Daza Navarro Bernardo Del Rosario

Ministro en visita Víctor Montiglio procesó a siete ex uniformados por secuestro y homicidio del padre de la dirigenta de la AFDD Viviana Díaz.

Siete ex uniformados fueron procesados este viernes por su responsabilidad en el secuestro del ex dirigente comunista Víctor Díaz Osorio, padre de la dirigenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) Viviana Díaz.

La decisión fue adoptada por el ministro en visita del caso Calle Conferencia, Víctor Montligio, luego de que los imputados confesaran su participación en el secuestro y posterior homicidio del miembro de la cúpula del Partido Comunista (PC).

La resolución afecta al coronel Juan Morales Salgado, al oficial Guillermo Ferrán Martínez, la teniente Gladys Calderón y la suboficial Eliana Magna Astudillo, todos en calidad de retiro del Ejército.

También fueron encausados por el magistrado el ex teniente de Carabineros Ricardo Lawrence, y los marinos en retiro Sergio Escobar y Bernardo Daza Navarro.

Todos los encausados continuarán en prisión en distintas unidades militares, a las que habían ingresado a mediados de esta semana por disposición del juez Montiglio.

En el marco de esta investigación, Lawrence había reconocido que Díaz fue visitado por el fallecido ex dictador Augusto Pinochet Ugarte, mientras el primero permanecía recluido en un centro de detención conocido como "la casa de piedra" en el Cajón del Maipo.

El caso Calle Conferencia se refiere al operativo en el cual los órganos represores de la régimen militar desmantelaron la cúpula del PC, que se desempeñaba en la clandestinidad.

En la acción efectuada los primeros días de mayo de 1976, se detuvo al ingeniero Jorge Muñoz –entonces marido de la fallecida líder comunista Gladys Marín-, Mario Zamorano, Uldarico Donaire, Jaime Donato y Díaz, quienes desde entonces permanecen desaparecidos.

La indagatoria del juez Víctor Montiglio y la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos de Investigaciones determinó que la casa de calle Simón Bolívar fue el destino final de varios prisioneros comunistas cuyos cuerpos fueron después lanzados al mar.

Infantes de Marina (IM) que operaban con la DINA en la identificada como la “brigada de exterminio Lautaro” que funcionó en una casa de calle Simón Bolívar con Ossandón en la comuna de La Reina, comandada por el entonces mayor de Ejército Juan Morales Salgado, participaron en el asesinato del dirigente comunista Víctor Díaz López, padre de la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Viviana Díaz.

La participación de los “cosacos” (IM) Bernardo Daza y Sergio Escalona, agentes de la Marina en la DINA todavía en los meses posteriores a mayo de 1976 cuando fue secuestrado Víctor Díaz como parte de la “ratonera” instalada en Calle Conferencia 1587 en Santiago, es otro de los antecedentes nuevos que surgieron del procesamiento dictado el viernes por el juez Víctor Montiglio, en contra de siete integrantes de la hasta ahora poco conocida brigada Lautaro.

Sí o no

Ello contradice que la Marina retiró a todo su personal de la DINA en el año 1975, como ha sido permanentemente informado por la institución. Daza y Escalona, que serían suboficial uno y oficial el otro, ambos en retiro, son nombres nuevos respecto de los agentes de la Armada más conocidos que colaboraron con la DINA y luego con el Comando Conjunto.

Otro elemento nuevo surgido del dictamen del juez Montiglio, es que la casa que la “brigada de exterminio Lautaro” -como se le conoce en algunas causas judiciales- ocupó en calle Simón Bolívar y que hoy colinda con un colegio, sirvió como lugar de destino final de varios prisioneros que hoy se encuentran desaparecidos, entre ellos algunos dirigentes comunistas. Hasta ahora, por ejemplo, se desconocía que Víctor Díaz fue asesinado en ese lugar, utilizando métodos crueles.

Del dictamen de Montiglio se desprende que la orden para matar a Víctor Díaz la dio el jefe de la brigada Morales Salgado.

Si bien la Brigada Lautaro estaba bajo el mando del mayor Morales, ésta obedecía directamente las órdenes del jefe operativo de la DINA Manuel Contreras. Se trataba de un grupo dedicado a “misiones especiales” y que también operaba como responsable de la seguridad de Contreras.

En las indagaciones del ministro Montiglio, calificado por organismos y abogados de derechos humanos como “uno de los pocos jueces que realmente sigue investigando”, éste logró identificar a un nuevo grupo de ex agentes vinculados a las tareas de exterminio de prisioneros, gracias a la colaboración de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones,

De esta manera, el juez y los funcionarios de Investigaciones permitieron dilucidar una serie de aspectos de la represión al Partido Comunista en 1976, que hasta ahora permanecían desconocidos.

