Castro Muñoz Patricio Lorenzo

Dos detenidos. Dos testigos amenazados y con protección policial. Álvaro Corbalán y Manuel Contreras, interrogados. Personajes tan diversos como Miguel Piñera, Carolina Arregui y una ex amante del cura Tato se mezclan en una historia turbia que hoy comienza a investigarse bajo la sospecha de que lo que comenzó como una gran estafa era la forma de encubrir el rescate de dineros de la DINA y la CNI . Al ex agente de la CNI, Patricio Lorenzo Castro Muñoz, detenido hace varios meses en la Cárcel de alta Seguridad de Santiago, no le gustó la noticia. Era la tarde del jueves 2 de febrero y el calor seco, sofocante de la capital se multiplica en ese recinto carcelario. El saber que su pareja había sido encarcelada esa misma mañana lo hizo salir de sus casillas. Castro Muñoz, mayor en retiro del Ejército, comenzó a darse cuenta de que el plan que urdió para recuperar dineros de una supuesta herencia millonaria perdida en el extranjero, no sólo fracasó, sino que dejó sin camuflaje una operación encubierta para recuperar dineros que habrían pertenecido a organismos represores de la dictadura: la DINA y la CNI. Después de su salto a la fama por ser uno de los captadores de la financiera ilegal La Cutufa, a finales de los '80, Castro reaparece ahora al ser denunciado y procesado por cometer una millonaria estafa junto a otros dos individuos. La coartada parecía perfecta, ya que para generar confianza reclutó al heredero de una ilustre familia de rancio abolengo, Gerardo Ariztía Irarrázabal, y a un cineasta: Pedro Peña Marquicio, un uruguayo que llegó en 1995 a Chile investigado en su país por una gran estafa, pero sin antecedentes.

UNA HERENCIA INEXISTENTE

Los tres ya fueron procesados el año pasado en el 31º Juzgado del Crimen de Santiago como autores de estafa y, aunque en esto no existen infracciones a la Ley de Bancos, su historia fue bautizada en la prensa como la "Cutufa II". Indicios de una operación encubierta hay muchos, aunque la justicia aún está incrédula. Un tribunal, el 31º, investigó parcialmente los hechos, ya que se remitió exclusivamente a determinar que tal herencia no existía y que alrededor de cincuenta personas habían sido engañadas para entregar el dinero a los tres individuos. Sin embargo, en diciembre del año pasado, una nueva querella irrumpió en el 33º Juzgado del Crimen. Y, pese a que el hecho ya estaba siendo investigado en otro tribunal, la jueza Eleonora Domínguez Dellepiane la acogió a tramitación, y ya lleva más de dos tomos de declaraciones de testigos e inculpados. Según fuentes judiciales y policiales, la jueza está llegando a la convicción de que en esta supuesta estafa se esconde una operación encubierta donde aparecen personas y hechos vinculados a las disueltas DINA, CNI, y no precisamente en violaciones a los derechos humanos, sino que en actividades financieras ilícitas, desconocidas hasta ahora, cuyos alcances todavía hoy son un misterio.

UNA MUJER INQUIETA

Beatriz Ugarte Cardemil tiene 40 años, tres hijos y vive en un tranquilo sector residencial de Vitacura. Es una mujer inquieta, ambiciosa y buena para conversar. Pero por estos días no pasa por sus mejores momentos. Por sus manos pasó la responsabilidad de presentar la querella que abrió una investigación en el 33 º Juzgado del Crimen. Pese a que ya se estaba investigando en otro tribunal (el 31º), la mujer desestimó jugarse allí su opción. "Es un tribunal que no me da garantías", explica. Y su razón no es otra que los vínculos familiares que existirían entre el juez Jaime Balmaceda y la familia de Gerardo Ariztía. Sin ir más lejos, cuando Balmaceda procesó a los tres individuos, Ariztía fue el primero en salir en libertad con una fianza de 50 mil pesos, recuerda Marcelo Jadue, el abogado de Castro. Los otros dos, el propio Castro y Peña, debieron pasar más tiempo presos y pagar un millón de pesos de caución. Muchas personas entregaron dineros, principalmente a Castro y Ariztía. Gente conocida, familiares y prestamistas. Cada uno recibió un cheque como garantía de que el dinero sería devuelto con jugosos intereses, una vez que la suculenta herencia fuera rescatada de bancos en el extranjero.

APARECE EL NEGRO

Miguel Piñera Echenique, el conocido cantante hermano del ex candidato presidencial Sebastián Piñera, fue uno de los conocidos que pasó dinero. Se habla de que comprometió 200 millones de pesos. En medio de la campaña, rechazó ir a declarar ante la jueza Domínguez. Por ello es que actualmente "el Negro" tiene un requerimiento policial por no presentarse cuando fue citado. Pero lo hará durante esta semana. Su abogado, Marcelo Jadue, el mismo que defiende a Patricio Castro, se comprometió con la magistrada para llevarlo sin necesidad de que sea escoltado por Carabineros. Miguel Piñera es un viejo conocido de Castro. En noches de agitada juerga en el Pub "Entre Negros" -negocio que tenía con Miguel Esbir, "Miguelo"- iniciaron su amistad. El 2004, cuando Castro viajó a Argentina para iniciar gestiones para recuperar el supuesto dinero, se encontró en varias ocasiones con el Negro y su esposa, la modelo Belén Hidalgo, Marcelo Jadue y la mencionada Beatriz Ugarte. Ella es testigo de muchos hechos y eso le ha valido ganarse un gran encono de varios de sus amigos. Castro la reclutó hace varios años, cuando Beatriz Ugarte tenía un restorán y el ex CNI se convirtió en cliente habitual. Los negocios no fueron muy bien y, cuando se vio necesitada de trabajo, Castro y Ariztía le propusieron que fuera asistente administrativa de ambos para gestionar el cobro de la famosa herencia, el 2003. Como tal debió registrar a la gente que prestaba dinero y girar muchos cheques, incluso de ella misma, para garantizar futuros pagos. El trabajo no era gratuito, porque a ella le ofrecieron más de un millón de dólares por los servicios prestados.

LAS AMENAZAS

Pero los billetes verdes no llegaron, y lo que sí le llegó a Beatriz Ugarte fueron querellas por giro doloso de cheques y demandas. Ni Castro ni Ariztía cubrieron los documentos comprometidos por la mujer. Actualmente, ella enfrenta cinco querellas y una decena de demandas. Acaba de perder su departamento, que fue rematado. El dinero apenas le alcanza para vivir. Sus hijos (de 19,17,13 y 5 años), de diferentes parejas, viven en casa de sus padres, debido a la inseguridad que le han provocado las amenazas que ha recibido y que actualmente la mantienen con una protección policial especial por parte de Carabineros de la 37 Comisaría. -Yo siempre fui leal con Patricio Castro y Gerardo Ariztía, pero ellos me arruinaron porque cuando comenzaron a vencerse los plazos no respondieron y me dejaron sola con todos los compromisos que eran de ellos y no míos, -dice Beatriz Ugarte. Pero la mujer no sólo presentó la querella buscando que sean sancionados quienes, abusando de su confianza, la hicieron comprometerse económica y legalmente.

UGARTE, APELLIDO SOSPECHOSO

En mayo de 2004, cuando parecía que todo estaba listo para iniciar un periplo por seis países buscando dineros heredados, Beatriz Ugarte viajó a Buenos Aires junto a Patricio Castro. Estuvieron más de dos meses en la capital argentina, periodo en el que la asistente llevaba en su maletín seis poderes legalizados donde Ariztía le otorgaba amplias facultades a Castro para que realizara todo tipo de transacciones. O sea, retirar y enviar dinero. Los poderes fueron legalizados ante las embajadas de Argentina, España, Egipto, Suiza, China y Alemania. Según la planificación e información que le habían entregado a sus acreedores, entre ellos la propia Ugarte, los dineros estaban ocultos en bancos de esos países. Pero el viaje nunca se realizó, y nadie sabe por qué. "Durante los días en que estuvimos allá", recuerda Ugarte, "yo me quedaba en el hotel y Patricio (Castro) salía durante todo el día, pero no me decía lo que hacía". En esos mismos días aparecieron Marcelo Jadue, el abogado de Castro, y Miguel Piñera. Testigo de esos encuentros no sólo fue la mujer, sino además una cantante que animaba veladas en un restorán de Palermo durante esos días: Marcela Corti. Desde Buenos aires, Corti relata: "Recuerdo haber conversado con ambos (Castro y Piñera). Incluso uno de ellos me dijo que tenía interés en instalar un local en Buenos Aires, y me ofrecían la posibilidad de trabajar en eso. Pero nunca se concretó". Por esos días comenzaba en Chile la investigación sobre las millonarias cuentas que Augusto Pinochet mantenía ocultas en bancos extranjeros. Un nombre también comenzó a preocupar a quienes habían urdido este plan: Manuel Ugarte, titular de una cuenta en el Banco de la Nación Argentina.

UNA EXTRAÑA COINCIDENCIA

Según los antecedentes entregados al tribunal por Beatriz Ugarte y otros testigos, Castro tenía como misión ubicar la cuenta de Manuel Ugarte, para verificar si aún existían fondos y si esto tenía vínculos con Augusto Pinochet. Pero la cuenta estaba vacía. En ese momento Gerardo Ariztía se acercó a hablar con el ministro Sergio Muñoz, por ese entonces a cargo de la investigación del caso Riggs. No está muy claro el contenido de esa conversación, pero el magistrado -hoy ministro de la Corte Suprema- no habría incluido el encuentro en el expediente del caso. Según los antecedentes que se han comenzado a reunir, ese mismo año Ariztía en persona viajó a Argentina a buscar unos dineros. Con ello logró apaciguar la inquietud de algunos acreedores y personas interesadas, que estaban presionando para la devolución de sus dineros más las ganancias comprometidas. Lo concreto es que más de 3 mil 500 millones de pesos fueron repartidos. Ariztía indicó que ese dinero tuvo su origen en la venta de un fundo ubicado en el sector de Longotoma (V Región), zona donde la familia Ariztía ha tenido miles de hectáreas durante largos años. Pero Ugarte y otros testigos aseguran que ese dinero fue obtenido en Argentina. Uno de los personajes que habría recibido dinero es Álvaro Corbalán Castilla, el conocido agente represor, quien actualmente cumple cadena perpetua en la cárcel de Punta Peuco por el crimen del carpintero Juan Alegría Mundaca. Pese a que en tribunales lo ha negado, se ha comprobado que Corbalán tuvo estrechos vínculos con Ariztía y Castro.

UN CINEASTA MISTERIOSO

El uruguayo Pedro Peña Marquicio tiene la convicción de que Corbalán era el verdadero cerebro de esta operación, hecho que le increpó personalmente en un careo efectuado en el 33º Juzgado. En su primera declaración, Corbalán negó conocerlo. Sin embargo, ante la jueza y frente a Peña se retractó y lo reconoció. "Tendría que ser muy descarado si no lo hubiera reconocido. Lo fui a visitar en dos oportunidades al Comando de Telecomunicaciones, donde estaba preso, para saber qué iba a pasar con todo esto". Peña Marquicio dice que el objetivo de Corbalán, a través de Castro, era recuperar dineros guardados de los organismos de seguridad de la dictadura de Pinochet, obtenidos al margen del financiamiento que le impuso el fisco durante su existencia legal. La DINA habría realizado acciones para recaudar dineros durante la década de 1970. Posteriormente, cuando esta fue disuelta y el general Manuel Contreras perdió poder, los hilos de esa fortuna fueron seguidos por los jerarcas del la CNI. Los testigos mencionan al fallecido general Humberto Gordon, quien tenía en Corbalán como uno de sus principales lugartenientes. Tras la muerte del ex jefe de la CNI en el 2003, Corbalán habría mantenido toda la información relativa a los dineros. Corbalán y Castro se conocían desde 1984, cuando este último pasó a formar parte de las filas de la Central Nacional de Informaciones. Posteriormente, la buena relación se mantuvo incluso cuando Castro se vio envuelto en la Cutufa, financiera ilegal que funcionó al interior del Ejército.

