Conlledo Espinosa Gonzalo Javier

Lista completa de los miembros de la División Informática de la CNI

Abraham Maluje Juana del C.
Acevedo Bravo Eduardo M.
Adam Gutíerrez Heinz J.
Alarcón Zuñiga Eliana E.
Aldea Pezoa Eduardo A.
Alvarado Wolf German A.
Alvarez Herrera Miguel a.
Alveal Tejos Ana María
Alveal Tejos luis Alberto
Aqueveque Moya Leticia C.
Aracena robert Maritza
Arancibia Vera Eliana R.
Aranguiz Lucero Patricia
Avendaño Parra Carlos E.
Baeza Reyes Alex José
Bahamondes Urrutia Luis A.
Bucarey Elgueta Pablo E.
Cáceres Montero Manuel H.
Cáceres Montero Mónica
Cáceres Orellana Héctor I.
Cancino Aciares Marco A.
Cancino rojas Ana María
Carrasco Nuñez Ana Celia
Carvajal Betancourt Elizabeth
Castillo Fernández Cristian
Castro Chaud María Teresa
Cataldo San Martín Luis J.
Cataldo Tobar Juan S.
Ceballos Maulen Gloria
Ceron Tobar Floridor Fco.
Chaparro Gatica Nidia V.
Chavez Santibañez Ricardo
Cofre Eyzaguirre Raúl H.
Conlledo Espinoza Gonzalo
Contreras Olguín Mabel G.
Contreras Orellana Robinson
Cox roa Lionel Roberto
Crisostomo Carrasco Juan
Crisostomo Soto Héctor M.
Dettoni Navarro Miguel A.
Díaz Oses Luis Eduardo
Díaz Silva Verónica L.
Droguett Ruiz Iván Alfredo
Ducros Cañas Cora María
Eaglehurst Salinas Evelyn
Elissalde Martiel Martín A.
Espinoza Burgos Sandra A.
Espinoza Morales Víctor I.
Espinoza Siva Carlos S.
Estibill Ramirez gloria A.
Fagalde Viveros Miguel A.
Fernández Saavedra Alejandro
Fierro Ríos Ana Cristina
Fischer Vodnizza Lily E.
Gallardo Saniueza Cecilia I.
García Moller Karyn Lotty
González Parraguez Bernabé
Gormaz Velarde Juana del C.
Gutíerrez Sepúlveda Victoria
Hapette Teuber Eliette E.
Herrera Pérez Marcela de
Howard Cristi Gustavo L.
Iracabal Lobo María C.
Jaramillo Thomas María T.
Labarca Brezzo María V.
Leal Azocar Zunilda Onofia
León Ogaz Rony Alberto
Lobos Christiny Ismael
López Silva Magda L.
Mac Evoy Slater Deborah G.
Magallanes Munro Juan M.
Martínez Marambio Luz M.
Medina León Luis Marcel
Mejías Mejias Luisa
Mella González Pamela L.
Mendez Soto Patricio A.
Molina León Sonia Patricia
Moreira Muñoz Samuel Carlos
Moreno Belmar Sara Ives
Moreno Vega Pedro Antonio
Mosler Cox Ingrid Hellen
Musac Burgos Tatiana María
Narea Ramos María Teresa
Ortíz Díaz Zunilda del Carmen
Osorio Ramírez Rámon Luis
Pacheco Castillo María E.
Parra Espinoza Carmen Nora
Perot Plaza Cecilia del Carmen
Preisig Salvo Mónica Carmen
Puelle Sagrdo Eliana c.
Puelle Sagredo Graciela
Quintero Soto Berta del Carmen
Quispe González Teresa del Carmen
Reyes Vargas Carlos Alberto
Riquelme Olivares Elsa M.
Rojas Pardo Leonor de las Mercedes
Rolin Lara Jaime Eduardo
Rubio González Alejandro
Sabarots Díaz Miguel A.
Salamanca Behm María E.
Salas Coccolo Carlos A.
Sánchez Espinoza Mauel G.
Sánchez Sanjinez Saúl A.
Sanchueza Vega Nora Mónica
Sepúlveda Barros Gabriel A.
Smith Calderón Iván A.
Sobarzo Aguila alejandro F.
Solorza Salazar Carmen C.
Soto Alvarez Mario H.
Soto Cubillos Carlos Rogelio
Soto Toledo Sandra Lidia
Valdes Valenzuela Patricio
Van de Perre Silva Eugenia
Vasquez Inostroza Mario L.
Vidal Urizar Juan
Weisser Rodríguez Ana M.
Yañez Aravena Jaime A.
Yañez Castro Rodolfo S.
 

