Esser Muller Rolf

A comienzos del 2004, el alcalde de Providencia, Cristián Labbé Galilea, tenía el alma en un hilo. El 22 de diciembre del 2003 debió declarar en la causa que lleva adelante el ministro Alejandro Solís y donde se investiga la muerte de 15 personas ocurrida en octubre de 1973 en Liquiñe, en las cercanías de Valdivia.

Los asesinados eran simples campesinos que trabajaban en el complejo maderero Panguipulli. Sus familiares afirman que la noche del 11 de octubre de 1973 los 15 fueron fusilados y sus cuerpos, arrojados al río Toltén. En los días siguientes, lugareños vieron los restos corriente abajo. Según sus testimonios, los cadáveres estaban amarrados de pies y manos. Algunos iban al interior de sacos. Otros, incluso, presentaban la amputación de sus cabezas.

El alcalde de Providencia Labbé figura en este siniestro expediente por un motivo: fue nombrado por el teniente coronel (r) Arturo Antonio Bosch González como parte de la comitiva militar que operó en la zona cuando ocurrieron los hechos (ver recuadro). Liquiñe, sin embargo, no es la única historia que reclama a Labbé desde el pasado. El ex oficial que se retiró con el rango de coronel de Ejército, también es mencionado en otra causa que sustancia el ministro Alejando Solís. Se trata de la investigación por los delitos de asociación ilícita, detención ilegal y torturas, ocurridos en Tejas Verdes, en la V región. En esta causa, el ex conscripto Samuel Enrique Fuenzalida Devia identifica al alcalde Labbé como uno de los instructores que tuvo la misión de entrenar al personal que luego formó la DINA. El 31 de marzo pasado Alejandra Arriaza, abogada de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), solicitó que Labbé fuera careado con Fuenzalida. La respuesta del tribunal fue que la petición se resolverá en su momento. Las elecciones municipales se aproximan y muchos dan por seguro que Labbé será candidato de la UDI para el cargo de alcalde de Providencia. Los testimonios de estos procesos no le hacen nada de bien a sus aspiraciones. Motivos de sobra tiene para tener el alma en un hilo. 

La otra caravana de la muerte Para las organizaciones de Derechos Humanos, las muertes de Liquiñe no son un caso aislado. Por el contrario, formarían parte de un extenso operativo llevado adelante entre septiembre y octubre de 1973 y que afectó a poblados al sur de Temuco. José Araya, secretario ejecutivo del CODEPU de Valdivia, va más lejos y afirma que las muertes de Liquiñe forman parte de “otra caravana de la muerte, similar a la que operó en el norte”. Tras su paso, más de 70 personas fueron ejecutadas y muchas de ellas permanecen desaparecidas. Para Araya, aunque en estas muertes participaron militares y carabineros de la zona, un grupo venido desde Santiago jugó un rol central en los hechos: se trata de comandos paracaidistas de Peldehue, más conocidos como “boinas negras”. Cerca de 200 efectivos de ese selecto grupo de combate aparecen hoy vinculados en los distintos procesos por las ejecuciones ocurridas de Temuco al sur. José Araya afirma que la presencia de este cuerpo de elite se debía a un motivo específico. -Los militares creían que los bosques de la región estaban llenos de guerrilleros cubanos. Durante meses operaron hasta con helicópteros artillados y bombardearon los montes. Todavía se pueden ver los cráteres que dejaron- afirma Araya. Un relato de ese extenso operativo quedó registrado en la edición del 18 de noviembre de 1973 de El Mercurio. Allí, bajo el título de "Operativos de limpieza de grupos extremistas armados", se informa la actuación de una “Brigada Especial Contra Guerrillas” que, bajo las órdenes del general Nilo Floody Buxton y del comandante Carlos Medina Lois, operó en Neltume, Arquilhue, Lago Ranco y, por cierto, en Liquiñe. La nota describe la preparación de esta brigada anti guerrilla. "Está integrada por profesionales graduados en el extranjero, con lugares de honor. Han estado en cursos efectuados en Francia, Panamá, Estados Unidos. Han sobrevivido en plena selva con indígenas, precisamente con el objeto de especializarse en este tipo de combate y para la lucha contra las guerrillas". Los hechos demuestran hoy que la guerrilla cubana con la que decían luchar los hombres de Floody, nunca existió. Esta fuerza de elite simplemente cayó a sesgo sobre campesinos desarmados.

