Durruty Blanco Mateo

Encausado por el desaparecimiento de tres uruguayos y un obrero chileno, ambos en 1973, el ex comandante del Regimiento de Ingenieros de Montaña Mateo Durruty Blanco culpa a sus subalternos de “tropa de desleales”. El “Mamo” le dice “traidor”.

El “Mamo” levantó la voz y lanzó la acusación. “El coronel Mateo Durruty está mintiendo y eludiendo su responsabilidad militar tratando de endosarla a la DINA, y eso se llama traición militar”.

El ex comandante del Regimiento de Ingenieros de Montaña de Puente Alto se defendió: “Todo esto fue un invento de la DINA, nunca firmé nada ni nadie me dio cuenta de las personas detenidas (…) Yo no tengo nada que ver, nadie me dijo nada, fue una tropa de desleales”.

El enfrentamiento entre el ex jefe operativo de la DINA, general (R) Manuel Contreras, y el coronel (R) Mateo Durruty, ardía en el despacho de la jueza Colomba Guerrero. El coronel no aceptaba la acusación de Contreras, que le imputaba ser él quien, con un documento firmado, envió a dos detenidos desde el regimiento a Villa Grimaldi en septiembre de 1973. Contreras rechazaba que la DINA sacó a los detenidos del cuartel. Los dos prisioneros sobrevivieron. Pero lo que importaba era que el coronel negaba insistentemente que el regimiento que mandaba sirvió a partir del golpe militar como centro de detención y tortura, hecho hasta ahora no divulgado públicamente. Un puñado de los que fueron sus subalternos, pero principalmente los conscriptos que a esa fecha hacían su servicio militar en ese cuartel, decían en el proceso lo contrario y admitían la existencia de detenidos.

Al margen de su altercado con el “Mamo”, la situación del coronel Durruty estaba en todo caso ya complicada, pues a pesar de alegar inocencia y desconocimiento de todo lo que aconteció en el regimiento bajo su mando, el año 2006 ya estaba procesado como autor del secuestro y desaparición del obrero Juan Llanca Rodas, hecho ocurrido el 17 de septiembre de 1973, y como autor del secuestro y desaparición a fines de ese mismo mes y año de los ciudadanos uruguayos Ariel Arcos Latorre, Juan Povaschuk Galeazzo y Enrique Pargadoy Saquieres. O sea, en ese regimiento y bajo su mando habían ocurrido no sólo torturas, sino también desaparecimiento de personas.

Al río

Antes de que a Juan Llanca lo mataran y después tiraran su cuerpo al río Maipo para hacerlo desaparecer, sus verdugos en el Ingenieros de Montaña de Puente Alto le dieron a comer vidrio molido para causarle graves lesiones internas.

Testigo de este tormento fue su compañero de cautiverio Alfonso Brizuela Durán, como relató en la investigación judicial no sólo frente a la jueza, sino también de cara al mismo Mateo Durruty, quien por supuesto refutó el hecho y volvió a negar todo de todo: “Yo nunca supe nada, en mi regimiento nunca hubo detenidos”, insistió.

Fue Manuel Contreras quien confesó a la jueza Guerrero el 22 de septiembre de 2005, que de acuerdo a la información reunida entre oficiales y suboficiales del Ingenieros de Montaña “actores directos del hecho”, a Juan Llanca lo torturaron en ese cuartel, lo mataron y después lanzaron su cuerpo al río Maipo. Todo porque la víctima, junto a las otras dos personas que el coronel Durruty envió a Villa Grimaldi, había tenido el 16 de septiembre de 1973 una riña en un bar con el suboficial de este regimiento Temístocles Navarrete Becerra, por lo que en ese cuartel se tomaron venganza.

En el caso de los uruguayos la historia fue distinta. Seis de estos ciudadanos fueron detenidos a fines de 1973 por funcionarios de la subcomisaría de San José de Maipú al interior de una mina abandonada en el sector cordillerano de la comuna de Puente Alto, cuando trataban de pasar clandestinamente a Argentina huyendo del golpe militar. Habían llegado a Chile huyendo a su vez del golpe de Estado en Uruguay.

Fueron trasladados por los policías al Ingenieros de Montaña de Puente Alto, donde se les torturó. A fines de septiembre de 1973 fueron sacados del cuartel, según se les dijo, para llevarlos al Estadio Nacional, pero en el trayecto, Arcos, Povaschuk y Pargadoy fueron separados del resto, desapareciendo hasta ahora.

El peso de la prueba

Pero bastante entrada la democracia y hasta la época en que el general (R) Juan Emilio Cheyre era comandante en jefe, desde el Ejército se seguía entregado información parcial a los tribunales, confirmándose lo que abogados querellantes continuaban denunciando en las distintas causas por delitos de lesa humanidad.

Toda la situación represiva en el Ingenieros de Puente Alto era conducida por su comandante Mateo Durruty, a través de su equipo de hombres de la inteligencia militar del regimiento, entre los que estaban los “intelectuales” que hacían el trabajo de análisis, y quienes se manchaban las manos con sangre, como en toda comunidad de inteligencia.

Sin embargo, el Ejército, a través de su jefe de estado mayor, general Javier Urbina, informaba el 10 de agosto de 2004 a la jueza Colomba Guerrero mediante oficio 1595/1178, en respuesta a su interrogante directa, que en el Regimiento de Ingenieros de Montaña de Puente Alto, “revisados los antecedentes institucionales, se pudo establecer que éste no consideraba un Departamento o Sección II de Inteligencia”.

Curiosamente, la jueza Guerrero y luego la ministra Marta Hantke, a cargo de la investigación por Llanca Rodas, como el ministro Joaquín Billard, que instruye la causa por los tres uruguayos, tenían ya a esa fecha decenas de testimonios de oficiales y suboficiales e incluso el de los generales (R) Fernando Martínez Benavides y Manuel Contreras, quienes afirmaban sin ninguna

duda de que en el Ingenieros de Montaña de Puente Alto existía efectivamente una Sección II de Inteligencia.

