De La Fuente Ibar Patricio Fernando

 El 11 de septiembre Patricio Fernando de la Fuente Ibar tenía el grado de teniente y prestaba servicios en la Prefectura de Fuerzas Especiales, cuyo comandante era el coronel Carlos Hinrichsen. Tenía a su cargo la sección 1-0, compuesta de alrededor de veinte carabineros, entre sargentos, cabos y carabineros.

Patricio de la Fuente Ibar Ingresó a Carabineros en 1968.

El día 11 de septiembre. Patricio Ibar se encontraba rodeando La Moneda junto al Grupo de Servicios Especiales, conocido como Grupo Móvil, quienes temprano en la mañana se sumaron a los militares golpistas. El Grupo Móvil funcionaba, en esa época, en la calle San Isidro, en el centro de Santiago.

Luego de entregar a los detenidos en la Sexta Comisaría, no regresó a la Intendencia sino que fue enviado a un operativo a las azoteas del Ministerio de Defensa.

En 1990 tenía el grado de mayor y estaba a cargo de la Comisaría de Quilpué.

Hasta 1998, era jefe del Servicio de Emergencias de Carabineros, 133.

El último cargo que tuvo fue como Jefe de Sitio de la II Zona Norte, con sede en Antofagasta.

Llamado a retiro en octubre de 1999 con el grado de general

Desde las primeras horas de ese día 11 de septiembre, Fuerzas Especiales de Carabineros se encontraban en los alrededores de La Moneda. Estaban dirigidas por el teniente José B. Martínez (50) y el teniente Patricio De La Fuente Ibar (51). Pertenecían al Grupo de Servicios Especiales de Carabineros, que funcionaba en ese entonces en la calle San Isidro 330 y cuyo Prefecto era el teniente coronel Carlos Hinrichsen (52).

Tres importantes declaraciones fueron realizadas posteriormente por los oficiales responsables de las detenciones: la primera de ellas apareció en la Revista de Carabineros de Chile, No 222, de Octubre de 1973; la segunda aparece en el Diario "La Segunda" de septiembre de 1973; y la última y más importante es la efectuada por estos oficiales en la querella por los asesinatos de Enrique Ropert y Manuel Cantú (14) , en noviembre de 1990.

La Revista de Carabineros de Chile publica un artículo titulado, "El día que cambió la historia de Chile", escrito por el teniente Patricio De la Fuente:

"El Martes 11 de septiembre, desde la Prefectura de Servicios Especiales, partimos en un bus hacia la Prefectura General de Santiago y al llegar, alrededor de las siete treinta horas, ya Carabineros y tanquetas policiales rodeaban el Palacio de La Moneda. Repentinamente, por calle Moneda aparecieron una camioneta y otros vehículos, en cuyo interior viajaban miembros de la Guardia Personal del Presidente. Era el GAP que llegaba de refuerzo. No dudamos en lo que debíamos hacer; corrimos a detenerlos, les rodeamos y ellos trataron de resistirse; pero el hielo de las bayonetas les impidió todo intento de hacer uso de sus poderosas armas". Más adelante señala, "…En La Moneda, los GAP observaban sorprendidos como catorce de sus compañeros caían detenidos, entre ellos su jefe. Domingo Blanco Tarrés. No se atrevieron a disparar y antes que reaccionaran, en forma rápida los llevamos al interior de la Prefectura. . Eran estos los primeros prisioneros de las operaciones de ese día". Finalmente agrega,"… Al comunicar estas novedades a nuestra Prefectura, se nos informó que un vehículo iría a buscar a los prisioneros con el objeto de trasladarlos a una unidad más segura. Por fin llegó un bus. Nos disponíamos a subirlos, pero no alcanzamos ya que por calle Moneda apareció una columna de tanques. La plaza quedó vacía, sólo se escuchaba el ruido de los tanques que tomaban posiciones de combate frente a La Moneda. Nos acercamos para entrevistarnos con el Comandante del primer blindado, darle información y solicitarle apoyo para trasladar a nuestros prisioneros. Este asintió. Lo que nos permitió iniciar la marcha en medio del fragor de las balas y dirigirnos al Cuartel a hacer entrega de los prisioneros".

En la querella por los casos de Manuel Cantú y Enrique Ropert, declararon los oficiales de Carabineros: teniente José Martínez, teniente Patricio De la Fuente, teniente coronel Carlos Hinrichsen y mayor Jorge Retamales (53), Comisario de la Sexta Comisaría, lugar donde fueron trasladados los detenidos.

El teniente Patricio De la Fuente declaró lo siguiente:

"El 11 de septiembre de 1973, tenía el grado de Teniente y prestaba servicios en la Prefectura de Fuerzas Especiales, que estaba a cargo del Coronel Hinrichsen; yo tenía a cargo una sección que era la 1-0 y estaban conmigo unos veinte hombres…El día del pronunciamiento militar estaba con mi tropa a cargo de resguardo de la Intendencia de Santiago. No recuerdo el nombre del Intendente de dicha oportunidad. A cargo de la Intendencia en el interior estaba el teniente de Carabineros de apellido Martínez, que también pertenecía a Fuerzas Especiales.

