Cerda Carrasco Julio

El general Julio Cerda Carrasco, cuarta antigüedad del Ejército y actual jefe de la Sexta División de Ejército con asiento en Iquique, fue miembro de la desaparecida Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), desde el 2 de febrero de 1976 hasta fines de 1977, según consta en una declaración hecha por el propio oficial en diciembre de 2001. Otro dato que se suma al currículo del general es que perteneció a la sociedad Pedro Diet Lobos, organismo de fachada del régimen militar en el exterior que se dedicaba al espionaje, donde estuvieron involucrados Enrique Arancibia Clavel y otros ocho chilenos, entre ellos el general Cerda. El juez Juan Guzmán Tapia, quien acumuló las causas de detenidos desaparecidos de San Bernardo, Paine, decidió citar a declarar al alto oficial en calidad de inculpado. La revisión de antiguos antecedentes sobre procesos que datan de 1973 arrojan también la aparición de Cerda Carrasco, quien ascendió y asumió en el cargo el 4 de enero del 2002 -ascenso que fue cursado por el ex comandante en jefe del Ejército Ricardo Izurieta- en tres procesos que en la actualidad investiga la jueza especial de la Corte de Apelaciones de San Miguel María Estela Elgarrista, por los cuales ha declarado. Pero fue el ministro de fuero, Juan Guzmán Tapia, quien acumuló las causas de detenidos desaparecidos de San Bernardo, Paine y el caso del conscripto en el regimiento de Infantería, quien en mérito de los antecedentes y de acuerdo a su investigación -afirman fuentes que saben del caso- decidió citar a declarar al alto oficial en calidad de inculpado ya que el general Julio Cerda aparece mencionado en tres procesos pendientes por casos de detenidos desaparecidos.

La localidad de Paine posee el triste record de tener el mayor número de ejecutados y detenidos desaparecidos en proporción a sus habitantes. Luego del golpe militar, allí operaron bandas de civiles, policías y militares, que dejaron una reguera de sangre y dolor, asesinado a campesinos de "asentamientos" nacidos con la Reforma Agraria. En Paine aún conviven víctimas y victimarios, bajo el manto de la impunidad y el olvido. En 1979, la Justicia Militar se encargó de sobreseer los procesos abiertos por los hechos de Paine en virtud de la Ley de Amnistía de 1978, aprobada por el propio general Pinochet para cubrir sus crímenes.

Luego de 29 años, la jueza María Estela Elgarrista se acerca a la verdad.

La Reforma Agraria iniciada en los años 1960 y acentuada bajo el gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular, permitió que muchas familias campesinas fueran beneficiadas con la asignación de tierras que, hasta entonces, pertenecían a un puñado de latifundistas. Así, los campesinos dieron vida a los "asentamientos", pero en Paine, como en el resto del campo chileno, el 11 de septiembre de 1973 volvió todo atrás. Bandas de civiles de extrema derecha, policías y militares cobraron "venganza", asesinando a dirigentes sindicales y campesinos "asentados". Los crímenes, la impunidad y el temor se extendieron por las pequeñas localidades de Paine, Hospital, Huelquén, Culitrín, Chada, Rangue, El Vínculo, Pintué y Laguna de Aculeo. Muchos campesinos y sus familias presenciaron cómo civiles de la zona guiaban a los uniformados por los "asentamientos" entregando nombres y, las más de las veces, participando directamente en la represión y crímenes.Hace dos semanas, y luego de 29 años, la jueza de la Corte de Apelaciones de San Miguel, María Estela Elgarrista, citó a familiares y victimarios a diversos careos. Holanda Vidal, esposa del detenido desaparecido Cristian Cartagena Pérez, señala: "Fui citada con objeto de la querella por el secuestro y asesinato de mi esposo, desaparecido el 18 de septiembre de 1973. Nuestro objetivo es que se procese a los culpables: carabineros de la dotación de la subcomisaría de Paine y civiles, que actuaron en conjunto. Identifiqué a varios de ellos: sargento Retamal, cabo Ortiz, Albornoz y Víctor Sagredo; y a civiles: Darío González Carrasco, hoy comerciante, miembro de Patria y Libertad, y que reconoció que detuvo a mi esposo en la Casa Escuela de Chada donde vivíamos, llevándolo a la subcomisaría, a las seis de la mañana".

Los ex carabineros han negado su participación en los crímenes durante los careos, argumentando que "estaban de guardia". "Eso me produjo un schok con paralización de mis brazos, una crisis de llanto y angustia. Es terrible revivir todo lo que pasó, verlos tan cerca, su cinismo, su osadía de negar la verdad. Verlos tan soberbios, sin aceptar que lo que hicieron fue atroz. Son los primeros careos, luego de 29 años de denuncias, búsquedas y golpear puertas. Este paso se pudo dar por todo nuestro esfuerzo y trabajo como Agrupación. No hemos transado el juicio y castigo a los culpables, y que paguen con cárcel sus crímenes". Después de los careos debieran venir los procesamientos. La jueza tiene una larga lista de civiles, carabineros y militares del Regimiento de Infantería de San Bernardo. "Uno de los asesinos es el teniente Magaña Baum, y entre los carabineros, el sargento Verdugo, un torturador que ahora se presenta como un anciano que no ha hecho nada", agrega Holanda Vidal.

