Del Real Anthauer Gonzalo

En junio de 1981, un par de campesinos caminaron hasta el retén de Neltume para denunciar que se estaba organizando una guerrilla. Los cerca de 20 combatientes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), apertrechados en los bosques ubicados al este de Valdivia, fueron descubiertos a los pocos días por efectivos del Ejército. No portaban armas. Las habían enterrado a dos kilómetros de distancia. Ante los gritos de los militares ordenándoles entregarse, los guerrilleros se desbandaron. En los días posteriores volvieron a reunirse en dos grupos. El primero fue exterminado en la casa de una campesina donde intentaron refugiarse. El segundo, comandado por Miguel Cabrera Fernández, “Paine”, desenterró las armas y durante dos meses se movió por la zona, mientras 2.500 soldados intentaban cazarlos. En agosto se libraron los últimos enfrentamientos. Sólo unos pocos miristas salvaron el pellejo.
Una guerrilla de similares características se estaba organizando en la cordillera de Nahuelbuta. El desastre en Neltume hizo que la dirección del MIR concertara una reunión de emergencia con Nelson Araneda Loaiza, el comandante a cargo del foco de Nahuelbuta. El 18 de septiembre emprendió el viaje en bus a Santiago. En una casa de seguridad de San Miguel se reunió con Hernán Aguiló, el máximo jerarca en el país, y con Renato Araneda, su hermano y miembro del Comité Central, así como jefe directo de Neltume y Nahuelbuta.
Decidieron concentrar el poder guerrillero en Nahuelbuta con 25 hombres altamente preparados y se confirmó a Nelson al mando.
El 30 de septiembre, Nelson Araneda partió a Talca para tomar contacto con Luis Manuel Pincheira Llanos, su hombre de enlace, y con Jaime Cuevas Cuevas, un campesino reclutado meses antes. Debían volver a la cordillera, reorganizar las tropas y esperar la llegada de más armas, soldados y pertrechos.
El 10 de noviembre de 1981, la prensa santiaguina publicó que, durante la madrugada, personal de la CNI había sorprendido un taxi Chevrolet Opala con cuatro personas afuera de la casa del ministro de Relaciones Exteriores, René Rojas Galdames, ubicada camino a Las Vizcachas. Según la versión oficial, su objetivo era atentar contra la vida del canciller, y, al intentar reducirlos, se produjo un enfrentamiento con disparos que terminó con la explosión del tanque de bencina del taxi, tres de sus integrantes completamente calcinados y un cuarto abatido fuera del automóvil. Los muertos fueron identificados como Luis Pincheira, Jaime Cuevas, Juan Ramón Soto Cerda –militante del Partido Socialista– y un cuerpo que se atribuye al de Nelson Araneda pero que sigue sin identificar. Le faltaba la cabeza, las piernas y las manos.
La Comisión de Verdad y Reconciliación llegó a la conclusión de que los integrantes del taxi fueron ejecutados por agentes de la CNI. Hay tres querellas por las muertes de Pincheira, Soto y Araneda, acumuladas en una misma causa que es sustanciada por el ministro de fuero Joaquín Billard. El caso da luces para entender cómo funcionó el organismo represor disfrazando ejecuciones como supuestos “enfrentamientos”.
Luis Pincheira y Nelson Araneda, que antes del golpe había sido dirigente nacional de la ENAP, habían sido reclutados por el MIR en 1978, junto a otros 100 hombres desde varios países de Europa para viajar a Cuba. Eran parte de la Operación Retorno, que tenía por objeto derrocar a la dictadura. En el campo de entrenamiento cubano de Pinar del Río recibieron instrucción durante un año de parte de cubanos y altos oficiales vietnamitas. El objetivo era crear guerrillas en la cordillera chilena.
Antes de partir a Talca, Nelson estableció un plan de comunicación con Renato, la máxima autoridad del nuevo proyecto. Como acordaron, a las once de la mañana del 6 de octubre, Nelson se reunió en la capital del Maule con Luis Pincheira, quien debía señalarle dónde encontrar a su hermano. Pero Renato fue informado por Pincheira de que hacía dos días que Nelson no se había presentado a las reuniones estipuladas.
“¡Pero qué estás haciendo tú acá entonces. Deberías haber salido de la ciudad apenas notaste su ausencia. Es seguro que cayó detenido y que a ti te siguen!”, dijo Renato a Pincheira.
Lo tomó del brazo y caminaron juntos hacia la salida del restaurante. En ese momento pasó un taxi y los dos hombres subieron. Renato indicó al chofer que los llevara a las afueras de la ciudad. Luego de media hora de camino, detuvieron la marcha e ingresaron a un restaurante al lado del camino. Ahí tomaron una decisión arriesgada: se reunirían al día siguiente, el 7 de octubre, en Talca. Pincheira intentaría hacer contacto por última vez con Nelson en el punto acordado. Para asegurarse, ellos establecieron un nuevo plan de comunicación. Pegaron con chicle un señuelo bajo la mesa de otro restaurante de la ciudad. Si todo iba bien, Pincheira debía quitarlo antes de reunirse con Renato. Si no lo había sacado, significaba que había caído.