PAULA, LA AMANTE

Beatriz Ugarte mantuvo una estrecha amistad con Castro. Tanta era la confianza, que cuando el ex agente de la CNI se escabulló de la ex Penitenciaría -donde cumple condena por la Cutufa-, a finales de noviembre del año pasado, se fue directamente desde la cárcel hasta el departamento de la mujer, donde cenaron junto a Paola Bocazz, su pareja, conocida por haber sido amante del cura Tato. Pero eso se terminó. Este jueves, tras careos de alta tensión, la jueza Eleonora Domínguez ordenó la detención de Paula Bocazz, por falso testimonio. La envió al Centro Penitenciario Femenino (ex COF). Antes de ser ingresada, le entregó a Marcelo Jadue una nota que escribió a mano para su pareja, anunciándole que estaría detenida. Castro, al enterarse de que ella estaba presa, montó en cólera y declaró las penas del infierno contra quienes lo estaban acusando. Mientras esto ocurría, la jueza Domínguez derivó todos los antecedentes al Ministerio Público, organismo que tendrá que determinar si la acusa formalmente por haber mentido en el tribunal. Paula Bocazz sostuvo que vivía en la casa de Beatriz Ugarte y que incluso utilizaba su auto. Cosa que, se comprobó, era falsa. También debió reconocer ante la jueza que ella es la conexión que Castro tiene, desde su celda en la Cárcel de Alta Seguridad, con el resto de las personas comprometidas en el caso. Mientras esto ocurre, más de 50 personas fueron denunciadas en el tribunal de haber participado en la operación de Ariztía y Castro para obtener la famosa fortuna, que aún no se comprueba si existe o no.

"ESTO ESTÁ REVENTANDO"

Una lista encontrada en el computador del abogado Marcelo Jadue demostraría que tanto Castro como Ariztía tenían millonarios compromisos con personas que les habían entregado dineros en forma de "mutuos", una especie de letra de cambio. Entre los conocidos de esa lista están la actriz de Canal 13 Carolina Arregui, quien anteriormente ya se había visto envuelta en un lío judicial por dos autos regalados por Castro, su ex pareja, con quien tiene una hija. Los autos resultaron ser robados. 

Importante funa se realizó el sabado 2 de abril pasado al mediodia, en las afueras del edificio ubicado en Vitacura 10171 donde vive el criminal Patricio Lorenzo Castro Muñoz, mayor retirado del Ejército y de deshonroso prontuario de criminal, ladrón y estafador.

Los vecinos del sujeto quedaron claramente alertados que conviven con un criminal, ya que el grito que mas se escucho fue:

«Alerta, alerta / alerta vecino /al lado de tu casa /vive un asesino» coreado por un grupo importante de personas que asistieron a la convocatoria que recordaba a los compañeros que fueron vilmente asesinados el 23 y 24 de agosto de 1984.

El ministro en visita para causas por violaciones a los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana Fuentes, condenó a 6 ex oficiales de ejército y a 11 agentes, todos ex integrantes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) por los homicidios calificados de Luciano Humberto Aedo Arias, Nelson Adrián Herrera Riveros, Mario Octavio Lagos Rodríguez, Mario Ernesto Mujica Barros, Rogelio Humberto Tapia de la Puente, Raúl Jaime Barrientos Matamala, y Juan José Boncompte Andreu, ocurridos el 23 y 24 de agosto de 1984, en las comunas de Talcahuano (actualmente Hualpén), Concepción, Los Ángeles y Valdivia, en el marco de la denominada «Operación Alfa Carbón».

En la causa, conocida como Matanza de Vega Monumental (Rol 11-2009), el magistrado condenó al ex Brigadier de ejército Marcos Spiro Derpich Miranda, alias "Gitano", jefe de la división Regionales de la CNI a la época de los hechos, y al ex teniente coronel de ejército Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla, alias "Faraón", jefe de la división Anti subversiva de la CNI, a penas de 20 años de presidio como coautores de todos los homicidios calificados y a 5 años y un día de presidio como coautores de asociación ilícita.

El ex capitán de ejército, Patricio Lorenzo Castro Muñoz, alias "BJ", deberá purgar una pena de 15 años y un día de presidio por los tres homicidios de Valdivia; y 5 años y un día como coautor de asociación ilícita.

El ex teniente coronel de ejército Jorge Camilo Mandiola Arredondo, a la época de los hechos jefe regional de la CNI Concepción, fue condenado a 15 años y un día años de presidio como coautor de los homicidios calificados en Talcahuano, Concepción y Los Ángeles. Pero fue absuelto del delito de asociación ilícita.

El ex teniente coronel de ejército Luis Alberto Moraga Tresckow, jefe regional de la CNI Valdivia, y autor material de los crímenes perpetrados en Puente Estancilla, fue condenado a cinco años de libertad vigilada (¿¿¿???).

El ex mayor de ejército Oscar Alberto Boehmwald Soto, jefe regional de la CNI Puerto Montt, fue condenado a 10 años de presidio.

En tanto, los agentes Roberto Antonio Farías Santelices, alias "Petete", y Luis Hernán Gálvez Navarro, alias "Vitoco", a la pena de 10 años y un día de presidio, como coautores del homicidio calificado de Luciano Aedo Arias cometido en Hualpén.

Mientras tanto, José Abel Aravena Ruiz, alias "Muñeca", Sergio Agustín Mateluna Pino, alias "Guatón "rdenes", Luis Enrique Andaur Leiva, y Patricio Alfredo Bertón Campos fueron sentenciados a  la pena de 10 años y un día de presidio como coautores del homicidio calificado de Nelson Herrera Riveros cometido en el Km. Uno del Camino a Santa Juana, en el sector Idahue.

El único procesado y acusado que había decretado Aldana por el homicidio calificado de Mario Lagos Rodríguez, cometido en la Vega Monumental, el criminal Manuel Ángel Morales Acevedo, alias "Baretta", fue absuelto por el ministro.

Respecto de Los Ángeles, el fallo señala que Bruno Antonio Soto Aravena, alias "Chico Pato", y José Artemio Zapata Zapata, alias "Huaso", deberán cumplir una  pena de 10 años y un día de presidio como coautores del homicidio calificado de Mario Mujica Barros.

Mientras que por los hechos de Valdivia, Gerardo Meza Acuña, alias "Patitas", y Luis René Torres Méndez, alias "Negro Mario", fueron sentenciados a la pena de 15 años y un día, como coautores de dos homicidios calificados cometidos en Puente Estancilla, camino a Niebla, en las personas de Rogelio Tapia De La Puente y Raúl Barrientos Matamala. Por este mismo hecho, Luis Alberto Moraga Tresckow, fue sentenciado a 5 años de presidio, concediéndole el beneficio de la libertad vigilada.

Por último, Oscar Alberto Boehmwald Soto y Ema Verónica Ceballos Núñez, alias "Flaca Cecilia", fueron sentenciados a una pena de 10 años y un día, como coautores del homicidio calificado de Juan José Boncompte Andreu, cometido en la Población Teniente Merino.

Estas condenas de primera instancia, en su mayoría, se ajustan a la cuantía de los delitos cometidos. Pero no deja de ser paradójico que en el hecho que da origen y nombre a esta causa criminal, como es la Vega Monumental de Concepción, no haya resultado ningún ejecutante condenado, solo son condenados los jerarcas responsables de los delitos pero ningún fusilero. El homicidio de Mario Lagos Rodríguez no tuvo ningún ejecutor condenado, en juicio de Aldana.

"Mi padre bajó del microbús con los brazos en alto. Mi padre fue acribillado inmediatamente por las ráfagas de una subametralladora UCI. La bala que lo mató entró por su axila. Los vecinos gritaron «asesinos». Mi padre descendió del microbús con los brazos en alto.

Esa imagen, el pedacito de esperanza que se juega en esa imagen, es irreparable". La categórica demanda de justicia que la hija de Mario Lagos le efectuaba al ministro Aldana tan solo hace unos días, no tuvo ningún eco en la valoración ética, moral o de justicia del señor Aldana. Peor aún, tampoco la tuvieron los hechos acreditados en el expediente. Ya antes había dejado sin procesar a Hugo José Hechenleitner Hechenleitner, alias "Schumager", jefe del equipo ejecutor, y a Egón Antonio Barra Barra, alias "El Siete Fachas"; además de negarse a procesar a otros varios de los partícipes en los crímenes (por lo menos a 15 impunes dejó Aldana), ahora deja sin culpables directos el crimen cometido en un lugar público, ante decenas de testigos, por cuyo hecho se conoció siempre los crímenes del 23 y 24 de agosto como la Matanza de Vega Monumental.

"Ministro Aldana: en sus manos está la posibilidad de reparar en parte los acuerdos básicos que sustentan la vida en sociedad y han sido permanentemente transgredidos: que así como caminamos a diario por las calles con la confianza de que nadie pasará una luz roja y atropellará a los transeúntes, tampoco nadie nos perseguirá y terminará con nuestras vidas y las de nuestros seres queridos por crear, organizarnos y luchar por un mundo distinto. Que la generación de mis hijos pueda crecer con esa certeza mínima es tarea de usted y de sus colegas. Esperamos que estén a la altura", exigía Tamara Lagos en su demanda pública al ministro.

Tampoco estuvo a la altura el señor Aldana cuando rechaza la demanda de reparación civil de la propia Tamara (hija de Mario Lagos), de la madre de Tamara, de Luciano (hijo de Luciano Aedo), de la madre de Luciano, entre otros vergonzosos rechazos fallados por el ministro. Otra vez la cara infame de la justicia causando un nuevo daño, más dolor, a los familiares de los caídos, particularmente a los hijos de los miristas asesinados.

Otro de las impresentables resoluciones de este fallo, es la libertad vigilada que le brinda a un criminal probado y confeso en los crímenes de Puente Estancilla, en Valdivia. El criminal Moraga Tresckow no solo fue parte de la asociación y concierto previo para la ejecución de los delitos (aunque tampoco Aldana lo quiso procesar por asociación ilícita), sino que fue partícipe de los hechos represivos y criminales cometidos en Valdivia y ejecutor de dos asesinatos alevosos en el desarrollo de esta Operación Alfa Carbón. Sin embargo, recibe una condena simbólica en el fallo de Aldana: cinco años en libertad. ¿Porqué esta generosidad? ¿A qué se debe tanta benevolencia con este criminal? Las respuestas pueden estar en los pasillos de tribunales.

Señalemos que antes, en el curso del proceso, el señor Aldana se negó a procesar por asociación ilícita al mismo Moraga Tresckow, a Boehmwald Soto y Castro Muñoz, ahora en su fallo no condena por este ilícito a Mandiola Arredondo, el jefe de la CNI en Concepción y gestor de la acción concertada de vigilancia, seguimiento y preparación del operativo que culmina en los crimines de agosto, en los que, por lo demás, Mandiola participa activamente.

Precisamente, en la etapa de investigación, el ministro Aldana logró establecer que en 1984, el jefe de la CNI de Concepción, el mayor del Ejército Jorge Mandiola, recibió antecedentes de la rearticulación en la zona del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), logrando detectar a algunos de sus dirigentes. Tras informar al coronel del Ejército, Marcos Derpich Miranda, jefe de Regionales de la CNI y lograr la confirmación del hecho, se informó al director de la CNI, general Humberto Gordon Rubio (actualmente fallecido), quien determinó que el mayor del Ejército Álvaro Corbalán Castilla, a cargo de la División Antisubversiva y la jefatura de Regionales, coordinaran las operaciones para neutralizar a los miembros del MIR que estaban operando entre las regiones del Biobío y de Los Ríos, denominándose «Operación Alfa Carbón».

Producto de lo anterior, Corbalán Castilla ordenó que varios equipos, integrados por personas de las distintas Brigadas de Santiago, compuestas por dos o tres personas y con movilización y financiamiento otorgados por la División Antisubversiva, se trasladaran a Concepción, Los Ángeles y Valdivia, para que, en coordinación con miembros de Regionales de la CNI de dichas ciudades, llevaran a cabo las diligencias que las distintas jefaturas les ordenaran.

Asimismo, ordenó a su subalterno Patricio Lorenzo Castro Muñoz que se constituyera en Valdivia, a cargo de los equipos que trasladó de Santiago, para dirigir y llevar a efecto las operaciones en esa región.

En paralelo, y con el mismo fin, Marcos Derpich Miranda dispuso que el jefe del cuartel de Chillán de la CNI, Héctor Reinoso Muñoz, se integrara a su similar de Concepción; Mandiola y el jefe de Puerto Montt, Oscar Boehmwald, junto a dos agentes de su unidad, se presentaran ante el jefe de Valdivia, Moraga Tresckow, para apoyar las operaciones respectivas.

Ya en Concepción, los equipos y jefes llegados a la ciudad, más los de esta región, en días cercanos al 23 de agosto de 1984 se reunieron en el cuartel de la CNI ubicado en Avenida Pedro de Valdivia, donde coordinaron las acciones a desarrollar, siendo liderados por Álvaro Corbalán, Joaquín Molina (fallecido) y Marcos Derpich. En esa reunión se tomó la decisión de realizar diversos allanamientos y detenciones (sin existir órdenes judiciales ni procesos judiciales) y que el destino de los detenidos dependía del grado de peligrosidad para el régimen militar imperante en el país, asumiendo que algunos de estos podrían resultar muertos. Esta operación, comprendía, actividades tanto en Talcahuano y Concepción como en Los Ángeles y Valdivia.