De esto le di cuenta al teniente Martínez y ambos nos pusimos de acuerdo para poder controlar esto ya que se estaba infringiendo la Ley de Control de Armas. Junto con mi personal, nos pusimos en lugares estratégicos y una vez que vimos que venían dos camionetas más, también con armamento, procedimos a detenerlos y hacer pasar al interior de la Intendencia, a las dependencias de Carabineros, a unas doce a catorce personas. Entre estas personas iba Blanco Tarrés, y el teniente Martínez confeccionó un parte por el delito de infracción a la Ley de Control de Armas. El parte fue confeccionado para la Sexta Comisaría. Posteriormente, en un microbús de Carabineros a mi cargo, procedí a llevar a los detenidos hasta la Sexta Comisaría, donde fueron entregados a la guardia, que nos estaba esperando porque de Fuerzas Especiales les habían avisado que llevábamos dichos detenidos. No recuerdo el funcionario que recibió a los detenidos, pero sí era un Oficial… Quiero aclarar que las personas que venían en la camioneta y renoleta que primero llegaron al garaje de la Intendencia, también fueron pasados al interior de la Intendencia y mandados a la Sexta Comisaría".

Igualmente declara el teniente José Martínez, entregando los mismos antecedentes que de la Fuente, pero "no recordando" los detalles.

El teniente coronel Carlos Hinrichsen declara en la misma causa, lo que sigue:

"(…) En septiembre de 1973 tenía el grado de teniente coronel a cargo del grupo de Servicios Especiales donde era Prefecto, que funcionaba en calle San Isidro. (…) En la Unidad, al momento del golpe, no se recibían detenidos, pero en esta oportunidad recibo la orden de recibir detenidos en tránsito que posteriormente fueron derivados a diferentes lugares de detención como ser Estadio Nacional, Estadio Chile y a la Sexta Comisaría de Santiago, que estaba próxima a mi Unidad…. Los detenidos permanecieron en mi Unidad eran más de diez. Ellos permanecieron en mi Unidad hasta el día 12 de septiembre y luego fueron despachados al Estadio Nacional. ….También me llegaron detenidos personas que pertenecieron a la Guardia del Presidente Allende y éstos fueron mandados a la Sexta Comisaría…El Jefe de la Sexta Comisaría era don Jorge Retamal Berríos…".

Y por último, la siguiente es la declaración del mayor Jorge Retamal, comisario de la Sexta Comisaría:

"…El día 11 de septiembre de 1973 recibí a unos diez a once hombres mayores de edad que pertenecían a la guardia personal del ex Presidente Allende . Estas personas estuvieron en la Unidad más o menos unos dos días y me fueron enviados por intermedio del Comandante de Fuerzas Especiales de Carabineros Carlos Hinrichsen. El motivo del envío era porque Fuerzas Especiales no tenía calabozos… los pusieron a mi disposición alrededor de las once a once treinta de la mañana. Al segundo día, llegó hasta la unidad un funcionario de Ejército que era un mayor de nombre Pedro Espinoza con el objeto que le hiciera entrega de los detenidos, cosa que no hice porque no traía ninguna orden de autoridad competente para poder retirarlos. Al otro día, durante la mañana llegó un Mayor de la Fuerza Aérea, quien traía un documento firmado del Consejo de Guerra de dicha rama para poder retirar a los detenidos. Se los entregué dejando expresa constancia en el libro de guardia y a la vez firmado por dicho oficial. Eran miembros de la guardia personal del Presidente Allende y entre los detenidos iba un señor de nombre Bruno (15) Blanco que siempre se comunicó conmigo al momento de la detención y los demás lo sindicaban como el jefe de ellos".

El día del golpe militar, el Ejército había intervenido la Policía de Investigaciones, haciéndose cargo de ella, el general Ernesto Baeza junto al edecán militar del Presidente Salvador Allende (16), teniente coronel, comandante Sergio Badiola (54). Ellos nunca han sido llamados a declarar en ninguna de las querellas presentadas por estos crímenes, a pesar de los testimonios y documentos oficiales que certifican que el grupo de personas detenidas en los alrededores de La Moneda fueron trasladadas a dicho recinto.

Así, en el proceso de Domingo Blanco Tarrés (17) y en el de Enrique Ropert, el detective Carlos Espinoza Pérez, que se presenta al Cuartel General de Investigaciones el día 13 de septiembre de 1973, después de haber sido liberado desde el Regimiento Tacna, formula la siguiente declaración: "…(ese día) vi a Domingo Blanco, más conocido como "Bruno", en el Cuartel de Investigaciones, de calle General Mackenna. Estaba acompañado de un hijo de Payita (18), de apellido Ropert, y otros más del GAP, que no supe quienes eran ya que estaban todos en el interior de los calabozos. A ellos les llevé cigarrillos, por espacio de dos días, y al tercer día, cuando volví, el personal de la guardia me manifestó que por orden de los oficiales de Ejército, agregados a Investigaciones, habían sido entregados a la DINE (19). Eso es lo último que supe de ellos, ya que desde allí desaparecieron".

