Díaz López Sergio Antonio

Alvaro Corbalán Castilla y Sergio Díaz López fueron sometidos a proceso por el juez con dedicación exclusiva en el caso Comando Conjunto, Cristián Carvajal, quien los acusa de ser los autores del secuestro del militante comunista Ricardo Weibel Navarrete. Carvajal ordenó la detención de ambos miembros en retiro del Ejército y ex integrantes de la Dirección de Inteligencia de esa rama castrense (Dine) y de la Central Nacional de Inteligencia (CNI).
El mayor (r) Alvaro Corbalán está acusado de ser el encargado de coordinar las tareas del Dine con el Comando Conjunto.
NUTRIDO PRONTUARIO
Actualmente, Corbalán está procesado por la muerte de 12 miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en la denominada Operación Albania, hecho ocurrido tras el atentado contra el ex gobernante de facto Augusto Pinochet en 1987.
También se le acusa de la desaparición del militante del Partido Comunista Juan Luis Rivera Matus, en 1975.
Corbalán Castilla cumple además presidio perpetuo por el asesinato del carpintero Juan Alegría Mundaca en 1983, un crimen que fue perpetrado para servir como pantalla, ya que se pretendía acusar a Alegría del homicidio del presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, Tucapel Jiménez

 

14 de Marzo 2003, La Nación
Comando Conjunto: Ocho ex oficiales procesados por secuestro
El juez con dedicación exclusiva Christián Carvajal sometió a proceso a ocho ex integrantes del Comando Conjunto, entre ellos el general (r) Enrique Ruiz Bunger, ex director de la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea (DIFA), y Alvaro Corbalán Castilla, ex jefe operativo de la CNI.
La medida adoptada por el titular del Tercer Juzgado del Crimen se refiere a la desaparición del estudiante Ignacio González Espinoza (24 años), militante del Partido Comunista, el 4 de diciembre de 1975.
También fueron procesados en calidad de autores del secuestro calificado Juan Saavedra Loyola, Sergio Díaz López, Daniel Guimpert (Armada), Manuel Muñoz Gamboa, y el ex oficial de la Armada y jefe del Departamento de Contrainteligencia del Servicio de Inteligencia Naval (SIN), Jorge Osses Novoa.
En calidad de cómplice quedó encargado reo Otto Trujillo, el conocido "Colmillo Blanco".
Hace algunos días, el magistrado -que heredó las causas del actual fiscal Mario Carroza- procesó a Alvaro Corbalán y el ex uniformado Sergio Díaz López por el secuestro calificado de Luis Moraga Cruz y Ricardo Weibel Navarrete, quienes desaparecieron el 20 de octubre y el 7 de noviembre de 1975, respectivamente.
Con la decisión del titular del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago se comprueba que Corbalán, previo a pertenecer a la Central Nacional de Informaciones (CNI), integró la DINE, organismo que dentro del Comando Conjunto detuvo y dio muerte a opositores al régimen militar.
Corbalán cumple en la actualidad presidio perpetuo por su participación en el asesinato del carpintero Juan Alegría Mondaca, crimen vinculado al homicidio del ex presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Tucapel Jiménez Alfaro. En la actualidad el mayor en retiro permanece recluido en el Batallón de Policía Militar Número 1 de Santiago, ubicado en dependencias del Comando de Telecomunicaciones del Ejército en la comuna de Peñalolén.
También por la desaparición de Weibel, el juez Carvajal ha procesado a los ex uniformados y ex miembros del Comando Conjunto Juan Francisco Saavedra, Enrique Ruiz Bunger y Viviana Ugarte “La Pochi”, esposa del general (r) de la Fach Patricio Campos.
La semana pasada el juez especial encausó también al ex oficial de la Armada Jorge Aníbal Osses y al coronel (R) de la FACH Roberto Serón Cárdenas, por el secuestro de Weibel Navarrete y Luis Moraga Cruz

 

4 de Mayo 2004 El Mostrador

Juez dictó condenas en tres casos de detenidos desaparecidos

El titular del Primer Juzgado de Crimen de Santiago con dedicación exclusiva en causas de derechos humanos, Joaquín Billard, condenó a diez años y un día de presidio al ex jefe operativo de la CNI Álvaro Corbalán Castilla por el secuestro calificado y resultado de muerte de Juan Luis Rivera Matus, registrado en diciembre de 1975.

Junto a Corbalán, y por la misma pena, fue condenado el ex miembro de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), Sergio Díaz López.

En tanto, en calidad de encubridores, recibieron sentencias el jefe del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA), Freddy Ruiz Bunger y Carlos Madrid Hayden, a 600 días de pena remitida.

La notificación, para el caso de Corbalán, hecha esta mañana en Punta Peuco. Fuentes allegadas al caso, indicaron que el Ejército habría preferido no trasladado hasta el tribunal, a fin de evitar problemas a raíz de sus últimas salidas.

Juan Luis Rivera Matus fue nombrado en el primer informe de la Mesa de Diálogo, como uno de las víctimas de la represión que había sido lanzada al mar, junto a otras 131 personas. Sin embargo, en 2001 sus restos aparecieron en los terrenos del Fuerte “Justo Arteaga Cuevas”, en Peldehue. Para muchos, este dato echó por el suelo la credibilidad de esta instancia.

Rivera Matus militaba en el PC y era dirigente sindical de Chilectra. Fue detenido el 6 de noviembre de 1975 en la esquina de Santo Domingo y San Antonio, por cerca de cinco personas de civil que lo subieron a un vehículo tipo station wagon Peugeot de color blanco, sin patente.

El mismo día de su secuestro fue interpuesto un recurso de amparo en su favor ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el cual, como la casi totalidad de las acciones similares interpuestas durante el régimen militar, fue rechazado sin más trámite por el tribunal de alzada, luego de un informe negativo sobre la detención emitido por el Ministerio del Interior. El 26 de mayo de 1976 el proceso había sido sobreseído temporalmente.

Otros casos

Pero ésta no fue la única sentencia dictada por el magistrado. También condenó al ex agente de la DINA Osvaldo Romo Mena, por el delito de secuestro calificado en la persona de Jorge Espinoza Méndez, apodado “Abel” o “Juancho”, cuyos últimos rastros se tienen del 18 de junio de 1974.

Según el informe Rettig, Espinoza Méndez fue sido visto por testigos en el recinto de detención de Londres 38 y desapareció en poder de la DINA, sin que se hayan vuelto a tener noticias de él.

El magistrado también condenó a los ex agentes de la DINA Miguel Krassnoff, Marcelo Moren Brito, Basclay Zapata y Osvaldo Romo a diez años y un día por el delito de secuestro calificado en contra de los ex militantes del MIR Elsa Leuthner, María González, Hernán González y Ricardo Troncoso Muñoz.

El caso de Troncoso Muñoz es particular. Antes de su detención, había permanecido asilado en la Embajada de México en Santiago, desde el 10 de octubre de 1973, hasta el 1 de marzo de 1974, fecha en que abandonó el asilo, desesperado por la tardanza en otorgársele salvoconducto. Quince días después fue detenido por agentes de la DINA.

El magistrado aún investiga el caso de Juan Suil Faúndez, quien fue hecho desaparecer por agentes de la SIFA, a mediados de los setenta. Las otras dos causas que tenía el magistrado, una de ellas por la Operación Colombo, se adjuntaron al expediente que sustancia el ministro de fuero Juan Guzmán Tapia.

Con las condenas en estos tres casos, se abre el camino a que la Corte Suprema unifique el criterio respecto a la aplicación de la ley de Amnistía. En 1997, cambió el criterio de fallo de la Segunda Sala Penal del máximo tribunal, donde se modificó la aplicación de ese cuerpo legal y se instauró la teoría del secuestro permanente.

 

 

5 de Mayo 2004 La Nacion

Primera condena contra el general de la FACH

Una condena de 600 días de presidio contra el ex jefe del Servicio de Inteligencia de la FACH, general (R) Enrique Ruiz Bunger, como encubridor del secuestro del militante comunista Juan Luis Rivera Matus, en noviembre de 1975, dictó el titular del Primer Juzgado del Crimen de Santiago, Joaquín Billard. Si bien la pena se dictó con carácter de “remitida”, vale decir no se cumple en cárcel a cambio de un control periódico de identidad, es la primera vez que un juez sentencia a Ruiz Bunger, uno de los gestores del Comando Conjunto en 1975.

El magistrado también condenó en calidad de autor del mismo delito al ex jefe operativo de la CNI, mayor (R) Alvaro Corbalán. Igualmente, sentenció en calidad de autor al oficial (R) de Ejército Sergio Díaz López a diez años. Como encubridor fue condenado a 600 días de presidio remitido el oficial (R) de la FACH Carlos Madrid Heiden.

Corbalán cumple condena de presidio perpetuo desde hace unos días en la cárcel de Punta Peuco por el crimen del carpintero Juan Alegría Mundaca, cometido por la CNI y la DINE en 1983 para intentar encubrir el asesinato de líder sindical Tucapel Jiménez. Además, fue dictada en su contra otra sentencia de presidio de diez años por el homicidio de Lisandro Sandoval.

El destino de Rivera Matus adquirió una connotación especial, puesto que fue el primer caso que puso en duda el informe de las Fuerzas Armadas de 2001 sobre el destino final de 200 detenidos desaparecidos como resultado de la mesa de diálogo de derechos humanos.

