aquellos que formaron parte de las clínicas que investigó el juez Alejandro Solís. De ellos, solo cinco han sido condenados en causas de derechos humanos. En ese listado se incluye al fallecido Manfred Jürgensen, hermano del exconvencional Harry Jürgensen (RN), que fue sentenciado a ocho años de presidio mayor como cómplice del homicidio calificado del profesor y militante del MIR, Federico Álvarez Santibáñez. Otros tres están a la espera del fallo de la Corte Suprema.

Las declaraciones a las que tuvo acceso CIPER, con acusaciones y relatos de torturas, fueron entregadas, en su mayoría, por extrabajadores de las clínicas. Algunos de esos archivos fueron integrados a “Papeles de la Dictadura”, una plataforma con más de 4 mil documentos en línea desarrollada por CIPER con la colaboración del CIP-UDP (vea acá la plataforma “Papeles de la Dictadura”). En esos registros, los datos sensibles de las víctimas y de los trabajadores de las clínicas que formularon las denuncias fueron tarjados. 

De acuerdo a la investigación judicial, al menos 13 médicos habrían egresado de la Universidad de Chile. No es extraño. En esa época, el coronel de la FACH, Dámaso González Espinosa, quien lideró el área dental de la Clínica Santa Lucía, ejercía como profesor en esa universidad y se encargó de reclutar a una parte del personal. Así lo señalaron a CIPER algunos médicos contactados. 

En las declaraciones se menciona a tres personas a cargo de estos establecimientos: el cardiólogo de la FACH, Werner Zanghellini Martínez, el pediatra Hernán Horacio Taricco Lavín y la enfermera Eliana Carlota Bolumburú Toboada. El pasado mes de marzo, la Corte Suprema condenó, por primera vez, a Werner Zanghellini a una pena de cárcel. Los otros dos están procesados y con una sentencia ratificada por la Corte de Apelaciones de Santiago en la investigación por el homicidio del cabo Leyton, causa que debe revisar la Corte Suprema. 

Un sargento (r) de Carabineros testificó que fue en la Clínica Santa Lucía donde vio más agentes con prisioneros: “Efectivamente, vi llegar personas a ese recinto, las cuales al parecer habían sido recién detenidos por agentes, se les curaba, pero inmediatamente eran trasladados por los mismos agentes que los habían llevado”.  Un enfermero que trabajó en el lugar declaró que “los médicos de la Clínica Santa Lucía frecuentemente eran solicitados en Villa Grimaldi para examinar a los detenidos, y siempre eran acompañados por un enfermero”. La villa era un cuartel secreto de la DINA donde se torturaba y asesinaba a detenidos. “En mi caso, recuerdo haber conversado con los detenidos que el médico examinaba, animándolos para que cooperaran en la información que se les solicitaba”, prosigue la misma declaración. 

Los centros asistenciales fueron creados supuestamente para atender a los agentes civiles y sus familias, que no tenían cobertura en los hospitales de las Fuerzas Armadas. Efectivamente, en ellos también se dispensaba atención médica y dental. Una declaración del odontólogo Pablo César Oyanguren Plaza aseguró que en la Clínica London “incluso el presidente Pinochet se atendió en alguna oportunidad”. Otros relatos dicen que también lo hizo Manuel Contreras.

La declaración de un suboficial (r) del Ejército que fue enfermero en la Clínica Santa Lucía, es estremecedora: “Era sabido que en Villa Grimaldi se le pasaban autos por encima del cuerpo a los detenidos y que a veces se les pasaba la mano y llegaban moribundos a la (clínica) Santa Lucía. Cuando no había remedio se les tenía que dar muerte con pentotal. Desconozco qué pasaba con los detenidos a los que se les aplicaba pentotal, pero se comentaba que había otra brigada que se hacía cargo de ellos para lanzarlos al mar”. 

