Espinoza Ponce Manuel

Los cadáveres de al menos 18 opositores a la dictadura de Augusto Pinochet asesinados tras el golpe militar de 1973 fueron arrojados a un río de la zona de Temuco, dijo este martes un ex recluta que participó en la acción en entrevista con al agencia EFE.

El ex recluta entregó datos desconocidos hasta ahora sobre ese episodio de la represión pinochetista al juez especial Fernando Carreño, que investiga la desaparición de seis militantes comunistas en noviembre de 1973. M.C.S., que pidió reserva de su identidad, señaló que él y otros compañeros que cumplían el servicio militar a fines de 1973 en el regimiento Tucapel, con base en Temuco, recibieron órdenes de arrojar cadáveres a un río cercano en varias ocasiones. "Yo permanecí dos años en el regimiento Tucapel haciendo mi servicio militar, y siempre recibimos órdenes de los oficiales. Si no las cumplíamos, nos mataban a nosotros", relató.

El ex recluta, que reside en Freire, a unos 25 kilómetros de Temuco, dijo que él participó en dos operaciones para deshacerse de cadáveres en el río Allipén, pero le consta que "hubo más", por lo que le comentaron entonces sus compañeros reclutas. "Me ordenaron subir a un camión junto a otros conscriptos para ir a Isla Cautín (campo de entrenamiento militar). Ya de noche, al llegar al lugar la primera vez subimos diez cuerpos y la segunda ocho. Los llevamos al puente Allipén donde fueron arrojados al río de ese mismo nombre", rememoró. M.C.S. señaló que los oficiales de entonces están negando "todo" ante el juez Carreño y quieren que "paguen" los que eran unos "simples conscriptos. Eso no es justo", dijo. Supuestos inculpados
En sus declaraciones al juez Carreño, M.C.S. ha mencionado a un "teniente Espinoza", aparentemente Manuel Espinoza Ponce, ya fallecido, y al entonces teniente Pablo Gran López, hoy general retirado, como los oficiales de los operativos en los que se arrojaron cadáveres al río. Gran López está inculpado en la única causa que investiga el juez Carreño en relación con los crímenes ocurridos en el regimiento Tucapel después del golpe militar, la de los seis militantes comunistas que fueron sacados del cuartel y llevados a un campo de entrenamiento donde fueron asesinados. Las autoridades militares dijeron posteriormente que se trataba de terroristas abatidos al intentar asaltar un polvorín.

En la misma condición de inculpado que Gran López figura en la causa el ex brigadier Jaime García Covarrubias, hoy funcionario del Pentágono de Estados Unidos como profesor del Centro de Estudios Hemisféricos para la Defensa de Estados Unidos. Dos antiguos prisioneros, Herman Carrasco y Víctor Maturana, dijeron que presentarán escritos ante el juez Carreño para que también abra una investigación por los cuerpos arrojados al río Allipén y por las torturas que afirman haber sufrido a manos de García Covarrubias y otros oficiales que cumplían funciones en el cuartel Tucapel.

