Diaz Paci Guido Mario Felix

Cardiólogos, psiquiatras, dentistas, traumatólogos, pediatras, ginecólogos y otorrinolaringólogos pusieron sus conocimientos, adquiridos para salvar vidas, en la aplicación de torturas y ejecuciones en contra de cientos de prisioneros políticos.

La mayoría de ellos aún se encuentra en funciones en hospitales públicos, clínicas privadas e instituciones de salud de las Fuerzas Armadas.

El Juramento Hipocrático dice en algunas de sus partes: "Juro por Apolo el Médico y Esculapio y por Hygeia y Panacea y por todos los dioses y diosas, poniéndolos de jueces, que este mi juramento será cumplido hasta donde tenga poder y discernimiento. A aquel quien me enseñó este arte, le estimaré lo mismo que a mis padres; él participará de mi mandamiento y si lo desea participará de mis bienes. Consideraré su descendencia como mis hermanos, enseñándoles este arte sin cobrarles nada, si ellos desean aprenderlos.

Llevaré adelante ese régimen, el cual de acuerdo con mi poder y discernimiento será en beneficio de los enfermos y les apartará del perjuicio y el terror. A nadie daré una droga mortal aun cuando me sea solicitada, ni daré consejo con este fin. De la misma manera, no daré a ninguna mujer supositorios destructores; mantendré mi vida y mi arte alejado de la culpas Ahora, si cumplo este juramento y no lo quebranto, que los frutos de la vida y el arte sean míos, que sea siempre honrado por todos los hombres y que lo contrario me ocurra si lo quebranto y soy perjuro".

Evidentemente, los que pusieron sus conocimientos al servicio de la tortura y la muerte violaron este juramento y todas las normas relativas a la defensa de los derechos humanos. Lo peor es que, con protección de las Fuerzas Armadas o con la extrema desidia de los directores de hospitales públicos designados por la Concertación, siguen en funciones atendiendo a personas que no tienen la más mínima idea de que "su doctor" tiene tan siniestro pasado.

Así ocurrió, cuando comenzaron las denuncias públicas denominadas funas, con centenares de pacientes que comenzaron a llamar a los médicos para increparles y cancelar sus visitas al enterarse de los hechos. Entre otros casos, fue lo sucedido con Alejandro Forero en la Clínica INDISA, Sergio Muñoz en el Hospital Barros Luco y Roberto Lailhacar en su consulta de calle Obispo Salas en la comuna de Providencia.

Desde los primeros días

La colaboración de los médicos que se habían puesto del lado de los golpistas se dio desde los primeros días de la dictadura pinochetista. El caso de José María Fuentealba, funcionario de salud del Ejército es uno de ellos.

El 27 de octubre de 1973 fueron entregados por Gendarmería argentina a militares chilenos, en la localidad fronteriza de Río Mayo, Néstor Hernán Castillo Sepúlveda, de 23 años, Secretario Regional de las Juventudes Comunistas; José Rosendo Pérez Ríos, de 24 años, empleado, militante del MAPU; y Juan Vera Oyarzún, de 53 años, obrero, Secretario Regional del Partido Comunista, dirigente sindical y ex regidor de Punta Arenas.

El 20 de septiembre un grupo de cuatro personas, entre las que se encontraba Juan Vera, había cruzado la frontera para pedir asilo político en Argentina. Dos días después fueron entregados a Gendarmería argentina por el propietario de una estancia del sector, llevados a Aldea Veleiros y posteriormente a Río Mayo. En esta localidad quedaron bajo la custodia del Escuadrón Nº38 de Gendarmería.

Por otra parte, el 28 de septiembre eran detenidos en una pensión de Río Mayo José Rosendo Pérez y Néstor Castillo, quienes también habían llegado desde Chile días antes. Junto a Juan Vera se les encomendó realizar trabajos en la Municipalidad de Río Mayo, mientras permanecían detenidos. Eso duró hasta el 27 de octubre, cuando son entregados a un comando militar integrado por el capitán de Ejército Joaquín Molina, un carabinero de apellido Salinas, el suboficial Evaldo Reidlich Hains y el doctor José María Fuentealba Suazo, quienes se movilizaban en una ambulancia del Hospital Regional de Coyhaique.

Según el diario La Epoca del 2 de noviembre de 1988, los militares "les comunicaron que sus familias los esperaban en la frontera. Ya en el territorio chileno, la patrulla militar obligó al grupo a subir a una camioneta y emprendió el retorno hacia el campo de prisioneros.

Las Bandurrias. Horas después el vehículo llegó al recinto militar. Sólo viajaban en su interior los uniformados y el médico. Los tres detenidos nunca aparecieron hasta el día de hoy".

La justicia sometió a proceso al doctor Fuentealba Suazo y al suboficial en retiro Evaldo Reidlich, mientras continúa las diligencias para identificar al otro integrante de la patrulla y se realizan inspecciones en la Reserva Forestal Coyhaique del Cementerio El Claro, lugar donde habrían sido ejecutados y hechos desaparecer los tres ciudadanos chilenos. Joaquín Molina Fuenzalida, el capitán que comandó al grupo, fue asesinado por Manuel Contreras Valdebenito, hijo del jefe de la DINA.

Como en este caso, también aparece desde el primer momento el cardiólogo de Punta Arenas Guillermo Aranda y Alejandro Babaich Schmith, Director del Hospital "Cirujano Guzmán" de esta ciudad, reconocidos por muchos torturados de esa localidad. Otro es Darwin Arraigada Loyola, en ese momento dirigente del Colegio Médico de Chile, quien fue posteriormente nombrado por la Junta Militar como Director General de Salud y al que se le acusa, entre otras cosas, de entregar a numerosos médicos de izquierda, más de 30 de los cuales fueron asesinados, y participar en el plan de administrar drogas en los alimentos para asesinar a prisioneros políticos.

El médico Raúl Díaz Doll, funcionario de la Dirección General del Servicio Nacional de Salud, integró la comisión militar que investigaba la filiación política de los médicos. Organizó el soplonaje en el servicio y participó personalmente en los interrogatorios a los médicos detenidos y torturados.

En Iquique, el pediatra Werner Gálvez, Coronel de Sanidad, aplicó inyecciones intravenosas de pentotal sódico, alternadamente con suero biológico, durante interrogatorios a los prisioneros de guerra. Mientras en Valdivia, el traumatólogo Fernando Jara de la Maza participó directamente en la aplicación de tortura a los detenidos.

En la provincia de Concepción, asesora a los torturadores de Fuerte Borgoño y extiende certificados por "muerte natural", para encubrir los crímenes, un médico de Carabineros de apellido Minoletti. En tanto en Tejas Verdes, cuna de la DINA, cumple funciones de colaboración en las torturas cometidas en el Campo de Prisioneros Número Dos de ese recinto militar el doctor Vittorio Orvieto Teplizky, que posteriormente se incorporaría a la Brigada de Salubridad de dicha asociación ilícita, apareciendo como director de la clínica clandestina Santa Lucía. En las cercanías de Santiago, el radiólogo Bernardo Pulto, junto al Fiscal militar de Melipilla, tomó parte personalmente en las sesiones de tortura a los prisioneros.

La Brigada de Sanidad

La DINA tuvo su propio equipo para atención del personal de servicio, de prisioneros que colaboraban y la aplicación de tormentos a quienes consideraba sus "enemigos". Junto al ya citado Vittorio Orvieto Teplizky, cumplían funciones Werner Zanghellini, Hernán Taricco, Nader Nasser, Osvaldo Eugenio Leyton Bahamondez, Rodrigo Vélez, Samuel Valdivia Soto, Luis Hernán Santibáñez Santelices, Eduardo Contreras Balcarce, el ginecólogo Juan Pablo Figueroa Yáñez, el otorrino Eugenio Fantuzzi Alliende, el psiquiatra Roberto Lailhacar Chávez, el dentista Sergio Roberto Muñoz Bonta y la enfermera María Eliana Bolumburú Taboada. Otro médico, del cual sólo se sabe el apellido, es el psiquiatra Bassaure. Sin formar parte de la estructura, el médico Gregorio Burgos del Regimiento de Los Angeles, colaboró con agentes de la DINA buscando formas de tortura sin que el detenido perdiera el sentido.