Además, según los antecedentes recopilados en el libro "Detenidos Desaparecidos", del Arzobispado de Santiago (20), "Los miembros de la Guardia Presidencial que fueron detenidos por Carabineros frente a la Intendencia, fueron conducidos al Cuartel de Investigaciones, que había sido ocupado por el Ejército. Allí fueron sometidos a torturas y luego sacados del lugar y fusilados."

Hasta aquí sabemos que el grupo se encontraba detenido en los calabozos del Cuartel General de Investigaciones, en la avenida General Mackenna, y de acuerdo al Arzobispado de Santiago, sometido a torturas y luego sacados del lugar y fusilados. Las declaraciones y documentos que entregamos a continuación aportan elementos sobre estas ejecuciones.

El libro "Detenidos Desaparecidos" del Arzobispado indica que Domingo Blanco habría sido "el único que fue enviado a la Cárcel Pública el 13 de septiembre de 1973 (21), donde permaneció hasta el 19 de septiembre, fecha en que fue llevado por una patrulla militar a un destino desconocido, aunque la pena a que fue sentenciado, parece ser de diez años de prisión". (22)

Efectivamente, sólo se tiene confirmación, por documentos oficiales y notas de prensa de la época, pero sobre todo por el certificado emitido por el Alcaide Subrogante Santos Armijo (55), -en el marco de la querella por su desaparición- que "Domingo Blanco ingresa a la Cárcel Pública el 15 de septiembre de 1973 con el parte No 664 de Investigaciones, a disposición de la Segunda Fiscalía Militar por infracción a la Ley de Control de Armas, quedando en libertad el día 19 de septiembre 1973, por orden de la misma Fiscalía Militar".

Esta información se contradice con lo declarado en el proceso de Enrique Ropert por el jefe de guardia de Gendarmería de la Cárcel Pública, Luis Pozo Ormeño, el cual señala que el día 15 de septiembre de 1973, efectivamente llegó a la Cárcel Pública de Santiago Domingo Blanco, y que mientras le tomaba los datos para ingresarlo, fue retirado por una patrulla militar comandada por un oficial de Ejército, el cual no presentó ningún documento. Pozo declaró: " (…) Cuando yo era jefe de guardia, concurrió hasta la ex Cárcel Pública un oficial de Ejército, que vestía una tenida de "fatiga", o sea con botas de infantería y el pantalón introducido, quien no usaba ningún distintivo de grado, y supongo que era un oficial por la forma de expresarse ya que no era grosero pero si muy prepotente, quien me reclamaba que le hiciera entrega de inmediato del detenido Domingo Blanco Tarrés más conocido como "Bruno". Este oficial ingresó a la guardia con quince soldados, quienes todos portaban fusiles y en posición de tiro. En ese momento, yo tenía a "Bruno" en la guardia porque le estaba tomando los datos para ingresarlo. Todo esto fue muy rápido ya que no hacía más de cinco minutos que Carabineros lo había entregado a la cárcel, y a los pocos minutos llegaron los militares con todo tipo de prepotencia. Por la intimidación de que fui objeto, no me atreví a preguntar nombre ni grado al oficial. "Bruno" estaba esposado y el mismo oficial procedió a ponerle una capucha en la cabeza y a llevárselo. Dicho oficial manifestó que a "Bruno" lo llevaban hacia el Ministerio de Defensa".

A esta declaración, hay que añadir lo relatado por Luis Pozo a la hermana de Enrique Ropert, cuando ésta investigaba las circunstancias de su muerte. "Luis Pozo me señaló que ante esta situación, hizo que uno de los gendarmes, el sargento primero de Gendarmería, Juan Gómez, acompañara a la patrulla que se llevaba a Domingo Blanco esposado, para tener alguna constancia del destino del detenido, ya que no le habían entregado ninguna orden de retiro. Al día siguiente, el gendarme Juan Gómez le contó a Luis Pozo, que la patrulla llegó al Ministerio de Defensa, bajaron al subterráneo, y el oficial ordenó a Domingo Blanco avanzar por uno de los pasillos y le disparó por la espalda, matándolo". Cuando fue llamado a declarar en el proceso, el gendarme Juan Gómez negó tener alguna información al respecto e incluso se negó a firmar su propia declaración negando el hecho, "para no tener nada que ver con eso".

Una tercera versión referida al destino de Domingo Blanco Tarrés, y tal vez no la última, son los antecedentes entregados por el ex mayor de Sanidad Dental del Ejército hasta el golpe de Estado y hermano del secretario del Presidente Allende, Jaime Puccio, quien relata que permaneció bajo arresto domiciliario desde el 12 de septiembre de 1973 hasta el día 15 ó 16 del mismo mes, cuando fue trasladado a la Cárcel Pública de Santiago. Allí fue incomunicado durante diecinueve días. Luego fue trasladado a una celda donde se encontraban otros prisioneros, entre ellos José Gómez López, el regidor de Maipú de apellido Osorio y dos asistentes de la Municipalidad, quienes le relatan que durante las noches, una patrulla sacaba a interrogatorio a Domingo Blanco, "Bruno", el cual era torturado en forma brutal. Finalmente, le informan que uno de los interrogadores, "por piedad, le habría matado de un tiro, diciendo posteriormente que Domingo Blanco murió tratando de escapar".

