Carter Cuadra Orlando Oscar

Juego de guerra de Chile para reprimir en Chiapas, Lo vendió a México ,Es un programa de PC para contrainsurgencia, Lo instaló el yerno del ex jefe de la DINA

Una insospechada relación entre el ejército de Chile y las fuerzas armadas de México se pudo establecer a partir del estudio de ciertas operaciones de venta de materiales del ejército chileno a su similar mexicano, en 1995, en plena actividad contrainsurgente en el sector de Chiapas.La venta en cuestión no está relacionada con municiones ni misiles sino con un producto mucho más sofisticado. Se trata de un sistema computacional que elabora juegos de guerra y que permite desplegar tácticas y estrategias en computadoras, aplicadas a determinados escenarios, para adiestrar al personal que está destinado a la lucha contrainsurgente. El juego, denominado CEOTAC, fue creado en Chile con el trabajo mancomunado de ingenieros de la Universidad Católica y de la Academia de Guerra del Ejército de Chile, en una labor que se extendió entre los años 1991 y 1995.Fuentes cercanas a este episodio informaron que el programa vendido a México, en una cantidad cercana a los 3 millones de dólares, debió ambientarse en condiciones climáticas y geográficas muy similares a las de Chiapas, centro de la atención militar en México por la actividad desplegada en esa zona del sur del país por el Ejército de Liberación Zapatista.Esa guerrilla, encabezada por el enmascarado Subcomandante Marcos, nació en enero de 1994 con una sangrienta ofensiva. Los zapatistas demandan desde entonces que el gobierno central respete los derechos de los indígenas y retire el operativo militar dispuesto en el estado.La relación contractual entre el ejército chileno y su símil mexicano no se limitó a la venta del moderno juego de guerra.Personal uniformado chileno debió viajar a Ciudad de México para la instalación del sistema y el adiestramiento respectivo en su uso. En esa segunda fase de la operación fue posible descubrir un nuevo hecho sorprendente. Uno de los oficiales chilenos que viajó a esa ciudad para tales fines fue el coronel Orlando Oscar Carter Cuadra, ingeniero, y yerno del general (R) Manuel Contreras, ex jefe de la policía secreta del ex dictador Augusto Pinochet -DINA- y acusado de ser responsable de a lo menos 1.500 ejecuciones de opositores chilenos. Contreras se encuentra actualmente en prisión, condenado a una pena de 7 años por el asesinato de Orlando Letelier, ex canciller de Salvador Allende.Carter está casado con la hija mayor del general Contreras, María Teresa, de 43 años. El matrimonio tuvo lugar en 1978 en circunstancias que el jefe de la otrora poderosa DINA ya estaba requerido por la Justicia norteamericana por el asesinato de Letelier, atentado acaecido en Washington, en setiembre de 1976.En 1990, año del fin de la dictadura de Pinochet, Carter fue nombrado comandante del regimiento Ingenieros 1 Atacama de Chuqicamata. En 1994, este experto ingeniero en computación fue enviado en una misión especial, y no pública, a Israel. El 27 de enero del 95 su nombre saltó a la polémica cuando en México organizaciones políticas y de derechos humanos denunciaron que el oficial se encontraba en Ciudad de México, en calidad de agregado militar en la Embajada de Chile en ese país.La protesta alcanzó tal revuelo -ya que Carter fue sindicado como asesor en la lucha antisubversiva y destinado a cooperar en el combate a la guerrilla zapatista- que el propio ministro de Relaciones Exteriores de Chile, José Miguel Insulza, debió desmentir el carácter de la función de Carter en México, afirmando que el oficial tiene otra misión. En dicha oportunidad fue imposible descubrir a qué misión estaba destinado el yerno de Contreras.Lo cierto es que Carter se encontraba en la Academia de Guerra del ejército mexicano adiestrando en el manejo del juego CEOTAC y sus aplicaciones, junto a otro oficial chileno de apellido Coddou.Ahora, Orlando Carter se desempeña en la Academia de Guerra del ejército de Chile, en Santiago, mientras su suegro, en prisión, acaba de iniciar una nueva ofensiva en contra del general Pinochet a quien acusa de traidor. 

