Cruces Tapia René Eloy

Encausado por el desaparecimiento de tres uruguayos y un obrero chileno, ambos en 1973, el ex comandante del Regimiento de Ingenieros de Montaña Mateo Durruty Blanco culpa a sus subalternos de “tropa de desleales”. El “Mamo” le dice “traidor”.El “Mamo” levantó la voz y lanzó la acusación. “El coronel Mateo Durruty está mintiendo y eludiendo su responsabilidad militar tratando de endosarla a la DINA, y eso se llama traición militar”. El ex comandante del Regimiento de Ingenieros de Montaña de Puente Alto se defendió: “Todo esto fue un invento de la DINA, nunca firmé nada ni nadie me dio cuenta de las personas detenidas (…) Yo no tengo nada que ver, nadie me dijo nada, fue una tropa de desleales”. El enfrentamiento entre el ex jefe operativo de la DINA, general (R) Manuel Contreras, y el coronel (R) Mateo Durruty, ardía en el despacho de la jueza Colomba Guerrero. El coronel no aceptaba la acusación de Contreras, que le imputaba ser él quien, con un documento firmado, envió a dos detenidos desde el regimiento a Villa Grimaldi en septiembre de 1973. Contreras rechazaba que la DINA sacó a los detenidos del cuartel. Los dos prisioneros sobrevivieron. Pero lo que importaba era que el coronel negaba insistentemente que el regimiento que mandaba sirvió a partir del golpe militar como centro de detención y tortura, hecho hasta ahora no divulgado públicamente. Un puñado de los que fueron sus subalternos, pero principalmente los conscriptos que a esa fecha hacían su servicio militar en ese cuartel, decían en el proceso lo contrario y admitían la existencia de detenidos. Al margen de su altercado con el “Mamo”, la situación del coronel Durruty estaba en todo caso ya complicada, pues a pesar de alegar inocencia y desconocimiento de todo lo que aconteció en el regimiento bajo su mando, el año 2006 ya estaba procesado como autor del secuestro y desaparición del obrero Juan Llanca Rodas, hecho ocurrido el 17 de septiembre de 1973, y como autor del secuestro y desaparición a fines de ese mismo mes y año de los ciudadanos uruguayos Ariel Arcos Latorre, Juan Povaschuk Galeazzo y Enrique Pargadoy Saquieres. O sea, en ese regimiento y bajo su mando habían ocurrido no sólo torturas, sino también desaparecimiento de personas.

Al río

Antes de que a Juan Llanca lo mataran y después tiraran su cuerpo al río Maipo para hacerlo desaparecer, sus verdugos en el Ingenieros de Montaña de Puente Alto le dieron a comer vidrio molido para causarle graves lesiones internas. Testigo de este tormento fue su compañero de cautiverio Alfonso Brizuela Durán, como relató en la investigación judicial no sólo frente a la jueza, sino también de cara al mismo Mateo Durruty, quien por supuesto refutó el hecho y volvió a negar todo de todo: “Yo nunca supe nada, en mi regimiento nunca hubo detenidos”, insistió. Fue Manuel Contreras quien confesó a la jueza Guerrero el 22 de septiembre de 2005, que de acuerdo a la información reunida entre oficiales y suboficiales del Ingenieros de Montaña “actores directos del hecho”, a Juan Llanca lo torturaron en ese cuartel, lo mataron y después lanzaron su cuerpo al río Maipo. Todo porque la víctima, junto a las otras dos personas que el coronel Durruty envió a Villa Grimaldi, había tenido el 16 de septiembre de 1973 una riña en un bar con el suboficial de este regimiento Temístocles Navarrete Becerra, por lo que en ese cuartel se tomaron venganza. En el caso de los uruguayos la historia fue distinta. Seis de estos ciudadanos fueron detenidos a fines de 1973 por funcionarios de la subcomisaría de San José de Maipú al interior de una mina abandonada en el sector cordillerano de la comuna de Puente Alto, cuando trataban de pasar clandestinamente a Argentina huyendo del golpe militar. Habían llegado a Chile huyendo a su vez del golpe de Estado en Uruguay. Fueron trasladados por los policías al Ingenieros de Montaña de Puente Alto, donde se les torturó. A fines de septiembre de 1973 fueron sacados del cuartel, según se les dijo, para llevarlos al Estadio Nacional, pero en el trayecto, Arcos, Povaschuk y Pargadoy fueron separados del resto, desapareciendo hasta ahora.

