Díaz Moya Roberto Javier

Ministro Álvaro Mesa señala que los tres eran miembros del Comando de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior de Puerto Montt, y les atribuye responsabilidad en los ilícitos perpetrados en 1973.

El ministro en visita extraordinaria en causas por violaciones a los derechos humanos de las jurisdicciones de Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique, Álvaro Mesa, dictó acusación en contra de tres miembros del Comando de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior (CAJSI) de Puerto Montt, por su responsabilidad en los delitos de secuestro, detención ilegal y aplicación de tormentos, ilícitos perpetrados en la capital regional en 1973.

En la resolución, el ministro en visita atribuye responsabilidad, como autores de los delitos, al oficial de Ejército en retiro Eugenio Covarrubias Valenzuela, quien a la época de los hechos estaba a cargo de la Sección Segunda de Inteligencia del Regimiento de Infantería N° 12 "Sangra" de la ciudad de Puerto Montt; al oficial de Carabineros en retiro Carlos Segundo Tapia Galleguillos, de la dotación de la Segunda Comisaría de Carabineros de Puerto Montt, y al detective Roberto Javier Díaz Moya, del Departamento de Informaciones de la Prefectura de Puerto Montt de la Policía de Investigaciones.

Además, se indica que “entre las numerosas personas que sufrieron detención y aplicación de tormentos, durante el curso de la investigación se logró individualizar a 19 víctimas, entre otros muchos otros hombres y mujeres de diversas condiciones sociales y niveles educacionales”.

En el documento también se consigna que durante la etapa de investigación de la causa, el ministro Mesa Latorre estableció una serie de hechos.

Entre éstos, que “luego de consumado por las Fuerzas Armadas el derrocamiento del Gobierno, la Junta de Gobierno extrapoló desde la estructura interna de aquellas, la instauración de los ‘Comandos de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior' (CAJSI), los que fueron emplazados en ciudades capitales de provincia y que estaban conformados por los comandantes de las distintas unidades de las Fuerzas Armadas y de Orden instaladas en la zona, los que fueron liderados por el oficial más antiguo de ellas, siendo esa persona la autoridad máxima que ocupaba el cargo de Jefe de Zona en Estado de Sitio”. 

Asimismo, se señala que inmediatamente después de asumir las Fuerzas Armadas el control de la Provincia de Llanquihue, Chiloé y Palena, la máxima autoridad militar correspondió al general de la Fuerza Aérea Sergio Hiram Rodolfo Leigh Guzmán (fallecido), quien expidió el bando N° 3, el fecha 11 de septiembre de 1973, en el cual “invitó” a diversas personas a presentarse en el Regimiento Sangra, advirtiendo que “de lo contrario se procederá en su contra”.

En la acusación el ministro Mesa recalca que “esto no fue sino el inicio de una actividad represiva, emprendida en contra de quienes en las provincias mencionadas desempeñaron cargos administrativos durante el gobierno depuesto, y en contra de quienes formaban o se sospechaba que habían formado parte de agrupaciones políticas afines a aquél o sustentaban ideas similares”.

También se añade que muchos de los informes de las víctimas mencionadas “han sido reforzados por los peritajes evacuados por el Servicio Médico Legal, conforme al Protocolo de Estambul".

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Leopoldo Vera Muñoz, sometió a proceso a ex oficiales del Ejército, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), por su responsabilidad en los delitos de secuestro, detención ilegal y aplicación de tormentos, ilícitos perpetrados en contra de 19 víctimas en el cuartel de la PDI que, en 1973, se ubicaba en la calle Serena Nº 60, de la ciudad.

En la resolución (causa rol 10.872), el ministro Vera Muñoz sometió a proceso a Eugenio Covarrubias Valenzuela, Carlos Tapia Galleguillos y Roberto Díaz Moya, quienes desempeñaron funciones de inteligencia al interior de Comando de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior (CAJSI) de Puerto Montt, unidad que comenzó a operar a partir del 11 de septiembre de 1973 en las provincias de Llanquihue, Chiloé y Palena.

En la etapa de investigación, el ministro en visita logró acreditar los siguientes hechos:

«Que, como consecuencia de las circunstancias anteriormente señaladas, integrantes de las Fuerzas Armadas -en algunos casos con orden emanada de la Fiscalía Militar en tiempo de guerra y en otros sin orden alguna-, detuvieron a cientos de personas que en los días inmediatamente posteriores al 11 de septiembre del 73 fueron trasladadas a dependencias del Regimiento Sangra, pero después, a medida que las detenciones aumentaron, fueron ingresadas directamente a los calabozos del cuartel de la Policía de Investigaciones de Puerto Montt, en cuyas dependencias ubicadas en un piso superior eran sometidas a interrogatorios por personal subalterno -suboficiales- bajo el mando y dirección de oficiales superiores, transformándose de este modo ese cuartel en lugar de detención e interrogatorios bajo torturas de diversa índole, asistidos logísticamente por los oficiales que despeñaban funciones de inteligencia al interior del CAJSI, entre otros, el capitán de Ejército, Eugenio Covarrubias Valenzuela, el teniente de Carabineros Carlos Tapia Galleguillos y el Inspector de la Policía de Investigaciones, Roberto Díaz;