"Todos los vieron"

Juan Maureira es hijo de René Maureira Gajardo, detenido desaparecido el 16 de octubre de 1973 junto a otros 22 campesinos de los asentamientos Campo Lindo, 24 de abril y Nuevo Sendero. Presidente de la AFDD de Paine, recuerda que en la represión y asesinatos también participaron militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo: "La jueza investiga cerca de 40 querellas presentadas ante el juez Guzmán. En Paine hay más de 70 víctimas, de las cuales aún están desaparecidos unas 40. Son los casos recopilados en el informe Rettig, pero otros nunca fueron denunciados. Presumimos que son alrededor de 100 los asesinados en Paine, la mayoría campesinos de asentamientos. La ministra en algún momento va a tener que procesar a los carabineros, civiles y militares implicados. Es lo que esperamos y lo que hemos pedido, que se haga verdadera justicia y podamos encontrar a nuestros familiares… Sabemos que el teniente Magaña tiene antecedentes de qué pasó con mi padre y otros 22 campesinos, entre otros casos. Él mató a nuestro familiares… Los carabineros han negado su participación, pero son los mismos que todavía viven en el pueblo. ¿Cómo lo van a negar si todos los vieron? Lo mismo ocurre con los civiles que actuaron. Paine es un pueblo chico".

Según los familiares jueza ha actuado con rigurosidad, cautela e inteligencia. Confían en los testimonios y declaraciones que ha logrado recopilar. Para ellos, todo apunta a que se procesará a algunos implicados. "A muchos, incluso, se les vio entrando a las casas. Hay un sinnúmero de antecedentes recopilados desde ese tiempo". Hasta el momento, están conformes con la investigación y las diligencias realizadas por la jueza. Para ellos, es la primera investigación luego de 29 años sin conseguir justicia. Hasta el minuto se ha citado a civiles y carabineros, y se han desarrollado algunos careos: "Lo que nos da un poco de satisfacción porque nunca antes se había logrado hacer. Por el momento no hay procesados, pero la ministra sigue trabajando. Y así lo hemos podido corroborar", dice Juan Maureira. Mientras, la mayoría de los civiles y carabineros que asesinaron a los campesinos de Paine continúan viviendo en la pequeña localidad rural, en completa impunidad. "Hasta donde hemos podido ver, por primera vez se da una investigación como debe ser. Los criminales van a tener entregar información de lo ocurrido. Son los mismos carabineros, civiles y militares los que aparecen mencionados en la mayoría de los casos", concluye.

Asesinos de Paine

Carabineros

Nelson Bravo Espinoza, capitán; Raúl Ortiz Maluenda, sargento 2º; Carlos Aburto Jaramillo, cabo 1º; José Retamal Burgos, cabo 1º; Víctor Sagredo Aravena, cabo 1º; Reyes, sargento; Luis Jara, teniente de Pintué; y los carabineros Samuel Ahumada Cabello; Raúl Donoso Figueroa; Alamiro Garrido Ubal; Jorge González Quezada; Víctor Labarca Díaz; Eduardo Molina Armijo; José Piñaleo Pérez y Jorge Verdugo, entre otros.

Civiles

Hugo Aguilera, Fernando Aguilera, Francisco Luzoro, Jorge Sepúlveda, Tito Carrasco, Claudio Oregón, Darío González Carrasco, Luis Guerrero, Mario Tagle, Ricardo Tagle, Yule Tagle, Jorge Aguirre.

Militares – Escuela de Infantería de San Bernardo

Leonel Köening Alternatt, Director; Samuel Rojas Pérez, teniente coronel; Mario Morales Durán, conscripto; Andrés Magaña Baum, teniente; Pedro Montalvo Calvo, coronel; Iván de la Fuente Sáez, mayor; Hernán Pizarro Collarte, mayor; Ciro Ahumada Miranda, mayor; Juan Carlos Nielsen Stambuck, capitán; Sergio Rodríguez Rautcher, capitán; Luis Cortés Villa, capitán; Víctor Pinto Pérez, capitán; Marcial Cobos Farías, capitán; Jorge Romero Campos, capitán; Luis Villarroel Contreras, capitán; Héctor Maturana Zúñiga, capitán; Luis Garfias Cabrera, capitán; Eduardo Silva Bravo, capitán; Sergio Valdivia M., capitán; y Julio Cerda Carrasco, capitán, entre otros.

