Cuadra Lizana Francisco Javier

Hoy, nuevamente, La Moneda y los abogados de derechos humanos, apuntaron a los civiles que colaboraron con el ex gobernante de facto Augusto Pinochet, para señalar su responsabilidad política, e incluso penal, en los crímenes ocurridos durante la dictadura. Esta vez, los detonantes fueron las declaraciones judiciales de los ex agentes de la disuelta CNI, Jorge Vargas Bories e Iván Quiroz, en que reconocen haber acribillado a balazos la noche del 7 de septiembre de 1986 al periodista José Carrasco Tapia e, incluso, haber tenido en su lista de exterminio al Presidente Ricardo Lagos. El reconocimiento del brutal crimen de quien fuera editor de la revista Análisis, asesinado a la par de los dirigentes opositores Ignacio Vidaurrázaga, Abraham Muskatblit y Hernán Rivera, trajo a colación las explicaciones que dio ese día el entonces ministro secretario general de Gobierno, Francisco Javier Cuadra, para justificar las muertes. Cuadra, de guardia en La Moneda durante toda la noche del 7 al 8 de septiembre 1986, afirmó que “las cuatro muertes investigadas fueron consecuencia de una purga interna entre sectores marxistas, relacionada con el fracaso del atentado contra el general Pinochet”. De allí que esta mañana el Vicepresidente Vidal afirmara que “a raíz del asesinato de José Carrasco y de otras tres personas, es bueno para los jóvenes no olvidar para aprender, porque en aquella época, en dictadura, los que estaban en La Moneda y algunos medios, sostenían que éste había sido un asesinato entre comunistas, y un año antes de José Carrasco un miembro de la Junta de Gobierno sostuvo que los degollados se habían degollado entre ellos y los voceros de gobierno de la época de la dictadura sostenían lo mismo”. Yo –aseveró Vidal- hago una crítica política, pues espero que se hayan dado cuenta que colaboraron con una dictadura que cometió crímenes”. Y su emplazamiento fue ratificado por el vocero de La Moneda, Osvaldo Puccio, quien declaró que “Chile sabe perfectamente cómo sucedieron las cosas, qué significó la dictadura, quiénes tuvieron qué responsabilidades, cómo se han perseguido judicialmente estas responsabilidades, cómo se ha llamado a asumirlas a los responsables penales y los responsables políticos de las atrocidades que cometieron ese tiempo. El país sabe quien es quien en Chile", enfatizó.

Responsabilidad penal

Pero el abogado Eduardo Contreras fue aún más lejos, y aseveró que las autoridades civiles de la época ocultaron el asesinato del periodista José Carrasco en 1986 y deben ser procesadas, pues participaron de una “asociación criminal”. El jurista afirmó que “quienes oficiaban como autoridades del Ministerio de Interior de la época, asimismo como quienes eran voceros del Gobierno o secretarios generales del Gobierno, tienen responsabilidades penal clara absolutamente. Hay responsabilidad penal, es clarísima y de acuerdo con el derecho, deben ser procesadas las autoridades civiles que ocultaron, colaboraron facilitaron o encubrieron el crimen de José Carrasco”. “Ya basta de mentiras”, dijo Contreras, “no pueden seguirse escudando los civiles en el cuentecito de que los militares no les contaban. Sabían perfectamente. Facilitaba a los fines del crimen de Carrasco, el que se hiciera el montaje publicitario de la declaración de la autoridad civil es clarísimamente una asociación criminal”.

El ex vocero de la dictadura y actual rector de la Universidad Diego Portales (UDP), Francisco Javier Cuadra, deberá rendir un importante examen ante el ministro en visita Hugo Dolmetsch, al contestar más de diez preguntas que contiene el escrito presentado ayer por el abogado del Fasic, Nelson Caucoto. El profesional pidió además que el juez cite a declarar al ex ministro del Interior del régimen militar, Ricardo García Rodríguez; al ex subsecretario de esa cartera, actual diputado ex RN Alberto Cardemil; al ex canciller Jaime del Valle, y al ex secretario general de la Presidencia, Sergio Valenzuela. Todos ellos, más el director de la Central Nacional de Informaciones (CNI) el fallecido general Humberto Gordon, conformaban el comité político de Pinochet.Además, Caucoto pidió interrogar al entonces director de la Dirección Nacional de Comunicación Social (Dinacos) Marcelo Venegas Palacios. Las citaciones dicen relación con las órdenes emanadas desde La Moneda para asesinar a opositores, en venganza por el atentado que sufrió el ex dictador el domingo 7 de septiembre de 1986, motivo que fue establecido por el juez Dolmetsch en su investigación. Caucoto es querellante en la causa de los cuatro opositores asesinados -José Carrasco, Felipe Rivera, Gastón Vidaurrázaga y Abraham Muskablit- representando a las familias de Carrasco y Rivera. Por otra parte, el abogado Héctor Salazar, querellante en representación de la jueza Yolanda Manríquez por su hijo Gastón Vidaurrázaga, dijo a La Nación que, según declaraciones de ex agentes que el ministro Dolmetsch maneja en un cuaderno reservado, “está establecido que es el mismo Pinochet quien ordenó al general Gordon la venganza”. Salazar afirmó que los agentes declaran que Pinochet llegó a La Moneda por la noche después del atentado, y encabezó una reunión del comité político, en la cual estaban, al menos Cuadra y Gordon. “Los que hablan sostienen que esa noche Pinochet utilizó las frases ‘que la señal duela’, ‘que la respuesta sea dura’, y ‘la represalia para eliminar’”, dijo Salazar. El abogado sostiene que “ahora el señor Francisco Javier Cuadra y los otros miembros del comité político de Pinochet, tienen la oportunidad de contar la verdad, porque creo que hoy les queda muy poco espacio para hacerlo ya que los ex agentes están hablando. Son los propios agentes quienes hoy podrían rebatir sus negativas”, y agregó que “si hoy el señor Cuadra está diciendo que horas después del atentado, se ordenó la detención del actual Presidente Lagos y varios otros dirigentes opositores para salvarles la vida, él tendrá que decirle al juez por qué, esa misma noche, él ya sabía que ellos estaban en peligro de morir. Tendrá que decir cómo lo sabía y de quién lo supo. Deberá nombrar a esas personas”, afirmó Salazar. El ex abogado de la Vicaría de la Solidaridad dijo que “lo que está afirmando el señor Cuadra quiere decir que él tenía información de primera mano de lo que estaba pasando, porque a Lagos y al resto de los dirigentes los detienen casi en paralelo a los secuestros que estaba haciendo la CNI para asesinar”.