En marzo de 2001, realizando excavaciones en el Fuerte Arteaga en Colina, producto de información contenida en el mencionado informe, la ministra Amanda Valdovinos encontró un esqueleto completo, que finalmente se comprobó eran los restos de Rivera. Sin embargo, éste apareció en ese informe como lanzado al mar junto con otros 150 prisioneros políticos.

El secuestro y homicidio de Rivera Matus correspondió a una operación mixta entre la DNE, para la cual en 1975 trabajaba Corbalán, y el recién formado Comando Conjunto, uno de cuyos impulsores fue el general Ruiz Bunger.

Rivera, trabajador de Chilectra, fue secuestrado y llevado al Regimiento de Colina de la FACH, lugar donde permaneció unos días. Desde allí fue sacado por Corbalán y Díaz y conducido al interior del entonces recinto militar de Peldehue, donde fue ejecutado. La autopsia realizada a sus osamentas revelaron que el detenido, después de muerto, fue rociado con petróleo y quemado.

Rechazo a amnistía

En 2002 las revelaciones de Otto Trujillo, ‘Colmillo Blanco’, en La Nación Domingo, señalaron un dato hasta entonces escasamente conocido: la colaboración entre la DINE y el Comando Conjunto en 1975 para secuestrar y asesinar a Juan Luis Rivera Matus.

Los antecedentes suministrados por Trujillo fueron claves para la pista que siguió el juez Joaquín Billard. Ésta además continuó la vía abierta por el ministro Alejandro Solís y no aplicó la amnistía a favor de los condenados. Incluso las defensas de los sentenciados alegaron que Juan Luis Rivera Matus ya no era un detenido desaparecido, desde que sus restos fueron hallados en Fuerte Arteaga en 2001. Y que, por lo tanto, la figura del secuestro como delito de carácter permanente para rechazar la amnistía, ya no podía ser invocada.

Pero el juez desechó estos argumentos y dijo que, en ese caso, el delito se siguió cometiendo más allá de marzo de 1978, fecha hasta la que se extiende la amnistía. Pero los argumentos de fondo del magistrado apuntaron a que estos delitos, por ser de lesa humanidad, no son amnistiables.

 

28 de Junio 2006 La Nación

Corte elevó condenas a ex agentes del Comando Conjunto

La Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago aumentó las condenas a dos integrantes del ex Comando Conjunto, entre ellos a su creador, el general

(R) de la FACH Enrique Ruiz Bunger, por el secuestro en 1975 del militante comunista Juan Luis Rivera Matus.

La condena de Ruiz Bunger fue elevada de 600 días a 10 años, y en la misma proporción la del ex agente y coronel hoy retirado de la FACH, Carlos Madrid Haydn. A ambos se les cambió además la calidad de encubridor por la de autor.

La sala mantuvo la pena de 10 años de presidio para el teniente coronel (R) de Ejército Sergio Díaz López, pero rebajó de 15 a 10 años la del ex agente y jefe de la Brigada Metropolitana de la CNI, mayor (R) Álvaro Corbalán.

El ministro Jorge Zepeda constituyó el voto de minoría, ya que estuvo por condenar a los cuatro ex agentes sólo a la pena de tres años “por razones humanitarias”. En este sentido, el ministro Zepeda ha sido criticado por abogados querellantes por las bajas condenas que aplica por crímenes de lesa humanidad, si bien no es partidario de aplicar la amnistía. El voto de mayoría lo conformaron el ministro Jorge Dahm y la abogada integrante Victoria Valencia. La condena de primera instancia la dictó el ministro Joaquín Billard.

Los restos de Rivera Matus fueron hallados el 2001 mientras, en la zona de Peldehue donde hoy está el Fuerte Arteaga del Ejército, se rastreaban los cuerpos de los desaparecidos de La Moneda por una orden de la Corte Suprema, según datos recibidos en la Mesa de Diálogo el 2000.

30 de Julio 2007 El Mostrador

Corte Suprema rebaja condenas por homicidio de Juan Rivera Matus

Máximo tribunal acogió recurso de casación en el fondo fondo presentado por la defensa de los militares retirados condenados por el crimen del ex dirigente comunista.

La Segunda Sala de la Corte Suprema rebajó considerablemente las penas impuestas por el homicidio calificado del dirigente comunista Juan Rivera Matus, desaparecido en noviembre de 1975 por miembros del Comando Conjunto.

El máximo tribunal sentenció al general retirado de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) Enrique Ruiz Bunger y a el comandante (r) de la FACH Arturo Madrid Hayden a las penas de presidio remitido.

Por el mismo delito, el ex jefe operativo de la CNI Álvaro Corbalán Castilla y el oficial (r) Sergio Díaz López, el ex miembro de la DINE, fueron sentenciados a cuatro años de cárcel.

A este último se le otorgó el beneficio de la libertad vigilada, mientras que en el caso de Corbalán la pena deberá ser cumplida de forma efectiva.

En el fallo de segunda instancia, la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago había condenado a los cuatro ex militares a diez años.

Rivera Matus, de 52 años al momento de su desaparición, estaba casado y tenía siete hijos. Se desempeñaba como técnico electricista en Chilectra, donde además era dirigente sindical.

Fue detenido el 6 de noviembre de 1975, por cinco hombres de civil a la salida de su trabajo.

El caso de Rivera Matus es considerado uno de los más emblemáticos en materia de violaciones a los derechos humanos, pues develó la inexactitud de la información entregada por las Fuerzas Armadas a la Mesa de Diálogo.

Si bien las ramas castrenses lo incluyeron en un listado de detenidos cuyos cuerpos habían sido arrojados al mar, la jueza Amanda Valdovinos determinó que sus osamentas habían sido enterradas en el fuerte Arteaga del Ejército, en Colina.

 

La Nación,  28 de octubre de 2007 

Sergio Díaz López, ex CNI y pieza clave de la seguridad de Lider
El "sucio" de D&S

El experimentado agente aplicaría el "know how" que obtuvo en los organismos represivos de la dictadura para cuidar la seguridad de las tiendas de D&S. Aunque pesa sobre él una condena por el asesinato de un militante del PC en 1975 y suma varios procesamientos por violaciones de los derechos humanos, la familia que controla el mayor holding de supermercados le confía incluso la seguridad de sus hogares 

Cada día, Sergio Díaz López llega a la casa matriz de D&S, ubicada en Quilicura, vestido con una chaqueta cuadrillé negro y amarillo. Mientras avanza a paso raudo por los pasillos del edificio corporativo, sus empleados lo saludan con diligencia. Aunque no mide más de 1,60, su figura marcial inspira un extraño respeto: lentes oscuros, mostacho y la piel bronceada curtida por el sol hacen que no pase inadvertido. Tampoco su voz ronca y dura. Quienes lo conocen relatan que pocas veces tiene un trato amable, y que cuando se ríe su rostro más bien parece la mueca de una burla. A muchos subalternos, dicho conjunto de cualidades les produce un temor difícil de explicar. Sin embargo, para el rol que desempeña Sergio Díaz en la compañía, estas características resultan fundamentales: es el subgerente de protección y gestión preventiva de negocios segundo hombre de la gerencia de seguridad corporativa , a cargo, entre otros aspectos, de supervisar la seguridad de todos los supermercados Lider y Ekono a lo largo de Chile. En la práctica, Díaz se mueve por los distintos supermercados revisando que los guardias de seguridad cumplan en forma óptima con su labor. 

PRONTUARIO CRIMINAL

Lo que muy pocos saben es que una vez al mes, obligatoriamente, Díaz debe subir a una camioneta Chevrolet verde, propiedad de D&S, para dirigirse hasta avenida Macul 821, donde se encuentran las oficinas del programa de libertad vigilada de Gendarmería de Chile. Ahí, un asistente social lo entrevista en profundidad: le pregunta si considera que se ha rehabilitado, cómo va la relación con su mujer e hijos y, en general, si ha vulnerado algunas de las normas que la Corte Suprema hace pocos meses le impuso, como no salir del país. Pasado ese trago amargo, Díaz enciende el motor del vehículo para volver a codearse con los más altos directivos de la compañía. 

Pese a su alto cargo, son poquísimos los trabajadores de D&S que están al tanto de que la chapa de Díaz en los ochenta era "Harry el sucio", y que hoy está libre debido a que, este año, la justicia decidió concederle la libertad vigilada luego de reducir de diez a cuatro años su condena por el crimen en noviembre de 1975 del militante del PC Luis Rivera Matus. En ese tiempo, "Harry" era temido y su trabajo, primero con Álvaro Corbalán en el Comando Conjunto y luego en la CNI, dejó muchas víctimas. De hecho, el juez de la Corte de Apelaciones Eduardo Fuentes Belmar lo mantiene sometido a proceso por la desaparición de los militantes del PC Luis Moraga Cruz y Ricardo González Espinoza, detenidos el 20 de octubre y el 4 de diciembre de 1975, respectivamente. Además, está siendo investigado por la desaparición de otro militante del PC (ver recuadro). 

Tres décadas después, Díaz sigue despertando temor, pues las personas que dieron su testimonio, salvo los dirigentes sindicales, solicitaron que se resguardara su identidad. Le temen debido a que las prácticas del ex agente de seguridad para conservar el orden en la empresa de retail configuran un verdadero sistema de inteligencia destinado a mantener el temor y la desconfianza entre los compañeros de trabajo. Esto incluiría la instrucción de técnicas de interrogatorio con manuales del Ejército; también habría impartido cursos de seguimiento de automóviles, y algunos que han trabajado con él confiesan que, a la fuerza, han debido aplicar este aprendizaje en compañeros de trabajo e, incluso, a los jefes de cada local. 