LA SEÑORITA ELIANA

“Había una clave en la Clínica Santa Lucía, que era un aviso: viene paquete. Significaba que venía un detenido y uno entendía que no debía involucrarse. Lo ingresaban a una sala y luego le suministraban algo y después el paciente salía fallecido. Escuché por conversiones de estos médicos y la señorita Eliana, que suministraban ocho miligramos de pentotal, lo que ocasionaba una arritmia seguido de un paro cardiorrespiratorio, falleciendo en la clínica. Y como a la medianoche, lo sacaban ‘camuflado’, cubierto de una frazada”. 

El párrafo anterior es parte de la declaración extrajudicial de un exempleado de la DINA, fechada el 29 de junio de 2005. Su testimonio es uno de los más detallados dentro de la investigación del ministro Solís. A quien denomina “señorita Eliana”, es la enfermera Eliana Carlota Bolumburú Taboada. En la Clínica Santa Lucía ejerció la jefatura de los enfermeros, incluso por sobre aquellos con rango militar. Al revisar las declaraciones del proceso judicial queda claro que jugó un rol fundamental en ese recinto, pese a que su nombre no resuene con el mismo impacto que el de otros profesionales que prestaron servicio a los aparatos represivos. 

En 2015, Eliana Bolumburú fue condenada, en primera instancia, a tres años y un día, además de la inhabilitación de la profesión, como encubridora del homicidio del cabo Manuel Leyton. Pero el tribunal decidió otorgarle el beneficio de la libertad vigilada intensiva por el mismo periodo. Esa sentencia fue ratificada en 2020 por la Corte de Apelaciones de Santiago y actualmente está en espera del fallo de la Corte Suprema. 

Las declaraciones de otros extrabajadores de las clínicas aseguran que Bolumburú estaba al tanto del trato que daba la DINA a los detenidos. Hay testimonios que la señalan como conocedora y cooperadora de los interrogatorios y del uso de pentotal, un anestésico conocido como “el suero de la verdad”, porque, suministrado en bajas dosis, provoca que los pacientes entren en un estado de somnolencia en que pueden seguir respondiendo preguntas. La aplicación de pentotal no ha sido probada por la justicia y la exenfermera se encuentra solo procesada en la investigación por el homicidio del cabo Leyton. 

En una declaración policial de junio de 2005, un enfermero recordó el momento en que se encontró con Bolumburú cuando venía llegando en ambulancia de la Clínica London junto a un paciente en camilla. “Al que reconocí de inmediato, se trataba del cabo de Ejército Manuel Leyton Robles”, aseguró el enfermero. También agregó que, al volver a la clínica por la noche, se encontró con una señora a la entrada llorando: “Y le pregunté qué le sucedía, manifestando que había fallecido su esposo de un infarto, enterándome que se trataba del cabo Manuel Leyton”. 

Más de un exfuncionario de la Clínica Santa Lucía apuntó a Bolumburú como una de las personas que controlaba el personal médico. En las declaraciones también se dice que hizo los mismo, por un corto periodo, en la London. “Debido a su cargo, estaba en conocimiento de todo lo que allí ocurría”, señaló un exenfermero del Ejército. Otro extrabajador contó que en una oportunidad acompañó a Bolumburú a Villa Grimaldi y que ella “se conectaba directamente y se conocía con los jefes. Pude apreciar las salas de interrogatorios a través de esta enfermera que tenía acceso directo a estas dependencias”. 

En 2005 un suboficial (r) del Ejército declaró ante la PDI de Valdivia que hubo médicos de la Santa Lucía involucrados “secretamente en hechos de muerte de detenidos”. Entregó tres nombres: el doctor Werner Zanghellini, el anestesiólogo Osvaldo Leyton y la enfermera Bolumbrú Taboada. 

Dos años más tarde el suboficial se encontró con Bolumburú en un careo. La enfermera fue tajante: “Yo estaba a cargo de comprar y suministrar los medicamentos que eran para el tratamiento del personal. Nunca supe del pentotal (…). Respecto a que había médicos involucrados en hechos de muerte en la clínica, es una calumnia, no sé qué pudo haberlo motivado a decir una mentira así”, enfatizó.