En la mañana del 23 de agosto de 1984, varios equipos de la CNI detectaron a tres miembros del MIR en la Plazoleta El Ancla, en Talcahuano. Uno de ellos, Luciano Humberto Aedo Arias, abordó un bus de la locomoción colectiva, en dirección al sector Hualpencillo, lugar en que se bajó de móvil y trató de huir a pie, siendo interceptado por miembros de la CNI -alrededor del mediodía- en la esquina de las calles Grecia con Nápoles, lugar en que el agente Luis Hernán Gálvez Navarro, le disparó con un arma de fuego que portaba, cayendo herido al suelo, acercándose el agente de Santiago, Roberto Antonio Farías Santelices, quien lo remató con una ráfaga en la espalda de su fusil AKA 47, falleciendo por una herida transfixiante del tórax con compromiso de corazón y pulmones.

Los otros dos miembros del MIR antes mencionados en Talcahuano, Nelson Adrián Herrera Riveros y Mario Octavio Lagos Rodríguez, subieron a otro taxibús de recorrido a Concepción, los que fueron seguidos por otros equipos operativos de la CNI, que en el trayecto se coordinaron con Carabineros para interceptar el autobús -que iba con pasajeros-frente a la Vega Monumental. Al llegar el vehículo a dicho lugar los miembros de la CNI ordenaron bajar a todas las personas del vehículo de locomoción colectiva, pero como algunos se negaron, entre ellos los perseguidos, lanzaron bombas lacrimógenas. Cuando descendieron, dispararon a Herrera y Lagos causándole heridas.

Lagos Rodríguez intentó huir, por lo que un agente le disparó con el fusil AKA que portaba, ocasionándole una herida transfixiante del tórax con compromiso visceral, que le produjo la muerte. Por su parte, Herrera Riveros fue aprehendido por los agentes de la CNI Sergio Mateluna Pino, José Abel Aravena Ruiz, Luis Andaur Leiva y Patricio Alfredo Bertón Campos, quienes lo introdujeron a uno de sus vehículos y se dirigieron al Hospital Regional de Concepción para la atención de sus heridas. No obstante, durante el trayecto, Derpich Miranda ordenó su ejecución por lo que lo llevaron al kilómetro 0.9 del camino a Santa Juana en donde lo bajaron del vehículo y Andaur le disparó con su revólver en la frente, ocasionándole una herida a bala cráneocerebral, que le produjo la muerte instantánea.

Alrededor de las 17:30 horas de mismo día, una vez que los agentes de la CNI de Concepción José Zapata Zapata y Bruno Soto Aravena que seguían a Mario Mujica Barros, escucharon por la Radio Bío Bío la noticia de los hechos señalados anteriormente y siguiendo las instrucciones de su jefe Jorge Camilo Mandiola Arredondo, se acercaron al domicilio de Mujica Barros en la Población Orompello de Los Ángeles, conminándolo a salir del inmueble, a lo que se negó Mujica, por lo que ingresaron derribando la puerta de entrada, disparándole a la víctima en la cabeza, mientras se encontraba en el suelo, causándole una herida de bala en la cara lateral del cuello, con sección de la tráquea, de grandes vasos, hemorragias y anemia, lo que le provocó la muerte.
Mientras tanto, a eso de las 16 horas del 23 de agosto de 1984, equipos operativos de la CNI llegados desde Santiago, dirigidos por Patricio Castro Muñoz, detuvieron a Rogelio Tapia de la Puente y Jaime Barrientos Matamala cerca del Puente Las Ánimas, en la ciudad de Valdivia. Posteriormente, cruzaron el río Calle Calle en un transbordador y los trasladaron al Puente Estancilla, ubicado en el Camino de Valdivia a Niebla, en el sector de Torobayo, lugar en que previamente se había cortado el tránsito de todo vehículo y personas por Carabineros y en circunstancias que los detenidos se encontraban amarrados de manos y vendada su vista, los agentes procedieron a ejecutarlos, por orden de Castro Muñoz, disparando él, además de los agentes Luis René Torres Méndez y Gerardo Meza Acuña. Asimismo, el jefe regional de la CNI de Valdivia, Luis Moraga Tresckow, quien se había negado a hacerlo, ante la orden reiterada de Castro Muñoz, los remató. Las víctimas recibieron múltiples heridas de proyectil, algunas de las cuales impactaron a Tapia de la Puente y Barrientos Matamala en el cráneo, ocasionándoles heridas cráneo encéfalo faciales. Posteriormente, a los fallecidos se les colocó armas en las manos para simular un enfrentamiento.

Al día siguiente, 24 de agosto de 1984, alrededor de las 15 horas, varios equipos operativos de la CNI, a cargo de Patricio Castro Muñoz, rodearon el domicilio de Juan José Boncompte Andreu, ubicado en la Población Teniente Merino de Valdivia, ingresando a este para detener a Boncompte Andreu, supuesto jefe regional del MIR en esa ciudad, quien trató de huir de sus captores, siendo herido por los disparos de Oscar Boehmwald Soto, cayendo al suelo, lugar en que Ema Verónica Ceballos Núñez le disparó con su arma de fuego en la cabeza, provocando su muerte.

Es de esperar que, en lo que venga de este proceso, las instancias de apelación de las Cortes de Concepción y Suprema "estén a la altura", como reclamaba Tamara Lagos hace unos días.

Con la exposición de cuatro abogados defensores y uno querellante se inició hoy –martes 15 de febrero- la revisión de los recursos de casación y apelación del fallo que condenó a 17 exmiembros de la Central Nacional de Informaciones (CNI) por los homicidios calificados de Luciano Humberto Aedo Arias, Nelson Adrián Herrera Riveros, Mario Octavio Lagos Rodríguez, Mario Mujica Barros, Juan José Boncompte Andreu, Rogelio Tapia de la Puente y Jaime Barrientos Matamala, ocurridos entre el 23 y 24 de agosto de 1984, en las comunas de Talcahuano (actualmente Hualpén), Concepción, Los Ángeles y Valdivia, en el marco de la denominada “Operación Alfa Carbón”.

La Sexta Sala –integrada por los ministros Rodrigo Cerda San Martín y Rafael Andrade Díaz y la ministra Claudia Montero Céspedes- escuchó los alegatos de los defensores Hernán Montero Ramírez, Rodrigo Morales Beuster, Cristopher Vergara Álvarez y Enrique Ibarra, y del querellante Mario Cabrera Jara, los que se extendieron por más de tres horas.

Por la cantidad de intervinientes, la Sexta Sala acordó seguir con la vista de la causa mañana. Iniciará los alegatos la abogada querellante Magdalena Garcés Fuentes. Quedan pendientes, además, otros dos querellantes y cuatro defensores.

En la sentencia recurrida el ministro Carlos Aldana Fuentes, en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de las jurisdicciones de Concepción y Chillán, condenó a Marcos Spiro Derpich Miranda y Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla como a 20 años de presidio como coautores de todos los homicidios calificados y 5 años y un día de presidio como coautores de asociación ilícita, a Patricio Lorenzo Castro Muñoz a 15 años y un día de presidio por los tres homicidios de Valdivia; y 5 años y un día como coautor de asociación ilícita; a Camilo Mandiola Arredondo a 15 años y un día años de presidio como coautor de los homicidios calificados en Talcahuano, Concepción y Los Ángeles; y a los agentes Roberto Antonio Farías Santelices y Luis Hernán Gálvez Navarro, a la pena de 10 años y un día de presidio, como coautores del homicidio calificado de Talcahuano.

Mientras tanto, José Abel Aravena Ruiz, Luis Enrique Andaur Leiva, Sergio Agustín Mateluna Pino y Patricio Alfredo Bertón Campos fueron sentenciados a la pena de 10 años y un día de presidio como coautores del homicidio calificado en Concepción; José Artemio Zapata Zapata y Bruno Antonio Soto Aravena deberán cumplir una pena de 10 años y un día de presidio como coautores del homicidio calificado de Los Ángeles; Oscar Boehmwald Soto y Ema Verónica Ceballos Núñez, fueron castigados con una pena de 10 años y un día, como coautores de un homicidio calificado de Valdivia.

Finalmente, Gerardo Meza Acuña y Luis René Torres Méndez fueron sentenciados a la pena de 15 años y un día, como coautores de dos homicidios calificados en Valdivia. Por este mismo hecho, Luis Alberto Moraga Tresckow, fue sentenciado a 5 años de presidio, concediéndose el beneficio de la libertad vigilada.

En resolución dada a conocer hoy, la Corte de Apelaciones de Concepción, ratificó las condenas que pesan sobre 17 agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) que fueron condenados en sentencia de primera instancia dictada en mayo de 2018 por el ministro Carlos Aldana. Luego de más de cuatro años de dilaciones injustificadas y maniobras entorpecedoras introducidas por los abogados de los criminales se puso término a esta etapa del proceso que permanecía estancado en la maraña de tribunales.

La causa conocida como "Matanza Vega Monumental" (rol N° 11-2009) sustancia la investigación criminal por los homicidios calificados de siete militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) cometidos por agentes de la extinta CNI los días 23 y 24 de agosto de 1984 en una coordinada acción represiva llamada "Operación Alfa Carbón" que se desarrolló en las ciudades de Concepción, Los Ángeles Temuco y Valdivia. La acción represiva culminó con el asesinato de Luciano Humberto Aedo Arias, en la actual comuna de Hualpén, Nelson Adrián Herrera Riveros y Mario Octavio Lagos Rodríguez, en Concepción, Mario Ernesto Mujica Barros, en Los Ángeles, y Rogelio Humberto Tapia de la Puente, Raúl Jaime Barrientos Matamala, y Juan José Boncompte Andreu, en Valdivia.

En el fallo, la Sexta Sala del tribunal de alzada penquista, integrada por los ministros Rodrigo Cerda San Martín, Rafael Andrade Díaz y Claudia Montero Céspedes, rechazó los recursos de casación interpuestos por los abogados de los criminales y confirmó la sentencia que condena a seis ex oficiales de Ejército que operaban como mandos en la CNI. El ex Brigadier de Ejército Marcos Spiro Derpich Miranda, alias "Gitano", jefe de la división Regionales de la CNI a la época de los hechos, y el ex teniente coronel Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla, alias "Faraón", jefe de la división Anti subversiva de la CNI, fueron condenados a penas de 20 años de presidio como coautores de todos los homicidios calificados y a 5 años y un día de presidio como coautores de asociación ilícita.

El ex capitán, Patricio Lorenzo Castro Muñoz, alias "BJ", deberá purgar una pena de 15 años y un día de presidio por los tres homicidios de Valdivia; y 5 años y un día como coautor de asociación ilícita.

El ex teniente coronel Jorge Camilo Mandiola Arredondo, a la época de los hechos jefe regional de la CNI Concepción, fue condenado a 15 años y un día años de presidio como coautor de los homicidios calificados en Talcahuano, Concepción y Los Ángeles. Pero fue absuelto del delito de asociación ilícita.

El ex teniente coronel Luis Alberto Moraga Tresckow, jefe regional de la CNI Valdivia, y autor material de los crímenes perpetrados en Puente Estancilla, fue condenado a cinco años de libertad vigilada.

El ex mayor Oscar Alberto Boehmwald Soto, jefe regional de la CNI Puerto Montt, fue condenado a 10 años de presidio.

En tanto, los agentes Roberto Antonio Farías Santelices, alias "Petete", y Luis Hernán Gálvez Navarro, alias "Vitoco", a la pena de 10 años y un día de presidio, como coautores del homicidio calificado de Luciano Aedo Arias cometido en Hualpén.

Mientras tanto, José Abel Aravena Ruiz, alias "Muñeca", Sergio Agustín Mateluna Pino, alias "Guatón "rdenes", Luis Enrique Andaur Leiva, y Patricio Alfredo Bertón Campos fueron sentenciados a  la pena de 10 años y un día de presidio como coautores del homicidio calificado de Nelson Herrera Riveros cometido en el Km. Uno del Camino a Santa Juana, en el sector Idahue.

El único procesado y acusado que había decretado Aldana por el homicidio calificado de Mario Lagos Rodríguez, cometido en la Vega Monumental, el criminal Manuel Ángel Morales Acevedo, alias "Baretta", fue absuelto por el ministro.

