Díaz Araneda Patricio Ramon Felix

El magistrado determinó que este oficial no tuvo responsabilidad en el secuestro y homicidio de Magindo Castillo, Benito Tapia y Guillermo García, cometidos en Copiapó por los miembros de la "Caravana de la Muerte", la comitiva militar que ejecutó sin juicio a presos políticos en 1973. Guzmán estimó que Díaz Araneda actuó bajo las órdenes de superiores militares, lo cual "lo exime de responsabilidad penal". Este es el primer auto de procesamiento en el caso "Caravana de la Muerte" que anula el juez Guzmán, quien sometió a proceso al capitán en retiro el 8 de junio de 1999. También es la primera vez que se aplica el principio de obediencia debida. La exoneración de Díaz Araneda se produce cuatro días después de que la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago sobreseyó este lunes por demencia y en forma temporal a Pinochet, encausado como encubridor de 75 crímenes de la comitiva militar. En el caso continúan procesados el general Sergio Arellano Stark, los coroneles Sergio Arredondo y Marcelo Moren Brito y el brigadier Pedro Espinoza. Según consta en el expediente, Díaz Araneda estuvo presente cuando se cometieron los delitos. La resolución, según los abogados, reviste importancia ya que reconoce el principio de obediencia debida, y bajo este criterio sólo tendrían responsabilidad penal quienes encabezaron las acciones ilícitas.

"A Osman Cortés, con esperanza", fue la dedicatoria de la periodista Patricia Verdugo a la primera edición de "Los zarpazos del puma", el 16 de octubre de 1989 en Copiapó, con motivo de la presentación de la obra en el Instituto de Educación Popular.