Luego de encausar a ocho ex oficiales del ejército por el homicidio calificado de Víctor Jara Martínez, consumado el 16 de septiembre de 1973 en el entonces Estadio Chile, el juez Miguel Vásquez Plaza se encuentra abocado a discernir si los militares obraron por iniciativa propia o recibieron una orden superior para matar al connotado folclorista y director de teatro. En este caso, el magistrado deberá identificar al o los responsables de esa orden y procesarlos como autores intelectuales del crimen. Las sospechas del magistrado apuntan en dos direcciones. En primer lugar, hacia una instancia de inteligencia que se albergaba en el Ministerio de Defensa y cuyo mando operativo estaba a cargo del mayor Pedro Espinoza Bravo, el mismo que pocas semanas después asumiría como subdirector de la Dina, bajo las órdenes del coronel Manuel Contreras. Antecedentes reunidos en diversos procesos judiciales indican que Espinoza habría sido el encargado de decidir qué personas debían ser ejecutadas de inmediato, sin procedimiento judicial alguno, en los centros de detención habilitados en Santiago por el Comando de Apoyo Administrativo del Ejército. Un segundo escenario probable es que los oficiales acusados como autores materiales y cómplices del asesinato de Víctor Jara en el Estadio Chile hayan obedecido una orden directa emanada desde la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes, unidad a la que varios de ellos pertenecían y que dirigía en esa fecha el coronel Manuel Contreras. El juez Vásquez Plaza inculpó como autores a los oficiales Hugo Hernán Sánchez Marmonti y Pedro Pablo Barrientos Núñez. Como cómplices fueron procesados Jorge Eduardo Smith Gumucio, Roberto Federico Souper Onfray, Raúl Aníbal Jofré González, Edwin Armando Dimter Bianchi, Nelson Edgardo Hasse Mazzei y Ernesto Luis Berth-ke Wulf. En el caso de Sánchez Marmonti, el magistrado indicó que fue encausado como autor porque era el segundo en la línea de mando en el Estadio Chile, dado que en ese entonces el jefe era el coronel César Manrique, procesado por el homicidio pero fallecido en 2009. El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago tiene presunciones fundadas de que Barrientos Núñez fue el autor material de los disparos que causaron la muerte a Jara, y dictó una orden de captura internacional en su contra, además de iniciar los trámites para el pedido de extradición a Estados Unidos, país donde se encuentra radicado. En el proceso falta precisar con exactitud el papel que cumplieron cada uno de los cómplices, pudiendo eventualmente aumentar el número de los autores materiales. Es el caso, por ejemplo, del mayor (r) Jorge Eduardo Smith Gumucio, a quien varios declarantes acusan de haber cumplido un rol protagónico en las torturas y en la muerte de Jara. Uno de los testigos, el conscripto José Paredes Márquez, guardaespaldas del teniente Barrientos, acuciado por los remordimientos, relató años después a un ex oficial de Tejas Verdes que Víctor Jara estaba casi despedazado por los golpes recibidos. Sus costillas estaban quebradas. Y sus dedos estaban tumefactos. Paredes relató que el subteniente Jorge Smith se había esmerado en golpear los dedos de ambas manos del cantante. “P’a que aprendai a tocar mejor la guitarra, comunista conche’ tu madre”, le repetía tartamudeando, a la vez que, empleando la empuñadura de su revólver Llama cogido por el caño, martillaba los dedos del folclorista.
Paredes, quien hacía su servicio militar en Tejas Verdes desde abril de 1973, fue destinado a la primera sección de la Segunda Compañía de Combate y viajó a Santiago junto a un considerable contingente de su unidad para apoyar el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Ese día, inicialmente tomaron posiciones en los Arsenales de Guerra y luego fueron enviados a un punto de control en el camino a Melipilla. El miércoles 12 se les destinó a la Universidad Técnica del Estado para apoyar a efectivos del regimiento Arica, de La Serena, que mantenían rodeadas las instalaciones de la actual Universidad de Santiago. El 15 de septiembre, el contingente de Tejas Verdes llegó al Estadio Chile, donde también había soldados del regimiento Blindados N° 2, de Santiago; del regimiento Esmeralda, de Antofagasta y del regimiento Maipo, de Valparaíso. José Paredes declaró que el 16 de septiembre lo fue a buscar el teniente Barrientos y le ordenó que se dirijiese al sector del subterráneo. En ese lugar lo apostaron como guardia en un camarín, mientras cinco o seis oficiales, con tenidas de combate, escribían en unos papeles los datos que preguntaban a un detenido, que estaba sentado frente a un escritorio. Cerca de las 19 horas -agregó Paredes- llegaron los tenientes Barrientos y Smith, y lo llamaron junto al conscripto Francisco Quiroz. Traían a un detenido que indicaron era Víctor Jara y lo insultaban por su condición de comunista. Lo dejaron en ese camarín, custodiado por Quiroz. Después de las 21 horas reapareció Jorge Smith, esta vez con Nelson Haase, según el testimonio de Paredes. Smith comenzó a jugar ruleta rusa con los detenidos. De pronto, puso a Víctor Jara contra la pared, giró la nuez del revólver y disparó, cayendo al suelo la víctima; luego, les ordenó a Quiroz y a él disparar al cuerpo una ráfaga de sus fusiles SIG. Minutos después se sumaron Barrientos y otro oficial, quienes siguieron disparando, tiro a tiro, al cadáver del cantante con un fusil SIG.
El protocolo de autopsia de Víctor Jara reveló dos disparos en la sien derecha, 16 orificios de entrada y 12 orificios de salida de diferentes tamaños en el tórax; en el abdomen tenía seis orificios de entrada de bala y cuatro de salida; la extremidad superior derecha mostraba dos heridas de bala; en las extremidades inferiores otros 18 orificios de entrada de balas y 14 de salida. En total, las descargas sumaban 44 proyectiles calibre 7.65, munición del fusil SIG utilizado.

LOS HOMBRES DE TEJAS VERDES

Las dos compañías de la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes enviadas a la capital viajaron bajo el mando del subdirector de ese instituto, el teniente coronel Alejandro Rodríguez Fainé, secundado por los capitanes Germán Montero Valenzuela y Eugenio Videla Valdebenito. Los tenientes de aquella fuerza eran Orlando Carter Cuadra, yerno del coronel Manuel Contreras, quien llegó a general y más tarde dirigió el Museo Militar; Jorge Garcés Von Hohelstein, casado con la hermana del ahora mayor (r) Carlos Herrera Jiménez, que cumple una larga condena en el penal de Punta Peuco por los asesinatos del dirigente sindical Tucapel Jiménez y del carpintero Juan Alegría Mondaca; y Nelson Haase Mazzei.
Entre los subtenientes que integraban ambas compañías figuraban Pedro Barrientos, buzo táctico, casado con la hija de un oficial de la Infantería de Marina y Rodrigo Rodríguez Fuchslocher, fallecido a mediados de 1974 en un volcamiento de camiones militares cerca de la base castrense de Peldehue, mientras participaba en un curso de contraguerrillas.
El coronel Manuel Contreras asumió el mando de la Escuela de Ingenieros a fines de 1972, cargo que compartió con las clases de Inteligencia que dictaba en la Academia de Guerra, en la capital. Allí, junto a otros coroneles y algunos capitanes empezaron a diseñar un aparato de inteligencia que permitiera enfrentar, llegado el momento, a las estructuras paramilitares de Izquierda que apoyaban al gobierno de la Unidad Popular. En la Escuela de Ingenieros, Contreras tenía como subdirector el teniente coronel Rodríguez Fainé, fallecido, tataranieto de Manuel Rodríguez Herdoyza; como secretario de Estudios, al mayor Jorge Núñez Magallanes y como comandante del batallón de Instrucción, un mayor al que apodaban “El topo” López.
En marzo de 1974, el coronel Contreras dejó el mando de la Escuela de Ingenieros y se trasladó a Santiago con la secreta ambición de dirigir la Academia de Guerra y la naciente Dina. No pudo hacer ambas cosas y optó por instalarse en el cuartel central de la Dina, en calle Belgrado, a escasos metros de la Plaza Italia, para abocarse exclusivamente a las tareas represivas. En la dirección de la escuela de Tejas Verdes fue reemplazado por el coronel Manuel de la Fuente.