En vagones de tren

Por el regimiento que el coronel Durruty comandó hasta diciembre de 1975 pasaron, de acuerdo a las investigaciones de los procesos por estas cuatro víctimas, centenares de detenidos que sufrieron tormentos similares a los aplicados en los cuarteles clandestinos de la DINA.

Los prisioneros eran mantenidos en condiciones infrahumanas encerrados en vagones de trenes dispuestos como celdas colectivas. Desde allí eran sacados a distintas horas del día y de la noche para enfrentar los tormentos que les aplicaban oficiales y suboficiales de la Sección II de Inteligencia del regimiento. Sección inexistente, según el Ejército informó a la jueza Guerrero, pero que la investigación pudo identificar a cada uno de sus integrantes.

En ese período de alta represión, el coronel Mateo Durruty tenía como segundo comandante del regimiento al teniente coronel Rolf Wenderoth Pozo, que después pasó a integrar la plana mayor de la DINA junto a las “estrellas” Marcelo Morén Brito, Miguel Krassnoff y Pedro Espinoza, entre otros.

A pesar de que, aduciendo que “son secretas”, inicialmente el Ejército negó a los magistrados a cargo de estas indagatorias las listas con los conscriptos que habían cumplido su servicio militar en este regimiento en los primeros meses después del golpe de Estado, posteriormente la institución las entregó.

Los jueces las requerían para comenzar a interrogarlos, porque de esa forma, como ha ocurrido en otros procesos, podrían ir quebrantando el silencio de oficiales y suboficiales, concertados para negar o distorsionar la información que se les requería. La estrategia volvió a dar buenos resultados en estas causas, puesto que la mayoría de los ex conscriptos interrogados aportaron datos relevantes y confirmaron lo que en el Regimiento de Ingenieros de Montaña sucedió en los primeros meses después de la asonada militar de 1973.

Junto a Durruty Blanco están procesados por estos crímenes los oficiales (R) David Miranda Monardes y Pedro Teyssedre Cartagena, ambos ex jefes de la Sección II de Inteligencia del regimiento, y los suboficiales (R) que integraron la misma sección Luis Canales Pino y René Cruces Tapia

Un general y un brigadier retirados fueron procesados por el juez Joaquín Billard, como autores del secuestro y desaparición en septiembre de 1973 de los ciudadanos uruguayos, Ariel Arcos Latorre, Juan Povaschuk Galeazzo y Enrique Pargadoy Saquieres.

Los encausados son el general Francisco Martínez Benavides y el coronel Lander Uriarte Burotto, además del suboficial también retirado René Cruces Tapia.

Antes había sido igualmente declarado reo por este mismo delito el ex comandante del Regimiento de Ingenieros de Montaña de Puente Alto, coronel (R) Mateo Durruty Blanco.

Días después del golpe militar, seis uruguayos fueron arrestados por Carabineros de la subcomisaría de San José de Maipo al interior de una mina abandonada de la zona cordillerana.

Al parecer, ellos se ocultaban para planificar una huida a Argentina, pues se habían refugiado en Chile después de la asonada militar uruguaya el 27 de junio de 1973.

Los policías los condujeron hasta el referido regimiento, donde de acuerdo a los antecedentes del proceso fueron torturados reiteradamente, al igual que los centenares de prisioneros que pasaron por ese cuartel que comandaba Durruty.

A algunos incluso se les obligó a tragar vidrio molido, como lo testificó judicialmente el ex detenido Alfonso Brizuela Durán.

Desde aquel cuartel son sacados una noche por personal de Ejército para trasladarlos supuestamente al Estadio Nacional. Sin embargo, en el trayecto los custodios bajaron del vehículo militar a los tres uruguayos mencionados y los hicieron desaparecer hasta hoy.

Tanto el general Francisco Martínez como el coronel Lander Uriarte y el suboficial René Cruces, pertenecen a la franja de acusados de cometer crímenes de lesa humanidad menos conocidos y por primera vez procesados.

En el caso de Durruty Blanco, éste tiene ya una condena de 10 años y un día dictada en primera instancia por la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marta Hantke, por el secuestro y desaparición desde el regimiento de Puente Alto en septiembre de 1973 de Juan Manuel Llanca Rodas.

Pero esta condena debe ser aún revisada por esa corte y luego por la Sala Penal de la Corte Suprema, que podría dejar a Durruty en libertad si le rebaja considerablemente la pena como es el criticado criterio jurídico que instaló ese tribunal hace más de dos años.

Los procesados por Billard fueron beneficiados con la libertad provisional mientras sigue adelante la investigación.

La Corte de Apelaciones de San Miguel condenó a 10 años de presidio al teniente coronel (r) Mateo Durruty Blanco por el homicidio calificado de José Eusebio Rodríguez Hernández, ocurrido el 14 de septiembre de 1973 en la comuna de Puente Alto. En fallo dividido, los ministros Carlos Gajardo, María Teresa Letelier y Adriana Sottovia ratificaron además que el sentenciado debe pagar una indemnización de $ 30 millones a Macarena Rodríguez Villagra, hija de la víctima.

El fallo se adoptó con el voto en contra de la ministra Sottovia quien fue partidaria de acoger la figura de la “media prescripción” para disminuir la pena del condenado.

En primera instancia la ministra Marta Hantke, el 24 de julio de 2008, había condenado a Durruty a la pena de 10 años y un dia de presidio.

A 4 años con libertad vigilada condenan a oficial que ordenó fusilamiento

Al finalizar el año 2011, la Corte Suprema dictó condena por el asesinato de José  Eusebio Rodríguez Hernández, quien fuera fusilado el 14 de septiembre de 1973. Rodríguez Hernández  tenía 24 años, era obrero y  militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR:

El responsable del asesinato y condenado por la Corte Suprema a 4 años de libertad vigilada es el teniente coronel (r) del Ejército, Mateo Durruty Blanco.  La condena se fundamenta en los delitos de secuestro y asesinato.

En la sentencia se establece que Mateo Durruty estuvo involucrado en el secuestro de la víctima en septiembre de 1973, tras su detención cuando se dirigía a la población Nueva Habana de Puente Alto, instante en el que supuestamente portaba libros de Carlos Marx.