Muchos de ellos parece que ya no ejercen funciones en sus respectivas áreas, aunque se mantienen cercanos, como la enfermera María Eliana Bolumburú que trabaja en un laboratorio químico de calle Ejército. Otros continúan activos y asumen destacados roles en su profesión, como Roberto Emilio Lailhacar Chávez, quien en los últimos años de los '90 y hasta el 2001 ocupara el cargo de presidente de la Sociedad Chilena de Sexología y Educación Sexual, cuya sede funcionaba en su consulta particular de Obispo Salas 290 en la comuna de Providencia.

esta organización integró, como "persona natural", al abogado Víctor Manuel Avilés Mejías, integrante del Departamento Jurídico de la DINA.

Por su parte, el cirujano dentista Sergio Muñoz Bonta, que trabajó en las clínicas clandestinas Santa Lucía y London, atendió entre otras personas a Marcia Merino, la "flaca Alejandra", y fue "socio fundador" de la empresa de pantalla Pedro Diet Lobos, por intermedio de la cual la DINA lavaba los dineros provenientes del Estado, del tráfico de armas y drogas, y legalizaba los robos de casas, autos y bienes de aquellos prisioneros que eran hechos desaparecer. Aquí fue "colega", por ejemplo, de Francisco Ferrer Lima, Emilio Sajuria Alvear, Ricardo Lawrence Mires, Fernando Gómez Segovia, Augusto Pinochet Hiriart y Pedro Espinoza Bravo.

Luis Hernán Santibáñez Santelices aparece implicado en la desaparición de Juan Elías Cortés Alruiz, militante comunista secuestrado en abril de 1976, caso por el que incluso fue llamado a declarar por el ministro Servando Jordán en 1980 junto a Germán Barriga Muñoz, (coronel (r) suicidado) Emilio Troncoso Vivillos, Heriberto Acevedo, Vianel Valdivieso y Julio Leyton Robles, hermano de Manuel Leyton, muerto en extrañas circunstancias en la clínica London.

El doctor Santibáñez reconoció el 17 de julio de 1980 haber integrado la DINA en calidad de médico. Informó que en la calle Almirante Barroso existía la Clínica London, a cuyo cargo estaba el doctor Taricco. Cuando se le exhibió la foto de Cortés dijo que le parecía cara conocida y que posiblemente pudo haber visto a esa persona en el Hospital San Juan de Dios. En la misma diligencia se le interrogó sobre el caso de Gabriel Castillo Tapia, desaparecido desde el 5 de agosto de 1976.

En la muerte de Manuel Leyton Robles aparece implicado otro doctor, Osvaldo Leyton Bahamondes, quien firmó un certificado de defunción afirmando que el agente de la DINA había fallecido a causa de una crisis epiléptica y de arritmia cardiaca. El deceso habría sido en Almirante Barroso Nº 76, donde funcionaba la Clínica London. Lo cierto es que Manuel Leyton fue asesinado por sus "colegas" al ser descubierto su papel de integrante de la DINA tras participar en un trabajo encargado por Germán Barriga: el robo de una renoleta.

Por su parte, Sergio Marcelo Virgilio Bocaz, tras finalizar su labor en la DINA, con base en la Clínica Santa Lucía, continuó trabajando en el Comando de Logística de la CNI y a fines de la dictadura se le vio aparecer en publicidad de diversos tipos, como una de Nescafé, otra de galletas Tritón y de instituciones financieras. Aún ejerce funciones en el Hospital Félix Bulnes. El doctor Eugenio Fantuzzi tiene su consulta particular y es Jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la Clínica Dávila. El ginecólogo Juan Pablo Figueroa atiende de lunes a viernes en la Clínica Arauco y Hernán Taricco Lavín continúa trabajando para el Ejército en el Centro Médico Militar de Maipú.

Werner Zanghellini Martínez, quien inyectara con el virus de la rabia al detenido Jorge Fuentes Alarcón, abandonó rápidamente su consulta, ubicada en Galvarino Gallardo 1983, cuando fue funado por decenas de personas hace un par de años. Se sabe que continúa atendiendo en una consulta de Avenida Providencia que pertenece a un familiar, aunque su nombre no aparece en la placa adosada a la puerta.

La CNI y el Comando Conjunto

Aunque en el Comando Conjunto, integrado básicamente por miembros de la Fuerza Aérea, se conoce la presencia de otros médicos, el que ha sido procesado como parte permanente de esta asociación ilícita es el cardiólogo Alejandro Jorge Forero Alvarez, comandante de escuadrilla de la FACH y funcionario del hospital institucional. Nombrado en la mayoría de los casos que involucran al Comando Conjunto, se sabe que en 1976 prestó servicios como soldado segundo en la Base Aérea de El Bosque y en el Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina, usado como centro clandestino de reclusión por la FACH. En este lugar habría participado supervisando las torturas y drogando a los prisioneros que eran sacados para hacerlos desaparecer. Forero participó en Patria y Libertad durante el gobierno de la Unidad Popular, donde conoció a Roberto Fuentes Morrison, alias "el Wally".

Ya en dictadura, fue procesado por el ministro Carlos Cerda, pero dicho proceso fue cerrado y amnistiado por un juez puesto especialmente para eso. Por los delitos de asociación ilícita y detención ilegal de Víctor Vega Riquelme, fue procesado junto a otros 20 integrantes del Comando Conjunto.

En la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) aparece Jorge León Alessandrini, dentista y agente civil, implicado en el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez donde habría actuado proporcionando el arma homicida.

La CNI también contó con su propio equipo médico, especialmente en los recintos clandestinos de torturas ubicados en Santiago, como el Cuartel Borgoña, y otros de regiones. Casos que han alcanzado notoriedad dejaron al descubierto a algunos de ellos, por ejemplo a los implicados en la muerte por torturas del profesor Federico Alvarez Santibáñez en agosto de 1979.

El joven militante del MIR fue entregado por Carabineros a la CNI, donde fue sometido a terribles apremios mientras era "vigilado" por profesionales de la salud para evitar su muerte. Entre éstos aparecen Luis Losada Fuenzalida, Manfred Jurgensen Caesar y Camilo Azar Saba, todos sancionados por el Colegio Médico el 31 de marzo de 1986.

Losada Fuenzalida firmó un informe en el que indicó que el docente estaba en buenas condiciones físicas sólo una hora antes de la muerte de Alvarez Santibáñez. Dr. Camilo Azar Saba (actualmente tiene un sitio web y un blog:( http://camiloazar.blogspot.com/ y http://www.camiloazar.com/ )  es traumatólogo y ortopedista, por lo que conocía a la perfección las zonas del cuerpo más sensibles, que pudieran causar mayor dolor con menos peligro de muerte. Sin embargo, en este caso no sirvieron: Federico Alvarez falleció debido a contusiones múltiples, hemoptisis e insuficiencia pulmonar. Otro caso es el del transportista serenense Mario Fernández López, secuestrado por la CNI en octubre de 1984. Tras la muerte por torturas de Fernández, fueron sancionados por el Colegio Médico los doctores Víctor Carcuro Correa y Guido Mario Félix Díaz Paci, partícipes de la aplicación de tormentos al detenido.