La mala memoria Durante la investigación de las muertes de Liquiñe, un escollo central ha sido identificar a los oficiales que efectivamente estuvieron en la zona. Fuentes del Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones, que han participado directamente en este proceso aseguraron a The Clinic que “los oficiales de mayor graduación, no recuerdan los nombres ni cargos de sus subalternos, o declaran fechas que no concuerdan con los hechos probados”. Sin embargo, lentamente el círculo de protección se ha ido resquebrajando y "los militares de menor graduación al momento de los hechos, están colaborando", afirma la fuente. Debido a esto ya estaría probado que en esta comitiva participó, con su dotación casi completa, la Escuela de Paracaidistas de Peldehue, unidad en la cual Cristián Labbé se desempeñaba con el grado de oficial. -Ahora, el juez tiene que delimitar las fechas y la participación de cada oficial- concluyó la fuente. El nombre de Labbé apareció en esta lenta entrega de datos recién el 18 de diciembre del año pasado. Ese día, el teniente coronel (r) Arturo Bosch González reveló al juez Solís los nombres de los oficiales que actuaron en la zona de Valdivia. En la lista, Labbé figuraba como un oficial que “ejercía mando”. Bosch afirmó que el contingente, compuesto de entre 200 y 300 personas llegó a la zona a principios de octubre “manteniéndose en el sur del país en forma ininterrumpida hasta poco antes de navidad”. Afirma que la zona quedó dividida en franjas a cargo de diferentes oficiales, aunque hoy no puede ligar nombres con territorios. Cree, sin embargo, que Liquiñe pudo haber quedado bajo el control del general “Nilo Floody o de personal a cargo del oficial Saldes, o personal de la Escuela de Montaña”. El alcalde Labbé compareció ante el ministro dos días después de que lo hizo Bosch. En su declaración, a la que The Clinic tuvo acceso exclusivo, Labbé admitió haber formado parte de la brigada que comandó el general Floody. Admitió, también, que el contingente estaba formado por cerca de 200 personas y que si estaba bajo el mando de un general era “porque se trataba de una unidad operativa importante". Cuando se le preguntó por los objetivos de esta comitiva, declaró: “Se pensaba que en el Complejo Maderero Panguipulli podía existir una guerrilla rural; se tenía la idea que podía haber un foco de este tipo de agrupación. La idea era conformar esta brigada para barrer estos focos. Y en el caso que se produjere un enfren-tamiento, además, de barrer el lugar, abrir fuego”. Más adelante, Labbé también reconoció haber participado en la operación contraguerrillera. Pero –y aquí comienzan las contradicciones- argumenta que sólo estuvo a cargo de la tropa de reserva. "Me desplacé junto a la unidad de reserva a Panguipulli”, declaró. Luego insistió en ese punto cuando se le preguntó por los sucesos de Liquiñe: “No tuve intervención en el operativo porque yo estaba a cargo de la tropa de reserva, la cual se despliega en casos extremos, a los cuales no se llegó en esa oportunidad”, dijo. La afirmación llama la atención. Ninguno de los oficiales que ya han declarado, mencionan la participación de reservistas en estas operaciones. Sólo se habla de personal de planta y conscriptos. Por otra parte, un militar en retiro de la misma graduación de Labbé y que fue exonerado después del golpe militar, dijo a The Clinic que en un comando de boinas negras no existe la reserva. -Los boinas negras son una fuerza de elite, con personal altamente capacitado y de planta. Además, para una misión de esa envergadura no iban a llevar a reservistas- afirmó el ex uniformado a condición de permanecer en el anonimato. Como Bosch, Labbé tampoco no pudo precisar qué oficiales actuaron en cada zona y según sus recuerdos, casi ningún boina negra marchó al sur. En su caso afirma que sólo estuvo en la zona dos semanas, a fines de noviembre, cuando las muertes de Liquiñe ya habían ocurrido. Sin embargo, comete errores. En el tribunal, por ejemplo, le consultaron por una anotación hecha por el general Medina en la hoja de vida del oficial Patricio Landaeta. La anotación está fechada el 30 septiembre de 1973 y da cuenta de que el grupo enfrentó “fuego enemigo”. -Ignoro a qué se refiere con la expresión “fuego enemigo”, porque del 21 al 30 de septiembre de 1974, yo no me encontraba en la Escuela de Paracaidistas”, declara Labbé. Si no notó el error del alcalde, lea la frase de nuevo. A Labbé le preguntan por un hecho de 1973 y él contesta sobre 1974. A la larga, Labbé sólo tiene claro que no es responsable de las muertes investigadas, que durante el periodo en cuestión fue destinado a custodiar la casa de Pinochet y sólo tuvo a su cargo instruir a funcionarios de reserva. Y lo cierto es que no hay ninguna prueba de que Labbé haya participado en los crímenes de Liquiñe o en las matanzas efectuadas en toda la zona. Pero el hecho de que sea mencionado por Bosch, lo hace un testigo relevante para ayudar a aclarar las muertes y sobre todo, responsables. Respecto de esto Alejandra Arriaza, abogada de CODEPU, no tiene dudas. “Todos los antecedentes confirman la participación de Labbé. Sólo falta precisar su responsabilidad específica en los hechos”, dijo a The Clinic.