De modo que, nada podemos afirmar en forma categórica sobre el destino final de Domingo Blanco Tarrés. Las historias son contradictorias, hasta ahora nadie ha relatado la verdad. Y como veremos más adelante, existe una última versión entregada por los militares a la Mesa de Diálogo. Su cuerpo habría sido lanzado al mar, el día 13 de septiembre de 1973. En consecuencia él no habría estado en la Cárcel, ni en Investigaciones, ni en el Ministerio de Defensa ni en ningún otro lugar.

Otros antecedentes surgen de las declaraciones judiciales efectuadas en las querellas ante los tribunales de estos crímenes. El 16 de septiembre de 1973, al día siguiente que este grupo habría sido sacado del Cuartel de Investigaciones, el oficial de Ejército Pedro Espinoza (56) es requerido por el padre de Enrique Ropert para saber sobre el paradero de su hijo, y éste responde que "podrían haber sido trasladado al Regimiento Buin, destino -según él de los detenidos en la Intendencia". En esos días, el Regimiento Buin estaba a cargo de coronel de Ejército Felipe Geiger.

UN CONSEJO DE GUERRA

A la información antes señalada, otros elementos vienen a complejizar estos antecedentes.

El 20 de septiembre de 1973, el padre de Enrique Ropert, Enrique Ropert Gallet, fue detenido y conducido al Estadio Nacional y luego a la Cárcel Pública. Su abogado, Fernando Guarello Zegers, declaró en 1990 en la querella por el hijo de su cliente que "…en esos días hablé por teléfono con mi amigo el fiscal Horacio Ried Undurraga, secretario de la Corte Marcial, para solicitarle información acerca del paradero de uno de sus defendidos, Ángel Parra, y para tranquilizarlo, Ried me dio como ejemplo que el proceso contra el GAP ya había sido solucionado, siendo condenados a cinco años y un día". Guarello añade que en octubre del 73, al solicitar en la Fiscalía Militar correspondiente el expediente de su cliente, Enrique Ropert Gallet, "el funcionario se equivocó y procedió a pasarme un expediente caratulado "Enrique Ropert y otros", y que decía que estas personas del GAP, entre ellos Enrique Ropert Contreras, habían sido condenados a cinco años y un día de presidio. La condena estaba firmada por Hermán Brady Roche… El expediente decía en la carátula que era el Consejo de Guerra Nº 1 del Ejército" (23).

Cuando fue llamado por el tribunal, el general Hermán Brady declaró por oficio que, "si el Tribunal no le presenta el documento en que constaría su firma, no puede dar antecedentes sobre él."

El 19 de septiembre de 1973, María Virginia Arancibia, esposa de Domingo Blanco, actualmente fallecida, leyó en la prensa que su marido había sido dejado en libertad desde la Cárcel Pública por orden de la Segunda Fiscalía Militar de Santiago y con cargos por Ley de Control de Armas. Sin embargo, su esposo nunca llegó a casa. Desesperada, recorriendo una y otra vez las fiscalías militares que funcionaban en el subterráneo del Ministerio de Defensa frente al Palacio de La Moneda, logra finalmente que el 28 de noviembre de ese año, en la Primera Fiscalía Militar le dieran alguna información sobre su marido.

"El 28 de noviembre la cónyuge de Domingo Blanco Tarrés fue a la Primera Fiscalía Militar, allí le leyeron una lista de las personas que estaban en un proceso junto a su marido: Enrique Ropert, William Ramírez, Mario Jorquera Leyton y otros . El 5 de diciembre de 1973, el fiscal le informó que se había aplicado una pena de 10 años aunque hizo un gesto indicando que se le había ejecutado. Se le señaló que el proceso era el 1-73." (24)

Efectivamente, el número del proceso era el Consejo de Guerra 1-73 del Ejército y el fiscal militar fue Joaquín Eribaum (57).

A la esposa de Domingo Blanco le dijeron que sólo el fiscal militar Joaquín Eribaum podía informarle. El 5 de diciembre de 1973, ella logró hablar con el fiscal quien le dijo que en ese Consejo se había aplicado condena de diez años, no obstante hizo un gesto de que había muerto, gesto también percibido por la acompañante de la esposa de Domingo Blanco.

Por sugerencia del actuario del mismo proceso, y con el objeto de regularizar su situación familiar, ya que le decían que su esposo habría fallecido pero no le entregaban el cuerpo, envió un escrito al Jefe de la Segunda División del Ejército y Jefe de la Guarnición de Santiago, general de Brigada Sergio Arellano Stark, el cual con fecha 6 de diciembre de 1973 le emitió un certificado en que, "no consta el fallecimiento de Domingo Blanco en algún proceso que se haya instruido por los Tribunales Militares en tiempo de guerra de esa Guarnición". Sin embargo, la esposa de Domingo Blanco, dejó por escrito, que el propio Arellano Stark, en una ocasión en que logró hablar con él y en presencia del general Óscar Bonilla, le reconoció que había sido ejecutado.

