Candia Muñoz Sergio Roberto

“Debo señalar que la brigada partió desde Santiago en dirección al sur a fines del mes de septiembre de 1973 o a principios del mes de octubre de ese año, manteniéndose en el sur del país en forma ininterrumpida hasta poco antes de la navidad, no recuerdo la fecha exacta de regreso.

“En esa brigada, según recuerdo, ejercía mando, además de Patricio Larraín Landaeta, el capitán Sergio Candia Muñoz, quien era oficial de la Escuela de Paracaidistas, Hernán Saldes, Carlos Rafael Parera Silva, Fernando Martínez González, Patricio Acevedo Trujillo, Emilio Timmermann Undurraga, Armando Hormazábal Marré, Hyram Eduardo Díaz, Hugo Jaque Valenzuela, Manuel Pérez Santillana, Alfredo Román Herrera, Juan Delmás Ramírez, Cristian Labbé Galilea. No estoy seguro si concurrió al sur el oficial Alfredo Vicuña Oyazún

A comienzos del 2004, el alcalde de Providencia, Cristián Labbé Galilea, tenía el alma en un hilo. El 22 de diciembre del 2003 debió declarar en la causa que lleva adelante el ministro Alejandro Solís y donde se investiga la muerte de 15 personas ocurrida en octubre de 1973 en Liquiñe, en las cercanías de Valdivia.

Los asesinados eran simples campesinos que trabajaban en el complejo maderero Panguipulli. Sus familiares afirman que la noche del 11 de octubre de 1973 los 15 fueron fusilados y sus cuerpos, arrojados al río Toltén. En los días siguientes, lugareños vieron los restos corriente abajo. Según sus testimonios, los cadáveres estaban amarrados de pies y manos. Algunos iban al interior de sacos. Otros, incluso, presentaban la amputación de sus cabezas.

El alcalde de Providencia Labbé figura en este siniestro expediente por un motivo: fue nombrado por el teniente coronel (r) Arturo Antonio Bosch González como parte de la comitiva militar que operó en la zona cuando ocurrieron los hechos (ver recuadro). Liquiñe, sin embargo, no es la única historia que reclama a Labbé desde el pasado. El ex oficial que se retiró con el rango de coronel de Ejército, también es mencionado en otra causa que sustancia el ministro Alejando Solís. Se trata de la investigación por los delitos de asociación ilícita, detención ilegal y torturas, ocurridos en Tejas Verdes, en la V región. En esta causa, el ex conscripto Samuel Enrique Fuenzalida Devia identifica al alcalde Labbé como uno de los instructores que tuvo la misión de entrenar al personal que luego formó la DINA. El 31 de marzo pasado Alejandra Arriaza, abogada de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), solicitó que Labbé fuera careado con Fuenzalida. La respuesta del tribunal fue que la petición se resolverá en su momento. Las elecciones municipales se aproximan y muchos dan por seguro que Labbé será candidato de la UDI para el cargo de alcalde de Providencia. Los testimonios de estos procesos no le hacen nada de bien a sus aspiraciones. Motivos de sobra tiene para tener el alma en un hilo. 