LA GENERACION DEL 62

El capitán Luis Germán Montero pertenece a la generación de subtenientes egresados de la Escuela Militar en 1962, cuya primera antigüedad corresponde a Ricardo Izurieta Caffarena, sucesor de Augusto Pinochet en la Comandancia en Jefe del Ejército a partir de marzo de 1998. A esa promoción se adscriben, además, algunos subtenientes que más tarde cumplirían papeles destacados en la represión que siguió al golpe militar de 1973, entre ellos José Zara Holger, Federico Wenderoth Pozo, Gerardo Urrich González, Antonio Palomo Contreras y Luis Polanco Gallardo. Otros de esa misma generación llegaron al alto mando y se transformaron en oficiales muy cercanos al general Pinochet, tales como Sergio Moreno Saravia y Eugenio Covarrubias Valenzuela. Este último llegó a ser jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine). Fue procesado por el asesinato en Uruguay del químico de la Dina, Eugenio Berríos. El capitán Montero, por su parte, junto a varios compañeros de su promoción, figura en el proceso por el asesinato del general Carlos Prats, testimoniando a favor del acusado José Zara Holger, uno de los responsables del homicidio del ex comandante en jefe, perpetrado en Buenos Aires en septiembre de 1974.

EL TENIENTE HAASE

El ahora coronel (r) Nelson Haase, es de la primera generación de subtenientes que egresó en 1967 de la Escuela Militar, que tuvo dos promociones. Entre sus compañeros figuran varios connotados violadores de los derechos humanos en los primeros años de la dictadura, como los oficiales Cristoph Willeke y Miguel Krassnoff. A esa generación pertenecen también el coronel (r) Carlos Carreño, secuestrado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en 1988 y el ex alcalde de Providencia, Cristián Labbé, además de otros oficiales hoy en retiro.
Perteneciente al arma de Ingenieros, Haase fue jefe de una de las unidades de la Dina, la Brigada Ongolmo, y más tarde formó parte de la Sociedad Pedro Diet Lobos, pantalla comercial de la Dina. En los inicios de 1980 estuvo al mando de la unidad del Cuerpo Militar del Trabajo, en Chaitén, donde se preocupaba escrupulosamente de que sus oficiales subordinados contaran con capas para las ceremonias, repuestas en uso por Pinochet, pero que pocos se preocupaban de adquirir porque era una prenda especialmente cara. Algunos oficiales también lo recuerdan por sus ínfulas de seductor de las cónyuges de sus subordinados, característica que, al parecer, influyó en que fuera dado de baja al promediar esa década.

EL “QUENO” VIDELA

El capitán Eugenio Videla Valdebenito fue desde fines de 1972 el ayudante del coronel Manuel Contreras en la Escuela de Ingenieros. Paracaidista, buzo táctico y boina negra, era además primo hermano de la ex cónyuge del jefe de la Dina, María Teresa Valdebenito Stevenson. En 1994, con el grado de general, llegó a ser juez militar de Santiago y comandante de la poderosa II División del Ejército, con asiento en la capital. En esas funciones fue uno de los más arduos defensores de Contreras cuando éste fue condenado y encarcelado por el crimen de Orlando Letelier. Al mando de una de las compañías de la Escuela de Ingenieros, que estaban en Santiago en septiembre de 1973, el capitán Videla habría sido el jefe directo del teniente Nelson Haase. Pedro Pablo Barrientos, en tanto, por ahora uno de los dos sindicados por el juez Vásquez como autores materiales de la muerte de Víctor Jara, salió de Tejas Verdes destinado al regimiento de ingenieros en Chuquicamata. De Chuqui lo dieron de baja del ejército junto con el comandante de aquella unidad, el ya fallecido coronel Sergio Delfín Gajardo Munizaga. Ambos oficiales se echaban al bolsillo recursos destinados a remunerar a los soldados conscriptos

MANUEL SALAZAR SALVO 

RECUADRO

La sonrisa ancha , Me impresionó su sonrisa, que no he olvidado. No sé qué significaba: ¿desafío o burla a sus carceleros? ¿Paz interior? Quizás. La luz de una lámpara del Estadio Chile alumbraba su rostro. Lo reconocimos perfectamente. Parecía estar bien, se le veía tranquilo. Nosotros éramos una larga fila india de hombres que caminaban con las manos en la nuca apuntados por fusiles. Pasamos por su lado rumbo a los camiones frigoríficos que nos transportarían -casi asfixiándonos- al Estadio Nacional. A Víctor Jara lo habían separado del resto de los prisioneros y estaba sonriendo, las manos en la espalda, una luz en la cara. No parecía sentir temor.  Esa noche no sabíamos dónde nos llevaban. Pensábamos que a la muerte. Eramos centenares de hombres asustados acariciando mentalmente las siluetas de nuestra mujeres y niños. A lo mejor Víctor Jara sonreía para nosotros. Una muda canción de aliento, quizás. No lo volvimos a ver

Bajo el argumento de una “nueva política de personal”, el ministerio cesó a 5 ex integrantes de organismos represores que estaban prestando funciones en la subsecretaría encabezada por Oscar Izurieta. El ministro de Defensa Andrés Allamand ordenó el cese de contratos de personal de la subsecretaría de Defensa, ligado a organismos de represión de la dictadura de Augusto Pinochet. A través de un comunicado, y bajo el argumento de una “nueva política de personal”, la cartera informó que Alejandro Romero Peragallo, José Pérez Manríquez y Orlando Carter Cuadra “han cesado en sus funciones en la Subsecretaria de Defensa a contar del día de hoy” lunes 31 de enero.