Según su versión habrían sido arrojados a un río en Temuco en 1973. Los antecedentes están en manos del ministro en visita Fernando Carreño. SANTIAGO.- Los cadáveres de al menos 18 opositores al régimen de Augusto Pinochet que desaparecieron tras el golpe militar de 1973 habrían sido arrojados a un río de la zona de Temuco, según relató un ex recluta que dice haber participado de la acción.El otrora conscripto del Ejército entregó estos datos desconocidos hasta ahora sobre el mencionado episodio al ministro en visita Fernando Carreño, que investiga la desaparición de seis militantes comunistas ocurrida a partir de noviembre de 1973. Entrevistado por agencia EFE, M.C.S., que pidió reserva de su identidad, señaló que él y otros reclutas que cumplían el servicio militar a fines de 1973 en el regimiento Tucapel, con base en Temuco, recibieron órdenes de arrojar cadáveres a un río cercano en varias ocasiones. "Yo permanecí dos años en el regimiento Tucapel haciendo mi servicio militar, y siempre recibimos órdenes de los oficiales. Si no las cumplíamos, nos mataban a nosotros", relató. El testigo, que reside actualmente en Freire, confesó que él participó en dos operaciones para deshacerse de cadáveres en el río Allipén, pero le consta que "hubo más", por lo que le comentaron entonces sus compañeros reclutas. "Me ordenaron subir a un camión junto a otros conscriptos para ir a Isla Cautín (un campo de entrenamiento militar). Ya de noche, al llegar al lugar la primera vez subimos diez cuerpos y la segunda ocho. Los llevamos al puente Allipén donde fueron arrojados al río de ese mismo nombre", rememoró. M.C.S. señaló que los oficiales de entonces están negando "todo" ante el juez Carreño y quieren que "paguen" los que eran unos "simples conscriptos (reclutas)". "Eso no es justo", dijo.  Los presuntos involucrados En sus declaraciones al juez Carreño, M.C.S. ha mencionado a un "teniente Espinoza", aparentemente Manuel Espinoza Ponce, ya fallecido, y al entonces teniente Pablo Gran López, hoy general retirado, como los oficiales de los operativos en los que se arrojaron cadáveres al río. Gran López está inculpado en la única causa que investiga el juez Carreño en relación con los crímenes ocurridos en el regimiento Tucapel después del golpe militar, la de los seis militantes comunistas que fueron sacados del cuartel y llevados a un campo de entrenamiento donde fueron asesinados. Las autoridades militares dijeron posteriormente que se trataba de terroristas abatidos al intentar asaltar un polvorín. En la misma condición de inculpado que Gran López figura en dicha causa el ex brigadier Jaime García Covarrubias, hoy funcionario del Pentágono de Estados Unidos como profesor del Centro de Estudios Hemisféricos para la Defensa de Estados Unidos. Dos antiguos prisioneros, Herman Carrasco y Víctor Maturana, dijeron a EFE que presentarán escritos ante el juez Carreño para que abra una investigación por los cuerpos arrojados al río Allipén y por las torturas que afirman haber sufrido a manos de García Covarrubias y otros oficiales que cumplían funciones en el cuartel Tucapel. 

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, sometió a proceso y prisión preventiva al ex Brigadier de Ejército Jaime Guillermo García Covarrubias como cómplice del delito de homicidio calificado de Rubén Morales Jara, perpetrado en la Comuna de Temuco durante el mes de septiembre de 1973. En la época, el procesado cumplía funciones en el Regimiento Tucapel de la ciudad de Temuco.

El entonces capitán de ejército continuó su carrera represiva al alero del Mamo Contreras como jefe de Contrainteligencia de la DINA. En 1988 fue nombrado por Pinochet subsecretario general de Gobierno y entre 1995 y 1997 fue director de la Academia de Guerra; por supuesto que antes de todo había sido alumno de la Escuela de las Américas en 1970. En noviembre de 2013 ya había sido procesado por homicidio calificado de otras 7 víctimas causadas en Temuco por la represión dictatorial.

Atendido el mérito de los antecedentes (en causa Rol Nº 114.047), el ministro instructor le concedió al ex oficial superior del ejército la libertad bajo fianza, cumpliendo actualmente con las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual en el Tribunal correspondiente.

En el mes de octubre recién pasado, ya el Ministro Mesa había sometido a proceso y prisión preventiva a 4 ex uniformados por este crimen. Como autores fueron procesados Luis Hernán Peña Andaur, Román Aquiles Barros Mardones y José Albino Krause Álvarez, y Juan Carlos Figueroa Claus como cómplice del delito de homicidio calificado de Morales Jara.

En la etapa de investigación, el ministro Mesa dio por establecido los siguientes hechos:

A) Que en agosto de 1973 el Ministro de Interior de la época, Jaime Tohá, contactó al abogado de Carabineros de la Prefectura de Temuco, Hernán Morales Gómez, para que se hiciera cargo en calidad de Fiscal Militar Ad -hoc de un sumario que se sustanciaría en la investigación que se llevaría a cabo con motivo de la existencia de una supuesta escuela de guerrilla en la localidad de Nehuentúe, sector costero de Carahue. Fue así que una vez notificado legalmente de su designación, se presentó ante el Comandante del regimiento Tucapel, Cnel. Pablo Iturriaga Marchesse (Q.E.P.D.), quien le asignó una dependencia al interior de la Comandancia de la unidad militar y dispuso que el Teniente Ayudante del regimiento sirviera en calidad de secretario y actuario. En dicho lugar  procedió a interrogar a los detenidos que habían sido traídos por patrullas militares del Regimiento Tucapel de Temuco desde Nehuentúe, tras haberse desbaratado la escuela de guerrilla que operaba en dicho lugar.