A estos testimonios se añade el del miembro del GAP, Julio Soto Céspedes, chofer de uno de los autos que llegan a La Moneda junto con el Presidente Allende en la mañana del 11 de septiembre, y que luego se ubica, con siete personas más, en los altos del Ministerio de Obras Públicas, desde donde apoyan en la defensa del Palacio Presidencial (en el Capítulo "Sobrevivientes" nos referimos a este hecho). Julio Soto es detenido en la vía pública el 29 de septiembre de 1973, trasladado a diferentes recintos, entre los cuales la 24a. Comisaría de Carabineros, el Estadio Nacional, el Estadio Chile, el Cuartel General de Investigaciones, la Academia de Guerra Aérea (AGA) en donde es reconocido y brutalmente torturado, finalmente a la Cárcel Pública, desde donde en septiembre de 1975 es expulsado a Suecia, país en el que reside hasta la fecha. En su testimonio, realizado el 18 de octubre de 1999 ante el Juzgado Central de Instrucción No 5 de la Audiencia Nacional de España, relata lo siguiente: "(…) fui trasladado a un interrogatorio al Ministerio de Defensa, el día 22 de noviembre de 1973. Fui interrogado por el fiscal militar Joaquín Eribaum Tomas con relación a mi pertenencia al GAP.

De esto se había percatado en el momento de comenzar el procedimiento y leer, delante de mí, el que parecía ser un expediente con antecedentes sobre mi persona. Montó en cólera y explicó públicamente a los dos secretarios que se encontraban en ese momento que a mí me pasaría "lo mismo que a Domingo Bartolomé Blanco Tarrés" y que por lo tanto no deberían tomar ninguna medida que afectara a mi condición de "prisionero de guerra" sin su conocimiento. Es evidente que el citado fiscal militar no sólo conocía este hecho, sino que pensaba que yo también lo conocía y lo utilizó como amenaza cierta de cual iba a ser mi destino. Al mismo tiempo tomé conocimiento de que mi declaración iba a ser el inicio de un proceso mediante Consejo de Guerra en la jurisdicción militar bajo la única acusación de violación a la ley de Control de Armas. Esta, según el fiscal, se debía a que el día del golpe de Estado, había sido el responsable de trasladar al Presidente al Palacio de La Moneda." Julio Soto fue condenado por un Consejo de Guerra el 3 de enero de 1974, a cinco años y un día, por violación a la Ley de Control de Armas, por trasladar al Presidente al Palacio Presidencial.

Tres personas vieron o supieron del Consejo de Guerra Nº 1-73 del Ejército, caratulado "Enrique Ropert y otros". Dos de ellas, el abogado Fernando Guarello y la esposa de Domingo Blanco, vieron o les leyeron que el grupo de procesados estaba integrado por Enrique Ropert Contreras y miembros del GAP, entre ellos Domingo Blanco. Ambas vieron o supieron que había sido dictada una sentencia. Sentencia por diez años y un día. Sentencia firmada por el general Hermán Brady. Sentencia por Ley de Control de Armas. Sentencia de faramalla: los sentenciados ya habían sido ejecutados.

¿Fue este grupo de jóvenes sometido a un Consejo de Guerra y condenados a no más de diez años de cárcel? Y si fueron condenados por Ley de Control de Armas, cualquier tribunal en condiciones de democracia, hubiese absuelto a los que cumplieron con su deber de defender la institucionalidad. Si así fue ¿por qué fueron ejecutados? Las respuestas tienen que ser entregadas por el jefe del Estado Mayor de esa época Sergio Arellano Stark, y sin duda, por el general Ernesto Baeza Michelsen.

Progresivamente, con el correr de los años, el destino final de estos diez jóvenes fue conociéndose, salvo el de dos de ellos:

Domingo Blanco Tarrés y Pedro Garcés Portigliati que continúan hasta el día de hoy desaparecidos. ¿Qué sucedió con ellos desde el día de su detención y traslado, dos días después, desde la Sexta Comisaría, lugar en que hay constancia de que aún estaban con vida? La verdad está incompleta y nada se puede asegurar sobre su destino. Sólo la muerte de los ocho restantes, todos ejecutados en el puente Bulnes del río Mapocho, ocho días después de su detención está debidamente comprobada.

SOBRE SUS MUERTES Y DESAPARECIMIENTOS

Los cuerpos sin vida de los ocho ejecutados fueron encontrados en el río Mapocho bajo el puente Bulnes: José Carreño, Carlos Cruz, Luis Gamboa, Gonzalo Jorquera, Óscar Marambio, Edmundo Montero, William Ramírez y Enrique Ropert.

De acuerdo a las autopsias, realizadas en esa época por el Instituto Médico Legal, fueron asesinados entre los días 19 y 20 de septiembre de 1973, con sólo horas de diferencia. Suponemos que fueron ejecutados juntos a la misma hora y lugar, pero que, por falta de precisión del Instituto Médico Legal de la época y a medida que iban realizando las autopsias, se consignó en los protocolos una hora y día de muerte por aproximación.

Sobre las circunstancias de estos asesinatos, el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación señala lo siguiente , (25).