El ministro Haroldo Brito dictó además una orden de aprehensión para los procesados, quienes una vez notificados quedarán en prisión preventiva. Cinco ex miembros de la Central Nacional de Informaciones (CNI) fueron procesados hoy por el ministro en visita subrogante Haroldo Brito, por su responsabilidad en los secuestros calificados de cinco ex integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), que tuvieron lugar en septiembre de 1987. Tras efectuar diversas diligencias e interrogatorios, el magistrado encausó como coautores de los secuestros al comandante (r) del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) Julio Cerda Carrasco y al oficial del mismo organismo Fernando Rafael Rojas, quienes colaboraron con la CNI. Como encubridores del mismo ilícito fueron encargados reos los oficiales del comando de aviación del Ejército Aquiles Navarrete y Izar Notegui, Víctor Campos Valladares y Hugo Barría Rogers. Las víctimas corresponden a los ex FPMR Alejandro Pinochet Arenas, Julián Peña Maltés, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola, quienes según la resolución fueron detenidos entre el 9 y 10 de septiembre de 1987 y trasladados hasta el cuartel Borgoño de la CNI. Según el texto legal, miembros del mismo organismo retiraron desde allí cinco cadáveres que luego fueron subidos a un helicóptero desde el cual fueron lanzados al mar.  En su fallo el ministro Brito establece que el comandante Julio Cerda estuvo involucrado en el esclarecimiento del secuestro del coronel de Ejército Carlos Carreño el 1 de septiembre de 1987, hecho que motivó a los funcionarios de la CNI a secuestrar a los miembros del FPMR para canjearlos por dicho oficial. Además del procesamiento, Brito dictó orden de aprehensión para los procesados, quienes una vez notificados quedarán en prisión preventiva.

Ministro Mario Carroza encausó a siete ex agentes de la CNI por la desaparición de cinco frentistas, secuestrados en represalia al rapto del coronel Carlos Carreño. El ministro en visita Mario Carroza sometió a proceso a siete ex agentes de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), por los secuestros calificados de cinco jóvenes militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en septiembre de 1987. El magistrado encausó por distintos grados de participación en los secuestros de José Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola, ocurridos a partir del 1 de septiembre de 1987. La resolución afecta a Juan Carlos Orellana Morales, Hernán Antonio Vásquez Villegas, Raúl del Carmen Durán Martínez, José Guillermo Salas Fuentes, Marco Antonio Pincheira Ubilla y Jorge Raimundo Ahumada Molina. En la nómina también figura Iván Quiroz Ruiz, quien permanecía prófugo por el caso Operación Albania y que fue detenido la noche del miércoles. Según el fallo, los primeros seis ex agentes enfrentan cargos como autores del secuestro calificado de Peña Maltés, mientras que Quiroz enfrenta fue encausado por el mismo caso, además de Pinochet Arenas, Sepúlveda Sánchez, Fuenzalida Navarrete y Muñoz Otarola. La investigación da por probado que los cinco frentistas fueron secuestrados en represalia por el secuestro del coronel Carlos Carreño Barrera, entonces funcionario de la Fábricas y Maestranzas del Ejército (Famae), perpetrado el 1 de septiembre de 1987. De acuerdo a las pesquisas, los cuerpos de las cinco víctimas fueron arrojados al mar, para lo cual se utilizaron helicópteros del Ejército.

Otros procesados

Antes de dejar el caso y ascender a la Suprema, en mayo de 2007, el juez Haroldo Brito había encausado al general (R) Julio Cerda Carrasco, ex titular del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), y el oficial retirado Fernando Rafael Rojas Tapia, también integrante de la mencionada instancia castrense. Como encubridores de las desapariciones, en tanto, procesó a Aquiles Navarrete Izarnotegui, Víctor Campos Valladares y Hugo Barría Rogers. Y en septiembre de 2006, Brito encausó a doce ex agente de la CNI, entre los que se encuentran el general (R) Hugo Salas Wenzel, y sus subalternos el brigadier (R) Álvaro Corbalán Castilla y Krantz Bauer Donoso, como coautores del secuestro de Sepúlveda Sánchez, Fuenzalida Navarrete y Muñoz Otárola. En aquella ocasión, el juez también procesó como coautores de los secuestros de Peña Maltés, Sepúlveda Sánchez, Fuenzalida Navarrete y Muñoz Otárola a los ex agentes Manuel Ángel Morales Acevedo, César Acuña Luengo y René Valdovinos Morales. A ellos se sumaron los ex miembros de la CNI Víctor Ruiz Godoy, Manuel Ramírez Montoya, Luis Sanhueza Ross, Luis Santibáñez Aguilera fueron encausados como coautores de los secuestros de Pinochet Arenas, Sepúlveda Sánchez, Fuenzalida Navarrete, y Muñoz Otárola.