Guido Díaz Paci, conocido médico del Ejército, mintió a los doctores de turno del Hospital de La Serena, aduciendo que el detenido venía de una Tenencia de Carabineros y no de la CNI, y solicitando a los médicos que ocultaran el estado del detenido.

Una vez fallecido Mario Fernández, Díaz Paci intentó que el facultativo que había operado de urgencia a la víctima falsificara el diagnóstico de su muerte, ocultando los verdaderos motivos del deceso.

Ya en 1974, cuando participó en la exhumación del cuerpo de María Avalos, asesinada junto a su marido Bernardo Lejdermann en diciembre de 1973 por una patrulla del Regimiento Arica de La Serena, mintió al extender un certificado de defunción asegurando que la mujer se había dinamitado.

Como muchos de estos "médicos de la muerte", Díaz Paci continúa trabajando en La Serena.

El lugar de trabajo

H. Darwin Arraigada Loyola, Medicina general. Atiende en Santa María 217, oficina 34, comuna de Independencia. Fono 7372626.

Dr. Eugenio Fantuzzi Alliende, Otorrinolaringólogo. Médico Jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la Clínica Dávila, ubicada en Avenida Recoleta 464, Santiago. Consulta Particular en Luis Thayer Ojeda Norte 073, oficina 606, Providencia. Teléfono 233 7524. Fax 234 1740.

Dr. Juan Pablo Figueroa Yáñez, Ginecólogo y Obstetra. Atiende de lunes a viernes en la Clínica Arauco, ubicada en el Parque Arauco. Avenida Kennedy 5413-B. Teléfono 2990299.

Werner Zanghellini Martínez, Cardiólogo. Ultima dirección conocida: Galvarino Gallardo 1983, Providencia. Ahora atiende sin publicidad en la consulta de un familiar, en la misma comuna.

Sergio Marcelo Virgilio Bocaz, Medicina general. Aún se encuentra en funciones en el Hospital Félix Bulnes, ubicado en Leoncio Fernández 2655, Quinta Normal, Santiago.

Hernán Horacio Taricco Lavín, Pediatra. Atiende los martes, jueves y viernes, de 12:00 a 14:30 horas, en el Centro Médico Militar de Maipú, ubicado en la Avenida Ramón Freire Nº6097, Villa Militar Oeste, Paradero 3 1/2 de Pajaritos, Comuna Estación Central. Teléfonos: 450 8564, 450 8565, 450 8566. Fax: 4508563.

Manfred Jurgensen Caesar, Medicina general. Trabaja en el Hospital Militar de Santiago.

Alejandro Forero Alvarez, Cardiólogo. Trabaja en la Clínica INDISA, Avenida Santa María 1810, fono 2254555. Consulta Particular Apoquindo 6275, oficina 116.

Guido Díaz Paci, Pediatra. Atiende en el Regimiento de Infantería N°21 "Arica" de la Segunda División de Ejército con base en La Serena, bajo el mando del General de Brigada José Gabriel Gaete Paredes.

Camilo Azar Saba, Traumatólogo. email:  camiloazar@vtr.net  . Fonos: (56-2) 679 65 00.

Sergio Roberto Muñoz Bonta, Dentista. Atiende en el Hospital Barros Luco-Trudeau y en la consulta médica dental "San Lucas" de José Domingo Santa María 1338. Fonos 7377674 y 7379978.

Roberto Lailhacar Chávez, Psiquiatra. Continúa atendiendo en Obispo Salas 290, Oficina 168. Fono 2239405.

La DINA a honorarios

Entre ellos, hay ex integrantes de las brigadas Mulchén, Rengo y el grupo Leopardo. También un ex fiscal militar que falsificó documentos para encubrir el crimen de Carmelo Soria, un médico del Ejército que torturó prisioneros y el agente que sacó a Eugenio Berríos de Chile.

El fantasma de los crímenes de la DINA y la CNI revive en las planillas de funcionarios a honorarios del Ejército.

En la lista, actualizada a 2009 por la misma institución castrense, figuran ex integrantes de las brigadas Mulchén, Rengo y el Grupo Leopardo, algunos actualmente procesados. También un médico torturador expulsado del colegio de la orden en 1987 y un ex fiscal militar acusado de falsear documentación para proteger a los asesinos del diplomático chileno-español Carmelo Soria. Además, aparece el ex agente de la inteligencia del Ejército que sacó clandestinamente de Chile al químico de la DINA, Eugenio Berríos.

Uno de ellos es un viejo estandarte de la elite que rodeó a Manuel Contreras en el cuartel general de calle Belgrano 11: el coronel (R) Hugo "Cacho" Acevedo Godoy, ayudante del capo de la DINA. Número cinco en la lista de agentes de la CNI que el Ejército entregó al juez Sergio Muñoz en el marco de la investigación del crimen de Tucapel Jiménez, Acevedo está casado con la "Dama del Pentotal", la enfermera-agente Carlota Bolumburu Taboada, quien mató prisioneros en la Clínica Santa Lucía inyectandoles sobredosis de pentotal.

"Yo fui de la Brigada Rengo, una unidad de seguridad en la DINA que estaba al mando del entonces capitán Christoph Willikie Flöl (condenado por el crimen del general Carlos Prats). Después, en 1977, fui parte de la seguridad personal de mi general Augusto Pinochet", le dijo el "Cacho" al juez Alejandro Madrid en el proceso por el crimen del cabo agente Manuel Leyton.

Amante de la historia, Acevedo recurrió a la batalla de La Concepción para escoger las chapas de dos militantes del MIR y otra de militancia socialista que se convirtieron en agentes: Marcia Merino Vega, María Uribe Gómez y Luz Arce Sandoval asumieron los nombres de Marta Vergara, Gloria Vilches y Ana María Vergara, mujeres que participaron en ese combate de la Guerra del Pacífico.

Acevedo tiene un contrato a honorarios vigente de $751.259 mensuales por "asesoría para administración del predio militar Casas Viejas de Chena".

El médico y coronel (R) Guido Díaz Paci es otro de los "beneficiados" por la rama castrense con fondos fiscales. Participó en el paso de la Caravana de la Muerte por La Serena el 16 de octubre de 1973, fecha en que 15 prisioneros fueron ejecutados. Esa tarde, después de la masacre, Díaz acomodó los cuerpos, les quitó los efectos personales de los bolsillos y con su informe médico formó parte del encubrimiento de la matanza, que quedó registrada oficialmente como el cumplimiento de una "sentencia de un tribunal militar", según informó el entonces teniente Juan Emilio Cheyre al diario El Día de La Serena.

Díaz Paci pasó más tarde del montaje a la acción y torturó prisioneros en el regimiento Arica de La Serena. Una de sus víctimas allí fue la prisionera Margarita V.C.

"Tenía cinco meses de embarazo y aborté por las torturas. Entre mis torturadores reconocí al siquiatra Carlos Andreu Albornoz y al médico del regimiento Arica de La Serena y del Hospital de La Serena, Guido Díaz Paci. Fui violada, me pusieron ratas y arañas en la vagina, y me inyectaban pentotal", dijo la ex prisionera a la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), declaración consignada en el informe Testimonios de la Tortura en Chile, publicado por esta organización en diciembre de 2003.

En octubre de 1987, el Colegio Médico expulsó de sus filas a Díaz Paci por su participación, en complicidad con la CNI, en el falseamiento de antecedentes sobre el estado de salud del transportista democratacristiano de La Serena, Mario Fernández López, quien, producto de las torturas, había fallecido en el Hospital de La Serena en octubre de 1984.

Díaz Paci tiene un contrato a honorarios vigente de $400.000 mensuales por "atención médica al personal activo, pasivo, y familiares". Hasta ahora, este médico no ha sido procesado por delitos de lesa humanidad.