RELACIÓN CON IBÁÑEZ

Antes de trabajar en seguridad de D&S, Sergio Díaz cumplió funciones similares en las oficinas centrales de Lan Chile. Desde ahí se habría desvinculado en 2004, poco después de que se conociera la sentencia por su participación en la desaparición de Luis Rivera Matus. Ese mismo año llegó a la compañía de los hermanos Ibáñez, como subalterno del general (r) Carlos Alberto Tagle, actual gerente de seguridad corporativa de la compañía. 

A los pocos meses, Díaz López se arrimó al tronco central de la empresa. Con ocasión de un robo en la casa del presidente del directorio de D&S, Felipe Ibáñez, en San Carlos de Apoquindo, éste se comunicó con la gerencia de seguridad solicitando ayuda. Díaz habría sido quien le devolvió la calma, implementando un sofisticado equipo de circuito cerrado de televisión con el que el empresario y su familia podrían dormir tranquilos.

A partir de ese momento, Díaz se habría transformado en un fiel consejero del clan Ibáñez y, poco tiempo después, se hizo cargo de la seguridad del parte familia, Manuel Ibáñez. 
Quien da cuenta de esa relación es el general de aviación (r) Carlos Ottone, dueño de la empresa de seguridad Shields, que aporta personal a D&S en varios supermercados y también en los hogares de los dueños de la gigante del retail. 

Ottone se reconoce amigo de Díaz y cuenta que éste lo llamó para resguardar las casas, porque "él es el responsable de la seguridad del hogar de Felipe Ibáñez".

Lo particular de la relación contractual de D&S con Díaz es que, si bien en las oficinas señalan que tiene un cargo de planta subgerente, con más de tres años en la empresa está a honorarios. Por lo mismo, en Dicom figura sin empleador. 

El poder de "Harry" en la compañía sería tan grande como para ser capaz de crear un reducto en su interior, y entre sus pares se jactaría de la relación que mantiene con los dueños. Uno de sus compañeros en la gerencia de seguridad corporativa, el coronel de Ejército (r) Sergio Carrasco Concha, subgerente de coordinación y operaciones de seguridad de D&S, también trabajó con él en los ochenta. Coincidieron en la temida Escuela Nacional de Inteligencia de la CNI (ver recuadro), donde Díaz era secretario de estudios y Carrasco profesor. Ahí forjaron su amistad. 

BESOS PROHIBIDOS 

Según los detractores de Díaz, éste tiene absoluta libertad para desarrollar técnicas de inteligencia militar dentro de los supermercados. Natalia Duque, presidenta de la Federación de Sindicatos Lider, relata que "es sabido que en muchos locales D&S hacen seguimientos con las cámaras. En el caso de Viña es patente, y sobre todo a los dirigentes sindicales. También cuando los trabajadores se sindicalizan los llaman a interrogatorios bastante extenuantes, donde los hacen decir por quienes votan, etcétera. Esto fue denunciado en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados". 

La líder sindical sostiene que por el extremo poder que tienen los supervisores de seguridad se dan abusos que lesionan la integridad de las personas. "Un ejemplo se dio hace dos meses en el Lider de Gran Avenida, donde dos funcionarios fueron descubiertos besándose. Claramente con la intención de humillarlos, los guardias mostraron el video a todo el personal". 

Más grave es la denuncia de dos guardias de un Lider de la Región Metropolitana, quienes aseguran que es común que Díaz llegue hasta el local incluso disfrazado, para no delatar su presencia y así fiscalizar mejor el trabajo de los funcionarios de seguridad. "En una ocasión nos dimos cuenta que estaba adentro del local con un jockey, peluca, barba postiza y ropa sport. Obviamente nos asustamos", sostiene el empleado. Agrega que Díaz porta una pistola y "generalmente la lleva adentro del vehículo. Nos dice que es porque hay mucha gente que le quiere hacer daño". El guardia desconoce que, por su situación procesal, el ex agente de seguridad tiene estrictamente prohibido el porte de cualquier tipo de arma. 

LECCIONES DE INTERROGATORIO

El paso de Díaz por el Comando Conjunto y la CNI pareciera, según sus críticos, enorgullecerlo, por lo que no tendría problemas para explicitar sus conocimientos operativos. En 2005, con un manual de inteligencia del Ejército, Díaz habría enseñado a los funcionarios las técnicas de interrogatorio. Les habría señalado, por ejemplo, que el foco de luz dentro de una salita debe ir directo a la cara, que el interrogado siempre debe sentirse culpable y, por ende, angustiado, manteniendo una situación de poder y tensión constante. "Nos mostraba que esto se logra manteniendo siempre al otro por debajo de uno. Es decir, que la otra persona sienta que todo el resto puede conocer sus secretos, que su familia se avergonzará de él", cuenta un funcionario vinculado con los entrenamientos. 

Algunos de los que han ingresado a las oficinas de Díaz, ubicadas en el subterráneo del edificio corporativo de Quilicura, coinciden en que no sólo hay un aparato de grabación de llamados que se enciende automáticamente al momento de levantar el auricular, sino que, además, cuenta con un escáner (rastreador) de cada una de las llamadas entrantes. "A veces nos asusta su exceso de determinación, ya que cuando hay peligro de robo y debemos dar aviso a Carabineros, o sea, entregar todas las atribuciones a la policía, él nos da órdenes de intentar reducir a los ladrones, pero no contamos con armamento calificado para ese tipo de acciones". 

Según los guardias, estas actitudes y demostraciones hacen que endurezcan el trato con los trabajadores de los supermercados, generando desconfianzas entre los propios compañeros. "Una vez me envió a seguir a un compañero de labores. Fue muy desagradable porque es mi compañero, pero no se puede hacer nada porque es un secreto a voces que Harry tiene intervenido todo el sistema de radios de la compañía", relata el guardia. 
A pesar de esta situación, reforzada por una serie de denuncias por hostigamiento realizadas ante la Dirección del Trabajo (ver recuadro), Great Place To Work Institute y revista "Capital" han reconocido a D&S durante los dos últimos años entre las 35 mejores empresas para trabajar en Chile debido a su clima laboral. 

Brigada Cobra 

Un ex funcionario que trabajó por dos décadas en D&S asegura que fue justamente cuando Díaz ingresó a la empresa que todo cambió. "Un día se presentó su gente a mi local. Me llevaron a una habitación y me sentaron en una silla. Delante mío estaba un tipo que me dijeron era abogado y a su lado otro que hacía las preguntas. El primero no pronunciaba palabra alguna, sólo me miraba. El otro comenzó a decir que yo le había hecho regalos a un jefe de administración, lo cual negué. Me insistió en que era así. Luego me cambió de tema. Comenzó a preguntar si había sacado cosas por bodega, lo que también negué. Él insistía que sabía, pero que no podía darme el nombre de la persona que lo había señalado. No me dejaron salir en más de una hora. Finalmente todo quedó en nada. Nunca me volvieron a tocar el tema, pero en Lider todos creen que los están mirando", denuncia el ex empleado, excusándose por no querer que aparezca su nombre por el temor de quedar en una lista negra, ya que existe una verdadera red de ex militares y carabineros a cargo de la seguridad de las grandes empresas. 

Los "agentes" aludidos por el funcionario víctima de los apremios serían parte de un grupo de la estrecha confianza de Díaz denominado Cobra, debido a que se relacionarían a través de una frecuencia interna de radio que llaman con este nombre. La mayoría de sus integrantes también son ex miembros del Ejército y su labor se centraría en secundar los trabajos de "Harry". 

Según la sindicalista Natalia Duque, hay personajes en la seguridad de los supermercados que no corresponden a sus cargos y que sobrepasan la autoridad que piensan que tienen. "Yo creo que alguien les hace creer que tienen mucho poder. Las cúpulas, incluyendo jefes de seguridad y administradores, son todos ex militares. Eso es algo que está arraigado en Lider. Es algo que no van a abandonar y es parte de su entrenamiento, de su vida, de su ser. Entonces, la formación que recibieron en el Ejército la repiten en Lider, eso es algo innato".

La dirigenta agrega que los reponedores externos son las víctimas más expuestas a esta situación. "Si salen del local tienen que levantarse los pantalones hasta la rodilla, los bolsos, la polera. Los guardias les imponen el horario de entrada y salida, les retienen los carnés. Son muy maltratados por los guardias, que a veces llegan a ser violentos. A todos los trabajadores de Lider les hacen una inducción que yo le llamo abducción y les enseñan un método de trabajo donde no existe un respeto a las personas. Existe una idea muy distinta de lo que es moralidad. Si los jefes no tienen respeto por sus subalternos es obvio que éste tampoco lo va a tener, lo que genera un círculo vicioso. Los guardias tienen un comportamiento poco ético. Ellos están más preocupados de vigilar a los trabajadores que a los clientes". 

Si este trato es vejatorio, peor aún es el reservado a los mecheros (ladrones de supermercados). "Hay un caso que no ha sido denunciado, pero que captaron las cámaras del local de Plaza Vespucio. Ahí, los guardias le dieron una brutal paliza a un ladrón. Además, aunque la ley no se los permite, ellos usan varillas retráctiles como las de Carabineros, que esconden en los bolsillos", denuncia otro empleado de Lider. 

Aparte de estos problemas, las denuncias en contra de Díaz apuntan a que los seguimientos, escuchas y presiones laborales estarían dirigidos a beneficiar a empresas de seguridad y camaradas de armas.