De acuerdo a los antecedentes de la investigación, “entre los días 13 y 14 de septiembre de 1973, en horas de la mañana, mientras José Eusebio Rodríguez Hernández se dirigía hacia el campamento Nueva La Habana portando una caja con libros cuyo autor sería Carlos Marx, fue detenido por personal de Carabineros, incautándosele la caja que portaba, siendo trasladado al Regimiento Ferrocarrileros de Puente Alto, comandado por Mateo Durruty Blanco, en cumplimiento de instrucciones anteriores y precisas emanadas de la autoridad de esa unidad castrense, en orden a que los detenidos políticos de la jurisdicción debían ser conducidos al referido Regimiento. En ese recinto, sin las más mínimas garantías que contemplaba nuestra legislación para eventuales delitos militares en tiempo de guerra, fue interrogado y sometido a un aparente consejo de guerra, del cual no existe constancia alguna, para luego ser transportado por personal del Regimiento hasta el Cerro La Ballena, en el sector denominado Las Vizcachas, donde por orden de Mateo Durruty Blanco, fue fusilado” 

Los magistrados Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y el abogado integrante Luis Bates, establecieron en votación dividida que la pena se puede cumplir con el beneficio de la libertad vigilada.

Contrario a dictar la pena fue Ballesteros -quien el 6 de enero asume como presidente de la Corte Suprema- y que estuvo por aplicar la prescripción del caso.

En ese marco, el máximo tribunal del país estimó que el Fisco debe pagar una indemnización total a la familia de la víctima de $50 millones. En esta materia los ministros Jaime  Rodríguez y Rubén Ballesteros estuvieron por negar el pago de la retribución.

Antes, la Corte de Apelaciones de San Miguel había condenado a Mateo Durruty Blanco a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, accesorias legales pertinentes y al pago de las costas del juicio, por la responsabilidad que en calidad de autor le correspondió en el delito de secuestro calificado de José Eusebio Rodríguez Hernández, cometido entre los días 13 o 14 de septiembre de 1973.

En fallo dividido los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal condenaron al oficial (R) del Ejercito Mateo Durruty Blanco a 4 años de presidio con el beneficio de la libertad vigilada

En el aspecto civil, se acogió la demanda de indemnización de perjuicios presentada por la madre de la víctima, Macarena Hernández Villagra, condenando al Fisco a pagarle la suma de $50 millones de pesos, según consigna el diario La Nación. 

En la investigación se estableció que, “entre el 13 y 14 de septiembre de 1973, en horas de la mañana, mientras José Eusebio Rodríguez Hernández se dirigía hacia el campamento Nueva La Habana portando una caja con libros cuyo autor sería Carlos Marx, fue detenido por personal de Carabineros, siendo trasladado al Regimiento Ferrocarrileros de Puente Alto, comandado por Mateo Durruty Blanco (…) En ese recinto, sin las más mínimas garantías que contemplaba nuestra legislación para eventuales delitos militares en tiempo de guerra, fue interrogado y sometido a un aparente consejo de guerra, del cual no existe constancia alguna, para luego ser transportado por personal del Regimiento hasta el Cerro La Ballena, en el sector denominado Las Vizcachas, donde por orden de Mateo Durruty Blanco, fue fusilado. Posteriormente el cadáver de la víctima fue sepultado en el cementerio católico Bajos de Mena, inscribiéndose su defunción en el registro respectivo”.

En el aspecto penal, la sentencia se adoptó con el voto en contra del ministro Rubén Ballesteros, quien fue partidario de acoger la prescripción de la acción penal. En el aspecto civil, la determinación se adoptó con la opinión contraria de los ministros Rodríguez y Ballesteros, quienes fueron partidarios de acoger la excepción de incompetencia absoluta del tribunal. 

Cabe señalar que en junio del año 2008 la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marta Hantke Corvalán, dictó sentencia en la investigación por el secuestro calificado de José Rodríguez Hernández, ocurrido en septiembre de 1973 en el Regimiento de Ingenieros N° 2 de Puente Alto. 

La magistrado condenó en ese entonces al teniente coronel (r) Mateo Durruty Blanco a la pena de 10 años y un día de presidio por el delito y dictaminó que el condenado deberá a cancelar una suma de $30.000.000 (treinta millones de pesos) a Macarena Rodríguez Villagra, hija de la víctima, como indemnización por daño moral. En su fallo la magistrado había rechazado la demanda interpuesta en contra del Fisco de Chile por incompetencia del tribunal. 

SECUESTRO

Respecto a la figura de Mateo Durruty Blanco, en el año 2011, junto a otros seis militares fue acusado por el Juez Joaquín Billard del secuestro de tres ciudadanos uruguayos desaparecidos en septiembre de 1973 tras el golpe militar que encabezó Augusto Pinochet. Esa causa se encuentra actualmente en estado de plenario.

Tanto el ex general Francisco Martínez Benavides como el ex coronel Lander Uriarte Burotto, son acusados de la desaparición de de Ariel Arcos, Juan Povaschuk y Enrique Pargadoy.

SANTIAGO.- Un general, un coronel y un suboficial retirados fueron procesados como presuntos autores del secuestro y desaparición en septiembre de 1973 de tres ciudadanos uruguayos, informaron hoy fuentes judiciales.

Los acusados por el juez Joaquín Billard de la desaparición de Ariel Arcos Latorre, Juan Povaschuk Galeazzo y Enrique Pargadoy Saquieres son: el general Francisco Martínez Benavides y el coronel Lander Uriarte Burotto, además del suboficial René Cruces Tapia, también retirado.

Antes ya había sido procesado por este mismo delito el coronel retirado Mateo Durruty Blanco, ex comandante del Regimiento de Ingenieros de Montaña de Puente Alto.

Días después de la toma de poder por parte de la Junta militar, seis uruguayos fueron encontrados por Carabineros en el interior de una mina abandonada a los pies de la cordillera de Los Andes.

Al parecer, se habían ocultado allí para planificar una huida a Argentina, pues se habían refugiado en Chile tras el golpe de Estado ocurrido en Uruguay el 27 de junio de 1973.