Han transcurrido doce años desde que ella vivenciara ese deseo de gran parte del pueblo chileno. Gran parte, ya que a la otra no le interesa en absoluto que esos momentos de horror sean aclarados, juzgados, penados, con sus responsables en la cárcel para recién comenzar a entrar en la fase necesaria del perdón que tienen que formular los familiares de las trece personas ultimadas el 17 de octubre de 1973 en Copiapó.
Retornaron a Copiapó algunos integrantes de la Caravana de la Muerte: Marcelo Moren, Pedro Espinoza, Sergio Arredondo y Patricio Díaz. Faltaron: Sergio Arellano Stark, Armando Fernández Larios, el piloto del helicóptero Emilio de la Mahotiere y el copiloto Luis Felipe Polanco.
Volvieron en calidad de detenidos, custodiados. Ya Marcelo Moren no pudo gritar en el interior de un barracón del entonces Regimiento Atacama: "Arriba maricones, soy Marcelo Moren. Así es que están celebrando con torta los conchas de su madre". El olor a licor invadió también el lugar junto a la violencia. Después vino el asesinato, blandiendo corvos y golpes de bolas de hierro, como ocurrió con el académico Leonelo Vincenti, quien murió con el cráneo destrozado por la corpulencia asesina de Armando Fernández Larios.
Esos hechos están en los expedientes del juez Juan Guzmán Tapia quien recorrió los lugares consignados como escenarios de los crímenes.
Por el trabajo de periodistas honestos como Patricia Verdugo, Jorge Escalante ("La misión era matar") y Ernesto Carmona ("Morir es la noticia"), los hechos han podido ser conocidos por los interesados en la historia real. En "La misión era matar", editada por LOM Ediciones, se consignan las declaraciones del brigadier en retiro Patricio Díaz Araneda.
El periodista Escalante con rigurosidad transcribe las declaraciones del siniestro ejecutor: "Yo tuve participación en los fusilamientos de los cuatro grupos, y para ello usamos fusiles SIG calibre 7.62 mm. de cargo militar. Nosotros éramos tres fusileros para cada grupo, pero para el último fuimos cuatro. Los fusilamientos se realizaron a personas que permanecían de pie a una distancia de unos ocho metros. Los prisioneros murieron inmediatamente con los primeros disparos y no fue necesario darles tiros de gracia". Las ejecuciones habrían ocurrido en la Cuesta Cardones el 17 de octubre de 1973. Los que "murieron inmediatamente" fueron: Fernando Carvajal, su hermano Agapito, Atilio Ugarte, Alfonso Gamboa, Pedro Pérez, Manuel Cortázar, Raúl Larravide, Edwin Mancilla, Adolfo Palleras, Leonelo Vincenti, Jaime Sierra, Winston Cabello y Raúl Guardia.
El recuerdo volvió a borbotones a Rubén Herrera que retornaba desde Estados Unidos en 1990, meses después que los restos de los trece asesinados ya estaban legalmente sepultados. Herrera debió estar entre ellos.
Habíamos cursado juntos unos años en el liceo "José Antonio Carvajal", por lo que Rubén me ubicó. Yo entonces era redactor del diario "Atacama" de Copiapó.
En casa de nuestra amiga Ximena Araya -su marido fue asesinado en la cárcel de Antofagasta- Rubén Herrera sufrió una catarsis llorando con nosotros por lo ocurrido. Su relato lo traspasamos en su debida oportunidad al juez Guzmán y está en el expediente del caso Caravana de la Muerte.
Una antigua dolencia estomacal de Rubén Herrera se acrecentó en la reclusión. El 16 de octubre de 1973 debió ser trasladado al hospital con hemorragia.
Horas después, la sombra siniestra de un helicóptero Puma se posó en la explanada del Regimiento N?1 Atacama.
"Yo estaba en mal estado por el problema gástrico por lo que debí ser internado en el hospital, un día antes de los crímenes. El doctor Jorge Berroeta me atendió. En la noche llegaron dos uniformados a buscarme. Se produjo un altercado con el doctor que les indicó que yo estaba grave y no podía salir del lugar. Un tipo alto y corpulento me amenazó, gritándome. Me sacó la madre y dio una patada contra la cama que se remeció fuerte. Me dijo: ‘Ya te vamos a venir a buscar, concha de tu madre’. Junto a él reconocí a un compañero de curso. Era el negro Juan Morales Alcota, que estaba contratado en el regimiento. Se portó como un infame. Me golpeaba cuando estaba detenido".
En 1997, traspasamos la información al abogado Hiram Villagra, académico de derecho de la Universidad de Atacama, quien la comunicó al juez Juan Guzmán. En una visita investigativa a Copiapó fuimos convocados para refrendar la información. Así lo hicimos, proporcionando datos del paradero de Juan Morales. Desconocemos su situación judicial. Pero sigue conduciendo un colectivo por las calles de esta ciudad.
Recordamos la meditación del juez Guzmán cuando terminamos de relatarle el caso del militar torturador de un compañero de curso: "¿Qué ocurrió con la mente de esta gente?"
Rubén Herrera marchó al exilio a Estados Unidos. Años después, cuando los sucesos por el asesinato de Orlando Letrelier, comenzaron a aflorar, vio una foto en la prensa. "Este es el militar que me fue a buscar al hospital", meditó el exiliado al ver el rostro de Armando Fernández Larios.
El antropólogo Olaf Olmos dirigió la búsqueda y exhumación de los cadáveres a fines de julio de 1990.
Tuvimos oportunidad de ver el registro fílmico hace once años, en una sesión privada en casa del ex intendente de Atacama, Eduardo Morales, donde también estaba Luis Corvalán. Los cuerpos estaban con orificios de punzones que se aprecian también en los jirones de ropa.
Patricio Díaz, quien estuvo en la Cuesta Cardones, insiste que "los fusilamientos se realizaron a personas que permanecían de pie enfrentando al grupo de fusileros".
Escalante, como persistente periodista, siguió con la investigación. "De acuerdo a otros testimonios conocidos en el proceso, al parecer en esa cuesta sólo habrían dado muerte en forma brutal a siete u ocho, el resto de los prisioneros habría sido eliminado en el mismo regimiento por oficiales del Atacama", dice Escalante.
Un militar del regimiento Atacama, señaló a la revista "Análisis", en enero de 1986, que en la madrugada del 17 de octubre de 1973 "los presos quedaron solos con los comandos (se refiere a la gente de Arellano Stark) y dos oficiales del regimiento, posiblemente los tenientes Cruz y Marambio, y el oficial de ronda, mayor Carlos Enriotti Blay, segundo comandante. Alrededor de las cuatro de la madrugada sacaron a tres personas que se veían en malas condiciones y las llevaron al edificio principal. Los subieron al segundo piso y frente las cuadras los arrojaron al vacío. Sólo uno gritó y opuso resistencia. Transcurrido un tiempo dos camiones tolvas cargaron varias bolsas de polietileno y salieron".
Las investigaciones demuestran que Patricio Díaz mintió al juez Guzmán.
El entonces oficial del Registro Civil, Víctor Bravo Monroy, relató al juez Guzmán: "Algunos cuerpos estaban degollados y presentaban heridas cortantes. Todos estaban acribillados y se veían con múltiples heridas a bala. Por ejemplo, a Jaime Sierra le faltaba un ojo y Vincenti, que era un maestro del colegio de mi hijo, tenía heridas con arma blanca".
Una vez que Bravo terminó de tomar las huellas dactilares de los asesinados, los cuerpos fueron arrojados a la fosa común.
En la mañana del 18 de octubre, Víctor Bravo tuvo que confeccionar las actas de defunciones de los trece asesinados, donde habría tenido decisiva participación el abogado-auditor Daniel Rojas Hidalgo.
Ese profesional que fue nombrado auditor con el grado de mayor por el comandante del regimiento Atacama, habría cambiado el concepto de "ajusticiamiento militar" en las causas de muerte por el ambiguo "heridas a bala". Daniel Rojas fue interrogado por el juez Guzmán como encubridor del secuestro de los detenidos desaparecidos Ricardo García, Maguindo Castillo y Benito Tapia, del mineral El Salvador.
Fuimos uno de los autores de la obra "Morir es la noticia", editada por Ernesto Carmona en marzo de 1997. Allí consignamos a los hombres de radio Jaime Sierra Castillo y Alfonso Gamboa Farías.
Sierra destacó como dirigente del centro de alumnos del liceo de hombres. No le costaba sacar al liceo a la calle y marchar a la cabeza. Jaime se dedicó de lleno a la difusión de los planes de la Unidad Popular por radio Atacama. Con Alfonso Gamboa, el director, también asesinado, pusieron la emisora al servicio de la causa allendista.
Fue detenido el 20 de septiembre de 1973, después de ser llamado en un bando difundido por radio Juan Godoy. Fue llevado con otros cuarenta detenidos a dependencias del regimiento Atacama. Allí fue masacrado: registros judiciales constatan perforaciones de corvo y la falta de un ojo.
Alfonso Gamboa Farías era profesor normalista. El 11 de septiembre, a las 10 de la mañana, tomó el micrófono de radio Atacama, de propiedad del médico Leonardo Hagel, diputado socialista. En su calidad de director de la emisora, dijo: "Señores auditores, en estos momentos el gobierno democrático de nuestro presidente Salvador Allende está siendo sobrepasado por el poder militar. Hacemos un llamado a todos quienes tienen un espíritu democrático para apelar al razonamiento y hacer que todo vuelva a la normalidad. No podemos permitir que se destruya lo que se ha erigido en favor del pueblo".
El 16 de septiembre una pareja de carabineros llegó a la casa de Gamboa en la Plazuela de Abalos para citarlo. Tomó su carné y se presentó al antiguo recinto de calle Los Carrera al llegar a Colipí. Fue trasladado al regimiento Atacama.
El 16 de octubre, un grupo de militares irrumpió en los barracones del regimiento. El oficial Sergio Arredondo nombró a quienes debían formarse en el patio. Entre ellos, Alfonso Gamboa.
El relato del libro deja establecido: "Empujones e improperios fueron el inicio del fin. Salieron a relucir los corvos, cuchillos afilados en forma de pico de loro. Algunos fueron ultimados en el mismo recinto y arrojados al camión que esperaba. Rumbo a la Cuesta Cardones, el conductor detuvo la máquina por la tradicional ‘falla eléctrica’, y la fuerza militar hizo bajar a quienes podían hacerlo. Las ráfagas de metralla recibieron el eco de vuelta del sonido siniestro de la muerte"