Respecto de Los Ángeles, el fallo señala que Bruno Antonio Soto Aravena, alias "Chico Pato", y José Artemio Zapata Zapata, alias "Huaso", deberán cumplir una  pena de 10 años y un día de presidio como coautores del homicidio calificado de Mario Mujica Barros.

Mientras que por los hechos de Valdivia, Gerardo Meza Acuña, alias "Patitas", y Luis René Torres Méndez, alias "Negro Mario", fueron sentenciados a la pena de 15 años y un día, como coautores de dos homicidios calificados cometidos en Puente Estancilla, camino a Niebla, en las personas de Rogelio Tapia De La Puente y Raúl Barrientos Matamala. Por este mismo hecho, Luis Alberto Moraga Tresckow, fue sentenciado a 5 años de presidio, concediéndole el beneficio de la libertad vigilada.

Por último, Oscar Alberto Boehmwald Soto y Ema Verónica Ceballos Núñez, alias "Flaca Cecilia", fueron sentenciados a una pena de 10 años y un día, como coautores del homicidio calificado de Juan José Boncompte Andreu, cometido en la Población Teniente Merino.

Tres de los criminales implicados fallecieron en el lapso entre el fallo de primera instancia y la resolución de la Corte; en septiembre de 2019 se suicidó el criminal condenado José Zapata, en julio de 2020 falleció el también condenado Gerardo Meza Acuña y en diciembre de 2021 falleció el "Baretta", Manuel Ángel Morales Acevedo que, insólitamente, aunque no había sido condenado por Aldana, su absolución fue apelada por los abogados querellantes.

Señalemos que en el curso del proceso, el ministro Aldana se negó a procesar por asociación ilícita al mismo Moraga Tresckow y a Boehmwald Soto, y en su fallo de primera instancia no condena por este ilícito a Mandiola Arredondo, el jefe de la CNI en Concepción y gestor de la acción concertada de vigilancia, seguimiento y preparación del operativo que culmina en los crimines de agosto, en los que, por lo demás, Mandiola participa activamente. Así mismo, el ministro Aldana se negó a procesar a otra decena de agentes implicados, decisión que fue refrendada por la Corte penquista en su momento.

Acto de homenaje a los militantes asesinados. Concepción. Fotografía de Natalia Figueroa.

Alfa Carbón

Precisamente, en la etapa de investigación, el ministro Aldana logró establecer que en 1984, el jefe de la CNI de Concepción, el mayor del Ejército Jorge Mandiola, recibió antecedentes de la rearticulación en la zona del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), logrando detectar a algunos de sus dirigentes. Tras informar al coronel del Ejército, Marcos Derpich Miranda, jefe de Regionales de la CNI y lograr la confirmación del hecho, se informó al director de la CNI, general Humberto Gordon Rubio (actualmente fallecido), quien determinó que el mayor del Ejército Álvaro Corbalán Castilla, a cargo de la División Antisubversiva y la jefatura de Regionales, coordinaran las operaciones para neutralizar a los miembros del MIR que estaban operando entre las regiones del Biobío y de Los Ríos, denominando estas acciones como «Operación Alfa Carbón».

Producto de lo anterior, Corbalán Castilla ordenó que varios equipos, integrados por agentes de las distintas Brigadas del Cuartel Borgoño, de Santiago, compuestas por dos o tres personas y con movilización y financiamiento otorgados por la División Antisubversiva, se trasladaran a Concepción, Los Ángeles Temuco y Valdivia, para que, en coordinación con miembros de Regionales de la CNI de dichas ciudades, llevaran a cabo las diligencias que las distintas jefaturas les ordenaran.

Asimismo, ordenó a su subalterno Patricio Lorenzo Castro Muñoz que se constituyera en Valdivia, a cargo de los equipos que trasladó de Santiago, para dirigir y llevar a efecto las operaciones en esa región.

En paralelo, y con el mismo fin, Marcos Derpich Miranda dispuso que el jefe del cuartel de Chillán de la CNI, Héctor Reinoso Muñoz, se integrara a su similar de Concepción; Mandiola y el jefe de Puerto Montt, Oscar Boehmwald, junto a dos agentes de su unidad, se presentaran ante el jefe de Valdivia, Moraga Tresckow, para apoyar las operaciones respectivas.

Ya en Concepción, los equipos y jefes llegados a la ciudad, más los de esta región, en días cercanos al 23 de agosto de 1984 se reunieron en el cuartel de la CNI ubicado en Avenida Pedro de Valdivia, donde coordinaron las acciones a desarrollar, siendo liderados por Álvaro Corbalán, Joaquín Molina (fallecido) y Marcos Derpich. En esa reunión se tomó la decisión de realizar diversos allanamientos y detenciones (sin existir órdenes judiciales ni procesos judiciales) y que el destino de los detenidos dependía del grado de peligrosidad para el régimen militar imperante en el país, asumiendo que algunos de estos podrían resultar muertos. Esta operación, comprendía acciones represivas tanto en Talcahuano y Concepción como en Los Ángeles, Temuco, Valdivia y otras localidades de la zona sur.

Los hechos

En la mañana del 23 de agosto de 1984, varios equipos de la CNI montaron acciones de seguimiento sobre tres miembros del MIR en la Plazoleta El Ancla, en Talcahuano. Uno de ellos, Luciano Humberto Aedo Arias, abordó un bus de la locomoción colectiva, en dirección al sector Hualpencillo, lugar en que se bajó de móvil y trató de huir a pie, siendo interceptado por miembros de la CNI -alrededor del mediodía- en la esquina de las calles Grecia con Nápoles, lugar en que el agente Luis Hernán Gálvez Navarro, le disparó con un arma de fuego que portaba, cayendo herido al suelo, acercándose el agente Roberto Antonio Farías Santelices, quien lo remató con una ráfaga en la espalda de su fusil AKA 47.

Los otros dos miembros del MIR detectados y vigilados antes en Talcahuano, Nelson Adrián Herrera Riveros y Mario Octavio Lagos Rodríguez, subieron a otro microbús de recorrido a Concepción, los que fueron seguidos por otros equipos operativos de la CNI, que en el trayecto se coordinaron con Carabineros para interceptar el autobús -que iba con pasajeros- frente a la Vega Monumental. Al llegar el vehículo a dicho lugar los miembros de la CNI interceptaron el microbús y ordenaron bajar a todas las personas del vehículo de locomoción colectiva, pero como algunos se negaron, entre ellos los perseguidos, lanzaron bombas lacrimógenas.

Cuando descendieron, dispararon a Herrera y Lagos causándole heridas. Lagos Rodríguez intentó huir, por lo que un agente le disparó con el fusil AKA que portaba provocándole la muerte en el mismo lugar.

Por su parte, Herrera Riveros fue aprehendido por los agentes de la CNI Sergio Mateluna Pino, José Abel Aravena Ruiz, Luis Andaur Leiva y Patricio Alfredo Bertón Campos, quienes lo introdujeron a uno de sus vehículos y se dirigieron al Hospital Regional de Concepción para la atención de sus heridas. No obstante, durante el trayecto, Derpich Miranda ordenó su ejecución por lo que lo llevaron al kilómetro 0.9 del camino a Santa Juana en donde lo bajaron del vehículo y Aravena Ruiz le ordena a Andaur Leiva ejecutar el crimen; éste le disparó con su revólver en la frente, ocasionándole una herida a bala cráneocerebral, que le produjo la muerte instantánea.

Alrededor de las 17:30 horas de mismo día, una vez que los agentes de la CNI de Concepción José Zapata Zapata y Bruno Soto Aravena que seguían a Mario Mujica Barros, junto a varios equipos que lideraba el fallecido Karl Johans Bauer, siguiendo las instrucciones de su jefe Jorge Camilo Mandiola Arredondo, se acercaron al domicilio de Mujica Barros en la Población Orompello de Los Ángeles. Ingresaron por sorpresa y violentamente al inmueble disparándole a la víctima en la cabeza, mientras se encontraba en el suelo, causándole la muerte.

Mientras tanto, a eso de las 16 horas del 23 de agosto de 1984, equipos operativos de la CNI llegados desde Santiago, dirigidos por Patricio Castro Muñoz, detuvieron a Rogelio Tapia de la Puente y Jaime Barrientos Matamala cerca del Puente Las Ánimas, en la ciudad de Valdivia. Posteriormente, cruzaron el río Calle Calle en un transbordador y los trasladaron al Puente Estancilla, ubicado en el Camino de Valdivia a Niebla, en el sector de Torobayo, lugar en que previamente se había cortado el tránsito de todo vehículo y personas por Carabineros y en circunstancias que los detenidos se encontraban amarrados de manos y vendada su vista, los agentes procedieron a ejecutarlos, por orden de Castro Muñoz, disparando él, además de los agentes Luis René Torres Méndez y Gerardo Meza Muñoz y otros no identificados en el proceso. Asimismo, el jefe regional de la CNI de Valdivia, Luis Moraga Tresckow, quien se habría negado a disparar, ante la orden reiterada de Castro Muñoz, los remató. Las víctimas recibieron múltiples heridas de proyectil, algunas de las cuales impactaron a Tapia de la Puente y Barrientos Matamala en el cráneo y tórax. Posteriormente, a los fallecidos se les colocó armas en las manos para simular un enfrentamiento.

Al día siguiente, 24 de agosto de 1984, alrededor de las 15 horas, varios equipos operativos de la CNI, a cargo de Patricio Castro Muñoz, rodearon el domicilio de Juan José Boncompte Andreu, ubicado en la Población Teniente Merino de Valdivia, ingresando a este para detener a Boncompte Andreu, quien trató de huir de sus captores, siendo herido por los disparos de Oscar Boehmwald Soto, cayendo al suelo, lugar en que Ema Verónica Ceballos Núñez le disparó con su arma de fuego en la cabeza, provocando su muerte.

por Darío Núñez

“La Cutufa” inició sus operaciones a mediados de los ‘80 y fue uno de los primeros escándalos financieros que implicaron a agentes de la dictadura. Patricio Castro, un ex miembro de la CNI, fue la cara visible y responsable del funcionamiento de la financiera ilegal que defraudó a militares y civiles, en un millonario negocio que prometía dividendos irracionales para la época. Una serie de hechos transformó a este en un caso maldito: el asesinato de un empresario que nunca se aclaró, el extraño suicidio de la jueza que lo investigó, y la huella del ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán Castilla. Testigos, investigadores y Castro, su protagonista, recuerdan hoy cómo un delito financiero tan antiguo como el cuento del tío permitió conocer la cocinería de la policía política de Pinochet. El hecho inspira el capítulo 8 de Los Archivos del Cardenal.

El capitán (R) de Ejército Patricio Castro Muñoz no ha perdido su gusto por el lujo. El ex agente de la CNI, que se hizo conocido como uno de los cerebros de la financiera ilegal “La Cutufa”, se pasea hoy en un moderno automóvil deportivo casi tan lujoso como el Porsche rojo que le regaló a su ex pareja, la actriz Carolina Arregui, cuando ella fue jurado en el Festival de Viña del Mar en los ‘90.

Castro es un asiduo visitante de los exclusivos restaurantes Kilometro0 y Coquinaria, ubicados en Isidora Goyenechea, una de las calles más caras de Santiago. Sigue vistiendo ropa de marca, tal como en dictadura, cuando lucía su reloj Rolex President en los bares Oliver y Confetti, donde los miembros de la CNI celebraban el éxito de sus operativos.

Pero, en ese entonces, su sueldo como militar no le alcanzaba para costear la vida a la que siempre había aspirado. Aunque su esposa de esos años gozaba de una excelente situación económica, los amigos de Castro recuerdan que tenía una tendencia al “arribismo” y que gastaba más de lo que su billetera le permitía.

Mientras fue agente de la CNI, por ejemplo, se presentaba como “Felipe Errázuriz”, haciéndose pasar por empresario. No era una chapa como la que usaban los miembros del organismo de inteligencia para cometer delitos y no dejar huellas. Para Castro tenía otro fin: utilizaba ese nombre para hacer negocios y en sus conquistas extramaritales en el barrio alto de Santiago.

Quienes lo investigaron y conocieron lo recuerdan como un tipo ambicioso y ostentador, que pagaba la cuenta de amigos y conocidos en los restoranes y bares. Incluso, aún se jacta de que en una sola noche, en los ‘80, llegó a desembolsar 10 mil dólares, equivalentes a más de cinco millones de pesos de hoy. Según un amigo, le gustaba “la vida fácil. [Obtener] El máximo rendimiento, pero con un mínimo esfuerzo”.