Féminas negras

Una de ellas es la participación de dos mujeres Dirección de Inteligencia Nacional de las filas del Ejército no ubicadas hasta ahora, Gladys Calderón, quien sería teniente a 1976, y la entonces con grado de suboficial Elisa del Carmen Magna Astudillo. Una de ellas, presumiblemente Calderón, participó en el secuestro de Víctor Díaz, identificada por un testigo como “una mujer que daba órdenes” con un comportamiento “muy violento”.

Con los nuevos antecedentes descubiertos, las detenciones podrían continuar este semana y aumentaría el número de procesados, algunos también ex agentes cuya identidad no se conocía hasta la fecha.

Los otros procesados por Montiglio, todos como autores del secuestro y homicidio de Víctor Díaz, son el teniente coronel (R) de Carabineros Guillermo Lawrence Mires, y el suboficial (R) de Ejército Guillermo Ferrán Martínez.

El juez encausó también por el delito de homicidio, además de secuestro, a pesar de que el cuerpo de Víctor Díaz nunca apareció pues habría sido arrojado al mar, inmediatamente después de su ejecución.

En la operación de calle Conferencia que dio cuenta de la primera dirección clandestina del PC, fueron secuestrados también Jorge Muñoz Poutays, esposo de la fallecida dirigenta comunista Gladys Marín, entre otros.

La existencia de esta unidad de exterminio, que operaba en un cuartel de La Reina, fue un secreto bien guardado por casi 34 años y que recién hoy comienza a develar la investigación del juez Víctor Montiglio. Dueños de una brutalidad inusitada, fueron los agentes encargados de asesinar a la dirección clandestina del PC en 1976.

Fue uno de los mejores secretos guardados del dictador Augusto Pinochet y su hombre en la DINA, Manuel Contreras, tanto que no lo rompieron ni siquiera cuando comenzaron a odiarse. Un pacto de silencio mantenido por casi 34 años. ¿Cómo lograron los hombres y mujeres de la Brigada Lautaro que su misión de exterminio no se conociera sino hasta hace unas pocas semanas? ¿Cómo pudo ocultarse durante tanto tiempo la existencia de la unidad más numerosa de la DINA?

Poco más de un par de meses atrás, medio centenar de ex agentes de la Lautaro hacían sus últimas compras de Navidad y se preparaban para celebrar el Año Nuevo en familia. Cumplían sus labores diarias (algunos con tareas directivas en grandes compañías), visitaban los malls y volvían a casa con los suyos. Pero ninguno sabía lo que se venía encima, ni menos sospechaban que un sencillo ciudadano -a quien, para proteger su identidad, llamaremos "Café para Dos"-, había resuelto contar el horror que había vivido como agente de la represión: la existencia de una unidad especial dedicada a matar comunistas y preparar sus cadáveres para tirarlos al mar.

Poco a poco, con especial discreción, los hombres de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones comenzaron las detenciones durante enero y febrero pasado. Todos fueron llamados a declarar. Todos, por cierto, negaron las acusaciones y alegaron inocencia. Varios, en tono amenazante, protestaron incluso por la "calumnia" que se levantaba en su contra. Pero eso duró algunos días. Pronto, algunos se fueron "ablandando" y empezaron a aportar más y más información al juez Víctor Montiglio.

Reconocieron, por ejemplo, cómo dirigentes y militantes clandestinos del PC habían sido llevados a un cuartel de calle Simón Bolívar 8630, en La Reina, para ser asesinados. Y cómo algunos de ellos estuvieron detenidos durante meses antes de su muerte. Fue el caso de Víctor Díaz, jefe del partido en la clandestinidad hasta mayo de 1976, cuando fue arrestado, y padre de la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Viviana Díaz.

LOS OTROS COMUNISTAS
Los nuevos antecedentes indican que en dicho cuartel, de cuya existencia tampoco se tenían noticias, también fueron exterminados otros dirigentes comunistas. Si bien hasta ahora no hay certeza de sus nombres (debido a hermética forma de operar del juez Montiglio), las pistas apuntan a que corresponden a quienes integraron las direcciones clandestinas del PC de mayo y diciembre de 1976.

Entre ellos, Jorge Muñoz, el esposo de Gladys Marín; Fernando Ortiz, padre de Estela Ortiz; la directora de la Junji, y Waldo Pizarro, esposo de la fallecida dirigenta de la AFDD, Sola Sierra, y padre de su actual presidenta, Lorena Pizarro. Las declaraciones de los ex agentes también coinciden con las señas de Reinalda Pereira.
La investigación del juez Montiglio acerca del episodio conocido como Calle Conferencia no está concluida. Hasta donde se sabe, nadie salió de Simón Bolívar vivo para contarlo.