Los policías los condujeron hasta la subcomisaría de San José de Maipo, donde, según los antecedentes del proceso, fueron torturados reiteradamente, al igual que los centenares de prisioneros que pasaron por ese cuartel, comandado por Durruty.

Algunos incluso fueron obligados a tragar vidrio molido, como lo testificó judicialmente el ex detenido Alfonso Brizuela Durán.

De ese cuartel son sacados los seis uruguayos una noche por personal de Ejército para trasladarlos supuestamente al Estadio Nacional, pero en el trayecto los custodios bajaron del vehículo militar a tres de ellos, todavía desaparecidos.

Tanto el general Francisco Martínez como el coronel Lander Uriarte y el suboficial René Cruces pertenecen al grupo de acusados de cometer crímenes de lesa humanidad en Chile menos conocidos y por primera vez procesados.

Un juez acusó hoy a varios ex oficiales del Ejército por el secuestro y desaparición de tres ciudadanos uruguayos en septiembre de 1973, a pocos días del golpe militar que puso en el poder al dictador Augusto Pinochet (1973-1990)

Según fuentes judiciales, el ministro en visita Joaquín Billard Acuña fue el que dictó la acusación tras la pesquisa que llevó a cabo por la desaparición de los uruguayos, acaecida en una mina abandonada en el sector del Cajón del Maipo, vecino a Santiago.

Billard Acuña indicó que los uruguayos Ariel Arcos Latorre, Juan Povaschuk Galeazzo y Enrique Pargadoy Saquieres fueron detenidos en septiembre de 1973 en el Cajón del Maipo y conducidos al Regimiento de Puente Alto, desde donde se les perdió el rastro.

El juez chileno acusó a Mateo Durruty Blanco, René Cruces Tapia, Francisco Martínez Benavides, Lander Uriarte Burotto, Gabriel Montero Uranga, Moisés Retamal Bustos, todos altos ex oficiales del Ejército, y Guillermo Vargas Avendaño como autores de los “secuestros calificados”.

Según el libelo acusatorio, personal de la subcomisaría de Carabineros de San José de Maipo detuvo al interior de una mina abandonada en la parte baja de la Cordillera de Los Andes a cuatro ciudadanos uruguayos, dos mujeres y dos hombres, los que fueron llevados hasta ese retén policial y después al regimiento Ferrocarrileros de Puente Alto.

Añade que horas más tarde fueron detenidos otros dos ciudadanos uruguayos quienes también fueron ingresados a la unidad militar, donde todos fueron torturados.

Posteriormente, los subieron a microbús que les llevaría al Estadio Nacional, que sirvió de campo de detenidos, pero un militar ordenó que tres de los ciudadanos uruguayos bajaran, desconociendo hasta ahora su actual paradero.

El juez Billard Acuña elevó la causa a estado de plenario, etapa previa al dictamen de sentencia de primera instancia.

En 2012 sólo había sido condenado a 6 años de prisión el coronel Mateo Durruty. Ahora se sumaron el general (r) Francisco Martínez, el ex brigadier Ander Uriarte y los ex suboficiales Gabriel Montero, Moisés Retamal y Guillermo Vargas. Los jóvenes fueron capturados en el Cajón del Maipo tras el golpe militar de 1973 mientras intentaban cruzar la cordillera hacia Argentina.

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó este lunes a 6 militares retirados chilenos a penas de 6 años de prisión por el secuestro calificado de 3 jóvenes uruguayos tras el golpe militar de 1973, según informaron fuentes judiciales.

En un fallo unánime, la II Sala del tribunal de alzada modificó la sentencia de primera instancia, dictada por el juez especial Joaquín Billard Acuña, que había condenado a 6 años de cárcel por este crimen sólo al coronel Mateo Durruty. Ahora se sumaron a la condena el general en retiro Francisco Martínez, el ex brigadier Ander Uriarte y los ex suboficiales Gabriel Montero, Moisés Retamal y Guillermo Vargas.
Todos los condenados están actualmente en libertad, indicó un comunicado del Poder Judicial.

Al tratarse de un fallo de segunda instancia, la defensa de los uniformados puede apelar ante la Corte Suprema.

CAPTURADOS EN EL CAJÓN DEL MAIPO
Las víctimas fueron los uruguayos Ariel Arcos Latorre, Juan Povaschuk Galeazzo y Enrique Pargadoy Saquieres, quienes fueron detenidos por carabineros el 29 de septiembre de 1973 en una mina abandonada del Cajón del Maipo junto a otros 4 compatriotas, incluidas 2 mujeres, que lograron sobrevivir.

Los 3 habían llegado a Chile como refugiados durante el Gobierno de Salvador Allende, temiendo ser detenidos en su país por sospechas de pertenecer al grupo revolucionario izquierdista Movimiento de Liberación Nacional- Tupamaros.
Tras el golpe de Pinochet, los jóvenes intentaron huir de Chile cruzando a pie la Cordillera de Los Andes hacia Argentina, circunstancia en la que fueron detenidos y entregados por los carabineros a militares del regimiento de Ferrocarrileros, de Puente Alto.

TORTURAS Y DESAPARICIÓN

En el regimiento, según testimonios de algunos militares de la misma unidad y de sobrevivientes, fueron duramente golpeados y, entre otras torturas, se les obligó a comer vidrio molido.
Ariel Arcos Latorre, de 23 años, era estudiante universitario, lo mismo que Enrique Pagardoy, de 21 años, y Juan Antonio Povaschuk, de 24, era fotógrafo.
Tras un par de días de reclusión en el regimiento, se dispuso el traslado de los detenidos al Estadio Nacional, pero Arcos, Pagardoy y Povaschuk fueron separados del grupo por orden de uno de los oficiales y desde entonces nada más se supo de ellos.

La ministra en visita de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marta Hantke Corvalán, dictó sentencia en la investigación por el secuestro calificado de José Rodríguez Hernández, ocurrido en septiembre de 1973 en el Regimiento de Ingenieros N° 2 de Puente Alto.

La magistrado condenó al teniente coronel (r) del Ejército Mateo Durruty Blanco a la pena de 10 años y un día de presidio por el delito antes señalado.