Romero Peragallo y Pérez Manríquez fueron integrantes de la CNI, en tanto Carter Cuadra es yerno del ex jefe de la disuelta DINA, Manuel Contreras. La remoción les fue comunicada a los 3 ahora ex funcionarios el pasado 17 de enero. Otros dos funcionarios cesados de sus cargos con Italo Seccatore Gómez y Pedro Fernández Neira, el primero ex DINA y el segundo ex CNI. Ambos también estaban contratados en la Subsecretaría de Defensa, dependencia a cargo del ex jefe del Ejército, Ricardo Izurieta. En sus caso, fueron cesados el 31 de diciembre pasado.

Luego se conociera que el brigadier en retiro Pablo Belmar Labbé – quien declaró en calidad de inculpado en el crimen del diplomático español Carmelo Soria  – estaba dentro de los posibles candidatos para desempeñarse como jefe de seguridad del Parque Metropolitano, el ministerio de Vivienda decidió marginarlo del proceso de postulación por sus vinculaciones con la DINA. En este sentido, el titular (s) de la cartera de la cual depende el parque, Andrés Iacobelli, aclaró que Belmar “ estaba en un proceso de evaluación y se acordó con él un trabajo puntual. No tenemos antecedentes que tenga alguna condena, pero atendiendo a un criterio de prudencia por la connotación pública que tiene un Parque acordamos con el director sacar del proceso a esta persona por un tema de seguridad”. Esto después de que se indicara que Belmar ya llevaba trabajando hace un mes en el Parque Metropolitano bajo ese cargo. “Este es un parque público y causa un problema emocional sin duda a mucha gente y consideramos que no era prudente tenerlo a él como jefe de seguridad. En este ministerio no vamos a contratar a nadie que haya estado vinculado a procesos de derechos humanos y queremos ser súper claros. Esto, a pesar de que él no tenía antecedentes”.

Piñera, de regreso

De vuelta de unas cortas vacaciones, el Presidente Sebastián Piñera se refirió este miércoles a la polémica que generó la confesión del jefe del Estado Mayor del Ejército, general Guillermo Castro Muñoz, quien declaró en una causa judicial haber pertenecido a la Central Nacional de Informaciones (CNI). Consultado respecto a si él mantendrá los principios de la Concertación de mantener en las filas castrenses a militares vinculados con organismos represores, Piñera aseguró que "ninguna persona que tenga responsabilidad en materia de violación a los derechos humanos va a ser parte de las Fuerzas Armadas o de nuestro Gobierno". El jefe de Estado, sin referirse al caso en particular, aseguró que el compromiso del Ejecutivo "con los derechos humanos es total e inquebrantable y en esto nuestro Gobierno ha dado muestras muy claras."Ninguna persona que tenga responsabilidad en materia de violación a los derechos humanos va a ser parte de las Fuerzas Armadas o de nuestro Gobierno". Por su parte,  Carmen Soria – hija del diplomático asesinado en la dictadura – señaló que  aún cuando Belmar no haya sido sometido a proceso, las autoridades debían asumir su responsabilidad y anular su designación. “Como él no ha sido procesado da lo mismo. Hay muchas personas que participaron en asesinatos y que hoy están libres. El jefe de seguridad del parque metropolitano, un tipo que torturó y asesinó no sólo a mi papá sino que a muchas personas más,  es violento para todos”, concluyó Carmen Soria. Esta situación se suma a la destitución del ministerio de Defensa de los ex agentes de la CNI Alejandro Romero Peragallo, José Pérez Manríquez y el general (r) Orlando Carter Cuadra, yerno del ex director de la DINA Manuel Contreras y la vinculación del Jefe del Estado Mayor del Ejército, Guillermo Castro Muñoz, con la central de inteligencia.

Se trata de Alejandro Romero Peragallo, José Pérez Manríquez y Orlando Carter Cuadra.

Ellos se suman a Pedro Fernández Neira y el ex DINA Italo Seccatore Gómez, quienes fueron desligados en 2010

El Ministerio de Defensa dio curso a la orden para desafectar a todos los asesores de la subsecretaría de la cartera que tuvieron relación con organismos de la represión de la dictadura.

Así, a través dImagene un comunicado "se informa que los señores Alejandro Romero Peragallo (ex CNI), José Pérez Manríquez (ex CNI) y Orlando Carter Cuadra (yerno de Manuel Contreras), han cesado en sus funciones en la Subsecretaria de Defensa a contar del día de hoy (lunes), habiendo sido comunicada esta resolución a ellos el día 17 de enero del presente".

"Respecto del señor Italo Seccatore Gómez (ex DINA) y Pedro Fernández Neira (ex CNI), se informa que prestaron servicios en la Subsecretaría de Defensa hasta el 31 de diciembre de 2010", agregó el documento.

Con esto se cumple con lo exigido por el ministro Andrés Allamand y solicitado, entre otros por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, en cuanto a alejar de la cartera a cualquier persona que haya sido vinculada a la dictadura, en el marco de una nueva política de personal.

Nuevamente un caso de DD.HH sale a la palestra, esta vez se trata de la investigación que se le está haciendo al entonces Teniente Orlando Carter Cuadra, yerno de Manuel Contreras por el presunto asesinato de uno de los fundadores del MIR, Bautista van Schouwen.

Según los expedientes militares de la época, el 13 de diciembre del 73', Van Schouwen junto a otro militante, llamado Patricio Munita, fueron interceptados por agentes de la Dina, para ser llevado a Villa Grimaldi donde fueron torturados y sus cadáveres fueron dejados en la rotonda Quilín.

24 horas, aseguró que en abril de este año, el familiar del "Mamo" habría sido interrogado por la rama de DDHH de la PDI y ratificó que le tocó participar en un procedimiento donde fallecieron dos personas, y que conocía al dirigente, pero desconoció que uno de los fallecidos fuera van Schouwen.

