Castro Muñoz Guillermo

En calidad de inculpado compareció ante el ministro en visita Héctor Solís el responsable de la II División, Guillermo Castro Muñoz. Juez también entrevistó a ex jefe de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones Investigaciones Rafael Castillo. El ministro en visita Héctor Solís, que sustancia la investigación por los desaparecidos de Paine en octubre de 1973, interrogó este lunes en calidad de inculpado al jefe de la II División del Ejército, el general Guillermo Castro Muñoz. La diligencia se realizó en el edificio de las Fuerzas Armadas luego de una petición que hiciera en tal sentido la abogada querellante Pamela Pereira, cuyo padre, Andrés Pereira Salsberg, se cuenta entre las víctimas. Hasta ahora, según fuentes ligadas a la investigación, las pruebas no son determinantes, pero el magistrado prefirió requerir el testimonio del militar activo para tener cumplido un requisito básico ante un eventual sometimiento a proceso. Castro estuvo destinado a la Escuela de Infantería en 1973, por lo que los querellantes sospechan que pudo haber tenido participación en los hechos investigados. Solís, quien recientemente procesó a seis civiles y un militar retirado, tomó declaración al ex jefe de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos de Investigaciones Rafael Castillo, otrora encargado de la indagatoria.

En octubre de 2003, la entonces ministra de Defensa, Michelle Bachelet, recibió la propuesta del alto mando del Ejército que incluía el ascenso del coronel Guillermo Castro Muñoz a general de brigada; el mismo oficial que el martes declaró en calidad de inculpado ante el ministro Héctor Solís, que sustancia la investigación por los desaparecidos de Paine.  En esa oportunidad, Bachelet no tuvo inconvenientes en aprobar su inclusión en la nómina, ni tampoco el ex Presidente Ricardo Lagos.  Claramente ninguno de los dos conocía esta información. Tampoco su pasado. Y a fines del año pasado, en la Junta Calificadora de Oficiales del Ejército, se determinó ascender a Castro Muñoz a general de división.  La propuesta fue aprobada por el ministro de Defensa, José Goñi, y respaldada por la actual la Presidenta de la República. De esta forma, la diligencia que realizó el ministro Solís este lunes en el edificio de las Fuerzas Armadas, vuelve a poner en cuestión la forma en que se aprueban los ascensos de los efectivos que se encontraban al momento del golpe militar en alguna destinación que los vinculó a casos de violaciones de derechos humanos. Hasta ahora, según fuentes ligadas a la investigación, las pruebas no son determinantes, pero el magistrado prefirió requerir el testimonio del militar activo para tener cumplido un requisito básico ante un eventual sometimiento a proceso. Al respecto, la política del Ejército es que mientras no haya ningún miembro de sus filas como condenado, puede continuar en la institución, porque prima la presunción de inocencia.

In situ

El actual jefe de la II División de Ejército tenía 20 años para el golpe militar del 73 y se desempeñaba como subteniente en la Escuela de Infantería de San Bernardo. Desde esa unidad castrense es de donde se ejecutó la represión a Paine, que contó con la ayuda de civiles que coordinadamente ayudaron a la desaparición de 23 personas. Durante su carrera de oficial, Castro ha ocupado los cargos de director de la misma repartición, agregado militar en Argentina, director de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (Anepe) y jefe de personal del Ejército. Sin duda una trayectoria brillante, por lo que es defendido en las esferas castrenses, donde se asegura que no está involucrado en los hechos por los que es investigado.