El comando de exterminio estaba integrado por infantes de Marina, agentes civiles de la Armada, la Fuerza Aérea y Carabineros -entre ellos varias mujeres-, oficiales y suboficiales del Ejército, y decenas de suboficiales de todas estas ramas. Al mando, el jefe de la seguridad de Manuel Contreras, Juan Morales Salgado, entonces con el grado de mayor de Ejército. Treinta y seis ilustres desconocidos, que hasta ahora nunca habían sido procesados, hoy están encausados o presos. Y la lista aumentará en los próximos días. Son los hombres y mujeres de la Brigada Lautaro, la más numerosa y a la vez la más desconocida de la DINA, y a la luz de lo que se sabe de la indagatoria, tal vez la que usó los métodos más crueles para asesinar.

Sumando a otros siete ex agentes que ya habían sido procesados entre los años 2000 y 2005, además del ex ministro de Interior e integrante de la Junta Militar César Benavides, también imputado, la causa de Calle Conferencia acumula hasta hoy 44 procesados, convirtiéndose en el juicio por violaciones a los derechos humanos que más reos tiene hasta ahora.

Curiosamente, y por esas argucias legales a las que suelen echar mano algunos ministros de corte nostálgicos de la dictadura, Manuel Contreras fue beneficiado con un tecnicismo jurídico conocido como "cosa juzgada" y quedó fuera del proceso.

DEL SARÍN AL CIANURO
La forma de exterminio fue variada. Veamos el caso de Víctor Díaz: primero, los infantes de Marina Sergio Escalona Acuña y Bernardo Daza Navarro le amarraron una bolsa plástica en la cabeza para asfixiarlo, mientras una teniente de Ejército, Gladys Calderón Carreño, le inyectaba cianuro en las venas para acelerar su muerte.

Otros murieron bajo los efectos del gas sarín. Un hecho que se ignoraba, puesto que las víctimas de esta macabra técnica de la DINA se contaban, hasta ahora, con los dedos de una mano.

El mismo Michael Townley, responsable del laboratorio químico que el sindicato criminal de Contreras armó en 1976 en una casa de Lo Curro, estuvo en el cuartel de Simón Bolívar ensayando con sarín fabricado por el químico Eugenio Berríos; ahora se sabe, para también matar comunistas. Según confesó uno de los ex agentes al juez Montiglio, un día tuvieron que sacar de ahí a Townley "porque resultó afectado por el gas".

Otros testimonios hablan asimismo de prisioneros asesinados a golpes o con refinadas formas de tortura. Las órdenes de exterminio emanaban directamente de Contreras, jefe operativo de la DINA, y eran transmitidas a Morales Salgado, entonces su leal subordinado y ahora uno de los que comenzó a aportar información del caso.

En la investigación hay antecedentes que, inequívocamente, permiten concluir que cada uno de estos crímenes fue perpetrado con el conocimiento y la anuencia de Augusto Pinochet. Fue el mismísimo dictador el que decidió la suerte de las víctimas de Simón Bolívar, convertido en un cuartel altamente selectivo.

Pinochet, señalan los testimonios, siempre estuvo interesado personalmente en el destino final de los líderes comunistas. Tanto así que, según relató el agente Ricardo Lawrence, visitó personalmente a Víctor Díaz cuando éste estuvo detenido en la Casa de Piedra en el Cajón del Maipo, antes de ser trasladado al cuartel de La Reina.

DEL PUMA AL MAR
Uno de los procesados es el ex comandante del Comando de Aviación del Ejército (CAE) coronel (R) Carlos Mardones Díaz. La razón, que recién ahora sale a la luz, es que los cargamentos con los cuerpos de los prisioneros asesinados que salieron del cuartel de Simón Bolívar tuvieron como su siguiente destino los helicópteros Puma del CAE, que solían operar desde los terrenos de campaña que el Ejército tenía en la zona de Peldehue, al norte de Santiago.

La "preparación" para este último viaje fue la misma que la DINA utilizó cada vez que hizo desaparecer los cadáveres. Los envolvieron con sacos paperos, les amarraron con alambre un trozo de riel al cuerpo, volvieron a ponerlos en sacos -que ataron con más alambre- y los transportaron en camionetas hasta el lugar donde esperaba el helicóptero. Éstos despegaban con su carga macabra, enfilaban hacia la costa de la V Región y se internaban mar adentro para soltar su carga. Así desaparecieron Díaz y el resto de sus compañeros.

