Díaz Moya Roberto Javier

Confesión de un ex agente que participó en la ejecución el ex diputado por Llanquihue, dado a conocer hace unas semanas por La Nación, hizo surgir nuevos testimonios que permitirían la identificación de otros cuatro involucrados.

Nuevos testimonios sobre los pormenores que rodearon la detención y posterior ejecución del ex diputado por Llanquihue Luis Espinoza, surgidos después que La Nación publicara la confesión que un ex agente le efectuó a su hijo, el actual diputado socialista Fidel Espinoza, permitieron a la familia identificar al menos a otros cuatro integrantes de la patrulla que lo fusiló. El parlamentario contó a este medio que el martes de esta semana recibió desde Estados Unidos un completo y estremecedor relato de los días en que su padre permaneció prisionero en el Cuartel de Investigaciones de Puerto Montt. Desde allí fue sacado durante la noche del 2 de diciembre de 1973 para ser fusilado, cerca de las 5 de la madrugada, en el trayecto entre Pelluco y Coihuín.

Se trata de la versión que, por email, envió el ex presidente de la Federación de Estudiantes de la provincia de Llanquihue y ex secretario regional del Mapu, Conrado Ulloa Uribe, después de enterarse en este sitio de internet de la confesión que un ex agente le proporcionara a Fidel Espinoza. En el mismo acto, Ulloa se pone a disposición de la familia para declarar en el proceso si fuera necesario y aporta nuevos antecedentes sobre la identidad de los agentes que participaron en el crimen.

La querella por homicidio calificado será presentada en los próximos días por el hermano del diputado, Ramón Espinoza, y contará con el patrocinio del abogado de derechos humanos Hugo Gutiérrez y del diputado y camarada de partido de Espinoza, Juan Bustos. Según informó el parlamentario la confesión del agente y el reciente testimonio de Ulloa coinciden plenamente en detallar las circunstancias en que murió su padre y en la identificación de los involucrados. Entre los torturadores, por ejemplo, figura el entonces detective de la policía política de la época, Roberto Díaz, quien destaca por la brutalidad con que golpeaba a los detenidos y por ser quien se encargaba de aplicar corriente a las víctimas.

También se menciona a un oficial de Ejército de apellido Messen, al teniente o capitán de carabineros Caupolicán Arcos Albarracín y al oficial de la misma institución que en ese entonces era conocido con el nombre de “Juan Metralla”.

Ulloa le informó también al parlamentario que el día a la muerte de su padre, aparte de ellos dos, estaban detenidos en el cuartel de Investigaciones de Puerto Montt José Vargas Niello, Luis Silva Henríquez y Luis Alberto Vonfach Arriagada. A ellos se sumó durante la tarde el dirigente del Mapu Luis Villegas. Todos ellos sobrevivieron a tan espantosa experiencia.

Según el relato de Ulloa, esa noche le habrían suministrado en su comida algún tipo de somnífero que les impidió notar el operativo en que fue sacado el ex diputado Luis Espinoza. A la mañana siguiente, un funcionario de Investigaciones, con lágrimas en los ojos, les despertó increpándolos por no haberse dado cuenta de lo ocurrido horas antes. Ahí se enteraron que Espinoza había sido asesinado.

Conrado Ulloa vive actualmente en Connecticut, EE.UU., adonde llegó en junio de 1976 en calidad de exiliado político.

La versión oficial señalaba que, cuando era transportado desde Puerto Montt a Valdivia, el camión fue atacado cerca de Frutillar por unos subversivos, y sus custodios dispararon en la oscuridad de la noche. En medio de la confusión, dijeron, había caído herido de muerte.

Pero hoy su hijo tiene la certeza de que no fue así. Hubo “instrucciones precisas de darle muerte” a un pelotón de seis carabineros a los que ahora tiene plenamente identificados.

No sólo eso, también sabe los nombres de quienes lo sacaron de la cárcel, quienes lo transportaron e, incluso, de quienes dispararon los 12 balazos que le dieron en el pecho.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Leopoldo Vera Muñoz, sometió a proceso a ex oficiales del Ejército, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), por su responsabilidad en los delitos de secuestro, detención ilegal y aplicación de tormentos, ilícitos perpetrados en contra de 19 víctimas en el cuartel de la PDI que, en 1973, se ubicaba en la calle Serena Nº 60, de la ciudad.