"LADINO Y SUCIO" 

Un oficial de inteligencia en servicio activo, que conoce toda la carrera de Díaz en el Ejército, recuerda que el sobrenombre "Harry el sucio", en alusión a la película protagonizada por Clint Eastwood, no se lo ganó por ser un tipo violento, como el personaje del filme, "sino porque era realmente sucio y ladino en su manera de relacionarse. Si algo lo caracterizaba es que era engreído, siempre trataba de obtener algún beneficio, en cualquier momento te podía clavar un puñal por la espalda, pero sobre todo era muy hábil para estar cerca de los jefes. Con ellos sí se relacionaba bien", cuenta. Otro funcionario de inteligencia agrega que, como Díaz estaba a cargo del Departamento Administrativo Logístico de la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército, encargado de entregar los recursos económicos, su actuar rayaba en la corrupción. "Si necesitábamos dinero para una operación, todo debía pasar por él, y uno sentía que si le entregaba una parte del dinero tenía más posibilidades de llevar a cabo los trabajos", asegura. 

LND se comunicó con Extend, la empresa de relaciones públicas a cargo de D&S, para obtener la versión de la empresa. Al cierre de esta edición no se tuvo respuesta.
Tal como en los mejores años de los ochenta, Sergio Díaz mantendría todo el control. La pregunta es si logrará seguir imponiendo su estilo, si se materializa la inminente fusión entre D&S y Falabella. LND 

El prontuario de "Harry" y Corbalán

La condena sobre Sergio Díaz (originalmente de diez años y luego rebajada por la Corte Suprema a cuatro) es por la desaparición del electricista del PC Luis Rivera Matus en noviembre de 1975. El caso fue especialmente polémico debido a que, según los testimonios de la Mesa de Diálogo, el cuerpo de Rivera había sido lanzado al mar. Sin embargo, en 2002 se confirmó el hallazgo de restos óseos de su cuerpo en el Fuerte Arteaga del Ejército, en Colina. A partir de ese momento, la Mesa de Diálogo perdió peso y dividió los ánimos. 
Actualmente, Díaz también se encuentra procesado, junto a Álvaro Corbalán, por el crimen del militante del PC Ricardo Weibel, el 5 de diciembre de 1975. Según los testimonios de la Comisión de Verdad y Reconciliación, ese día "detuvieron a Ricardo Weibel Navarrete, siendo conducido hasta la Base Aérea de Colina, lugar desde donde habría sido sacado, junto a otros detenidos, para ser muerto en los terrenos militares de Peldehue". 

Los otros dos procesamientos pendientes en contra de Díaz son por los casos de los militantes del PC Luis Moraga Cruz y Ricardo González Espinoza, detenidos el 20 de octubre y el 4 de diciembre de 1975, respectivamente. Sin embargo, el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Eduardo Fuentes Belmar ha logrado avances notables en la investigación de la desaparición de Víctor Vega Riquelme, también del PC, ocurrida entre fines de 1975 y principios de 1976. Según los testimonios recabados, nuevamente fueron Corbalán y "Harry el sucio" quienes lo sacaron del último centro de detención donde se le vio con vida. 

Patricia Silva, directora del Trabajo

"La ley no permite trato policial a los trabajadores"

Según el documento de la Dirección del Trabajo "Sociedades comerciales bajo la marca Lider con denuncia por hostigamiento 2007", este año fueron presentadas numerosas denuncias en 23 locales de Lider a lo largo de Chile. La directora de ese organismo contralor, Patricia Silva, afirma que es poco común recibir denuncias de este tipo. 
–¿La ley protege al trabajador frente al hostigamiento?

–No. Nuestra legislación regula poco el hostigamiento relacionado con el maltrato sicológico que afecta la honra, la intimidad y el honor de las personas. En general es poco denunciado, porque se debe tener en cuenta que el hostigamiento es una denuncia que se hace cuando el trabajador tiene una relación laboral vigente. Por ende, no cuenta con fuero. 

–¿En qué sectores se da más este tipo de trato?

–En el sector servicios, y dentro de éste los supermercados y bancos son preponderantes. Nosotros hemos emitido dictámenes tendientes a regular el control extremo y policial. En ningún caso la ley permite un trato prepolicial o preinvestigativo. Los trabajadores pueden denunciar con reserva de identidad.

 

La Nación, 30 de octubre de 2007

LAS OSCURAS REDES EN D&S DE HARRY EL SUCIO

Un reportaje publicado en la última edición de LND denunció prácticas de inteligencia al interior de los supermercados D&S. El responsable sería el subgerente de protección y gestión preventiva de negocios, coronel de Ejército (R) Sergio Díaz López, ex agente de la CNI, conocido como Harry el sucio y condenado por el crimen de un militante del PC -en 1975- y procesado por otros tres crímenes de lesa humanidad.

Según las denuncias recibidas, parte de la presión que ejercería Díaz sobre los empleados de la compañía de retail estarían destinas a favorecer a Shields, empresa de seguridad que presta servicios a D&S. Shields es de propiedad del general de Aviación (R) Carlos Ottone, sobre quien pesa una querella interpuesta por 250 trabajadores de la ex empresa de cecinas Loewer, detenidos y torturados en la base aérea de El Bosque en 1973.

Apoderados y amigos

Shields fue creada en 2005 y ha experimentado un crecimiento explosivo. Actualmente tiene a cargo la seguridad de 21 supermercados Ekono, 13 Lider y está a punto de hacerse cargo de la empresa matriz que recibe y distribuye los alimentos para los supermercados. Ottone reconoce que la relación con Díaz es muy estrecha ya que sus hijos son compañeros "desde kindergarten el Colegio Alcázar y en los boy scouts. En 2005 Sergio me señaló que tenía problemas con la seguridad de unos locales de Lider. En ese marco creé mi empresa y gracias a la experticie nos ha ido muy bien", recalca.

DENUNCIAS

Sin embargo, el lado amargo lo sufrirían funcionarios de la empresa de retail que han tenido problemas con algunos guardias de Shields. El primer caso habría producido en 2006, luego de que un jefe de seguridad zonal de Lider despidió a un guardia de Shields. "Díaz mandó a llamar a su oficina al jefe de seguridad y lo presionó para que recontratara al despedido. El caso fue conocido porque debieron intervenir otras autoridades", cuenta un funcionario que solicitó reserva de su identidad.

La otra denuncia que en este momento es investigada en D&S ocurrió este año en otro Lider de la Región Metropolitana.

Esa vez un jefe de seguridad habría sido llamado por Díaz a las oficinas para ser interrogado luego de despedir a un funcionario de Shields. Ahí, éste habría sido amenazado por Díaz, señalándole que recontratara al funcionario de Shields sino quería perder su trabajo.

 

El juez con dedicación exclusiva Christián Carvajal sometió a proceso a ocho ex integrantes del Comando Conjunto, entre ellos el general (r) Enrique Ruiz Bunger, ex director de la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea (DIFA), y Alvaro Corbalán Castilla, ex jefe operativo de la CNI.
La medida adoptada por el titular del Tercer Juzgado del Crimen se refiere a la desaparición del estudiante Ignacio González Espinoza (24 años), militante del Partido Comunista, el 4 de diciembre de 1975.
También fueron procesados en calidad de autores del secuestro calificado Juan Saavedra Loyola, Sergio Díaz López, Daniel Guimpert (Armada), Manuel Muñoz Gamboa, y el ex oficial de la Armada y jefe del Departamento de Contrainteligencia del Servicio de Inteligencia Naval (SIN), Jorge Osses Novoa.
En calidad de cómplice quedó encargado reo Otto Trujillo, el conocido "Colmillo Blanco".
Hace algunos días, el magistrado -que heredó las causas del actual fiscal Mario Carroza- procesó a Alvaro Corbalán y el ex uniformado Sergio Díaz López por el secuestro calificado de Luis Moraga Cruz y Ricardo Weibel Navarrete, quienes desaparecieron el 20 de octubre y el 7 de noviembre de 1975, respectivamente.
Con la decisión del titular del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago se comprueba que Corbalán, previo a pertenecer a la Central Nacional de Informaciones (CNI), integró la DINE, organismo que dentro del Comando Conjunto detuvo y dio muerte a opositores al régimen militar.
Corbalán cumple en la actualidad presidio perpetuo por su participación en el asesinato del carpintero Juan Alegría Mondaca, crimen vinculado al homicidio del ex presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Tucapel Jiménez Alfaro. En la actualidad el mayor en retiro permanece recluido en el Batallón de Policía Militar Número 1 de Santiago, ubicado en dependencias del Comando de Telecomunicaciones del Ejército en la comuna de Peñalolén.
También por la desaparición de Weibel, el juez Carvajal ha procesado a los ex uniformados y ex miembros del Comando Conjunto Juan Francisco Saavedra, Enrique Ruiz Bunger y Viviana Ugarte “La Pochi”, esposa del general (r) de la Fach Patricio Campos.
La semana pasada el juez especial encausó también al ex oficial de la Armada Jorge Aníbal Osses y al coronel (R) de la FACH Roberto Serón Cárdenas, por el secuestro de Weibel Navarrete y Luis Moraga Cruz

 

El titular del Primer Juzgado de Crimen de Santiago con dedicación exclusiva en causas de derechos humanos, Joaquín Billard, condenó a diez años y un día de presidio al ex jefe operativo de la CNI Álvaro Corbalán Castilla por el secuestro calificado y resultado de muerte de Juan Luis Rivera Matus, registrado en diciembre de 1975.

