Cea Cienfuegos Sergio Lautaro

El uniformado que recientemente, a fines de diciembre, asumió en el cargo de fiscal general del Ejército, coronel de justicia Sergio Cea Cienfuegos, no es un desconocido para los abogados de derechos humanos que representaron en su momento al ex obispo auxiliar de Santiago y Vicario de la Solidaridad, Sergio Valech Aldunate. Este funcionario castrense fue uno de los más directos ayudantes del primer fiscal militar ad-hoc nombrado para perseguir a los integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez durante el régimen militar y ex auditor general -la máxima autoridad en materias judiciales del Ejército-, general (r) Fernando Torres Silva. Pero su participación más recordada durante el gobierno de facto es la de haber sido el segundo y último fiscal ad-hoc encargado de investigar los hechos relacionados con el disuelto grupo insurgente y, dentro de esa tarea, haber continuado con el hostigamiento a la Vicaría de la Solidaridad, en esos años, encabezada por Monseñor Valech. Según indagó El Mostrador.cl, el nombre de Sergio Cea figura en reiteradas ocasiones en los archivos históricos de la mencionada entidad religiosa, en el marco del proceso judicial que instruyó la Segunda Fiscalía Militar por el asalto de una panaderia y posterior enfrentamiento con carabineros protagonizado por integrantes del FPMR.

Acusaciones contra la Vicaría

En el voluminoso expediente relacionado con este caso, consta que el 24 de abril de 1986, tres sujetos asaltaron dicho local comercial y luego se enfrentaron con la policía uniformada, incidente que tuvo como resultado la muerte del carabinero Miguel Vásquez Tobar y Lenin César Miranda Clavijo, un supuesto integrante del FPMR. Durante la investigación de este caso, el fiscal Fernando Torres Silva ofició a diversas instituciones a fin de obtener todos los antecedentes contables, financieros y previsionales relacionados con la Vicaría de la Solidaridad. Asimismo, ordenó confiscar todas las fichas médicas que fueron elaboradas por el policlínico que funcionaba en la entidad, creado en 1982. Dicha decisión se basó en que uno de los integrantes del grupo subversivo –identificado como Hugo Peña Gómez- que quedó herido a bala había recibido asistencia médica en dicho centro asistencial, por lo cual “era imprescindible” para estas indagaciones revisar las cerca de 120 fichas médicas que guardaba la mencionada institución. Sin embargo, monseñor Valech, patrocinado por los abogados Pamela Pereira y Roberto Garretón, emprendió una intensa lucha legal para impedir tal confiscación. En esa medida, los profesionales interpusieron un recurso de queja contra Torres Silva que fue acogido por la Corte Marcial, por cuatro votos contra uno, a principios de diciembre de 1988. El fundamento de dicha resolución fue que el funcionario militar había excedido sus atribuciones al decretar esta medida, la cual atentaba contra un organismo de la Iglesia Católica que no figuraba como parte del proceso criminal que instruía. Después de este fallo, todo el escalafón primario de Justicia fue llamado a retiro, entre lo cuales se incluyó al entonces auditor general del Ejército, Eduardo Avello, y los coroneles Rolando Melo, Alberto Márquez y Joaquín Erlbaum. Este último fue quien procesó al teniente Pedro Fernández Dittus, en el marco del caso de los jóvenes quemados por una patrulla militar en una protesta (Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas Denegri). Pero el ganar esa batalla, no significó vencer en la guerra, dado que a fines de diciembre de 1988, la Corte Suprema revocó esa decisión y facultó a Torres Silva para emprender dichas diligencias. Sin embargo, para ese entonces el mencionado uniformado había sido nombrado en la Auditoría del Ejército, mientras que como su sucesor fue designado Cea Cienfuegos. El abogado Roberto Garretón recordó esa resolución como “una monstruosidad cometida por el máximo tribunal”, ya que privilegió el derecho del Estado de combatir el terrorismo por sobre el derecho particular al secreto profesional, ya que dentro de las profesiones que tienen un compromiso ético de la reserva se encuentran los médicos y los abogados. Según el profesional, esta decisión no tomó en cuenta los 25 siglos de Derecho Romano, que aún sigue vigente.