Además, determinó que el condenado deberá a cancelar una suma de $30.000.000 (treinta millones de pesos) a Macarena Rodríguez Villagra, hija de la víctima, como indemnización por daño moral. Asimismo se rechazó la demanda interpuesta en contra del Fisco de Chile por incompetencia del tribunal.

Esta es la segunda condena que dicta la ministra Hantke por hechos vinculados a casos de derechos humanos en la comuna de Puente Alto.

La Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia de segunda instancia en la investigación por los secuestros calificados de los ciudadanos uruguayos: Ariel Arcos Latorre; Juan Povaschuck Galeazzo y Enrique Pargadoy Saquieres, detenidos desaparecidos desde septiembre de 1973, en el sector del Cajón del Maipo.

En fallo dividido (causa rol 47-2013), los ministros de la Segunda Sala del tribunal de alzada Juan Cristóbal Mera, Jessica González y el abogado integrante Ángel Cruchaga condenaron a 6 años de presidio a los funcionarios del Ejército en retiro: Mateo Durruty Blanco, Lander Uriarte Burotto, Gabriel Montero Uranga, Francisco Martínez Benavides, Moisés Retamal Bustos y Guillermo Vargas Avendaño.

De esta forma el tribunal de alzada modificó la sentencia del ministro en visita Joaquín Billard quien, el 10 de septiembre de 2012, había condenado sólo a Durruty Blanco por los secuestros de los ciudadanos extranjeros.

La resolución se tomó con el voto en contra del ministro Juan Cristóbal Mera, quien estuvo por confirmar el fallo de primera instancia.

Según quedó asentado en el proceso: "Se ha logrado establecer que a fines de mes de septiembre de 1973, personal de la Subcomisaria de Carabineros de San José de Maipo, detuvo al interior de una mina abandonada del sector cordillerano de dicha comuna, a cuatro ciudadanos de nacionalidad uruguaya, dos mujeres y dos hombres, los que fueron llevados a la unidad policial y luego trasladados hasta el Regimiento Ferrocarrileros de Puente Alto. Horas más tarde, fueron detenidos otros dos ciudadanos uruguayos, que pertenecían al mismo grupo anterior, quienes habían salido a realizar un reconocimiento del terreno para huir hacia Argentina por algún paso cordillerano; los que también fueron ingresados a la Unidad Militar, lugar en donde se les sometió a interrogatorios y torturas. Que luego de permanecer un tiempo indeterminado en el Regimiento de Ferrocarrileros de Puente Alto, fueron subidos a un bus que supuestamente los trasladaría hasta el Estadio Nacional, sin embargo, un funcionario de Ejército ordenó que tres de los siete ciudadanos uruguayos fueran bajados del vehículo, desconociéndose hasta la fecha su actual paradero".

Nueve ex uniformados fueron procesados en las últimas horas como autores de dos secuestros calificados ocurridos entre 1974 y 1975.

La primera encargatoria de reo fue dictada por la jueza Colomba Guerrero, del Primer Juzgado del Crimen de Puente Alto, quien investigó la desaparición de Juan Manuel Llanca Robas, quien fue visto por última vez en el Regimiento N°2 de Puente Alto en 1975.

En este caso fueron encausados como autores del secuestro el ex comandante del regimiento, Mateo Durruty, y los ex uniformados David Miranda, Pedro Teyssedre, René Cruces y Carlos Canales.

Asimismo la jueza del Octavo Juzgado del Crimen de Santiago, María Inés Collins, sometió a proceso a la cúpula de la DINA por la desaparición de el ex mirista Carlos Cubillos Gálvez, a quien se le perdió el rastro en el centro de detención conocido como Londres 38.

En este caso fueron encausados el general (R) Manuel Contreras, el brigadier (R) Miguel Krassnoff, el brigadier (R) Marcelo Moren Brito y el civil Osvaldo Romo. Estos últimos enfrentan una serie de procesamientos en causas de Derechos Humanos, que están a cargo de distintos jueces.

El abogado Sergio Concha, quien lleva las causas, destacó especialmente la labor de la jueza Guerrero puesto que desde que ella llegó a mediados del año pasado al primer Juzgado del Crimen de Puente Alto hubo un cambio en el desarrollo de la causa de Juan Llanca.

"La causa había estado aproximadamente 10 años en ese juzgado, había habido por lo menos cuatro magistrados que no se habían interesado mayormente por esta causa (…) todo esto fue solucionado cuando llegó la magistrado Guerrero, quien se dedicó a investigar lo que hasta entonces no había sido investigado", afirmó.

Se informó por fuentes de Gendarmería, que esta madrugada del jueves falleció el ex oficial de ejército Francisco Fernando Martínez Benavides quien cumplía condena en el Penal Punta Peuco, en Santiago, por el crimen de tres ciudadanos uruguayos, delito cometido a fines de septiembre de 1973 en Puente Alto.

Los uruguayos Ariel Arcos Latorre, Juan Povaschuck Galeazzo y Enrique Pargadoy Saquieres, que permanecían asilados en Chile desde pocos meses antes del golpe militar, fueron detenidos por carabineros, entregados por éstos a los militares del Regimiento de Montaña N°7, de Puente Alto, quienes los conducen a su unidad y posteriormente son hechos desaparecer. En esa unidad Martínez Benavides era 2° Comandante y Jefe de Sección de Inteligencia.

Tanto el ahora fallecido, como los ex oficiales Mateo Durruty Blanco, a la época Comandante del Regimiento 7, y los miembros de la Sección de inteligencia Gabriel Bernardo Montero Uranga, Moisés Retamal Bustos, Lander Mickel Uriarte Burotto, y Guillermo Antonio Vargas Avendaño, fueron condenados a 6 años de presidio como autores de los crímenes en mayo de 2014 y permanecían en prisión desde abril del año 2015, luego que la Suprema ratificara las condenas.

Como demuestran los fríos datos, los criminales permanecieron por más de 40 años en completa impunidad. Recién el 2015, luego de casi 42 años de cometidos los crímenes, fueron recluidos. En su oportunidad, el fallo judicial estableció que los detenidos uruguayos fueron torturados reiterada y brutalmente por los victimarios. En el medio no permanecieron como inocentes palomas sino que varios de ellos continuaron sus oficios criminales y represivos al servicio de la dictadura. Martínez Benavides fue integrante de la DINA-CNI donde cumplió funciones en el Estado Mayor de la División Metropolitana hasta 1981.

