Alias : Camión carnicero
Rut:
Cargos:
Grado : Mayor
Rama : Carabineros
Organismos : Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR)
Caso Degollados
Golpe de Estado de 1973: el brutal asesinato de dos jóvenes ecuatorianos y evangélicos
Fuente :cronicadigital.cl 11 de Septiembre 2020
Categoría : Prensa
En medio de la orgía de crímenes y violencia que se desencadenó luego del golpe de Estado de septiembre de 1973, los jóvenes ecuatorianos Felipe Campos Carrillo y Jimmy Torres Villalba encontraron la muerte en tierra chilena. Eran evangélicos bautistas. Sin militancia política. El primero estudiaba Ingeniería y el segundo Kinesiología. Ambos en la Universidad de Concepción. Tenían 19 y 23 años, respectivamente.
Chilevisión y CNN Chile entregaron nuevas informaciones sobre sus asesinatos, luego que revelaran confesiones de José Florentino Fuentes Castro, sargento de Carabineros en retiro, condenado por el Caso Degollados, en una conversación con otro ex oficial.
Fuentes Castro participó en la detención de los dos estudiantes. Señaló: “Donde estaban los mástiles, a esos hueones los tuvimos toda la noche colgados ahí. Y los hueones no quisieron hablar. Y estaba el pelado que era un mayor. Ese hueón ordenó matar a esos hueones. ¿Y sabe dónde los llevamos, los llevamos? A la desembocadura”. En el diálogo se precisa que hablan de Alejandro Cárcamo: “En la Escuela le decíamos al Cárcamo el camión carnicero”.
Los jóvenes fueron llevados en una caravana a la desembocadura, donde se les dio muerte. “Si nosotros estábamos en el Sicar (Servicio de Inteligencia de Carabineros), si nosotros los llevamos para allá. Con el Manuel Alfaro Contreras”. En la investigación judicial hasta ahora el único condenado fue el jefe del Sicar, coronel Sergio Arévalos Cid, pero con esta prueba se identifican a otros involucrados y se confirma la orden de ejecutar a los detenidos.
En el audio se escuchan risas en medio del relato sobre cómo se encontraron los cuerpos de los estudiantes acribillados. Fuentes comentó: “Los pillaron unos pescadores al otro día y estaban amarrados así, en vez de esposados, estaban amarrados con unas mangas de camisa de Carabineros y los hueones en las carteras tenían un recibo de comprobante de dinero”. Y agregó: “Yo sé los que andaban. Fueron casi todos los suches. Los que le digo yo. El Arriagada, Prieto. Nosotros nunca quisimos hablar. Nunca”.
En 1997, conocí el caso de los dos estudiantes mientras colaboraba con una iniciativa de los organismos de derechos humanos en Chile y Ecuador para interponer en la Corte Suprema de ese país una demanda penal en contra de Augusto Pinochet, que viajaba a este país para participar en una reunión de jefes de los Ejércitos de América. El ex dictador aún ejercía como Comandante en Jefe.
La acción fue presentada por un grupo de 21 personalidades de Ecuador, tales como el ex Vicepresidente de la República, León Roldós Aguilera, y el pintor Oswaldo Guayasamín. La demanda, basada en cuatro casos, incluía las ejecuciones de Torres y Campos. El propósito era lograr el arresto de Pinochet. En esa oportunidad logró escapar.
En Quito, el general dijo a la prensa que los jóvenes “posiblemente estaban en algo, no sé (…) Lamentablemente, en estos casos caen justos por pecadores”…
Concluyó: “¿Qué explicación quiere que le dé? ¿Qué le pida perdón, como dicen algunos?”.
EL ENCUBRIMIENTO DEL DOBLE CRIMEN
El contexto fue la persecución desencadenada contra los extranjeros que se encontraban en Chile, bajo la imputación de que habría existido un “ejército guerrillero marxista” que era integrado por miles de personas procedentes de diferentes partes de América Latina.