La primera vez que Eliana Bolumburú declaró, según los registros de este expediente, fue el 17 de junio de 2003, en la Oficina Central Nacional de la Interpol. Entonces sostenía que en las clínicas de la DINA no hubo situaciones irregulares. En 2005 declaró: “Nunca se atendieron personas detenidas. Además, debo asegurar que no conocí otros recintos de detención de la DINA”.

En 2006 su versión cambió. Esta vez confesó haber sabido de detenidos en la Clínica Santa Lucía. Según su nuevo relato, al recinto asistencial llegó una vez Marcelo Moren, exagente de la DINA que falleció en 2015 mientras cumplía una condena de más de 300 años. En esa oportunidad, contó Bolumburú, Moren apareció junto al agente Osvaldo Pincetti. Preguntaban por un detenido: “Yo sabía que había una persona que estaba en una cama del segundo piso, presumo que se trataba de un detenido político, pero de esta persona no supe su nombre, aunque vi que estaba con sus muñecas quemadas”, dijo la enfermera. 

Eliana Bolumburú trabajó en la Clínica Santa Lucía y luego en la London. Se retiró a mediados de 1977, período en que se casó con el oficial y agente de la DINA, Hugo “Cacho” Acevedo Godoy, uno de los hombres más cercanos al jefe del organismo represivo, Manuel Contreras.

Eliana Bolumburú fue contactada por CIPER el pasado lunes 28 de agosto, pero no respondió a los mensajes. A través de su abogado, Hernán Aladín, señaló inicialmente que podría atender a nuestras consultas el jueves 31 de agosto. Pero ese mismo día su abogado explicó que, por razones de salud, no podría contestar nuestras preguntas hasta después del 20 de septiembre. CIPER ya había retrasado la publicación de este artículo ante la posibilidad de reunirse con ella, pero no se logró acordar una entrevista previa al cierre de este artículo.

EL DOCTOR TARICCO

Médico cirujano con especialidad en pediatría. Su residencia en Lo Barnechea, propiedad que según el Servicio de Impuestos Internos tiene un avalúo fiscal de más de $672 millones, figura a nombre de Inversiones Santo Domingo. Esa sociedad -constituida en 2013 e integrada por el médico y su familia- también es dueña del auto que estaba aparcado en su domicilio cuando CIPER intentó contactarlo, un Mercedes Benz de 2022. 

En 2014 el programa de canal 13 “En su propia Trampa”, lo encaró por ofrecer en su consulta privada “Red Médica Tabancura” un falso tratamiento de láser que prometía curar trastornos psiquiátricos, además de adicciones como el tabaquismo y alcoholismo.

Al igual que Bolumburú, en 2015 Taricco Lavín fue condenado en primera instancia en el caso del cabo Leyton. El tribunal lo sentenció a tres años y un día como encubridor del homicidio, pero le otorgó la remisión condicional. En 2020, la Corte de Apelaciones redujo esa condena a 541 días, sin dictaminar la inhabilitación de la profesión. El médico interpuso un recurso de casación: alega que no participó en los hechos. Está a la espera del dictamen de la Suprema. 

Taricco Lavín firmó el informe donde se aseguraba que la causa de muerte de Leyton habría sido por asfixia, debido a la aspiración de vómito, con un paro cardiorrespiratorio. Pero, en una declaración policial, el exagente de la DINA, Michael Townley, relató que recibió la orden “de proporcionar (gas) sarín para eliminar al cabo Leyton y que el autor material que aplicó el sarín fue un teniente del Ejército”. 

En junio de 2003, Taricco negó su participación en el falso informe: “Nunca tuve el cargo de director de la Clínica London.  Con respecto al informe que en estos momentos acabo de leer, el cual tiene mi firma, se trata de un informe técnico, que por una situación puntual y por ser un oficial de sanidad, se me pidió que pusiera el pie de firma como director, cargo que yo no tenía”.