Nuevos procesamientos dictó el ministro de fuero Víctor Montiglio en el marco del caso Caravana de la Muerte contra 13 oficiales (r) del Ejército por homicidios calificados cometidos en Copiapó y Calama.

Las encargatorias de reo afectan al brigadier (r) Patricio Díaz Araneda, y a los oficiales (r) Ricardo Yáñez Mora, Waldo Antonio Ojeda y Marcelo Marambio Molina, por 13 víctimas que fueron detenidas el 17 de octubre de 1973 en Copiapó.

El magistrado encausó además como autores del homicidio calificado de tres dirigentes sindicales asesinados en la tarde del mismo día a los oficiales (r) Edwin Herbstard Gálvez, Fernando Castillo Cruz, Ramón Zúñiga Ormeño y Oscar Pastén Morales.

En tanto, por la muerte de 26 víctimas en la localidad de Calama, el 19 de octubre de 1973, Montiglio procesó al coronel y comandante del regimiento de esa ciudad, Eugenio Rivera, al brigadier Carlos Langer, al mayor Carlos Minoletti Arraigada, al coronel Víctor Santander Véliz y al suboficial mayor Jerónimo Rojo.

Entre las 26 víctimas de Calama, figura Carlos Berger, quien fuera esposo de la abogada de derechos humanos Carmen Hertz.

Los oficiales (r) encausados serán notificados durante la mañana de hoy en dependencias de tribunales, para luego ser conducidos hasta el Batallón de Policía de Peñalolén donde permanecerán detenidos.

La nueva encargatoria de reo se suma a la recalificación de los delitos que la semana pasada efectuó Montiglio en la misma causa, oportunidad en que dejó fuera el delito de secuestro en este proceso.