Por ejemplo, un editorial de “El Mercurio” sostenía el 28 de septiembre de 1973: “A lo largo de los últimos tres años, los elementos extremistas y terroristas del continente encontraron en este país refugio, protección y ayuda para sus actividades”, las cuales abarcaban “la militancia en partidos marxistas nacionales y la consiguiente intromisión en la política interna” y “la organización y apoyo de organizaciones clandestinas en sus países de origen”. Sostenía: “Cerca de 13 mil extremistas latinoamericanos permanecían en Chile durante los últimos meses”.
Durante la madrugada del viernes 21 de septiembre, según la edición de “La Tercera” del día siguiente, se encontraron “dos extremistas acribillados a bala” en la zona penquista. Eran extranjeros.
La nota señalaba que “el misterioso hallazgo de dos cadáveres acribillados a bala tiene en ascuas a la policía local (sic). El descubrimiento fue hecho por efectivos de Carabineros (…) cuando efectuaban una ronda en las inmediaciones de la desembocadura del río Bío Bío (sic). Los sujetos, hasta ahora desconocidos, son jóvenes”. Sus cuerpos presentaban “varios impactos de bala en diferentes partes” de sus cuerpos. Pero, aclaró, “según la policía, de ninguna manera se trataría de orificios producidos por proyectiles militares”. Más aún, “un portavoz oficial de Carabineros no descartó que se trate de una vendetta de los extremistas de izquierda, por la forma en que se habría producido el asesinato”. Concluía: “La policía uniformada se encuentra trabajando arduamente” en el esclarecimiento de “este singular caso”.
Un detalle: la fecha y circunstancias entregadas por el diario sobre el hallazgo de los cuerpos eran inexactas: el pescador Gabriel Gaete encontró los cuerpos el 20 de septiembre.
Un poco después, el matutino se veía obligado a rectificar. “El caso (…) cambió radicalmente su cariz”, señaló el 28 de septiembre. Los jóvenes acribillados ya no eran “extremistas”, sino estudiantes de origen ecuatoriano que carecían de vinculación con política interna chilena: Felipe Porfirio Campos Carrillo y Jimmy Freddy Torres Villalva. El diario aclaró que “ninguno de estos estudiantes era militante del MIR o de algún otro grupo extremista (…) Está claro que no eran extremistas”.
Sin embargo, el diario insistió en la existencia de una conexión con extremistas, señalando que los jóvenes vivían con algunos de esos “elementos” en la Universidad y, por lo tanto, pudieron ejecutarlos “al saber que no eran adictos a sus ideas, y temiendo que hubieran oído más de lo conveniente”. Así, la nota fue titulada: “Policía busca a homicidas de dos estudiantes ecuatorianos. Habrían sido ejecutados por los extremistas”.
La razón de la “rectificación” quedaba en evidencia en la misma nota: “Los apoderados de ambos eran elementos perseguidos por los partidos de la UP”. Eran Mario Olavarría y Joel Salamanca, los cuales “refrendaron lo que ya antes había dicho el médico del Instituto Médico Legal, doctor Behm, quien los conocía”. Se referían al médico legista Francisco Behn Kun, académico de la Universidad de Concepción.
Olavarría y Salamanca contaron a “La Tercera” que ambos jóvenes “fueron el mismo 11 de septiembre a presentarse al consulado de su país, donde el representante les recomendó concurrir a Carabineros, consejo que fue oído por los estudiantes, lo que mereció la felicitación de la policía (…) Después, sólo los vieron tendidos en la fría losa de la Morgue”.
En efecto, un hecho clave para desmentir que se trataba de extremistas de izquierda fue la filiación política antisocialista de los apoderados de los jóvenes. El ingeniero Mario Olavarría Aranguren, por ejemplo, era entonces el director de la Escuela de Ingeniería y del Área de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Concepción, e integraba las filas del Partido Nacional. Luego del golpe de Estado, fue designado Vicerrector Académico por el rector delegado (designado por la dictadura), capitán de navío (r) Guillermo González Bastidas. Su hijo Mario Olavarría Rodríguez es hoy Alcalde de Colina en representación de la UDI, cargo que ejerce en forma ininterrumpida desde el año 2000, luego de una próspera carrera política que se inició en la Fundación Jaime Guzmán.