B) Que Rubén Eduardo Morales Jara, profesor de Matemáticas y militante del MIR, fue detenido por una patrulla militar del Regimiento Tucapel de Temuco el día 4 o 5 de septiembre de 1973 en cumplimiento a una orden emanada de la Fiscalía Militar, que encabezaba el abogado Hernán Morales Gómez, en la causa rol 1198 – 73 por infracción  a la Ley de Armas. Dicha detención se efectuó en el domicilio de Morales ubicado en calle Pedro Luis Valdivia n.° 120, Población Dreves de Temuco. El detenido fue llevado al regimiento antes indicado y puesto a  disposición de la Fiscalía al día siguiente. En dicho lugar se le tomó declaración indagatoria y se practicaron diligencias de careos en distintas fechas entre el 6 y 8 de septiembre de 1973, quedando en calidad de detenido e incomunicado en la cárcel pública de esta ciudad durante ese período, para finalmente ser declarado reo por el delito antes indicado, según consta de fs. 329 a fs. 339. Durante ese período fue visitado por su esposa y amigos en la Cárcel de Temuco, hasta que el día 11 de septiembre de 1973 le fueron negadas dichas visitas.

C) Que inmediatamente ocurrido el pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973, las fuerzas armadas y de orden tomaron el control de la ciudad de Temuco. Este cambio en la institucionalidad del país provocó una alteración importante en el trabajo que el abogado Hernán Morales Gómez estaba efectuando en la investigación bajo su competencia, puesto que debido a su cercanía con el régimen saliente las nuevas autoridades comenzaron a desconfiar de él. Por este motivo paulatinamente fue perdiendo injerencia en las decisiones que se tomaban sobre los detenidos y procesados de su causa, remitiéndose solo a firmar las resoluciones que eran confeccionadas en la Fiscalía Militar a cargo del Mayor de Ejército Luis Jofré Soto (Q.E.P.D.), que también funcionaba al interior del regimiento Tucapel. 

D) Que para septiembre de 1973 en el Regimiento de Infantería n° 8 «Tucapel» de Temuco existía la Sección Segunda de Informaciones e Inteligencia que estaba a cargo del Capitán Nelson Manuel Uldaricio Ubilla Toledo (Q.E.P.D.), bajo cuya dependencia desarrollaban funciones, además, algunos suboficiales de esa institución, labor que fue reforzada después del 11 de septiembre de 1973 con la agregación de funcionarios de Investigaciones y de Carabineros, los que entregaban información de carácter político al mencionado oficial de todas aquellas personas sujetas a una investigación por parte de la Fiscalía Militar. De igual modo se sumaron a las tareas de inteligencia algunos oficiales, clases y conscriptos del regimiento.

E) Que Rubén Morales Jara fue visto en malas condiciones físicas al interior del regimiento Tucapel con posterioridad al 11 de septiembre de 1973 en dependencias donde funcionaban las salas de interrogatorios que la sección de  inteligencia mantenía y en donde eran sometidos a torturas los detenidos. También fue visto en la sala de guardia a la entrada del regimiento. En una de esas oportunidades en horas de la noche se encontraba en la guardia de la unidad militar el Teniente Ayudante del Regimiento, quien además era Secretario del Fiscal Militar Ad – hoc a cargo de la causa en la que Rubén Morales Jara estaba procesado. En un momento determinado apareció en ese lugar el Subteniente Manuel Espinoza Ponce (Q.E.P.D.), Oficial de la Segunda Compañía de Cazadores, quien habría recibido la orden de ejecutar al detenido Morales Jara. Para esto formó una patrulla integrada por a lo menos cinco soldados clase que tenían el grado de Cabo y Sargento entre los que se contaba al Cabo Ernesto René Oberg Parra (Q.E.P.D.) y los procesados de autos Luis Hernán Peña Andaur, Juan Carlos Figueroa Claus, Román Aquiles Barros Mardones y José Albino Krause Álvarez. El Teniente Ayudante del regimiento, una vez enterado de la misión encargada a Espinoza Ponce ordenó hacer subir al detenido Morales Jara a un vehículo militar ¾  en el cual la patrulla se trasladó hacia un puente ubicado sobre el río Quepe. En ese lugar descendieron con Morales Jara a quien pusieron frente a la baranda del puente. Allí el Subteniente Espinoza efectuó dos disparos sobre el detenido con su arma de servicio. Inmediatamente dos soldados clase arrojaron el cuerpo de Morales Jara a las aguas del Quepe, pero al darse cuenta de que aún estaba con vida efectuaron ráfagas de disparos sobre él con sus armas. Después de esto, la patrulla regresó al regimiento Tucapel donde el Subteniente Espinoza dio cuenta del cumplimiento de la orden al oficial que le había dado tal instrucción.