Instructor de gimnasia No sólo Liquiñe le complica hoy la vida al edil de Providencia. También lo hace su paso por el centro de detención que operó en el exclusivo balneario de las Rocas de Santo Domingo: Tejas Verdes. La investigación sobre este centro la lleva adelante el mismo ministro Solís y persigue los delitos de asociación ilícita, detención ilegal y torturas. En esta investigación, el nombre de Labbé saltó de la declaración judicial de Samuel Enrique Fuenzalida Devia, un ex conscripto que el 30 de octubre de 2000 identificó a Labbé como uno de los instructores de ese campo de tortura. “Durante mi permanencia en las Rocas de Santo Domingo, lugar que funcionaba como escuela de inteligencia de la DINA, recibimos instrucción en materias de acondicionamiento físico y diversos cursos que tenían relación con inteligencia y seguimiento de personas. En ese lugar tuvimos como instructores a César Manríquez Bravo, profesor del curso de inteligencia; Cristian Labbé, preparador físico y actual alcalde de Providencia; Miguel Krassnoff Marchenko, a cargo de las técnicas de combate cuerpo a cuerpo, guerrilla urbana y suburbana", dijo Fuenzalida. El ex soldado ha declarado en varias causas de derechos humanos entregando información relevante sobre el origen y la operatividad de la DINA, organismo que por años lideró el general (r) Manuel Contreras. Ante el ministro Solís, Fuenzalida relató que entre diciembre del 73 y enero del 74 fue trasladado al balneario de Santo Domingo, junto a militares de otras reparticiones del país. El grupo fue recibido por el propio Contreras quien les informó “que habíamos sido escogidos entre las fuerzas armadas para integrar un grupo selecto de personas para conformar la DINA, entidad que estaba a su mando". La declaración de Fuenzalida tiene una relevancia especial. Fija la hora cero en que Manuel Contreras comenzó a preparar a los agentes que luego participaron en el periodo más sangui-nario de la dictadura de Pinochet. Fuenzalida sostiene que Labbé Galilea fue instructor de aproximadamente 600 militares, que meses más tarde fueron los primeros funcionarios de la DINA. Los datos disponibles hoy indican que en esos años Tejas Verdes fue una suerte de academia de contrainsurgencia donde los futuros agentes no sólo recibieron instrucción teórica sino que también pudieron ejercitar sus conocimientos con las personas detenidas ahí. De acuerdo al Informe Rettig, este recinto comenzó a funcionar como centro de detención desde el mismo 11 de septiembre, existiendo testimonios de su uso sistemático hasta 1975. De acuerdo a quienes sobrevivieron a ese infierno hubo períodos en los que Tejas Verdes llegó a tener más de 100 prisioneros. La mayoría fue brutalmente torturado. Algunos desaparecieron. Ninguno de los sobrevivientes acusa a Labbé de haber participado en torturas. Tampoco lo hace Fuenzalida. Pero todos quienes conocen de esta investigación creen que si el alcalde de Providencia fue instructor, como señala el ex soldado, podría aportar información relevante sobre lo que allí ocurrió. Sobre todo, porque el testimonio de Fuenzalida no es lo único que vincula a Labbé con la DINA. Hay también un oficio reservado en que el propio Contreras menciona a Labbé como un agente de su organismo. Se trata del oficio 4380/19, fechado en diciembre de 1974 donde Contreras pide “la extensión de pasaporte diplomático al siguiente personal de DINA: Sr. Cristian Labbé Galilea, Sr. Carlos Marín Castro, Sr. José Riquelme Villagra, Sr. Rolf Esser Muller". Contreras afirma que "el mencionado personal cumplirá una determinada comisión de servicio y de acuerdo a la política establecida no se emite Decreto Supremo. Por tratarse de una urgente comisión en Perú se agradece a Us. tenga a bien ordenar a quien corresponda el máximo de celeridad en la entrega de este documento". Según la abogada Arriaza, Labbé es un militar de peso en la DINA, no un simple instructor de gimnasia. -Él ayudó a crear ese organismo, luego viaja fuera del país, en un procedimiento irregular. Todo esto es ilegal, él debe aclarar su responsabilidad en los hechos que se investigan- dijo la abogada a The Clinic. 