Ex oficial de Ejército, que dirigía la compañía de ingenieros del regimiento de Calama, fue el encargado de elegir a los fusileros que perpetraron los crímenes de la comitiva militar encabezada por Sergio Arellano Stark, así como también de darles el tiro de gracia a quienes sobrevivían. En el expediente, también hay indicios de su participación en la operación 'retiro de televisores'.

Dos días después de que el mayor de Ejército (R) Carlos Minoletti Arriagada fuese procesado por el juez Víctor Montiglio en el caso Caravana de la Muerte, residentes chilenos en Estados Unidos lograron localizarlo en el estado de Florida.

Según los antecedentes acumulados en el voluminoso expediente de dicho proceso, el ex oficial, que dirigía la compañía de ingenieros del regimiento de Calama, tuvo a su cargo la elección de los fusileros que materializaron estos crímenes de lesa humanidad, además de dar la orden de disparar y gatillar el tiro de gracia contra aquellas víctimas que quedaran con vida.

En este episodio que protagonizó la comitiva militar que el 19 de octubre de 1973 ejecutó a un total de 26 opositores al recién asumido régimen militar, Minoletti fue encausado como autor de homicidio calificado en contra de todas esas personas.

Sin embargo, fuentes allegadas a la causa precisaron que el retirado uniformado también habría participado en la denominada operación "retiro de televisores", la cual consistió en desenterrar los cuerpos sepultados de manera clandestina y su posterior traslado en helicópteros para ser arrojados al mar, hecho que ocurrió en el año 1978.

La Caravana de la Muerte operó en nuestro país en octubre de 1973, bajo el mando del general (R) Sergio Arellano Stark, y fue la responsable, según múltiples testimonios, de la muerte de 75 prisioneros políticos a lo largo de todo Chile en una de las más sanguinarias operaciones de exterminio de partidarios del gobierno del depuesto Salvador Allende.

En ese sentido, ha trascendido también que Minoletti tuvo como misión declarar ante los Consejos de Guerra que se realizaron de forma posterior a las ejecuciones de 1973, donde falseó los hechos con el fin de justificar legalmente los fusilamientos de estudiantes, profesores y dirigentes sindicales.

Quienes ubicaron a Minoletti no tienen ningún problema en entregar la información sobre su localización a la justicia para que se solicite su extradición y este ex militar pueda ser juzgado en nuestro país.

Uno de ellos es un ex preso político de Antofagasta, Fernando Torres, quien reside en Estados Unidos, desde 1976. Torres dijo que tras conocerse la información de que el ex oficial se encontraba radicado en el país del norte y que había sido procesado por el magistrado, se puso de inmediato, junto a otros exiliados, en una campaña de búsqueda de este individuo.

Cliente habitual de "El Gaucho"
"Fue fácil localizarlo; a través de Google y otros buscadores logramos encontrarlo. Nosotros estamos dispuestos a entregar toda la información necesaria a la justicia sobre su paradero", sostuvo Fernando Torres, en conversación telefónica con El Mostrador.cl.

"No sabemos desde cuándo está acá, ni por qué eligió Estados Unidos como refugio. Lo cierto es que nosotros estamos también en la tarea de buscar a otras personas que están prófugas", añadió.

Aseguró que si bien no han visto personalmente a Minoletti saben que asiste con regularidad a un restaurant de parrilladas argentino que se llama "El Gaucho", y que allí muchas personas señalaron que lo conocían e indicaron que cenaba en ese lugar frecuentemente.

"Su número de teléfono no está en el listado de la guía telefónica, pero no es difícil ubicarlo", sostuvo Torres, quien afirmó que el ex militar vive a unos 15 minutos del aeropuerto de Miami.

Extradición
Otro chileno, que prefirió no revelar su nombre, dijo que "me llamó la atención de que estuviese en Estados Unidos y había poca gente que sabía su paradero. Aquí hay muchos Minoletti, pero empezamos a buscar sobre todo en Florida".

"Después de algunos días de llamadas y búsquedas por Internet, donde uno de nuestros principales colaboradores es el buscador Google, encontramos varios Minoletti en Florida, pero específicamente lo localizamos en el condado de Miami Dade", dijo.

Minoletti Arriagada, de 62 años, nacido el 12 de septiembre de 1943, viviría en un edificio localizado en el 10833 NW 7th Street Miami (código postal 33172-3140), junto a su esposa, Sonia, de 51 años.

En tanto, fuentes judiciales aseguraron que el ministro Montiglio estaría dispuesto a pedir la extradición del ex oficial, en un corto plazo, en caso de que no se presente en los próximos días para ser notificado del procesamiento que pesa en su contra. No obstante, debido a las apelaciones que se han presentado por parte de otros encausados, dicha diligencia no podría llevarse a cabo de forma inmediata, pero "podría derivar en ello", se sostuvo en tribunales.