El interrogatorio a Cuadra

• El rector de la UDP tendrá que decirle al juez quiénes estuvieron presente en la reunión del comité político en La Moneda la noche del atentado a Pinochet, y si él estuvo presente.

• Si esa reunión la presidió el general Augusto Pinochet, quien llegó a La Moneda alrededor de las 11 de la noche.

• Si en esa oportunidad se resolvió la orden dada al director de la CNI, para “eliminar” opositores como un acto de “venganza”, en la relación de “dos por uno” respecto de los cinco escoltas muertos en el atentado.

• Por qué sabía, como ha afirmado, que la vida del actual Presidente Ricardo Lagos y otros dirigentes opositores corría peligro, y cómo y de quien obtuvo esa información.

• Si sabe quién ordenó a la policía de Investigaciones iniciar la segunda operación para detener a varios dirigentes opositores, en una acción paralela a la de la CNI.

• Que diga por qué se realizaron ambas operaciones paralelas con resultados distintos, (los de la CNI mueren y los de Investigaciones no), quién lo decidió y por qué.

• Que explique cómo se desarrollaron los acontecimientos esa noche en La Moneda, incluyendo el momento después de la llegada de Pinochet.

• Que diga qué instrucciones comunicacionales le correspondió dar esa madrugada del 8 de septiembre, a partir de que la CNI mata a los tres primeros opositores.

• Que diga por qué declaró posteriormente a la prensa, que las muertes de los cuatro opositores se debió a un “ajuste de cuentas entre marxistas”.

• Que diga si para la decisión de los crímenes de la Operación Albania -en la que un año después (en 1987) la CNI mató a 12 militantes del FPMR- también se realizó en La Moneda una reunión de los ministros del comité político con Pinochet.

• Si en esa reunión, si se hubiese efectuado, se decidió llevar a cabo la Operación Albania.

En su escrito, el abogado Caucoto también pidió al ministro Dolmetsch que ordene a la Policía de Investigaciones recolectar todo el material de prensa de la época, en el que aparecen las declaraciones políticas de Cuadra, del ex ministro García y de otros miembros del comité político de Pinochet.

En su discurso de despedida al cargo de rector de una conocida universidad privada chilena, el otrora vocero de la dictadura militar, Francisco Javier Cuadra, inscribió su experiencia de renuncia a su posición directiva al interior de una virtual tragedia griega. En dicha narración, Cuadra se autoerige como héroe incomprendido, como víctima de las circunstancias, como un Prometeo encadenado por la furia de quienes no están a su altura de hombre excepcional, pero humano, demasiado humano. Así, en un par de frases diligentemente difundidas por los principales medios de comunicación del país, el heraldo de la dictadura transformó las legítimas demandas del cuerpo académico y los estudiantes de la Universidad Diego Portales, que exigieron la cesación del ejercicio de su cargo por su vinculación confesa con el encubrimiento de crímenes de lesa humanidad, en un rito revanchista, a través del cual se descargan las culpas colectivas sobre “un inocente en medio de clamores de venganza y de la búsqueda de purificación a través del sacrificio de uno de sus miembros”. Por los diarios y la televisión pudimos ver a un Francisco Javier Cuadra dolido, comprensivo, empático. De la misma boca que en la segunda mitad de los años ochenta salieron repetidas palabras y mensajes que manipularon a la opinión pública, confundiéndola respecto de los verdaderos responsables de los crímenes que cometían agentes armados del Estado chileno contra connacionales indefensos, ahora afloraron contenidos de clamor por el reencuentro nacional, a través de la igualación de experiencias traumáticas: “Siento que quizás el temor, la angustia, la impotencia y el cerco de la discriminación y exclusión que he sentido en estos días por el trato que he recibido, pudieran ser espejo lejano pero hiriente del sufrimiento injusto que muchos padecieron durante el gobierno del que fui funcionario. Cambian los nombres y las circunstancias, pero el abuso humano es el mismo”. Debe ser un gran avance para la reconciliación nacional que un personero tan destacado de la dictadura se declare tan comprensivo con quienes vivieron el exterminio que él mismo fomentó, ayudó a implementar y amparó. Y quienes fuimos objeto de sus acciones y omisiones -hijos de prisioneros políticos, ejecutados y detenidos desaparecidos-, debiéramos sentirnos unidos a Francisco Javier Cuadra, por el lazo que otorga el compartir el mismo “temor”, “angustia”, “impotencia” y “sufrimiento injusto”. Su causa, es su mensaje, es la nuestra, pues hay “equivalencia” e “igualdad de condición”  en el dolor. A fines del año 1984, cuando ya ejercías como ministro portavoz de la dictadura, el Ministerio del Interior decretó el estado de sitio -¿recuerdas, cancelación de las libertades civiles básicas, como libertad de reunión, de prensa, y un largo etcétera?-, y a mi casa llegaron, de noche, civiles armados buscando a papá. Tenía catorce años y me mostraron -aun lo conservo, por si la quieres para tu archivo de cultura clásica-, el decreto del Ministerio del Interior firmado por Sergio Onofre Jarpa, en el que dice, sin mayor preámbulo, que mi padre -profesor normalista-, debía ser arrestado, interrogado durante el tiempo que fuera necesario, y luego expulsado del país junto al dirigente opositor Jaime Insunza. Todo ello, eso dice el membrete, a nombre del Presidente del República, de quien tú eras vocero. Mi padre en ese momento no estaba en casa y desde ese momento tuve que aprender a mentir acerca de su paradero. Esa misma noche mamá me pidió que rompiéramos y botáramos todas las cartas que papá nos había escrito alguna vez, con poemas y dibujos mágicos, y que hiciéramos desaparecer las fotos, pues esto ya les había ocurrido en 1976 cuando papá estuvo en manos del Comando Conjunto. Así es que hoy no conservo ninguna carta de papá y sólo tengo escasas fotos en las que aparezco junto a él. Papá se escondió, tuvo que dejar de dar clases en su liceo en Conchalí y no lo volví a ver, tras muchas semanas, hasta el Año Nuevo. En esa oportunidad llegó, de forma imprevista, al interior de la maletera de un auto para que no lo identificaran en la calle. Compartió con la familia un par de horas y luego se fue por un par de meses más. No hubo cargos en su contra, no hubo Tribunales de Justicia que lo ampararan, no pudo ejercer sus derechos. En marzo de 1985, tú seguías en el equipo político en La Moneda, el Gobierno levantó el estado de sitio. Ello permitió que papá pudiera volver a trabajar, pues supongo que no creerás que el “oro de Moscú” nos mantenía alimentados a mi hermana y a mí, y que eran los “cubanos” los que pagaban el gas para el calefón de casa o mis clases de guitarra clásica en el conservatorio. Durante meses comimos porotos, tomamos té y nos bañamos muchas veces con agua fría. Pero, disculpa, todo eso es muy menor a lo que a te ha ocurrido, y muy poco helénico. ¿Recuerdas al general Mendoza? Si trabajaste para y con él. Bueno, fueron carabineros y agentes civiles de la Dicomcar los que nos hicieron todo esto. Pero, Francisco Javier, te comprendo, los académicos y estudiantes de la Universidad Diego Portales son equivalentes a los asesinos de mi padre. El trato que te han dado, escribir una carta firmada, debe ser muy doloroso. ¿Te enseño a redactar un recurso de amparo? ¿Te pongo en contacto con un psicólogo del Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos para que te ayuden a hacer el duelo? Ahora que tienes más tiempo, quizá podamos ir a terapia juntos.