El velorio de los jóvenes en Concepción se realizó el 27 de octubre de 1973, en medio de la obvia conmoción de sus compañeros de aulas. El diario penquista “Crónica” describió: “Dos urnas, una negra y otra café, con tres niñas y otros tantos jóvenes montando guardia de honor, contienen los restos de Felipe y Jimmy. Estudiantes que llegaron desde Ecuador en busca de un destino, que fue trágicamente tronchado por autores que permanecen en el anonimato”.
Luego de agregar que los autores de doble homicidio aún se mantenían en la impunidad, el tabloide se preguntó: “¿Se podrá esclarecer el caso? ¿Cuándo? Son preguntas que, por lo menos por ahora, se mantienen sin respuesta”.
Fueron velados en el Templo de la Primera Iglesia Bautista de Concepción, en la que Campos se congregaba, acompañado ocasionalmente por su amigo y compatriota Torres. El Pastor Luis Mussiett Canales, ya fallecido, recibió amenazas para que no efectuara los oficios en el templo, pero no desistió. Campos también participaba en el Grupo Bíblico Universitario, que emitió una declaración repudiando el crimen, según recordó Josué Fonseca, hoy Pastor de la Primera Iglesia Bautista de Concepción, que fue el último que vio con vida al joven y luego trabajó intensamente en la causa de la justicia y la reparación en el caso.
El 6 de octubre, el general director de Carabineros, César Mendoza Durán, visitó la zona, mostrándose “muy conforme con la situación de calma que vive”. Señaló: “Por lo que me ha informado la institución y por lo que yo pude apreciar, realmente estoy muy contento con la situación de tranquilidad que vive esta provincia”. No obstante, advirtió que “hay un peligro de revancha latente, ya que había en Chile más de 13.000 extranjeros extremistas y gran cantidad de armamentos” (“La Tercera”, 7 de octubre de 1973).
Casi inmediatamente después, el 9 de octubre, “La Tercera” informó que el caso había sido esclarecido, luego de la captura del “secretario regional del MIR, abogado Pedro Henríquez Barra”, quien se habría ocultado en una casona del sector denominado Manquimávida, en los márgenes del río Bío Bío, “para eludir la acción policial tendiente a ubicarlo, ya que su captura estaba encargada a todas las unidades del país”. La detención se logró a raíz de la delación de un vecino. Agregaba que el arresto permitió que fueran capturados otros cinco miristas, “que estaban implicados en los tenebrosos planes que se iban a desarrollar en todo el país el 17 de septiembre”. Se refería al “Plan Zeta”, burdo invento de la emergente dictadura para intentar justificar el derrocamiento del gobierno constitucional, que sostenía que la izquierda preparaba un autogolpe a través del asesinato de todos sus opositores.
“La Tercera” señalaba que ese grupo “extremista” tenía la misión de “dirigir las acciones tendientes a ultimar en el sector de la Villa San Pedro a numerosas personas”.
La nota “revelaba” que “los seis individuos confesaron su participación en el asesinato de los estudiantes ecuatorianos Freddy Torres y Felipe Campos (…) Incluso uno de ellos, José Pérez, reconoció haber percutado una ametralladora Súper Batán calibre 22, que quitó la vida de los jóvenes”. El crimen, precisaba, “se llevó a cabo en venganza por los muertos de izquierda”.
Por cierto, todo era mentira. La Comisión de Verdad y Reconciliación acreditó en 1990 que los estudiantes estuvieron recluidos en la Cuarta Comisaría de Carabineros de Concepción y que “fueron ejecutados por agentes del Estado”.