La nueva ofensiva de Cea

Luego de esa resolución, el fiscal Cea volvió a arremeter contra la Vicaría y en enero de 1989 ordenó a la Brigada Investigadora de Asaltos que allanara las dependencias del organismo e incautara todos los registros guardados en el lugar. No obstante, para esa fecha el mismo Torres Silva ya había considerado que esa diligencia era innecesaria, pues los hechos ya se habían confirmado por otros medios probatorios. Según consigna el nuevo recurso de queja presentado para evitar esa medida, el fiscal Cea decretó la diligencia apenas se hizo cargo del sumario y dispuso el exámen del lugar, lo cual se consideró indigno y excesivo contra un recinto religioso. A esa fecha, en este proceso habían sido procesados el médico Ramiro Olivares Sanhueza y el abogado Gustavo Villalobos Sepúlveda (actual director de la Agencia Nacional de Inteligencia), ambos funcionarios de la Vicaría en esa época. A ellos se les acusaba de haber trasladado al herido a la clínica Chiloé, tras lo cual se le trasladó a un lugar específico para que fuera detenido, ya que el mismo Monseñor Valech dio cuenta de su paradero al ministro del Interior de la época. Aún cumpliéndose todo lo anterior, en febrero de 1989, el fiscal Cea se apersonó en las dependencias del organismo que amparó a los perseguidos por el régimen militar e intentó llevar a cabo la incautación de las fichas médicas. Frente a ello, monseñor Valech dijo tajantemente que esa documentación no se la entregaría porque habían derechos de personas y profesionales involucrados, así como también el deber religioso de respetar el secreto y la confianza depositados en la Vicaría. Por otra parte, el sacerdote le informó que esos antecedentes ya no estaban en el local y que desconocía su paradero. Tras ese incidente, el “fiscalito”, como lo apodaron los abogados de derechos humanos, desistió en su afán de confiscar todos los documentos de la disuelta Vicaría, creada en 1976 por el cardenal Raúl Silva Henríquez.

Cuestionamientos al nombramiento

El abogado Roberto Garretón se manifestó sorprendido por el nombramiento del coronel Cea en el cargo de Fiscal General Militar, que es el segundo puesto de mayor importancia en la justicia castrense –el primero, como ya quedó dicho, es el auditor general del Ejército-. “Lo único que digo es que el señor Cea puede correr la misma suerte que sus antecesores en el cargo, los cuales terminaron enfrentando responsabilidades penales en el marco de procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos”, sostuvo. En tanto, el abogado Juan Pavín consideró que “este es un mal precedente desde el punto de vista que el Ejército deposite confianzas en una persona que emprendió acciones contra la Iglesia Católica”, añadiendo que esto no le hace bien a esta institución. “Cea es parte de los nombres que tienen un pasado relacionado con la represión contra la Vicaría y pareciera que su designación se debe a méritos anteriores”, concluyó.

Funciones

El fiscal general militar tiene a su cargo “velar por la defensa, ante los Tribunales Militares de tiempo de paz del interés social comprometido en los delitos de jurisdicción de aquéllos y, en especial, del interés de las instituciones de la Defensa Nacional”, según lo establece el artículo 70, letra B, del Código de Justicia Militar. “Será designado por el Presidente de la República de entre los Oficiales de Justicia del grado de Coronel o de Capitán de Navío”, estipula dicha normativa.