Otro de los procesados es el ex piloto de los Puma brigadier (R) Antonio Palomo Contreras, uno de los que condujo los vuelos de la muerte. Soberbio y arrogante, Palomo era el piloto preferido de Pinochet y por largo tiempo condujo el Puma destinado a su uso personal. El 15 de septiembre, Palomo recibió de Pinochet la misión de trasladar en helicóptero al general Carlos Prats hasta la frontera con Argentina, cuando el recién instalado dictador mandó a su antecesor al exilio, antes de ordenar su muerte. También piloteó el Puma de la Caravana de la Muerte, al igual que Luis Felipe Polanco, otro de los procesados.

II. Que se condena a PATRICIO ENRIQUE SALAMANCA MARIN, como autor de los delitos de homicidio calificado de Tránsito Cabrera Ortiz, Miguel Ángel Catalán Febrero y Héctor Lepe Moraga, ocurridos el 9 de octubre de 1973 en el sector de Quebrada Honda, Comuna de Tomé, a la pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo, más las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos mientras dure la condena y a las costas de la causa, en forma solidaria

III. Que se condena a BERNARDO DEL ROSARIO DAZA NAVARRO Y JUAN HERALDO MALDONADO SANHUEZA, como coautores de los delitos de homicidio calificado de Tránsito Cabrera Ortiz, Miguel Ángel Catalán Febrero y Héctor Lepe Moraga, ocurridos el 9 de octubre de 1973 en el sector de Quebrada Honda, Comuna de Tomé, a cada uno, a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio más las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y a las costas de la causa, en forma solidaria.

En un fallo de primera instancia dado a conocer este miércoles 11 de septiembre el Ministro Carlos Aldana Fuentes dictó sentencia contra tres ex uniformados pertenecientes a la Armada por los crímenes cometidos en Quebrada Honda. El Ministro Aldana sustancia la causa por los asesinatos de Quebrada Honda en su calidad de Ministro en Visita extraordinario para causas de Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción.

El fallo, informado el día de hoy por medios de Tribunales, condena a los autores de los delitos de homicidio calificado de las víctimas Tránsito del Carmen Cabrera Ortiz, Miguel Ángel Catalán Febrero y Héctor Manuel Lepe Moraga asesinados la noche del 9 de octubre de 1973 en el lugar conocido como Quebrada Honda, sobre la carretera 150 que une Penco y Tomé. En dicho lugar se erige un memorial que honra la memoria de los tres mencionados y Mario Alberto Ávila Maldonado ejecutado ese mismo día y en ese mismo lugar pero cuyo caso no forma parte de este proceso. La noticia de las condenas fue conocida en momentos que familiares y amigos se congregaban en el lugar a rendir homenaje a los caídos.

El Ministro Aldana condena a los suboficiales en retiro de la Armada, Bernardo del Rosario Daza Navarro, de 66 años, y Juan Heraldo Maldonado Sanhueza, de 63, a las penas efectivas de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio, más las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos; además de la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y el pago solidario de las costas de la causa.

Condena a Patricio Enrique Salamanca Marín, de 60 años, soldado primero en retiro de la Armada, a la pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo, más las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos y el pago solidario de las costas de la causa. A este condenado se le concedió el beneficio de libertad vigilada.

Un cuarto procesado en esta causa, el soldado primero en retiro de la Armada, Eliecer Victoriano Caamaño, resultó absuelto de los cargos referidos.

Todos los condenados antes mencionados integraban una patrulla al mando del entonces capitán de corbeta Carlos Mauricio Blanlot Kerberhard, 2° comandante del Destacamento de Infantería de Marina N° 3 “Aldea”, con asiento en el Fuerte Borgoño, de Talcahuano. Este oficial, quien luego llegó al cargo de Almirante, estuvo procesado en alguna instancia previa de la causa.

Los tres ejecutados eran militantes del MIR que habían sido detenidos el 27 de septiembre de 1973 en Tomé por efectivos de carabineros quienes los entregaron a la Armada. Fueron sometidos a un espurio consejo de guerra que los condenó a insólitas penas de cárcel. Cabrera a 45 años, Catalán a 23 años y Lepe a 10 años, y fueron internados en la cárcel de Tomé. La patrulla al mando de Blanlot se presentó el día 9 de octubre en el penal tomecino y sacó del recinto a los tres miristas trasladándolos con destino desconocido.