"Mención aparte entre dichos lugares merece el río Mapocho, en cuya ribera fueron abandonados cadáveres en sectores como los puentes Pedro de Valdivia, Pío Nono o Presidente Bulnes, como asimismo en la zona correspondiente a Cerro Navia, donde los propios pobladores enterraron por motivos humanitarios algunos de los cuerpos abandonados allí.

Los cuerpos sin vida de estas personas eran recogidos en las noches por personal del Instituto Médico Legal y del Cementerio General de Santiago, para ser llevados a la mencionada institución, lugar donde se les practicaba una autopsia, para posteriormente permanecer allí por un espacio variable de tiempo a fin de esperar que las familias reconocieran a los suyos. En algunos casos, los cadáveres eran llevados directamente al Instituto Médico Legal por patrullas de militares o de carabineros.

Lamentablemente, el mencionado Servicio no pudo identificar mediante sus huellas dactilares a todos los cadáveres que les eran entregados, y en consecuencia muchos cuerpos fueron inhumados sin identificación alguna. El número total de personas fallecidas por heridas de bala que llegaron a la morgue de Santiago resulta difícil de precisar (26).

Luego de permanecer algunos días en el Instituto Médico Legal, los cadáveres no reclamados eran conducidos al Cementerio General de Santiago, donde se les sepultaba como N.N. en el Patio 29 de ese camposanto. Mediante antecedentes reunidos por esta Comisión, se pudo establecer que al menos en dos oportunidades y en años posteriores se efectuaron masivas remociones de los cuerpos inhumados en el mencionado Patio 29, en una ocasión para ser trasladados a la fosa común del cementerio, y en la otra al crematorio, incluso después de la existencia de una orden judicial decretada en 1978, que lo impedía". (27)

De esos ocho cuerpos, sólo dos pudieron ser identificados a tiempo por sus familiares y enterrados por ellos. Se trata de Enrique Ropert y Gonzalo Jorquera, a pesar de que el primero apareció en el registro del Cementerio General como sepultado en el Patio 29.

Enrique Ropert Contreras:

Enrique Ropert de 20 años de edad, soltero, estudiante de Economía en la Universidad de Chile, militante del Partido Socialista, fue encontrado en la morgue, sin documento de identidad. El 1° de octubre de 1973, veinte días después de su detención, un llamado anónimo avisó que se encontraba en el Instituto Médico Legal. En el testimonio de su tía, Mitzi Contreras Bell, se lee :

"Recibí una llamada telefónica en la cual me comunicaban que en las listas colocadas en la puerta de la morgue, figuraba el nombre de Enriquito. Esa misma noche mi casa fue allanada por fuerzas del Ejército y detuvieron a mi hijo y a mi yerno. Al día siguiente, concurrí a la morgue. Ingresé a dicho recinto, un pabellón que es bastante amplio, donde vi cientos de cadáveres colocados en fila, diría como amontonados en el suelo. Había muy poco espacio para caminar, sin pisarlos, lo que hacía más dificultoso el reconocimiento. Por ello ocupé bastante tiempo en recorrer todo el recinto. Enriquito estaba desnudo. A sus pies había un par de prendas, pero no tenía ninguna identificación. Crucé a una funeraria para comprar una urna, y allí, mientras hacía los trámites, un hombre que entró a la oficina me preguntó si la urna era para el hijo de Payita.

Yo no sabía si mi hermana estaba viva o no. Llamé a una hermana y un hermano de mi cuñado y les dije que enterraría a Enriquito al día siguiente, pero que no le avisaran a nadie. Cuando estábamos en la tumba, enterrando a mi sobrino, aparecieron varios agentes rodeándonos."

Enrique Ropert fue enterrado el 3 de octubre de 1973. Su padre tampoco pudo asistir a los funerales de su hijo pues había sido detenido el 20 de septiembre por efectivos de la Fuerza Aérea y llevado al Estadio Nacional.

En el Certificado de Autopsia realizado por el doctor Alfredo Vargas (Informe de Autopsia Nº 2717-73) se describe que el cuerpo fue llevado a ese recinto a las 8:00 de la mañana del día 20 de septiembre, luego de ser encontrado en el Puente Bulnes, señalando que presentaba numerosos orificios de balas en el tórax y cráneo.

Mario Gonzalo Jorquera Leyton:

Mario Jorquera de 27 años, casado, padre de tres hijos, militante del Partido Socialista y miembro del GAP, conocido con el nombre de "Ramón". Al igual que Enrique Ropert, su cuerpo fue encontrado en la ribera del río Mapocho, en el Puente Bulnes.

En el Certificado de Autopsia realizado por el doctor Carlos Marambio Allende, Nº 2730, se describe que su cuerpo fue llevado a ese recinto a "las ocho de la mañana del día 20 de septiembre", "con heridas de bala", es decir, nueve días después de que fuera detenido.

Fue identificado en el Instituto Médico Legal por sus hermanos y sepultado en octubre de 1973.

Posteriormente, su esposa, Haydée Castro Méndez, fue detenida en dos ocasiones. La primera vez, conducida al Estadio Nacional y, la segunda, al cuartel de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, "Cuatro Alamos", en donde permaneció recluida durante meses. Fue expulsada del país, falleciendo a los pocos años después en el exilio, debido a las secuelas de la tortura.