El ministro en visita Alejandro Madrid sometió a proceso este lunes a tres oficiales retirados del Ejército por el delito de asociación ilícita en torno al asesinato, el 16 de junio de 1976, del diplomático español Carmelo Soria. Aunque se trata de un caso que fue amnistiado, el magistrado dictó los encausamientos considerando que los involucrados se organizaron en 1993 para obstruir a la justicia, entregándole dinero e incluso un vehículo al suboficial mayor en retiro José Ríos San Martín para que cambiara su versión de los hechos. Es así como en su primer testimonio, este último acusó al brigadier del Ejército Jaime Lepe Orellana de orquestar a través de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) un plan para terminar con la vida de Soria, versión que más tarde modificó. Además de Lepe, también fueron procesados por asociación ilícita el oficial (r) René Patricio Quilhot Palma, y como coautores del mismo delito a Leonardo Quilodrán Burgos y Fernán Ruy González Fernández. Asimismo, Lepe y Quilhot, además del coronel (r) y ex fiscal militar Sergio Cea fueron sometidos a proceso como coautores del delito de falsificación de instrumento público, siendo cómplices del mismo los ex actuarios Héctor Zúñiga Cadenasso y Leonardo García Pérez. Finalmente, se indicó que los oficiales, con excepción de Cea, enfrentan también el cargo de presentación de testigos o documentos falsos en juicio criminal. Los procesados quedaron detenidos en el Regimiento de Policía Militar Nº 1 "Santiago" ubicado en la comuna de Peñalolén. En el caso de Eugenio Covarrubias Valenzuela, se mantiene la libertad provisional otorgada en el marco de la investigación del episodio Berríos y Huber con la misma fianza rendida y, en el caso de Zúñiga Cadenasso y García Pérez, se le concedió la libertad bajo fianza previo pago de 200.000 pesos y 100.000 pesos, respectivamente. En tanto, en declaraciones a la radio Bío Bío la hija del diplomático español muerto hace 33 años, Carmen Soria, dijo tras ser notificada de la decisión de Madrid en el Palacio de los Tribunales que este "es un gran momento para que el Gobierno pida la reapertura del juicio". A su juicio eso es posible, ya que pese a que el caso fue amnistiado "hay nuevos antecedentes, que es lo que se está dando, y existiendo nuevos antecedentes yo creo que el Gobierno haciendo caso de las peticiones de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) debe reabrir el caso".

El caso Soria

De acuerdo a la información recogida por el informe Rettig, Carmelo Soria, de profesión economista, funcionario de las Naciones Unidas y militante del Partido Socialista, fue detenido el 15 de julio de 1976 y asesinado al día siguiente por agentes de la DINA. Su automóvil fue arrojado dentro del canal El Carmen, en el sector de La Pirámide, con las llaves en el contacto, sus puertas cerradas, algunos vidrios quebrados, sin la radio ni los asientos del mismo, salvo el del conductor, y una botella de pisco para simular un accidente. En el mismo canal fue arrojado el cadáver del afectado, el cual fue hallado el día 17 de julio a un kilómetro del lugar en que se encontró el vehículo.