La otra caravana de la muerte Para las organizaciones de Derechos Humanos, las muertes de Liquiñe no son un caso aislado. Por el contrario, formarían parte de un extenso operativo llevado adelante entre septiembre y octubre de 1973 y que afectó a poblados al sur de Temuco. José Araya, secretario ejecutivo del CODEPU de Valdivia, va más lejos y afirma que las muertes de Liquiñe forman parte de “otra caravana de la muerte, similar a la que operó en el norte”. Tras su paso, más de 70 personas fueron ejecutadas y muchas de ellas permanecen desaparecidas. Para Araya, aunque en estas muertes participaron militares y carabineros de la zona, un grupo venido desde Santiago jugó un rol central en los hechos: se trata de comandos paracaidistas de Peldehue, más conocidos como “boinas negras”. Cerca de 200 efectivos de ese selecto grupo de combate aparecen hoy vinculados en los distintos procesos por las ejecuciones ocurridas de Temuco al sur. José Araya afirma que la presencia de este cuerpo de elite se debía a un motivo específico. -Los militares creían que los bosques de la región estaban llenos de guerrilleros cubanos. Durante meses operaron hasta con helicópteros artillados y bombardearon los montes. Todavía se pueden ver los cráteres que dejaron- afirma Araya. Un relato de ese extenso operativo quedó registrado en la edición del 18 de noviembre de 1973 de El Mercurio. Allí, bajo el título de "Operativos de limpieza de grupos extremistas armados", se informa la actuación de una “Brigada Especial Contra Guerrillas” que, bajo las órdenes del general Nilo Floody Buxton y del comandante Carlos Medina Lois, operó en Neltume, Arquilhue, Lago Ranco y, por cierto, en Liquiñe. La nota describe la preparación de esta brigada anti guerrilla. "Está integrada por profesionales graduados en el extranjero, con lugares de honor. Han estado en cursos efectuados en Francia, Panamá, Estados Unidos. Han sobrevivido en plena selva con indígenas, precisamente con el objeto de especializarse en este tipo de combate y para la lucha contra las guerrillas". Los hechos demuestran hoy que la guerrilla cubana con la que decían luchar los hombres de Floody, nunca existió. Esta fuerza de elite simplemente cayó a sesgo sobre campesinos desarmados.