En su discurso de despedida al cargo de rector de una conocida universidad privada chilena, el otrora vocero de la dictadura militar, Francisco Javier Cuadra, inscribió su experiencia de renuncia a su posición directiva al interior de una virtual tragedia griega. En dicha narración, Cuadra se autoerige como héroe incomprendido, como víctima de las circunstancias, como un Prometeo encadenado por la furia de quienes no están a su altura de hombre excepcional, pero humano, demasiado humano. Así, en un par de frases diligentemente difundidas por los principales medios de comunicación del país, el heraldo de la dictadura transformó las legítimas demandas del cuerpo académico y los estudiantes de la Universidad Diego Portales, que exigieron la cesación del ejercicio de su cargo por su vinculación confesa con el encubrimiento de crímenes de lesa humanidad, en un rito revanchista, a través del cual se descargan las culpas colectivas sobre “un inocente en medio de clamores de venganza y de la búsqueda de purificación a través del sacrificio de uno de sus miembros”. Por los diarios y la televisión pudimos ver a un Francisco Javier Cuadra dolido, comprensivo, empático. De la misma boca que en la segunda mitad de los años ochenta salieron repetidas palabras y mensajes que manipularon a la opinión pública, confundiéndola respecto de los verdaderos responsables de los crímenes que cometían agentes armados del Estado chileno contra connacionales indefensos, ahora afloraron contenidos de clamor por el reencuentro nacional, a través de la igualación de experiencias traumáticas: “Siento que quizás el temor, la angustia, la impotencia y el cerco de la discriminación y exclusión que he sentido en estos días por el trato que he recibido, pudieran ser espejo lejano pero hiriente del sufrimiento injusto que muchos padecieron durante el gobierno del que fui funcionario. Cambian los nombres y las circunstancias, pero el abuso humano es el mismo”. Debe ser un gran avance para la reconciliación nacional que un personero tan destacado de la dictadura se declare tan comprensivo con quienes vivieron el exterminio que él mismo fomentó, ayudó a implementar y amparó. Y quienes fuimos objeto de sus acciones y omisiones -hijos de prisioneros políticos, ejecutados y detenidos desaparecidos-, debiéramos sentirnos unidos a Francisco Javier Cuadra, por el lazo que otorga el compartir el mismo “temor”, “angustia”, “impotencia” y “sufrimiento injusto”. Su causa, es su mensaje, es la nuestra, pues hay “equivalencia” e “igualdad de condición”  en el dolor. A fines del año 1984, cuando ya ejercías como ministro portavoz de la dictadura, el Ministerio del Interior decretó el estado de sitio -¿recuerdas, cancelación de las libertades civiles básicas, como libertad de reunión, de prensa, y un largo etcétera?-, y a mi casa llegaron, de noche, civiles armados buscando a papá. Tenía catorce años y me mostraron -aun lo conservo, por si la quieres para tu archivo de cultura clásica-, el decreto del Ministerio del Interior firmado por Sergio Onofre Jarpa, en el que dice, sin mayor preámbulo, que mi padre -profesor normalista-, debía ser arrestado, interrogado durante el tiempo que fuera necesario, y luego expulsado del país junto al dirigente opositor Jaime Insunza. Todo ello, eso dice el membrete, a nombre del Presidente del República, de quien tú eras vocero. Mi padre en ese momento no estaba en casa y desde ese momento tuve que aprender a mentir acerca de su paradero. Esa misma noche mamá me pidió que rompiéramos y botáramos todas las cartas que papá nos había escrito alguna vez, con poemas y dibujos mágicos, y que hiciéramos desaparecer las fotos, pues esto ya les había ocurrido en 1976 cuando papá estuvo en manos del Comando Conjunto. Así es que hoy no conservo ninguna carta de papá y sólo tengo escasas fotos en las que aparezco junto a él. Papá se escondió, tuvo que dejar de dar clases en su liceo en Conchalí y no lo volví a ver, tras muchas semanas, hasta el Año Nuevo. En esa oportunidad llegó, de forma imprevista, al interior de la maletera de un auto para que no lo identificaran en la calle. Compartió con la familia un par de horas y luego se fue por un par de meses más. No hubo cargos en su contra, no hubo Tribunales de Justicia que lo ampararan, no pudo ejercer sus derechos. En marzo de 1985, tú seguías en el equipo político en La Moneda, el Gobierno levantó el estado de sitio. Ello permitió que papá pudiera volver a trabajar, pues supongo que no creerás que el “oro de Moscú” nos mantenía alimentados a mi hermana y a mí, y que eran los “cubanos” los que pagaban el gas para el calefón de casa o mis clases de guitarra clásica en el conservatorio. Durante meses comimos porotos, tomamos té y nos bañamos muchas veces con agua fría. Pero, disculpa, todo eso es muy menor a lo que a te ha ocurrido, y muy poco helénico. ¿Recuerdas al general Mendoza? Si trabajaste para y con él. Bueno, fueron carabineros y agentes civiles de la Dicomcar los que nos hicieron todo esto. Pero, Francisco Javier, te comprendo, los académicos y estudiantes de la Universidad Diego Portales son equivalentes a los asesinos de mi padre. El trato que te han dado, escribir una carta firmada, debe ser muy doloroso. ¿Te enseño a redactar un recurso de amparo? ¿Te pongo en contacto con un psicólogo del Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos para que te ayuden a hacer el duelo? Ahora que tienes más tiempo, quizá podamos ir a terapia juntos.