Entre ellos, hay ex integrantes de las brigadas Mulchén, Rengo y el grupo Leopardo. También un ex fiscal militar que falsificó documentos para encubrir el crimen de Carmelo Soria, un médico del Ejército que torturó prisioneros y el agente que sacó a Eugenio Berríos de Chile. El fantasma de los crímenes de la DINA y la CNI revive en las planillas de funcionarios a honorarios del Ejército. En la lista, actualizada a 2009 por la misma institución castrense, figuran ex integrantes de las brigadas Mulchén, Rengo y el Grupo Leopardo, algunos actualmente procesados. También un médico torturador expulsado del colegio de la orden en 1987 y un ex fiscal militar acusado de falsear documentación para proteger a los asesinos del diplomático chileno-español Carmelo Soria. Además, aparece el ex agente de la inteligencia del Ejército que sacó clandestinamente de Chile al químico de la DINA, Eugenio Berríos. Uno de ellos es un viejo estandarte de la elite que rodeó a Manuel Contreras en el cuartel general de calle Belgrano 11: el coronel (R) Hugo "Cacho" Acevedo Godoy, ayudante del capo de la DINA. Número cinco en la lista de agentes de la CNI que el Ejército entregó al juez Sergio Muñoz en el marco de la investigación del crimen de Tucapel Jiménez, Acevedo está casado con la "Dama del Pentotal", la enfermera-agente Carlota Bolumburu Taboada, quien mató prisioneros en la Clínica Santa Lucía inyectandoles sobredosis de pentotal. "Yo fui de la Brigada Rengo, una unidad de seguridad en la DINA que estaba al mando del entonces capitán Christoph Willikie Flöl (condenado por el crimen del general Carlos Prats). Después, en 1977, fui parte de la seguridad personal de mi general Augusto Pinochet", le dijo el "Cacho" al juez Alejandro Madrid en el proceso por el crimen del cabo agente Manuel Leyton. Amante de la historia, Acevedo recurrió a la batalla de La Concepción para escoger las chapas de dos militantes del MIR y otra de militancia socialista que se convirtieron en agentes: Marcia Merino Vega, María Uribe Gómez y Luz Arce Sandoval asumieron los nombres de Marta Vergara, Gloria Vilches y Ana María Vergara, mujeres que participaron en ese combate de la Guerra del Pacífico. Acevedo tiene un contrato a honorarios vigente de $751.259 mensuales por "asesoría para administración del predio militar Casas Viejas de Chena". El médico y coronel (R) Guido Díaz Paci es otro de los "beneficiados" por la rama castrense con fondos fiscales. Participó en el paso de la Caravana de la Muerte por La Serena el 16 de octubre de 1973, fecha en que 15 prisioneros fueron ejecutados. Esa tarde, después de la masacre, Díaz acomodó los cuerpos, les quitó los efectos personales de los bolsillos y con su informe médico formó parte del encubrimiento de la matanza, que quedó registrada oficialmente como el cumplimiento de una "sentencia de un tribunal militar", según informó el entonces teniente Juan Emilio Cheyre al diario El Día de La Serena. Díaz Paci pasó más tarde del montaje a la acción y torturó prisioneros en el regimiento Arica de La Serena. Una de sus víctimas allí fue la prisionera Margarita V.C. "Tenía cinco meses de embarazo y aborté por las torturas. Entre mis torturadores reconocí al siquiatra Carlos Andreu Albornoz y al médico del regimiento Arica de La Serena y del Hospital de La Serena, Guido Díaz Paci. Fui violada, me pusieron ratas y arañas en la vagina, y me inyectaban pentotal", dijo la ex prisionera a la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), declaración consignada en el informe Testimonios de la Tortura en Chile, publicado por esta organización en diciembre de 2003. En octubre de 1987, el Colegio Médico expulsó de sus filas a Díaz Paci por su participación, en complicidad con la CNI, en el falseamiento de antecedentes sobre el estado de salud del transportista democratacristiano de La Serena, Mario Fernández López, quien, producto de las torturas, había fallecido en el Hospital de La Serena en octubre de 1984. Díaz Paci tiene un contrato a honorarios vigente de $400.000 mensuales por "atención médica al personal activo, pasivo, y familiares". Hasta ahora, este médico no ha sido procesado por delitos de lesa humanidad.

Jefe de "Leopardo"

El coronel (R) Sergio Castillo González recibe actualmente $1.205.298 mensuales del Ejército por "asesoría al desarrollo del proyecto de estructura de la carrera profesional". Es parte de los ingresos que recauda este integrante del equipo de oficiales instructores que entre noviembre y diciembre de 1973 conformó el primer contingente de agentes de la naciente DINA en Rocas de Santo Domingo. El ex agente Nibaldo Jiménez Castañeda, parte de ese primer contingente, recordó en el proceso por los desaparecidos de la Operación Colombo que en enero de 1974 "llegamos al cuartel de Londres 38 con un grupo de 20 agentes al mando del capitán Sergio Castillo González". Otro ex agente, Fernando Guerra Guajardo, declaró que "en septiembre de 1974 fuimos destinados al cuartel de calle Irán con Los Plátanos (Ñuñoa, conocido como Venda Sexy) y en marzo-abril de 1975 al de José Domingo Cañas (Ñuñoa), al que se trasladaron los grupos Ciervo y Leopardo de la Brigada Purén". Castillo González comandó justamente el grupo Leopardo. "Dentro de la Brigada Purén estuvo el Grupo Leopardo a cargo del entonces capitán Castillo", reconoció el ex agente Guido Jara Brevis. Castillo operó codo a codo con el temido Marcelo Moren Brito, conocido como "El Ronco", en Londres 38. Allí, según relató Nibaldo Jiménez, quien trabajó en Leopardo bajo el mando de Sergio Castillo, "una de nuestras misiones fue trasladar detenidos al regimiento de Tejas Verdes". En esos "traslados" desaparecieron decenas de detenidos. Sus cuerpos fueron lanzados al mar. En diciembre de 2005, ante el juez Juan Fuentes Belmar, el coronel (R) Castillo González admitió su calidad de agente DINA. El ex jefe de Leopardo fue procesado en mayo de 2008 por el juez Víctor Montiglio como uno de los autores de los secuestros y desapariciones de las víctimas de la Operación Colombo (caso de los 119): Jaime Buzio Lorca (PC), Rodolfo Espejo Gómez (PS), y Albano Fioraso Chau (MIR), todos desaparecidos desde el cuartel de Londres 38 en 1974.