Por eso, en 1983, Castro se deslumbró cuando escuchó por primera vez la historia de un ex compañero de la Escuela Militar que lograba el milagro de multiplicar el dinero que le confiaban en inversiones bursátiles. La leyenda, que circulaba de boca en boca, era así: el entonces teniente Gastón Ramos Cid había reunido a un grupo de camaradas de armas y los había instado a crear un pozo de dinero para invertirlo, con la promesa de jugosos dividendos. “El Sistema”, como se conoció a la “La Cutufa” en sus inicios, era capaz de entregar intereses de un 10% en tiempos en que los bancos ofrecían un 3% por cada transacción.

Caja de pandora
El escándalo de “La Cutufa”, que operaba desde al menos 1983, estalló en 1989 con el asesinato de Aurelio Sichel y cuando la prensa comenzó a vincular el crimen con la financiera ilegal. Los montos que llegó a manejar hasta hoy son poco claros, pues muchos estafados no presentaron querellas, para no aparecer públicamente involucrados en el escándalo. La investigación, curiosamente, no profundizó en la arista de los civiles afectados. Según El Mercurio, los cheques requisados por el ministro en visita Marcos Libedinsky al cerrar el sumario en julio de 1992, sumaban 2.747 millones de pesos de la época. Se acreditó, por ejemplo, que los afectados del Ejército perdieron alrededor de 480 millones de pesos. La investigación cifró, además, en 337 los “inversionistas”.

Para los policías que investigaron el caso, “La Cutufa” significó mucho más que el simple pedaleo de una “bicicleta” financiera. En medio de los cheques protestados y los supuestos réditos que se entregaban, aparecía la temida CNI. Así, al deshilvanar la investigación tuvieron acceso a los nombres reales de sus agentes, sus lazos de amistad, qué lugares frecuentaban y sus costumbres nocturnas. Todos, datos que para la época eran muy difíciles de obtener, debido al pacto de silencio entre quienes estuvieron involucrados en violaciones a los derechos humanos.

Así lo recuerda hoy el ex jefe de Asuntos Internos de la Policía de Investigaciones, Luis Henríquez, quien explica que el caso permitió obtener información valiosa que, hasta ese minuto, era residual o falsa: “Con esta investigación se comienza a acceder a militares y a la CNI. Nos dimos cuenta también de que ya no eran intocables”.

“La Cutufa” también trajo consigo un homicidio hasta hoy sin culpables: el del empresario gastronómico italiano Silvio Aurelio Sichel, uno de los inversionistas de la financiera y quien amenazó a sus integrantes con denunciarlos públicamente. Sichel –dueño del conocido restaurante El Rodizzio, un lugar donde frecuentemente se reunían los miembros de la CNI– fue asesinado el 19 de julio de 1989.

El cuento del tío
Fue en la primera mitad de los ‘80 cuando el entonces teniente Gastón Ramos creó “El Sistema”. Rápidamente su “emprendimiento” comenzó a crecer y multiplicarse.

El funcionamiento de la financiera ilegal era simple. Tal como lo relata la periodista María Eugenia Camus en su libro La Cutufa, su historia secreta, publicado en julio de 2001, a cada cliente se le entregaba un cheque a 30 días plazo por la cantidad de dinero depositado, más el alto interés que se prometía como ganancia. La lógica indicaba que los clientes debían retirar su dinero cuando éste se hubiera incrementado. Y si se aguantaban, ese mismo capital podía, incluso, duplicarse. Cuando ocurría eso, el cheque se renovaba y así sucesivamente. Una bicicleta.

En 1985 Ramos se reencontró con el capitán Patricio Castro. Y ahí lo convenció para que ingresara al sistema. La primera suma que Castro aportó fue, según él, un millón de pesos, que acumuló para obtener más ganancias. Poco tiempo después le dijo a Gastón Ramos que tenía varios interesados en invertir. Fue así como pasó rápidamente de cliente a captador, ganando también altas sumas en comisiones.

La financiera tenía un relato sofisticado y “confiable” sobre su cartera de inversiones: iban a parar a una empresa que los utilizaba para pagar IVA, y también para comprar pagarés de la deuda externa chilena y bonos en Argentina con los mismos fines, que eran transados en la Bolsa de Nueva York. Además, se financiaban préstamos personales a grandes agricultores y a empresas como Soprole. Historias que la investigación posterior se encargó de desmentir.

En entrevista con el autor, la periodista María Eugenia Camus cuenta que la financiera poco a poco se fue ramificando en el corazón del Ejército, en la Escuela de Suboficiales, en la Academia de Guerra y entre distintas promociones de varias unidades castrenses. Para darle mayor credibilidad, recuerda ella, el rumor indicaba que no solamente tenían sus dineros ahí miembros del alto mando, sino que también connotados “Chicago Boys”, los tecnócratas civiles que idearon el pujante sistema económico neoliberal instaurado en dictadura.

Poco tiempo tardó Patricio Castro en convertirse en un comisionista premiun de Gastón Ramos y su financiera. “El negocio no tenía avisos en el diario, era por contacto personal o a través de terceros. Comentarios de boca a boca. Mi oficina era un maletín”, recuerda Castro mientras bebe un sorbo de pisco sour en el restorán Coquinaria de calle Isidora Goyenechea. A sus 56 años, Castro luce algunas canas del poco pelo que le queda, pero conserva el aplomo de esos tiempos, que no perdía ni siquiera cuando afrontó las cámaras de la prensa, una vez que se destapó todo.

Ese maletín al que se refiere Castro no es una metáfora. La periodista María Eugenia Camus recuerda que era de cuero, con clave, y que guardaba un cuaderno donde Castro anotaba los nombres de los ahorrantes, los dineros invertidos y las ganancias de cada cliente. Lo mismo que antes había hecho Ramos, el ideólogo de “El Sistema”.

Luego de ser detenido, en noviembre de 1990, Castro negó cualquier lazo con la financiera. Incluso, hasta hoy asegura haber sido una víctima más de su socio Gastón Ramos. Pese a esto, recuerda cómo era el proceso de captación de clientes. “Primero, tenía que estar en un buen lugar, elegantemente vestido, con buen aroma para que con el golpe de vista yo te convenciera”. Si el lugar era un restaurante, pedía la carta y tragos, los más costosos. Casi siempre Chivas Regal. “Había que tener una buena dicción porque es una cosa sencilla: si tienes un millón te podís ganar un millón 100. Si tenís más gente, te podís ganar un porcentaje. Así partió. Y los mismos amigos míos traían gente”, explica sentado, esta vez en un salón del bar del Hotel Crowne Plaza.

Los relatos en las querellas que se presentaron luego que el caso explotó, coindicen en este modus operandi de Castro para vender este “cuento del tío”. Castro se mostraba frente a sus captadores como dueño de una gran habilidad para los negocios. Al inicio, los montos comprometidos eran menores. Como la ganancia se “concretaba”, los “inversionistas” aumentaban su aporte.

Manuel Alberto Gaete Gaete, jubilado de las Fuerzas Armadas, se enteró de la existencia de “El Sistema” y en septiembre de 1989 quiso probar suerte. Castro lo convenció para que invirtiera 250 mil pesos. A cambio, le dio un cheque a 90 días, con lo depositado más el interés comprometido. Como el primer cheque se cobró sin problemas, el jubilado visitó nuevamente a Castro, pero esta vez con 12 millones de pesos de una herencia. El procedimiento se repitió. Tiempo después, cuando Gaete depositó el documento, fue protestado por orden de no pago.

Como este caso, en el proceso judicial hay cientos. Uno de ellos es el del cantante Miguel Piñera, hermano del ex Presidente Sebastián Piñera. En 1989, al parecer en agosto, el “Negro” le entregó a Castro 18 millones de pesos, con el compromiso de un interés mensual de entre 5% y 8%. Castro le advirtió que le avisara con quince días de anticipación si quería el monto de vuelta. Cuando el cantante comenzó a exigir sus dineros y depositó uno de los cheques que Castro le había entregado, el documento fue devuelto con “firma disconforme”. Para salvar la situación, Castro le entregó un auto pero sin los documentos que permitían hacer la transferencia del vehículo. Finalmente, Piñera recibió un porcentaje del restaurante El Rodizzio, del que Castro era dueño, y así recuperó su inversión.

Pero no todos corrieron la misma suerte. En el proceso aparece declarando un mozo de El Rodizzio. Al comienzo, según el garzón, todo funcionó: obtenía dividendos mensuales de su inversión inicial de 300 mil pesos. Pero al poco tiempo, cuando quiso depositar los cheques, fueron protestados.

“Ramos partió con el sistema, pero Castro, con su personalidad exuberante, se fue quedando con todo el negocio”, recuerda el ex policía Luis Henríquez.

El siguiente paso de Castro fue cambiarle el nombre a la financiera. En un momento que el proceso judicial no clarifica, ni que el mismo Castro recuerda, pasó de llamarse “El Sistema” a “La Cutufa” en honor a su perra –San Bernardo– regalona, “Patufa”. Los querellantes relatan que se enteraban de su existencia en reuniones sociales, cumpleaños y matrimonios. “La Cutufa” llegó a tener clientes incluso en regiones. Cientos de militares veían en ella una manera de aumentar sus bajos ingresos. Otros llegaron a colocar sus jubilaciones y desahucios, los que finalmente perdieron.

Camus cuenta que en la investigación judicial Libedinsky reunió como prueba 30 mil cheques, en su mayoría protestados o con orden de no pago. De esos, Castro solo reconoce 1.500. Pero también dice: “Un talonario de 100 me duraba 15 días”.

La CNI y Sichel
Aún estando en la CNI, Castro no paraba en su tarea de captar clientes para la financiera ilegal. En esa época, además, tenía una activa vida nocturna y social. Pese a que estaba casado con Lucía Campeny, hija de un acaudalado dueño de varias panaderías, seguía coqueteando fuera de su matrimonio. Así fue como en 1984 conoció a una hermana del empresario Silvio Aurelio Sichel Garcés.

Usando la chapa de “Felipe Errázuriz”, cayó muy bien en la familia. Rápidamente llegó a hacerse amigo y socio de Sichel, dueño del restorán El Rodizzio. Pero el engaño de su nombre duró poco.

A Sichel, sin embargo, no le importó lo de su identidad, ni menos que fuera de la CNI. Aurelio, un italiano de buena pinta, karateca, deportista y mujeriego, sentía admiración por todo lo que oliera a dictadura y eso incluía a la policía política de Pinochet.

Castro recuerda que Sichel “quería subirse a un auto con baliza y sirena, quería conocer un cuartel de inteligencia por dentro. Quería conocer a Álvaro Corbalán. Quería conocer a Humberto Gordon [director de la CNI entre 1980 y 1986]. Quería conocer a Pinochet. Y qué mejor vínculo que conmigo. Yo tenía acceso a todo eso”.

Así fue como el agente tardó poco tiempo en crear un fuerte lazo con el empresario gastronómico. Como era natural, le presentó a Gastón Ramos y Sichel se enteró de la existencia de “La Cutufa”. El italiano quiso invertir. Y cuando su esposa, Isabel Margarita Pizarro, le advirtió que tuviera cuidado, Sichel argumentó que era un sistema confiable, pues los clientes eran economistas, empresarios y miembros del alto mando del Ejército.

“Aurelio se volvió loco con todo lo que Castro traía consigo. La dictadura, la CNI, ‘La Cutufa’, su carácter, todo”, dice un amigo de Sichel que prefiere mantener su nombre en reserva.

A fines de 1986, el “Pelao” –como sus cercanos llamaban a Aurelio Sichel– ya tenía la franquicia para instalarse con el restaurante El Rodizzio en Apoquindo (el primero estuvo en Bellavista). Estaba seguro de su éxito y el tiempo le dio la razón: su local se convirtió en una mina de oro. También en un lugar donde la CNI pasaba las noches después de los operativos, en los tiempos en que el resto del país vivía bajo el toque de queda.

Su amistad con Castro se estrechó al punto de que en 1987 le ofreció ser socio en su restorán y compartir tareas. Castro había decidido dejar el Ejército y dedicarse por completo a los negocios. La dupla llegó a tener tal complicidad, que arrendaban un departamento en el sector alto de la capital, donde llevaban a sus conquistas pasajeras. Castro bebía vodka tónica y Sichel, que era deportista, se permitía a veces tomar caipiriñas. “Un día cualquiera iban a una compraventa de autos y salían cada uno manejando un Mercedes Benz sin fijarse en su precio”, cuenta el amigo de Sichel citado más arriba.

Incluso, El Rodizzio ya tenía una sede en Viña del Mar. Hasta allá llegó el jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán. Y Corbalán se hizo amigo de Sichel, lo invitó a fiestas en su casa, mientras que el italiano le pedía a sus garzones que guardaran los restos de carne de su restorán para que Corbalán se los llevara a los perros que cuidaban su casa en el exclusivo sector de El Arrayán, en Lo Barnechea.