En la resolución (causa rol 10.872), el ministro Vera Muñoz sometió a proceso a Eugenio Covarrubias Valenzuela, Carlos Tapia Galleguillos y Roberto Díaz Moya, quienes desempeñaron funciones de inteligencia al interior de Comando de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior (CAJSI) de Puerto Montt, unidad que comenzó a operar a partir del 11 de septiembre de 1973 en las provincias de Llanquihue, Chiloé y Palena.

En la etapa de investigación, el ministro en visita logró acreditar los siguientes hechos:

«Que, como consecuencia de las circunstancias anteriormente señaladas, integrantes de las Fuerzas Armadas -en algunos casos con orden emanada de la Fiscalía Militar en tiempo de guerra y en otros sin orden alguna-, detuvieron a cientos de personas que en los días inmediatamente posteriores al 11 de septiembre del 73 fueron trasladadas a dependencias del Regimiento Sangra, pero después, a medida que las detenciones aumentaron, fueron ingresadas directamente a los calabozos del cuartel de la Policía de Investigaciones de Puerto Montt, en cuyas dependencias ubicadas en un piso superior eran sometidas a interrogatorios por personal subalterno -suboficiales- bajo el mando y dirección de oficiales superiores, transformándose de este modo ese cuartel en lugar de detención e interrogatorios bajo torturas de diversa índole, asistidos logísticamente por los oficiales que despeñaban funciones de inteligencia al interior del CAJSI, entre otros, el capitán de Ejército, Eugenio Covarrubias Valenzuela, el teniente de Carabineros Carlos Tapia Galleguillos y el Inspector de la Policía de Investigaciones, Roberto Díaz;

Que, entre las numerosas personas que sufrieron detención y aplicación de tormentos, durante el curso de esta investigación se ha logrado individualizar a: Conrado Ulloa Uribe, Jaime Luis Benítez Sepúlveda; José Alfredo Argel Marilicán; Jaime Nolberto Vera Vera; Edi Rodrigues Ribeiro (sic); Jorge Segundo Ovando Agüero; Ramón Alberto Zambrano Toledo; José Teodomiro Vargas Niello; Luis Alberto Silva Hernández; Luis Humberto Villegas Alvarado; Luis Alberto Guerrero Uribe; Marcia Noelia Oyarzo Groff; Juan Guillermo Leonhardt Catalán; Paulo Hernán Anderson Muñoz; Mario Enrique Contreras Vega; César Vladimir Leiva Garrido; Jaime Alfonso Moraga Zamorano; Marco Antonio Romero Arias, Saúl Sergio Espinoza Villalobos, entre muchos otros, hombres y mujeres, de diversas condiciones sociales y niveles educacionales».

Procesados por casos de Derechos Humanos en Puerto Montt seguirán presos

Corte de Apelaciones determinó no dejar en libertad a dos ex oficiales que están en prisión preventiva por secuestro, detención ilegal y torturas en ex cuartel de la PDI.

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt determinó no dejar en libertad a los dos ex oficiales procesados por el ex ministro Leopoldo Vera, y por lo cual deberán seguir en prisión preventiva.

Se trata de los funcionarios en retiro de Carabineros y la Policía de Investigaciones Carlos Tapia Galleguillos y Roberto Díaz Moya, quienes desempeñaron funciones de inteligencia al interior de Comando de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior (CAJSI) de Puerto Montt, unidad que comenzó a operar a partir del Golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973 en las provincias de Llanquihue, Chiloé y Palena.

La defensa de ambos procesados por el caso de secuestro, detención ilegal y torturas en el ex cuartel de la PDI de Puerto Montt, había apelado solicitando la libertad, lo que fue negado por el tribunal de alzada tras los alegatos llevados a adelante el sábado pasado.

El abogado Nofal Abud, representante de una de las 19 víctimas, José Teodomiro Vargas Niello,estuvo en los alegatos y comentó que “es una determinación importante que refuerza lo que ha dicho José Vargas, quien es una de las varias personas que fueron sometidas a estos vejámenes en el ex cuartel de la PDI”.