Al día siguiente, Renato fue hasta el restaurante y el chicle seguía pegado ahí. No le cupo ninguna duda que su compañero había caído. Un mes más tarde veía televisión y el noticiario nocturno pasó la información sobre el supuesto enfrentamiento de Las Vizcachas. Una de las cámaras mostró la cédula de identidad de Pincheira.
Desde que se inició la Operación Retorno, los integrantes del MIR fueron cayendo de forma similar, en los llamados “falsos enfrentamientos” y a través de los “muertos por explosión”, otro método que había ocupado la CNI, pero son pocas las querellas por este tipo de crímenes. Uno de los motivos argumentados por abogados de derechos humanos es que, a diferencia del período en que operó la DINA, hasta ahora estos métodos de la CNI no han sido totalmente investigados. Excepciones a la regla son el fallo de la Operación Albania y la querella por la muerte de Fernando Vergara Vargas, asesinado el 15 de diciembre de 1984.
En enero del año pasado, La Nación publicó un informe desclasificado del Departamento de Estado norteamericano que señala que la muerte de Juan Ramírez Vicker y Nelson Espejo Flores –dos explosivistas del MIR–, ocurrida al interior de su casa, supuestamente manipulando explosivos, fue un montaje. “Fue el resultado de una decisión consciente de los jefes de los servicios de inteligencia, en el sentido de que la mejor manera de tratar el problema de las casas de seguridad era haciéndolas explotar”, señala el informe.
Un ex integrante del Comité Central del MIR reconoce que en 1983 se planificó sacar a todos los integrantes de la Operación Retorno, ya que los militantes seguían cayendo en extrañas circunstancias. Como estrategia para verificar si tenían infiltrados planearon el asesinato de Carol Urzúa, entonces intendente metropolitano: “Si existía un infiltrado, éste intentaría salvarlo.
Finalmente, Urzúa murió y hasta ahora se piensa que la CNI lo permitió porque le hacía olitas a Pinochet”.
En enero de 2003, el perito balístico de Investigaciones Gustavo Lynch declaró que cuando en 1981 la justicia militar le encargó realizar el “peritaje balístico número 593-B”, que “las balas no causan una explosión. Yo creo que el vehículo fue rociado con algún tipo de combustible y luego se le prendió fuego directamente”. Varios agentes de la CNI señalaron que las víctimas dispararon en su contra, cuestión que el perito tampoco comparte. “Los cuerpos tenían una actitud pasiva, no se evidenciaba en ellos la actitud de querer huir de las llamas. A esas personas primero les dieron muerte y luego incendiaron el vehículo”.
En 2003 fue llamada a declarar la médico María Viviana San Martín, encargada de realizar el informe forense de la época. Su conclusión refuerza la tesis del asesinato. “Se deduce, fuera de toda duda, que se realizaron a corta distancia, es decir, no había más de un metro entre el occiso y los tiradores”, declaró.
En este mismo sentido, el agente de la CNI Ricardo Guerrero declaró judicialmente que detuvo a Luis Pincheira en Talca y que éste no fue torturado debido a que se trataba de un encargo de Santiago. Cuestión que para los cercanos a la causa refleja que la acción no fue regional, sino gestionada “desde más arriba”.
Pero el dato fundamental fue aportado por Aladino Pereira, el radiooperador del Cuartel Borgoño de la CNI, quien señala que el día 9 de noviembre había varios “paquetes”, nombre que se les daba a los detenidos, en el cuartel. “Ese mismo día me enteré por la radio de Carabineros que dos sujetos armados habían robado un taxi marca Chevrolet Opala. Minutos más tarde veo que hizo ingreso al cuartel un automóvil de las mismas características del auto robado, por lo que bajé al patio y me percaté de que se trataba del mismo vehículo, pues las patentes coincidían exactamente”, relata. Según su testimonio, se bajaron del auto Francisco “el Gurka” Zúñiga y el agente Américo Correa.
Ese mismo día, Pereira había recibido una llamada de agentes de la CNI que habían detenido a un militante del Partido Socialista en el centro de Santiago para confirmar sus datos en el Ministerio del Interior. Se trataba de Juan Ramón Soto, el otro calcinado del automóvil. Según la declaración de Pereira, Álvaro Corbalán señaló por la radio: “Atento ese equipo, habla once cero cero, a ese huevón tráiganmelo para acá porque lo necesito para esta noche”. Pereira agrega que “durante todo el día diferentes agentes de la agrupación estuvieron preparando el vehículo con diferentes materiales incendiarios, tales como bencina, polvo de aluminio, etc.”. Otro agente de la CNI también reconoció la presencia del taxi en el Cuartel Borgoño.
En febrero de este año, antes del escándalo del SML, el supuesto cuerpo de Nelson Araneda fue exhumado del Patio 29. Los resultados de la prueba de ADN que confirmarían que se trata de su cuerpo estarán listos en los próximos meses. Mientras, el caso sigue avanzando. 