El fiscal Cea

Sergio Cea, responsable de la cátedra de Derecho a la Información de la Universidad del Desarrollo, recibe honorarios por $677.222 mensuales del Ejército como "asesor jurídico en el proyecto de reformas a la justicia militar". El profesor Cea presentó un particular currículum en la casa de estudios vinculada al grupo Penta, compuesto por Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. En 1993, la magistrada Violeta Guzmán reinició la investigación por el crimen del diplomático chileno-español Carmelo Soria, cometido por la Brigada Mulchén en 1976. Antes de que la Corte Suprema traspasara el proceso a la justicia militar, el suboficial integrante de esa brigada, Remigio Ríos San Martín, alcanzó a declarar que Soria fue asesinado por ese grupo. Incluso dio los nombres. Sin embargo, una vez que la causa pasó a la Segunda Fiscalía Militar de Santiago, precisamente a cargo del coronel de Justicia y fiscal Sergio Cea Cienfuegos, la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) inició una ofensiva para trabar el proceso. No sólo intentó convencer al suboficial de que se desdijera presionándolo con su familia y regalandole además una camioneta, sino que también instó al fiscal Cea a que falseara algunas declaraciones y falsificara la firma de Ríos y de otros que tomaron parte o supieron del operativo para matar a Soria y habían decidido aportar información. Cea, junto a sus secretarios Héctor Zúñiga Cadenasso y Leonardo García Pérez, fueron parte de la operación de encubrimiento y falsificación de instrumentos públicos iniciada por la DINE, bajo el mando de su jefe, el general Eugenio Covarrubias Valenzuela. El brigadier Jaime Lepe Orellana, uno de los autores del crimen de Soria y por ese entonces secretario del dictador Augusto Pinochet, tuvo activa participación en esa operación. Pese a lo anterior, la Corte Suprema amnistió la causa por el homicidio de Soria en agosto de 1996. Pero el 19 de enero de 2009, el juez Alejandro Madrid -quien instruye el proceso por el asesinato del químico DINA, Eugenio Berríos, y además investiga los nuevos antecedentes del caso Soria- procesó al ahora ex fiscal Cea, junto a Lepe Orellana, como coautores del delito de falsificación de instrumento público. Sus dos secretarios fueron encausados como cómplices de ese ilícito. Sergio Lautaro Cea Cienfuegos sigue con sus clases en una de las llamadas de universidades "cota mil", enclavada en San Carlos de Apoquindo. La misma institución en que imparte conocimientos Joaquín Lavín y sus principales samurái. Un Iturriaga en Mulchén Los hermanos Iturriaga Neumann fueron fieros agentes. Raúl Eduardo -jefe de la Brigada Purén y del departamento exterior de DINA- y Jorge Enrique están condenados por el doble crimen del general Carlos Prats y su esposa. Un tercer miembro del clan, Alfredo Patricio, fue también agente de la Brigada Mulchén. "Los miembros de esa unidad éramos Guillermo Salinas Torres, Pablo Belmar Labbé y Patricio Quilhot Palma", declaró Alfredo Iturriaga Neumann al juez Alejandro Madrid. Aunque desconoció el nombre de Brigada Mulchén y dijo que el grupo recibía el elegante nombre de "Unidad de Seguridad Adelantada del general Pinochet", en su declaración agregó que "esa unidad formaba parte de la DINA". Los nombrados precisamente integraban Mulchén, además de Jaime Lepe. En todo caso, su pertenencia a esta grupo, que operó en coordinación con Michael Townley y Eugenio Berríos, con el gas sarín y otros elementos químicos letales, está acreditada en el proceso por el crimen de Carmelo Soria y en las otras causas que instruye Madrid. Boina negra y comando, símbolo de la elite de los órganos de represión de la dictadura, Alfredo Iturriaga Neumann forma parte de la plantilla vigente de funcionarios a honorarios del Ejército, recibiendo mensualmente un sueldo de $700.000, como "asesor en materias relacionadas con el levantamiento de competencias de la fuerza terrestre". Pablo Rodríguez Márquez -procesado y formalmente acusado por el juez Alejandro Madrid como autor de los delitos de secuestro, asociación ilícita criminal y obstrucción a la justicia en el caso Berríos- también aparece en la planilla de funcionarios a honorarios del Ejército. El 26 de octubre de 1991, el teniente Rodríguez sacó de Chile al químico Eugenio Berríos clandestino a Uruguay, con la identidad falsa de "Manuel Morales Jara". En febrero de 1990, Rodríguez había pasado desde la CNI a la DINE. Allí integró la Unidad de Operaciones Especiales, disfrazada pomposamente como Unidad de Asesoría de Análisis. Esta repartición, con fondos reservados aportados por Pinochet, obstruyó la tarea de los jueces que investigaban los crímenes de la dictadura.La unidad sacó también de Chile a los agentes Carlos Herrera Jiménez y Arturo Sanhueza con destino a Argentina y Uruguay. En Montevideo, Rodríguez fue uno de los principales participantes y articuladores en mantener a Berríos bajo secuestro. Poco antes, el 10 de septiembre de 1991, salió a Argentina en busca de un pasaporte falso. Dos días después, regresó a Santiago "estrenando" el nombre de "Mauricio Gómez", con el que Herrera fue sacado siete días después para sustraerlo del proceso por el crimen de Tucapel Jiménez. Hoy, Pablo Rodríguez Márquez recibe del Ejército un honorario mensual de $700.000, como "asesor de la sección preparación de la fuerza". Consultado telefónicamente el Ejército por LND, no hubo respuesta en el Departamento Comunicacional de la institución. Tampoco se recibió una opinión a la consulta hecha a través del correo electrónico de relaciones públicas.