Controvertidos ascensos

Al momento de determinar los ascensos de los oficiales, en el Ejército se indicó que se realiza una cuidadosa revisión de la hoja de vida de los oficiales, especialmente respecto de aquellos que pasarán a formar parte del Cuerpo de Generales."Se analiza toda la carrera militar", dijo una fuente de la institución castrense a El Mostrador.cl, quien agregó que también se ve el tema de derechos humanos. "Incluso a veces se incorporan esos antecedentes al Ministerio de Defensa". Luego de ello se pasa la lista con los posibles ascensos a la cartera, donde también se evalúan los antecedentes de cada oficial, aunque fuentes cercanas a Defensa puntualizan que “no hay un mecanismo de inteligencia”. Se explicó que generalmente a quienes ascienden a general son conocidos por las autoridades de Gobierno por las distintas labores que han realizado como coronel, pero donde se pone más cuidado es cuando se elabora la quina para elegir al comandante en jefe. Este, sin embargo, no es el único caso en que los ascensos de oficiales aprobados por los gobiernos de la Concertación han sido objetados. El más recordado es el de 1997, cuando el entonces presidente Eduardo Frei vetó el ascenso a general del brigadier Jaime Lepe, ex escolta de Pinochet y ex secretario general del Ejército, sospechoso de estar vinculado a la muerte del diplomático español Carmelo Soria. También durante la época de Frei está el episodio de la Mesa de Diálogo, cuando aceptó que el general Patricio Ríos, como comandante en jefe de la FACH, designara al entonces general Patricio Campos como enlace de la instancia. Este último, casado con Viviana Ugarte, una ex integrante del Comando Conjunto, ocultó información sobre detenidos desaparecidos. El otro caso fue el segundo hombre de la FACH Hernán Gabrielli, denunciado en 2001 por los ex prisioneros políticos Héctor Vera, Juan Ruz y Carlos Bau, quienes lo acusaron de haber golpeado brutalmente al dirigente de Inacesa Eugenio Ruiz-Tagle, una de las víctimas de la Caravana de la Muerte. Además, se encuentra el del coronel Pedro Pablo Bustos, quien se desempeñó como agregado militar en Naciones Unidas y cuando en 2003 estaba por ascender a general, El Mostrador.cl publicó que perteneció a la disuelta CNI. Si bien el Ejército aclaró que se desempeñó en 1982 en “funciones no operativas”, se optó por no promover su ascenso. Otros que posiblemente no podrán ascender son los coroneles Mortimer Jofré y Jua MacLean, procesados en la investigación por las millonarias cuentas de Pinochet en el caso Riggs, junto a otros colaboradores de ex dictador.

El ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Héctor Solís, indaga antecedentes respecto de la probable participación en los crímenes de Paine del juez militar de Santiago y comandante de la II División del Ejército con asiento en la Región Metropolitana, general Guillermo Castro Muñoz. El general Castro fue interrogado el lunes en dependencias del Ejército por el magistrado a solicitud del abogado Luciano Fouillioux, que representa legalmente en esta causa a la también abogada Pamela Pereira. El padre de la profesional figura entre los 29 campesinos y pequeños industriales asesinados entre los primeros días después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973 y el 16 de octubre de ese año. El juez militar fue interrogado en calidad de "inculpado" como lo solicitó el abogado Fouillioux. Según fuentes vinculadas a la investigación, existirían dos militares que habrían nombrado al general Castro integrando el grupo de oficiales y suboficiales de la Escuela de Infantería de San Bernardo que habrían participado en estos hechos. En aquel tiempo el general tenía el grado de subteniente o teniente. Ayer también prestó declaración por cuatro horas ante el juez Solís, aunque en calidad de testigo, el ahora prefecto en retiro de la Policía de Investigaciones Rafael Castillo. Este fue además fue careado con el coronel (R) Andrés Magaña Bau, uno de los procesados como autor de estos delitos de lesa humanidad. El juez necesitaba que Castillo ratificara judicialmente parte de las investigaciones que esa policía realizó, en las cuales afloraron indicios de una supuesta participación del actual general Castro en estos sucesos. Hasta ahora el juez Solís continúa reuniendo antecedentes para resolver la situación judicial del general. El abogado Fouillioux pedirá en los próximos días al juez Solís el procesamiento del juez militar de Santiago. Fuentes de la investigación manifestaron que, hasta ahora, las evidencias sobre una responsabilidad penal del general Castro en esta causa "no son lo suficientemente concluyentes". El pasado 4 de enero el juez Solís procesó a otras siete personas por estos ilícitos.