La lista de Bosch Extracto de la declaración judicial del teniente coronel (r) Arturo Bosch González. (18 de diciembre de 2003) “Debo señalar que la brigada partió desde Santiago en dirección al sur a fines del mes de septiembre de 1973 o a principios del mes de octubre de ese año, manteniéndose en el sur del país en forma ininterrumpida hasta poco antes de la navidad, no recuerdo la fecha exacta de regreso. “En esa brigada, según recuerdo, ejercía mando, además de Patricio Larraín Landaeta, el capitán Sergio Candia Muñoz, quien era oficial de la Escuela de Paracaidistas, Hernán Saldes, Carlos Rafael Parera Silva, Fernando Martínez González, Patricio Acevedo Trujillo, Emilio Timmermann Undurraga, Armando Hormazábal Marré, Hyram Eduardo Díaz, Hugo Jaque Valenzuela, Manuel Pérez Santillana, Alfredo Román Herrera, Juan Delmás Ramírez, Cristian Labbé Galilea. No estoy seguro si concurrió al sur el oficial Alfredo Vicuña Oyazún.

 El desmemoriado Extracto de la declaración de Labbé ante el ministro Alejandro Solís. 22 de diciembre de 2003. “Respecto a los oficiales que se indica: Patricio Larraín Landaeta era oficial de la escuela, pero no recuerdo si fue al sur, lo mismo para Sergio Candia; en el caso de Hernán Saldes, estuvo en el sur; Carlos Parera no me acuerdo si fue o no al sur en esa ocasión; Fernando Martínez González, no lo recuerdo en el operativo, al igual que Patricio Acevedo Trujillo; Emilio Timmermann, lo asocio con la escuela, no sé si fue al sur; Armando Hormazábal, no me parece que hubiere ido; Hyram Díaz, me acuerdo que era oficial de la escuela pero no al operativo, al igual que Hugo Jaque; a Manuel Pérez no lo recuerdo en el operativo; Alfredo Román Herrera, según tengo entendido falleció antes de que tuviera lugar el operativo; no recuerdo a Juan Delmás; Alfredo Vicuña Oyarzún era un subteniente de la escuela; Arturo Bosch, lo recuerdo de la escuela pero antes de que yo me fuera de esta unidad para hacer el curso en Brasil”. 