La investigación judicial logró acreditar que entre el 16 y el 19 de septiembre de 1973, Felipe Porfirio Campos Carrillo y Freddy Jimmy Torres Villalba fueron detenidos, “sin orden judicial ni administrativa competente”, por funcionarios de Carabineros que los condujeron hasta dependencias de la Cuarta Comisaría de Concepción. Desde allí fueron sacados la noche del 19 de septiembre por una gran caravana policial que partió desde la guardia por calle Salas, y trasladados hasta el sector de la desembocadura sur del río Bío Bío, para ser ejecutados con múltiples impactos de bala. Los cuerpos fueron encontrados en Boca Sur, partidos por la mitad y sin sangre, lo que mostraba que el homicidio había sido perpetrado en otro lugar.
¿Por qué los asesinaron? Se trataba de estudiantes universitarios, eran extranjeros e incluso parecían cubanos. Por eso fueron detenidos, torturados en la comisaría y luego en la desembocadura, donde los mantuvieron colgados toda la noche. Luego los acribillaron. Los asesinos estaban satisfechos: habían ganado una nueva batalla contra el “comunismo ateo”. Pensaban, asimismo, que las aguas ocultarían su crimen, pero sus cuerpos fueron encontrados.
El hermano de Jimmy, Kenny Torres, contó en el portal “Memoria Viva” que el joven llegó a Chile a fines de marzo de 1973, luego de obtener la “Beca Profesor Salvador Gálvez Rojas”, otorgada por la Universidad de Concepción al mejor estudiante de América Latina. Había logrado reconocimiento al mejor bachiller del Colegio Adolfo María Astudillo de Babahoyo. Al momento de partir hacia Chile, cursaba el primer año en la Facultad de Ingeniería en la Escuela Superior Politécnica del Litoral. “Para Mario Olavarría, el apoderado de Jimmy, su pupilo, de modesto origen, era un muchacho introspectivo y muy estudioso (…) Sólo se dedicaba a estudiar, pues deseaba fervientemente terminar su carrera”, comentó.
Sobre su compatriota, Felipe Campos, también sin militancia, recordó que “fue bachiller del Colegio Eloy Alfaro de la ciudad de Guayaquil. Sus padres Felipe Campos Robles y Ruth Carrillo provenían de hogares modestos”. Añadió que “fue admitido por ‘mérito especial’ de su hermano José Campos, brillante estudiante de cuarto año de Medicina. Le dio esta oportunidad el doctor Behm”. Su apoderado fue el Superintendente de la empresa Armco S.A., Joel Salamanca. También tuvo destacada labor como estudiante.
Los jóvenes vivían en una residencia universitaria, pero –subrayó– “nunca intervinieron en actividad alguna que no fuera estrictamente estudiantil (…) ajenos por completo a los asuntos políticos que conmovían la República de Chile”.
Precisando detalles ya conocidos en 1973, señaló que Salamanca le dijo que los jóvenes fueron al Consulado de Ecuador para preguntar por su situación de extranjeros. “No estaba el cónsul y su esposa les recomendó presentarse a Carabineros. Así lo hicieron”. Luego, el ejecutivo leyó una noticia sobre el hallazgo de dos cuerpos flotando en el río Bío Bío, en la cual se describían sus ropas: “Salamanca se estremeció: igual vestimenta llevaba su pupilo y Jimmy”. En la morgue, el doctor Behm constató que los cadáveres “presentaban idénticas heridas: perforaciones de bala, traumatismo múltiple en diferentes partes del cuerpo, señales de torturas con colillas de cigarrillos. Además, presentaban huellas de tormentos con descargas eléctricas”.
Pero la crueldad no reconocía límites. El 6 de octubre, los restos de los jóvenes llegaron a Ecuador. Los familiares se enteraron entonces que sólo podrían recuperar sus cenizas. “Los ejecutores de mi hermano no sólo se saciaron con detenerlo, torturarlo y matarlo, sino que lo incineraron”, denunció. La tiranía, en efecto, no permitió repatriar sus cuerpos, por lo que debieron ser incinerados para su restitución.
“Cayeron bajo las alevosas balas de fusiles (…) ebrios de sangre de inocentes víctimas”, sentenció.