Procesados

Los seis civiles declarados reos que participaron en estos crímenes, todos agricultores y empresarios del transporte de la zona, son: Juan Francisco Luzoro, Rubén González Carrasco, Claudio Oregón Tudela, Juan Quintanilla Jerez, y los hermanos Mario Emilio y Ricardo Jorge Tagle Román. También fue encartado el suboficial (R) de Ejército José Vásquez Silva. Hasta la fecha, con Magaña son ocho los procesados por estos delitos.

Tres de ellos fueron recientemente ascendidos de general de Brigada a general de División. En agosto de 1973 fueron 36 los subtenientes que egresaron de la Escuela Militar destinados a la Escuela de Infantería de San Bernardo. Cuatro son los generales en servicio activo que figuran entre la lista de los 36 subtenientes que en agosto de 1973 egresaron de la Escuela Militar y fueron destinados a la Escuela de Infantería de San Bernardo, a la que pertenecen quienes en 1973 asesinaron a los campesinos de Paine. Tres de ellos fueron recientemente ascendidos de general de Brigada a general de División. Se trata del general de División Guillermo Castro Muñoz, comandante de la II División del Ejército de la Región Metropolitana, quien ya fue interrogado por el juez Héctor Solís en la búsqueda de los otros dos subtenientes que en octubre de 1973 participaron junto al entonces subteniente Andrés Magaña, en la masacre de 22 campesinos en Paine. También está el general de División Cristián Le Dantec Gallardo, actual director de Finanzas del Ejército. El otro general de División es Julio Baeza von Bohlen, actual director de Logística de la institución. El cuarto es el general de Brigada Eduardo Ludovico Aldunate Hermann, actual comandante de la División Escuelas del Ejército. Aldunate fue mencionado por un ex agente como integrante de la Brigada Mulchén de la DINA, mientras era el segundo comandante de la fuerzas de Naciones Unidas en Haití. El ministro del proceso Paine, Héctor Solís, indaga para conocer la identidad de los otros dos subtenientes que acompañaron a Magaña.  Hasta ahora esos dos nombres permanecen bajo una férrea protección en un pacto de silencio entre los inculpados y procesados de la matanza del 16 de octubre de 1973 en Paine. Coincidentemente con la aparición de la información de prensa del interrogatorio del general Castro, el Ejército sacó hace unos días de su página electrónica institucional la lista con el alto mando. Las fotos de los cuatro generales que se publican en este artículo aparecen en la revista de la Escuela Militar "Cien Aguilas" del año 1973.