Montiglio y la Caravana
El pasado 21 de marzo, Montiglio procesó a 13 militares. Entre ellos figuran el coronel (R) Eugenio Rivera Desgroux, ex comandante del Regimiento Calama; el brigadier(R)Carlos Lange von Fürstemberg; el mayor(R) Carlos Minoletti Arriagada; el coronel(R) Víctor Santander Véliz y el suboficial(R) Jerónimo Rojo, por la desaparición de 26 personas en Calama.

El juez encausó, a su vez, por 13 de las 16 víctimas de Copiapó al brigadier(R) Patricio Díaz Araneda; el coronel(R)Ricardo Yáñez Mora; el teniente coronel(R) Waldo Ojeda Torrent; y el oficial (R) Marcelo Marambio Molina.

Por tres víctimas de Copiapó, los dirigentes mineros de El Salvador Magindo Castillo, Ricardo García y Benito Tapia, fueron procesados el general(R) Edwin Herbstädt Gálvez, y los oficiales (R)Ramón Zúñiga Ormeño, Fernando Castillo Cruz y Óscar Pastén Morales.

Patricia González, ministra en visita, realizó la acusación contra los nueve oficiales en retiro del Ejército en calidad de autores de secuestro y homicidio calificado

La ministra en visita en el caso “Caravana de la Muerte”, Patricia González, dictó este jueves la acusación en contra de nueve oficiales en retiro del Ejército en calidad de autores de secuestro y homicidio calificado de 16 víctimas en el llamado “Episodio Copiapó”.

Los antecedentes constatados en la acusación acreditan que “en horas de la noche del 16 de octubre de 1973 llegaron hasta la ciudad de Copiapó en un helicóptero institucional de la categoría ‘Puma’ un grupo de militares comandados por el general de Ejército, Sergio Arellano Stark”.

El general llegó a la zona “para cumplir labores de coordinación de criterios institucionales de gobierno interior y procedimientos judiciales”, según un instructivo elaborado por delegación del entonces comandante en jefe del Ejército, general Augusto Pinochet.

Junto a un grupo de militares pertenecientes al Regimiento “Atacama” de la ciudad de Copiapó, el grupo militar se llevó a cuatro personas detenidas en la unidad de militar y las subieron a un camión. Posteriormente se dirigieron a la Cárcel Pública y subieron a nueve personas más, que se encontraban privadas de libertad por orden de la autoridad jurisdiccional militar.

Los 13 detenidos fueron llevados a la “Cuesta Cordone”, los obligaron a descender del vehículo y junto con otros militares que estaban en el lugar, le dispararon a cada uno de ellos.

Alfonso Gamboa, Atilio Ugarte, Fernando Carvajal, Agapito Carvajal, Winston Cabello, Manuel Córtazar, Raúl Guardia, Raúl Larravide, Edwin Mancilla, Adolfo Palleras, Héctor Vicenti, Pedro Pérez y Jaime Sierra perdieron la vida en el lugar.

La rutina se repetiría la noche siguiente. El 17 de octubre de 1973, un grupo de militares se trasladaron hasta los barrancones donde mantenían a los presos políticos y sustrajeron del lugar a Benito Tapia, Maguindo Andrade y Ricardo Posada, llevándolos hasta la “Cuesta Cardone”, donde según el documento “se pierden sus rastros, sin que hasta la fecha se conozcan sus paraderos”.

Nueve son los acusados como autores de secuestros y homicidios reiterados por la ministra en visita Patricia González: Sergio Arellano Stark, Carlos Arredondo, Pedro Espinoza, Marcelo Moren Brito, Patricio Díaz, Ricardo Yáñez, Waldo Ojeda, Marcelo Marambio y Oscar Haag.

Mientras, que por secuestro calificado en carácter reiterado fueron acusados también Arellano Stark, Arredondo, Espinoza, Moren Brito y Haag, además de Ramón Zúñiga, Fernando Castillo y Oscar Pastén.

Un nuevo capitulo se escribió hoy en el denominado “Episodio Copiapo” de la Caravana de la Muerte, ya que la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Patricia González , dictó acusación en contra de nueve personas en calidad de autores de secuestros y homicidios calificados reiterados en contra de 13 víctimas y de 9 como autores de secuestro calificado reiterado de otras 3 víctimas.

De acuerdo con los antecedentes se encuentra legalmente acreditado los siguientes actos:
16 de octubre de 1973: trece personas fueron asesinadas en el sector conocido como  “Cuesta Cardone” por un grupo de militares comandado por el General del Ejército, Sergio Arellano Stark, por delegación del entonces Comandante en Jefe del Ejército, Augusto Pinochet.