Otro médico de la clínica, Luis Hernán Santibáñez Santelices, uno de los que examinó al suboficial del Ejército, declaró que vio a Taricco Lavín “confeccionando un Informe al Servicio Médico Legal, de un paciente que había fallecido, desconociendo más detalles, ya que no pregunté ni me comentaron que había sucedido con el paciente que había atendido anteriormente”. 

Además, en el expediente judicial son varias las declaraciones que señalan a Taricco como uno de los jefes de la Clínica London. En 2003 la enfermera Bolumburú aseguró que “el doctor Taricco reemplazaba al doctor Zanghellini cuando éste se ausentaba en su puesto de director general”. 

A través de su abogado, Leonardo Battaglia, el médico Hernán Taricco declinó responder las preguntas de CIPER. 

EL DOCTOR LEYTON

El 27 de junio de 2003, Osvaldo Leyton declaró que fue debido a un ofrecimiento que llegó a la Clínica Santa Lucía en 1974. Mencionó que, llegando a la dirección que le habían señalado se enteró “que se trataba de un cuartel de la DINA y no de la Fuerza Aérea. En este lugar me preguntaron si estaba dispuesto a trabajar para ellos, lo que acepté por necesidades económicas”.

En julio de 2005, el anestesiólogo declaró en dependencias de la Interpol. Allí, aseguró que sí tuvo conocimiento que en ocasiones llegaban agentes de la DINA con detenidos: “Efectivamente, tuve que concurrir en varias oportunidades a los centros de detención como Villa Grimaldi y Cuatro Álamos”. Leyton, fue señalado en la declaración de un enfermero del Ejército como parte de los médicos involucrados en episodios que terminaron con la muerte de detenidos. No obstante, Leyton Bahamondes no registra condenas, aunque en 2007 fue procesado por la muerte del cabo Manuel Leyton. 

Para esta investigación, el anestesiólogo fue contactado por CIPER en su consulta privada en Providencia, pero declinó responder.  

Leyton Bahamondes también declaró ante la policía el 17 de noviembre de 2006. En esa ocasión lo interrogaron por la ficha clínica del cabo Leyton. Tenía su letra. “No tengo explicación del porqué aparece mi letra en la parte que se refiere a la atención brindada durante el día, elucubrando un poco, puede que si lo hice fue debido a una orden que necesariamente debió haber venido de la jefatura médica, que en ese período correspondía, aparentemente, al doctor Taricco o bien a una autoridad militar superior”. 

Santiago Alfredo Matteo Galleguillos

Trabajó como enfermero del Ejército en la Clínica Santa Lucía y varios de quienes declararon lo recuerdan por un solo detalle: el detector de mentiras. El 10 de noviembre de 2005 un enfermero declaró: “Tanto Osvaldo Leyton como Zanghellini eran cardiólogos, y este último utilizaba un denominado PC1 o PC2, que era un detector de mentiras, que actuaba asesorado por el enfermero Santiago Matteo, que manejaba este equipo y que estaba guardado en una oficina chica de la London”.

Santiago Matteo Galleguillos también fue procesado en la investigación por el asesinato del cabo Leyton por presuntamente encubrir el homicidio. Pero su participación no pudo ser probada y fue absuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago en 2020. 

En 2010, Matteo Galleguillos prestó declaración extrajudicial. En esa oportunidad, contó que había viajado a Miami junto al doctor Zanghellini en 1975 a un curso sobre el uso del detector de mentiras o polígrafo. Pero, agregó que nunca había usado esa máquina. Un enfermero del Ejército contó que en la misma clínica había un equipo que interrogaba detenidos con un detector de mentiras que era manejado -según relató- por los enfermeros más antiguos, Matteo Galleguillos y Lorenzo Toro Olivares. 