En el Ejecutivo se señaló que la situación del Jefe del Estado Mayor del Ejército es distinta a la de los tres ex asesores -también vinculados con los servicios de inteligencia del Régimen Militar- despedidos del Ministerio de Defensa. “Ahí operan otras normas legales y otros entendimientos para tomar decisiones”, dijo el ministro Rodrigo Hinzpeter. A las investigaciones por supuestas irregularidades que por estas horas afectan a las tres ramas de las Fuerzas Armadas, se suman ahora los vínculos que integrantes del Ejército tuvieron con los servicios de seguridad del Régimen Militar. Tras la desvinculación el lunes de cinco ex oficiales de la institución que prestaban asesorías para el Ministerio de Defensa por este tema, ayer se abrió una nueva polémica tras la revelación de que el jefe del Estado Mayor del Ejército, general de división Guillermo Castro Muñoz, fue agente de la Central Nacional de Informaciones (CNI) desde 1979 a 1982. Así lo confirmó el propio Castro en una declaración judicial que prestó ante el juez Héctor Solís, que investiga el asesinato de 22 campesinos en Paine en octubre de 1973, caso en que el general prestó testimonio en calidad de inculpado en 2008. Tras conocerse estos antecedentes, el ministro de Defensa, Andrés Allamand, analizó detalladamente con los principales asesores del ministerio el caso del Jefe del Estado Mayor, segundo en la línea de mando del Ejército. En el estudio de este escenario se llegó a la conclusión de que la situación de Castro es distinta a la de los ex asesores despedidos, principalmente por tratarse de un militar en servicio activo al cual jamás se le puso una objeción a su continuidad ni a los asensos que obtuvo al interior de la institución. “Ahí operan otras normas legales y otros entendimientos para tomar decisiones”, dijo el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien fue el encargado de entregar la versión oficial del hecho. “La decisión del ministro Allamand, que nosotros compartimos, es que, tratándose de asesores a honorarios, hay ciertas conductas que están reñidas con el espíritu de nuestro gobierno”, agregó. Por esto es que el Ejecutivo puso énfasis en la trayectoria de Castro durante los gobiernos de la Concertación, que siempre tuvo conocimiento de los antecedentes que vinculaban al oficial con la CNI: Comandante del Regimiento Maipo (durante la era Frei Ruiz-Tagle); agregado militar en Argentina (con Lagos) y ascendido a general en 2003 (nuevamente con Lagos y con Michelle Bachelet como ministra de Defensa).
“La posición que ocupa hoy dentro del Ejército es una posición a la que llegó con una trayectoria militar dentro de los gobiernos de la Concertación, no producto de decisiones de este gobierno”, explicó Hinzpeter. Esta versión fue reconocida por el ex ministro de defensa concertacionista, Francisco Vidal, quien sostuvo haber conocido el historial de Castro.
“La política de nuestro gobierno fue: en la medida que ese oficial sea procesado y acusado, se le pide la renuncia. Mientras no haya una acusación, no se le pide la renuncia (…) En el caso del general Castro, obviamente había prestado declaraciones ante el juez que lleva el Caso Paine. Pero ese juez lo declaró fuera de responsabilidad”, explicó. En esa línea Vidal sostuvo que en su época de ministro, el 20% de los oficiales del Ejército pasaron por la CNI (es decir 1 de cada 5 oficiales). Ante estas informaciones, parlamentarios de la oposición y representantes de organizaciones de DD.HH solicitaron la salida del general Castro del Ejército. “Quien perteneció a la Dina o la CNI, algún grado de responsabilidad tienen en los crímenes. A Castro además de darlo de baja hay que quitarle todos los honores”, sostuvo Lorena Pizarro de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. A su turno el presidente del PS, Osvaldo Andrade expresó que “sería un gesto de mínima dignidad que no prestara servicio como militar activo del Ejército”. El diputado del PC, Hugo Gutiérrez, dijo a su vez que “ninguna persona que haya integrado la DINA o la CNI en organismos de seguridad de la dictadura militar tiene la probidad necesaria para ocupar un cargo público”.

Antes de ingresar a una reunión con el ministro de Defensa Andrés Allamand, el gobernante respondió preguntas por el caso del jefe del Estado Mayor del Ejército, general de división Guillermo Castro Muñoz, quien admitió en una declaración judicial que fue agente de la Central Nacional de Informaciones (CNI) desde 1979 a 1982. Piñera enfatizó que para la actual administración el “compromiso con los DDHH es total e inquebrantable”, precisando que “ninguna persona que tenga responsabilidad en violaciones a Derechos Humanos va a ser parte de las Fuerzas Armadas o nuestro gobierno”. Y como Castro Muñoz no ha sido procesado en causas de represión, para el gobierno no hay problema en que sea el número dos del Ejército, tal como precisó el ministro Allamand. De acuerdo al secretario de Estado, el sólo hecho de haber pertenecido a un organismo represor como la DINA o la CNI no inhabilita a las personas para seguir haciendo carrera en el Ejército o incluso en el aparato fiscal. Allamand remarcó que se aplicará el mismo criterio que se siguió durante los "gobiernos de la Concertación", aludiendo al historial de ascensos del hoy cuestionado general, quien de comandante del Regimiento Maipo (durante la era Frei Ruiz-Tagle), pasó a agregado militar en Argentina (con Ricardo Lagos) y luego ascendido a general en 2003 (nuevamente con Lagos y con Michelle Bachelet como ministra de Defensa). De este modo, el Ejecutivo refuerza la tesis de que la situación del Jefe del Estado Mayor del Ejército es distinta a la de los ex asesores -también vinculados con los servicios de inteligencia del Régimen Militar- despedidos del Ministerio de Defensa. “Ahí operan otras normas legales y otros entendimientos para tomar decisiones”, según dijo este martes el ministro Rodrigo Hinzpeter.