La mala memoria Durante la investigación de las muertes de Liquiñe, un escollo central ha sido identificar a los oficiales que efectivamente estuvieron en la zona. Fuentes del Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones, que han participado directamente en este proceso aseguraron a The Clinic que “los oficiales de mayor graduación, no recuerdan los nombres ni cargos de sus subalternos, o declaran fechas que no concuerdan con los hechos probados”. Sin embargo, lentamente el círculo de protección se ha ido resquebrajando y "los militares de menor graduación al momento de los hechos, están colaborando", afirma la fuente. Debido a esto ya estaría probado que en esta comitiva participó, con su dotación casi completa, la Escuela de Paracaidistas de Peldehue, unidad en la cual Cristián Labbé se desempeñaba con el grado de oficial. -Ahora, el juez tiene que delimitar las fechas y la participación de cada oficial- concluyó la fuente. El nombre de Labbé apareció en esta lenta entrega de datos recién el 18 de diciembre del año pasado. Ese día, el teniente coronel (r) Arturo Bosch González reveló al juez Solís los nombres de los oficiales que actuaron en la zona de Valdivia. En la lista, Labbé figuraba como un oficial que “ejercía mando”. Bosch afirmó que el contingente, compuesto de entre 200 y 300 personas llegó a la zona a principios de octubre “manteniéndose en el sur del país en forma ininterrumpida hasta poco antes de navidad”. Afirma que la zona quedó dividida en franjas a cargo de diferentes oficiales, aunque hoy no puede ligar nombres con territorios. Cree, sin embargo, que Liquiñe pudo haber quedado bajo el control del general “Nilo Floody o de personal a cargo del oficial Saldes, o personal de la Escuela de Montaña”. El alcalde Labbé compareció ante el ministro dos días después de que lo hizo Bosch. En su declaración, a la que The Clinic tuvo acceso exclusivo, Labbé admitió haber formado parte de la brigada que comandó el general Floody. Admitió, también, que el contingente estaba formado por cerca de 200 personas y que si estaba bajo el mando de un general era “porque se trataba de una unidad operativa importante". Cuando se le preguntó por los objetivos de esta comitiva, declaró: “Se pensaba que en el Complejo Maderero Panguipulli podía existir una guerrilla rural; se tenía la idea que podía haber un foco de este tipo de agrupación. La idea era conformar esta brigada para barrer estos focos. Y en el caso que se produjere un enfren-tamiento, además, de barrer el lugar, abrir fuego”. Más adelante, Labbé también reconoció haber participado en la operación contraguerrillera. Pero –y aquí comienzan las contradicciones- argumenta que sólo estuvo a cargo de la tropa de reserva. "Me desplacé junto a la unidad de reserva a Panguipulli”, declaró. Luego insistió en ese punto cuando se le preguntó por los sucesos de Liquiñe: “No tuve intervención en el operativo porque yo estaba a cargo de la tropa de reserva, la cual se despliega en casos extremos, a los cuales no se llegó en esa oportunidad”, dijo. La afirmación llama la atención. Ninguno de los oficiales que ya han declarado, mencionan la participación de reservistas en estas operaciones. Sólo se habla de personal de planta y conscriptos. Por otra parte, un militar en retiro de la misma graduación de Labbé y que fue exonerado después del golpe militar, dijo a The Clinic que en un comando de boinas negras no existe la reserva. -Los boinas negras son una fuerza de elite, con personal altamente capacitado y de planta. Además, para una misión de esa envergadura no iban a llevar a reservistas- afirmó el ex uniformado a condición de permanecer en el anonimato. Como Bosch, Labbé tampoco no pudo precisar qué oficiales actuaron en cada zona y según sus recuerdos, casi ningún boina negra marchó al sur. En su caso afirma que sólo estuvo en la zona dos semanas, a fines de noviembre, cuando las muertes de Liquiñe ya habían ocurrido. Sin embargo, comete errores. En el tribunal, por ejemplo, le consultaron por una anotación hecha por el general Medina en la hoja de vida del oficial Patricio Landaeta. La anotación está fechada el 30 septiembre de 1973 y da cuenta de que el grupo enfrentó “fuego enemigo”. -Ignoro a qué se refiere con la expresión “fuego enemigo”, porque del 21 al 30 de septiembre de 1974, yo no me encontraba en la Escuela de Paracaidistas”, declara Labbé. Si no notó el error del alcalde, lea la frase de nuevo. A Labbé le preguntan por un hecho de 1973 y él contesta sobre 1974. A la larga, Labbé sólo tiene claro que no es responsable de las muertes investigadas, que durante el periodo en cuestión fue destinado a custodiar la casa de Pinochet y sólo tuvo a su cargo instruir a funcionarios de reserva. Y lo cierto es que no hay ninguna prueba de que Labbé haya participado en los crímenes de Liquiñe o en las matanzas efectuadas en toda la zona. Pero el hecho de que sea mencionado por Bosch, lo hace un testigo relevante para ayudar a aclarar las muertes y sobre todo, responsables. Respecto de esto Alejandra Arriaza, abogada de CODEPU, no tiene dudas. “Todos los antecedentes confirman la participación de Labbé. Sólo falta precisar su responsabilidad específica en los hechos”, dijo a The Clinic.