A 50 años del Golpe Militar, ex agentes de la dictadura siguen apareciendo como funcionarios dentro de la administración pública. Esta vez se trata de Gonzalo Javier Conlledo Espinoza, ex integrante de la Central Nacional de Informaciones (CNI), que se desempeña actualmente, como secretario del Juzgado de Policía local en Limache, administración a cargo de Daniel Morales Espíndola (RN-independiente).

Desde 2014 el exagente de la División Informática de la CNI -policía política de la dictadura de Pinochet implicada en cientos de violaciones a los DDHH-, Gonzalo Javier Conlledo Espinoza, trabaja bajo la modalidad de contrata en el Juzgado de Policía Local de Limache, como secretario de la repartición, ganando un sueldo de $1.547.788 (mayo) en la región de Valparaíso, según aparece en los registros de Transparencia.

Captura de pantalla del sitio de Transparencia Activa de la Municipalidad de Limache

La información fue confirmada a Resumen por el concejal, Joel González, quien sostuvo que: «el 2019 se descubre que fue parte del Departamento de Informática de la CNI. En 2021 esto empieza a ser conocido por organizaciones de DDHH, empiezan a haber denuncias desde el concejo comunal, donde planteamos que nos parece inaceptable la situación».

Gonzalo Javier Conlledo Espinoza fue uno de los 117 agentes de la División Informática de la CNI, órgano de inteligencia de la dictadura militar de Pinochet que incurrió en cientos de violaciones a los DDHH, a través de torturas, secuestros, desaparición, violaciones y asesinatos. A esa organización perteneció el ahora funcionario del Juzgado de Policía Local de Limache, a quien distintos sectores de la región de Valparaíso piden remover de dicho municipio.

Ya en 2020, familiares de Detenidos y Desaparecidos de la dictadura militar-empresarial chilena conmitaron al alcalde Morales a desvincular a Conlledo Espinoza del municipio, situación que hasta la fecha se mantiene sin atender.

Sobre la contratación del ex agente de la CNI, el concejal Joel González expresa que el alcalde les respondió que, «según lo que explica la Contraloría, al no tener un proceso en curso y un sumario administrativo, el municipio no tiene mayor facultad para desvincularlo».

Si bien Conlledo Espinoza no mantendría causas judiciales pendientes, desde el municipio remitieron -según informó el concejal-, todos los antecedentes a la Corte de Apelaciones de la región que están siguiendo causas de violación a los Derechos Humanos, debido a que, «él puede tener información relevante para poder acelerar ciertos procesos de causas que hoy día no logran avanzar justamente por la falta de antecedentes. Nos parece importante que lo citen a declarar».

Actualmente, el exagente de la CNI se desempeña al interior del Juzgado de Policía Local de Limache, además formar parte, al menos como señala en su cuenta de Facebook, de Renovación Nacional, mismo partido del alcalde Daniel Morales Espíndola.

Siguiendo con exagentes de la dictadura al interior de la repartición pública, cabe recordar el caso de Carlos Celis Ficca, también parte de la CNI, quien trabaja como personal de apoyo del diputado del Partido Republicano, Juan Irarrázaval Rossel, por un sueldo de $1.413.667.