Junto a Corbalán, y por la misma pena, fue condenado el ex miembro de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), Sergio Díaz López.

En tanto, en calidad de encubridores, recibieron sentencias el jefe del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA), Freddy Ruiz Bunger y Carlos Madrid Hayden, a 600 días de pena remitida.

La notificación, para el caso de Corbalán, hecha esta mañana en Punta Peuco. Fuentes allegadas al caso, indicaron que el Ejército habría preferido no trasladado hasta el tribunal, a fin de evitar problemas a raíz de sus últimas salidas.

Juan Luis Rivera Matus fue nombrado en el primer informe de la Mesa de Diálogo, como uno de las víctimas de la represión que había sido lanzada al mar, junto a otras 131 personas. Sin embargo, en 2001 sus restos aparecieron en los terrenos del Fuerte “Justo Arteaga Cuevas”, en Peldehue. Para muchos, este dato echó por el suelo la credibilidad de esta instancia.

Rivera Matus militaba en el PC y era dirigente sindical de Chilectra. Fue detenido el 6 de noviembre de 1975 en la esquina de Santo Domingo y San Antonio, por cerca de cinco personas de civil que lo subieron a un vehículo tipo station wagon Peugeot de color blanco, sin patente.

El mismo día de su secuestro fue interpuesto un recurso de amparo en su favor ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el cual, como la casi totalidad de las acciones similares interpuestas durante el régimen militar, fue rechazado sin más trámite por el tribunal de alzada, luego de un informe negativo sobre la detención emitido por el Ministerio del Interior. El 26 de mayo de 1976 el proceso había sido sobreseído temporalmente.

Otros casos

Pero ésta no fue la única sentencia dictada por el magistrado. También condenó al ex agente de la DINA Osvaldo Romo Mena, por el delito de secuestro calificado en la persona de Jorge Espinoza Méndez, apodado “Abel” o “Juancho”, cuyos últimos rastros se tienen del 18 de junio de 1974.

Según el informe Rettig, Espinoza Méndez fue sido visto por testigos en el recinto de detención de Londres 38 y desapareció en poder de la DINA, sin que se hayan vuelto a tener noticias de él.

El magistrado también condenó a los ex agentes de la DINA Miguel Krassnoff, Marcelo Moren Brito, Basclay Zapata y Osvaldo Romo a diez años y un día por el delito de secuestro calificado en contra de los ex militantes del MIR Elsa Leuthner, María González, Hernán González y Ricardo Troncoso Muñoz.

El caso de Troncoso Muñoz es particular. Antes de su detención, había permanecido asilado en la Embajada de México en Santiago, desde el 10 de octubre de 1973, hasta el 1 de marzo de 1974, fecha en que abandonó el asilo, desesperado por la tardanza en otorgársele salvoconducto. Quince días después fue detenido por agentes de la DINA.

El magistrado aún investiga el caso de Juan Suil Faúndez, quien fue hecho desaparecer por agentes de la SIFA, a mediados de los setenta. Las otras dos causas que tenía el magistrado, una de ellas por la Operación Colombo, se adjuntaron al expediente que sustancia el ministro de fuero Juan Guzmán Tapia.

Con las condenas en estos tres casos, se abre el camino a que la Corte Suprema unifique el criterio respecto a la aplicación de la ley de Amnistía. En 1997, cambió el criterio de fallo de la Segunda Sala Penal del máximo tribunal, donde se modificó la aplicación de ese cuerpo legal y se instauró la teoría del secuestro permanente.

 

 

Una condena de 600 días de presidio contra el ex jefe del Servicio de Inteligencia de la FACH, general (R) Enrique Ruiz Bunger, como encubridor del secuestro del militante comunista Juan Luis Rivera Matus, en noviembre de 1975, dictó el titular del Primer Juzgado del Crimen de Santiago, Joaquín Billard. Si bien la pena se dictó con carácter de “remitida”, vale decir no se cumple en cárcel a cambio de un control periódico de identidad, es la primera vez que un juez sentencia a Ruiz Bunger, uno de los gestores del Comando Conjunto en 1975.

El magistrado también condenó en calidad de autor del mismo delito al ex jefe operativo de la CNI, mayor (R) Alvaro Corbalán. Igualmente, sentenció en calidad de autor al oficial (R) de Ejército Sergio Díaz López a diez años. Como encubridor fue condenado a 600 días de presidio remitido el oficial (R) de la FACH Carlos Madrid Heiden.

Corbalán cumple condena de presidio perpetuo desde hace unos días en la cárcel de Punta Peuco por el crimen del carpintero Juan Alegría Mundaca, cometido por la CNI y la DINE en 1983 para intentar encubrir el asesinato de líder sindical Tucapel Jiménez. Además, fue dictada en su contra otra sentencia de presidio de diez años por el homicidio de Lisandro Sandoval.

El destino de Rivera Matus adquirió una connotación especial, puesto que fue el primer caso que puso en duda el informe de las Fuerzas Armadas de 2001 sobre el destino final de 200 detenidos desaparecidos como resultado de la mesa de diálogo de derechos humanos.

En marzo de 2001, realizando excavaciones en el Fuerte Arteaga en Colina, producto de información contenida en el mencionado informe, la ministra Amanda Valdovinos encontró un esqueleto completo, que finalmente se comprobó eran los restos de Rivera. Sin embargo, éste apareció en ese informe como lanzado al mar junto con otros 150 prisioneros políticos.

El secuestro y homicidio de Rivera Matus correspondió a una operación mixta entre la DNE, para la cual en 1975 trabajaba Corbalán, y el recién formado Comando Conjunto, uno de cuyos impulsores fue el general Ruiz Bunger.

Rivera, trabajador de Chilectra, fue secuestrado y llevado al Regimiento de Colina de la FACH, lugar donde permaneció unos días. Desde allí fue sacado por Corbalán y Díaz y conducido al interior del entonces recinto militar de Peldehue, donde fue ejecutado. La autopsia realizada a sus osamentas revelaron que el detenido, después de muerto, fue rociado con petróleo y quemado.

Rechazo a amnistía

En 2002 las revelaciones de Otto Trujillo, ‘Colmillo Blanco’, en La Nación Domingo, señalaron un dato hasta entonces escasamente conocido: la colaboración entre la DINE y el Comando Conjunto en 1975 para secuestrar y asesinar a Juan Luis Rivera Matus.

Los antecedentes suministrados por Trujillo fueron claves para la pista que siguió el juez Joaquín Billard. Ésta además continuó la vía abierta por el ministro Alejandro Solís y no aplicó la amnistía a favor de los condenados. Incluso las defensas de los sentenciados alegaron que Juan Luis Rivera Matus ya no era un detenido desaparecido, desde que sus restos fueron hallados en Fuerte Arteaga en 2001. Y que, por lo tanto, la figura del secuestro como delito de carácter permanente para rechazar la amnistía, ya no podía ser invocada.

Pero el juez desechó estos argumentos y dijo que, en ese caso, el delito se siguió cometiendo más allá de marzo de 1978, fecha hasta la que se extiende la amnistía. Pero los argumentos de fondo del magistrado apuntaron a que estos delitos, por ser de lesa humanidad, no son amnistiables.

 

La Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago aumentó las condenas a dos integrantes del ex Comando Conjunto, entre ellos a su creador, el general

(R) de la FACH Enrique Ruiz Bunger, por el secuestro en 1975 del militante comunista Juan Luis Rivera Matus.

La condena de Ruiz Bunger fue elevada de 600 días a 10 años, y en la misma proporción la del ex agente y coronel hoy retirado de la FACH, Carlos Madrid Haydn. A ambos se les cambió además la calidad de encubridor por la de autor.

La sala mantuvo la pena de 10 años de presidio para el teniente coronel (R) de Ejército Sergio Díaz López, pero rebajó de 15 a 10 años la del ex agente y jefe de la Brigada Metropolitana de la CNI, mayor (R) Álvaro Corbalán.

El ministro Jorge Zepeda constituyó el voto de minoría, ya que estuvo por condenar a los cuatro ex agentes sólo a la pena de tres años “por razones humanitarias”. En este sentido, el ministro Zepeda ha sido criticado por abogados querellantes por las bajas condenas que aplica por crímenes de lesa humanidad, si bien no es partidario de aplicar la amnistía. El voto de mayoría lo conformaron el ministro Jorge Dahm y la abogada integrante Victoria Valencia. La condena de primera instancia la dictó el ministro Joaquín Billard.

Los restos de Rivera Matus fueron hallados el 2001 mientras, en la zona de Peldehue donde hoy está el Fuerte Arteaga del Ejército, se rastreaban los cuerpos de los desaparecidos de La Moneda por una orden de la Corte Suprema, según datos recibidos en la Mesa de Diálogo el 2000.

Máximo tribunal acogió recurso de casación en el fondo fondo presentado por la defensa de los militares retirados condenados por el crimen del ex dirigente comunista.

La Segunda Sala de la Corte Suprema rebajó considerablemente las penas impuestas por el homicidio calificado del dirigente comunista Juan Rivera Matus, desaparecido en noviembre de 1975 por miembros del Comando Conjunto.

El máximo tribunal sentenció al general retirado de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) Enrique Ruiz Bunger y a el comandante (r) de la FACH Arturo Madrid Hayden a las penas de presidio remitido.

Por el mismo delito, el ex jefe operativo de la CNI Álvaro Corbalán Castilla y el oficial (r) Sergio Díaz López, el ex miembro de la DINE, fueron sentenciados a cuatro años de cárcel.