Jefe de "Leopardo"

El coronel (R) Sergio Castillo González recibe actualmente $1.205.298 mensuales del Ejército por "asesoría al desarrollo del proyecto de estructura de la carrera profesional".

Es parte de los ingresos que recauda este integrante del equipo de oficiales instructores que entre noviembre y diciembre de 1973 conformó el primer contingente de agentes de la naciente DINA en Rocas de Santo Domingo. El ex agente Nibaldo Jiménez Castañeda, parte de ese primer contingente, recordó en el proceso por los desaparecidos de la Operación Colombo que en enero de 1974 "llegamos al cuartel de Londres 38 con un grupo de 20 agentes al mando del capitán Sergio Castillo González". Otro ex agente, Fernando Guerra Guajardo, declaró que "en septiembre de 1974 fuimos destinados al cuartel de calle Irán con Los Plátanos (Ñuñoa, conocido como Venda Sexy) y en marzo-abril de 1975 al de José Domingo Cañas (Ñuñoa), al que se trasladaron los grupos Ciervo y Leopardo de la Brigada Purén". Castillo González comandó justamente el grupo Leopardo. "Dentro de la Brigada Purén estuvo el Grupo Leopardo a cargo del entonces capitán Castillo", reconoció el ex agente Guido Jara Brevis.

Castillo operó codo a codo con el temido Marcelo Moren Brito, conocido como "El Ronco", en Londres 38. Allí, según relató Nibaldo Jiménez, quien trabajó en Leopardo bajo el mando de Sergio Castillo, "una de nuestras misiones fue trasladar detenidos al regimiento de Tejas Verdes". En esos "traslados" desaparecieron decenas de detenidos. Sus cuerpos fueron lanzados al mar. En diciembre de 2005, ante el juez Juan Fuentes Belmar, el coronel (R) Castillo González admitió su calidad de agente DINA. El ex jefe de Leopardo fue procesado en mayo de 2008 por el juez Víctor Montiglio como uno de los autores de los secuestros y desapariciones de las víctimas de la Operación Colombo (caso de los 119): Jaime Buzio Lorca (PC), Rodolfo Espejo Gómez (PS), y Albano Fioraso Chau (MIR), todos desaparecidos desde el cuartel de Londres 38 en 1974.

El fiscal Cea

Sergio Cea, responsable de la cátedra de Derecho a la Información de la Universidad del Desarrollo, recibe honorarios por $677.222 mensuales del Ejército como "asesor jurídico en el proyecto de reformas a la justicia militar". El profesor Cea presentó un particular currículum en la casa de estudios vinculada al grupo Penta, compuesto por Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.

En 1993, la magistrada Violeta Guzmán reinició la investigación por el crimen del diplomático chileno-español Carmelo Soria, cometido por la Brigada Mulchén en 1976. Antes de que la Corte Suprema traspasara el proceso a la justicia militar, el suboficial integrante de esa brigada, Remigio Ríos San Martín, alcanzó a declarar que Soria fue asesinado por ese grupo. Incluso dio los nombres. Sin embargo, una vez que la causa pasó a la Segunda Fiscalía Militar de Santiago, precisamente a cargo del coronel de Justicia y fiscal Sergio Cea Cienfuegos, la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) inició una ofensiva para trabar el proceso. No sólo intentó convencer al suboficial de que se desdijera presionándolo con su familia y regalandole además una camioneta, sino que también instó al fiscal Cea a que falseara algunas declaraciones y falsificara la firma de Ríos y de otros que tomaron parte o supieron del operativo para matar a Soria y habían decidido aportar información.

Cea, junto a sus secretarios Héctor Zúñiga Cadenasso y Leonardo García Pérez, fueron parte de la operación de encubrimiento y falsificación de instrumentos públicos iniciada por la DINE, bajo el mando de su jefe, el general Eugenio Covarrubias Valenzuela. El brigadier Jaime Lepe Orellana, uno de los autores del crimen de Soria y por ese entonces secretario del dictador Augusto Pinochet, tuvo activa participación en esa operación.

Pese a lo anterior, la Corte Suprema amnistió la causa por el homicidio de Soria en agosto de 1996. Pero el 19 de enero de 2009, el juez Alejandro Madrid -quien instruye el proceso por el asesinato del químico DINA, Eugenio Berríos, y además investiga los nuevos antecedentes del caso Soria- procesó al ahora ex fiscal Cea, junto a Lepe Orellana, como coautores del delito de falsificación de instrumento público. Sus dos secretarios fueron encausados como cómplices de ese ilícito.

Sergio Lautaro Cea Cienfuegos sigue con sus clases en una de las llamadas de universidades "cota mil", enclavada en San Carlos de Apoquindo. La misma institución en que imparte conocimientos Joaquín Lavín y sus principales samurái.

Un Iturriaga en Mulchén

Los hermanos Iturriaga Neumann fueron fieros agentes. Raúl Eduardo -jefe de la Brigada Purén y del departamento exterior de DINA- y Jorge Enrique están condenados por el doble crimen del general Carlos Prats y su esposa. Un tercer miembro del clan, Alfredo Patricio, fue también agente de la Brigada Mulchén.

"Los miembros de esa unidad éramos Guillermo Salinas Torres, Pablo Belmar Labbé y Patricio Quilhot Palma", declaró Alfredo Iturriaga Neumann al juez Alejandro Madrid. Aunque desconoció el nombre de Brigada Mulchén y dijo que el grupo recibía el elegante nombre de "Unidad de Seguridad Adelantada del general Pinochet", en su declaración agregó que "esa unidad formaba parte de la DINA".

Los nombrados precisamente integraban Mulchén, además de Jaime Lepe. En todo caso, su pertenencia a esta grupo, que operó en coordinación con Michael Townley y Eugenio Berríos, con el gas sarín y otros elementos químicos letales, está acreditada en el proceso por el crimen de Carmelo Soria y en las otras causas que instruye Madrid.

Boina negra y comando, símbolo de la elite de los órganos de represión de la dictadura, Alfredo Iturriaga Neumann forma parte de la plantilla vigente de funcionarios a honorarios del Ejército, recibiendo mensualmente un sueldo de $700.000, como "asesor en materias relacionadas con el levantamiento de competencias de la fuerza terrestre".

Pablo Rodríguez Márquez -procesado y formalmente acusado por el juez Alejandro Madrid como autor de los delitos de secuestro, asociación ilícita criminal y obstrucción a la justicia en el caso Berríos- también aparece en la planilla de funcionarios a honorarios del Ejército.

El 26 de octubre de 1991, el teniente Rodríguez sacó de Chile al químico Eugenio Berríos clandestino a Uruguay, con la identidad falsa de "Manuel Morales Jara". En febrero de 1990, Rodríguez había pasado desde la CNI a la DINE. Allí integró la Unidad de Operaciones Especiales, disfrazada pomposamente como Unidad de Asesoría de Análisis. Esta repartición, con fondos reservados aportados por Pinochet, obstruyó la tarea de los jueces que investigaban los crímenes de la dictadura.La unidad sacó también de Chile a los agentes Carlos Herrera Jiménez y Arturo Sanhueza con destino a Argentina y Uruguay.

En Montevideo, Rodríguez fue uno de los principales participantes y articuladores en mantener a Berríos bajo secuestro. Poco antes, el 10 de septiembre de 1991, salió a Argentina en busca de un pasaporte falso. Dos días después, regresó a Santiago "estrenando" el nombre de "Mauricio Gómez", con el que Herrera fue sacado siete días después para sustraerlo del proceso por el crimen de Tucapel Jiménez.

Hoy, Pablo Rodríguez Márquez recibe del Ejército un honorario mensual de $700.000, como "asesor de la sección preparación de la fuerza".