Entre los que figuran, que fueron sometidos a torturas en este emblemático lugar utilizado en tiempo de Dictadura, se encuentran José Árgel, Juan Leonhardt, Paulo Anderson y Saúl Espinoza Villalobos, entre otras víctimas.

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt sometió a proceso a uniformados y ex agentes de la PDI por torturas en Puerto Montt en 1973. Entre ellos está el general Eugenio Covarrubias, condenado en Punta Peuco por los casos Berrios y Soria.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Leopoldo Vera Muñoz, sometió a proceso a ex oficiales del Ejército, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), por su responsabilidad en los delitos de secuestro, detención ilegal y aplicación de tormentos, ilícitos perpetrados en contra de 19 víctimas en el cuartel de la PDI que, en 1973, se ubicaba en la calle Serena Nº 60, de la ciudad.

Covarrubias fue general de Ejército, agente de la CNI y director de la Dirección de  Inteligencia Nacional del Ejército (DINE). En agosto de 2010 Covarrubias Valenzuela fue condenado tres años y un día e inhabilitación perpetua por secuestro y 541 días, más inhabilitación perpetua, por asociación ilícita. Esto fue por su parte en el secuestro del ex agente de la DINA, el químico Eugenio Berrios Sagredo, ocurrido en 1995 en Uruguay.

En Noviembre de 2011, durante la investigación por el homicidio del ciudadano y diplomático español Carmelo Soria Espinoza, la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a Eugenio Covarrubias Valenzuela a 3 años de presidio por su responsabilidad y autor de asociación ilícita. Covarrubias cumple desde agosto del 2015 la pena en la cárcel de Punta Peuco.

En la resolución, el ministro Vera Muñoz sometió a proceso a Eugenio Covarrubias Valenzuela, Carlos Tapia Galleguillos y Roberto Díaz Moya, quienes desempeñaron funciones de inteligencia al interior de Comando de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior (CAJSI) de Puerto Montt, unidad que comenzó a operar a partir del 11 de septiembre de 1973 en las provincias de Llanquihue, Chiloé y Palena.

En la etapa de investigación, el ministro en visita logró acreditar que integrantes de las Fuerzas Armadas -en algunos casos con orden emanada de la Fiscalía Militar en tiempo de guerra y en otros sin orden alguna-, detuvieron a cientos de personas que en los días inmediatamente posteriores al 11 de septiembre del 73 fueron trasladadas a dependencias del Regimiento Sangra, pero después, a medida que las detenciones aumentaron, fueron ingresadas directamente a los calabozos del cuartel de la Policía de Investigaciones de Puerto Montt, en cuyas dependencias ubicadas en un piso superior eran sometidas a interrogatorios por personal subalterno -suboficiales- bajo el mando y dirección de oficiales superiores, transformándose de este modo ese cuartel en lugar de detención e interrogatorios bajo torturas de diversa índole, asistidos logísticamente por los oficiales que despeñaban funciones de inteligencia al interior del CAJSI, entre otros, el capitán de Ejército, Eugenio Covarrubias Valenzuela, el teniente de Carabineros Carlos Tapia Galleguillos y el Inspector de la Policía de Investigaciones, Roberto Díaz;

Entre las numerosas personas que sufrieron detención y aplicación de tormentos, la investigación ha logrado individualizar a Conrado Ulloa Uribe, Jaime Luis Benítez Sepúlveda; José Alfredo Argel Marilicán; Jaime Nolberto Vera Vera; Edi Rodrigues Ribeiro (sic); Jorge Segundo Ovando Agüero; Ramón Alberto Zambrano Toledo; José Teodomiro Vargas Niello; Luis Alberto Silva Hernández; Luis Humberto Villegas Alvarado; Luis Alberto Guerrero Uribe; Marcia Noelia Oyarzo Groff; Juan Guillermo Leonhardt Catalán; Paulo Hernán Anderson Muñoz; Mario Enrique Contreras Vega; César Vladimir Leiva Garrido; Jaime Alfonso Moraga Zamorano; Marco Antonio Romero Arias, Saúl Sergio Espinoza Villalobos, entre muchos otros, hombres y mujeres, de diversas condiciones sociales y niveles educacionales».