Al declarar ante el ministro Hugo Dolmestch, el ex vocero de la dictadura Francisco Javier Cuadra, se autoimplicó en el caso de los tres comunistas degollados en 1985. Cuadra también enredó al ex ministro del Interior, Ricardo García, al admitir que la noche del atentado a Pinochet -el 7 de septiembre de 1986- la decisión de decretar el estado de sitio y confección una lista para detener a dirigentes opositores, “lo resolvió el Presidente Pinochet con el ministro del Interior, Ricardo García, y yo no tuve nada que ver”. En su declaración del jueves pasado Cuadra explicó que su versión de que los cuatro asesinatos era un ajuste de cuentas entre “marxistas” se la entregó “el general Humberto Gordon, el jefe de la CNI… pero veo que me engañó”.El magistrado le consultó por qué le creyó, Cuadra dijo Gordon le parecía “creíble” porque en marzo de 1985, le informó que el degollamiento de tres comunistas (José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino) “había sido obra de Carabineros”.Para el abogado querellante Héctor Salazar, ahora “Cuadra se cazó los dedos con el caso degollados,  porque dijo haber tenido conocimiento de esos delitos y él, como funcionario público, estaba obligado a denunciarlos y no lo hizo”. Salazar sostiene que Cuadra admitió conocer el delito y la institución de los criminales, antes de que el juez José Cánovas determinará la responsabilidad de funcionarios de Carabineros. Por ese motivo, Salazar dice que Cuadra debe responder penalmente “como encubridor” de esos asesinatos. Según el abogado, al menos, en el mismo delito de encubridor habría incurrido Cuadra en las ejecuciones de la CNI tras el atentado a Pinochet (José Carrasco, Felipe Rivera, Gastón Vidaurrázaga y Abraham Muskablit) porque “algo sabía de lo que ocurría ya que antes dijo que la detención del Presidente Lagos y otros dirigentes fue para salvarles la vida (…) o sea sabía qué corrían peligro y que estaban matando gente”.

Reuniones en La Moneda

En otra parte de sus declaraciones al juez Dolmestch, Cuadra admitió que la noche del atentado participó en reuniones en La Moneda pero negó haber tenido conocimiento de que las ejecuciones de Carrasco, Rivera, Vidaurrázaga y Muskablit, se decidieron esa noche en el Palacio de Gobierno. Reconoció que “hablé esa noche con el general Pinochet por teléfono”, pero “sólo para coordinar la aparición del general en televisión, después del atentado”. Al respecto, Cuadra confirmó al juez que Ricardo García y el entonces secretario general de la Presidencia, Sergio Valenzuela, así como el general Gordon y el subdirector de Carabineros, general Oscar Torres, “participaron en las reuniones” que esa noche se realizaron en La Moneda.Sobre otras autoridades como el entonces canciller Jaime del Valle y el subsecretario del Interior y actual diputado Alberto Cardemil, Cuadra habría dicho “no recuerdo si estuvieron”. En su declaración, Cuadra insistió varias veces en que “nada supe” de la decisión tomada esa noche para cobrar venganza por los cinco escoltas muertos”. Sin embargo, recordó que “vi al general Gordon muy desolado” porque asumía que la culpa del atentado “había sido suya” por no haber previsto el ataque, pero no acusó a Gordón de que él tomó la macabra decisión. Esta semana el ministro Dolmetsch, quien instruye el proceso por los crímenes de los cuatro opositores, continuará tomando declaración al resto de los que conformaban el comité político asesor de Pinochet.

La causa por el crimen del mirista Fernando Vergara está en manos de la Corte Suprema, que ya acordó la sentencia final. En el proceso, siete miembros de la CNI afirmaron que el ex ministro participó en el operativo posterior al asesinato del encargado de interceptar la señal televisiva para lanzar proclamas anti Pinochet. Cuadra lo negó y, luego, la mayoría de los agentes también. Sepa por qué. Luego de una fuerte arremetida académica, Francisco Javier Cuadra logró lo que tanto había buscado. En junio de 2004 asumió como el nuevo rector de la Universidad Diego Portales (UDP). El quiebre de la resistencia que producía en muchos la asociación de su imagen con el parco y severo ministro secretario general de Gobierno durante la dictadura alcanzó a durar poco más de un año. En noviembre de 2005 renunció luego de que académicos y el cuerpo estudiantil le quitaran su apoyo. Se ampararon en las declaraciones que él mismo había entregado a la periodista Patricia Verdugo, un mes antes, en el "Diario Siete". Sin dimensionar el calibre de sus palabras, Cuadra señaló, con ribetes de hazaña, que el secuestro de personajes como Ricardo Lagos durante el período en que se ejecutó la Operación Albania, fue ordenado por el régimen para salvarlos de las garras de la CNI. Cómo sabía Cuadra de los crímenes del organismo represor es una de las preguntas que llevaron a inferencias tenebrosas que, finalmente, le costaron el puesto. Pero apenas un año antes de su nombramiento, en 2003, mientras estaba concentrado en mostrar sus mejores cartas para la postulación a la rectoría de la UDP, nadie supo que Cuadra estuvo seriamente cuestionado por la justicia. A mediados de ese año, la ministra del Noveno Juzgado del Crimen, Raquel Lermanda, lo citó a declarar por el crimen del director de la Radio Liberación, el militante del MIR Fernando Vergara Vargas. Según las declaraciones de siete agentes de la CNI, pocos minutos después de su muerte, uno de los ex artífices de las comunicaciones de la dictadura llegó junto a Álvaro Corbalán a la casa del occiso para supervisar el allanamiento. "Cuando fue al juzgado ya se había dejado esa barba semicortada y su personalidad había cambiado. Se revelaba como un tipo más bien seductor. Pero igual cuando supo de qué se trataba el caso, los anteojos casi se le cayeron de la cara", recuerda una fuente ligada directamente a la investigación judicial. Fernando Vergara había ingresado a Chile clandestinamente en 1982, luego de años de exilio. Estaba a cargo de las comunicaciones del MIR, y Radio Liberación era uno de sus productos estrella. Destinada a difundir información contra la dictadura, la emisora clandestina interfirió en varias ocasiones la señal de otras radios e incluso la de TVN. Fechorías subversivas que, sobre todo, afectaban a Francisco Javier Cuadra. El joven ministro había asumido el mando de las comunicaciones con mano de hierro en octubre de 1984. Conocido como uno de los ministros con más poder, bajo el alero de Pinochet, su criterio fue decisivo para el estado de sitio dictado en noviembre de ese año. Una vez más se restringió el derecho a reunión, se repusieron los toques de queda, se suspendieron todas las publicaciones de oposición, y la información trascendental "en materia de relevancia o alcance político" pasaba bajo el cedazo de la Dirección Nacional de Comunicación Social (Dinacos). El organismo funcionaba como una agencia periodística y de comunicaciones (ver recuadro) destinada tanto a influir como a censurar todos los medios, y dependía directamente de Cuadra. De ahí que el trabajo efectuado por Vergara afectara directamente los intereses de su repartición.En un comienzo, la causa por la muerte de Fernando Vergara fue sobreseída por la Segunda Fiscalía Militar, como se estilaba en la época.  Pero en el ’99 fue reabierta y Nelson Caucoto asumió el patrocinio de los familiares de la víctima.