2016 marcó un hito para Codelco. No fue uno de esos que sacan aplausos. Por primera vez en su historia, y producto de la baja sostenida del precio del cobre, la principal empresa estatal tuvo que endeudarse para cumplir con sus compromisos financieros. Uno de ellos es la entrega de US$707 millones  a las FF.AA. –monto registrado a septiembre de 2016– en virtud de la Ley del Cobre (que ya no es reservada).

El hito no hizo más que graficar hasta qué punto la Ley del Cobre se ha transformado en una camisa de fuerza para Codelco. Al obligar a la cuprera a entregar el 10% de sus ventas a las FF.AA., se despoja al Estado de un caudal importante para políticas públicas. Basta mirar las cifras para cuantificar el desvío legal de recursos que se impuso bajo dictadura (al cambiar el 10% de las utilidades por el 10% de las ventas de cobre): en 2015, unos US$858 millones fueron a parar a las Fuerzas Armadas (ver nota de El Mercurio).

A la mascada que le sacan las FF.AA. al Estado por la Ley del Cobre, se suma la otra fuga de capitales que le significa al Fisco el que los uniformados haya sido el único sector que mantuviera el privilegio del antiguo sistema de pensiones, cuando en 1980 entraron en vigencia las AFP.

Según información entregada por Cristián Rojas, vicepresidente ejecutivo de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), a la comisión de la Cámara de Diputados que investiga irregularidades en las jubilaciones de las FF.AA. y de Orden, en 2015 Capredena repartió $911 mil millones en pensiones. El 94% de esa cifra es aporte fiscal y solo el 6% restante corresponde a las cotizaciones de los uniformados. Entre 2011-2015, el Estado ha desembolsado en total cerca de $3,8 billones (millones de millones de pesos) para solventar el fondo de retiro de Capredena. La cifra equivale a 119 teletones (según recaudación 2016) o al costo de construcción de 42 hospitales con equipamiento de última generación, como el que se inauguró en Rancagua en abril de 2016 ($90 mil millones).

Con los dineros de todos los chilenos se financia un sistema que atiende a casi 107 mil ex funcionarios  de las Fuerzas Armadas (y sus familias a través de pensiones y montepíos). Todos ellos gozan de privilegios que desnudan las carencias del sistema de capitalización individual que rige para el resto de la población, donde a noviembre de este año la pensión promedio por vejez no supera los $192 mil, según la Superintendencia de Pensiones (ver aquí).

CIPER tuvo acceso a la nómina de ex oficiales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea (FACH) que pasaron a retiro en el periodo 2006-2016 y que reciben pensiones de Capredena. Son 3.090 casos que representan el 13% –el estamento más alto– de los beneficiarios de este sistema.

El promedio de pensiones de los oficiales de las FF.AA. roza los $2,3 millones.  En la lista de oficiales pensionados de Capredena destacan 17 ex miembros de las Fuerzas Armadas con pensiones por sobre los $4 millones. La más alta corresponde a la del ex general de brigada de la FACH Patricio Franjola Buigley, quien pasó a retiro en julio de 2012 con una pensión de $5,9 millones. Debido a que por norma las pensiones de Capredena se reajustan en un 100% de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que hoy recibe Franjola a cuatro años y medio de su retiro son $6,8 millones.

El monto de las pensiones de los oficiales de las Fuerzas Armadas, en contraste con las del mundo civil, no es lo único que salta a la vista de la nómina de más de tres mil ex oficiales revisada por CIPER. Los ingentes recursos que el Estado inyecta para sostener ese sistema previsional –un 0,9% del PIB nacional en 2012, según la Comisión Bravo– también son destinados a cubrir millonarias pensiones para ex uniformados condenados o que están siendo procesados por violaciones a los derechos humanos y por fraudes de distinto tipo. El promedio de pensiones que recibe mensualmente este grupo de 38 uniformados en retiro asciende a $2,7 millones.

En los más de tres mil casos revisados aparecen, por ejemplo, altos oficiales condenados por homicidio y secuestro calificado en el Campo de Prisioneros de Pisagua; un teniente coronel sometido a doble proceso por el homicidio calificado de cinco dirigentes del MIR en calles Janequeo y Fuente Ovejuna; un coronel involucrado en la desaparición de 14 campesinos en Paine, otro en el asesinato del cantautor Víctor Jara y un tercero en el brutal ataque contra Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana (“Caso Quemados”).

También figura un médico y coronel–sometido a proceso en 2002– acusado  de vigilar torturas y drogar a prisioneros cuyos paraderos aún se desconocen; secretarios privados de Pinochet condenados por malversación de caudales públicos en el “Caso Riggs”; una decena de uniformados involucrados en actos de corrupción como el “Caso Fragatas”, el “Caso Mirage” o el “Milicogate”; y hasta un capitán que se convirtió en uno de los mayores capos del narcotráfico en Chile.

Según los cálculos de CIPER, el monto anual de las pensiones que paga Capredena a estos 38 uniformados involucrados en ilícitos y que pasaron a retiro entre 2006 y 2016, asciende a más de $1.200 millones.