La televisora se contactó con el ahora general en retiro, pero Carter declinó referirse al tema.

Orlando Carter Cuadra, yerno del creador de la DINA Manuel Contreras, fue condenado a 10 años y un día de prisión por el asesinato de los dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Bautista Van Schouwen Vasey y Patricio Munita Castillo.

Ambos fueron asesinados el 13 y 14 de diciembre del año 1973 en Santiago, cuando estaban refugiados tratando de escapar de las garras de la dictadura.

Van Schouwen y Munita vivían en la clandestinidad y se habían contactado con un sacerdote, que los recibió en la parroquia de la Congregación de los Padres Capuchinos, ubicada en calle Catedral 2345, del centro de Santiago. El contigente era dirigido por el torturador y asesino Marcelo Moren Brito.

En ese lugar, fueron detenidos por personal del Ejército, Carabineros y policía, que detuvieron a ambos dirigentes y el sacerdote, todos detenidos y torturados.

Los dirigentes del MIR fueron asesinados y sus cuerpos lanzados a la calle, abandonados en el N° 600 de la Avenida Américo Vespucio.

Según la investigación del juez Mario Carroza, la muerte se produjo entre otras cosas por múltiples heridas de bala recibidas por la espada, “que les ocasionaron efectivos militares comandados por el teniente Orlando Carter Cuadra”. En esos años, fueron sepultados en el Cementerio General, Patio 29, como NN.

Según la resolución judicial “A raíz de diligencias posteriores de familiares de Patricio Munita Castillo se tuvo la oportunidad de exhumar su cuerpo e identificarlo, como también la revisión de los antecedentes de la autopsia practicada al otro cuerpo inhumado no identificado. Según informe de dactiloscopia efectuado en el mes de diciembre de 1973, pudo establecerse que éste correspondía a Bautista Van Schouwen Vasey, cuyos restos también fueron exhumados por agentes de la DINA y cremados en el mismo cementerio”.

En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó al oficial de Ejército en retiro Orlando Carter Cuadra a 10 años y un día de presidio por su responsabilidad en los homicidios calificados de los dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Bautista Van Schouwen Vasey y Patricio Munita Castillo, ocurridos el 13 o 14 de diciembre de 1973.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia del ministro en visita Mario Carroza que estableció la responsabilidad de Carter Cuadre en ambos homicidios, cometido después que los dirigentes fueron detenidos en el Convento Padres Capuchinos, ejecutados e inhumados ilegalmente en el Patio 29 del Cementerio General y posteriormente exhumados e incinerados en los crematorios del camposanto.

Además, indica que, esta Corte, desechará la solicitud de nulidad de la sentencia, teniendo en consideración que de un detenido estudio de los antecedentes agregados al proceso, se constata que ellos han sido analizados de conformidad a lo que establece la ley y él contiene las consideraciones en cuya virtud se dan por probados los hechos delictivos atribuidos al condenado dando las razones legales que sirven para calificar el delito y sus circunstancias. Asimismo, debe desestimarse la causal que se hace consistir en haber sido dictada la sentencia contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada, haciendo referencia a los hechos en que se fundara la acusación formulada en la causa contra Marcelo Moren Brito y Juan Manuel Contreras Sepúlveda, por cuanto a dicha relación no cabe darle tal condición.

Agrega que en este proceso, la investigación estuvo dirigida a determinar los homicidios calificados de Bautista Van Schouwen Vasey y Patricio Munita Castillo, hechos ocurridos el 13 o 14 de diciembre de 1973, luego de haber sido detenidos en el Convento de los Padres Capuchinos, ubicado en calle Catedral 2345 de esta ciudad, donde habían buscado refugio en los meses posteriores al golpe militar de septiembre de 2013 (SIC)  y en el fallo apelado, luego de la abundante prueba agregada, analzada en el Considerando Segundo, entre otra, la consistente en documental, entre ellos el Bando Militar N° 10 inserto en el diario El Mercurio de 26 de septiembre de 1973, en el que se incluía a Bautista Van Schouwen, como una de las que debía presentarse voluntariamente en el Ministerio de Defensa Nacional y de no hacerlo sufrirían las consecuencias al colocarse al margen de lo resuelto por la Junta de Comandantes, pericias, testimoniales, Informes de la Policía de Investigaciones, Servicio Médico Legal, protocolos de autopsia de las víctimas, Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Informe del Subdepartamento de dactiloscopia del Registro Civil para determinar la identificación de ambas, Ordenes de exhumación de restos del Cementerio General, se da por establecido en el Considerando Tercero, que los cuerpos de las víctimas fueron encontrados por Carabineros, frente al N° 600 de Avenida Américo Vespucio, sin identificación, muertos a consecuencias de múltiples heridas a bala recibidos por la espalda, propinados por una patrulla militar comandada por Carter Cuadra que en la época era Teniente de Ejército e integrada por un Suboficial y dos conscriptos.

Las víctimas, luego de habérseles efectuado la autopsia, fueron sepultados en el Patio 29 del Cementerio General y en el Considerando Quinto del fallo, el Ministro en Visita da por establecido que las víctimas encontradas por Carabineros, eran las dos personas a quienes Carter Cuadra, dio la orden de dispararles al cuerpo y darles de baja, lo que fue corroborado por los integrantes de la patrulla César Góngora y Jaime Campos Encina.

En el aspecto civil se condenó al Fisco a pagar $ 440.000.000 a los familiares de las víctimas.

En fallo dado a conocer hoy, la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó al ex oficial de ejército Orlando Oscar Carter Cuadra a 10 años y un día de presidio por su responsabilidad en los homicidios calificados de los dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Bautista Van Schouwen Vasey y Patricio Munita Castillo, delitos cometidos el 13 o 14 de diciembre de 1973 en la capital.