Como ministra a cargo del caso, Raquel Lermanda resultó ser implacable. Luego de varias rondas de interrogatorios a los ex agentes de la CNI, acreditó que Fernando Vergara había sido asesinado en la calle Santa Elvira con Santa Elena, a pocas cuadras de su casa, en calle Carmen. Catorce fueron los impactos de bala que recibió. Los agentes que participaron directamente en la operación fueron identificados como el mayor de Ejército Luis Arturo Sanhueza Ros y los suboficiales Francisco Javier Orellana Seguel, Luis Gálvez Navarro y Jorge Ramírez. El 2 de julio de 2003, la ministra Lermanda dictó el primer procesamiento, que afectó a los cuatro agentes que participaron en la operación y sumó a quien tenía a cargo todas las brigadas de la CNI: el coronel (R) Aquiles González Cortés. Pero a esas alturas la ministra estaba desarrollando con fuerza otra veta investigativa, ya que tanto Aquiles González como Sanhueza Ros, Orellana y Ramírez declararon judicialmente que una vez muerto Vergara acudieron a su casa, ubicada a poca distancia (Carmen 1392). Sus declaraciones judiciales de 2003 coinciden en que minutos más tarde llegó hasta el lugar Álvaro Corbalán, acompañado del secretario general de Gobierno, Francisco Javier Cuadra. Tres agentes que no participaron del crimen, sino que formaban parte del equipo de seguimientos y que llegaron luego a la casa de Vergara, también declararon que, recién ocurrido el crimen, el joven ministro se hizo presente. Es el caso del suboficial Heraldo Veloso, quien así lo señaló a la ministra. Rafael Riveros Frost y Luis René Torres Méndez sólo lo declararon policialmente en julio de 2003. En noviembre de ese año, Torres agregó a la policía civil que la noche del crimen le tocó estar de guardia en la casa de Vergara. "También llegó hasta el domicilio el ministro Francisco Javier Cuadra, que fue entrevistado por canales de televisión. Recuerdo haber estado presente cuando lo entrevistaron", declaró. ¿Pero por qué Cuadra podría haber llegado hasta ese lugar? "Dentro de la casa de Vergara se encontraban todos los equipos radiofónicos y de intercepción de frecuencias radiales de Radio Liberación. Era un triunfo para Corbalán y la culminación de un trabajo de seguimiento que llevábamos realizando durante más de dos meses", cuenta un agente que declaró en el proceso y que pidió reserva de su identidad.La mañana siguiente al crimen de Fernando Vergara, Francisco Javier Cuadra apareció en el programa de Canal 11 "525 líneas". Ahí entregó información detallada del material incautado en  la casa de Vergara, destacando que se trataba de una de las grandes derrotas del MIR. Al día siguiente, el diario "Las Últimas Noticias" repitió textualmente la información. "En el allanamiento encontramos 40 cartuchos de dinamita, dos subametralladoras C25 checoslovacas, muchos elementos destinados a formar o preparar bombas, como por ejemplo aparatos de relojería, cordón detonante y otros de menor importancia". Con los testimonios de la CNI y los datos de la época que él mismo aportaba en su contra, el 25 de julio de 2003 fue citado a declarar. Además de negar rotundamente su presencia en la casa de Vergara, cuando se le consultó por sus dichos en la TV planteó que al hablar en plural ("allanamos") se estaba refiriendo en general al Gobierno. "Ello no implica que yo haya estado presente en el lugar al efectuarse el allanamiento. Se trata de la transcripción de las expresiones vertidas en un programa de televisión que iba los días domingo en la mañana en directo", indicó. En todo caso, sus dichos no dejan de ser polémicos, porque cuando Cuadra entregó la información a la prensa señaló que la muerte de Vergara se produjo en circunstancias que la CNI efectuaba "una revisión de rutina de carácter preventivo de control de personas", y que en ese momento se identificó a un sujeto sospechoso en la calle. "Se le requirió detenerse e identificarse. No cumplió con eso y, por el contrario, respondió haciendo fuego". No hubiera sido problema si no es porque los ex miembros de la CNI confesaron a la ministra que le venían realizando seguimientos esporádicos desde hacía un par de meses y que tenían su casa identificada, por lo menos, dos días atrás. Como Francisco Javier Cuadra negó rotundamente su estadía en la casa de Fernando Vergara, la ministra Lermanda le preguntó cómo obtuvo la información. Cuadra señaló que le debió haber sido proporcionada a través de un documento y negó que la noticia le fuera comunicada por la CNI vía telefónica. La pregunta de la ministra apuntaba a que era extremadamente sospechoso que, si el crimen ocurrió cerca de las diez de la noche y el allanamiento se extendió hasta la madrugada, luego Cuadra apareciera de mañana en la TV con un papel, que él no elaboró, repleto de información. Como el conducto regular establecía que Dinacos elaborara los memos, luego de recibir los datos de la CNI o de otras fuentes, la ministra citó a declarar a los funcionarios de ese servicio, mucho de ellos periodistas (ver recuadro). Pero ninguno recordaba haber redactado tal información que Cuadra señalaba haber recibido por escrito. La ministra no se detuvo y siguió hasta encontrar una oscura unidad dependiente de la CNI que tenía como base el cuartel Borgoño. Ésta se encargaba de filmar y fotografiar distintos acontecimientos, entre los que se encontraban crímenes y enfrentamientos, que luego eran entregados a los medios de comunicación para su difusión como productos envasados. Como Cuadra nunca salió al aire desde el lugar del allanamiento en ningún programa de televisión y algunos miembros de la CNI presentes en el lugar incluso mencionaban que lo habían visto dando entrevistas, la ministra Lermanda citó a declarar a los camarógrafos y a un hombre que funcionaba como "director de televisión" en la práctica se encargaba de editar las imágenes que sus camarógrafos tomaban junto a la CNI llamado Carlos Iván Mora Silva (ver recuadro). Ninguno de ellos recordaba el hecho. Sin explicación aparente, durante octubre de 2003 los miembros de la CNI que habían ratificado la permanencia de Francisco Javier Cuadra en la casa de Vergara comenzaron a desdecirse. En careos sucesivos con el ex ministro negaron que hubiera estado ahí. Algunos se excusaron señalando que no estaban seguros, que en verdad se lo había contado alguien o que lo habían visto en la TV. Sin embargo, dos agentes de la CNI que se carearon con Cuadra se mantuvieron en sus dichos. Uno de ellos, Francisco Orellana, señaló en el cara a cara: "No puedo aportar mayores antecedentes, como por ejemplo el motivo por el cual el señor Cuadra se encontraba en el lugar del allanamiento, ni quién le habría avisado. Lo único que puedo señalar es que estuvo ahí, pues lo vi". Pero ya no era suficiente para determinar la responsabilidad de Cuadra. A partir de ese momento, la investigación se centró en solucionar los últimos detalles policiales del caso. LND conversó, con reserva de identidad, con uno de los agentes que se desdijo de sus dichos contra Cuadra. "Era un momento muy duro y el coronel Aquiles González [jefe de brigadas de la CNI] organizó este lobby interno para cambiar las declaraciones. Hubo presiones para no reconocer que estuvo Cuadra, ya que podía afectarnos más, por estar involucrado un pez gordo del Gobierno. Entonces había que sacarlo a como diera lugar. Cuando estás desesperado y analizas, claro que es válido. Después me arrepentí terriblemente", señala. Luego de una reestructuración de las causas, en 2006 el caso de Fernando Vergara llegó a manos del ministro de la Corte de Apelaciones Eduardo Fuentes  Nuremberg es la distinción entre jefes y subordinados", señala. El caso finalmente terminó en la Corte Suprema y hace una semana que los ministros llegaron a acuerdo. Ahora sólo falta la redacción. ¿Qué sucederá? Nuevamente, nada que afecte a los cerebros tecnócratas, presuntamente detrás de algunas de las acciones más horrendas de la dictadura.