 

Prácticamente está comprobado que la CNI montó un operativo para eliminar a tres militantes del MIR y un socialista simulando una explosión. Gracias a esta estrategia sistematizada, en la actualidad unos 20 casos no han sido reconocidos por las comisiones de DDHH como crímenes políticos. El Gobierno reabrirá los procesos de recalificación de casos y éste es, sin duda, el más avanzado.

La noche del 10 de noviembre de 1981, un miembro de la 3ra Compañía de Bomberos de Puente Alto acudió, junto a sus compañeros, a sofocar un incendio. Era en el camino a Las Vizcachas, justo al frente de la casa del ministro de Relaciones Exteriores, René Rojas Galdames. Cuando llegaron al lugar se encontraron con un panorama aterrador: A un lado de la calle, tres cuerpos yacían envueltos en llamas al interior de un automóvil. Un cuarto, ardía a pocos metros de la escena. Por un segundo, todos se quedaron helados. "Fue macabro, imagínate unos cuerpo quemándose, y viéndolos a través de las llamas. Además uno de ellos estaba decapitado, palabras exactas no hay para describirlo", recuerda el bombero.

Al grupo se sumó personal de la 1ra Compañía de la comuna. En conjunto se preparaban para la acción y buscaban la mejor posición para apagar el fuego. Pero en ese momento, el voluntario recuerda que un hombre se los impidió. "Alto ahí", les dijo. Al principio, pensó que era una recomendación para evitar los estragos del fuego, pero luego se dio cuenta que no era así. Era un grupo de cinco hombres que portaban pistolas y ametralladoras. Tenían los rostros desencajados de ira y cercaban el lugar.

En un acto desesperado, el jefe a cargo de las dos unidades de bomberos les dio la orden de apagar el fuego, pero ahora todo quedó claro. "¡Salgan de ahí, el que da las órdenes soy yo", respondió el sujeto que, quedó claro, era de la CNI. Al instante, el resto de los agentes los apuntaron con sus ametralladoras.

El bombero que fue testigo de esto actualmente vive en Dinamarca y, según altas fuentes de la investigación, es muy probable que sea llamado a declarar en el marco del proceso judicial por este caso, denominado "Calcinados" y que sustancia el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Joaquín Billard.

En la prensa de la época, la información indicaba que las personas que murieron al interior del automóvil eran los miristas Luis Pincheira y Jaime Cuevas; Juan Ramón Soto Cerda militante del Partido Socialista y un cuerpo que se atribuye al de Nelson Araneda pero que sigue sin identificar. A éste le faltaban la cabeza, piernas y manos. La versión oficial, entonces, estableció que los subversivos se encontraban estacionados afuera de la casa del canciller con la presunta intención de realizar un atentado. En ese momento, una patrulla de la CNI pasó por el lugar y les pidió que bajaran del automóvil. Pero se encontraron con una lluvia de balas en su contra. Sin otra posibilidad, los agentes de la dictadura dispararon contra del automóvil que, debido a los disparos, explotó. Luego comenzó el incendio y los cuerpos se calcinaron.