El 13 de diciembre de 1973 Bautista Van Schouwen y Patricio Munita fueron detenidos por efectivos uniformados y civiles al interior de la Iglesia de los Capuchinos, ubicada en calle Catedral 2345 en Santiago. Ambos prisioneros fueron trasladados con destino desconocido; al amanecer del día siguiente fueron ejecutados e inhumados ilegalmente en el Patio 29 del Cementerio General; unos días más tarde fueron exhumados por los victimarios e incinerados en el crematorio del propio cementerio.

El ex general de ejército Orlando Carter Cuadra era en aquella época teniente, formaba parte del contingente del Regimiento Tejas Verdes que fue el recinto donde Manuel Contreras dio inicio a sus prácticas criminales y desde donde maquinó la creación de la DINA. El referido Carter Cuadra era, por añadidura, yerno del Mamo Contreras.

En esta misma causa habían sido también procesados y acusados, por su participación directa en estos hechos, el propio Manuel Contreras y Marcelo Morén Brito quienes fallecieron antes de ser condenados.

En fallo unánime (rol 903-2017) la Séptima Sala del tribunal de alzada -integrada por los ministros Jorge Zepeda, Alejandro Rivera y el abogado (i) Jaime Guerrero- confirmó la sentencia del ministro en visita Mario Carroza que estableció la responsabilidad de Carter Cuadra en ambos homicidios. La sentencia de primera instancia fue fallada en diciembre de 2017 por el ministro Carroza.

Al respecto el fallo señala:

«Que, esta Corte, desechará la solicitud de nulidad de la sentencia, teniendo en consideración que de un detenido estudio de los antecedentes agregados al proceso, se constata que ellos han sido analizados de conformidad a lo que establece la ley y él contiene las consideraciones en cuya virtud se dan por probados los hechos delictivos atribuidos al condenado dando las razones legales que sirven para calificar el delito y sus circunstancias. Asimismo, debe desestimarse la causal que se hace consistir en haber sido dictada la sentencia contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada, haciendo referencia a los hechos en que se fundara la acusación formulada en la causa contra Marcelo Moren Brito y Juan Manuel Contreras Sepúlveda, por cuanto a dicha relación no cabe darle tal condición».

Agrega que: «en este proceso, la investigación estuvo dirigida a determinar los homicidios calificados de Bautista Van Schouwen Vasey y Patricio Munita Castillo, hechos ocurridos el 13 o 14 de diciembre de 1973, luego de haber sido detenidos en el Convento de los Padres Capuchinos, ubicado en calle Catedral 2345 de esta ciudad, donde habían buscado refugio en los meses posteriores al golpe militar de septiembre de 2013 (SIC) y en el fallo apelado, luego de la abundante prueba agregada, analizada en el Considerando Segundo, entre otra, la consistente en documental, entre ellos el Bando Militar N° 10 inserto en el diario El Mercurio de 26 de septiembre de 1973, en el que se incluía a Bautista Van Schouwen, como una de las que debía presentarse voluntariamente en el Ministerio de Defensa Nacional y de no hacerlo sufrirían las consecuencias al colocarse al margen de lo resuelto por la Junta de Comandantes, pericias, testimoniales, Informes de la Policía de Investigaciones, Servicio Médico Legal, protocolos de autopsia de las víctimas, Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Informe del Sub departamento de dactiloscopia del Registro Civil para determinar la identificación de ambas, Ordenes de exhumación de restos del Cementerio General, se da por establecido en el Considerando Tercero, que los cuerpos de las víctimas fueron encontrados por Carabineros, frente al N° 600 de Avenida Américo Vespucio, sin identificación, muertos a consecuencias de múltiples heridas a bala recibidos por la espalda, propinados por una patrulla militar comandada por Carter Cuadra que en la época era Teniente de Ejército e integrada por un Suboficial y dos conscriptos.

Las víctimas, luego de habérseles efectuado la autopsia, fueron sepultados en el Patio 29 del Cementerio General y en el Considerando Quinto del fallo, el Ministro en Visita da por establecido que las víctimas encontradas por Carabineros, eran las dos personas a quienes Carter Cuadra, dio la orden de dispararles al cuerpo y darles de baja, lo que fue corroborado por los integrantes de la patrulla César Góngora y Jaime Campos Encina».

Parlamentarios y agrupaciones de derechos humanos emplazaron al subsecretario de Defensa, Óscar Izurieta, a renunciar a su cargo por haber contratado como asesores a ex agentes de la DINA y la CNI.

Los efectivos fueron destituidos por orden del ministro de Defensa, Andrés Allamand, quien a poco tiempo de haber asumido su cargo, está implementando una nueva política de personal.

Recordemos que los agentes de la DINA y la CNI están sindicados en la mayoría de los procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos sucedidos en Chile.

Al menos uno de cada cuatro agentes de la policía secreta de Pinochet, articulados en la DINA, pero también en la CNI, fueron entrenados en la Escuela de las Américas donde se descubrieron manuales de entrenamiento que aconsejaban aplicar tortura a los detenidos.

El mismo Oscar Izurieta, es un graduado de la Escuela de las Américas, en 1975, al igual que el ex general Le Dantec, en 1974, recientemente renunciado por estar involucrado en la compra de una casa de un millón de dólares para residir y que fue objetada por la Contraloría.

La dirigenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos Mireya García, sostuvo que de esta forma queda de manifiesto que el propio Izurieta mintió cuando era Comandante en Jefe del Ejército del entonces ministro de Defensa, Francisco Vidal, ya que se les aseguró que no había ex agentes en esta rama castrense.

“Se nos mintió porque no era así. Ellos se mantenían y estas mismas personas hoy son parte de la subsecretaría porque el señor Vidal además es asesor de Izurieta. No entiendo cómo se siguen reproduciendo las mentiras y esta complicidad con los violadores de derechos humanos”, manifestó.