La causa por el crimen del mirista Fernando Vergara está en manos de la Corte Suprema, que ya acordó la sentencia final. En el proceso, siete miembros de la CNI afirmaron que el ex ministro participó en el operativo posterior al asesinato del encargado de interceptar la señal televisiva para lanzar proclamas anti Pinochet. Cuadra lo negó y, luego, la mayoría de los agentes también. Sepa por qué. Luego de una fuerte arremetida académica, Francisco Javier Cuadra logró lo que tanto había buscado. En junio de 2004 asumió como el nuevo rector de la Universidad Diego Portales (UDP). El quiebre de la resistencia que producía en muchos la asociación de su imagen con el parco y severo ministro secretario general de Gobierno durante la dictadura alcanzó a durar poco más de un año. En noviembre de 2005 renunció luego de que académicos y el cuerpo estudiantil le quitaran su apoyo. Se ampararon en las declaraciones que él mismo había entregado a la periodista Patricia Verdugo, un mes antes, en el "Diario Siete". Sin dimensionar el calibre de sus palabras, Cuadra señaló, con ribetes de hazaña, que el secuestro de personajes como Ricardo Lagos durante el período en que se ejecutó la Operación Albania, fue ordenado por el régimen para salvarlos de las garras de la CNI. Cómo sabía Cuadra de los crímenes del organismo represor es una de las preguntas que llevaron a inferencias tenebrosas que, finalmente, le costaron el puesto. Pero apenas un año antes de su nombramiento, en 2003, mientras estaba concentrado en mostrar sus mejores cartas para la postulación a la rectoría de la UDP, nadie supo que Cuadra estuvo seriamente cuestionado por la justicia. A mediados de ese año, la ministra del Noveno Juzgado del Crimen, Raquel Lermanda, lo citó a declarar por el crimen del director de la Radio Liberación, el militante del MIR Fernando Vergara Vargas. Según las declaraciones de siete agentes de la CNI, pocos minutos después de su muerte, uno de los ex artífices de las comunicaciones de la dictadura llegó junto a Álvaro Corbalán a la casa del occiso para supervisar el allanamiento. "Cuando fue al juzgado ya se había dejado esa barba semicortada y su personalidad había cambiado. Se revelaba como un tipo más bien seductor. Pero igual cuando supo de qué se trataba el caso, los anteojos casi se le cayeron de la cara", recuerda una fuente ligada directamente a la investigación judicial.