Palabra de Mamo Extracto del oficio reservado en que se menciona a Labbé como “personal de la DINA”. 2 de diciembre de 1974 1.- Me permito solicitar la extensión de Pasaporte Diplomático al siguiente personal de DINA: Sr. CRISTIAN LABBE GALILEA Sr.. CARLOS MARIN CASTRO Sr. JOSE RIQUELME VILLAGRAN Sr. ROLF ESSER MULLER 2.- El mencionado personal cumplirá una determinada Comisión de Servicio y de acuerdo a la política establecida no se emite Decreto Supremo. En el pasaporte que se les otorgue se ruega incluir la excensión (sic) del impuesto correspondiente. Por tratarse de una urgente Comisión en Perú se agradece a Us. tenga a bien ordenar a quien corresponda el máximo de celeridad en la entrega de este documento.

El periodista Juan Cristóbal Peña lanza su nuevo libro en el que explora las contradicciones, los pliegues y la oscuridad de Mariana Callejas, y de paso, del Chile de esos años. Callejas fue escritora, miembro de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), esposa del también agente Michael Townley, partícipe de los  atentados que terminaron con la muerte del general Carlos Prats en Buenos Aires y del  excanciller Orlando Letelier en Washington D. C., así como de otras operaciones  internacionales de los aparatos de inteligencia de la dictadura. Fue alumna del taller literario de Enrique Lafourcade, finalista y ganadora de concursos de cuentos y novelas, y anfitriona  de un taller al que asistieron autores de renombre en décadas posteriores. Residió con su  familia en una casa-cuartel en Lo Curro, donde se realizaban oscuras actividades criminales durante el régimen militar, mientras se celebraban fiestas y tertulias literarias. Una figura que ha inspirado libros, obras de teatro y series de  televisión. El siguiente es un extracto exclusivo para CIPER del libro que comienza a venderse este fin de semana.

PARTE III: ANA Y ANDRÉS

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El trabajo estable surgió de manera fortuita e inverosímil, como tantas cosas en esta historia. En el relato oficial, y no hay un relato paralelo que explique mejor las cosas, resultó que a su regreso a Chile los Townley Callejas llegaron a vivir a una casa rentada en Providencia, y por esas casualidades la dueña de esa casa era amiga del coronel Pedro Espinoza.

Lo de amiga es un decir. Un decir que se replica en expedientes judiciales y relatos periodísticos, porque esa mujer era más bien amante del coronel, quien, por medio de ella, se enteró de que el arrendatario era el mismo hombre acusado de un crimen en Concepción, experto en electrónica y explosivos, que había dado de qué hablar en el Frente Nacionalista Patria y Libertad.

El coronel Espinoza era un hombre bajo y moreno, de bigotes espesos tipo virutilla. Era el hombre con mayor poder en la DINA después del Mamo Contreras y había escuchado hablar de Townley cuando, dirigiendo el Servicio de Inteligencia Militar durante el gobierno de Allende, recibió la orden de investigar el origen de la radio clandestina que operaba desde un auto en movimiento. Y si bien era una orden del gobierno, se jactaba de no haber hecho gran cosa para aclarar el caso. Dos años después, al enterarse de que Townley estaba de regreso en Chile, el coronel, por medio de su amante, acordó una cita con él en esa misma casa.