Los crímenes de derechos humanos y de lesa humanidad no son prescriptibles ni amnistiables, de manera que los autores deben cumplir sus condenas en prisión; así lo exigen los tratados internacionales de justicia que Chile ha suscrito y que deben ser aplicados, a pesar de las ofensivas reaccionarias por tratar de imponer más beneficios y más impunidad a favor de los criminales. Pese al tiempo transcurrido de la comisión de los delitos, el daño causaron y la aberración que provoca siguen haciéndose sentir por el lento proceso de establecer la verdad y por el aún más lento papel de la justicia originado, entre otras causas, por el ocultamiento de información y la nula voluntad de cooperar con estas causas que siempre han mostrado estos criminales.

La Corte de Apelaciones de San Miguel nombró a la Ministra Marínela Cifuentes Alarcón para investigar, entre otros, los siguientes crímenes relacionados con la provincia Cordillera:

De los jóvenes estudiantes, FRANCISCO EUGENIO VIERA OVALLE, 19 años, del Liceo Industrial de Puente Alto, militante de la Juvenil Socialista, fue detenido el 19 de septiembre de 1973; y HECTOR ENRIQUE HERNANDEZ GARCES, de 17 años, estudiaba en el Liceo Industrial de Puente Alto, perteneciente a la Juvenil Socialista, fue detenido el 27 de septiembre de 1973. Ambos fueron asesinados por integrantes del Ejército, oficiales de la Escuela de Infantería de San Bernardo, en el campo de concentración, tortura y ejecuciones “Cerro Chena”. Sus restos descansan en el cementerio de Bajos de Mena. Sus torturadores fueron los oficiales del Ejército: Andrés Magaña, Alfonso Faúndez, Víctor Pino, Sergio Rodríguez y el Teniente de Carabineros Sergio Ávila Quiroga. Francisco Viera y Héctor Hernández, fueron asesinados el 6 de octubre de 1973, recibieron múltiples heridas de balas por la espalda y sin ningún juicio militar. Ese mismo día fueron masacrados otros 18 detenidos en el Cerro Chena.

Sobre las responsabilidades del coronel Mateo Durruty Blanco, teniente coronel Rolf Wenderott Pozo, los Oficiales Pedro Teyssedre Cartagena, Francisco Martínez Benavides, Lander Uriarte Burotto, los suboficiales Luis Canales Pino y René Cruces Tapia, todos integrantes del Servicio de Inteligencia Militar, SIM, del Regimiento Ferrocarrilero de Puente Alto.

JAIME JIMENEZ JIMENEZ,29 años, dirigente de la Central Única de Trabajadores de Chile, detenido en la población Nuevo Amanecer de Puente Alto por efectivos del regimiento local. Su cuerpo apareció muerto en Avenida Camilo Henríquez, al oriente de Puente Alto, el 17 de octubre de 1973. Sus restos fueron llevados al cementerio General de Santiago, “patio 29”; posteriormente inhumados y entregados a su familia por el Instituto Médico Legal.

JORGE ERNESTO CARRION CASTRO, 22 años, trabajaba en La Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias (EMOS), casado 2 hijos, militante del MIR, presidente del Campamento “Luis Emilio Recabarren”, vivía en la calle Los Pinos, actual población Vista Hermosa de Puente Alto. En un violento allanamiento al Campamento, fueron detenidos 60 pobladores, algunos habían huido al cerro “El Coipo”. El joven Jorge Carrión fue llevado al regimiento de Puente Alto, al tratar de fugarse es asesinado el 5 de octubre de 1973. Su familia denunció el asesinato, ante el Juzgado del Crimen de Puente Alto.

Los tres ciudadanos uruguayos Tupamaros, fueron detenidos a fines de de septiembre de 1973 por funcionarios policiales de la Subcomisaría de Carabineros de San José de Maipo. Los acusaron de tratar de salir del país por algún paso cordillerano. En esos meses, la persecución a ciudadanos sudamericanos era con extrema violencia en todo el país. Los carabineros de San José de Maipo, los entregaron al Coronel y Comandante del Regimiento de Puente Alto, Mateo Durruty Blanco; razón por lo cual  está procesado por la detención y desaparición de los tres jóvenes: ENRIQUE JULIO PAGARDOY SAQUIERES, 20 años, procedente de Montevideo, en Chile trabajaba en Canelones; ARIEL ARCOS LATORRE, 20 años, llego a Chile tres meses antes del golpe de Estado, procedente de quien por supuesto refutó el hecho y volvió a negar todo de todo: “Yo nunca supe nada, en mi regimiento nunca hubo detenidos”, insistió y mintió el comandante y Jefe de Plaza de Puente Alto.