Consultado telefónicamente el Ejército por LND, no hubo respuesta en el Departamento Comunicacional de la institución. Tampoco se recibió una opinión a la consulta hecha a través del correo electrónico de relaciones públicas.

Familiares: “Vergüenza nacional"

Para la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, que el Ejército esté financiando con fondos “de todos los chilenos” a ex agentes que cometieron crímenes durante la dictadura “es una vergüenza nacional y una afrenta al pueblo chileno, pero la infamia más grande es que nosotros, los familiares de nuestras propias víctimas, estamos con nuestros tributos ayudando a pagar los sueldos de estos criminales que secuestraron, asesinaron e hicieron desaparecer a nuestros padres e hijos”.

Agrega que “esto prueba que el Ejército no se ha desvinculado de estos criminales. No podemos seguir soportando tanta complicidad. Gracias a la Ley de Transparencia, se ha conocido esta lista de gente a honorarios, pero quién sabe cuántos más de estos mismos sujetos estarán siendo pagados con fondos públicos, puesto que la lista del personal a contrata del Ejército aparece como reservada, amparada en el Código de Justicia Militar”.

Carmen Soria, hija del diplomático chileno-español asesinado por la Brigada Mulchén, sostiene que “esto es una vergüenza que debe ser denunciada internacionalmente. Es sencillamente un doble estándar, porque, mientras nos hablan de respetar los derechos humanos y hacer justicia, el Ejército sigue financiando a estos criminales”.

Soria adelanta que demandará al gobierno que obligue al Ejército a poner fin de inmediato a los contratos de estas personas. “Yo también estoy ayudando a pagar sus sueldos, mientras hay miles de exonerados políticos que hoy están en la miseria. Esto lo voy a poner en conocimiento de las autoridades de España para que presenten este hecho al gobierno chileno”, señala.

Roberto D’Orival, integrante del Colectivo 119, que agrupa a los familiares de las 119 víctimas de la Operación Colombo, perdió a su hermano Jorge en ese operativo. Al tanto de esta irregularidad, afirma que “esto es algo inmoral que pone en cuestión la democracia chilena, pues se supone que la dictadura llegó a su fin, pero vemos que el Estado de Chile sigue financiando a los violadores de derechos humanos. Como colectivo vamos a exigir explicaciones al Ministerio de Defensa”.

A 40 años del Golpe Militar la sociedad vincula a los militares con las violaciones a los derechos humanos, pero en muchos casos, la participación de civiles ha quedado omitida. Una lista con médicos apunta a su rol en diversas violaciones a los Derechos Humanos y desde el colegio de la especialidad se destaca que aún hay condiciones que impiden penalizar estos actos.

Bernardo Lejderman y María Avalos fallecieron en 1973, ejecutados por militares en el norte, un crimen conocido hace pocos días por el emplazamiento de Ernesto Lejderman al saber que sus padres no se habían suicidado con explosivos, tal como señalaba el parte médico firmado por Guido Díaz Paci, médico que se mantiene en actividad hasta la actualidad trabajando en el Departamento de Tránsito de la municipalidad de La Serena.

Como éste, son distintos casos de violaciones a los derechos humanos que tienen a médicos civiles como protagonistas. La abogada Carmen Hertz realizó un listado, donde detalla una treintena de galenos vinculados a la dictadura que se mantienen en la impunidad, incluso ejerciendo su profesión.

La abogada describe el rol que ejercieron los profesionales, en procesos de interrogatorio y tortura para que la DINA cumpliera con los objetivos trazados desde la Junta Militar: “Existe una larga nómina de médicos que fueron funcionarios de la DINA, que colaboraron en la aplicación de tortura en centros clandestinos. Parte de ellos han sido sometidos a proceso, los médicos mantenían a los presos vivos en la aplicación de torturas, para que la DINA pudiera sacar la información que ellos pretendían”.

Carmen Hertz subraya que hoy los médicos se mantienen en actividad, sin ser individualizados en las investigaciones, eludiendo además una condena moral por estos hechos.

“Hay una suerte de renuencia a la persecución criminal de civiles, pese a pruebas evidentes, por ejemplo muchos de estos médicos ejercen y ocupan cargos directivos en la Clínica Dávila y en la Clínica Indisa. Hay complicidad en la justificación de políticas de exterminio y en propiciarla, que en definitiva ha vivido en la impunidad judicial, política, social y moral”, indicó la abogada.

La labor de los médicos va desde la asistencia en métodos de tortura, destinar medicamentos en interrogatorios, como el llamado “suero de la verdad” (pentotal sódico) falsificación de documentos, adulterar fichas clínicas o firmar certificados de defunción con motivos de deceso que ocultan la responsabilidad de organismos de inteligencia.

El Colegio Médico levantó sumarios contra profesionales vinculados a la dictadura, inhabilitando su ejercicio e incluso retirando el título profesional. El doctor Álvaro Reyes Bazán, presidente del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, destaca que antes del régimen un médico debía estar colegiado por obligación, pero esta condición se eliminó y con ello el organismo pierde su potestad para inhabilitar el ejercicio de la profesión.

Reyes Bazán apunta que “en ese momento el Colegio tenía autoridad para someter a proceso o rescindir el ejercicio de la profesión. Pero hoy no, el Colegio no recuperó su categoría y no tiene autoridad, antes era obligatorio para ejercer la medicina pero ahora es voluntario, son secuelas de la dictadura que no han sido superadas todavía”.

Álvaro Reyes tuvo un rol especial en el resguardo de perseguidos por militares, evitando incluso la desaparición de Miria Contreras, “Payita”, secretaria personal de Salvador Allende. A su juicio, hoy el Colegio no tiene herramientas para penalizar irregularidades de profesionales no inscritos, lo que destaca como una más de las herencias políticas que dejó ese período.

El médico apuntó que “es una lucha que hemos mantenido por recuperarlo, pero no se ha logrado, se necesitan altos quórum para cambiar algunos aspectos de la Constitución, una serie de instrumentos para impedir que la voluntad popular se manifieste. Vivimos por un sistema organizado en dictadura, eso es lo fundamental, e involucra un cambio importantísimo que es recuperar la democracia plena”.

Tanto la abogada como el médico subrayan que profesionales de la medicina vinculados a los crímenes de la dictadura pueden estar legítimamente en ejercicio, tanto en instituciones de Fuerzas Armadas como en el sector privado. Por contraste, la desaparición de médicos perseguidos por su condición política se mantiene en un proceso judicial aún en curso.

La lista de médicos es la siguiente:

1. Darwin Arriagada – Médico, dirigente del Colegio Médico de Chile en 1973. Fue nombrado por la Junta Militar como Director General de Salud. Participó en el plan de administrar drogas en los alimentos para asesinar a presos políticos. Entregó a numerosos médicos de izquierda, más de 30 de los cuales fueron asesinados. Atiende en Santa María 217, oficina 34, comuna de Independencia.

2. Camilo Azar Saba – Médico de la CNI. Fue suspendido por seis meses del Colegio Médico por su participación en torturas aplicadas a prisioneros en cuarteles de la CNI. Implicado en caso de Federico Álvarez Santibáñez.

3. Guillermo Araneda – Médico de Punta Arenas, Cardiólogo. Aplicó sus conocimientos para la tortura de presos en esta ciudad.

4. Alejandro Babaich Schmith – Director Hospital “Cirujano Guzmán” de Punta Arenas. Asesor en torturas contra prisioneros políticos.

5. Gregorio Burgos – Médico del Regimiento de Los Ángeles. Asesoró a agentes de la DINA en buscar formas de tortura sin que el detenido perdiera el sentido.