El peso de la prueba

Pero bastante entrada la democracia y hasta la época en que el general (R) Juan Emilio Cheyre era comandante en jefe, desde el Ejército se seguía entregado información parcial a los tribunales, confirmándose lo que abogados querellantes continuaban denunciando en las distintas causas por delitos de lesa humanidad. Toda la situación represiva en el Ingenieros de Puente Alto era conducida por su comandante Mateo Durruty, a través de su equipo de hombres de la inteligencia militar del regimiento, entre los que estaban los “intelectuales” que hacían el trabajo de análisis, y quienes se manchaban las manos con sangre, como en toda comunidad de inteligencia. Sin embargo, el Ejército, a través de su jefe de estado mayor, general Javier Urbina, informaba el 10 de agosto de 2004 a la jueza Colomba Guerrero mediante oficio 1595/1178, en respuesta a su interrogante directa, que en el Regimiento de Ingenieros de Montaña de Puente Alto, “revisados los antecedentes institucionales, se pudo establecer que éste no consideraba un Departamento o Sección II de Inteligencia”. Curiosamente, la jueza Guerrero y luego la ministra Marta Hantke, a cargo de la investigación por Llanca Rodas, como el ministro Joaquín Billard, que instruye la causa por los tres uruguayos, tenían ya a esa fecha decenas de testimonios de oficiales y suboficiales e incluso el de los generales (R) Fernando Martínez Benavides y Manuel Contreras, quienes afirmaban sin ninguna duda de que en el Ingenieros de Montaña de Puente Alto existía efectivamente una Sección II de Inteligencia.

En vagones de tren

Por el regimiento que el coronel Durruty comandó hasta diciembre de 1975 pasaron, de acuerdo a las investigaciones de los procesos por estas cuatro víctimas, centenares de detenidos que sufrieron tormentos similares a los aplicados en los cuarteles clandestinos de la DINA. Los prisioneros eran mantenidos en condiciones infrahumanas encerrados en vagones de trenes dispuestos como celdas colectivas. Desde allí eran sacados a distintas horas del día y de la noche para enfrentar los tormentos que les aplicaban oficiales y suboficiales de la Sección II de Inteligencia del regimiento. Sección inexistente, según el Ejército informó a la jueza Guerrero, pero que la investigación pudo identificar a cada uno de sus integrantes. En ese período de alta represión, el coronel Mateo Durruty tenía como segundo comandante del regimiento al teniente coronel Rolf Wenderoth Pozo, que después pasó a integrar la plana mayor de la DINA junto a las “estrellas” Marcelo Morén Brito, Miguel Krassnoff y Pedro Espinoza, entre otros. A pesar de que, aduciendo que “son secretas”, inicialmente el Ejército negó a los magistrados a cargo de estas indagatorias las listas con los conscriptos que habían cumplido su servicio militar en este regimiento en los primeros meses después del golpe de Estado, posteriormente la institución las entregó. Los jueces las requerían para comenzar a interrogarlos, porque de esa forma, como ha ocurrido en otros procesos, podrían ir quebrantando el silencio de oficiales y suboficiales, concertados para negar o distorsionar la información que se les requería. La estrategia volvió a dar buenos resultados en estas causas, puesto que la mayoría de los ex conscriptos interrogados aportaron datos relevantes y confirmaron lo que en el Regimiento de Ingenieros de Montaña sucedió en los primeros meses después de la asonada militar de 1973. Junto a Durruty Blanco están procesados por estos crímenes los oficiales (R) David Miranda Monardes y Pedro Teyssedre Cartagena, ambos ex jefes de la Sección II de Inteligencia del regimiento, y los suboficiales (R) que integraron la misma sección Luis Canales Pino y René Cruces Tapia.