En la nómina de estos pensionados, CIPER identificó, además, a más de 20 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y de la Central Nacional de Informaciones (CNI), organismos represores del régimen de Augusto Pinochet. Sus pensiones alcanzan en promedio $2,5 millones. Lo grave es que algunos continúan ligados a las Fuerzas Armadas, principalmente en labores de educación en distintas unidades del Ejército.

La indagación de CIPER detectó al menos media docena de ex agentes de la CNI y la DINA que figuran recontratados en la Academia de Guerra y también en la Escuela Militar como Personal a Contrata (PAC) o Profesores Civiles (PC). Eso significa que todos ellos reciben importantes remuneraciones además de sus pensiones.

Un documento interno del Ejército obtenido por CIPER da cuenta que un militar retirado con rango de general puede recibir $2,5 millones si es recontratado para cumplir labores como PAC en la institución. Un monto que se suma al de su jubilación, que para los generales en retiro se empina en promedio por sobre los $3,2 millones.

PENSIONES Y DERECHOS HUMANOS

Entre fines de septiembre de 1973 y junio de 1974 fueron ejecutadas 26 personas en el Campo de Prisioneros de Pisagua (Región de Tarapacá). Entre ellos se encontraba el joven conscripto y militante del PC, Miguel Nash Sáez, quien se opuso a reprimir a la población y fue acribillado por la espalda. Su cuerpo aún no aparece.

En enero de 2009, el coronel (r) del Ejército Roberto Ampuero Alarcón fue procesado como coautor del secuestro y homicidio calificado de Nash y otros prisioneros de Pisagua. Ampuero había pasado a retiro 10 meses antes, en marzo de 2008, con una pensión de $2,6 millones. En agosto de 2016, Ampuero fue condenado a 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo, como autor del delito reiterado de secuestro calificado de Nash, Jesús Cañas Cañas y Juan Jiménez Vidal. También como autor del homicidio calificado de Marcelo Guzmán Fuentes, Juan Calderón Villalón y Luis Alberto Lizardi Lizardi.

A la fecha, la pensión reajustada de Ampuero roza los $3,6 millones. En esos delitos también estuvo involucrado el coronel (r) Gabriel Guerrero Reeve, quien pasó a retiro en enero de 2010 con una pensión de $2,1 millones. Guerrero, también condenado en agosto pasado a 15 años y un día, recibe hoy una pensión de casi $2,6 millones. El 26 de diciembre pasado, la causa en la que están involucrados Ampuero y  Guerrero, se elevó a la Corte de Apelaciones de Santiago para su conocimiento.

En agosto de 2016 fue condenado el coronel (r) del Ejército Pedro Collado Martí, como autor del secuestro calificado de los militantes socialistas Jorge Marín Rossel y Williams Millar Sanhueza, ambos detenidos en septiembre de 1973, en Iquique. Collado, procesado en 2008 y condenado a 10 años y un día, recibe una pensión de $2,6 millones. Actualmente, el tribunal está cerrando el trámite de notificación del fallo a los condenados en esta causa.

El coronel (r) Carlos Durán Low, fue condenado en febrero de 2016 junto a otros cinco ex agentes de la CNI a 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio por el homicidio calificado del profesor y miembro del MIR, Federico Álvarez Santibáñez, en septiembre de 1979, en Santiago. Durán jubiló en marzo de 2007 y hoy recibe una pensión de $2,5 millones. En abril de 2016, el fallo fue apelado y la Corte ordenó nuevas diligencias.

El general (r) y ex miembro del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), Julio Cerda Carrasco, fue condenado a cinco años y un día como cómplice de los secuestros calificados de cinco integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) perpetrados en septiembre de 1987. Cerda, procesado desde mayo de 2007, pasó a retiro en marzo de ese mismo año y hoy goza de una pensión de $3,1 millones.  La sentencia en esta causa –en la que están involucrados  33 ex agentes de la CNI–, fue ratificada por la Corte de Apelaciones en junio de 2015 y hoy se encuentra en el máximo tribunal.

El coronel (r) de Ejército Osvaldo Andrés Magaña Bau, fue sometido a proceso en julio de 2015 por el secuestro calificado de 14 campesinos del Asentamiento Villa el Escorial de Paine, todos ellos ejecutados entre septiembre y octubre de 1973 (Cuesta Chada). En coronel pasó a retiro en febrero de 2007 y hoy tiene una pensión de $2,6 millones. Cifra similar a la de la pensión que recibe el coronel (r) de Ejército Jorge Smith Gumucio, acusado en julio de 2015 de ser uno de los autores del secuestro y homicidio calificado de Víctor Jara y del ex director de Gendarmería, Littré Quiroga.