Mientras Sichel alucinaba con el ofrecimiento de Corbalán de convertirse en profesor de karate de Avanzada Nacional –el naciente partido que lideraba el jefe de la CNI desde las sombras–, Castro había convertido El Rodizzio de Apoquindo en su oficina para promover “La Cutufa”.

Según el libro de María Eugenia Camus, Castro se había puesto selectivo. Avanzado 1987 ya tenía unos 300 clientes (llegó a atender hasta 20 por noche) y no aceptaba inversiones menores a un millón de pesos. Los citaba al restaurante, donde atractivas mujeres bebían whisky abierto especialmente para la ocasión con los potenciales nuevos “inversionistas”. Después de todas esas atenciones, a Castro no le quedaba más que abrir el maletín y anotar los nombres y los montos de sus flamantes “socios”. Castro no recuerda con precisión el dinero que ganaba, pero reconoce que podía bordear los 9 millones de pesos mensuales de la época. Incluso más.

Nunca se comprobó si Corbalán tuvo alguna relación con “La Cutufa”, aunque Castro dice que habría sido imposible por lo “tacaño”. Pero lo cierto es que en esa época el jefe operativo de la CNI también había pensado en emprender y recibió un préstamo del Banco del Estado, presidido por el fallecido economista Álvaro Bardón, por un millón de dólares y sin condiciones. Con ese dinero Corbalán creó la empresa de transportes Santa Bárbara, que se dedicaría a trasladar -con 20 camiones Volvo- restos de cobre de Chuquicamata y El Salvador. La posterior quiebra fraudulenta de la empresa fue, al igual que “La Cutufa”, uno de los primeros escándalos financieros que protagonizaron agentes de Pinochet.

En el entorno familiar de Sichel siempre quedó la duda de si alguna vez el empresario estuvo ligado a la empresa de Corbalán, quien nunca aparecía en las escrituras porque usaba “palos blancos”.

Para ese entonces, según cuenta Camus en su libro, Sichel se había hecho tan cercano a Corbalán que este lo llevó una vez a un acto de Pinochet en el estadio La Tortuga de Talcahuano, donde pudo ser escolta durante una jornada y cumplir su sueño. Castro recuerda que, en ocasiones, el general Pinochet organizaba cenas y Sichel hacía todo lo posible para agradarlo. “Se ponía humita y le llevaba El Rodizzio a domicilio”, recuerda.

Poco a poco la CNI y “La Cutufa” comenzaron a relacionarse cada vez más. En el proceso, el organismo de inteligencia aparecía como un actor principal en la financiera. Así, los detectives que investigaron junto al ministro Libedinsky, tuvieron acceso a nombres como el del general Gustavo Abarzúa, último director de la CNI, estrecho colaborador de Pinochet e inversionista de la “La Cutufa”. Dentro de la lista, primero como cliente y luego como captador, también aparecía Enrique Cowell, que había formado parte del estado mayor de la DINA y cumplido funciones en la CNI.

También surgió el nombre del general Jerónimo Pantoja, subdirector de la CNI, quien estuvo ligado al director de la DINA, Manuel Contreras. Otro insigne cliente era Enrique Leddy, jefe de la CNI en regiones. En 2009 Leddy fue condenado por el crimen del vocero del MIR, Jécar Neghme. Y el mismo Patricio Castro, quien hasta hoy es acusado por los familiares de los dirigentes del MIR Rogelio Tapia y Raúl Jaime Barrientos, por su supuesta responsabilidad en sus asesinatos, en la llamada Operación Alfa Carbón 1 o Albania Sur, antecedentes que hasta hoy la justicia no ha comprobado. En esos tiempos, según una publicación de CiperChile, Castro actuaba con las chapas de “B.J.”, José Luis Sierra Alta Suárez o Juan Pablo Letelier. De sus tiempos de CNI tienen recuerdos también los socialistas Ricardo Solari, Marcelo Schilling y Ricardo Lagos. Los dos primeros han afirmado que fueron detenidos e interrogados por él, mientras que la oficina del hoy ex Presidente fue allanada por Castro en los ‘80.

Una de las tantas teorías que se manejaron en aquella época fue que “La Cutufa” habría sido creada por agentes de la CNI para asegurarse un cómodo pase a retiro en caso de fin de la dictadura.

El asesinato del empresario
Castro no paraba. En el restaurant de Sichel abría su maletín a las 12 de la noche y lo cerraba a las 6 de la mañana. “Con El Rodizzio a la espalda, con esa infraestructura que tenía, ¿quién no te iba a creer?”, dice Castro hoy. Pero al empresario gastronómico eso comenzó a disgustarle. Para zanjar el problema, acordaron que Castro tuviera una oficina frente al local, en el Caracol VIP’S en Apoquindo. Con todo, las cosas entre ellos ya se habían enturbiado, al punto de que en marzo de 1989 deshicieron su sociedad. Patricio Castro quedó como dueño del Rodizzio de Apoquindo.

Sichel olfateaba que la noche le caería a los militares. La dictadura había perdido el plebiscito de 1988 y se avecinaba la elección presidencial de diciembre de 1989, para la que Patricio Aylwin se perfilaba como claro favorito frente a un debilitado Hernán Büchi, el candidato del régimen. A ojos de Sichel, “La Cutufa” había funcionado al amparo del Ejército. Si el régimen iba a perder el poder, era hora de exigir de vuelta su inversión y sus ganancias en la financiera ilegal.

Hasta hoy no se sabe cuánta plata invirtió Sichel en “La Cutufa”, pero se llegó a decir que era uno de los clientes que más capital había aportado. Las cifras extraoficiales hablaban de 200 millones de pesos, aunque luego la justicia estableció que el monto no superaba los 50 millones.

Pero Sichel comenzó a tener dificultades para recuperar su dinero. Su esposa le pidió que lo diera por perdido y comenzaran nuevos emprendimientos. Pero él estaba empecinado. Le había dicho a Isabel Margarita que exigiría hasta el último peso invertido. Eso sí, había una dificultad: ni el ideólogo de la Cutufa, Gastón Ramos, ni quien había llegado a ser su amigo y socio, Patricio Castro, le respondían el teléfono. Sichel tuvo entonces una reunión con Corbalán.

Diez días antes de ser asesinado, recibió una citación del jefe operativo de la CNI, quien lo contactó a través de uno de sus escoltas. Isabel Margarita nunca se enteró del tenor de la charla con el “Faraón”, como le decían a Corbalán, pero notó que su esposo estaba preocupado. Ella optó por irse junto a sus hijos a descansar al balneario de El Tabo y Sichel se quedó solo en su casa en Santiago.

A quien quisiera oírlo Sichel decía que había impuesto un ultimátum. Si no le entregaban su dinero en 48 horas, hablaría. No sólo revelaría el funcionamiento del “sistema”, sino que contaría a la prensa detalles sobre operativos de la CNI que había escuchado en las mesas de su restorán. Según el libro de María Eugenia Camus, Sichel había tenido en su poder una cinta donde aparecía uno de esos operativos y estaba dispuesto a denunciarlo.

La misma noche en que murió, el 19 de julio de 1989, ya se habían cumplido 24 horas de que su plazo fatal había expirado. Ese día se reunió con Castro y con uno de sus amigos más cercanos. La cita fue extraña. Se juntaron a comer, pero Castro parecía apurado, incómodo: pidió una bebida y se fue rápido. Horas más tarde, cuando el italiano regresó a cerrar El Rodizzio conversó con su amigo y le dijo que se fueran juntos a su parcela en Casas Viejas, camino a Las Vizcachas, pero él le contestó que no podía.

Sichel llegó en la madrugada a su casa. Se bajó de su Mercedes Benz modelo 280 para abrir el portón y a las 05:30 horas fue atacado por la espalda. Extrañamente, el cuidador que vivía en el mismo terreno no estaba. Sus fieros perros de raza estaban amarrados y no salieron a recibirlo. No se escucharon los cuatro disparos que recibió. Las armas utilizadas tenían silenciador. Los diarios de la época informaron que Sichel había recibido un tiro en la espalda, otro en la nuca y dos en el tórax.

El diario La Época vinculó a Sichel con la CNI y con Avanzada Nacional.

Semanas después comenzó a asomar, poco a poco, la idea de que el crimen podía estar vinculado a una financiera ilegal. Sichel era, según los medios, uno de los socios mayoritarios.

Matar “de a tres”

El ex policía Luis Henríquez sostiene que varias pistas hacían suponer que las huellas de la CNI estaban en el crimen, lo que nunca se pudo probar. Sin embargo, recuerda que uno de los informantes que colaboró con la policía en ese tiempo, el ex agente Francisco Zúñiga, “El Gurka”, le había hablado que la CNI usualmente mataba con tres agentes. Conocido por su crueldad con los detenidos, Zúñiga sabía de lo que hablaba: había participado en distintos operativos, como el asesinato del carpintero Juan Alegría Mondaca en Valparaíso, en 1983, y la Operación Albania, en 1987. “El que dispara primero dice ‘yo no lo maté, lo dejé herido’. El segundo dice ‘le disparé a uno que ya estaba herido’. Y el tercero dice ‘yo le disparé a un cadáver’. Y así operaban”, cuenta Henríquez.

En 1991 “El Gurka” Zúñiga fue encontrado muerto, con un balazo en la cabeza, lo que se atribuyó a un suicidio.

Con la ayuda de su abogado, Gastón Ureta, en poco tiempo la viuda, Isabel Margarita Pizarro, se atrevió a denunciar públicamente que tras la muerte de su marido estaba la CNI. “Sichel andaba armado, tenía perros bravísimos, era karateca y un buen tirador. Entonces, es obvio que las personas que se le acercaron eran conocidos, por eso no se defendió. ¿Quién en ese tiempo tenía la posibilidad de matar a Aurelio Sichel con un arma con silenciador?”, reflexiona Henríquez.

Horas después del asesinato, según el proceso de “La Cutufa”, Castro ordenó descerrajar el escritorio que Sichel tenía en el Rodizzio y un equipo de la CNI hizo lo propio en la casa del empresario en Las Vizcachas.

Así, la bola de nieve se fue desarmando. Y al leer la información en la prensa, los inversionistas de “La Cutufa” comenzaron a llamar a Ramos y a Castro, para recuperar sus dineros. Los socios, claro está, no respondían. Castro lo recuerda: “Cuando comenzaron mis amigos a pedirme platas para retirar, yo llamaba a Gastón Ramos y él me decía ‘mañanaaa’, como la canción de Lucho Jara. Después fui a verlo a su casa, hablé con su señora y me dijo que se había ido a entregar a la Fiscalía Militar. ‘¿Y por qué?’, le dije yo. ‘Porque debía mucha plata’, me respondió. ‘¿Y la mía?’, le pregunté”.

El crimen de Sichel nunca se aclaró y el Ejército viviría momentos complicados. El alto mando estaba involucrado en la financiera ilegal y Pinochet, enfurecido, ordenó un sumario que terminaría con cuatro generales salpicados, entre ellos, los ex directores de la CNI Hugo Salas Wenzel y Gustavo Abarzúa, además de otros 16 oficiales. En medio de la investigación, la jueza a cargo, Mónica Tagle, apareció calcinada en su auto, un Renault 9, a cuatro kilómetros de la parcela de Sichel. Se dijo que había sido un suicidio.

Cuando Castro se vio acorralado, con su socio Ramos confeso, huyó a Paraguay, con una identidad falsa. Sabía bien cómo operaban los suyos y temía por su vida.

Era 1990 y había retornado la democracia a Chile. Horacio Toro, nuevo director de Investigaciones, tenía entre sus misiones cortar todo vínculo con la CNI, la que a su vez fue disuelta. Para la policía civil, la captura de Castro era una suerte de prueba de la blancura: demostraría si era o no capaz de perseguir, en democracia, a agentes con los que había trabajado de manera estrecha en dictadura.

El abogado Jorge Morales, ex asesor jurídico del entonces director de Investigaciones, viajó con la comitiva policial a buscar a Castro a Paraguay. En Asunción, recuerda Morales, las autoridades les dijeron que el ex agente sería expulsado y que lo traerían de vuelta a Chile en un vuelo comercial. Castro viajó con una peluca y fue sacado en del aeropuerto en medio de un operativo para distraer a la prensa. “Además de la necesidad de traerlo por la investigación, tenía un valor simbólico: había una capacidad del Estado chileno de investigar delitos graves y de detener a personas que aparecían involucradas en ellos, delitos graves asociados a la dictadura”, recuerda Morales.