Los disparos se realizaron desde fusiles SIG calibre 7.62 mm., luego de verificadas las muertes fueron trasladados a la unidad militar para luego llevarlos al cementerio de la ciudad donde fueron identificados y siendo sepultados en una fosa común, antecedentes que están legalmente acreditado, los fallecidos  fueron:

Alfonso Ambrosio Gamboa Farías
Atilio Ernesto Ugarte Gutiérrez
Fernando del Carmen Carvajal González
Agapito del Carmen Carvajal González
Winston Dwight Cabello Bravo
Manuel Roberto Cortázar Hernández
Raúl del Carmen Guardia Olivares
Raúl Leopoldo de Jesús Larravide López
Edwin Ricardo Mancilla Hess
Adolfo Mario Palleras Norambuena
Héctor Leonelo Vincenti Cartagena
Pedro Emilio Pérez Flores
Jaime Iván Sierra Castillo

17 de octubre de 1973: de igual forma al caso anterior, un grupo de militares pertenecientes al Regimiento Atacama de la ciudad de Copiapó se trasladaron hasta los barracones donde mantenían a detenidos políticos y sustrajeron del lugar Benito Tapia Tapia, Maguindo Castillo Andrade y a Ricardo Posada García, quienes presuntamente fueron llevados al mismo sector denominado de “Cuesta Cardone”; sin embargo, corrieron una suerte distinta porque hasta la fecha no se  conocen sus paraderos.

Los personas acusadas por las muerte anteriores son:

Por secuestro y homicidio calificado reiterado
Sergio Víctor Arellano Stark
Carlos Arredondo González
Pedro Octavio Espinoza Bravo
Marcelo Luis Moren Brito
Patricio Ramón Félix Díaz Araneda
Ricardo Fernando Yáñez Mora
Waldo Antonio Ojeda Torrent
Marcelo Arnaldo Marambio Molina
Oscar Ernesto Haag Blaschke

Secuestro calificado, en carácter de reiterados son:
Sergio Víctor Arellano Stark
Carlos Arredondo González
Pedro Octavio Espinoza Bravo
Marcelo Luis Moren Brito
Ramón Adolfo Zúñiga Ormeño
Fernando Raúl de Fátima Castillo Cruz
Edwin Reynaldo Herbstaedt Gálvez
Oscar Gonzalo Pastén Morales
Oscar Ernesto Haag Blaschke

La Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia en contra de seis ex miembros del Ejército como responsables de asesinatos y secuestros perpetrados el 17 de octubre de 1973, en Copiapó, en el marco del denominado caso Caravana de la Muerte.

En fallo unánime, la primera sala del tribunal de alzada condenó a dos penas de 15 años y un día de presidio a los miembros del Ejército en retiro Sergio Arredondo González y Pedro Espinoza Bravo, como autores de 13 homicidios calificados y tres secuestros calificados.

Asimismo, el tribunal de alzada condenó al miembro del Ejército Patricio Díaz Araneda a una pena de 11 años por su participación, en calidad de autor, de los delitos reiterados de homicidio calificado de las 13 víctimas.

Los miembros del Ejército Ricardo Yáñez Mora, Waldo Ojeda Torrent y Marcelo Marambio Molina deberán purgar penas de 10 años y un día de presidio, por su responsabilidad en los mismos delitos. En tanto, los oficiales Edwin Herbstaedt Gálvez y Fernando Castillo Cruz fueron absueltos de los cargos de secuestro calificado.

De acuerdo a la sentencia de primera instancia, dictada por la ministra en visita Patricia González, se logró determinar que "el día 16 de octubre de 1973, en horas de la noche, como a las 20 horas, llegaron a Copiapó en un helicóptero 'Puma', un grupo de personas, pertenecientes al Ejército de Chile, comandadas por un general del mismo, quien portaba un documento en el que constaba que tenía atribuciones delegadas por el Comandante en Jefe del Ejército de entonces".

"Algunos de dichos funcionarios al mando del general a cargo, junto a un grupo de militares pertenecientes al Regimiento Atacama de Copiapó, luego de efectuar una revisión, estudio y selección de las fichas y antecedentes de los detenidos existentes (…) procedieron a sustraer, a apartar en horas de la noche, a cuatro personas que se encontraban detenidas en dicha unidad militar, las hicieron subir a un camión del Ejército, y con ellas se dirigieron a la cárcel pública de Copiapó, lugar desde donde sustrajeron a otras nueve personas que se encontraban privadas de libertad en dicho recinto por orden de la autoridad jurisdiccional militar", agrega el fallo.

Luego, según dice la resolución, “el grupo de militares pertenecientes al Regimiento de la ciudad, transportó a los trece detenidos hacia las afueras de la ciudad, a un sector llamado Cuesta Cardone, los obligaron a descender del camión y procedieron a disparar contra ellos”.