Fue en el mismo 2015 que la justicia procesó al coronel en servicio activo Julio Castañer González, por su presunta responsabilidad en la muerte del fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri  y por las graves lesiones que sufrió Carmen Gloria Quintana, luego de que fueran quemados vivos en julio de 1986, en Santiago. Castañer fue acusado por un ex conscripto de ser quien encendió los cuerpos de De Negri y Quintana, luego de que fueran rociados con bencina. El coronel pasó a retiro en enero de 2016, con una pensión de $2,8 millones. En octubre de 2016, los abogados de los acusados pidieron el sobreseimiento de la causa, el que fue denegado. Se decretaron, además, nuevas diligencias.

El doctor y coronel (r) de Aviación Alejandro Forero Álvarez ha hecho una brillante carrera como cardiólogo en la Clínica Indisa. Su hoja de vida tiene un punto negro. Está acusado de ser uno de los médicos que prestó servicios al llamado “Comando Conjunto” supervisando torturas y drogando a prisioneros hoy desaparecidos. Forero fue sometido a proceso en 2002 junto a una veintena de integrantes de ese organismo represor, por asociación ilícita y la detención ilegal del militante comunista Víctor Vega Riquelme (enero de 1976). En mayo de 2002, la justicia revocó esos procesamientos, pero no porque fueran inocentes sino porque los delitos estaban prescritos. Forero pasó a retiro en agosto de 2014 y hoy recibe una pensión de $2,5 millones.

En la lista de pensionados de Capredena que obtuvo CIPER, también figura el general (r) de Ejército Víctor Lizárraga Arias, un importante oficial de la BIE. En 2010 fue condenado por integrar la asociación ilícita que participó en el asesinato del coronel y entonces jefe de adquisiciones de la Dirección de Logística del Ejército, Gerardo Huber (1992). El 18 de noviembre pasado, Lizárraga –que hoy recibe una pensión de $3,1 millones– fue condenado a 205 días de presidio efectivo como autor de cinco delitos reiterados de cohecho en el llamado “Caso Fragatas”. A Lizárraga se le acusó de sobornar a un funcionario público coreano para que la empresa de intermediación de armamento que el oficial representaba obtuviera comisiones por ventas de dispositivos bélicos al Ejército. Los ilícitos fueron cometidos entre 2007 y 2008, cuando el general ya estaba siendo procesado por el crimen de Huber.

DEL CASO MIRAGE AL MILICOGATE

El general (r) de la FACH, Florencio Dublé Pizarro, fue procesado a comienzos de 2009 como cómplice de malversación de caudales públicos en el polémico juicio por las coimas en la compra de 25 aviones Mirage. La investigación del ministro Omar Astudillo determinó que en la transacción se habrían destinado US$15 millones al pago de comisiones ilícitas y que Dublé recibió al menos una transferencia bancaria por US$60 mil. Florencio Dublé se acogió a retiro en diciembre de 2006 y hoy percibe una pensión de $3,1 millones. La sentencia de la causa debiera conocerse en los próximos días.

El nombre del coronel (r) de Ejército Clovis Montero Barra saltó a la palestra en marzo de 2015 tras estallar el último de los grandes escándalos al interior del Ejército: el fraude de casi $5.500 millones perpetrado por militares con los fondos de la Ley del Cobre (“Milicogate”).

En febrero de 2016, Montero fue procesado por el ministro Omar Astudillo como autor del delito reiterado de fraude al fisco y falsedad documental. Montero, además, está querellado por el Servicio de Impuestos Internos (SII), por delito tributario. El coronel –pasó a retiro en mayo de 2015 y recibe una pensión de $2,5 millones– está acusado de obtener de un proveedor más de 160 facturas por cerca de $980 millones por servicios o adquisiciones inexistentes.

En esta misma causa está procesado el coronel (r) Jorge Frez Ramírez, quien se desempeñó como jefe del departamento de Finanzas de Tesorería del Ejército. Fue el propio Montero quien declaró que Frez conocía la falsedad de los documentos, acusándolo además de recibir dinero por la tramitación y el pago de las facturas falsas. Frez –quien está preso en el Regimiento de Policía Militar N°1 de Peñalolén– pasó a retiro en febrero de 2015 con una pensión de $2,5 millones.

En la nómina a la que tuvo acceso CIPER aparecen también dos altos oficiales condenados en una de las aristas del “Caso Riggs” (el fallo se encuentra en apelación). Son dos de los oficiales que fueron secretarios privados de Augusto Pinochet: los coroneles (r) Gabriel Vergara Cifuentes y Juan Mac-Lean Vergara, ambos condenados en primera instancia a cuatro años de libertad vigilada por malversación de caudales públicos. Mac-Lean pasó a retiro en abril de 2009 y hoy recibe $2,9 millones de pensión. Vergara, en tanto, lo hizo en julio de 20011 y su pensión asciende a $2,6 millones.