El caso terminaría con varios oficiales procesados, entre ellos Castro y Ramos, por infracción a la Ley General de Bancos. En 1998, cuando la Corte Suprema rechazó los recursos interpuestos por Castro, confirmó la sentencia y lo condenó a tres años y un día (le reconoció los 343 días que había estado preso).

El agente se recicla
Luego de cumplir la condena, cinco años después de que La Cutufa explotara como escándalo, Patricio Castro se instaló con un minimarket en una población en Rinconada de Maipú. Ahí lo conoció, a mediado de los ‘90, el ex jefe de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, Sandro Gaete, cuando trabajaba como detective en un procedimiento debido a un robo que había sufrido el retirado capitán.

“Nos llamó la atención porque manejaba completamente la situación, le ordenaba a los carabineros cómo tenían que proceder. Él estaba enojado y era prepotente, estaba muy molesto. Recuerdo que en plata de ahora le robaron como 50 millones de pesos”, dice Gaete. El monto sorprendió a los detectives, ya que el minimarket estaba en una zona de clase media-baja y era muy poco surtido.

Gaete recuerda que comenzó a preguntar para saber el origen del dinero, pero Castro se enfureció: le dio una tarjeta con el rótulo de militar en retiro. “Ahí hice el link con ‘La Cutufa’ y pude entender su molestia por las preguntas que le estábamos haciendo”, cuenta Gaete.

En 2004, Castro se enredaría nuevamente con la justicia, en un caso denominado por la prensa “La Cutufa II”, de similar funcionamiento. Dos años después, también se vio involucrado en el bullado caso Publicam, de ventas de facturas falsas para la rendición de gastos electorales. Castro, como reconoce su amigo y abogado en algunos casos, Marcelo Jadue, era cercano a Juan Meyerholz, cerebro de la empresa involucrada y a quien Castro le cambiaba cheques.

Jadue lo conoce bien. Fue su abogado por años y testigo del día en que intentó ingresar a tribunales en el portamaletas de un auto. Así quería burlar la detención de los detectives que lo seguían, cuando estaba prófugo luego que se le otorgara la libertad bajo fianza por “La Cutufa II”. En rigor, Castro debía seguir preso por el caso de “La Cutufa”, pues no había pagado una indemnización. Gaete, que participó en ese operativo, recuerda que el ex CNI quería evitar el proceso de filiación, con la toma de huellas dactilares y las fotos. Pero el juez se enfureció tanto con su treta que él mismo lo entregó a los detectives, para que cumpliera con el trámite.

Jadue dice que su amigo siempre ha sido un vividor. Salían juntos al ex cabaret Maeba, en Vitacura, y gastaban fortunas. “Entre el 90 y el 2000 fueron los años más intensos. No pensábamos en nada más que en jarana. Yo vivía solo y él también. Los dos teníamos buenos ingresos. Gastábamos mucho dinero”, recuerda Jadue, quien terminó internado en una clínica para tratarse su adicción a las drogas y al alcohol. Para graficar la vida que llevaban, el abogado hace un símil con la última película de Martin Scorsese, El Lobo de Wall Street.

Pero ha pasado el tiempo y Castro asegura que ya no es el mismo. Hoy, junto a su pareja, con quien tiene 20 años de diferencia, vive en una parcela en Colina y tiene una empresa de seguridad y aseo. Dice que sale solamente los viernes y hasta las tres de la mañana en punto. Su cuerpo, explica, ya no soporta trasnoches como los de la dictadura.

El detective Sandro Gaete, quien no lo ve hace años, cree que la gran diferencia de Castro con otros CNI es una empatía que le permite seducir a las personas. “Eso lo vi en los cambios bruscos que tenía en su personalidad. Podía pasar muy rápido de una molestia a un trato amable, realmente encantador, simpático. Una habilidad que no tienen otros. Típico de un estafador”.

Por Pablo Basadre

Patricio Castro presentó un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, con lo que busca demorar la sentencia definitiva por los delitos de homicidio calificado y asociación ilícita por el caso Alfa Carbón.

Este martes 31, a las 13:00 horas, la Segunda Sala del Tribunal Constitucional revisará el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que presentó el ex capitán de Ejército y ex agente de la CNI Patricio Castro, a través de su abogado Maximiliano Murath, maniobra con la que busca dilatar el cumplimiento de una condena de 20 años por los delitos de asociación ilícita y homicidio calificado.

Este lunes, a las 12:00 horas, en Huérfanos 1234, un día antes de que el Tribunal Constitucional revise el requerimiento, familiares, amigos y compañeros de los siete militantes del MIR asesinados en la operación Alfa Carbón entregarán una carta en el Tribunal Constitucional para tratar de impedir una nueva maniobra dilatoria.

En el llamado caso Alfa Carbón, en 1984, fueron asesinados Luciano Aedo, Mario Lagos, Nelson Herrera, Mario Mujica, Rogelio Tapia, Raúl Barrientos y Juan José Boncompte.

De acuerdo a los antecedentes que se conocen, el 23 de agosto de 1984, alrededor del mediodía, los tres equipos dirigidos por Patricio Castro, entonces teniente de Ejército y segundo jefe de la Brigada Amarilla, detuvieron en el centro de Valdivia a Rogelio Tapia de la Puente y Raúl Jaime Barrientos Matamala, dirigentes del MIR.

Los tres grupos formaron una caravana junto con otros dos equipos, uno de los cuales era comandado por Alberto Moraga Tresckow (capitán de Ejército y jefe de la CNI de Valdivia), y se dirigieron por la ruta que va a Niebla hasta el Puente Estancilla, donde se detuvieron en medio de un descampado.

En la caravana también venía un furgón rojo. Ahí, uno de los vehículos se desplazó unos doscientos metros hacia Niebla para cortar el tránsito, mientras otro hacía lo mismo con el flujo procedente de Valdivia. Los detenidos atados, vendados y amordazados, fueron obligados a descender, siendo inmediatamente asesinados por unos cinco o seis tiradores, el primero de ellos, Patricio Castro.

Le siguieron “Miguel Aliaga”, Gerardo Meza Acuña, Francisco Orellana Segel, Fernando Ramírez Romero, Alberto Moraga Tresckow y otro agente hasta la fecha no identificado.

Posteriormente, estos mismos agentes dispararon contra el furgón rojo que se había estacionado en las cercanías para simular un enfrentamiento.

Ernesto Arnoldo Barría Ordoñez, capitán del transbordador Caupolicán, que cumplía itinerario en el río Valdivia, señaló que ese 23 de agosto desde el mediodía comenzaron a pasar muchos vehículos con patente de Santiago que cruzaban desde Las Mulatas hacia Torobayo y que en la tarde se le acercaron unas personas de civil que dijeron ser de la CNI, acompañadas de varios carabineros. Le pidieron que suspendiera el servicio y, como había órdenes de la Gobernación Marítima, tuvo que obedecer.

Luego de una hora y media, aproximadamente, un jefe de Carabineros le dijo que cruzara a buscar un carro mortuorio para trasladar el cuerpo de dos miristas que habían resultado muertos en un enfrentamiento.

“El carro era negro, pero tenía el logo de Carabineros. Le pedí autorización a un carabinero conocido para ver los cadáveres”. Ahí reconoció a Barrientos, porque vivían en la misma población.

Las autopsias constataron que Rogelio Tapia –de 31 años y padre de dos hijas- recibió seis impactos de bala en la cara, tórax y abdomen, y Raúl Barrientos –de 23 años-, tres impactos en la cabeza y en el tórax.

La ejecución de la operación Alfa Carbón 1 culminó el 24 de agosto en el número 643 de la calle Rubén Darío, en la Población Corvi de Valdivia. El día anterior, la mayor parte de los equipos que se habían trasladado a Valdivia estuvieron vigilando la vivienda de Juan José Boncompte Andreu, dirigente del MIR, de 31 años y padre de dos hijos, a la espera de que saliera para poder ejecutarlo. Entre ellos estaban los jefes Boehmwald Soto, Ema Verónica Ceballos Núñez y Luís René Torres Méndez. Sin embargo, Boncompte no salió ese día.

Los agentes regresaron el 24 con la orden de ingresar a su domicilio. Patricio Castro Muñoz le encomendó a Boehmwald Soto que encabezara el operativo pasado el medio día.

Los jefes de equipo, además de los agentes Patricio Castro, Pedro María Rojas Vásquez, Zinaida Lena Vicencio González, Aquiles Poblete Palominos y Carlos Alberto Ejía López, entre otros, entraron por la puerta principal, mientras varios equipos cercaban la casa y toda la cuadra.

Eladio Washington Ilabel Poblete, vecino del sector, señaló que el día de los hechos vio como un taxi negro se estacionaba frente a la casa de Boncompte. Se bajaron cuatro individuos, tocaron la puerta y entraron. Pasados uno o dos minutos, sintió varios disparos.

“Por curiosidad me subí al techo de mi casa y observé que salió un hombre corriendo hacia el sitio (patio trasero) y fue acribillado a balazos por varias personas, pues venían muchas desde el frente de la casa. También recuerdo que una mujer armada se acercó al cuerpo de la persona baleada y le levantó la nariz, escuchándole decir: ‘Era bonito el huevón’, como riéndose, y luego con su arma le disparó”.

Según la autopsia, Boncompte tenía 22 impactos de bala: nueve en el tórax, cuatro en el brazo y dos en el antebrazo derecho; tres en el muslo derecho, tres en la pierna izquierda y uno en la cara.

La Corte Suprema confirmó las sentencias que pesan sobre 15 ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) por su responsabilidad en los homicidios calificados de siete militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) perpetrados los días 23 y 24 de agosto de 1984 en una coordinada acción represiva que se desarrolló en las ciudades de Concepción, Los Ángeles, Temuco y Valdivia, denominada "Operación Alfa Carbón" por los órganos represivos, pero popularmente conocida como "Matanza de la Vega Monumental".

La operación represiva culminó el 23 de agosto con el asesinato de Luciano Humberto Aedo Arias, de 34 años de edad, cometido en la actual comuna de Hualpén; en Concepción, en el frontis de la Vega Monumental, fueron ultimados Nelson Adrián Herrera Riveros, 30 años, y Mario Octavio Lagos Rodríguez, de 34 años. El mismo día en Los Ángeles fue asesinado Mario Ernesto Mujica Barros, de 32 años, y en Valdivia fueron ejecutados Rogelio Humberto Tapia de la Puente, de 31 años, y Raúl Jaime Barrientos Matamala, 23 años. Al día siguiente, fue ejecutado Juan José Boncompte Andreu, de 31 años. Además de ello, como parte de la ofensiva represiva, decenas de personas, militantes y resistentes a la dictadura, fueron detenidas en las ciudades mencionadas y en otros pueblos y localidades del sur.

En fallo unánime (causa Rol 75.716-2022), la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros y ministras Haroldo Brito Cruz, Jorge Dahm Oyarzún, Leopoldo Llanos Sagristá, la abogada (i) Leonor Etcheberry C. y el abogado (i) Gonzalo Ruz L. – rechazó los recursos de casación en la forma y en fondo interpuestos por ocho de los criminales condenados y descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción en junio de 2022 (rol 325-2019), que ratificó la de primera instancia dictada en mayo de 2018 (rol 11-2009) y que condenó a los acusados por su responsabilidad en los delitos.

Los criminales

Con esta resolución, la Segunda Sala, confirma la sentencia que condena a los 15 ex agentes de la CNI; otros dos condenados en primera instancia fallecieron en el curso del proceso. Los condenados son seis ex oficiales de Ejército que operaban como mandos en la CNI, el ex Brigadier Marcos Spiro Derpich Miranda, a la época de los hechos jefe de la División Regionales de la CNI, y el ex teniente coronel Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla, jefe de la división Anti Subversiva de la CNI, quienes quedaron condenados a penas de 20 años de presidio como coautores de todos los homicidios calificados y a 5 años y un día de presidio como coautores de asociación ilícita.

El ex capitán, Patricio Lorenzo Castro Muñoz, alias "BJ", deberá purgar una pena de 15 años y un día de presidio por los tres homicidios calificados cometidos en Valdivia; y a 5 años y un día de presidio como coautor de asociación ilícita. El ex teniente coronel Jorge Camilo Mandiola Arredondo, a la época de los hechos jefe regional de la CNI Concepción, fue condenado a 15 años y un día de presidio como coautor de los homicidios calificados cometidos en Talcahuano, Concepción y Los Ángeles. El ex teniente coronel Luis Alberto Moraga Tresckow, a la época de los hechos jefe regional de la CNI Valdivia, y autor material de los crímenes perpetrados en Puente Estancilla, en Valdivia, fue condenado a cinco años de libertad vigilada. El ex mayor Oscar Alberto Boehmwald Soto, jefe regional de la CNI Puerto Montt, fue condenado a 10 años de presidio por el homicidio calificado perpetrado en la ciudad de Valdivia en la persona de Juan José Boncompte Andreu.