El hermano de Mario Jorquera, Raúl Jorquera, fue asesinado en agosto de 1975, en la Tenencia de Investigaciones ubicada en la calle Zañartu.

Los otros seis cuerpos fueron enterrados en el Patio 29 del Cementerio General de Santiago, bajo unas cruces de madera con la designación: NN 73. Permanecieron como detenidos desaparecidos (salvo Carlos Cruz, como lo veremos más adelante) hasta 1993 cuando, por orden del Vigésimo Segundo Juzgado del Crimen de Santiago, se ordenó la exhumación del Patio 29.

Cuatro de ellos (Carlos Cruz, Luis Gamboa, Edmundo Montero y José Carreño), habían sido previamente identificados en el Instituto Médico Legal por sus huellas digitales. Incluso sus nombres fueron registrados en el libro de ingresos del Cementerio General, indicándose como lugar de sepultura el Patio 29. Sin embargo, sus familiares no fueron notificados y se les enterró sin mayor trámite.

Carlos Cruz Zavala:

Carlos Cruz de 32 años, soltero, militante socialista y miembro del GAP, fue encontrado en la ribera del "río Mapocho, el día 19 de septiembre de 1973 a las 21:00hrs", según consigna el Protocolo de Autopsia No 2725/73, realizado el 22 de septiembre de 1973 por el doctor Alfredo Vargas Kother. Se describe como causa de muerte "numerosos orificios de balas torácicas y craneanas".

En ese momento, fue identificado, por sus huellas dactilares, por el Servicio de Registro Civil e incluso su nombre fue anotado en el libro de ingresos del Cementerio General. Su familia no fue notificada de estos hechos, considerándolo un detenido desaparecido.

Sin embargo, cuando la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación entregó su informe, lo consignó como "muerto", en circunstancias de que su cuerpo fue identificado sólo veinte años después, luego de ser exhumado del Patio 29.

Luis Alfredo Gamboa Pizarro:

Luis Gamboa tenía 19 años, era soltero, militante del Partido Socialista y miembro del GAP

Las condiciones de su muerte son similares a la de todos ellos. Su asesinato se cometió, según consta en el Protocolo de Autopsia No 2722/73 "a las 0:30 horas del día 19 de septiembre de 1973". Como naturaleza de la muerte se señala "heridas a bala" y el lugar "el puente Bulnes".

Luis Gamboa, ingresó al Instituto Médico Legal como "un NN", a pesar de que fue "identificado mediante sus huellas digitales". Y, sin realizar ningún trámite para informar a la familia, enviaron su cuerpo al Patio 29 del Cementerio General de Santiago.

La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación no lo incluyó en su informe. Ni siquiera como "caso sin convicción". Sólo seis años después, en 1996, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación incluyó su caso.

Señalando que "después del 11 de septiembre, sus familiares, quienes vivían fuera de Santiago, dejaron de recibir noticias suyas y pese a las diligencias realizadas, no pudieron obtener informaciones sobre su destino o paradero". (28)

Sólo en 1993, y gracias a la investigación seguida por el Vigésimo Segundo Juzgado del Crimen de Santiago por inhumación ilegal en el Patio 29, los familiares de Luis Gamboa pudieron enterarse de su muerte y efectuar su entierro.

Edmundo Montero Salazar:

Edmundo Montero tenía 21 años, era soltero, militante socialista y miembro del GAP, conocido por el nombre de "Carlos Castillo". Su cuerpo había ingresado al Instituto Médico Legal "el día 19 de septiembre, a las veintiuna horas, procedente del puente Bulnes", especificándose que la naturaleza de su muerte fue "heridas a balas".

Según consigna el Protocolo de Autopsia No 2724/73 y el Certificado de Defunción: "desconocido, de sexo masculino, identificado como Edmundo E. Montero Salazar". Es decir, fue reconocido por sus huellas dactilares y remitido al Cementerio General, donde fue inhumado en el Patio 29 como NN sin conocimiento de su familia.

Al igual que Luis Gamboa, su caso tampoco apareció en el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, ni siquiera como "caso sin convicción".

Debió esperar hasta 1996 para aparecer oficialmente en el Informe de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, luego de la exhumación del Patio 29 en 1993. Sólo en esa fecha pudo ser reconocido y enterrado por su familia.

La familia tuvo, por primera vez, noticias de él, cuando fue convocada por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, a pesar de que su nombre había aparecido en la querella de Enrique Ropert.

José Belisario Carreño Calderón:

José Carreño, al igual que el anterior tenía 19 años, era soltero, militante del Partido Socialista y miembro del GAP.

Fue asesinado de la misma manera y en el mismo lugar que los otros jóvenes. En este caso, el Informe del Instituto Médico Legal, Protocolo de Autopsia No 2727/73, indica el día de la ejecución "el 19 de septiembre de 1973".

José Carreño también fue reconocido por el Instituto Médico Legal, según consigna su Certificado Médico de Defunción.

Sin embargo, a diferencia de los tres anteriores, a los pocos días de su detención, sus familiares se enteraron de que el cuerpo se encontraba en el Instituto Médico Legal. Pero, al concurrir a ese recinto, fueron informados que él ya había sido sepultado y les negaron la entrega de su cuerpo.