Familiares: “Vergüenza nacional"

Para la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, que el Ejército esté financiando con fondos “de todos los chilenos” a ex agentes que cometieron crímenes durante la dictadura “es una vergüenza nacional y una afrenta al pueblo chileno, pero la infamia más grande es que nosotros, los familiares de nuestras propias víctimas, estamos con nuestros tributos ayudando a pagar los sueldos de estos criminales que secuestraron, asesinaron e hicieron desaparecer a nuestros padres e hijos”. Agrega que “esto prueba que el Ejército no se ha desvinculado de estos criminales. No podemos seguir soportando tanta complicidad. Gracias a la Ley de Transparencia, se ha conocido esta lista de gente a honorarios, pero quién sabe cuántos más de estos mismos sujetos estarán siendo pagados con fondos públicos, puesto que la lista del personal a contrata del Ejército aparece como reservada, amparada en el Código de Justicia Militar”. Carmen Soria, hija del diplomático chileno-español asesinado por la Brigada Mulchén, sostiene que “esto es una vergüenza que debe ser denunciada internacionalmente. Es sencillamente un doble estándar, porque, mientras nos hablan de respetar los derechos humanos y hacer justicia, el Ejército sigue financiando a estos criminales”. Soria adelanta que demandará al gobierno que obligue al Ejército a poner fin de inmediato a los contratos de estas personas. “Yo también estoy ayudando a pagar sus sueldos, mientras hay miles de exonerados políticos que hoy están en la miseria. Esto lo voy a poner en conocimiento de las autoridades de España para que presenten este hecho al gobierno chileno”, señala. Roberto D’Orival, integrante del Colectivo 119, que agrupa a los familiares de las 119 víctimas de la Operación Colombo, perdió a su hermano Jorge en ese operativo. Al tanto de esta irregularidad, afirma que “esto es algo inmoral que pone en cuestión la democracia chilena, pues se supone que la dictadura llegó a su fin, pero vemos que el Estado de Chile sigue financiando a los violadores de derechos humanos. Como colectivo vamos a exigir explicaciones al Ministerio de Defensa”.