En julio de 2009, el capitán de Fragata (r) Jesús Sáez Luna pasó a retiro y hoy recibe una pensión de $2,1 millones. Tres años más tarde, a Sáez le incautaron 150 kilos de cocaína y pasta base en un domicilio en Valparaíso. La Fiscalía estableció que Sáez era el jefe operativo de la banda: “Es el imputado de mayor categoría que hemos logrado capturar, porque el sujeto era un verdadero capo de la mafia”, señaló el fiscal a cargo de la investigación.

La salida de Sáez de la Armada no fue con honores. Poco antes de su retiro, fue acusado del robo de una cámara hiperbárica.

LA SOMBRA DE LA DICTADURA

En diciembre de 2006, el general de Ejército Ricardo Hargreaves Butrón, fue dado de baja de la institución. A mediados de ese mes, días después de la muerte de Augusto Pinochet, en entrevista con la Prensa Austral de Punta Arenas, Hargreaves (comandante en Jefe de la V División, Región de Magallanes) se refirió al dictador en los siguientes términos: “Yo fui partícipe de la causa de Pinochet y la sigo compartiendo (…) le debemos muchas cosas, no solamente como Ejército, sino como país”.

El comandante en Jefe del Ejército de la época, Óscar Izurieta, le pidió la renuncia. Fue una señal clara de los nuevos tiempos que corrían en la institución castrense, la que se vio reforzada en 2009, cuando Izurieta le puso término a los contratos de honorarios que mantenía un grupo de ex agentes de la DINA y CNI involucrados en juicios de derechos humanos. Se habló entonces de una limpieza al interior de la institución.

Pero la baja de Hargreaves no significó su salida del Ejército. Continuó ligado a la institución como gerente de Asuntos Corporativos de la Fábrica y Maestranzas del Ejército de Chile, FAMAE, y también como profesor de la Escuela Militar. Según la nómina de Capredena, Hargreaves pasó a retiro recién en agosto de 2014 y hoy percibe una pensión de $3,5 millones. A ese monto se agregan sus honorarios por labores académicas. Al menos hasta noviembre del año pasado, el general en retiro era presidente del Centro de Profesores de la Escuela Militar.

AL ABRIGO DE LA ACADEMIA

La Academia de Guerra del Ejército también es refugio para muchos uniformados que, una vez retirados, siguen vinculados a la institución en calidad de Personal a Contrata (PAC) o Profesor Civil (PC). Ello les permite sumar ingresos regulares a sus jubilaciones o incluso, luego de al menos tres años de servicio, reliquidar sus pensiones al alza.

Un documento reservado del Ejército al que tuvo acceso CIPER, indica que un oficial en retiro con grado de coronel o general contratado como PAC, puede ganar entre $1,5 millón y $2,5 millones mensuales. Para los generales de brigada, el sueldo como PAC, al margen de la jubilación que reciben, alcanza $2.526.910. El de un coronel, teniente coronel o mayor, llega a $1.458.112 (ver documento).

Un ex funcionario civil del Ejército que pidió reserva de su identidad, definió a la Academia de Guerra como una “caja pagadora de favores” y como una “red de protección” entre ex uniformados.

–Hay militares retirados contratados como PAC en la Academia de Guerra para labores administrativas y que, además, hacen clases y tienen contrato como profesores civiles (PC) hasta por 12 horas. Es imposible que cumplan con las funciones de los dos contratos. El sistema de control es un libro de firmas que nadie fiscaliza– señaló a CIPER un ex uniformado que conoce el funcionamiento de la Academia de Guerra.

Otro uniformado refirió a CIPER que tanto en la Academia de Guerra como en la Escuela Militar aún imparten clases o ejercen labores administrativas (en calidad de PC y PAC) ex oficiales vinculados a organismos represores de la dictadura, varios de los cuales gozan de suculentas pensiones. La indagación de CIPER detectó en las nóminas oficiales a al menos media docena de ex uniformados en esa situación.

Uno de ellos es el coronel (r) Rodolfo Ortega Prado, quien fue jefe de la CNI en Punta Arenas entre 1985 y 1989 (usaba la chapa de “Rodrigo”). El 29 de febrero de 2004, La Nación Domingo publicó un reportaje titulado “Un CNI en Madrid”. Allí Ortega aparece involucrado en la muerte en 1988 de la joven socialista de 23 años Susana Ovando Coñué, en Punta Arenas. Cuando apareció el reportaje, en el que se dice que al menos 10 ex agentes de la CNI lo identificaron como su jefe en Punta Arenas el mismo año del asesinato de Ovando, Ortega era agregado militar de Chile en la embajada de Madrid. En marzo de 2004, el coronel en retiro compareció ante la justicia como testigo por este caso.

Esta fue la versión que el coronel le entregó a La Nación sobre la muerte de Susana Ovando: “La CNI en Punta Arenas era una mínima oficina encargada de asuntos administrativos, sin capacidad operativa para detener. En el periodo que yo estuve como jefe de la CNI en Punta Arenas, nunca se detuvo a nadie”.