Por Víctor Osorio. El autor es periodista y director ejecutivo de la Fundación Progresa.
Brutal testimonio de degollador de la dictadura: "Matamos a cuanto hueón pillamos"
Fuente :eldesconcierto.cl, 1 de Septiembre 2020
Categoría : Prensa
En un conmovedor audio emitido en el contexto de un reportaje de CHV, se escucha al ex carabinero José Florentino Fuentes, relatar crímenes en los que admite participación directa. El registro de quien resultó ser uno de los autores del crimen de Manuel Parada, Santiago Nattino y Manuel Guerrero, fue entregado a la justicia y podría generar nuevas condenas.
José Florentino Fuentes Castro es un sargento de Carabineros en retiro que se involucró en hechos que lo transformaron en degollador, por lo que fue condenado por los actos cometidos en dictadura.
El tristemente célebre Caso Degollados lo tiene como protagonista de una historia que anoche puso CHV en pantalla, con un relevador audio suyo de la época.
En él, se le escucha sosteniendo una conversación con otro oficial, también en retiro.
Al excarcelado de Punta Peuco el 2016 quien accedió al beneficio de libertad condicional, se le escucha repasar su vida como ex agente del Servicio de Inteligencia de Carabineros (Sicar).
Por su relevancia, el registro de quien resultó ser uno de los autores del crimen de Manuel Parada, Santiago Nattino y Manuel Guerrero, fue entregado a la justicia.
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La expectativa es que el material pueda constituir una ayuda para esclarecer hechos alusivos a casos de violaciones a los Derechos Humanos en Neltume y Concepción.
Confesiones de un degollador
En la grabación el ex reo pormenoriza su rol en Neltume en la década del ’80, cuando el “Destacamento Toqui Lautaro” del MIR quiso implementar una resistencia armada descubierta por patrullas del Ejército.
Luego de la detención de algunos integrantes, se constató una serie de crímenes que fue posible conocer por los antecedentes proporcionados por soldados conscriptos.
La siguiente es la transcripción de lo que se pudo escuchar en el audio emitido anoche:
—Fuentes: Agarramos a estos hueones. Matamos a cuanto hueón pillamos. Cuando se mataban los huevones empiezan los remordimientos. Entonces tomábamos un trago, pero muy poco, para curarse, para evadirse, volarse, qué se yo, cualquier huevada.
—Interlocutor de Fuentes: Eran ellos o nosotros.
—Fuentes: Sí, no me da remordimiento, creo que lo que hice fue justo.
Fuentes ilustra además la participación de Carabineros y dice que el entonces teniente Cádiz Stewart, quien llegaría a general, fue protegido por instrucciones de su padre general.
Específicamente, para que no participara en las ejecuciones que se hicieron en el sector precordillerano, donde aún hay campesinos que se encuentran desaparecidos.
—Fuentes: Pero él no sabe, yo lo conozco por eso. El “Lolo” tenía instrucción de mi general para que no lo dejara participar en huevadas.
—Fuentes: Y después, estando heridos los hueones, no tienen por qué hablar. Entonces, es fea la hueá cuando uno le dice… puta, un hueón herido y rematarlo. Esa hueá es como cobardía, pero la hueá había que hacerla.
Sumario en curso
La investigación del caso Neltume se encuentra en desarrollo. “Estos antecedentes permiten abrir una nueva arista de investigación que tiene que ver con el rol de Carabineros en las ejecuciones de Neltume”, sostuvo al respecto la abogada de DD.HH., Magdalena Garcés.
“Si él dice que estaban en guerra, hasta en la guerra existen normas humanitarias. Rematar a un enemigo es un homicidio calificado, con alevosía”, agrega.
El caso de los ecuatorianos del año ’73
Esta operación es parte de la carrera de Fuentes Castro. Pero antes, el 17 de septiembre de 1973, como miembro del Sicar, se involucró en la detención de dos integrantes de la Congregación Bautista, estudiantes de la Universidad de Concepción sin militancia política.