En distintos allanamientos, trece campesinos de diferentes asentamientos de Paine fueron detenidos por militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo. Posteriormente torturados en el cerro Chena, sacados en camiones y enviados al sector de San Vicente de Pirque para ejecutarlos, bajo la responsabilidad de los oficiales Andrés Magaña Bau, Guillermo Castro Muñoz y el suboficial José Vásquez. Los Campesinos fueron baleados por la espalda y enterrados en fosas comunes. Posteriormente los cadáveres fueron desenterrados por militares de Puente Alto y Carabineros, quienes los arrojaron a la ladera sur del río Maipo. Luego fueron enviados al Instituto Médico Legal, con posterioridad los derivados al cementerio General de Santiago “Patio 29”. LUIS OSVALDO GONZALEZ MONDACA, 32 años, casado 5 hijos, presidente del Asentamiento “Huiticalán”, fue detenido en la comuna de Paine. Apresado por efectivos de Ejército de la Escuela de Infantería de San Bernardo, el día 23 de octubre de 1973, a las 10:00 horas. Ejecutado en Cerro Grande de Pirque. LUIS SILVA CARREÑO, 43 años, casado, 7 hijos campesino detenido en el Asentamiento “Arco Iris” de Paine el 16 de octubre de 1973, ejecutado en Cerro Grande de Pirque. MANUEL SILVA CARREÑO, 44 años, casado, campesino del Asentamiento “Arco Iris” de Paine .Detenido el 29 de octubre de 1973. Ejecutado en cerro Grande de Pirque. PEDRO JUAN MENESES BRITO, 30 años, soltero militante socialista, presidente del asentamiento “El Vínculo” de Paine, detenido el 21 de octubre de 1973 y asesinado el 23 de octubre de 1973 en Cerro Grande de Pirque. ROLANDO ANASTACIO DONAIRE RODRIGUEZ, 49 años, casado 6 hijos detenido el 23 de octubre de 1973 en el Asentamiento “Huiticalán” de Paine. Ejecutado en cerro Grande de Pirque. BENJAMIN ADOLFO CAMUS SILVA, 31 años, casado 2 hijos, detenido el 20 de octubre de 1973 en el Asentamiento “Huiticalán” de Paine. Ejecutado en cerro Grande de Pirque. SANTOS PASCUAL CALDERON SALDAÑO, 28 años, casado, militante socialista, detenido el 20 de octubre de 1973, en el Asentamiento “Huiticalán” de Paine. Ejecutado en cerro Grande de Pirque. BAUTISTA SEGUNDO OYARZO TORRES, detenido en el Asentamiento “Huiticalán” el 23 de octubre de 1973 en Paine. Ejecutado en cerro Grande de Pirque. JUAN MANUEL ORTIZ ACEVEDO, 38 años, casado 4 hijos presidente del Asentamiento “El Rangue”, fue detenido el 13 de octubre de 1973 en Paine y ejecutado en cerro Grande de Pirque. LUIS CELESTINO ORTIZ ACEVEDO, 36 años, casado, 7 hijos, presidente de la JAP. Detenido en el Asentamiento “El Rangue” de Paine, el 13 de octubre de 1973 ejecutado en cerro grande de Pirque. FRANCISCO JAVIER LIZAMA IRARRAZABAL, 34 años, casado, militante socialista, presidente del Asentamiento “El Rangue” de Paine. Detenido el 13 de octubre de 1973, ejecutado en cerro Grande de Pirque. JOSE MANUEL DIAZ INOSTROSA, 29 años, presidente de Asentamiento “Marcel Alto” de Paine. JOSE MANUEL PAVEZ HENRIQUEZ, 25 años, vicepresidente del Asentamiento “El Patagual” de Paine, detenido el 13 de octubre de 1973. Ejecutado en el cerro Grande de Pirque.

JULIO SEGUNDO VALENCIA CASTILLO, 32 años, casado 2 hijos, taxista, presidente de la Coordinadora de Allegados de Puente Alto. El 27 de septiembre de 1984, pobladores de la comuna de Puente Alto, realizaron una “toma de terrenos”, siendo desalojados violentamente por Carabineros .En la noche, carabineros comenzaron a buscar a Julio Valencia, cuando lo encontraron, lo golpearon con una piedra y patearon en el suelo. No conforme con eso, un carabinero con un yatagán le corto el cuello. Su cadáver sin vida, fue arrojado en la calle Oscar Bonilla de Puente Alto. Sus restos descansan en el cementerio de Bajos de Mena. Actualmente el Comunal Puente Alto del Partido Comunista, lleva su nombre en su homenaje.

PATRICIO LEONEL GONZALEZ GONZALEZ, 23 años trabajador, estudió la Básica en la Escuela N° 2 de calle Eyzaguirre, en el Liceo Industrial Las Nieves su enseñanza media. Residía en la antigua población Pedro Aguirre Cerda. Militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), el Comunal de las Juventudes Comunistas JJ-CC de Puente Alto, lleva su nombre en homenaje a su trayectoria. Fue asesinado el 10 de diciembre de 1985, a las 1:30 horas en Avenida Concha y Toro, frente al N°0160 de Puente Alto. Fue baleado por carabineros de la comuna y efectivos del Ejército del regimiento de Puente Alto, a plena luz del día, en un enfrentamiento desigual. Los uniformados sumaban más de 20 y con armamento de guerra, y el “Pato” solo tenía una pistola de bajo calibre. Se editó el libro: “Una historia de amor y coraje en Puente Alto”, con poemas en homenaje a este comprometido combatiente social. Sus restos descansan en el cementerio de Bajos de Mena. Los responsables del crimen son; Juan Orlando Muñoz Orellana, Nelson Mario Pérez y Ramón Antonio Venegas Arenas, todos funcionarios de Carabineros al momento de los hechos, quienes fueron procesados en calidad de autores por ministra Cifuentes, que además ordenó la prisión preventiva.

Ex presos políticos puentealtinos en la Corte Suprema

En relación de Torturas y Tormentos, la Policía de Investigaciones PDI (Brigada de Derechos Humanos), por instrucciones del Ministro en Visita Mario Carroza Espinoza, de la Corte de Apelaciones de Santiago, investigan las querellas presentadas y acogidas por los ex presos políticosresidentes de Puente Alto: Luis Lobos y Raúl Vargas, ambos ex dirigentes sindicales y Sergio Solís y Ricardo Klapp, antiguos dirigentes políticos de nuestra capital provincial.

Además la Brigada d Derechos Humanos de la PDI, investiga en Pirque sobre los 13 campesinos de Paine asesinados en San Vicente, en octubre de 1973 en el ex Centro de Reforma Agraria Salvador Allende.

Las organizaciones de Derechos Humanos deben promover el necesario el protagonismo del pueblo con participación social, ciudadana y popular; para transitar desde una democracia exclamativa a una democracia participativa y respetuosa de los Derechos Humanos.

Tenía 18 años y era soldado del Ejército de Chile. Estaba patrullando con su unidad en una ciudad del sur cuando el dueño de un supermercado entregó a su propio hijo, acusándolo de proporcionar municiones y comida a un grupo guerrillero. Los soldados lanzaron al joven a un pozo y comenzaron a dispararle. Después, sacaron su cuerpo ensangrentado y lleno de balas, lo subieron a una camioneta militar y se fueron. Guillermo lo presenció todo abordo de un Jeep cercano.