Efectivos de las Fuerzas Armadas, en algunos casos con orden emanada de la Fiscalía Militar en tiempos de guerra y en otros sin orden alguna, detuvieron a cientos de personas en los días que siguieron al Golpe, siendo trasladadas al Regimiento Sangra. Pero después, a medida que las detenciones aumentaban, eran ingresadas directamente a los calabozos del cuartel de la Policía de Investigaciones de Puerto Montt, ubicado en la intersección de calle Serena y Egaña, en pleno centro de la capital regional.

En estas dependencias, los detenidos fueron sometidos a violentos interrogatorios por miembros de las fuerzas armadas, asistidos logísticamente por oficiales que desempeñaban funciones de inteligencia al interior del CAJSI, entre otros, el Capitán de Ejército, Eugenio Covarrubias Valenzuela, el teniente de Carabineros Oscar Tapia Gallegillos y el Inspector de la Policía de Investigaciones, Roberto Díaz.

Las sistemáticas agresiones y tormentos a las que fueron sometidos los hombres y mujeres que pasaron por este lugar, permiten identificar a este cuartel como uno de los miles de centros de detención política y tortura utilizados por la Dictadura de Pinochet, convirtiéndolo en el recinto más emblemático del ejercicio del Terrorismo de Estado en la Región de los Lagos. Situación que se extendió desde el 11 de septiembre de 1973 y se mantuvo mientras permaneció en Puerto Montt como Jefe de Plaza el general Sergio Leigh Guzmán, comenzando a decaer al asumir su reemplazante, el general de la misma rama, Juan Soler Manfredini.

Múltiples testimonios de víctimas que pasaron por el Cuartel de la PDI, que acreditan la aplicación de maltratos de diversa índole en el recinto, han permitido que sean sometidos a proceso Eugenio Covarrubias Valenzuela; Carlos Segundo Tapia Galleguillos y Roberto Javier Díaz Moya, en calidad de autores de los delitos de secuestro, detención ilegal y aplicación de tormentos

Ministro Álvaro Mesa señala que los tres eran miembros del Comando de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior de Puerto Montt, y les atribuye responsabilidad en los ilícitos perpetrados en 1973.

El ministro en visita extraordinaria en causas por violaciones a los derechos humanos de las jurisdicciones de Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique, Álvaro Mesa, dictó acusación en contra de tres miembros del Comando de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior (CAJSI) de Puerto Montt, por su responsabilidad en los delitos de secuestro, detención ilegal y aplicación de tormentos, ilícitos perpetrados en la capital regional en 1973.

En la resolución, el ministro en visita atribuye responsabilidad, como autores de los delitos, al oficial de Ejército en retiro Eugenio Covarrubias Valenzuela, quien a la época de los hechos estaba a cargo de la Sección Segunda de Inteligencia del Regimiento de Infantería N° 12 "Sangra" de la ciudad de Puerto Montt; al oficial de Carabineros en retiro Carlos Segundo Tapia Galleguillos, de la dotación de la Segunda Comisaría de Carabineros de Puerto Montt, y al detective Roberto Javier Díaz Moya, del Departamento de Informaciones de la Prefectura de Puerto Montt de la Policía de Investigaciones.

Además, se indica que “entre las numerosas personas que sufrieron detención y aplicación de tormentos, durante el curso de la investigación se logró individualizar a 19 víctimas, entre otros muchos otros hombres y mujeres de diversas condiciones sociales y niveles educacionales”.

En el documento también se consigna que durante la etapa de investigación de la causa, el ministro Mesa Latorre estableció una serie de hechos.

Entre éstos, que “luego de consumado por las Fuerzas Armadas el derrocamiento del Gobierno, la Junta de Gobierno extrapoló desde la estructura interna de aquellas, la instauración de los ‘Comandos de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior' (CAJSI), los que fueron emplazados en ciudades capitales de provincia y que estaban conformados por los comandantes de las distintas unidades de las Fuerzas Armadas y de Orden instaladas en la zona, los que fueron liderados por el oficial más antiguo de ellas, siendo esa persona la autoridad máxima que ocupaba el cargo de Jefe de Zona en Estado de Sitio”. 

Asimismo, se señala que inmediatamente después de asumir las Fuerzas Armadas el control de la Provincia de Llanquihue, Chiloé y Palena, la máxima autoridad militar correspondió al general de la Fuerza Aérea Sergio Hiram Rodolfo Leigh Guzmán (fallecido), quien expidió el bando N° 3, el fecha 11 de septiembre de 1973, en el cual “invitó” a diversas personas a presentarse en el Regimiento Sangra, advirtiendo que “de lo contrario se procederá en su contra”.