VISITAS A CENTROS DE DETENCIÓN

Entre los médicos que han sido condenados por crímenes relacionados con la DINA está el exdirector de la Clínica Santa Lucía, el cardiólogo Werner Zanghellini, sentenciado a 10 años y un día en una investigación por el secuestro calificado de dos personas, en el marco de la Operación Colombo. También el oftalmólogo Vittorio Orvieto, sentenciado en varias causas relacionadas con el campamento de prisioneros Tejas Verdes. Lo mismo ocurrió con Manfred Jürgensen, que falleció luego de ser capturado en Argentina. 

Jürgensen se encontraba prófugo de la justicia luego de ser condenado por la Corte Suprema, en enero de este año, a ocho años de presidio como cómplice del homicidio calificado del profesor y militante del MIR, Federico Álvarez Santibáñez. Junto a él, fue sentenciado el reumatólogo Luis Alberto Losada, en calidad de encubridor, a dos años de presidio, con el beneficio de la remisión condicional. Ambos asistieron a Álvarez Santibáñez en el Cuartel Borgoño, cerca de la Estación Mapocho. 

El enfermero Orlando Jesús Torrejón Gatica se encuentra condenado en múltiples causas asociadas a víctimas de la Operación Colombo y en el proceso por el asesinato de la profesora Marta Ugarte Román.

Orlando Torrejón Gatica, aparece descrito en las declaraciones de otros extrabajadores de las clínicas de la DINA. Un enfermero declaró que “el término paquete se refiere a los detenidos que estaban muertos, por lo general se decía ‘salió paquete’ y los que constantemente hablaban con ese término eran Torrejón o Muñoz”. Un sargento (r) de Carabineros que trabajó como enfermero, señaló que “la atención a los detenidos las realizaba personal específico para ellos, por ejemplo, recuerdo a Orlando Torrejón”. 

A esos nombres se suma, pero solo condenado en primera instancia como encubridor en el caso del cabo Leyton, el cirujano Pedro Valdivia Soto. Al igual que Bolumburú y Taricco, Valdivia se encuentra a la espera del fallo de la Corte Suprema. 

En los expedientes, también hay declaraciones que acusan a otros médicos de haber acudido a centros de detención. En 2005, un ex trabajador de estas clínicas afirmó haber acompañado a los médicos Sergio Virgilio Bocaz, Enrique Silva Peralta, Christian Emhart Araya, Eugenio Fantuzzi Alliende y Luis Cárcamo Díaz. “Debo señalar que varios de estos eran médicos recién egresados”, aseguró. 

De ese listado, Luis Felipe Cárcamo Díaz, otorrinolaringólogo, es el único que continúa en funciones: lo hace en su consulta privada en Temuco. A través de una persona que trabaja ahí, Cárcamo declinó responder consultas para este artículo.  

Entre los doctores que continúan ejerciendo también se encuentra Luis Santibáñez Santelices, que actualmente atiende en Integramédica. Santibáñez declaró en el caso Leyton y aparte de detallar que atendió al fallecido suboficial, señaló: “Comencé a trabajar en el verano del año 1977, a pedido del doctor Werner Zanghellini, también médico de la Fuerza Aérea. El motivo fue que se pretendía implementar una Unidad de Cuidados Intensivos en ella, ya que se presumía algunos atentados contra la DINA y autoridades militares. Duré poco tiempo, casi a fines de marzo de ese mismo año presenté mi renuncia, no alcanzando a ejercer tres meses en la Clínica London. Recuerdo que el director en esa fecha era Horacio Taricco Lavín”.

Contactado por CIPER, Santibáñez rechazó atender consultas sobre su participación en la Clínica London. 

Camilo Azar Saba es uno de los doctores que revisó las lesiones del profesor y militante del MIR, Federico Álvarez Santibáñez. Así lo señaló ante la justicia: “Por orden del general Mena debía recertificar las lesiones que presentaban dos personas que habían sido detenidas por Carabineros y luego traspasadas a la CNI (…) Una de estas personas posteriormente falleció en la Posta Central, un profesor llamado Federico Álvarez Santibáñez”. 