“Nunca supe a dónde se lo llevaron, ni siquiera su nombre,” dijo. “Toda la experiencia me hizo madurar muy rápido. Me hice soldado a los 18 y después de todo lo que vi, a los 21 yo era otra cosa”.

Guillermo formaba parte de un comando militar que pasó meses rastrillando pueblos y villorios remotos en el sur de Chile en busca de quienes se sospechaba que eran opositores de la dictadura militar del General Augusto Pinochet.

Admitió haber participado en varias ejecuciones como parte de un pelotón de fusilamiento.

“No sentía nada”, dijo. Pero ahora, agregó: “Hay momentos en que no puedo sacar las imágenes de esta gente de mi cabeza”.

Desde el retorno a la democracia en 1990, Chile ha investigado los abusos a los derechos humanos cometidos durante el régimen militar. Pero el progreso ha sido lento. Más de 1370 agentes militares, civiles y de la policía han sido procesados, acusados o sentenciados por crímenes contra los derechos humanos. De estos, solo 117 personas han ido a la cárcel, de acuerdo con un informe publicado en diciembre por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.

Hasta ahora no se ha encarcelado a ningún conscripto. Los jueces han tratado a estos soldados con benevolencia: han preferido incentivarlos a que se acerquen y ayuden a establecer la verdad.

“Son una fuente muy valiosa de información”, sostuvo Mario Carroza, un juez encargado de más de 200 casos de derechos humanos. “Estuvieron bajo un mando jerárquico estricto, obligados a cumplir órdenes que no podían rechazar. Nuestra legislación permite otorgarles ciertos beneficios si cooperan, de tal manera que el conscripto se sienta liberado del peso de mantener el secreto”.

Como miles de conscriptos más, Guillermo aún carga con las cicatrices emocionales de haber sido obligado a presenciar o cometer atrocidades. A muchos se les ordenó, bajo amenaza de muerte, golpear, matar, torturar o violar a gente inocente. Aún sienten el miedo y la vergüenza que se les inculcó mientras pasaban de la juventud a la madurez casi de la noche a la mañana. Temen represalias, el rechazo de familiares y amigos o acabar en la cárcel.

Pero mientras otros se muestran reticentes a revelar los secretos de sus pasados, Guillermo habla abiertamente de sus experiencias.

“Mis compañeros me dicen que no hable de las ejecuciones, que recuerde que tengo casa y familia. A mi señora tampoco le gusta, pero ya no tengo miedo”, dijo.

Guillermo Padilla, de 62 años, fue reclutado por el ejército cinco meses antes del derrocamiento militar del Presidente Salvador Allende en septiembre de 1973. Nunca se imaginó lo que le esperaba.

Según un informe oficial sobre prisión política y tortura durante los 17 años de la dictadura de Pinochet, después del golpe de Estado, el regimiento de Padilla en Puente Alto metía a los prisioneros en vagones de tren, con los ojos vendados, amarrados y sin agua ni comida. Muchos detenidos fueron víctimas de tortura y violaciones.

Desde hace años, Guillermo toma medicamentos para dormir por las noches y ansía el perdón de los familiares de las víctimas. Pero duda en acercarse a ellos; dice que no sabe cómo, consciente de que gran parte de la sociedad considera criminales a los soldados como él.

Padre de tres hijos adultos, Guillermo y su esposa de 40 años viven un una casa modesta y bien cuidada en Cajón del Maipo, una zona montañosa a las afueras de Santiago. Es operador de maquinaria pesada en el proyecto de represa Alto Maipo.

Se describe como un adolescente rudo y rebelde al que le gustaba boxear y que vivía en un distrito de clase trabajadora en Santiago. Su padre falleció cuando él aún era niño y fue criado por su abuela en la capital. Cuando lo reclutaron en abril de 1973 trabajaba en una mina de yeso en El Volcán en Cajón del Maipo, pasaba los fines de semana con su abuela y salía con una joven de la cafetería de la empresa.

Meses después, presenció su arresto en una redada en el lugar de trabajo. Ella no lo reconoció mientras la obligaban a salir junto con otros empleados amenazándola con una pistola, los brazos alzados. Fue detenida poco tiempo. En 1975, cuando Guillermo fue exento de sus deberes militares, retomaron su relación y se casaron.

Él quería entrar al ejército. Le gustaba el uniforme y la vida militar, y no le interesaba la política. Es amigable y conversador, pero sus ojos se llenan de lágrimas al recordar el pasado.

Cuenta que días después del golpe, un teniente de su regimiento, Aníbal Barrera, eligió a un grupo de conscriptos para que formaran parte de un escuadrón de fusilamiento. “No queríamos ir pero nos gritó e insultó y nos amenazó con que si no íbamos también nos matarían”, dijo Padilla.

Un prisionero fue arrojado boca abajo a un camión y el oficial y los soldados lo llevaron al cerro La Ballena en Puente Alto, a unos pocos kilómetros. No le cubrieron los ojos, pero sí lo colocaron de espaldas al escuadrón. Después se dio la orden a los soldados de disparar

La versión de Guillermo concuerda con registros de la ejecución de José Rodríguez Hernández, que llevaba libros marxistas cuando fue arrestado por la policía. Lo entregaron al regimiento y fue asesinado en La Ballena el 14 de septiembre de 1973. Décadas después, el teniente Barrera y el comandante del regimiento, el Coronel Mateo Durruty, confesaron el asesinato. En 2011, Durruty fue sentenciado a cuatro años de libertad condicional. A Barrera no se le acusó.

Guillermo no fue identificado como miembro de ese pelotón y nunca ha sido llamado a testificar sobre ningún crimen. Ha pasado décadas tratando de convencerse a sí mismo de que no es un asesino.

“Disparé contra gente, pero no puedo decir que maté porque no sé si mis disparos fueron los mortales… O más bien no quiero creerlo. Me ha ido carcomiendo todos estos años”, dijo.

A pesar de la distancia creada por el tiempo, la carga emocional continúa.

“Viví dos años con miedo”, dijo. “Éramos solo muchachos y nos destruyeron la vida”.