El ministro en visita Héctor Solís, a cargo del caso de la matanza de 22 campesinos de Paine ocurrida en octubre de 1973 durante la dictadura militar, confirmó que el actual jefe del Estado Mayor del Ejército, general Guillermo Castro Muñoz, no está involucrado, por ahora, en el hecho. Así los sostuvo, después que se filtró la declaración judicial realizada por el general en 2003 donde reconoció haber sido un agente de la Central Nacional de Informaciones (CNI). “Describió su trayectoria profesional y dentro de ella menciona haber trabajado en la CNI. Acorde con esos antecedentes entregados por él y por los que disponía el tribunal, quedó en libertad”, declaró el juez. Solís agregó que “efectivamente en contra de él no existen, por ahora, antecedentes que permitan imputarlo”. El ministro en visita explicó que “hay algunos soldados que mencionan que en los los hechos, a parte del teniente Andrés Magaña (procesado en el caso) habrían participado 1 ó 2 oficiales, pero al serles exhibida la fotografía de todos los oficiales de la época ninguno fue capaz de identificar a Guillermo Castro Muñoz”.

El ministro en visita Héctor Solís, a cargo del caso de la matanza de 22 campesinos de Paine ocurrida en octubre de 1973 durante la dictadura militar, confirmó que el actual jefe del Estado Mayor del Ejército, general Guillermo Castro Muñoz, no está involucrado, por ahora, en el hecho. Así los sostuvo, después que se filtró la declaración judicial realizada por el general en 2003 donde reconoció haber sido un agente de la Central Nacional de Informaciones (CNI). “Describió su trayectoria profesional y dentro de ella menciona haber trabajado en la CNI. Acorde con esos antecedentes entregados por él y por los que disponía el tribunal, quedó en libertad”, declaró el juez. Solís agregó que “efectivamente en contra de él no existen, por ahora, antecedentes que permitan imputarlo”. El ministro en visita explicó que “hay algunos soldados que mencionan que en los los hechos, a parte del teniente Andrés Magaña (procesado en el caso) habrían participado 1 ó 2 oficiales, pero al serles exhibida la fotografía de todos los oficiales de la época ninguno fue capaz de identificar a Guillermo Castro Muñoz”.

 Así lo afirmó el propio general Guillermo Castro Muñoz, actual jefe del Estado Mayor, en una declaración judicial a la que tuvo acceso la agencia EFE El general Guillermo Castro Muñoz, actual jefe del Estado Mayor del Ejército, reconoció haber sido un agente de la Central Nacional de Informaciones (CNI), durante la dictadura de Augusto Pinochet, según una declaración judicial a la que tuvo acceso la agencia EFE. El general, un especialista en el área de inteligencia y el segundo militar con más antigüedad en la institución castrense, reconoció su pertenencia a la CNI en una declaración judicial que prestó en la investigación por la masacre de 22 campesinos en Paine ocurrida en octubre de 1973. En la declaración, del 19 de junio de 2003 y en la que participó en calidad de testigo, el actual “número dos” del Ejército relata que estuvo en la Escuela de Infantería de San Bernardo, cerca de Santiago, hasta fines de diciembre de 1973, y a principios de 1974 hizo un curso en Panamá. “En marzo 1974 se me destinó al regimiento de Infantería N°16 de Talca, y en 1979 se me envía a la Comandancia en Jefe, a la Central Nacional de Informaciones”, señaló el uniformado. Castro añadió que permaneció en ese organismo represor hasta 1982, cuando se fue “a la Cuarta Comisión Legislativa (de la Junta Militar) y en 1985 ingreso a la Academia de Guerra”. Hasta el momento se desconocen las labores que cumplió el general en la CNI, organismo que a fines de 1977 reemplazó a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). En el proceso judicial por la muerte de los 22 campesinos, el juez Héctor Solís aún trata de identificar a un oficial del Ejército que en 1973 servía en la Escuela de Infantería de San Bernardo con el grado de subteniente, y que participó en la matanza junto al coronel retirado Andrés Magaña, que se encuentra procesado. El 14 de enero de 2008, el general Castro prestó una segunda declaración en la investigación del mismo caso, aunque esta vez en calidad de inculpado. En esa declaración, a la que tuvo acceso EFE, el uniformado admitió que después del golpe militar también formó parte de una compañía de fusileros en el llamado “Cuartel Dos”, de la Escuela de Infantería de San Bernardo, recinto conocido como el centro de detención “Cerro Chena”. Sin embargo, Castro dijo al magistrado que “en el ‘Cuartel Dos’ nunca vi detenidos y sólo me enteré después por la prensa que los hubo”. El general Castro es en la actualidad el “número dos” del Ejército, y se encarga, entre otras funciones, de firmar los informes y documentos que la institución envía a los jueces que investigan la participación de uniformados en los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar (1973-1990). Tanto el anterior comandante en jefe del Ejército y actual subsecretario de Defensa, general Oscar Izurieta, como el actual jefe de esa rama castrense, general Juan Miguel Fuente-Alba, han manifestado que en el cuerpo de generales de la institución no queda ningún ex agente de la DINA o la CNI que permanezca en servicio activo

Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, no puede entender como ex agentes de la CNI ostenten todavía altos cargos en el Ejército Con indignación han recibido en la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) el hecho de que ex agentes de servicios represores de la dictadura de Augusto Pinochet, como la DINA y la CNI, siguen teniendo importantes cargos en reparticiones públicas y en las Fuerzas Armadas. Es el caso del general Guillermo Castro Muñoz, actual jefe del Estado Mayor del Ejército, y del ex brigadier Pablo Belmar Labbé, quien fue contratado por el Ministerio de Vivienda para ser el jefe de seguridad del Parque Metropolitano. Lorena Pizarro, presidenta de la AFDD, expresó a Radio Cooperativa con respecto al general Castro que “no lo puedo entender, no lo puedo aceptar. No sé si la gente dimensiona la barbaridad de lo que estamos hablando. Estamos hablando del segundo hombre al interior del Ejército de Chile, estamos hablando de un criminal, estamos hablando de un sujeto que participa en la masacre” de 22 campesinos de Paine, caso por el cual el representante de la institución castrense declaró en calidad de inculpado y en donde haber sido agente de la CNI. “Al parecer eso no significó nada durante todos estos años al interior del Ejército, más que hacerlos ascender y hacerlo llevar una carrera brillante al interior de la institución que en teoría nos venden la idea de que es de todos los chilenos”, agregó. Pizarro declaró que tenía antecedentes al respecto. “Nosotros hemos señalado muchas veces situaciones gravísimas vinculadas a violadores de derechos humanos y en muchas ocasiones se relativiza esta situación. En el caso de Castro y de muchos otros casos, hemos dicho que quien perteneció a los aparatos represivos de la dictadura jamás puede ser tratado con el criterio de la presunción de inocencia. No estoy cometiendo una aberración jurídica, lo que estoy diciendo es que quien perteneció a la DINA o la CNI, a aparatos represivos de un Estado terrorista, algún grado de responsabilidad tienen en los crímenes”, aseveró. Solicitó que “a Castro, además de darlo de baja, hay que quitarle todos los honores. Todos éstos son asesinos y criminales. Hoy día tenemos al segundo hombre del Ejército de Chile vinculados a crímenes de lesa humanidad”. En relación al brigadier Belmar, inculpado en el crimen de Carmelo Soria, manifestó que “lo del Parque Metropolitano es gravísimo, estamos hablando de sujetos que cumplen funciones donde se relacionan con la gente. Además de la impunidad y de lo grosero, es grave porque son personas que debieran estar en la cárcel. A esta gente se le vuelve a asignar cargos de control, de protección, sujetos que son criminales y asesinos. ¡Qué barbaridad, qué brutalidad, qué falta de ética, qué falta de responsabilidad lo que está pasando en Chile y que está pasando hace años!”. “Si las Fuerzas Armadas fueran instituciones depuradas y que toman distancia de lo que fue la dictadura militar, jamás permitirían que hubiesen hecho carrera sujetos como estos”, añadió. Pizarro afirmó que esta situación se puede repetir. “Con (general Juan Miguel) Fuente-Alba a lo mejor puede pasar lo mismo y con (Juan Emilio) Cheyre también se ha hablado de posible participación en delitos. Antes de ascender a la gente, antes de que lleguen a las responsabilidades que llegó, por ejemplo Juan Emilio Cheyre, hay que asegurarse y garantizar su no vinculación en crímenes”, sostuvo. Con respecto a la desvinculación de ex agentes de la CNI que estaban trabajando en la subsecretaría de Defensa, la dirigente manifestó que “lo que hizo Andrés Allamand (ministro) en Defensa esperamos que no sea solamente una muestra de algo” y agregó que esto “es solamente la punta de un iceberg gigante”. Pizarro denunció una falta de voluntad política de este gobierno como también de los gobiernos de la Concertación, a los que pidió explicar porque no fueron capaces de tomar una decisión como la que tuvo Allamand en Defensa. “Conversamos con todos los ministros de Defensa de los gobiernos anteriores, sin excepción, y les señalamos estas denuncias y les demandamos el cese de funciones de los subjefes vinculados a causas de violaciones de los derechos humanos”, informó.