Específicamente, es el caso de los jóvenes ecuatorianos Felipe Campos Carrillo, alumno de ingeniería de 19 años, y Jimmy Torres Villalba, de 23 años, estudiante de kinesiología.
Como consecuencia del operativo, a ambos se les trasladó a la Prefectura de Carabineros de Concepción.
Los hechos relatados en primera persona
—Fuentes: “Donde estaban los mástiles, a esos hueones los tuvimos toda la noche colgados ahí. Y los hueones no quisieron hablar. Y estaba el pelado que era un mayor. Ese hueón ordenó matar a esos hueones. ¿Sabe dónde los llevamos? A la desembocadura.
—Interlocutor: El Alejandro Cárcamo.
—Fuentes: Nosotros le decíamos en la Escuela al Cárcamo “ el camión carnicero”.
Se les sacó “en una caravana con destino a la desembocadura, donde se les da muerte de forma alevosa", recordó la abogada querellante de este caso, Patricia Parra.
—Fuentes: Si nosotros estábamos en el Sicar, si nosotros los llevamos para allá. Con el Manuel Alfaro Contreras.
Por esta causa el único condenado fue el jefe del Sicar, coronel Sergio Arévalos Cid. Una situación que podría cambiar con la evidencia exhibida anoche.
Con esta prueba, además de identificarse a otros involucrados, se confirmaría la orden de hacer desaparecer a los detenidos. Por primera vez.
—Interlocutor: Mi general mandó un helicóptero y a este culiao, de la noche a la mañana, lo sacaron de donde estaba yo, lo llevaron a desencerrar a todos los hueones para llevarlos mar adentro.
—Fuentes: Oiga, yo estaba ahí.
Al estudiante de la Universidad de Concepción, Héctor Rodríguez Cárcamo, de 24 años, se le vio por última vez en la misma prefectura.
Hoy es un detenido desaparecido a quien le sobrevive sólo Gladys Rodríguez, su hermana mayor.
“No me abandona la idea de encontrar sus huesitos, para aceptar en un 100% que él ya no está", dijo a CHV.
En el audio se escuchan risas, como si se tratara de situación cotidiana, pero corresponde a un crudo relato de cómo fueron encontraron los dos cuerpos de los ecuatorianos acribillados.
—Fuentes: Los pillaron unos pescadores al otro día y estaban amarrados, en vez de esposados, estaban amarrados con unas mangas de camisa de Carabineros. Y los hueones, en las carteras tenían un recibo de comprobante de dinero.
—Interlocutor: Ah sí, eso me contaba el Cárcamo, tenían recibo de la guardia.
—Fuentes: Yo sé los que andaban. Fueron casi todos los suches. Los que le digo yo. El Arriagada, Prieto. Nosotros nunca quisimos hablar. Nunca.
Manuel Guerrero: “Esto es una una burla”
“Esto es una burla y da razón a los familiares y a los organismos de DD.HH. que hemos denunciado una y otra vez", dijo sobre estas declaraciones Manuel Guerrero, hijo del profesor degollado.
"Para que en Chile no se vuelvan repetir este tipo de crímenes contra cualquiera, sea el gobierno del color que sea, para que estemos a resguardo, el Estado tiene una obligación política, ética y moral por las convenciones internacionales que ha firmado de no repetición de estos crímenes y eso implica hacer justicia”, agregó al canal que exhibió el reportaje.
“Esto abre una nueva arista, da cuenta de que efectivamente aquí hay más partícipes y el pacto de silencio que se cierne sobre esta causa. Obliga al Estado por las convenciones que ha suscrito, a investigar con acuciosidad”, comentó la abogada Patricia Parra.
"Llama mucho la atención que esta persona alardee de su pasado y reconozca crímenes por los que no ha sido condenado. Esa información podría aclarar muchos crímenes y entregar mucha información para las familias que un siguen buscando a sus detenidas y detenidos desaparecidos”, sostuvo en tanto Juan Sarabia, activista por los Derechos Humanos.
por Carolina Ceballos