A este último se le otorgó el beneficio de la libertad vigilada, mientras que en el caso de Corbalán la pena deberá ser cumplida de forma efectiva.

En el fallo de segunda instancia, la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago había condenado a los cuatro ex militares a diez años.

Rivera Matus, de 52 años al momento de su desaparición, estaba casado y tenía siete hijos. Se desempeñaba como técnico electricista en Chilectra, donde además era dirigente sindical.

Fue detenido el 6 de noviembre de 1975, por cinco hombres de civil a la salida de su trabajo.

El caso de Rivera Matus es considerado uno de los más emblemáticos en materia de violaciones a los derechos humanos, pues develó la inexactitud de la información entregada por las Fuerzas Armadas a la Mesa de Diálogo.

Si bien las ramas castrenses lo incluyeron en un listado de detenidos cuyos cuerpos habían sido arrojados al mar, la jueza Amanda Valdovinos determinó que sus osamentas habían sido enterradas en el fuerte Arteaga del Ejército, en Colina.

 

El experimentado agente aplicaría el "know how" que obtuvo en los organismos represivos de la dictadura para cuidar la seguridad de las tiendas de D&S. Aunque pesa sobre él una condena por el asesinato de un militante del PC en 1975 y suma varios procesamientos por violaciones de los derechos humanos, la familia que controla el mayor holding de supermercados le confía incluso la seguridad de sus hogares
Cada día, Sergio Díaz López llega a la casa matriz de D&S, ubicada en Quilicura, vestido con una chaqueta cuadrillé negro y amarillo. Mientras avanza a paso raudo por los pasillos del edificio corporativo, sus empleados lo saludan con diligencia. Aunque no mide más de 1,60, su figura marcial inspira un extraño respeto: lentes oscuros, mostacho y la piel bronceada curtida por el sol hacen que no pase inadvertido. Tampoco su voz ronca y dura. Quienes lo conocen relatan que pocas veces tiene un trato amable, y que cuando se ríe su rostro más bien parece la mueca de una burla. A muchos subalternos, dicho conjunto de cualidades les produce un temor difícil de explicar. Sin embargo, para el rol que desempeña Sergio Díaz en la compañía, estas características resultan fundamentales: es el subgerente de protección y gestión preventiva de negocios segundo hombre de la gerencia de seguridad corporativa , a cargo, entre otros aspectos, de supervisar la seguridad de todos los supermercados Lider y Ekono a lo largo de Chile. En la práctica, Díaz se mueve por los distintos supermercados revisando que los guardias de seguridad cumplan en forma óptima con su labor. 

PRONTUARIO CRIMINAL

Lo que muy pocos saben es que una vez al mes, obligatoriamente, Díaz debe subir a una camioneta Chevrolet verde, propiedad de D&S, para dirigirse hasta avenida Macul 821, donde se encuentran las oficinas del programa de libertad vigilada de Gendarmería de Chile. Ahí, un asistente social lo entrevista en profundidad: le pregunta si considera que se ha rehabilitado, cómo va la relación con su mujer e hijos y, en general, si ha vulnerado algunas de las normas que la Corte Suprema hace pocos meses le impuso, como no salir del país. Pasado ese trago amargo, Díaz enciende el motor del vehículo para volver a codearse con los más altos directivos de la compañía. 

Pese a su alto cargo, son poquísimos los trabajadores de D&S que están al tanto de que la chapa de Díaz en los ochenta era "Harry el sucio", y que hoy está libre debido a que, este año, la justicia decidió concederle la libertad vigilada luego de reducir de diez a cuatro años su condena por el crimen en noviembre de 1975 del militante del PC Luis Rivera Matus. En ese tiempo, "Harry" era temido y su trabajo, primero con Álvaro Corbalán en el Comando Conjunto y luego en la CNI, dejó muchas víctimas. De hecho, el juez de la Corte de Apelaciones Eduardo Fuentes Belmar lo mantiene sometido a proceso por la desaparición de los militantes del PC Luis Moraga Cruz y Ricardo González Espinoza, detenidos el 20 de octubre y el 4 de diciembre de 1975, respectivamente. Además, está siendo investigado por la desaparición de otro militante del PC (ver recuadro). 

Tres décadas después, Díaz sigue despertando temor, pues las personas que dieron su testimonio, salvo los dirigentes sindicales, solicitaron que se resguardara su identidad. Le temen debido a que las prácticas del ex agente de seguridad para conservar el orden en la empresa de retail configuran un verdadero sistema de inteligencia destinado a mantener el temor y la desconfianza entre los compañeros de trabajo. Esto incluiría la instrucción de técnicas de interrogatorio con manuales del Ejército; también habría impartido cursos de seguimiento de automóviles, y algunos que han trabajado con él confiesan que, a la fuerza, han debido aplicar este aprendizaje en compañeros de trabajo e, incluso, a los jefes de cada local. 

RELACIÓN CON IBÁÑEZ

Antes de trabajar en seguridad de D&S, Sergio Díaz cumplió funciones similares en las oficinas centrales de Lan Chile. Desde ahí se habría desvinculado en 2004, poco después de que se conociera la sentencia por su participación en la desaparición de Luis Rivera Matus. Ese mismo año llegó a la compañía de los hermanos Ibáñez, como subalterno del general (r) Carlos Alberto Tagle, actual gerente de seguridad corporativa de la compañía. 

A los pocos meses, Díaz López se arrimó al tronco central de la empresa. Con ocasión de un robo en la casa del presidente del directorio de D&S, Felipe Ibáñez, en San Carlos de Apoquindo, éste se comunicó con la gerencia de seguridad solicitando ayuda. Díaz habría sido quien le devolvió la calma, implementando un sofisticado equipo de circuito cerrado de televisión con el que el empresario y su familia podrían dormir tranquilos.

A partir de ese momento, Díaz se habría transformado en un fiel consejero del clan Ibáñez y, poco tiempo después, se hizo cargo de la seguridad del parte familia, Manuel Ibáñez. 
Quien da cuenta de esa relación es el general de aviación (r) Carlos Ottone, dueño de la empresa de seguridad Shields, que aporta personal a D&S en varios supermercados y también en los hogares de los dueños de la gigante del retail. 

Ottone se reconoce amigo de Díaz y cuenta que éste lo llamó para resguardar las casas, porque "él es el responsable de la seguridad del hogar de Felipe Ibáñez".

Lo particular de la relación contractual de D&S con Díaz es que, si bien en las oficinas señalan que tiene un cargo de planta subgerente, con más de tres años en la empresa está a honorarios. Por lo mismo, en Dicom figura sin empleador. 

El poder de "Harry" en la compañía sería tan grande como para ser capaz de crear un reducto en su interior, y entre sus pares se jactaría de la relación que mantiene con los dueños. Uno de sus compañeros en la gerencia de seguridad corporativa, el coronel de Ejército (r) Sergio Carrasco Concha, subgerente de coordinación y operaciones de seguridad de D&S, también trabajó con él en los ochenta. Coincidieron en la temida Escuela Nacional de Inteligencia de la CNI (ver recuadro), donde Díaz era secretario de estudios y Carrasco profesor. Ahí forjaron su amistad. 

BESOS PROHIBIDOS 

Según los detractores de Díaz, éste tiene absoluta libertad para desarrollar técnicas de inteligencia militar dentro de los supermercados. Natalia Duque, presidenta de la Federación de Sindicatos Lider, relata que "es sabido que en muchos locales D&S hacen seguimientos con las cámaras. En el caso de Viña es patente, y sobre todo a los dirigentes sindicales. También cuando los trabajadores se sindicalizan los llaman a interrogatorios bastante extenuantes, donde los hacen decir por quienes votan, etcétera. Esto fue denunciado en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados". 

La líder sindical sostiene que por el extremo poder que tienen los supervisores de seguridad se dan abusos que lesionan la integridad de las personas. "Un ejemplo se dio hace dos meses en el Lider de Gran Avenida, donde dos funcionarios fueron descubiertos besándose. Claramente con la intención de humillarlos, los guardias mostraron el video a todo el personal". 

Más grave es la denuncia de dos guardias de un Lider de la Región Metropolitana, quienes aseguran que es común que Díaz llegue hasta el local incluso disfrazado, para no delatar su presencia y así fiscalizar mejor el trabajo de los funcionarios de seguridad. "En una ocasión nos dimos cuenta que estaba adentro del local con un jockey, peluca, barba postiza y ropa sport. Obviamente nos asustamos", sostiene el empleado. Agrega que Díaz porta una pistola y "generalmente la lleva adentro del vehículo. Nos dice que es porque hay mucha gente que le quiere hacer daño". El guardia desconoce que, por su situación procesal, el ex agente de seguridad tiene estrictamente prohibido el porte de cualquier tipo de arma. 

LECCIONES DE INTERROGATORIO

El paso de Díaz por el Comando Conjunto y la CNI pareciera, según sus críticos, enorgullecerlo, por lo que no tendría problemas para explicitar sus conocimientos operativos. En 2005, con un manual de inteligencia del Ejército, Díaz habría enseñado a los funcionarios las técnicas de interrogatorio. Les habría señalado, por ejemplo, que el foco de luz dentro de una salita debe ir directo a la cara, que el interrogado siempre debe sentirse culpable y, por ende, angustiado, manteniendo una situación de poder y tensión constante. "Nos mostraba que esto se logra manteniendo siempre al otro por debajo de uno. Es decir, que la otra persona sienta que todo el resto puede conocer sus secretos, que su familia se avergonzará de él", cuenta un funcionario vinculado con los entrenamientos. 