El doctor Jorge Manlio Fantini Valenzuela aparece en una declaración prestada por un exempleado civil de la DINA: “Era el que tenía que estar más atento cuando se hacían operativos y detenciones. Le gustaba estar vinculado”. En 1982 Fantini contrajo matrimonio con la enfermera Isabel Margarita Jarpa Riveros, quien prestó servicios en la Clínica London.

LOS GINECÓLOGOS

Una de las aristas que guio la investigación sobre las clínicas de la DINA, fue el presunto aborto a causa de las torturas que sufrió una detenida que había llegado a la Clínica Santa Lucía con ocho meses de embarazo. En un informe policial se consigna el testimonio de una prisionera que en 1975 fue detenida por la DINA. Según su relato, estuvo recluida en Colonia Dignidad y Villa Grimaldi. El informe sostiene que “fue en Villa Grimaldi donde pudo ver una detenida en malas condiciones físicas debido a las torturas recibidas, y que venía de una clínica ubicada cerca del cerro Santa Lucía, donde habían asesinado a su hijo de ocho meses, cuando se encontraba en su vientre”. 

De acuerdo con las declaraciones revisadas por CIPER, en reiteradas ocasiones los médicos y enfermeros fueron interrogados sobre el paso de una mujer embarazada por la Clínica Santa Lucía. El Ministerio del Interior, querellante en la causa, solicitó al ministro Solís que oficiara a la Vicaría de la Solidaridad para que remitiera los antecedentes de tres mujeres que habrían dado a luz mientras se encontraban detenidas por la DINA. El 6 de julio de 2009, Solís dio lugar a la solicitud. 

Por la Clínica Santa Lucía pasaron dos ginecólogos: Juan Pablo Figueroa Yáñez y Eduardo Francisco Contreras Valcarce.  

Fue el primero quien alguna vez declaró que recordaba una oportunidad en que le solicitaron atender a una detenida embarazada: “A esa petición me negué a efectuar la auscultación a la embarazada, y posteriormente me lo solicitaron como un favor personal, accediendo a examinarla, no encontrando problemas en su embarazo. Recuerdo que mientras realizaba dicho examen, se encontraba presente el señor Marcelo Moren Brito”. Figueroa dijo no recordar el nombre de esa mujer. 

Eduardo Francisco Contreras Valcarce falleció en 2016. Según una declaración del médico Eugenio Fantuzzi Alliende, Contreras Valcarce llegó a la clínica como otros compañeros de su promoción, por ofrecimiento de Zanghellini. Su nombre suele confundirse con el de su hermano, Enrique Eduardo Contreras Valcarce, médico cirujano. Pero mientras el primero prestó servicios en clínicas de la DINA, el segundo sufrió la represión de la “Caravana de la Muerte” y, según la versión de sus familiares, incluso fue prisionero en un recinto del norte. 

OTROS MÉDICOS MENCIONADOS

En la investigación se señala a una serie de médicos, dentistas y personal sanitario que formaron parte de la Clínica Santa Lucía. Según los archivos, fueron contratados a honorarios, en su mayoría recién egresados de la universidad. Los relatos de testigos coinciden en que en el primer piso se encontraba la clínica dental y que en el tercero se concentraba el cuerpo médico destinado a mantener con vida a detenidos que habían sido torturados. 

Los dentistas del primer piso aseguran que nunca vieron a pacientes detenidos y que no supieron de abortos. El jefe de ese departamento era el dentista Dámaso Luis Augusto González, quien todavía atiende su consulta en Providencia. Según explicaron otros médicos de clínicas de la DINA, fue él quien reclutó a alumnos de la Universidad de Chile -donde hacía clases- para integrarse a la Clínica Santa Lucía. Y, según consta en el expediente, en ocasiones quedaba a cargo de la clínica. 

CIPER se comunicó con la consulta del médico. Su secretaria señaló que estaba fuera de Santiago y que ella le daría nuestro mensaje. Al cierre de este reportaje, no había respuesta.   