En el lugar Quebrada Honda, Blanlot procede a ejecutarlos y montar la farsa de un enfrentamiento. Al respecto el fallo señala: Los miembros de la patrulla naval trasladaron a los detenidos  “(…) por el camino de Tomé a Concepción con el fin de eliminarlos, para lo cual se detuvieron al costado derecho del camino, en el sector denominado “Quebrada Honda”, procediendo a bajar a los prisioneros, ordenándole el Jefe de la Patrulla correr hacia el cerro, disponiendo, de inmediato, que los custodios le dispararan por la espalda con sus metralletas HK, causándoles heridas que le produjeron la muerte”.

Luego, agrega, que “el mismo jefe de la patrulla sacó una escopeta que portaba en la cabina del camión y disparó  contra la carpa del mismo, para aparentar que habían sido atacados por extremistas, informando en este sentido a la prensa de la época. Que los hechores actuaron a traición y sobre seguro en la ejecución de la muerte de sus víctimas, las que se encontraban desarmadas y a plena merced de sus custodios, en horario de toque de queda y en lugar despoblado”.

Aparte de Blanlot quien asentó su carrera con estos asesinatos, destaca entre los criminales el suboficial Bernardo Daza Navarro, quien por sus antecedentes de asesino es convocado a formar parte de la DINA desde su creación a fines del 73. Allí, en la DINA, formó parte del grupo más cercano de Manuel Contreras, encargado de la protección del Mamo y que recibían la denominación de “Los Míos”. Daza Navarro, conocido como “El Chancho”, integró la sanguinaria Brigada Lautaro de la DINA, la misma que operaba en el llamado Cuartel Simón Bolívar (Simón Bolívar 8800) desde donde ningún prisionero salía con vida. Luego, en la CNI, esta Brigada, con otra denominación, operaba en el llamado Cuartel Loyola y el Chancho Daza siguió formando parte del aparato represivo criminal.

Coincidiendo con la fecha, un fallo del ministro especial para causas por violaciones de derechos humanos, Carlos Aldana, condenó este miércoles a tres funcionarios en retiro de la Armada por el homicidio calificado de tres miristas en 1973 en el sector Quebrada Honda del camino entre Concepción y Tomé.

Mientras los suboficiales en retiro Bernardo Daza Navarro y Juan Maldonado Sanhueza recibieron una pena efectiva de 10 años y un día de cárcel, al soldado en retiro Patricio Salamanca Marín se le condenó a 5 años de presidio, aunque con el beneficio de libertad vigilada.

De acuerdo a la sentencia del ministro Aldana, los miembros del MIR Tránsito Cabrera Ortiz, Miguel Ángel Catalán y Héctor Lepe Moraga fueron sacados de la cárcel de Tomé el 9 de octubre de 1973, por una patrulla de la Armada. Allí los hombres cumplían condenas dictadas por un Consejo de Guerra.

En el camino a Concepción, a la altura del sector Quebrada Honda, los detenidos fueron bajados del camión en el que eran trasladados, obligándoles a correr hacia el cerro. En ese instante el jefe de la patrulla ordena a sus subalternos dispararles por la espalda, para luego hacer aparecer el episodio como un enfrentamiento entre la Armada y extremistas.

Bernardo Daza Navarro y Juan Maldonado Sanhueza, suboficiales en retiro de la Armada, fueron condenados a 10 años y un día de cárcel, por los homicidios de tres miristas el año 1973 en el sector Quebrada Honda, camino a Tomé.
Ellos debían ser notificados el viernes, cuando el ministro Carlos Aldana ordenaría su ingreso al centro penitenciario El Manzano de Concepción.

Esto último al informarse al tribunal, por parte de Gendarmería, que Punta Peuco está con una sobrepoblación que le impide recibir más condenados.
Daza y Maldonado, sin embargo, hasta ahora no se han presentado ante el magistrado y no lo harían hasta que la resolución sea revertida.

La abogada del Programa de Derechos Humanos, querellante en el caso Quebrada Honda, Patricia Parra, confirmó esta situación, pero sostuvo que los condenados no pueden condicionar su entrega.

Desde la Agrupación de Ex Presos Políticos del MIR, su vocero Rodrigo Muñoz, descartó que los ex uniformados tengan derecho exclusivo a Punta Peuco, subrayando en la necesidad de terminar con la cárcel especial.

Es conocido el caso de Osvaldo Harnish, ex funcionario de Investigaciones condenado por el crimen de Rudy Cárcamo, quien cumple su condena de 5 años y 1 día de cárcel en el penal de Puerto Montt. Aquí habría sido el propio Harnish quien pidió el ingreso a ese penal, de manera de estar cerca de su familia, que reside en el área.