Algunos de los que han ingresado a las oficinas de Díaz, ubicadas en el subterráneo del edificio corporativo de Quilicura, coinciden en que no sólo hay un aparato de grabación de llamados que se enciende automáticamente al momento de levantar el auricular, sino que, además, cuenta con un escáner (rastreador) de cada una de las llamadas entrantes. "A veces nos asusta su exceso de determinación, ya que cuando hay peligro de robo y debemos dar aviso a Carabineros, o sea, entregar todas las atribuciones a la policía, él nos da órdenes de intentar reducir a los ladrones, pero no contamos con armamento calificado para ese tipo de acciones". 

Según los guardias, estas actitudes y demostraciones hacen que endurezcan el trato con los trabajadores de los supermercados, generando desconfianzas entre los propios compañeros. "Una vez me envió a seguir a un compañero de labores. Fue muy desagradable porque es mi compañero, pero no se puede hacer nada porque es un secreto a voces que Harry tiene intervenido todo el sistema de radios de la compañía", relata el guardia. 
A pesar de esta situación, reforzada por una serie de denuncias por hostigamiento realizadas ante la Dirección del Trabajo (ver recuadro), Great Place To Work Institute y revista "Capital" han reconocido a D&S durante los dos últimos años entre las 35 mejores empresas para trabajar en Chile debido a su clima laboral. 

Brigada Cobra 

Un ex funcionario que trabajó por dos décadas en D&S asegura que fue justamente cuando Díaz ingresó a la empresa que todo cambió. "Un día se presentó su gente a mi local. Me llevaron a una habitación y me sentaron en una silla. Delante mío estaba un tipo que me dijeron era abogado y a su lado otro que hacía las preguntas. El primero no pronunciaba palabra alguna, sólo me miraba. El otro comenzó a decir que yo le había hecho regalos a un jefe de administración, lo cual negué. Me insistió en que era así. Luego me cambió de tema. Comenzó a preguntar si había sacado cosas por bodega, lo que también negué. Él insistía que sabía, pero que no podía darme el nombre de la persona que lo había señalado. No me dejaron salir en más de una hora. Finalmente todo quedó en nada. Nunca me volvieron a tocar el tema, pero en Lider todos creen que los están mirando", denuncia el ex empleado, excusándose por no querer que aparezca su nombre por el temor de quedar en una lista negra, ya que existe una verdadera red de ex militares y carabineros a cargo de la seguridad de las grandes empresas. 

Los "agentes" aludidos por el funcionario víctima de los apremios serían parte de un grupo de la estrecha confianza de Díaz denominado Cobra, debido a que se relacionarían a través de una frecuencia interna de radio que llaman con este nombre. La mayoría de sus integrantes también son ex miembros del Ejército y su labor se centraría en secundar los trabajos de "Harry". 

Según la sindicalista Natalia Duque, hay personajes en la seguridad de los supermercados que no corresponden a sus cargos y que sobrepasan la autoridad que piensan que tienen. "Yo creo que alguien les hace creer que tienen mucho poder. Las cúpulas, incluyendo jefes de seguridad y administradores, son todos ex militares. Eso es algo que está arraigado en Lider. Es algo que no van a abandonar y es parte de su entrenamiento, de su vida, de su ser. Entonces, la formación que recibieron en el Ejército la repiten en Lider, eso es algo innato".

La dirigenta agrega que los reponedores externos son las víctimas más expuestas a esta situación. "Si salen del local tienen que levantarse los pantalones hasta la rodilla, los bolsos, la polera. Los guardias les imponen el horario de entrada y salida, les retienen los carnés. Son muy maltratados por los guardias, que a veces llegan a ser violentos. A todos los trabajadores de Lider les hacen una inducción que yo le llamo abducción y les enseñan un método de trabajo donde no existe un respeto a las personas. Existe una idea muy distinta de lo que es moralidad. Si los jefes no tienen respeto por sus subalternos es obvio que éste tampoco lo va a tener, lo que genera un círculo vicioso. Los guardias tienen un comportamiento poco ético. Ellos están más preocupados de vigilar a los trabajadores que a los clientes". 

Si este trato es vejatorio, peor aún es el reservado a los mecheros (ladrones de supermercados). "Hay un caso que no ha sido denunciado, pero que captaron las cámaras del local de Plaza Vespucio. Ahí, los guardias le dieron una brutal paliza a un ladrón. Además, aunque la ley no se los permite, ellos usan varillas retráctiles como las de Carabineros, que esconden en los bolsillos", denuncia otro empleado de Lider. 

Aparte de estos problemas, las denuncias en contra de Díaz apuntan a que los seguimientos, escuchas y presiones laborales estarían dirigidos a beneficiar a empresas de seguridad y camaradas de armas.

"LADINO Y SUCIO" 

Un oficial de inteligencia en servicio activo, que conoce toda la carrera de Díaz en el Ejército, recuerda que el sobrenombre "Harry el sucio", en alusión a la película protagonizada por Clint Eastwood, no se lo ganó por ser un tipo violento, como el personaje del filme, "sino porque era realmente sucio y ladino en su manera de relacionarse. Si algo lo caracterizaba es que era engreído, siempre trataba de obtener algún beneficio, en cualquier momento te podía clavar un puñal por la espalda, pero sobre todo era muy hábil para estar cerca de los jefes. Con ellos sí se relacionaba bien", cuenta. Otro funcionario de inteligencia agrega que, como Díaz estaba a cargo del Departamento Administrativo Logístico de la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército, encargado de entregar los recursos económicos, su actuar rayaba en la corrupción. "Si necesitábamos dinero para una operación, todo debía pasar por él, y uno sentía que si le entregaba una parte del dinero tenía más posibilidades de llevar a cabo los trabajos", asegura. 

LND se comunicó con Extend, la empresa de relaciones públicas a cargo de D&S, para obtener la versión de la empresa. Al cierre de esta edición no se tuvo respuesta.
Tal como en los mejores años de los ochenta, Sergio Díaz mantendría todo el control. La pregunta es si logrará seguir imponiendo su estilo, si se materializa la inminente fusión entre D&S y Falabella. LND 

El prontuario de "Harry" y Corbalán

La condena sobre Sergio Díaz (originalmente de diez años y luego rebajada por la Corte Suprema a cuatro) es por la desaparición del electricista del PC Luis Rivera Matus en noviembre de 1975. El caso fue especialmente polémico debido a que, según los testimonios de la Mesa de Diálogo, el cuerpo de Rivera había sido lanzado al mar. Sin embargo, en 2002 se confirmó el hallazgo de restos óseos de su cuerpo en el Fuerte Arteaga del Ejército, en Colina. A partir de ese momento, la Mesa de Diálogo perdió peso y dividió los ánimos. 
Actualmente, Díaz también se encuentra procesado, junto a Álvaro Corbalán, por el crimen del militante del PC Ricardo Weibel, el 5 de diciembre de 1975. Según los testimonios de la Comisión de Verdad y Reconciliación, ese día "detuvieron a Ricardo Weibel Navarrete, siendo conducido hasta la Base Aérea de Colina, lugar desde donde habría sido sacado, junto a otros detenidos, para ser muerto en los terrenos militares de Peldehue". 

Los otros dos procesamientos pendientes en contra de Díaz son por los casos de los militantes del PC Luis Moraga Cruz y Ricardo González Espinoza, detenidos el 20 de octubre y el 4 de diciembre de 1975, respectivamente. Sin embargo, el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Eduardo Fuentes Belmar ha logrado avances notables en la investigación de la desaparición de Víctor Vega Riquelme, también del PC, ocurrida entre fines de 1975 y principios de 1976. Según los testimonios recabados, nuevamente fueron Corbalán y "Harry el sucio" quienes lo sacaron del último centro de detención donde se le vio con vida. 

Patricia Silva, directora del Trabajo

"La ley no permite trato policial a los trabajadores"

Según el documento de la Dirección del Trabajo "Sociedades comerciales bajo la marca Lider con denuncia por hostigamiento 2007", este año fueron presentadas numerosas denuncias en 23 locales de Lider a lo largo de Chile. La directora de ese organismo contralor, Patricia Silva, afirma que es poco común recibir denuncias de este tipo. 
–¿La ley protege al trabajador frente al hostigamiento?

–No. Nuestra legislación regula poco el hostigamiento relacionado con el maltrato sicológico que afecta la honra, la intimidad y el honor de las personas. En general es poco denunciado, porque se debe tener en cuenta que el hostigamiento es una denuncia que se hace cuando el trabajador tiene una relación laboral vigente. Por ende, no cuenta con fuero. 

–¿En qué sectores se da más este tipo de trato?

–En el sector servicios, y dentro de éste los supermercados y bancos son preponderantes. Nosotros hemos emitido dictámenes tendientes a regular el control extremo y policial. En ningún caso la ley permite un trato prepolicial o preinvestigativo. Los trabajadores pueden denunciar con reserva de identidad.

 

n reportaje publicado en la última edición de LND denunció prácticas de inteligencia al interior de los supermercados D&S. El responsable sería el subgerente de protección y gestión preventiva de negocios, coronel de Ejército (R) Sergio Díaz López, ex agente de la CNI, conocido como Harry el sucio y condenado por el crimen de un militante del PC -en 1975- y procesado por otros tres crímenes de lesa humanidad.