Sergio Muñoz Bonta, también es señalado como un cirujano dentista que tenía jefatura en la Clínica London. Un enfermero declaró: “Al doctor Sergio Muñoz Bonta, que era un odontólogo que provenía de la Academia de Guerra, lo llevó el coronel (Manuel) Contreras para la Clínica London”. Muñoz Bonta falleció en 2005.

Los dentistas Carlos Rodolfo Ullrich Dunner y Milena Cecilia Zulic Lolic declararon en 2010 que trabajaron en la Clínica Santa Lucía. Ullrich lo hizo en el resto de las clínicas montadas por la DINA y hasta el retorno a la democracia en 1989.  A solo cuadras de distancia, en Las Condes, ambos tienen en la actualidad sus consultas dentales y los dos negaron ante la justicia haber visto o atendido a pacientes torturados. 

Zulic -quien estuvo casada con Ullrich- dijo a CIPER que tiene la conciencia tranquila: “Yo nunca tuve ni tengo nada que ocultar (…). Trabajé en la clínica. Estaba recién recibida y estaba buscando pega. Yo era súper buena alumna y no era de izquierda. Nunca he militado en un partido, pero me siento libre pensadora, pero no estaba para nada de acuerdo con lo que pasaba en ese minuto (la Unidad Popular). Pero, independiente de la cosa política, nunca se nos dijo que era para trabajar en la DINA ni que se iban a hacer detenidos y cosas, nada. Cuando me contactaron me dijeron que era para que atendiera a los hijos de funcionarios”. Cuenta que le pagaban bien, que estuvo ahí varios meses y que, cuando ya estaba trabajando en ese lugar, supo que estaba relacionado con la DINA. 

Consultada por CIPER si se fue de ese trabajo por reparos éticos, tras enterarse de que la DINA estaba detrás de la clínica, respondió: “No, porque yo en ese tiempo era un pájaro (…). Ahí no sabía nada de lo que estaba pasando”. 

Mario Augusto Hernández Cáceres es otro médico mencionado en el expediente que niega haber participado en hechos vinculados a violaciones de derechos humanos. Prestó declaración extrajudicial en 2010. Ese mismo año, el odontólogo Gonzalo Luarte Romo señaló ante la justicia haber trabajado sólo para la Clínica London y que tampoco vio ni supo nada.  Falleció el 10 de julio de este año.  

En el equipo de dentistas, también figuraba Pablo César Oyanguren Plaza, quien fue profesor de la Universidad Mayor hasta 2019. En el proceso dijo que fue Dámaso González quien lo reclutó. También declaró que formó parte de la clínica de la CNI, que le dieron una cédula de identidad con el nombre de Cicerón Videla para votar en el Plebiscito de 1988 y una tarjeta que se usaba como “rompe filas”.  

La lista de menciones también incluye a médicos de otras especialidades: al psiquiatra Roberto Emilio Lailhacar Chávez. Él declaró en 2010 que solo estuvo en Clínica El Golf, pero que prestaba servicios a la DINA desde antes: “Yo ingrese a la DINA como empleado civil (…). Probablemente durante el año 1973”. Además, explicó que trabajó con Lucía Hiriart cuando todavía Augusto Pinochet estaba en el poder. Aseguró que nunca atendió a personas heridas ni participó en interrogatorios. Consultado por CIPER, declinó referirse al detalle de lo que presenció e hizo en la clínica de la DINA. 

El cardiólogo Sergio Pliscoff Marovich trabajó en las clínicas London y El Golf. Declaró en 2010 y señaló que nunca visitó a personas detenidas: “Carezco de todo tipo de información”, dijo. Falleció en 2016.  

(*) En este reportaje colaboraron Valentina Valenzuela y Soledad López Figueroa.

(**) Los antecedentes expuestos en este artículo incluyen procesos judiciales en curso, por lo que las personas mencionadas no deben ser consideradas culpables hasta que la justicia dicte sentencia definitiva.