Instructor de gimnasia No sólo Liquiñe le complica hoy la vida al edil de Providencia. También lo hace su paso por el centro de detención que operó en el exclusivo balneario de las Rocas de Santo Domingo: Tejas Verdes. La investigación sobre este centro la lleva adelante el mismo ministro Solís y persigue los delitos de asociación ilícita, detención ilegal y torturas. En esta investigación, el nombre de Labbé saltó de la declaración judicial de Samuel Enrique Fuenzalida Devia, un ex conscripto que el 30 de octubre de 2000 identificó a Labbé como uno de los instructores de ese campo de tortura. “Durante mi permanencia en las Rocas de Santo Domingo, lugar que funcionaba como escuela de inteligencia de la DINA, recibimos instrucción en materias de acondicionamiento físico y diversos cursos que tenían relación con inteligencia y seguimiento de personas. En ese lugar tuvimos como instructores a César Manríquez Bravo, profesor del curso de inteligencia; Cristian Labbé, preparador físico y actual alcalde de Providencia; Miguel Krassnoff Marchenko, a cargo de las técnicas de combate cuerpo a cuerpo, guerrilla urbana y suburbana", dijo Fuenzalida. El ex soldado ha declarado en varias causas de derechos humanos entregando información relevante sobre el origen y la operatividad de la DINA, organismo que por años lideró el general (r) Manuel Contreras. Ante el ministro Solís, Fuenzalida relató que entre diciembre del 73 y enero del 74 fue trasladado al balneario de Santo Domingo, junto a militares de otras reparticiones del país. El grupo fue recibido por el propio Contreras quien les informó “que habíamos sido escogidos entre las fuerzas armadas para integrar un grupo selecto de personas para conformar la DINA, entidad que estaba a su mando". La declaración de Fuenzalida tiene una relevancia especial. Fija la hora cero en que Manuel Contreras comenzó a preparar a los agentes que luego participaron en el periodo más sangui-nario de la dictadura de Pinochet. Fuenzalida sostiene que Labbé Galilea fue instructor de aproximadamente 600 militares, que meses más tarde fueron los primeros funcionarios de la DINA. Los datos disponibles hoy indican que en esos años Tejas Verdes fue una suerte de academia de contrainsurgencia donde los futuros agentes no sólo recibieron instrucción teórica sino que también pudieron ejercitar sus conocimientos con las personas detenidas ahí. De acuerdo al Informe Rettig, este recinto comenzó a funcionar como centro de detención desde el mismo 11 de septiembre, existiendo testimonios de su uso sistemático hasta 1975. De acuerdo a quienes sobrevivieron a ese infierno hubo períodos en los que Tejas Verdes llegó a tener más de 100 prisioneros. La mayoría fue brutalmente torturado. Algunos desaparecieron. Ninguno de los sobrevivientes acusa a Labbé de haber participado en torturas. Tampoco lo hace Fuenzalida. Pero todos quienes conocen de esta investigación creen que si el alcalde de Providencia fue instructor, como señala el ex soldado, podría aportar información relevante sobre lo que allí ocurrió. Sobre todo, porque el testimonio de Fuenzalida no es lo único que vincula a Labbé con la DINA. Hay también un oficio reservado en que el propio Contreras menciona a Labbé como un agente de su organismo. Se trata del oficio 4380/19, fechado en diciembre de 1974 donde Contreras pide “la extensión de pasaporte diplomático al siguiente personal de DINA: Sr. Cristian Labbé Galilea, Sr. Carlos Marín Castro, Sr. José Riquelme Villagra, Sr. Rolf Esser Muller". Contreras afirma que "el mencionado personal cumplirá una determinada comisión de servicio y de acuerdo a la política establecida no se emite Decreto Supremo. Por tratarse de una urgente comisión en Perú se agradece a Us. tenga a bien ordenar a quien corresponda el máximo de celeridad en la entrega de este documento". Según la abogada Arriaza, Labbé es un militar de peso en la DINA, no un simple instructor de gimnasia. -Él ayudó a crear ese organismo, luego viaja fuera del país, en un procedimiento irregular. Todo esto es ilegal, él debe aclarar su responsabilidad en los hechos que se investigan- dijo la abogada a The Clinic. 

La lista de Bosch Extracto de la declaración judicial del teniente coronel (r) Arturo Bosch González. (18 de diciembre de 2003) “Debo señalar que la brigada partió desde Santiago en dirección al sur a fines del mes de septiembre de 1973 o a principios del mes de octubre de ese año, manteniéndose en el sur del país en forma ininterrumpida hasta poco antes de la navidad, no recuerdo la fecha exacta de regreso. “En esa brigada, según recuerdo, ejercía mando, además de Patricio Larraín Landaeta, el capitán Sergio Candia Muñoz, quien era oficial de la Escuela de Paracaidistas, Hernán Saldes, Carlos Rafael Parera Silva, Fernando Martínez González, Patricio Acevedo Trujillo, Emilio Timmermann Undurraga, Armando Hormazábal Marré, Hyram Eduardo Díaz, Hugo Jaque Valenzuela, Manuel Pérez Santillana, Alfredo Román Herrera, Juan Delmás Ramírez, Cristian Labbé Galilea. No estoy seguro si concurrió al sur el oficial Alfredo Vicuña Oyazún.