LIBERACION VERSUS DINACOS

Fernando Vergara había ingresado a Chile clandestinamente en 1982, luego de años de exilio. Estaba a cargo de las comunicaciones del MIR, y Radio Liberación era uno de sus productos estrella. Destinada a difundir información contra la dictadura, la emisora clandestina interfirió en varias ocasiones la señal de otras radios e incluso la de TVN. Fechorías subversivas que, sobre todo, afectaban a Francisco Javier Cuadra. El joven ministro había asumido el mando de las comunicaciones con mano de hierro en octubre de 1984. Conocido como uno de los ministros con más poder, bajo el alero de Pinochet, su criterio fue decisivo para el estado de sitio dictado en noviembre de ese año. Una vez más se restringió el derecho a reunión, se repusieron los toques de queda, se suspendieron todas las publicaciones de oposición, y la información trascendental "en materia de relevancia o alcance político" pasaba bajo el cedazo de la Dirección Nacional de Comunicación Social (Dinacos). El organismo funcionaba como una agencia periodística y de comunicaciones (ver recuadro) destinada tanto a influir como a censurar todos los medios, y dependía directamente de Cuadra. De ahí que el trabajo efectuado por Vergara afectara directamente los intereses de su repartición.
 

EL CRIMEN

En un comienzo, la causa por la muerte de Fernando Vergara fue sobreseída por la Segunda Fiscalía Militar, como se estilaba en la época. Pero en el '99 fue reabierta y Nelson Caucoto asumió el patrocinio de los familiares de la víctima. Como ministra a cargo del caso, Raquel Lermanda resultó ser implacable. Luego de varias rondas de interrogatorios a los ex agentes de la CNI, acreditó que Fernando Vergara había sido asesinado en la calle Santa Elvira con Santa Elena, a pocas cuadras de su casa, en calle Carmen. Catorce fueron los impactos de bala que recibió. Los agentes que participaron directamente en la operación fueron identificados como el mayor de Ejército Luis Arturo Sanhueza Ros y los suboficiales Francisco Javier Orellana Seguel, Luis Gálvez Navarro y Jorge Ramírez. El 2 de julio de 2003, la ministra Lermanda dictó el primer procesamiento, que afectó a los cuatro agentes que participaron en la operación y sumó a quien tenía a cargo todas las brigadas de la CNI: el coronel (R) Aquiles González Cortés. Pero a esas alturas la ministra estaba desarrollando con fuerza otra veta investigativa, ya que tanto Aquiles González como Sanhueza Ros, Orellana y Ramírez declararon judicialmente que una vez muerto Vergara acudieron a su casa, ubicada a poca distancia (Carmen 1392). Sus declaraciones judiciales de 2003 coinciden en que minutos más tarde llegó hasta el lugar Álvaro Corbalán, acompañado del secretario general de Gobierno, Francisco Javier Cuadra.

TRAS CUADRA

Tres agentes que no participaron del crimen, sino que formaban parte del equipo de seguimientos y que llegaron luego a la casa de Vergara, también declararon que, recién ocurrido el crimen, el joven ministro se hizo presente. Es el caso del suboficial Heraldo Veloso, quien así lo señaló a la ministra. Rafael Riveros Frost y Luis René Torres Méndez sólo lo declararon policialmente en julio de 2003. En noviembre de ese año, Torres agregó a la policía civil que la noche del crimen le tocó estar de guardia en la casa de Vergara. "También llegó hasta el domicilio el ministro Francisco Javier Cuadra, que fue entrevistado por canales de televisión. Recuerdo haber estado presente cuando lo entrevistaron", declaró. ¿Pero por qué Cuadra podría haber llegado hasta ese lugar? "Dentro de la casa de Vergara se encontraban todos los equipos radiofónicos y de intercepción de frecuencias radiales de Radio Liberación. Era un triunfo para Corbalán y la culminación de un trabajo de seguimiento que llevábamos realizando durante más de dos meses", cuenta un agente que declaró en el proceso y que pidió reserva de su identidad. La mañana siguiente al crimen de Fernando Vergara, Francisco Javier Cuadra apareció en el programa de Canal 11 "525 líneas". Ahí entregó información detallada del material incautado en la casa de Vergara, destacando que se trataba de una de las grandes derrotas del MIR. Al día siguiente, el diario "Las Últimas Noticias" repitió textualmente la información. "En el allanamiento encontramos 40 cartuchos de dinamita, dos subametralladoras C25 checoslovacas, muchos elementos destinados a formar o preparar bombas, como por ejemplo aparatos de relojería, cordón detonante y otros de menor importancia". Con los testimonios de la CNI y los datos de la época que él mismo aportaba en su contra, el 25 de julio de 2003 fue citado a declarar. Además de negar rotundamente su presencia en la casa de Vergara, cuando se le consultó por sus dichos en la TV planteó que al hablar en plural ("allanamos") se estaba refiriendo en general al Gobierno. "Ello no implica que yo haya estado presente en el lugar al efectuarse el allanamiento. Se trata de la transcripción de las expresiones vertidas en un programa de televisión que iba los días domingo en la mañana en directo", indicó. En todo caso, sus dichos no dejan de ser polémicos, porque cuando Cuadra entregó la información a la prensa señaló que la muerte de Vergara se produjo en circunstancias que la CNI efectuaba "una revisión de rutina de carácter preventivo de control de personas", y que en ese momento se identificó a un sujeto sospechoso en la calle. "Se le requirió detenerse e identificarse. No cumplió con eso y, por el contrario, respondió haciendo fuego". No hubiera sido problema si no es porque los ex miembros de la CNI confesaron a la ministra que le venían realizando seguimientos esporádicos desde hacía un par de meses y que tenían su casa identificada, por lo menos, dos días atrás.

EL CANAL DE TV

Como Francisco Javier Cuadra negó rotundamente su estadía en la casa de Fernando Vergara, la ministra Lermanda le preguntó cómo obtuvo la información. Cuadra señaló que le debió haber sido proporcionada a través de un documento y negó que la noticia le fuera comunicada por la CNI vía telefónica. La pregunta de la ministra apuntaba a que era extremadamente sospechoso que, si el crimen ocurrió cerca de las diez de la noche y el allanamiento se extendió hasta la madrugada, luego Cuadra apareciera de mañana en la TV con un papel, que él no elaboró, repleto de información. Como el conducto regular establecía que Dinacos elaborara los memos, luego de recibir los datos de la CNI o de otras fuentes, la ministra citó a declarar a los funcionarios de ese servicio, mucho de ellos periodistas (ver recuadro). Pero ninguno recordaba haber redactado tal información que Cuadra señalaba haber recibido por escrito. La ministra no se detuvo y siguió hasta encontrar una oscura unidad dependiente de la CNI que tenía como base el cuartel Borgoño. Ésta se encargaba de filmar y fotografiar distintos acontecimientos, entre los que se encontraban crímenes y enfrentamientos, que luego eran entregados a los medios de comunicación para su difusión como productos envasados. Como Cuadra nunca salió al aire desde el lugar del allanamiento en ningún programa de televisión y algunos miembros de la CNI presentes en el lugar incluso mencionaban que lo habían visto dando entrevistas, la ministra Lermanda citó a declarar a los camarógrafos y a un hombre que funcionaba como "director de televisión" en la práctica se encargaba de editar las imágenes que sus camarógrafos tomaban junto a la CNI llamado Carlos Iván Mora Silva . Ninguno de ellos recordaba el hecho.