La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación tampoco incluyó su caso el Informe, ni siquiera como "caso sin convicción".

El 27 de octubre de 1994 cuando, por instrucción del Vigésimo Segundo Juzgado del Crimen de Santiago, se procedió a la exhumación e identificación de los cadáveres que se encontraban en el Patio 29, sus restos fueron identificados. Recién entonces se ordenó la entrega de los restos a sus familiares, pudiendo aparecer oficialmente y en una breve historia en el Informe de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.

Por último, sólo los cuerpos de dos de ellos no fueron identificados en el Instituto Médico Legal, previa sepultación en el Patio Nº 29. Se trata de William Ramírez Barría y Óscar Marambio Araya. Sus casos aparecen en el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, como detenidos en La Moneda y trasladados al Regimiento Tacna. Sin embargo, por antecedentes de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, sabemos que ellos formaban parte del grupo, que esa mañana llegó a La Moneda a fin de defender al Presidente Allende y que fue detenido afuera del Palacio Presidencial.

Oscar Marambio Araya:

Oscar Marambio tenía 20 años de edad, era soltero, militante del Partido Socialista y miembro del GAP.

Figura como detenido desaparecido en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, detenido a la salida de La Moneda y conducido al Regimiento Tacna .

En 1993 su cuerpo fue exhumado del Patio 29 junto a los anteriores. Había sido ejecutado el 19 de septiembre de 1973 en el puente Bulnes del río Mapocho e ingresó al Instituto Médico Legal como un NN.

No fue identificado hasta veinte años después, cuando entre los cuerpos exhumados desde el Patio 29 el 26 de marzo de 1993, Óscar Marambio pudo ser reconocido y enterrado por sus familiares.

William Osvaldo Ramírez Barría:

William Ramírez tenía 23 años, era soltero, militante socialista y miembro del GAP, en donde era conocido como "Willy".

Su cuerpo fue exhumado del Patio 29 en las mismas circunstancias que los anteriores. Había sido ejecutado el 19 de septiembre de 1973 en el puente Bulnes del río Mapocho e ingresó al Instituto Médico Legal como un NN.

En el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación aparece como detenido desaparecido desde La Moneda y conducido al Regimiento Tacna . Sin embargo, en el libro "Detenidos Desaparecidos" del Arzobispado de Santiago (29), aparece lo siguiente: "William Osvaldo Ramírez Barría, miembro de la Guardia Presidencial… fue detenido el 11 de septiembre de 1973, en las proximidades del Palacio de La Moneda, en las afueras de la Intendencia de Santiago. Fue detenido por Carabineros, junto con otras 13 personas, entre las cuales se encontraban miembros del GAP… Los detenidos fueron conducidos a la Sexta Comisaría y posteriormente, el 13 de septiembre al Cuartel de Investigaciones desde el cual desapareció hasta la fecha…"

El 26 de julio de 1979 se presentó una denuncia por la desaparición del afectado ante el Tercer Juzgado del Crimen de Santiago el que roló con el número 130.930. El 8 de enero de 1980 se solicitó oficiar a la Central Nacional de Informaciones (CNI), sucesora de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA; al Servicio de Inteligencia Militar, SIM; al Ministerio de Relaciones Exteriores; y al Gabinete de Identificación para obtener información sobre el afectado. Las respuestas a estos y otros exhortes fueron negativas.

El Ministerio del Interior, el 8 de octubre de 1979, remitió información y ésta fue ampliada el 8 de noviembre de 1979. Conforme a ella el Ministerio del Interior consultó a la CNI respecto de la existencia de listas de detenidos de 1973 y la información final fue que los libros de los detenidos del Estadio Nacional no lo tiene la CNI e ignora quien los puede tener, los libros del campo de prisioneros de Tres Alamos los tiene Carabineros, y los libros de Cuatro Alamos fueron incinerados por razones de seguridad al disolverse la DINA; sin embargo la CNI tiene copia del listado de detenidos elaborado por el Estado Mayor de Defensa Nacional, pero el envío de este listado es competencia del Ministerio de Defensa Nacional."

El 23 de noviembre de 1979 el Ministerio del Interior informó que no existe en su poder listas de detenidos y las que tuvo la CNI eran elaboradas extraoficialmente y no tiene información de carácter oficial.

Por su parte la Fuerza Aérea de Chile informó que no tenía antecedentes acerca de William Ramírez Barría. El 25 de noviembre de 1980 el Ministerio del Interior reiteró la información de la Policía de Investigaciones, citando como fuente a la CNI.

Se envió exhorto a provincias para buscar al afectado sin tener éxito en ningún lugar y se verificó que no había salido del país por la vía del asilo según información del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Con fecha 29 de julio de 1991, se interpuso ante el Quinto Juzgado del Crimen de Santiago, una querella criminal por los delitos de secuestro, probable homicidio e inhumación ilegal del afectado Rol Nº 126465-6, la que se encuentra actualmente en tramitación en estado de sumario.

Los cuerpos de los dos desaparecidos de este grupo, Domingo Blanco y Pedro Garcés, aún permanecen sin ser encontrados.