El ministro en visita Alejandro Madrid dictó este miércoles sentencia de primera instancia en el proceso abierto por diversos delitos descubiertos durante la investigación por el homicidio del ciudadano y diplomático español Carmelo Soria Espinoza, y que se tramitó en la década de los noventa. Fue así como el integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago condenó en esta arista al general (r) Eugenio Covarrubias Valenzuela a 3 años de presidio  por su responsabilidad como autor el delito de asociación ilícita. En tanto, el brigadier (r) Jaime Lepe Orellana a cumplir 3 años de presidio como autor del delito de asociación ilícita; 61 días por su responsabilidad en la falsificación de instrumento público; además de 60 días de presidio y multa de 20 UTM por su responsabilidad como autor del delito presentación de testigos falsos en juicio. Asimismo, se condenó al coronel de Justicia (r) Sergio Cea Cienfuegos a 3 años de presidio por su responsabilidad como autor del delito de falsificación de instrumento público y al teniente coronel (r) René Quilhot Palma a 541 días de presidio por su responsabilidad como autor del delito de asociación ilícita. Junto con ello, el suboficial (r) Leonardo Quilodrán Burgos fue condenado a 60 días de presidio por su responsabilidad como autor del delito de asociación ilícita y Leonardo García Pérez a 60 días de cárcel como cómplice del delito de falsificación de instrumento público. Finalmente, el juez Madrid determinó absolver al coronel (r) Fernán González Fernández por falta de participación en los delitos indagados. "Como durante el año 1993 se procedió a reactivar la causa criminal seguida en el Tercer Juzgado del Crimen de esta ciudad en la que se investigaba el homicidio del funcionario internacional señor Carmelo Soria Espinoza (…) en ella consta la declaración del suboficial mayor de Ejército señor Remigio Ríos San Martín, quién confiesa su participación en el referido crimen y menciona como co-partícipes a oficiales del Ejército pertenecientes a la DINA", dice parte del fallo.

El fallo indica que se acredita que un grupo de militares de la DINE sacaron del país con destino a Uruguay a Eugenio Berríos. El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago Alejandro Madrid dictó sentencia de primera instancia en el proceso abierto por diversos delitos descubiertos durante la investigación por el homicidio del ciudadano español Carmelo Soria Espinoza, y que se tramitó en la década de los noventa. El magistrado determinó condenar al general (R) Eugenio Covarrubias Valenzuela a 3 años de presidio por su responsabilidad como autor  el delito de asociación ilícita; al brigadier (R) Jaime Lepe Orellana a 3 años de presidio por su responsabilidad como autor  del delito de asociación ilícita; 61 días por su responsabilidad como autor del delito de falsificación de instrumento público; 60 días de presidio y multa de 20 UTM por su responsabilidad como autor del delito presentación de testigos falsos en juicio. También se condena al coronel de Justicia (R) Sergio Cea Cienfuegos a 3 años de presidio por su responsabilidad como autor  del delito de falsificación de instrumento público; teniente coronel (R) René Quilhot Palma a 541 días de presidio por su responsabilidad como autor  del delito de asociación ilícita; al suboficial (R) Leonardo Quilodrán Burgos a 60 días de presidio por su responsabilidad como autor del delito de asociación ilícita; a Leonardo García Pérez a 60 días de presidio por su responsabilidad como cómplice del delito de falsificación de instrumento público; mientras que el coronel (R) Fernán González Fernández quedó absuelto por falta de participación. La resolución indica que “se desprende de los antecedentes existentes en esta última, donde se acredita que un grupo especial de militares pertenecientes a la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) procedieron a sustraer de la acción de la justicia y a sacar del país con destino a Uruguay al Ex – Químico del la DINA Sr. Eugenio Berrios Sagredo a quién posteriormente se le dio muerte siendo su cadáver encontrado en una playa de Parque del Plata, Departamento de Canelones (…) En esa época el nombrado Berrios estaba siendo requerido por el Ministro de la Excma. Corte Suprema Sr. Adolfo Bañados Cuadra quién conducía el proceso por la muerte del Ex – Canciller Sr. Orlando Letelier del Solar, sin embargo, resulta de esta investigación que el señalado Berríos también habría tenido conocimiento o participado en otros crímenes cometidos por agentes de la DINA, teniendo conocimiento acerca de quienes fueron los autores del homicidio del Sr. Carmelo Soria Espinoza, perpetrado en el cuartel de la DINA ubicado en Lo Curro, donde el trabajaba, y, que también servía de morada al norteamericano Michael Townley Welch, quién prestaba servicios al organismo de seguridad antes nombrado”, concluye el fallo.