Según las denuncias recibidas, parte de la presión que ejercería Díaz sobre los empleados de la compañía de retail estarían destinas a favorecer a Shields, empresa de seguridad que presta servicios a D&S. Shields es de propiedad del general de Aviación (R) Carlos Ottone, sobre quien pesa una querella interpuesta por 250 trabajadores de la ex empresa de cecinas Loewer, detenidos y torturados en la base aérea de El Bosque en 1973.

Apoderados y amigos

Shields fue creada en 2005 y ha experimentado un crecimiento explosivo. Actualmente tiene a cargo la seguridad de 21 supermercados Ekono, 13 Lider y está a punto de hacerse cargo de la empresa matriz que recibe y distribuye los alimentos para los supermercados. Ottone reconoce que la relación con Díaz es muy estrecha ya que sus hijos son compañeros "desde kindergarten el Colegio Alcázar y en los boy scouts. En 2005 Sergio me señaló que tenía problemas con la seguridad de unos locales de Lider. En ese marco creé mi empresa y gracias a la experticie nos ha ido muy bien", recalca.

DENUNCIAS

Sin embargo, el lado amargo lo sufrirían funcionarios de la empresa de retail que han tenido problemas con algunos guardias de Shields. El primer caso habría producido en 2006, luego de que un jefe de seguridad zonal de Lider despidió a un guardia de Shields. "Díaz mandó a llamar a su oficina al jefe de seguridad y lo presionó para que recontratara al despedido. El caso fue conocido porque debieron intervenir otras autoridades", cuenta un funcionario que solicitó reserva de su identidad.

La otra denuncia que en este momento es investigada en D&S ocurrió este año en otro Lider de la Región Metropolitana.

Esa vez un jefe de seguridad habría sido llamado por Díaz a las oficinas para ser interrogado luego de despedir a un funcionario de Shields. Ahí, éste habría sido amenazado por Díaz, señalándole que recontratara al funcionario de Shields sino quería perder su trabajo.

La Corte Suprema rechazó los recurso de casación en el fondo interpuestos por las defensas de los otrora agentes del denominado Comando Conjunto, en contra de la sentencia que condenó a 27 de ellos por su responsabilidad en los delitos de secuestro simple y homicidio calificado de Ignacio Orlando González Espinoza y Juan René Orellana Catalán; y en los secuestros calificados de Ricardo Manuel Weibel Navarrete, Luis Desiderio Moraga Cruz y Luis Emilio Gerardo Maturana González, todos militantes del Partido Comunista. Los delitos fueron perpetrados entre octubre de 1975 y junio de 1976, en la ciudad de Santiago.

El llamado Comando Conjunto fue un aparato represivo creado por la dictadura bajo la tutela de la Fuerza Aérea (Fach) y la participación de agentes del ejército, de la marina, de carabineros y civiles fachos, que operó principalmente entre los años 1975 a 1977, y cuya razón de ser era competir en faenas represivas y criminales con el omnímodo poder que ostentaba la DINA bajo la tutela del ejército y la dirección de Pinochet y Contreras.

En fallo unánime (causa rol 32.012-2022), la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos, la ministra María Teresa Letelier y el ministro Jean Pierre Matus- confirmó la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que condenó al ex oficial de la Fach Juan Francisco Saavedra Loyola y al ex oficial de carabineros Manuel Agustín Muñoz Gamboa a las penas de 18 años de presidio, más 13 años y más 3 años de presidio, cada uno.

Al ex oficial de la armada Daniel Luis Enrique Guimpert Corvalán a penas de 18 años, más 12 y más 3 años de presidio.

A los ex oficiales de ejército Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla y Sergio Antonio Díaz López, y al ex oficial de la armada Jorge Aníbal Osses Novoa, a penas de 12 años de presidio, más 10 años y un día, más 400 días de presidio a cada uno.

A los agentes Raúl Horacio González Fernández y Alejandro Julio Segundo Sáez Mardones a dos condenas de 10 años y un día de presidio, y más 400 días de presidio a cada uno.

A los agentes Roberto Alfonso Flores Cisterna y Juan Carlos Hernán Rodrigo Villarreal a penas de 10 años y un día, más 5 años y un día, más 400 días de presidio a cada uno.

Al facho civil Otto Silvio Trujillo Miranda la penas de 10 años y un día de presidio Al agente Lenin Figueroa Sánchez, dos condenas de 5 años y un día, más 400 días de presidio.

A los agentes Sergio Daniel Valenzuela Morales, Juan Atilio Aravena Hurtuvia, a penas de 5 años y un día de presidio, más 5 años, más 400 días de presidio.

A los fachos civiles Andrés Pablo Potín Lailhacar, Viviana Lucinda Ugarte Sandoval, Emilio Mahias del Río, y los agentes Juan Luis Fernando López López, José Evaristo Rojas Alruiz, Francisco Segundo Illanes Miranda, a penas de 5 años y un día de presidio, más 400 días de presidio.

A Ernesto Arturo Lobos Gálvez, Alejandro Jorge Forero Álvarez, a penas de 5 años y un día de presidio, más 60 días de presidio.

A Roberto Francisco Serón Cárdenas, a la pena de 5 años y un día de presidio A Robinson Alfonso Suazo Jaque, Pedro Ernesto Caamaño Medina, Pedro Juan Zambrano Uribe y José Hernando Alvarado Alvarado, a la pena de 4 años, más 60 días de presidio cada uno.

Los también condenados Antonio Benedicto Quiros Reyes y Miguel Arturo Estay Reyno, fallecieron en el curso del proceso.

En la investigación judicial y fallo de primera instancia el ministro Miguel Vásquez Plaza estableció que existió una agrupación de hecho que operó clandestinamente entre los años 1975 y 1976, conformado principalmente por agentes que pertenecieron a la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea, además de Carabineros Chile, Marina y Ejército, con la colaboración de civiles, cuyo objetivo principal fue la represión de la Juventud del Partido Comunista, para lo cual procedían a la detención de varios de ellos.

Esta agrupación, denominada Comando Conjunto, utilizó para las detenciones y torturas diversas instalaciones: Hangar de Cerrillos; Nido 20, recinto secreto de detención y tortura ubicado en calle Santa Teresa N° 037, paradero 20 de Gran Avenida; Nido 18, recinto secreto ubicado en calle Perú N° 9053, La Florida, Santiago, que fue empleado exclusivamente para la tortura; La Prevención o Remo Cero, que eran calabozos ubicados al interior del Regimiento de Artillería Antiaérea en Colina, todo esto durante el año 1975; La Firma, a principios del año 1976, dicho grupo traslada sus operaciones a la parte posterior del inmueble a cargo de Carabineros de Chile, ubicado en calle Dieciocho, frente al N° 229, que perteneció al ex diario Clarín, denominándosele La Firma.

El actuar operativo de la agrupación, consistía en detener a las personas con la modalidad de secuestro, mantenerlos cautivos en recintos secretos, y someterlos a interrogatorios y torturas, física y psicológica, para obtener información y doblegar su voluntad, logrando la colaboración de alguno de ellos, hasta el punto que algunos fueron asimilados como agentes operativos del grupo, lo que proporcionó una mayor efectividad en la detención de militantes comunistas en cadena, a los cuales se les hizo desaparecer; de algunos de ellos, en el curso de los años, se encontró parte de sus restos.

El día 7 de noviembre de 1975, aproximadamente a las 22.00 horas, fue detenido en su domicilio de calle Río Maule en la Comuna de Recoleta, Ricardo Manuel Welbel Navarrete, por sujetos que vestían de civil; manteniéndosele privado de libertad en el recinto denominado La Prevención o Remo Cero, ubicado al interior del Regimiento Antiaérea en Colina, último lugar en que se le vio con vida y, con posterioridad, fueron encontradas sus osamentas en los terrenos del Fuerte Arteaga, Peldehue.

El día 20 de octubre de 1975, en horas de la madrugada fue detenido en su domicilio de pasaje Tokio en la Población Juanita Aguirre, comuna de Conchalí, Santiago, Luis Desiderio Moraga Cruz, por sujetos que vestían de civil; manteniéndosele recluido en el Regimiento de Artillería Antiaérea en Colina, en cuyo interior se encontraba el recinto denominado La Prevención o Remo Cero, siendo éste el último lugar en que se le vio con vida.

El día 4 de diciembre de 1975, en horas de la madrugada, fue detenido en su domicilio de calle Soberanía de la comuna de Santiago, Ignacio Orlando González Espinoza, por sujetos que vestían de civil; manteniéndosele privado de libertad en el recinto denominado La Prevención o Remo Cero, ubicado al interior del Regimiento de Artillería Antiaérea en Colina, último lugar en que se le vio con vida y, con posterioridad, fue ejecutado en los terrenos del Fuerte Arteaga, Peldehue, donde fueron encontradas sus osamentas.

El día 8 de junio de 1976, en el sector de Estación Central, Luis Emilio Gerardo Maturana González se reunió con Juan René Orellana Catalán, ambos militantes de la Juventud Comunista en la clandestinidad debido a la persecución política de que eran objeto, con el propósito de entregarle dinero del partido a Orellana Catalán para sí y para que a su vez lo entregara a otros militantes del partido ya que Maturana González estaba encargado de distribuirlo; momento en que son detenidos por agentes operativos del referido Comando Conjunto, manteniéndoseles recluidos en el recinto denominado La Firma, desde donde se pierde su rastro. Posteriormente, Orellana Catalán fue ejecutado en la Cuesta Barriga, donde se encontró restos de su persona