En la acusación el ministro Mesa recalca que “esto no fue sino el inicio de una actividad represiva, emprendida en contra de quienes en las provincias mencionadas desempeñaron cargos administrativos durante el gobierno depuesto, y en contra de quienes formaban o se sospechaba que habían formado parte de agrupaciones políticas afines a aquél o sustentaban ideas similares”.

También se añade que muchos de los informes de las víctimas mencionadas “han sido reforzados por los peritajes evacuados por el Servicio Médico Legal, conforme al Protocolo de Estambul".

“Los compañeros y compañeras que estuvimos y que fuimos torturados en este edificio, en el regimiento Sangra, o en las casas clandestinas, actualmente hemos podido reunirnos. Siendo un total de aproximadamente unas 80 personas, los que desde hace 12 años estamos incluidos en una demanda en contra de quienes ejecutaron estas acciones” Alfredo Argel Marilican.

Cuando asumió el ex presidente Patricio Aylwin en el año 90, luego que un plebiscito anulara cualquier posibilidad de una continuidad de Pinochet en el poder, las ansias de justicia prevalecieron. Los acontecimientos ocurridos durante la dictadura, fueron el motor para comenzar a realizar una serie de indagaciones e investigaciones.

El objetivo era y es encontrar a los detenidos desaparecidos, y así dar alivio a las miles de familias chilenas que pedían de forma imperiosa, justicia para sus: hermanos, hijos, tíos, padres, hijas, hermanas, tías, madres.

Informe Rettig

Debido a esta necesidad, el 25 de abril del año 90´se creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. A través del Decreto Supremo n° 355, se buscó contribuir al esclarecimiento de la verdad, sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.

Este organismo estuvo liderado por el político Raúl Rettig, ex embajador de Allende en Brasil. Razón por la cual, tiempo después, fue conocida como Comisión e informe Rettig.

Sin embargo, al año siguiente de entregado el informe final de esta comisión, no se lograron dilucidar y enjuiciar a todos los responsables de las atrocidades cometidas durante la dictadura. Así, según Alfredo Argel, se transformó “en un lavadero de conciencia para los que esperaban un juicio”.

Las recientes tramitaciones

Estas afirmaciones se sustentan en recientes tramitaciones legales, donde en la ciudad de Puerto Montt se han realizado juicios contra los responsables de asesinatos. Como fue el caso de los deportistas del barrio Lintz, tras una discusión con agentes de la fuerza aérea.

Hace solo unas semanas, el ministro en visita para causas por violaciones a los derechos humanos de Puerto Montt, Álvaro Mesa Latorre, acusó a tres miembros del Comando de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior (Cajsi). Lo anterior, por su responsabilidad en los delitos de secuestro, detención ilegal y aplicación de tormentos. Ilícitos perpetrados en 1973.

Mesa atribuye como responsables al oficial de Ejército en retiro Eugenio Covarrubias Valenzuela. Este sujeto estaba a cargo de la Sección Segunda de Inteligencia del Regimiento de Infantería N° 12 “Sangra”. Otro de los acusados fue el oficial de Carabineros en retiro Carlos Segundo Tapia Galleguillos, de la dotación de la Segunda Comisaría de Carabineros de Puerto Montt. Se sumó a esta lista, el detective Roberto Javier Díaz Moya, del Departamento de Informaciones de la Prefectura de Puerto Montt de la Policía de Investigaciones.

El relato de una víctima

En este proceso investigativo, donde se señala a policías y componentes de las fuerzas armadas como autores de estas violaciones a los derechos humanos, se encuentra el testimonio de uno de los afectados por estas torturas.

Alfredo Argel Marilican, de 67 años -nacido y criado en Puerto Varas- ejercía en esa época, como auxiliar de la empresa de buses Varmontt, participando en los viajes de Puerto Montt hacia la ciudad de Osorno. Fue allí donde se transformó en dirigente sindical de trabajadores de esta empresa.