Que, entre las numerosas personas que sufrieron detención y aplicación de tormentos, durante el curso de esta investigación se ha logrado individualizar a: Conrado Ulloa Uribe, Jaime Luis Benítez Sepúlveda; José Alfredo Argel Marilicán; Jaime Nolberto Vera Vera; Edi Rodrigues Ribeiro (sic); Jorge Segundo Ovando Agüero; Ramón Alberto Zambrano Toledo; José Teodomiro Vargas Niello; Luis Alberto Silva Hernández; Luis Humberto Villegas Alvarado; Luis Alberto Guerrero Uribe; Marcia Noelia Oyarzo Groff; Juan Guillermo Leonhardt Catalán; Paulo Hernán Anderson Muñoz; Mario Enrique Contreras Vega; César Vladimir Leiva Garrido; Jaime Alfonso Moraga Zamorano; Marco Antonio Romero Arias, Saúl Sergio Espinoza Villalobos, entre muchos otros, hombres y mujeres, de diversas condiciones sociales y niveles educacionales».

Confesión de un ex agente que participó en la ejecución el ex diputado por Llanquihue, dado a conocer hace unas semanas por La Nación, hizo surgir nuevos testimonios que permitirían la identificación de otros cuatro involucrados.

Nuevos testimonios sobre los pormenores que rodearon la detención y posterior ejecución del ex diputado por Llanquihue Luis Espinoza, surgidos después que La Nación publicara la confesión que un ex agente le efectuó a su hijo, el actual diputado socialista Fidel Espinoza, permitieron a la familia identificar al menos a otros cuatro integrantes de la patrulla que lo fusiló. El parlamentario contó a este medio que el martes de esta semana recibió desde Estados Unidos un completo y estremecedor relato de los días en que su padre permaneció prisionero en el Cuartel de Investigaciones de Puerto Montt. Desde allí fue sacado durante la noche del 2 de diciembre de 1973 para ser fusilado, cerca de las 5 de la madrugada, en el trayecto entre Pelluco y Coihuín.

Se trata de la versión que, por email, envió el ex presidente de la Federación de Estudiantes de la provincia de Llanquihue y ex secretario regional del Mapu, Conrado Ulloa Uribe, después de enterarse en este sitio de internet de la confesión que un ex agente le proporcionara a Fidel Espinoza. En el mismo acto, Ulloa se pone a disposición de la familia para declarar en el proceso si fuera necesario y aporta nuevos antecedentes sobre la identidad de los agentes que participaron en el crimen.

La querella por homicidio calificado será presentada en los próximos días por el hermano del diputado, Ramón Espinoza, y contará con el patrocinio del abogado de derechos humanos Hugo Gutiérrez y del diputado y camarada de partido de Espinoza, Juan Bustos. Según informó el parlamentario la confesión del agente y el reciente testimonio de Ulloa coinciden plenamente en detallar las circunstancias en que murió su padre y en la identificación de los involucrados. Entre los torturadores, por ejemplo, figura el entonces detective de la policía política de la época, Roberto Díaz, quien destaca por la brutalidad con que golpeaba a los detenidos y por ser quien se encargaba de aplicar corriente a las víctimas.

También se menciona a un oficial de Ejército de apellido Messen, al teniente o capitán de carabineros Caupolicán Arcos Albarracín y al oficial de la misma institución que en ese entonces era conocido con el nombre de “Juan Metralla”.

Ulloa le informó también al parlamentario que el día a la muerte de su padre, aparte de ellos dos, estaban detenidos en el cuartel de Investigaciones de Puerto Montt José Vargas Niello, Luis Silva Henríquez y Luis Alberto Vonfach Arriagada. A ellos se sumó durante la tarde el dirigente del Mapu Luis Villegas. Todos ellos sobrevivieron a tan espantosa experiencia.

Según el relato de Ulloa, esa noche le habrían suministrado en su comida algún tipo de somnífero que les impidió notar el operativo en que fue sacado el ex diputado Luis Espinoza. A la mañana siguiente, un funcionario de Investigaciones, con lágrimas en los ojos, les despertó increpándolos por no haberse dado cuenta de lo ocurrido horas antes. Ahí se enteraron que Espinoza había sido asesinado.

Conrado Ulloa vive actualmente en Connecticut, EE.UU., adonde llegó en junio de 1976 en calidad de exiliado político.

La versión oficial señalaba que, cuando era transportado desde Puerto Montt a Valdivia, el camión fue atacado cerca de Frutillar por unos subversivos, y sus custodios dispararon en la oscuridad de la noche. En medio de la confusión, dijeron, había caído herido de muerte.

Pero hoy su hijo tiene la certeza de que no fue así. Hubo “instrucciones precisas de darle muerte” a un pelotón de seis carabineros a los que ahora tiene plenamente identificados.

No sólo eso, también sabe los nombres de quienes lo sacaron de la cárcel, quienes lo transportaron e, incluso, de quienes dispararon los 12 balazos que le dieron en el pecho.