F) Que durante la celebración de las fiestas patrias de 1973 se difundió por radio una información que daba cuenta de la fuga del reo Rubén Morales Jara mientras era conducido por una patrulla militar desde el regimiento Tucapel hasta la cárcel del Temuco. Dicha noticia fue escuchada por el Fiscal Ad – hoc Hernán Morales Gómez mientras pasaba los días feriados en Pucón. Ante la magnitud del hecho, tratándose de un reo de su causa y no habiendo él dado ninguna orden para trasladarlo al tribunal, inmediatamente se apersonó en el regimiento Tucapel y con fecha 19 de septiembre dictó en la causa una resolución que daba cuenta de la toma de conocimiento del hecho antes indicado, según consta a fs. 340 de autos, llamando a declarar al militar al mando de la patrulla que supuestamente iba a cargo del traslado de Morales Jara. Sin embargo, el Comandante del regimiento Tucapel, Cnel. Pablo Iturriaga Marchesse, le impidió proseguir con la investigación ordenándole que dejara de indagar a ese respecto. El Fiscal Ad – hoc Morales Gómez presentó su renuncia al cargo, la que fue rechazada por Iturriaga, obligándolo a continuar con sus labores; indicándole, además, que estaban en tiempos de guerra y que él decidiría cuándo debía dejar el cargo» puntualiza la resolución.

 El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los Derechos Humanos de las jurisdicciones de Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique, Álvaro Mesa Latorre, condenó a cinco ex miembros del Ejército, entre ellos a un ex Brigadier de esa institución, por el asesinato de Rubén Eduardo Morales Jara, profesor universitario de 29 años de edad y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). El crimen fue perpetrado en septiembre de 1973, en la comuna de Temuco, en días posteriores al golpe de Estado, aunque Rubén Morales permanecía detenido desde antes del derrocamiento de Allende.

En el fallo (causa rol 114.047), el ministro en visita condenó a la pena de 12 años de presidio a los ex suboficiales del Ejército Román Aquiles Barros Mardones, José Albino Krause Álvarez y Luis Hernán Peña Andaur, en calidad de autores del delito. Condenó, además, a la pena de 5 años de presidio a Jaime Guillermo García Covarrubias, ex brigadier de ejército y ex miembro de la DINA-CNI, y a 4 años de presidio al ex suboficial Juan Carlos Figueroa Claus, en calidad de cómplices del delito de homicidio calificado del profesor universitario.

García Covarrubias había iniciado su carrera represiva siendo alumno de Escuela de las Américas, en 1970, luego de su desempeño represivo en Temuco, fue promovido a la DINA por Manuel Contreras quien lo designó jefe de Contrainteligencia, función que continuó en la CNI. En 1988 fue nombrado por Pinochet subsecretario general de Gobierno y entre 1995 y 1997 fue director de la Academia de Guerra; en noviembre de 2013 ya había sido procesado por homicidio calificado de otras 7 víctimas causadas en Temuco por la represión dictatorial.

El ministro en visita extraordinaria aplicó a García Covarrubias, Figueroa Claus, Barros Mardones, Krause Álvarez y Peña Andaur, las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; más el pago de las costas de la causa.

En la etapa de investigación, el ministro Mesa Latorre dio por acreditados los siguientes hechos:
"Que en agosto de 1973 el Ministro de Interior de la época, Jaime Tohá, contactó al abogado de Carabineros de la Prefectura de Temuco, Hernán Morales Gómez, para que se hiciera cargo en calidad de Fiscal Militar Ad-hoc de un sumario que se sustanciaría en la investigación que se llevaría a cabo con motivo de la existencia de una supuesta escuela de guerrilla en la localidad de Nehuentúe, sector costero de Carahue. Fue así que una vez notificado legalmente de su designación, se presentó ante el comandante del Regimiento Tucapel, coronel Pablo Iturriaga Marchesse (fallecido), quien le asignó una dependencia al interior de la Comandancia de la unidad militar y dispuso que el teniente Jaime Guillermo García Covarrubias, ayudante del Regimiento, sirviera en calidad de secretario y actuario. En dicho lugar procedió a interrogar a los detenidos que habían sido traídos por patrullas militares del Regimiento Tucapel de Temuco desde Nehuentúe, tras haberse desbaratado la escuela de guerrilla que operaba en dicho lugar.