6. Víctor Carcuro Correa – Médico de la CNI. Este doctor fue suspendido de sus derechos en el Colegio Medico por su participación en las torturas que culminaron con la muerte del transportista Mario Fernández López, en La Serena, en octubre de 1984.

7. Raúl Díaz Doll – Médico, funcionario de la Dirección General del Servicio Nacional de Salud. Integró la comisión militar que investigaba la filiación política de los médicos. Organizó el soplonaje en el servicio y participó personalmente en los interrogatorios a los médicos detenidos y torturados.

8. Guido Mario Félix Díaz Paci – Medico del Ejército y de la CNI. Oficial de sanidad militar del Ejército que participa de los hechos que culminaron con la muerte del transportista Mario Fernández López, en La Serena. Las causas de la muerte de Fernández López fueron las torturas sufridas en el cuartel de la CNI de dicha ciudad en octubre de 1984. Cuando Mario Fernández debió ser trasladado al Hospital de La Serena, Díaz Paci mintió a los doctores de turno del Hospital, aduciendo que el detenido venía de una Tenencia de Carabineros y no de la CNI, solicitando a los médicos que ocultaran el estado del detenido. Una vez fallecido Fernández, el médico y agente CNI intentó que el facultativo que había operado de urgencia a la víctima falsificara el diagnóstico de su muerte, ocultando los verdaderos motivos del deceso. Por todas estas razones Guido Díaz Paci fue expulsado del Colegio Médico. En 1974 participó en la exhumación del cuerpo de María Avalos, asesinada junto a su marido, Bernardo Lejdermann, en diciembre de 1973 por una patrulla del Regimiento Arica de La Serena. En el certificado de defunción aseguró que la mujer se había dinamitado.

9. José María Fuentealba Suazo – Médico del Ejército. El 27 de octubre de 1973 José Fuentealba participa en la comitiva que viaja a Río Mayo, en Argentina, para trasladar a 3 detenidos, Juan Vera, Néstor Castillo y José Rosendo Pérez, que habían sido capturados por Gendarmería argentina cuando escaparon en busca de refugio político. La comitiva iba al mando del Capitán Joaquín Molina Fuenzalida (asesinado por el hijo de Manuel Contreras) y también la integraban un carabinero de apellido Salinas y el suboficial Evaldo Reidlich Hains. Los tres prisioneros fueron subidos a un vehículo del Hospital Regional de Coyhaique y trasladados en dirección a Chile, pero nunca llegaron a destino. En abril del 2002, el juez del Primer Juzgado del Crimen de Coyhaique, Luis Sepúlveda, sometió a proceso a Fuentealba Suazo y al suboficial (R) de Carabineros Evaldo Reidlich Hains.

10. Alejandro Jorge Forero Alvarez – Cardiólogo. Registro Colegio Médico 9580-K. Comandante de Escuadrilla y médico que se desempeñaba al momento del golpe de Estado en el Hospital de la FACH. En 1976 prestó servicios como soldado segundo en la Base Aérea de El Bosque y en el Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina. En este lugar participa del Comando Conjunto, supervisando las torturas y drogando a los prisioneros que eran sacados para hacerlos desaparecer. Fue sometido a proceso por el juez Carlos Cerda en plena dictadura. Por estos días ha vuelto a ser requerido en nuevos procesos del Comando Conjunto.

11. Werner Gálvez – Médico pediatra, Coronel de Sanidad en Iquique. A comienzos del régimen militar aplicó inyecciones intravenosas de pentotal sódico, alternadamente con suero biológico, durante interrogatorios en esta ciudad.

12. Fernando Jara de la Maza – Médico traumatólogo de Valdivia. En los días posteriores al golpe militar participó directamente en la aplicación de tortura a detenidos.

13. Manfred Jurgensen Caesar – Médico de la CNI. Este médico, a la vez agente de la CNI, fue expulsado del Colegio Médico por su participación en torturas aplicadas a prisioneros en cuarteles clandestinos de este organismo represivo. Implicado en muerte de Federico Alvarez Santibáñez.

14. Luis Losada Fuenzalida – Médico de la CNI. También fue expulsado del Colegio Medico por su participación en las torturas que culminaron con la muerte del profesor Federico Álvarez Santibáñez. Una hora antes de la muerte de Álvarez Santibáñez, torturado en agosto de 1979 durante siete días en cuarteles secretos de la CNI en Santiago, firmó un informe en el que indicó que el docente estaba en buenas condiciones físicas.

15. Minoletti – Médico de Carabineros, provincia de Concepción. Asesora a los torturadores de Fuerte Borgoño y extiende los certificados por muerte natural para encubrir los crímenes.

16. Vittorio Orvieto Teplizky – Médico del Ejército. Cumple funciones de colaboración en las torturas cometidas en el Campo de Prisioneros Número Dos de Tejas Verdes. También participa en la Brigada de Salubridad de la DINA como director de la Clínica Santa Lucía.

17. América González Figueroa – Contratada en dictadura para ejercer funciones en el Servicio Médico Legal, donde falseó la información sobre las causas de muerte de algunos ejecutados políticos. Entre los casos en que está implicada aparecen la muerte a causa de torturas de Carlos Godoy Echegoyen, que hizo aparecer como “muerte súbita”, el asesinato de Cecilia Magni Camino, afirmando que se habría ahogado y ocultando los vestigios de tortura en su cuerpo, y el crimen del dirigente estudiantil DC Mario Martínez, que apareció en las costas de las Rocas de Santo Domingo luego de que fuera secuestrado en Santiago. Otro “servicio a la patria” fue su participación en los exámenes que culminaron con el fraude de la demencia de Pinochet. En el último período, aún en el SML, fue designada jefe del Departamento de Tanatología y directora subrogante del servicio. El 21 de diciembre de 2000, poco después de que se comprobara su responsabilidad en la entrega equivocada de los cuerpos de tres jóvenes quemados al interior de la Cárcel de San Miguel, recibió una anotación de mérito en su hoja de vida firmada por el ministro de Justicia José Antonio Gómez, militante radical.

18. Jorge León Alessandri – Dentista, agente civil de la DINE, implicado en el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez Alfaro.

19. Osvaldo Leyton Bahamondes – Médico de la DINA. Implicado en la muerte por torturas de Manuel Leyton Robles, agente de la DINA que fue asesinado por sus “colegas” al verse involucrado públicamente en el robo de una renoleta, trabajo encargado por su superior Germán Barriga Muñoz. El doctor Leyton Bahamondes firmó un certificado en el que el agente aparece como fallecido a causa de una crisis epiléptica y arritmia cardiaca en Almirante Barroso 76, ubicación de la clínica clandestina London.

20. Bernardo Purto – Medico radiólogo de Melipilla. Junto al Fiscal militar de Melipilla tomó parte personalmente en las sesiones de tortura a prisioneros.

21. Luis Hernán Santibáñez Santelices – Médico DINA. Integrante de la Brigada de Salubridad que funcionaba en la Clínica London (Almirante Barroso). Implicado en la desaparición de Juan Elías Cortés.

22. Hernán Horacio Taricco Lavín – Médico DINA. Jefe de la Brigada de Salubridad que funcionaba en la Clínica London. Implicado en la muerte del agente DINA Manuel Jesús Leyton Robles.

23. Hernán Twane – Psicólogo que aplicó Pentotal Sódico a los prisioneros para que éstos fueran interrogados por el Servicio de Investigaciones.

24. Werner Zanghellini Martínez – Director de la Clínica Santa Lucía entre 1975 y 1976. Es acusado por sobrevivientes de Villa Grimaldi de haber inyectado el virus de la rabia a Jorge Fuentes Alarcón, detenido desaparecido.