Por su parte, el abogado y diputado Hugo Gutiérrez, aseguró que el ex Comandante en Jefe del Ejército debería presentar su renuncia, ya que tiene una clara responsabilidad en las contrataciones de estos asesores que fueron integrantes de los organismos represivos del régimen militar.

“La responsabilidad del mando está clara. Izurieta debería salir del cargo que detenta porque es de confianza del ministro de Defensa y es obvio que gran parte de los asesores han sido removidos de sus cargos”, dijo el presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara.

A poco de asumir en el ministerio de Defensa, Andrés Allamand ordenó una nueva política de personal con lo que dispuso la salida de tres asesores de Óscar Izurieta por estar vinculados a la DINA y la CNI.

De esa forma fueron destituidos los generales en retiro Alejandro Romero Peragallo (graduados en la Escuela de las Américas en 1974) y Orlando Carter Cuadra ( graduado en 1970), quien es yerno del ex director de la DINA Manuel Contreras, además del coronel en retiro José Pérez Manríquez (graduado en 1975).

Ministro en visita

Continúan las diligencias para investigar las distintas irregularidades que se han detectado en las ramas de las Fuerzas Armadas.

Este lunes, el Pleno de la Corte Suprema – respondiendo una petición realizada por el Consejo de Defensa del Estado – resolvió designar al juez de la Corte Marcial, Juan Manuel Muñoz Pardo, como ministro en visita para investigar los sobreprecios que habrían pagado algunos oficiales del Comando Aéreo del Ejército para repuestos de helicópteros al interior del Comando Aéreo del Ejército de Rancagua,

Este caso fue investigado en un comienzo por el juez Manuel Valderrama, quien se declaró incompetente para conocer los antecedentes que, finalmente,  pasaron a la fiscalía militar de Rancagua.

De esta forma el CDE decidió solicitar un ministro en visita luego que la investigación no lograra resultados satisfactorios para el organismo. Muñoz Pardo dejará de cumplir funciones en este tribunal el 28 de febrero, por lo cual se determinó que a partir de esa fecha será reemplazado en esa investigación por el ministro Juan Cristóbal Mera.

Doce generales serán reemplazados en el Alto Mando del Ejército, entre ellos el actual jefe del Estado Mayor de la institución, general Patricio Chacón, y el jefe de la Guarnición Metropolitana, general Sergio Candia, de acuerdo con la conformación del generalato de la institución para el año 2001, dada a conocer hoy.

El Ejército informó que tanto Candia como Chacón renunciaron voluntariamente a sus respectivos cargos "atendiendo a que en fecha próxima cumplirán con el tiempo reglamentario de permanencia en la institución". De esta forma, asumirá como jefe del Estado Mayor el mayor general Juan Emilio Cheyre, quien en la actualidad se desempeña como jefe del Comando de Instututos Militares (CIM). En total, pasarán a retiro 12 generales, entre ellos los mayores generales Sergio Espinosa Davies y el brigadier general Alfredo Canales Taricco.

Es así como se informó a través de un comunicado que el comandante en jefe, teniente general Ricardo Izurieta aceptó el pase a retiro del mayor general Raúl Carvajal Davidson y de los brigadieres generales Luis Cofré González, Luis Guzmán Mayorga, Eduardo Jara Hallad, Hernán Ramírez Hald, Gastón Riquelme Vergara, Eduardo Arriagada Rehren y Mauricio Baker Peredo. Asimismo, ascendieron al grado de brigadier general los coroneles Mario Larenas Carmona, Alvaro Guzmán Valenzuela, Antonio Martínez Roa, Enrique Slater Escanilla, Pablo Gran López, José Miguel Piuzzi Cabrera, Angel Izurieta Arceu, Carlos Oviedo Arriagada, Patricio Cartoni Viale, Arturo Merino Fernández, Ricardo Felip Imperatore y el brigadier Indalicio Gallardo Saldivia.

De este modo, el alto mando del Ejército para el año 2001 quedó conformado de la siguiente manera: Comandante en jefe, teniente general Ricardo Izurieta Caffarena; comandante general de la Guarnición Ejército de la Región Metropolitana, mayor general Juan Emilio Cheyre Espinosa; comandante en jefe de la Región Militar Austral y comandante en jefe de la V división, mayor general Alejandro Martín Junemann e inspector general, mayor general Hugo Arias Sáez. Como comandante en jefe del del Primer Cuerpo, quedó el mayor general Jorge Lazo Pozzi; director de Inteligencia, mayor general Roberto Arancibia Clavel; comandante del Comando de Institutos Militares, mayor general Adolfo Vásquez Moreno y director del Personal, el mayor general Julio Cerda Carrasco.

En tanto, como director de Operaciones, quedó el mayor general Carlos Molina Johnson; comandante en jefe de la IV división, brigadier general Enzo Cadenasso Castro; comandante en jefe de la II división, brigadier general Juan Carlos Salgado Brocal y comandante del Comando de Industria Militar e Ingeniería, brigadier general Gonzalo Jara Padilla. Como secretario general fue nombrado el brigadier general Javier Urbina Paredes; director de Famae, brigadier general Sergio Matus Martínez-Conde; director general de Movilización Nacional, brigadier general Waldo Zauritz Sepúlveda; director de Educación, brigadier general Carlos Larenas Peñafiel y comandante en jefe de la I división, brigadier general Gilberto Sepúlveda del Pino.

En tanto, como comandante en jefe de la III división, quedó el brigadier general Oscar Izurieta Ferrer; comadante del Comando de Ingenieros, brigadier general Orlando Carter Cuadra; comandante del Comando de Apoyo Logístico, brigadier general Juan Carlos Escala Castro; comandante del Comando de Telecomunicaciones, brigadier general Mario Arce Giuliucci y comandante en jefe de la VI división, brigadier general Mariano Peppi Onetto. Como director de Finanzas quedó el brigadier general Carlos Cid Muñoz; director de Racionalización y Desarrollo, brigadier general Luis Clavel Matzen; jefe de la Misión Militar de Chile en Estados Unidos, brigadier general Jorge Matus Coulomb; director de la Academia de Guerra, brigadier general Alfredo Ewing Pinochet; auditor general, brigadier general Juan Romero Riquelme y obispo castrense, brigadier general Pablo Lizama Riquelme.