En esa primera reunión Townley habló de sus acciones en el Frente Nacionalista Patria y Libertad y de sus conocimientos en electrónica y explosivos. El coronel parecía saber muy bien quién era ese hombre, qué había hecho y qué era capaz de hacer. “Me dijo que, dado mis conocimientos autodidactas con gran sentido de creatividad sobre electrónica, sería de gran utilidad”, declaró Townley a la justicia chilena en 1978. También declaró que lo pusieron a cargo del mayor Vianel Valdivieso Cervantes, jefe del Departamento de Inteligencia en Telecomunicaciones de la DINA, y que en esos primeros meses como “informante y consultor técnico” recibía “una remuneración mensual y fija, suma de dinero que era bastante exigua, en términos de obligarme a tomar trabajos en forma esporádica de mecánica y reparación de equipos electrónica de forma particular”.

Quizás lo que impresionó al coronel Espinoza fue la amistad que Townley decía tener con uno de los secretarios de la embajada estadounidense y con algunos marines. Para los tiempos que se vivían, un ciudadano estadounidense con buenos contactos en su embajada resultaba de suma utilidad. Michael Vernon Townley Welch parecía el hombre indicado para proveer los equipos electrónicos de espionaje y contraespionaje de última generación que requería un servicio como el que dirigía el Mamo, equipos que compraba directamente a las sucursales en Miami y Nueva York de Audio Intelligence Devices I.M.C., empresa que solo vendía a representantes debidamente acreditados de gobiernos de países amigos de Estados Unidos, esos gobiernos que, como dijo por esa época Richard Nixon, podían ser una buena mierda pero eran sus gobiernos.

Gracias a sus contactos y conocimientos en electrónica, gracias a sus buenos oficios, a su voluntad e iniciativa, y al éxito de la misión encomendada en Buenos Aires para matar al general Prats, Michael Townley comenzó a hacerse imprescindible.

El técnico electrónico Rolf Esser Muller, contratado por el Servicio por media jornada, dijo a la justicia chilena que Townley compraba “equipos altamente sofisticados”, como “aparatos para barrer campos electromagnéticos en busca de micrófonos ocultos” y “elementos para detectar interferencias telefónicas y neutralizar su efecto”.

El mismo funcionario contó que fueron los equipos importados por Townley los que permitieron constatar que los teléfonos de la embajada de Chile en Lima estaban intervenidos. Y unos años después, cuando Pinochet viajó a Estados Unidos y se hospedó en la embajada chilena, descubrieron micrófonos ocultos en el mismo cuarto donde se alojaba, mediante un “sistema de sensor que consistía fundamentalmente en efectos de las vibraciones producidas por la voz que producirían modulaciones captadas en el exterior, a través de un rayo láser que se hallaba permanentemente dirigido hacia una de las ventanas de ese cuarto”.

Pero todo eso que cuenta Rolf Esser Muller ocurrió después. Porque al comienzo Townley era un funcionario a prueba al que se le encomendaban todo tipo de tareas. Desde atentados y compras de equipos electrónicos en el extranjero a la reparación de electrodomésticos para las esposas de los oficiales del Ejército. Secadoras de pelo, planchas, televisores.

Es probable que en principio no tomara verdadera dimensión de todo aquello en lo que se estaba involucrando. Y que al poco andar, como era estadounidense y conocía de explosivos, lo consideraran el mejor candidato para atentar contra el general Prats. Es probable también que, antes de ingresar formalmente al Servicio como funcionario de planta, lo haya consultado con su esposa. Y que fruto de esta conversación haya surgido la idea para que también la contrataran a ella. Mal que mal, como había quedado en evidencia poco tiempo atrás, eran un equipo.

El asunto es que para la segunda mitad de 1974 Michael Townley y Mariana Callejas eran Juan Andrés Wilson Silva y Ana Luisa Pizarro Avilés, agentes asociados a la planta civil de la Dirección de Inteligencia Nacional, la famosa DINA.