25. Sergio Marcelo Virgilio Bocaz – Médico de la Brigada de Salubridad de la DINA, con labores en la clínica clandestina Santa Lucía, que continuó trabajando en el Comando de Logística de la CNI. Marcia Merino dice haberlo visto en publicidad de café y financieras. Brigada de Salubridad de la DINA Compuesta entre otros por los doctores Vittorio Orvietto, Werner Zanghellini, Hernán Taricco, Nader Nasser, Osvaldo Eugenio Leyton Bahamondez, Rodrigo Vélez, Samuel Valdivia Soto, Luis Hernán Santibáñez Santelices, Eduardo Contreras Balcarce, el ginecólogo Juan Pablo Figueroa Yáñez, el otorrino Eugenio Fantuzzi Alliende, el psiquiatra Roberto Lailhacar Chávez, el dentista Sergio Roberto Muñoz Bonta y la enfermera María Eliana Bolumburú Taboada. Otro médico, del cual sólo se sabe el apellido, es el psicólogo Bassaure.

26. Eugenio Fantuzzi Alliende, Otorrinolaringólogo – Médico Jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la Clínica Dávila.

28. Roberto Lailhacar Chávez, Psiquiatra – Ex presidente de la Sociedad Chilena de Sexología y Educación Sexual.

El alcalde de La Serena, Roberto Jacob habló sobre el funcionario municipal, el médico Guido Mario Félix Díaz Paci, el cual trabaja en la dirección de transito del municipio y que es vinculado por organizaciones de DDHH a organismos represivos durante la dictadura

El Alcalde serenense, Roberto Jacob se refirió a la polémica generada en torno a diversas aparecidas en sitios web de organizaciones de derechos humanos sobre médicos vinculados a torturas en el periodo de dictadura, y donde el nombre de Guido Díaz Paci es uno de los más recurrentes. El facultativo es sindicado respecto al periodo en que habría trabajado en el regimiento número 21 “Arica” de ese entonces en el periodo en que gobernó Augusto Pinochet.

“Él lleva aquí en el municipio más de 14 años, está aproximadamente del 99 y él es funcionario efectivamente de la dirección de transito en lo cual él ve lo psicotécnico”, señaló el edil.

Jacob además agrega que no tiene las competencias para tomar medidas contra el médico, ya que no tiene reparos en sus funciones que desempeña para el municipio. “ Yo solamente puedo referirme a su labor como funcionario municipal de la cual yo no tengo reparo y cualquier otro problema de tipo judicial de delito de lesa humanidad  lo tiene que ver la justicia. Yo no soy el indicado para entrar a juzgar, para bien o para mal un tema en que no tengo competencia, por lo tanto yo tengo que atenerme a lo que a mi me indica el código laboral del municipio respecto a su actuar dentro del municipio. Yo no tengo problemas con eso por lo tanto al que le corresponda emitir juicios sobre otro tema en particular debería ser la justicia”.

Según señalan estas publicaciones, en el año 1987 el Colegio Médico expulsó de sus filas a Díaz Paci, ya que éste habría falseado documentos en la muerte de Mario Fernández López cuando era funcionario del hospital de La Serena. Fernández murió a consecuencia de las torturas aplicadas por agente de la CNI en La Serena, según consta en la investigación del informe Rettig. 

El programa “En la Mira” de Chilevisión emitió anoche un reportaje donde se dio a conocer la identidad de los llamados “médicos torturadores”, galenos que ejercen en la actualidad a pesar de haber sido acusados de participar en violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Uno de ellos es Guido Díaz Pacci, quien trabaja en La Serena. Se le acusa haber asesinado de un tiro de gracia al pediatra Jorge Jordan.

“No tengo nada que ver en ese baile, fui médico del regimiento Arica y nada más”, sostuvo el profesional. Al ser increpada por la hermana de la víctima, el doctor le contestó: “Cállese la boca, no diga estupideces mijita”.

Otro de los “médicos torturadores” es el ex miembro de la CNI Manfred Jurgensen, quien también trabaja en La Serena. “Lo he pasado pésimo. Jamás he participado en algo que sea poco ético, jamás en mi vida de médico”, dijo.

“Se me involucró en una cosa que no corresponde, hice un turno de reemplazo y eso ha significado en toda mi vida un calvario”, agregó.

Por su parte, se mostró el caso de Alejandro Forero, quien habría participado de la Caravana de la Muerte y que actualmente atiende en la Clínica Indisa.

“Fui juzgado y encontrado libre de toda culpa por la Corte de Apelaciones, en el Gobierno de Ricardo Lagos”, señaló el doctor.

En el reportaje también apareció Eugenio Fantuzzi, quien estuvo a cargo del departamento de sanidad de la DINA y que fue expulsado del Colegio Médico.

“Era muy joven y nos dedicábamos solamente a atender a la gente que era miembro (…) las cosas se dan también por diferentes causas, hay que acordarse que mi industria fue tomada por la UP”, indicó.

Las redes sociales ardieron durante la emisión del reportaje del programa "En la Mira" de Chilevisión y donde se mostraron los rostros de los más emblemáticos facultativos que participaron en acciones de tortura durante el régimen de Pinochet.

El programa mostró un reportaje llamado "Médicos torturadores" y donde se investigaron los casos de personas las que eran torturadas y estos profesionales los encargados de monitorear sus condiciones y determinaban si los detenidos podían o no seguir con la sesión de tortura. En otros casos como el del doctor Guido Díaz Pacci se mostró a la investigación que lo incrimina en la ejecución de Jorge Jordan, médico del Partido Comunista que en 1973 fue torturado y asesinado en la Región de Coquimbo cuando tenía 29 años. Al respecto Díaz Pacci sería presuntamente quien le habría propinado el tiro de gracia al facultativo.

Varios fueron los casos que se mostraron en el reportaje de este miércoles y que mostraban la crueldad que se ejercía en regimientos del país como los de Arica, La Serena y Tejas Verdes, donde se ejerció además tortura sexual y en la cual participaron la mayoría de los agentes de las represión.
También mostraron el caso del doctor Raúl Navarro Quintana quien al igual que todos los supuestos facultativos torturadores aún sigue atendiendo pacientes y se desplaza en absoluta impunidad por las calles. En el caso de Navarro Quintana es acusado de haber sido miembro del comando de la muerte y se le responsabiliza de la muerte de Absalon Wegner y el ex detective Rigoberto Achú.

Aparte de Navarro Quintana el reportaje del periodista Alejandro Vega nombró a otros profesionales quienes también están de alguna manera involucrados en el "trabajo" que les encargaron los aparatos represores de la dictadura de "mantener con vida" a los torturados. Entre los nombrados están Vittorio Orvietto, oftalmólogo de la Clínica Plus Médica; Manfred Jurgensen, ex miembro de la CNI; Alejandro Forero, médico que habría participado de la caravana de la muerte y que actualmente atiende en la Clínica Indisa, Eugenio Fantuzzi, a cargo del departamento de sanidad de la DINA y quien fuera expulsado del Colegio Médico.

El crudo reportaje dio cuenta en detalle de muchos casos de tortura narrados por sus víctimas y por testigos que vieron el horrendo accionar de algunos profesionales. En la parte final del espacio, el periodista Alejandro vega y su camarógrafo encararon a algunos de los implicados quienes se vieron sorprendidos con la llegada de la cámara y en el acto siempre negaron su participación con frases acompañadas de un evidente nerviosismo que incluso los hacía atropellarse en las palabras.

El programa de Chilevisión reveló también la amistad que existía entre el ex comandante en jefe del ejército Juan Emilio Cheyre y uno de los supuestos torturadores, el doctor Guido Díaz Pacci. Al respecto tanto víctimas como testigos de los macabros hechos señalaron que ambos funcionaban como un dupla que abusaba y denigraba a los detenidos. Finalmente se informó que este jueves el abogado Cristian Cruz presentó una querella por torturas por el caso de los médicos torturadores que emitió el programa "En la Mira".