SE CIERRA EL CÍRCULO

Sin explicación aparente, durante octubre de 2003 los miembros de la CNI que habían ratificado la permanencia de Francisco Javier Cuadra en la casa de Vergara comenzaron a desdecirse. En careos sucesivos con el ex ministro negaron que hubiera estado ahí. Algunos se excusaron señalando que no estaban seguros, que en verdad se lo había contado alguien o que lo habían visto en la TV. Sin embargo, dos agentes de la CNI que se carearon con Cuadra se mantuvieron en sus dichos. Uno de ellos, Francisco Orellana, señaló en el cara a cara: "No puedo aportar mayores antecedentes, como por ejemplo el motivo por el cual el señor Cuadra se encontraba en el lugar del allanamiento, ni quién le habría avisado. Lo único que puedo señalar es que estuvo ahí, pues lo vi". Pero ya no era suficiente para determinar la responsabilidad de Cuadra. A partir de ese momento, la investigación se centró en solucionar los últimos detalles policiales del caso. LND conversó, con reserva de identidad, con uno de los agentes que se desdijo de sus dichos contra Cuadra. "Era un momento muy duro y el coronel Aquiles González [jefe de brigadas de la CNI] organizó este lobby interno para cambiar las declaraciones. Hubo presiones para no reconocer que estuvo Cuadra, ya que podía afectarnos más, por estar involucrado un pez gordo del Gobierno. Entonces había que sacarlo a como diera lugar. Cuando estás desesperado y analizas, claro que es válido. Después me arrepentí terriblemente", señala.

CONDENA

Luego de una reestructuración de las causas, en 2006 el caso de Fernando Vergara llegó a manos del ministro de la Corte de Apelaciones Eduardo Fuentes Belmar. Tras ampliar el procesamiento a Álvaro Corbalán, el 23 de marzo dictó la sentencia. Diez años para él. Los demás recibieron cinco. Como consecuencia de la apelación de ambas partes, en 2007 la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones, de forma inexplicable, liberó de responsabilidad a Corbalán y a Aquiles González y aumentó la sentencia de los agentes operativos. El abogado querellante, Nelson Caucoto, hasta ahora no encuentra una respuesta satisfactoria. "Creo que fallaron pensando sólo en las responsabilidades individuales. Nosotros entendemos que la CNI era una institución jerarquizada, y esto no fue espontáneo. Si hay algo importante que nos enseñó el juicio de Nuremberg es la distinción entre jefes y subordinados", señala. El caso finalmente terminó en la Corte Suprema y hace una semana que los ministros llegaron a acuerdo. Ahora sólo falta la redacción. ¿Qué sucederá? Nuevamente, nada que afecte a los cerebros tecnócratas, presuntamente detrás de algunas de las acciones más horrendas de la dictadura.

Ejecutores CNI de joven mirista no irán a la cárcel. El fallo de última instancia mantuvo absolución de ex agentes Álvaro Corbalán y Aquiles González, y favoreció a otros cuatro con el recurrido beneficio de la “libertad vigilada”. La Sala Penal de la Corte Suprema resolvió que ninguno de los autores del homicidio del militante del MIR, Fernando Vergara Vargas, cometido el 15 de diciembre de 1984 en Santiago por agentes de la CNI, deberá cumplir pena efectiva de prisión. Si bien esta sentencia definitiva mantuvo la absolución dictada antes por la Corte de Apelaciones de Santiago de los ex agentes Álvaro Corbalán y Aquiles González, en el caso de los otros cuatro ex agentes les rebajó las condenas a cinco años de presidio, permitiendo con ello que calificaran para obtener el beneficio de la libertad vigilada, lo que les concedió. Los favorecidos con esta medida son los ex agentes Luis Sanhueza Ros, Luis Gálvez Navarro, Francisco Orellana Seguel, y Jorge Ramírez Romero. En todo caso Corbalán cumple presidio perpetuo simple (a los 20 años puede obtener beneficios) por el crimen del carpintero Juan Alegría, cometido para tratar de encubrir el asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez. Corbalán también acumula otra condena de 20 años por la Operación Albania. De esta manera el homicidio cometido en contra del encargado de las comunicaciones clandestinas del MIR y director de la Radio Liberación, quien había regresado a Chile en 1982 con identidad falsa tras un período de exilio, quedó sin responsables que cumplan pena efectiva de cárcel.El crimen de Vergara intentó presentarse entonces por la dictadura como  "enfrentamiento", pero la investigación judicial concluyó que fue un homicidio y un delito de lesa humanidad, que no prescribe por el tiempo ni puede ser amnistiado. En esta causa estuvo muy cerca de resultar procesado el ex ministro y vocero del régimen opresor, Francisco Javier Cuadra. Siete ex agentes declararon en el juicio que Cuadra llegó al lugar del crimen junto a Álvaro Corbalán, y que luego justificó públicamente la muerte con la versión falsa del enfrentamiento. Cuadra lo negó, y el coronel (R) Aquiles González realizó el "lobby" a favor del ex ministro para que los ex agentes se desdijeran de sus dichos. No obstante, Orellana Seguel mantuvo su declaración inculpatoria en contra de Cuadra. Los mismos ex funcionarios de la CNI relataron en la indagatoria la tarea realizada por Aquiles González a favor del ex ministro. La Radio Liberación logró interferir varias veces otras emisoras y canales de televisión para transmitir proclamas en contra del régimen militar.