“Llegado el golpe militar me detuvieron y en algún momento me dijeron que se iban a desquitar con mi hermano mayor. Él estaba preso por otras razones. Delitos menores. El tema es que, por mi participación de estas actividades sindicales, además que otros hermanos míos también participaban de estas acciones sociales, me arrestaron”, declaró Argel

“Estuve detenido en el edificio de la ex PDI, que está ubicado en frente del mall costanera. No llegué a la cárcel, pero cuando me largaron, me dieron la libertad con la amenaza de que mi hermano que estaba detenido iba a pagar por mí”, acusó también.

Aún se reúnen esperando justicia

En general, para el ex preso político, el comentar o ahondar en detalles, es repetir algo que es conocido por todos, y que ha sido graficado en muchas oportunidades. “Los compañeros y compañeras que estuvimos y que fuimos torturados en este edificio, en el regimiento Sangra, o en las casas clandestinas, actualmente hemos podido reunirnos. Siendo un total de aproximadamente unas 80 personas, los que desde hace 12 años estamos incluidos en una demanda en contra de quienes ejecutaron estas acciones”.

Comentó que hace poquito se fueron a parar afuera de la corte de apelaciones de Puerto Montt, para presionar que se aceleren las tramitaciones que vienen hace año esperando. Argel analizó este mismo hecho, aludiendo a que se pregunta constantemente del por qué la gente no quiere hablar. Donde conoce casos que se vienen tramitando 8, 6 años -12 la suya con otros ex presos políticos- y que ya es momento que empiecen a resolverse. “Hubo comunidades, familias enteras que desaparecieron en la región de la Araucanía, acá en chamiza se perdió mucha gente, pero nadie quiere hablar”.

Rettig

Líneas arriba comentábamos acerca de la comisión investigadora que propició Aylwin, donde, y a la luz de lo que especifica Alfredo Argel, no fue concluyente. Pese a que el informe se cerró nueve meses después de iniciado, en febrero del 91´.

El informe presenta un total de 3. 920 casos de detenidos desaparecidos y torturados por causas políticas. Según Alfredo, no alcanza a ser ni la mitad de todas las personas que fueron vejadas durante la dictadura, y específicamente, posterior al golpe.

“Todos los gobiernos que han pasado -luego de Pinochet- la concertación, nueva mayoría, se hicieron los lesos. Toda la justicia en la medida de lo posible. Para mí, todos los compromisos ejercidos por Aylwin, Frei, Lagos, Bachelet, eran una pantalla, una gran mentira”.

“Al igual de lo que sucede con el proceso que estamos viviendo con este cambio constitucional. Donde vemos que quieren llegar a acuerdos, y continúan con las mismas trampas. Ya lo vemos como están presentándose para participar de este proceso. Entonces, tramitan y esperan los años, que la gente se olvide, se muera. En mi familia quedamos un hermano y yo, y con suerte tenemos sobrinas, nietas, y que esperamos puedan continuar con esta lucha”, criticó Alfredo.

Las razones

Acusó que, durante esos años, los medios de transporte, y también los de comunicación eran muy escasos en esta zona del país. Por lo que la información era escasa.

Comentó que la televisión recién llegó hasta fines de los años 70. Así que las posibilidades de sacar a la luz pública todos esos atentados a los derechos humanos era prácticamente imposible. Añadió que ahora es distinto, ya que existe mucha información. Algunos profesionales de las ciencias jurídicas están sacando los legajos de esos años, y están investigando dichas acusaciones.

“El informe Rettig fue realizado en este país, para hacer creer a la gente y al mundo que en Chile se hacía justicia. Abrieron procesos casi solo en Santiago – ya que Santiago es Chile- y por ende acá los procesos legales eran eternos”

Museo de la Memoria

El 2016 se firmó un convenio entre el Gobierno y agrupaciones de Derechos Humanos. El objetivo era transformar el ex edificio de la PDI en el Museo de La Memoria.

Bajo este contexto, Argel comentó que otro de los objetivos que persigue este edificio es poder dar instrucción en materias relacionadas con los derechos humanos. Sin embargo, aún no hay recursos para poder poner en ejecución este proyecto.