En tanto, los agentes Luis Hernán Gálvez Navarro y Roberto Antonio Farías Santelices, quedan condenados a la pena de 10 años y un día de presidio, como coautores del homicidio calificado de Luciano Aedo Arias cometido en Hualpén. Mientras que, José Abel Aravena Ruiz, Sergio Agustín Mateluna Pino, Luis Enrique Andaur Leiva, y Patricio Alfredo Bertón Campos fueron sentenciados a la pena de 10 años y un día de presidio como coautores del homicidio calificado de Nelson Herrera Riveros cometido en el Km. Uno del Camino a Santa Juana, en el sector Idahue. El único procesado y acusado que había decretado el ministro sustanciador Carlos Aldana por el homicidio calificado de Mario Lagos Rodríguez, cometido en la Vega Monumental, el criminal Manuel Ángel Morales Acevedo, fue absuelto por el ministro. Luego, en el curso del proceso, este individuo falleció en diciembre de 2021.

Respecto del crimen cometido en Los Ángeles, el agente Bruno Antonio Soto Aravena, deberá cumplir una pena de 10 años y un día de presidio como coautor del homicidio calificado de Mario Mujica Barros. El otro condenado en primera instancia a la misma pena por este crimen, José Artemio Zapata Zapata, se suicidó en septiembre de 2019. Por los hechos criminales cometidos en Valdivia, el agente Luis René Torres Méndez, fue sentenciado a la pena de 15 años y un día de presidio, como coautor de los dos homicidios calificados cometidos en Puente Estancilla, camino a Niebla, en las personas de Rogelio Tapia De La Puente y Raúl Barrientos Matamala.

Por este mismo hecho, también había sido condenado en primera instancia a la misma pena el agente Gerardo Meza Acuña, pero este individuo falleció en julio de 2020. Por último, además de Oscar Alberto Boehmwald Soto, la agente Ema Verónica Ceballos Núñez, fue sentenciada a la pena de 10 años y un día de presidio, como coautora del homicidio calificado de Juan José Boncompte Andreu, cometido en la Población Teniente Merino.

Señalemos que en el curso del proceso (causa rol 11-2009), el ministro Carlos Aldana se negó a procesar a otra decena de agentes implicados en los hechos criminales, decisión que fue refrendada en su momento por la Corte de Apelaciones penquista. Así mismo, el ministro Aldana se negó a procesar por asociación ilícita a los implicados oficiales Luis Moraga Tresckow y Oscar Boehmwald Soto; y por este ilícito, a pesar de someterlo a proceso, no condenó a Jorge Mandiola Arredondo, el jefe de la CNI en Concepción y gestor de la acción concertada de vigilancia, seguimiento y preparación del operativo que culmina en los crimines de agosto, en los que Mandiola Arredondo participa activamente.

Además, el criminal condenado Patricio Castro Muñoz, pretendió cuestionar la legalidad del proceso judicial y de la condena en su contra, y recurrió en octubre pasado al Tribunal Constitucional (TC) invocando vicios de inconstitucionalidad en el juicio y la condena que le afectaba. No obstante, el 9 de enero del presente año, el TC se pronunció declarando inadmisible el recurso presentado por el criminal y su representante, rechazando el libelo.

La Operación Alfa Carbón

En la etapa de investigación, se logró acreditar que a comienzos del año 1984, el jefe de la CNI de Concepción, el mayor Jorge Mandiola, recibió antecedentes de la rearticulación en la zona del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), logrando detectar a algunos de sus dirigentes y a un gran número de militantes y resistentes. Tras informar a su superior, el coronel Marcos Derpich Miranda, jefe de la división Regionales de la CNI, y habiendo confirmado la detección de la orgánica mirista en el sur, informaron al director de la CNI, general Humberto Gordon Rubio (actualmente fallecido), quien determinó que el mayor Álvaro Corbalán Castilla, a cargo de la División Antisubversiva se coordinara con la jefatura de Regionales, para realizar operaciones destinadas a neutralizar a los miembros del MIR que estaban operando entre las regiones del Biobío y de Los Ríos, denominando estas acciones como «Operación Alfa Carbón».

Producto de lo anterior, Álvaro Corbalán dispuso que varios equipos, integrados por agentes de distintas Brigadas del Cuartel Borgoño (Azul, Amarillo, Verde, Café y Especial), de Santiago, compuestos por dos o tres personas y con movilización y financiamiento otorgados por la División Antisubversiva, se trasladaran a Concepción, Los Ángeles, Temuco y Valdivia, para que, en coordinación con miembros de las unidades Regionales de la CNI de dichas ciudades, llevaran a cabo las diligencias que las distintas jefaturas les ordenaran.

Asimismo, Corbalán ordenó a su subalterno Patricio Lorenzo Castro Muñoz, subjefe de la Amarillo, que se constituyera en Valdivia, a cargo de los equipos que trasladó desde Santiago, para dirigir y llevar a efecto las operaciones en esa región. Del mismo modo, ordenó a Krantz Johans Bauer, subjefe de la Especial, que se constituyera en Los Ángeles a hacerse cargo de las labores operativas, apoyado por equipos conjuntos de Santiago y Regionales.

En paralelo, y con el mismo fin, Marcos Derpich Miranda dispuso que el jefe del cuartel de Chillán de la CNI, Héctor Reinoso Muñoz y agentes de su unidad, se integrara a su similar de Concepción, y que el jefe de Puerto Montt, Oscar Boehmwald, junto a agentes de su unidad, se presentaran ante el jefe de Valdivia, para apoyar las operaciones represivas.

Con la información acumulada a través de seguimientos, vigilancias y escuchas, los mandos CNI deciden dar el golpe definitivo. En días previos al hecho, liderados por Álvaro Corbalán, Joaquín Molina Fuenzalida (fallecido), Marcos Derpich, y otros, se reunieron en el cuartel de la CNI ubicado en calle Bahamondes con Avenida Pedro de Valdivia, en Concepción, los mandos, los jefes y equipos y llegados a la ciudad, más los agentes locales, instancia en que se coordinaron las acciones a desarrollar.

En esa reunión se tomó la decisión de realizar diversos allanamientos y detenciones (sin existir órdenes ni procesos judiciales al respecto) y que el destino de los detenidos dependía del grado de peligrosidad para el régimen militar imperante en el país. Allí los mandos CNI establecieron que miristas serían eliminados y quienes detenidos al momento de "reventar" o ejecutar la operación. Esta operación, comprendía acciones represivas tanto en Talcahuano y Concepción como en Los Ángeles, Temuco, Valdivia y otras localidades de la zona sur.

Los hechos

La fecha escogida por los mandos CNI fue el día 23 de agosto de 1984. En la mañana del día 23, en Concepción, varios equipos de la CNI montaron acciones de seguimiento sobre tres miembros del MIR, los que confluyeron en un restaurant ubicado en la Plazoleta El Ancla, en Talcahuano. Ellos eran Nelson Herrera, Mario Lagos y Luciano Aedo.

Alrededor del mediodía, uno de ellos, Luciano Humberto Aedo Arias, abordó un bus de la locomoción colectiva, en dirección al sector Hualpencillo donde residía, lugar en que se bajó del autobús al percatarse del ostensible seguimiento, y trató de huir a pie, siendo interceptado por los agentes CNI en la esquina de las calles Grecia con Nápoles. En ese momento, el agente Luis Hernán Gálvez Navarro, le disparó con un arma de fuego que portaba, cayendo Luciano herido al suelo; luego se acerca al caído el agente Roberto Antonio Farías Santelices, quien lo remató con una ráfaga en la espalda con un fusil AKA 47.

Un par de horas más tarde, y sin percibir lo que ocurría en las afueras, los otros dos miembros del MIR detectados y vigilados en el restaurant en Talcahuano, Nelson Adrián Herrera Riveros y Mario Octavio Lagos Rodríguez, subieron a otro microbús de recorrido a Concepción, los que fueron seguidos por otros equipos operativos de la CNI, que en el trayecto se coordinaron con Carabineros para interceptar el autobús -que iba con pasajeros- frente a la Vega Monumental.

Al llegar el vehículo a dicho lugar los miembros de la CNI interceptaron el microbús y ordenaron descender a todas las personas del vehículo de locomoción colectiva, pero como algunas personas se negaron, entre ellos los perseguidos, lanzaron bombas lacrimógenas al interior del microbús forzando su desalojo.

Una vez que los pasajeros bajaron, los dos miristas descendieron del micro con las manos en alto, pero los agentes CNI dispararon en el acto a Herrera y Lagos causándoles heridas. Mario Lagos intentó huir, por lo que un agente le disparó con el fusil AKA que portaba provocándole la muerte en el mismo lugar.

Por su parte, Nelson Herrera Riveros fue aprehendido por los agentes de la CNI Sergio Mateluna Pino, José Abel Aravena Ruiz, Luis Andaur Leiva y Patricio Alfredo Bertón Campos, quienes lo introdujeron a uno de sus vehículos y -como parte del montaje- anunciaron a viva voz que se dirigirían al Hospital Regional de Concepción para la atención de las heridas del detenido.

No obstante, se desviaron del trayecto y lo llevaron al kilómetro 0.9 del camino a Santa Juana en donde lo bajaron del vehículo y Aravena Ruiz le ordena a Andaur Leiva ejecutar el crimen; éste le disparó con su revólver en la frente, ocasionándole una herida a bala cráneo cerebral, que le produjo la muerte instantánea, tal como Derpich Miranda se los había ordenado por radio.

Para culminar la farsa, los ejecutores se dirigen con el asesinado al Hospital Regional y lo ingresan por urgencias, ya fallecido. A Nelson Herrera los agentes lo dejaron en el hospital esposado a la espalda. Más tarde volvieron para soltar y recuperar las esposas.

Los Ángeles

En Los Ángeles, alrededor de las 17:30 horas de mismo día 23, una vez que los agentes de la CNI de Concepción José Zapata Zapata y Bruno Soto Aravena que seguían a Mario Mujica Barros, junto a varios equipos que lideraba el fallecido Krantz Johans Bauer, siguiendo las instrucciones de su jefe Jorge Camilo Mandiola Arredondo, se acercaron al domicilio de Mujica Barros en la Población Orompello de Los Ángeles. Ingresaron por sorpresa y violentamente al inmueble disparándole a la víctima en la cabeza, mientras se encontraba en el suelo, causándole la muerte.

Valdivia

Mientras tanto, en Valdivia a eso de las 16 horas del 23 de agosto, equipos operativos de la CNI llegados desde Santiago, dirigidos por Patricio Castro Muñoz, detuvieron a Rogelio Tapia de la Puente y Jaime Barrientos Matamala cerca del Puente Las Ánimas, en la ciudad de Valdivia. Posteriormente, cruzaron el río Calle Calle en un transbordador y los trasladaron al Puente Estancilla, ubicado en el Camino de Valdivia a Niebla, en el sector de Torobayo.

En ese lugar, en que previamente se había cortado el tránsito de todo vehículo y personas por Carabineros, y en circunstancias que los detenidos se encontraban amarrados de manos y vendada su vista, los agentes procedieron a ejecutarlos, por orden de Castro Muñoz, disparando él mismo, además de los agentes Luis René Torres Méndez y Gerardo Meza Muñoz y otros no identificados en el proceso. Asimismo, el jefe regional de la CNI de Valdivia, Luis Moraga Tresckow, quien en principio se habría negado a disparar, ante la imperativa orden de Castro Muñoz, los remató con disparos de su arma. Las víctimas recibieron múltiples heridas de proyectil, algunas de las cuales impactaron a Tapia de la Puente y Barrientos Matamala en el cráneo y tórax. Posteriormente, a los fallecidos se les colocó armas en las manos para simular un enfrentamiento.

Al día siguiente, 24 de agosto, alrededor de las 15 horas, varios equipos operativos de la CNI, a cargo de Patricio Castro Muñoz, rodearon el domicilio de Juan José Boncompte Andreu, ubicado en calle Rubén Darío, en la Población Teniente Merino de Valdivia, ingresando a este para eliminar a Boncompte Andreu, quien trató de huir de sus captores por el patio trasero de la vivienda, siendo herido por Oscar Boehmwald Soto.

En el patio trasero le esperaban emboscados otros agentes que también le dispararon; ya en el suelo, lo remató la agente Ema Verónica Ceballos Núñez quien le disparó con su arma de fuego en la cabeza, asegurando su muerte. Juan José Boncompte recibió 22 impactos de bala.

por Darío Núñez