Que Rubén Eduardo Morales Jara, profesor de matemáticas y militante del MIR, fue detenido por una patrulla militar del Regimiento Tucapel de Temuco el día 4 o 5 de septiembre de 1973 en cumplimiento a una orden emanada de la Fiscalía Militar, que encabezaba el abogado Hernán Morales Gómez, en la causa rol 1.198-73 por infracción a la Ley de Armas. Dicha detención se efectuó en el domicilio de Morales ubicado en calle Padre Luis de Valdivia N° 120, población Dreves de Temuco. El detenido fue llevado al Regimiento antes indicado y puesto a disposición de la Fiscalía al día siguiente.

En dicho lugar se le tomó declaración indagatoria y se practicaron diligencias de careos en distintas fechas entre el 6 y 8 de septiembre de 1973, quedando en calidad de detenido e incomunicado en la cárcel pública de esta ciudad durante ese periodo, para finalmente ser declarado reo por el delito antes indicado, según consta de fs. 329 a fs. 339. Durante ese período fue visitado por su esposa y amigos en la Cárcel de Temuco, hasta que el día 11 de septiembre de 1973 le fueron negadas dichas visitas.

Que para septiembre de 1973 en el Regimiento de Infantería N° 8 'Tucapel’ de Temuco existía la Sección Segunda de Informaciones e Inteligencia que estaba a cargo del capitán Nelson Manuel Uldaricio Ubilla Toledo (fallecido), bajo cuya dependencia desarrollaban funciones, además, algunos suboficiales de esa institución, labor que fue reforzada después del 11 de septiembre de 1973 con la agregación de funcionarios de Investigaciones y de Carabineros, los que entregaban información de carácter político al mencionado oficial de todas aquellas personas sujetas a una investigación por parte de la Fiscalía Militar. De igual modo se sumaron a las tareas de Inteligencia algunos oficiales, clases y conscriptos del Regimiento.

Que Rubén Morales Jara fue visto en malas condiciones físicas al interior del Regimiento Tucapel con posterioridad al 11 de septiembre de 1973, en dependencias donde funcionaban las salas de interrogatorios que la Sección de Inteligencia mantenía y en donde eran sometidos a torturas los detenidos. También fue visto en la sala de guardia a la entrada del Regimiento. En una de esas oportunidades en horas de la noche se encontraba en la guardia de la unidad militar el teniente Jaime Guillermo García Covarrubias, quien además era secretario del Fiscal Militar Ad-hoc a cargo de la causa en la que Rubén Morales Jara estaba procesado. En un momento determinado apareció en ese lugar el subteniente Manuel Espinoza Ponce (fallecido), oficial de la Segunda Compañía de Cazadores, quien habría recibido la orden de ejecutar al detenido Morales Jara. Para esto formó una patrulla integrada por a lo menos cinco soldados clase que tenían el grado de cabo y sargento entre los que se contaba a: Ernesto René Oberg Parra (fallecido), Luis Hernán Peña Andaur, Juan Carlos Figueroa Claus, Román Aquiles Barros Mardones y José Albino Krause Álvarez. El teniente Jaime García, una vez enterado de la misión encargada a Espinoza Ponce ordenó hacer subir al detenido Morales Jara a un vehículo militar 3/4 en el cual la patrulla se trasladó hacia un puente ubicado sobre el río Quepe. En ese lugar descendieron con Morales Jara a quien pusieron frente a la baranda del puente. Allí el subteniente Espinoza efectuó dos disparos sobre el detenido con su arma de servicio. Inmediatamente dos soldados clase arrojaron el cuerpo de Morales Jara a las aguas del Quepe, pero al darse cuenta de que aún estaba con vida efectuaron ráfagas de disparos sobre él con sus armas. Después de esto, la patrulla regresó al Regimiento Tucapel donde el subteniente Espinoza dio cuenta del cumplimiento de la orden al oficial que le había dado tal instrucción.

Que durante la celebración de las fiestas patrias de 1973 se difundió por radio una información que daba cuenta de la fuga del reo Rubén Morales Jara mientras era conducido por una patrulla militar desde el Regimiento Tucapel hasta la cárcel de Temuco.