En tanto, como comandante del Comando de Salud, fue nombrado el brigadier general Alvaro Guzmán Valenzuela; comandante en jefe de la VII División, brigadier general Antonio Martínez Roa; comandante en jefe de la Brigada de Aviación, brigadier general Enrique Slater Escanilla; director del Instituto Geográfico Militar, brigadier general Pablo Gran López y director del Centro de Estudios e Investigaciones Militares, brigadier general José Miguel Piuzzi Cabrera. Como director de Logística fue nombrado el brigadier general Angel Izurieta Arceu; sub jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, brigadier general Carlos Oviedo Arriagada; comandante del Comando de Apoyo Administrativo, brigadier general Patricio Cartoni Viale; secretario del Estado Mayor General, brigadier general Arturo Merino Fernández; jefe Material de Guerra, brigadier general Indalicio Gallardo Saldivia y jefe de Sanidad, brigadier general Ricardo Felip Imperatore.
 

Se trata del crimen de uno de los fundadores del movimiento, Bautista Van Schouwen Vasey y de Patricio Munita Castillo, hecho ocurrido en diciembre de 1973. Orlando Carter fue condenado a 10 años y un día de presidio por este hecho.

La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema, en forma unánime, condenó  al Brigadier General (R) de Ejército, Orlando Carter Cuadra  a la pena de 10 años y un día de presidio mayor, por los homicidios calificados de los militantes del MIR, Bautista Van Schouwen Vasey y Patricio Munita Castillo, hecho ocurrido el 14 de Diciembre de 1973, en la Avenida Américo Vespucio altura del 600 de la ciudad de Santiago.

Esto, luego que los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos y María Teresa Letelier, rechazaran sendos recursos de casación en la forma y en el fondo presentados por la defensa del militar.

El abogado querellante y representante de los familiares de ambas víctimas, Nelson Caucoto Pereira, mostró su satisfacción con este fallo, señalando que “este es de aquellos casos destinados a no ser esclarecidos nunca más. Sin embargo, el desempeño de la justicia es destacable porque no han permitido que estos graves crímenes permanecieran en la impunidad, y han permitido desentrañar una compleja y sofisticada acción de inteligencia”.

En ese sentido indicó que “mientras exista voluntad por acometer el juzgamiento de estos crímenes de lesa humanidad como en este caso, no debieran existir delitos que permanezcan impunes y todos los crímenes de la dictadura pueden ser esclarecidos por el bien de Chile”.

Del mismo modo, Caucoto valoró la actividad desplegada por el abogado Ilan Sandberg, del Programa de Derechos Humanos. “Es altamente elogiable, pues él descubrió el expediente que dio cuenta de lo realizado por el Sr. Carter Cuadra con su patrulla el 14 de diciembre de 1973 “.

El condenado Orlando Carter, tiempo después de estos crímenes se casó con la hija mayor de Manuel Contreras. Ambos coincidieron en 1973 en el Regimiento de Tejas Verdes, unidad militar a la que pertenecía la patrulla que mató a las víctimas.

Las víctimas

Bautista Van Schouwen, médico de 31 años, fundador del MIR y uno de sus más carismático de sus dirigentes, fue detenido junto a Patricio Munita Castillo, 22 años, estudiante de derecho de la Universidad de Chile, quien cumplía funciones de custodio de Van Schouwen, el día 13 de diciembre de 1973, en la Parroquia de la Congregación de los Capuchinos, ubicada en calle Catedral 2345, por miembros de la DINA, encabezados por Marcelo Moren Brito.

En la oportunidad,  también se detuvo al sacerdote Enrique White, quien habría sido la persona que les acogió en esa parroquia, siendo llevados a un recinto secreto de la DINA.

En la madrugada del día 14 de diciembre 1973, una patrulla militar compuesta por un oficial, un suboficial y dos conscriptos, dieron muerte a dos personas por infringir el toque de queda decretado en ese momento, con múltiples disparos por la espalda.  La patrulla comprobó que no portaban documentos de identificación ni armamento, dejando abandonados los cuerpos en la vía pública.  Las víctimas resultaron ser Van Schouwen y Munita, lo que se acreditó tiempo después a través de sus huellas dactilares.

Un sofisticado plan criminal

La investigación criminal para esclarecer la muerte de Van Schouwen y Munita Castillo, estuvo plagada de situaciones irregulares, que daban cuenta de un sofisticado accionar de inteligencia, con el objeto de confundir, dificultar o impedir el descubrimiento del accionar criminal.

De esta manera, se extraviaron en el SML los protocolos de autopsia, los cadáveres de las dos víctimas fueron sepultadas clandestinamente por personal de DINA, fuera del horario de trabajo y con la anuencia de autoridades del Cementerio General.  Se les sepultó en el Patio 29 como “NN”, pero cuando la familia de Patricio Munita logró averiguar dónde habían sido inhumados y pudieron obtener la exhumación de su familiar y trasladarlo al Cementerio Católico, al día siguiente llegó personal de la DINA y exhumó a Bautista Van Schouwen, procediendo a incinerarlo, no sin antes detener al trabajador del Cementerio General que había inhumado a las víctimas y lo llevaron detenido al recinto de Londres 38, donde permaneció cerca de tres meses.

La madre de Patricio Munita, Lucía Castillo, era familiar de un ex comandante en jefe del Ejército, y prima del general Ernesto Baeza, en esa época Director de Investigaciones de Chile, quien había sido la autoridad que dio curso a la exhumación y traslado de los restos de Patricio Munita a otro recinto.

Esa participación del general Baeza le trajo problemas con Pinochet, quien había sido alertado por la DINA por sus actuaciones en este caso, con lo que se ganó una reprimenda del dictador y una velada amenaza.