 El general Guillermo Castro Muñoz, actual jefe del Estado Mayor del Ejército, reconoció haber sido un agente de la Central Nacional de Informaciones (CNI). Castro reconoció su participación en la CNI en una declaración que prestó por la muerte de 22 personas en Paine, el año 1973. El militar ventiló que formó parte de ese organismo hasta 1982. El caperuzo tuvo que declarar dos veces. La segunda fue en 2008, en calidad de inculpado, en un proceso llevado por el juez Héctor Solís. En esa declaración admitió que formó parte de una compañía de fusileros en la Escuela de Infantería de San Bernardo, un recinto que fue usado como centro de detención. Castro aseguró al justiciero que "nunca vi detenidos y sólo me enteré después por la prensa que los hubo". Pese al reconocimiento, se desconoce qué funciones cumplió Castro Muñoz en la CNI.

PIDEN LA REMOCIÓN 

Enterados del pasado del general Guillermo Castro, la presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, pidió la remoción del militar. "Si en este país las Fuerzas Armadas fueran instituciones que toman distancia de la dictadura militar, jamás hubiesen permitido que ascendieran sujetos como estos", señaló Pizarro a Radio Cooperativa. Pizarro pidió al Estado a "darles de baja y a quitarle ahora todos los honores", en relación a los uniformados implicados con delitos de lesa humanidad.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, lanzó duras críticas a raíz de las revelaciones de que ex agentes de organismos represores de la dictadura cumplen funciones en la cartera de Defensa y el alto mando de las Fuerzas Armadas. Sobre el reconocimiento por parte del actual Jefe del Estado Mayor, general Guillermo Castro Muñoz, de haber sido agente de la Central Nacional de Informaciones, Pizarro dijo que "si en este país las Fuerzas Armadas fueran instituciones que toman distancia de la dictadura militar, jamás hubiesen permitido que ascendieran sujetos como estos". El "segundo hombre" del Ejército reconoció haber pertenecido al organismo represor hasta 1982, aunque hasta ahora se desconocen las labores que pudo haber cumplido en la CNI. El uniformado admitió que después del golpe también formó parte de una compañía de fusileros en el llamado "Cuartel Dos", de la Escuela de Infantería de San Bernardo. "Hoy día este Gobierno que habla y se enjuaga la boca con el tema de la delincuencia", pero "está lleno de terroristas las instituciones del Estado", manifestó la presidenta de DD.DD. "Este no va a ser ni el primero ni el último caso, demandamos al Estado el Chile el término de la política de impunidad", sentenció Pizarro, instando al Estado a "darles de baja y a quitarle ahora todos los honores" a los uniformados implicados con delitos de lesa humanidad