Los trece fusilados correspondían a Alfonso Ambrosio Gamboa, Atilio Ernesto Ugarte, Fernando del Carmen Carvajal, Agapito del Carmen Carvajal, Winston Dwight Cabello, Manuel Roberto Cortázar, Raúl del Carmen Guardia, Raúl Leopoldo de Jesús Larravide, Edwin Ricardo Mancilla, Adolfo Mario Palleras, Héctor Leonelo Vincenti, Pedro Emilio Pérez y Jaime Iván Sierra Castillo.

Verificadas las muertes de las mencionadas personas, los cadáveres fueron trasladados a la unidad militar, y posteriormente desde ese lugar al cementerio de la ciudad, y luego de ser identificados, fueron sepultados en una fosa común, practicándose las correspondientes inscripciones de defunción.

En el aspecto civil, se confirmó la sentencia que condenó al fisco y los demandados a pagar la suma total de $6.400 millones de pesos a familiares de las víctimas.

La Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia en contra de seis ex oficiales del ejército como responsables de 13 delitos de homicidio calificado y tres secuestros calificados, ilícitos perpetrados el 17 de octubre de 1973, en Copiapó, en el marco del denominado caso «Caravana de la muerte».

En fallo unánime (causa rol 1237-2015), la Primera Sala del tribunal de alzada capitalino -integrada por las ministras Dobra Lusic, Jenny Book y Viviana Toro- condenó a dos penas de 15 años y un día de presidio a los ex oficiales Sergio Carlos Arredondo González y Pedro Octavio Espinoza Bravo, como autores de 13 homicidios calificados y tres secuestros calificados. El ya fallecido Marcelo Luis Morén Brito había recibido la misma condena en el fallo de primera instancia

Asimismo, las ministras condenaron al ex oficial del ejército Patricio Ramón Félix Díaz Araneda a una pena de 11 años por su participación, en calidad de autor, de los delitos reiterados de homicidio calificado de las 13 víctimas. En tanto, los ex oficiales Ricardo Fernando Yáñez Mora, Waldo Antonio Ojeda Torrent y Marcelo Arnaldo Marambio Molina deberán purgar penas de 10 años y un día de presidio, por su responsabilidad en los mismos delitos.

Asimismo, los ex oficiales Edwin Reynaldo Herbstaedt Gálvez y Fernando Raúl de Fátima Castillo Cruz fueron absueltos de los cargos de secuestro calificado.

De acuerdo a la sentencia de primera instancia, dictada en abril del 2015 por la ministra en visita Patricia González Quiroz, se logró determinar que:

«El día 16 de octubre de 1973, en horas de la noche, como a las 20 horas, llegaron a Copiapó en un helicóptero «Puma», un grupo de personas, pertenecientes al Ejército de Chile, comandadas por un general del mismo, quien portaba un documento en el que constaba que tenía atribuciones delegadas por el Comandante en Jefe del Ejército de entonces, para «cumplir labores de coordinación de criterios institucionales de gobierno interior y de procedimientos judiciales», como también, «para revisar y acelerar los procesos»; algunos de dichos funcionarios al mando del general a cargo, junto a un grupo de militares pertenecientes al Regimiento Atacama de Copiapó, luego de efectuar una revisión, estudio y selección de las fichas y antecedentes de los detenidos existentes, sin que conste que haya existido alguna causa o proceso en su contra, y por una parte procedieron a sustraer, a apartar en horas de la noche, a cuatro personas que se encontraban detenidas en dicha unidad militar, las hicieron subir a un camión del Ejército, y con ellas se dirigieron a la cárcel pública de Copiapó, lugar desde donde sustrajeron a otras nueve personas que se encontraban privadas de libertad en dicho recinto por orden de la autoridad jurisdiccional militar.

Luego, el grupo de militares pertenecientes al Regimiento de la ciudad, transportó a los trece detenidos hacia las afueras de la ciudad, a un sector llamado Cuesta Cardone, los obligaron a descender del camión y procedieron a disparar contra ellos, cuyas identidades correspondían a Alfonso Ambrosio Gamboa Farías, Atilio Ernesto Ugarte Gutiérrez, Fernando del Carmen Carvajal González, Agapito del Carmen Carvajal González, Winston Dwight Cabello Bravo, Manuel Roberto Cortázar Hernández, Raúl del Carmen Guardia Olivares, Raúl Leopoldo de Jesús Larravide López, Edwin Ricardo Mancilla Hess, Adolfo Mario Palleras Norambuena, Héctor Leonelo Vincenti Cartagena, Pedro Emilio Pérez Flores y Jaime Iván Sierra Castillo, utilizando para ello fusiles SIG calibre 7.62 mm, falleciendo todos en el lugar. Verificadas las muertes de las mencionadas personas, los cadáveres fueron trasladados a la unidad militar, y posteriormente desde ese lugar al cementerio de la ciudad, y luego de ser identificados, fueron sepultados en una fosa común, practicándose las correspondientes inscripciones de defunción».