La investigación de Billard ha mostrado avances notables. Paso a paso se ha ido acreditando que no se trató de un enfrentamiento, sino de una operación deliberadamente orquestada por la CNI, que no contaba con la libertad para actuar que tenía su predecesora, la DINA.

El caso es un emblema, ya que hasta ahora todos los montajes de la CNI, denominados por los organismos de derechos humanos "muertos por explosión", son parte de la larga lista de casos donde aún no hay convicción sobre la participación de agentes. Esto implica que no son reconocidos por el Estado como crímenes terroristas de la dictadura, siendo catalogados como accidentes atribuibles a otras causas. Se calculan que son 30 víctimas de un total de 20 episodios.

El caso "Calcinados" da cuenta de una forma de actuar sistemática tendiente a disfrazar crímenes con explosiones sorpresivas y falsos enfrentamientos. Pero cobra más importancia luego de que los familiares de ejecutados políticos y torturados se reunieran el 3 de marzo pasado con el secretario general de Gobierno, Francisco Vidal.

Terminado el encuentro se clarificó un tema que viene generando polémica hace tiempo: el Gobierno va a abrir un proceso de revisión de aquellos casos que quedaron fuera de las comisiones Rettig y Valech, por no existir la convicción de que se trató de crímenes políticos. De hecho el nuevo proceso se encuentra contenido en el proyecto de ley que dará inicio al Instituto de los Derechos Humanos. "Si bien el Instituto no ha sido aprobado, en este punto existe acuerdo en ambas cámaras. Incluso se le asignó un presupuesto para que quienes califiquen tengan acceso a los beneficios", explicó a LND María Luisa Sepúlveda, delegada presidencial para los derechos humanos.

Antes de que los tres cuerpos de los miristas aparecieran calcinados en el automóvil, la directiva de esa colectividad sabía que estaban desaparecidos hace un tiempo. Todos ellos tenían la orden de reunirse en Talca para organizar la guerrilla de Nahuelbuta, luego del desastre ocurrido en Neltume, donde 25 militantes fueron asesinados. Nelson Araneda estaba al mando de la misión. Luis Pincheira lo secundaba y Jaime Cuevas era un campesino reclutado meses atrás. Los tres fueron capturados durante los últimos días de octubre de 1981, en esa ciudad.

Esta reconstrucción ha sido posible luego de un largo trabajo del magistrado, en conjunto con los efectivos de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos (BAES) de Investigaciones.

Uno de los que decidió "soltar la lengua" fue el coronel (R) del Ejército y jefe del cuartel de la CNI en Talca, Gonzalo del Real Anthauer. Según su declaración del 2 de mayo de 2007, a fines de 1981 recibió una llamada de la CNI de Santiago. Le ordenaron que hiciera vigilancia a un domicilio ubicado en la calle 2 Sur. "Ese mismo día, alrededor de las 18 horas, llegaron de tres a cuatro vehículos provenientes de Santiago, con unas diez personas que estaban a cargo del capitán Sandoval, apodado “Pete El Negro”, relata. La persona identificada por Del Real es Enrique Erasmo Sandoval Arancibia, condenado, entre otros casos, por el crimen del niño de 13 años Carlos Fariña, en 1973. Actualmente es funcionario de la Municipalidad de Providencia.

Del Real, agrega que se identificó a dos sujetos en un domicilio de la VII Región. El apellido de uno de ellos era Pincheira. También declaró que los miristas fueron detenidos poco rato después en la vía pública, mientras caminaban por la calle.

El ex agente de la CNI de Talca y suboficial (R) de Carabineros, José Manuel Nolasco, recalca lo señalado por su superior y agrega que "en esa época, cuando habían procedimientos de detención, participábamos todos, sin importar en qué oficina trabajáramos". También aclaró que la orden de detención llegó desde la capital debido a que los dos sujetos estaban hospedados en una casa ubicada en la calle 2 Sur "y fueron denunciados, al parecer, por los propios dueños de casa". El agente declaró que los dos tipos eran parte de la guerrilla de Neltume.