Caso aún más grave es el que ocurre en Curacautín, donde el municipio mantendría a un condenado por delitos de lesa humanidad como director de una escuela rural. Se trata de Juan Carlos Burgos Belauzarán, civil sentenciado por su participación en la desaparición de campesinos en Santa Bárbara y Quilaco, en la precordillera del Biobío, entre septiembre y diciembre de 1973. Juan Carlos Burgos Belauzarán fue condenado en calidad de autor de secuestro calificado de Cristino Humberto Cid Fuentealba, José Felidor Pinto Pinto, Luis Alberto Cid Cid, Luis Alberto Bastias Sandoval y Raimundo Salazar Muñoz.

Así las cosas y a 50 años del Golpe de Estado, agentes de las organizaciones que infundieron el terror y violaron los Derechos Humanos durante el régimen de Pinochet, han encontrado cabida al interior de municipios e incluso el Congreso.

por J Murieta y Juan Contreras Jara

Además, de acuerdo a datos de transparencia, el exagente de la CNI percibió un sueldo de más de $1.500.000 durante el mes de mayo, y se encuentra trabajando como secretario del Juzgado de Policía Local de la comuna.

Gonzalo Javier Conlledo Espinoza es el nombre del exagente de la División Informática de la Central Nacional de Informaciones (CNI) —policía que reemplazó a la DINA y estuvo involucrada en las violaciones a los DD.HH. cometidas en la dictadura de Augusto Pinochet— y que se desempeña como secretario del Juzgado de Policía Local de Limache. 

De acuerdo a una solicitud por transparencia realizada por Resumen, el funcionario trabaja a modalidad de contrata con un sueldo de $1.547.788 —al mes de mayo— en la Región de Valparaíso.

Si bien su colaboración con el juzgado data del 2021, de acuerdo al concejal de la comuna, Joel González, el exagente trabajaría en la municipalidad desde el 2014 en el Departamento de Obras municipales.

«El 2021 ingresó al Juzgado de Policía Local, pero el 2014 ingresó al municipio como inspector de Obras Públicas en la dirección del Departamento de Obras Municipales», sostuvo González.

Hechos que salieron a la luz recién en 2019, según la autoridad comunal, cuando se difundió una lista en la que figura el nombre de Conlledo como parte de la División de Informática de la CNI. 

De hecho, de acuerdo a datos de Memoria Viva y a los documentos recopilados por Equipo Nizkor —encargados de crear un sitio documental que entrega información sobre violaciones a los DD.HH. en Latinoamérica— y Derechos Human Right, Conlledo fue uno de los 117 agentes que trabajaron en la CNI en dicha división.

Municipalidad

«Cuando asumimos el consejo, se lo hicimos saber al alcalde (Daniel Morales Espíndola, RN) y tuvimos una reunión con el abogado del municipio «, sin embargo, el concejal explica que al no haber un proceso judicial en contra del exagente de la CNI y como «la CNI no es considerada una asociación ilícita y tampoco tenía sumario administrativo«, desde la municipalidad manifestaron que no habían justificaciones para desvincularlo, lo cual, de acuerdo a González, fue ratificado por Contraloría.

Pese a ello, el concejal explica que en desde el gobierno comunal remitieron —entre 2021 y 2022— los antecedentes a la Corte de Apelaciones de la región, quienes se encuentran siguiendo las causas de violación de Derechos Humanos , «por si consideraban relevante citarlo a declarar».

El concejal también señaló que varias organizaciones de derechos humanos agrupadas en la comuna, y personas de la sociedad civil, se apostaron a las afueras del municipio con megáfonos manifestando su repudio al enterarse de la situación, en 2021.

«Cuando se empieza a difundir la información en la comunidad, en el 2021, se hace insostenible que el municipio no se abra al debate, sobre todo a partir de las intenciones que algunos concejales hicimos».

De hecho, González precisó que cuando comenzaron las manifestaciones, Conlledo tomó «una licencia bastante prolongada de seis meses» que, si bien sería «arriesgado decir que es a propósito de (las manifestaciones), coincide justamente cuando el tema empieza a generar opinión pública».

Sin embargo, a la fecha el concejal asegura que aún no hay respuesta ni de los ministros de la Corte, ni confirmación de otras gestiones realizadas por el municipio