Carrasco Pérez Hugo Luciano

Los encausamientos en esta causa de violaciones de DD.HH. fueron dictados ayer por la ministra presidenta de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Rosa María Pinto. La magistrada encausó además al coronel (R) Luis Aracena y a otras cinco personas. Todos están acusados como autores del desentierro y lanzamiento al mar a fines de 1975 o comienzos de 1976, de los 26 cuerpos de los prisioneros asesinados por la Caravana de la Muerte en octubre de 1973. Los generales (R) Miguel Trincado Araneda y Julio Salazar Lantery, junto al coronel (R) Luis Aracena Romo, y otras cinco personas, fueron procesados como autores del desentierro y desaparición entre fines de 1975 y comienzos de 1976, de los 26 cuerpos de los prisioneros asesinados en octubre de 1973 por la Caravana de la Muerte en Calama. El encausamiento fue resuelto ayer por la ministra presidenta de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Rosa María Pinto, sin embargo le sotorgó libertad provisional inmediata. La magistrada instruye la causa por las exhumaciones y lanzamiento al mar de estos cuerpos a bordo de un avión Fach. El ex comandante de la guarnición de Santiago y juez militar de la Región Metropolitana hasta 2006, general ahora retirado Miguel Trincado, comandó la operación del desentierro y lanzamiento al mar de los cadáveres cuando ocupó la jefatura de la Sección de Inteligencia del regimiento Calama. El operativo fue supervisado en terreno en un sector del desierto de Atacama por el entonces jefe del Departamento de Inteligencia de la I División del Ejército de Antofagasta, actual general (R) Julio Salazar Lantery. El coronel (R) Aracena Romo era en 1975 el segundo comandante del regimiento Calama, y estuvo también presente en el desentierro. El comandante del Calama era, en aquel tiempo, el coronel Eduardo Ibáñez Tillería, quien falleció con el grado de general. Otros de los procesados son los suboficiales (R) Héctor Iturra Orrego, Wilson Pacheco Obreque y Emilio Pardo Pardo. Estos eran subordinados de Trincado en la Sección de Inteligencia del Calama, e igualmente tuvieron participación en la exhumación de los restos. Asimismo, también se encausó a Hugo Carrasco Pérez y a Pedro Gutiérrez Ruiz. Ya se encontraban encausados por la ministra Pinto los entonces suboficiales de inteligencia del regimiento Calama, hoy en retiro, Manuel Aguirre Cortés y Juan Carlos González Reyes. Ambos también tomaron parte en el desentierro.

Mecánico confeso

Aguirre fue el primero que inculpó judicialmente a Trincado en 2005, acusándolo de comandar la operación e incluso manejar el camión en el cual se trasladaron los cadáveres ensacados hasta el aeródromo de Calama, donde esperaba un avión C-47 de la Fach a bordo del cual los arrojaron el mar. "Yo iba de copiloto en el camión junto a Trincado", dijo Aguirre en el proceso. Cuando Aguirre acusó a Trincado, La Nación publicó la información el 3 de mayo de 2005, pero el Ejército bajo la jefatura del general Juan Emilio Cheyre, desmintió tanto la participación de Trincado como el hecho mismo. "El Ejército rechaza categóricamente estas imputaciones por ser injustas, lesionar innecesariamente la imagen de la institución, y comprometer la honra del citado oficial (Trincado)", dijo el comunicado. El otro que ya se encontraba encausado por la magistrada Pinto, es el suboficial (R) de la Fach, Sergio López Maldonado. Este confesó en el proceso que fue el mecánico que viajó en el C-47 y declaró que "cuando habían pasado unas dos horas de vuelo, el piloto me hizo una seña. Entonces abrí la escotilla y tiré los bultos al océano". Es la primera vez que Salazar Lantery y Aracena Romo son encartados por violaciones a los derechos humanos. Trincado había sido procesado este año por propia iniciativa de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Pero ese tribunal cometió un error procesal al encausarlo por los crímenes de los 26 prisioneros cometidos por la Caravana de la Muerte el 19 de octubre de 1973 en Calama, hechos que investiga en Santiago el ministro Víctor Montiglio y para lo cual, ni esa corte ni la magistrada Pinto tienen competencia.