Detienen en La Serena a médico acusado por violación de Derechos Humanos

Guido Díaz Paci se desempañaba como funcionario de la municipalidad de La Serena en el Departamento de Tránsito En su domicilio en La Serena y mientras se encontraba con permiso administrativo por parte de la Dirección de Tránsito del municipio local, lugar donde trabaja hace más de 20 años, fue detenido el médico Guido Mario Félix Díaz Paci. El procedimiento fue adoptado por la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, por la presunta participación del profesional en el delito de secuestro calificado en contra de Bernardo Cortés Castro, joven militante del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), en un hecho ocurrido entre el 4 y el 5 de abril de 1974. Tras permanecer en el cuartel policial por alrededor de dos horas, Díaz Paci, quien en ese tiempo era coronel de Sanidad del Ejército, fue trasladado hasta la Corte de Apelaciones de La Serena, en donde fue notificado por el juez de su detención y su procesamiento. Tras aquello, fue llevado al Regimiento de Infantería Número 21 Coquimbo, donde debe permanecer a la espera de que se realicen las respectivas diligencias investigativas que ordene el magistrado a cargo de la causa, el Ministro Vicente Hormazábal. La historia Tal como comenta Abel Lizama, actual jefe de la Prefectura Elqui de la PDI, y ex detective de la Brigada de Derechos Humanos, Bernardo Cortés Castro, joven secuestrado y que hoy figura como detenido desaparecido, “fue detenido cuando era estudiante de pedagogía, a los 20 años, en Coquimbo y conducido al regimiento Arica de La Serena. Desde allí, se le perdió el rastro y a la familia se le dijo que él había intentado fugarse, pero el cuerpo jamás le fue entregado a los familiares”. Cortés Castro habría sido torturado y posteriormente ejecutado, hechos de los cuales Díaz Paci, habría tenido conocimiento y, por ello, se investiga su participación. Alcalde Una vez conocido el hecho, en las redes sociales se cuestionó que el hoy procesado médico, haya continuado ejerciendo en la casa edilicia, pese a que se sabía que estaba siendo investigado por causas vinculadas con los DD.HH. Consultado, el edil de La Serena, Roberto Jacob, enfatizó en que él no tenía ninguna posibilidad de despedirlo ya que era funcionario de planta del municipio, y ahora, tampoco lo haría ya que es la justicia la que debe determinar. “No le pediremos la renuncia a este funcionario. Aquí hay un proceso judicial, más allá de lo que uno quiera o no quiera. Nosotros vamos a esperar que la justicia resuelva. Es algo que se está analizando”, consignó. Cabe señalar que Díaz Paci, apeló a la decisión de la Corte de Apelaciones, que ahora tiene un plazo de 5 días para resolver.

El médico pediatra, asimilado al Ejército, quien trabajó en el hospital de La Serena y también en la unidad de Tránsito de la Municipalidad de La Serena, Guido Díaz Paci, falleció el fin de semana reciente sin alcanzar a responder ante la justicia diversos cargos en su contra por casos de presuntos atropellos a los derechos humanos. Díaz Paci tenía 92 años al momento de fallecer y ostentaba el grado de coronel de Ejército. Había sido condenado en 2020 a 541 días de presidio, con el beneficio de la remisión condicional de la pena, en calidad de encubridor del secuestro del estudiante universitario Bernardo Cortés Castro en 1974. Al saberse de su muerte, agrupaciones de detenidos desaparecidos lo identificaban como parte de los «doctores de sangre» que tuvo el régimen de Pinochet en la región.

El deceso habría ocurrido el viernes pasado y los funerales se hicieron bajo el mayor silencio, para evitar funas. A casi 50 años del Golpe Militar, la sociedad vincula a los militares con las violaciones a los derechos humanos, pero en muchos casos la participación de civiles ha quedado omitida. Una lista con médicos habría sido clave para llevar a cabo fechorías que quedaron en la nada, sin responsables, apuntan en los comentarios personas víctimas que aun buscan justicia.

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de La Serena había confirmado en junio de 2020 la prisión preventiva del entonces imputado, quién ya había sido procesado por el ministro en visita de causas de derechos humanos, Vicente Hormazábal, como encubridor del secuestro calificado de Cortés Castro, ocurrido entre el 4 y 5 de abril de 1974 en la comuna de Coquimbo. Por eso había sido detenido por detectives de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI tras una orden de dicha Corte.

Según los antecedentes recopilados en la investigación, se logró acreditar que la tarde del 4 de abril de 1974, Bernardo Cortés, joven militante del MIR, sin una orden previa de un tribunal ni otra autoridad competente, fue secuestrado por sujetos no identificados, quienes se movilizaban en un vehículo particular, y conducido luego al Regimiento Arica. El joven tenía 20 años al momento del secuestro y estudiaba Pedagogía en Castellano en la sede de La Serena de la Universidad de Chile. Falleció producto de torturas.

El ministro Hormazábal indicó que se logró acreditar que «en el secuestro participó la sección segunda del Regimiento Arica». Por ello fueron condenados a una pena de 10 años y 1 día de presidio en calidad de autores Ariosto Alberto Francisco Lapostol Orrego, comandante del regimiento en ese entonces, Fernando Guillermo Santiago Polanco Gallardo, Luis Segundo Esteban Araos Flores y Luis Humberto Fernández Monjes. El hecho de la muerte de Díaz Paci, según Ana Marina, representante de DD.

HH en la zona, es uno más de los casos de ex militares que se van de este mundo en la más completa impunidad. «Duele saber que se murieron sin confesar nada, con el dolor que eso significa para sus familiares», dice la dirigente. Y es que el fallecido es reconocido por víctimas de la dictadura como uno de los médicos torturadores de la CNI en La Serena. Fue acusado en los hechos que culminaron con la muerte del transportista Mario Fernández López, en La Serena. Las causas de la muerte de Fernández fueron las torturas sufridas en el cuartel de la CNI en octubre de 1984.

Cuando Mario debió ser trasladado al Hospital de La Serena, Díaz Paci es apuntado de haber mentido a los doctores de turno del Hospital, aduciendo que el detenido venía de una tenencia de Carabineros y no de la CNI, solicitando a los médicos que ocultaran el estado del aprehendido. Una vez fallecido Fernández, Díaz Paci habría intentado que el facultativo que había operado de urgencia a la víctima falsificara el diagnóstico de su muerte, ocultando los verdaderos motivos del deceso. Por todas estas razones, Guido Díaz Paci fue expulsado del Colegio Médico. En 1974 se le involucra como participante en la exhumación del cuerpo de María Avalos, asesinada junto a su marido, Bernardo Lejdermann, en diciembre de 1973 por una patrulla del Regimiento Arica de La Serena. En el certificado de defunción se señaló que la mujer se había dinamitado. En mayo de 2014, Guido Díaz Paci fue encarado en Mega Salud junto al doctor Víctor Carcuro (también implicado en violaciones a DD. HH) «Asesino, tienes las manos manchadas con sangre.

No vas a poder trabajar nunca más tranquilo, Ahora te haces el inocente, asesino», le decían Díaz Paci trabajó desde 1999 en el Departamento de Tránsito de la Municipalidad de La Serena, en calidad de planta.

Sin embargo, desde que comenzaron las funas no iba a trabajar con frecuencia. «Yo misma declaré en esas causas, sobre Bernando Cortés Castro, le dio el certificado de defunción a su padre y le dijo que no se metiera más, porque si no iba a terminar muerto igual que el hijo. Mandaba a su señora y su hija, hasta en eso tenía privilegios, se daba el lujo de vulnerar todo el sistema», sentencia Ana Merino.