Ortega pasó a retiro en febrero de 2007 y su pensión asciende a casi $2,6 millones. Pero el ex jefe de la CNI en Punta Arenas ha seguido ligado al Ejército recibiendo otros altos honorarios. Es director del magíster en Historia Militar y Pensamiento Estratégico de la Academia de Guerra. CIPER tuvo acceso a la nómina de académicos que impartirán asignaturas en la Academia de Guerra en 2017. En esa planilla Excel aparecen los nombres de los profesores, los módulos y las horas académicas contempladas para cada curso. Allí, el coronel (r) Ortega –que posee un doctorado de la Universidad Complutense de Madrid– figura como profesor en las asignaturas de “Ejecución JGS (Juegos de Guerra)” y “Geoestrategia”, las que se imparten en los módulos “Mando y Asesoría II”, “Mando y Asesoría III” y “Estrategia II”.

Otro ex CNI que también figura en la planilla de profesores de la Academia de Guerra para 2017, es el ex jefe del Estado Mayor del Ejército, general Guillermo Castro Muñoz: como Profesor Civil (PC) en labores de “investigación y publicación”. Castro es, además, presidente del Centro de Graduados de la Academia de Guerra.

El general Castro perteneció a la Central Nacional de Informaciones entre 1979 y 1982. Fue él mismo quien lo reconoció en una declaración judicial de 2003 (como testigo) en el juicio por la masacre de 22 campesinos en Paine (octubre de 1973). En enero de 2008, Castro prestó una segunda declaración en la que admitió que formó parte de una compañía de fusileros en el “Cuartel Dos” de la Escuela de Infantería de San Bernardo, utilizado como centro de detención (Cerro Chena), dotación que participó en los asesinatos de los 22 campesinos. Y afirmó que en ese cuartel nunca vio detenidos y que solo se enteró tiempo después por la prensa que sí los hubo. El general Castro no ha sido procesado por la justicia.

En junio de 2015 pasó a retiro el coronel Carl Marowski Pilowsky, quien aparece en la nómina de miembros de la CNI que el Ejército le envió al hoy ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, cuando investigaba el crimen de Tucapel Jiménez. Son varias las labores que actualmente sigue cumpliendo Marowski en el Ejército y que le permiten abultar su pensión de $2,8 millones.

Fuentes consultadas por CIPER, señalaron que el coronel en retiro estaría contratado como PAC en el Comando de Educación y Doctrina del Ejército (División de Educación). Marowski se desempeña además como académico del Diplomado de Educación Superior Militar de la Academia de Guerra y aparece en la nómina de 2017 como “Profesor Civil” (PC) con labores de “investigación y publicación”.

En septiembre de 2016, Carl Marowski asistió a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Lo hizo en calidad de “secretario general de la Academia de Guerra”.

Otro de los militares en retiro ligados a la Academia de Guerra y que perteneció al grupo escolta de Pinochet que le dio origen a la Brigada Mulchén de la DINA, es el general (r) Eduardo Ludovico Aldunate Hermann. En la planilla de profesores 2017, Aldunate –quien jubiló en julio de 2009 y hoy recibe una pensión de $3 millones– aparece con honorarios por labores de “investigación estratégica”. Aldunate fue también jefe de las tropas de Chile en Haití antes de pasar a retiro.

El coronel (r) José Francisco Enberg Castro también integró la CNI. Jubiló en febrero de 2014 y actualmente recibe una pensión de $2,8 millones. En la planilla de asignaturas que impartirá la Academia de Guerra en 2017, Enberg figura como “Profesor Civil” (PC) en “gestión docente”.

En junio de 2013 se filtró a la prensa una nómina con 1.500 uniformados y civiles ex agentes de la DINA. En esa lista, aparece el nombre del general (r) Enrique Slater Escanilla, quien pasó a retiro en septiembre de 2010.

En una nota publicada en la página web de la Escuela Militar en octubre de 2015, Slater figura como Profesor Civil (lleva más de 10 años haciendo clases en la Escuela Militar) y también como jefe del Departamento Académico de la institución. Slater, cuya pensión es hoy de $3,2 millones, aparece además como asesor (entre marzo y agosto de 2016) de la División de Educación del Ejército. Su labor: “brindar asesoría de axiología para la redacción del reglamento Ethos del Ejército de Chile”.

M.- Que se condena a AQUILES NAVARRETE IZARNOTEGUI, FERNANDO RAFAEL ROJAS TAPIA, JULIO CERDA CARRASCO, MARCO     ANTONIO     BUSTOS     CARRASCO     Y    HUGO   PRADO CONTRERAS, ya individualizados en autos, por su participación en calidad de encubridores de los delitos de Secuestro Calificado de Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola, a cada uno a la pena de TRES AÑOS Y UN  DIA   DE   PRESIDIO   MENOR   EN  SU   GRADO   MAXIMO,  y accesorias de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, y al pago de las costas de esta causa.