El ex agente de la CNI, Ruperto Núñez González, es aún más específico en su declaración y reconoce que los sujetos fueron detenidos en un restaurante, ubicado en una calle céntrica de la ciudad, junto a dos personas más que luego fueron liberadas. Según su testimonio, al día siguiente "nos dedicamos a buscar a un tercer sujeto, quien era el enlace de la persona más alta, pero este sujeto fue detenido al día siguiente, también en la vía pública".

Una vez trasladados al Cuartel Borgoño, En Santiago, los tres miristas fueron llevados hasta los calabozos. La declaración prestada por el radio operador de la CNI, Aladino Pereira, ayudó a determinar cómo el militante del PS, Juan Soto Soto, se sumó al grupo de calcinados. En su declaración señala que el 8 de noviembre recibió una llamada de agentes operativos, quienes recién habían detenido a un militante del PS. Y añade que cuando Álvaro Corbalán se enteró de la noticia, le señaló: "Atento ese equipo, habla once cero cero, a ese huevón tráiganmelo para acá porque lo necesito para esta noche". Pereira agrega que "durante todo el día diferentes agentes de la agrupación estuvieron preparando el vehículo con materiales incendiarios, tales como bencina, polvo de aluminio, etc.".

Otro dato fundamental, aportado por el radiooperador, es que el automóvil donde ardieron los militantes del MIR y del PS fue visto poco rato antes en el Cuartel Borgoño.

"Ese mismo día me enteré por la radio de Carabineros que dos sujetos armados habían robado un taxi marca Chevrolet Opala. Minutos más tarde veo que hizo ingreso al cuartel un automóvil de las mismas características del auto robado y me percaté de que se trataba del mismo vehículo, pues las patentes coincidían", relata. Según su testimonio, se bajaron del auto Francisco "El Gurka" Zúñiga y el agente Américo Correa.

En el marco de esta causa el perito balístico de Investigaciones, Gustavo Lynch, a cargo del peritaje balístico en 1981 declaró en la causa: "las balas no causan una explosión. Yo creo que el vehículo fue rociado con algún tipo de combustible y luego se le prendió fuego directamente"

A toda la evidencia se agrega que aunque los agentes no reconocen que se trató de un crimen premeditado, varios ya han reconocido que estuvieron esa madrugada mientras el automóvil se quemaba.

Estos agentes fueron los que esa noche no dejaron al bombero que apagara el fuego. La impotencia y la angustia de observar una escena tan horrenda provocaron en él cambios que lo acompañarían toda su vida. Y ahora puede convertirse en un testigo clave.

Dentro de los implicados figuran Álvaro Corbalán Castilla, Alejandro Astudillo Adonis, Fernando Rojas Tapia y Enrique Sandoval Arancibia.
La justicia condenó este martes, en primera instancia, a cuatro ex agentes de la dictadura de Augusto Pinochet por la muerte de cuatro opositores asesinados en 1981 en los alrededores de Santiago, informaron fuentes judiciales.
El juez Joaquín Billard sentenció a doce años de prisión a Álvaro Corbalán Castilla y a Alejandro Astudillo Adonis, ambos ex miembros de la temible Central Nacional de Inteligencia (CNI).
Además, fijó seis años de presidio para Fernando Rojas Tapia y para Enrique Sandoval Arancibia, también ex agentes de la CNI.
En cambio, Luis Correa Soto, procesado en este caso, fue absuelto al acreditarse su falta de participación en los hechos.
Los cinco habían sido procesados en abril de 2008 por los homicidios de cuatro militantes de izquierda ocurridos el 10 de noviembre de 1981 en el sector cordillerano de Las Vizcachas.
Las víctimas eran Juan Ramón Soto Cerda y Jaime Alfonso Cuevas Cuevas, ambos militantes del Partido Socialista, y Luis Pincheira Llanos y Nelson Luis Araneda Loaiza, que eran miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Sus cuerpos fueron hallados en un automóvil incendiado frente a la casa del entonces ministro de Relaciones Exteriores, René Rojas.
Según organizaciones de izquierda y familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos, los cuatro militantes fueron asesinados tras ser detenidos por la policía secreta, que después incendió el automóvil y escenificó en el lugar un falso enfrentamiento.
Un peritaje de la Policía de Investigaciones acreditó que las víctimas no causaron los impactos que recibió el automóvil de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), como la dictadura quiso hacer creer en ese tiempo.
El juez también determinó que el Fisco y los cuatro condenados deben entregar solidariamente a siete familiares de las víctimas 30 millones de pesos para cada uno.