Resolución que agrega: «Con el estudio acabado de los mismos antecedentes y elementos probatorios reseñados, apreciados de igual manera, se ha establecido, además, que en las últimas horas del día 17 de octubre de 1973, un grupo de militares perteneciente al Regimiento Atacama de la ciudad de Copiapó, se dirigieron hasta unos barracones existentes en esa unidad militar, lugar en que se mantenían, privados de libertad y en calidad de detenidos políticos, a Benito Tapia Tapia, Maguindo Castillo Andrade y Ricardo García Posada, respecto de quienes no hay constancia fehaciente que haya existido algún proceso o juicio seguido en su contra, quienes habían sido retirados, apartados ese mismo día de la cárcel pública de la ciudad, como consecuencia de la revisión de sus antecedentes ya señalada por parte de algunos integrantes de la comitiva del General Arellano y de algunos militares del Regimiento local, personas a quienes sustrajeron, trasladándolos, presuntamente, al mismo sector de la Cuesta Cardone, lugar desde el cual se pierden sus rastros, sin que hasta la fecha hayan sido habidos con vida, así como tampoco sus restos mortales, ni se conozcan sus paraderos, excediendo con creces y en demasía, el término de noventa días signado en la referida disposición legal, y en esas circunstancias debe entenderse que el encierro o la detención que los afectara, aún perdura».

Cuatro uniformados en retiro, condenados por delitos de secuestro y homicidio calificado de las víctimas del Episodio Copiapó, deberán cumplir penas de más de 10 años de cárcel al interior del centro penitenciario Colina 1, donde arribaron el pasado miércoles.

Desde el pasado miércoles, la cárcel Colina I alberga a cuatro militares condenados por delitos vinculados a la violación de los derechos humanos en dictadura.

Según informa La Tercera, esto ocurre luego de que la ministra en visita Patricia González Quiroz dictara el cúmplase y ordenara el inicio del cumplimiento de condenas de seis miembros del Ejército en retiro, por secuestros y homicidios calificados del Episodio Copiapó, del caso “Caravana de la Muerte”.

El Poder Judicial consignó que “de los seis condenados a penas de presidio efectivo, cuatro ex oficiales del Ejército en retiro ingresaron al módulo especial de Colina I y dos ya se encontraban purgando penas en el Centro de Cumplimiento de Punta Peuco”.

La sentencia establece que Sergio Arredondo González y Pedro Espinoza Bravo fueron condenados a 15 años y 1 día de presidio, en calidad de autores de los delitos de secuestro y homicidio calificado. Ambos se encontraban recluidos en Punta Peuco.

Además, el oficial en retiro del Ejército, Patricio Díaz Araneda, fue condenado a 11 años de cárcel, en calidad de autor de los delitos reiterados de homicidio calificado de 13 víctimas. Por otra parte, los uniformados en retiro Ricardo Yáñez Mora, Waldo Ojeda Torrent y Marcelo Marambio Molina deberán cumplir penas de 10 años y un día de presidio en Colina I.

La Corte Suprema dictó sentencia en contra de seis miembros del Ejército en retiro como responsables de 13 delitos de homicidio calificado y tres secuestros calificados, ilícitos perpetrados el 17 de octubre de 1973 en Copiapó, en el marco del denominado caso Caravana de la Muerte.

En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Carlos Künsemüller, Lamberto Cisternas y Jorge Dahm y los abogados (i) Jaime Rodríguez y Leonor Etcheberry– rechazó los recursos de casación elevados en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que condenó a penas de 15 años y un día de presidio a los exmiembros del Ejército Sergio Arredondo González y Pedro Espinoza Bravo, en calidad de autores de los delitos.

En la causa que investigó la ministra en visita Patricia González, el máximo tribunal condenó, además, al miembro (r) del Ejército Patricio Díaz Araneda a la pena de 11 años de presidio, en calidad de autor de los delitos reiterados de homicidio calificado de las 13 víctimas.

En tanto, los miembros del Ejército en retiro Ricardo Yáñez Mora, Waldo Ojeda Torrent y Marcelo Marambio Molina deberán purgar penas de 10 años y un día de presidio, por su responsabilidad en los mismos delitos.

Los exoficiales Edwin Herbstaedt Gálvez y Fernando Castillo Cruz fueron absueltos de los cargos de secuestro calificado.

En el aspecto civil, la Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó al Estado de Chile y los demandados a pagar la suma total de $6.400 millones a familiares de las víctimas.