En conclusión, el ex detenido durante la dictadura, mantiene la esperanza de que estos crímenes puedan ser juzgados y condenados. Para que una parte de la historia de este país, pueda comenzar a sanar una herida. Lograr que la comunidad pueda entender que existen cosas que van más allá de una comprensión política. Que cualquier acto que atente contra la dignidad de las personas, es un acto condenable.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de las jurisdicciones Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique, Álvaro Mesa Latorre, condenó a cuatro ex agentes represivos pertenecientes al Ejército, Carabineros y la Policía de Investigaciones, por su responsabilidad en los delitos consumados de secuestro, secuestro con grave daño y aplicación de tormentos a 31 personas detenidas políticas, ilícitos perpetrados a contar del 11 de septiembre de 1973, en la ciudad de Puerto Montt.

En el fallo (causa rol 10.858), el ministro en visita condenó al entonces capitán de Ejército, a la época de los hechos, Eugenio Adrián Covarrubias Valenzuela (jubilado con el grado de general) y al otrora teniente de Carabineros Carlos Segundo Tapia Galleguillos a la pena de 10 años, más dos penas de 8 años de presidio, como autores de los delitos consumados de secuestro con grave daño, secuestro y apremios ilegítimos (torturas).

En tanto, condenó a los ex detectives de la Policía de Investigaciones (PDI), Roberto Javier Díaz Moya a tres penas efectivas de 10 años de presidio, en calidad de autor de los delitos consumados, en carácter de lesa humanidad, de secuestro simple, secuestro con grave daño y apremios ilegítimos o torturas; y a Javier Armando Olavarría Díaz, a 10 años de presidio como autor de secuestro con grave daño, y dos penas de 9 años de presidio, por secuestro y apremios ilegítimos (torturas), respectivamente.

En el caso de los condenados Covarrubias Valenzuela y Tapia Galleguillos deberán ser notificados en el penal penitenciario donde cumplen condenas por otros delitos de violaciones a los derechos humanos en causas diversas.

Los cuatro condenados formaban parte del Comando de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior (CAJSI) con asiento en la ciudad de Puerto Montt, que incluía las provincias de Llanquihue, Chiloé y Palena. Este organismo operó bajo el mando del General de Brigada Aérea Sergio Hiram Rodolfo Leigh Guzmán (fallecido), entonces comandante de la Tercera Brigada Aérea y Ala N° 5 (Base Aérea El Tepual), y actuaba en dependencias de la Intendencia Provincial de la época.

Formaban parte de mencionado CAJSI, el entonces coronel de Ejército y comandante del Regimiento de Infantería N° 12 'Sangra' de Puerto Montt, Rubén Rojas Román (ya fallecido); el capitán de Fragata y comandante de la Estación Naval y Gobernador Marítimo de Puerto Montt, Osvaldo Federico Pablo Schwarzenberg Stegmaier, en representación de la Armada; el teniente coronel de Carabineros y Prefecto de la Provincia de Llanquihue, Eduardo Partarrieu Navarrete (fallecido); el Prefecto de Puerto Montt, Vicente Leonel Hormazábal Rojas (fallecido), en representación de la Policía de Investigaciones.

Para transmitir sus instrucciones y directrices el General Sergio Leigh Guzmán, estableció un grupo operativo de oficiales de enlace con cada una de las instituciones de las Fuerzas Armadas y de Orden existentes en el territorio bajo su mando. Por el Ejército el enlace operativo fue el entonces capitán Eugenio Adrián Covarrubias Valenzuela, quien estaba a cargo de la Sección Segunda de Inteligencia del Regimiento de Infantería N° 12 'Sangra'; de la Fuerza Aérea fue el coronel Mario Ernesto Jahn Barrera (fallecido), de Carabineros fue el entonces teniente Carlos Segundo Tapia Galleguillos, de la Segunda Comisaría de Carabineros de Puerto Montt; y de la PDI fue el detective Roberto Javier Díaz Moya, del Departamento de Informaciones de la Prefectura de Puerto Montt; de la Armada se desconoce con exactitud el nombre del oficial que cumplía dicha función de enlace.

Las 31 víctimas fueron todos detenidos ilegalmente por las unidades militares y policiales; varias de las personas detenidas se entregaron voluntariamente acatando los llamados en tal sentido que hacía la autoridad de facto de la zona. En esa condición de prisioneros de los uniformados, fueron sometidos a vejámenes y tormentos que corresponden a delitos de lesa humanidad

por Darío Núñez