Un general y un brigadier retirados fueron procesados por el juez Joaquín Billard, como autores del secuestro y desaparición en septiembre de 1973 de los ciudadanos uruguayos, Ariel Arcos Latorre, Juan Povaschuk Galeazzo y Enrique Pargadoy Saquieres. Los encausados son el general Francisco Martínez Benavides y el coronel Lander Uriarte Burotto, además del suboficial también retirado René Cruces Tapia. Antes había sido igualmente declarado reo por este mismo delito el ex comandante del Regimiento de Ingenieros de Montaña de Puente Alto, coronel (R) Mateo Durruty Blanco.Días después del golpe militar, seis uruguayos fueron arrestados por Carabineros de la subcomisaría de San José de Maipo al interior de una mina abandonada de la zona cordillerana. Al parecer, ellos se ocultaban para planificar una huida a Argentina, pues se habían refugiado en Chile después de la asonada militar uruguaya el 27 de junio de 1973. Los policías los condujeron hasta el referido regimiento, donde de acuerdo a los antecedentes del proceso fueron torturados reiteradamente, al igual que los centenares de prisioneros que pasaron por ese cuartel que comandaba Durruty. A algunos incluso se les obligó a tragar vidrio molido, como lo testificó judicialmente el ex detenido Alfonso Brizuela Durán. Desde aquel cuartel son sacados una noche por personal de Ejército para trasladarlos supuestamente al Estadio Nacional. Sin embargo, en el trayecto los custodios bajaron del vehículo militar a los tres uruguayos mencionados y los hicieron desaparecer hasta hoy. Tanto el general Francisco Martínez como el coronel Lander Uriarte y el suboficial René Cruces, pertenecen a la franja de acusados de cometer crímenes de lesa humanidad menos conocidos y por primera vez procesados. En el caso de Durruty Blanco, éste tiene ya una condena de 10 años y un día dictada en primera instancia por la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marta Hantke, por el secuestro y desaparición desde el regimiento de Puente Alto en septiembre de 1973 de Juan Manuel Llanca Rodas.Pero esta condena debe ser aún revisada por esa corte y luego por la Sala Penal de la Corte Suprema, que podría dejar a Durruty  en libertad si le rebaja considerablemente la pena como es el criticado criterio jurídico que instaló ese tribunal hace más de dos años. Los procesados por Billard fueron beneficiados con la libertad provisional mientras sigue adelante la investigación.

Un juez acusó hoy a varios ex oficiales del Ejército por el secuestro y desaparición de tres ciudadanos uruguayos en septiembre de 1973, a pocos días del golpe militar que puso en el poder al dictador Augusto Pinochet (1973-1990) Según fuentes judiciales, el ministro en visita Joaquín Billard Acuña fue el que dictó la acusación tras la pesquisa que llevó a cabo por la desaparición de los uruguayos, acaecida en una mina abandonada en el sector del Cajón del Maipo, vecino a Santiago. Billard Acuña indicó que los uruguayos Ariel Arcos Latorre, Juan Povaschuk Galeazzo y Enrique Pargadoy Saquieres fueron detenidos en septiembre de 1973 en el Cajón del Maipo y conducidos al Regimiento de Puente Alto, desde donde se les perdió el rastro. El juez chileno acusó a Mateo Durruty Blanco, René Cruces Tapia, Francisco Martínez Benavides, Lander Uriarte Burotto, Gabriel Montero Uranga, Moisés Retamal Bustos, todos altos ex oficiales del Ejército, y Guillermo Vargas Avendaño como autores de los “secuestros calificados”. Según el libelo acusatorio, personal de la subcomisaría de Carabineros de San José de Maipo detuvo al interior de una mina abandonada en la parte baja de la Cordillera de Los Andes a cuatro ciudadanos uruguayos, dos mujeres y dos hombres, los que fueron llevados hasta ese retén policial y después al regimiento Ferrocarrileros de Puente Alto. Añade que horas más tarde fueron detenidos otros dos ciudadanos uruguayos quienes también fueron ingresados a la unidad militar, donde todos fueron torturados. Posteriormente, los subieron a microbús que les llevaría al Estadio Nacional, que sirvió de campo de detenidos, pero un militar ordenó que tres de los ciudadanos uruguayos bajaran, desconociendo hasta ahora su actual paradero. El juez Billard Acuña elevó la causa a estado de plenario, etapa previa al dictamen de sentencia de primera instancia.