Primer episodio "Retiro de Televisores"

El caso desentierro de Calama es el primer episodio de la llamada por la inteligencia del Ejército "Operación Retiro de Televisores", la que masivamente se llevó a efecto a lo largo del país a partir de diciembre de 1978. Fue la fecha en que en los hornos de una mina en Lonquén, al sur de Santiago, se hallaron los cuerpos de quince campesinos asesinados por Carabineros que escondieron sus cadáveres. La "Operación Retiro de Televisores" consistió en el desentierro de todos los cadáveres de prisioneros que habían sido sepultados en fosas clandestinas por el norte, el sur y la zona centro de Chile. Los cuerpos fueron arrojados al mar. La operación la decretó entonces el dictador Augusto Pinochet, a través de criptogramas (mensaje cifrado en código) que envió a los regimientos del país con la orden. Uno de los primeros en fijar la fecha del desentierro en Calama fue el coronel (R) Aracena Romo, quien declaró judicialmente que el hecho sucedió "en los últimos días de 1975". Por su parte, Salazar Lantery reconoció en el juicio que "a fines de 1974 ó 1975, hubo acuerdo para sacar los cuerpos, porque supimos que los familiares los andaban buscando por el desierto". A pesar de que Trincado sigue negando su participación, en la investigación judicial hay al menos ocho suboficiales que lo acusan de comandar el operativo, o de dirigir la Sección de Inteligencia del regimiento Calama en ese tiempo. El próximo paso podría quedar en manos del ministro Montiglio, pues la parte querellante sostiene que no se trata simplemente de que los procesados cometieron el delito de exhumación ilegal al desenterrar los cuerpos y hacerlos desaparecer, sino que en su actuar habrían incurrido, al menos, como encubridores de secuestro y homicidio porque actuaron para borrar las huellas de los crímenes cometidos por la Caravana de la Muerte en 1973. Por ello existe la posibilidad de que, tras estos encausamientos, la ministra Pinto se declare incompetente y envíe la causa a Santiago al juez Montiglio.

Resolución afecta además a otros siete ex uniformados por hechos ocurridos en 1975.
El ex comandante de la Segunda División del Ejército, general (r) Miguel Trincado Araneda, y otros siete ex uniformados fueron sometidos a proceso el viernes por su responsabilidad como coautores de las exhumaciones ilegales de los restos de 26 ejecutados, ocurridas en 1975. La resolución fue dictada por la ministra en visita de la Corte de Antofagasta, Rosa María Pinto, quien, según informes oficiales, concedió a todos los encausados la libertad provisional, con una fianza de $50 mil. La magistrada fue encomendada para indagar la operación denominada "retiro de televisores" que se ejecutó a fines de 1975, cuyo objetivo era desenterrar los restos de los ejecutados en 1973 por la denominada "Caravana de la Muerte", para hacerlos desaparecer lanzándolos al mar. Cuando ocurrieron los hechos, Trincado cumplía labores de inteligencia en el regimiento de Calama y, según antecedentes que constan en el proceso, habría estado a cargo de la ejecución del operativo. Así lo declaró ante la magistrada Pinto el ex sargento Manuel Aguirre, quien sindicó a Trincado como el conductor del camión en que fueron transportados los cuerpos desde el camino a San Pedro de Atacama al aeródromo de Calama, lugar donde los sacos con los restos de los ejecutados fueron subidos a un avión de la FACh desde donde fueron lanzados al mar. El procesamiento afecta también a los ex oficiales Julio Salazar Lantery y Luis Aracena Romo, y a los suboficiales Emilio Pardo Pardo, Héctor Iturra Orrego, Hugo Carrasco Pérez, Wilson Pacheco Obreque y Pedro Gutiérrez Ruiz. A fines de agosto pasado, la Corte de Antofagasta encausó a Trincado como encubridor de las ejecuciones que tuvieron lugar en la zona en octubre de 1973, pero luego la Sala Penal de la Corte Suprema anuló los cargos al acoger un amparo a favor del ex oficial.

El caso que remeció a la policía

La situación del general (r) Trincado en el proceso no ha estado exenta de polémicas. Una de ellas involucró de lleno al actual director de la Policía Civil, Arturo Herrera, y al ex prefecto Rafael Castillo, quienes pusieron fin a una vieja amistad con motivo de la indagatoria contra el ex uniformado. ¿La razón? A fines de 2005 Herrera habría solicitado a la Brigada de Derechos Humanos -a cargo de Castillo- que modificara el informe que involucraba a Trincado con las exhumaciones, con el fin de liberarlo de cargos. Al conocer de ello, Castillo se negó y envió el informe original a la justicia, lo que generó un quiebre entre ambos. La polémica situación -negada por Herrera- es investigada por la ministra Pinto.