 El desmemoriado Extracto de la declaración de Labbé ante el ministro Alejandro Solís. 22 de diciembre de 2003. “Respecto a los oficiales que se indica: Patricio Larraín Landaeta era oficial de la escuela, pero no recuerdo si fue al sur, lo mismo para Sergio Candia; en el caso de Hernán Saldes, estuvo en el sur; Carlos Parera no me acuerdo si fue o no al sur en esa ocasión; Fernando Martínez González, no lo recuerdo en el operativo, al igual que Patricio Acevedo Trujillo; Emilio Timmermann, lo asocio con la escuela, no sé si fue al sur; Armando Hormazábal, no me parece que hubiere ido; Hyram Díaz, me acuerdo que era oficial de la escuela pero no al operativo, al igual que Hugo Jaque; a Manuel Pérez no lo recuerdo en el operativo; Alfredo Román Herrera, según tengo entendido falleció antes de que tuviera lugar el operativo; no recuerdo a Juan Delmás; Alfredo Vicuña Oyarzún era un subteniente de la escuela; Arturo Bosch, lo recuerdo de la escuela pero antes de que yo me fuera de esta unidad para hacer el curso en Brasil”. 

Palabra de Mamo Extracto del oficio reservado en que se menciona a Labbé como “personal de la DINA”. 2 de diciembre de 1974 1.- Me permito solicitar la extensión de Pasaporte Diplomático al siguiente personal de DINA: Sr. CRISTIAN LABBE GALILEA Sr.. CARLOS MARIN CASTRO Sr. JOSE RIQUELME VILLAGRAN Sr. ROLF ESSER MULLER 2.- El mencionado personal cumplirá una determinada Comisión de Servicio y de acuerdo a la política establecida no se emite Decreto Supremo. En el pasaporte que se les otorgue se ruega incluir la excensión (sic) del impuesto correspondiente. Por tratarse de una urgente Comisión en Perú se agradece a Us. tenga a bien ordenar a quien corresponda el máximo de celeridad en la entrega de este documento.

Ni el actual alcalde ni ningún otro integrante de ese destacamento pudo ser procesado y condenado por estos crímenes de lesa humanidad, pese a estar consignada su participación en el operativo. Fuentes de tribunales y policiales coinciden en manifestar que “el pacto de secreto” que se juraron y la “nula colaboración con la justicia”, fueron dos razones para lograr eludir responsabilidades. Actuaron con vestimenta sin distinción de grados, de noche y con el rostro semicubierto según declaran testigos de las detenciones y para los habitantes de estos lugares precordilleranos “fue imposible reconocer a alguno”.

Cae la noche en un Santiago que aún tiembla bajo las bombas de los Hawker Hunter. Los hombres del teniente coronel Alejandro Medina Lois, descansan en el regimiento de Telecomunicaciones en Peñalolén. Son “la reserva estratégica” del general Augusto Pinochet instalado allí durante los primeros días del Golpe Militar. Comandos de elite de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales que dirige Medina. Son los boinas negras.

Luego de las primeras 48 horas del asalto al gobierno de Salvador Allende, todo está bajo control. Allende muerto. Resistencia popular armada no hay. Los principales colaboradores del Presidente están detenidos. La revolución socialista ya es recuerdo. Humeante. Pesaroso. Trágico.

Pero una estocada inquieta la seguridad de los alzados victoriosos. La madrugada aún oscura del 12 de septiembre de 1973, un grupo de campesinos y jóvenes revolucionarios del sur en la precordillera de Valdivia, se convierte en alarma. Rodean el retén policial de Neltume, y exigen a los carabineros les entreguen armamento y munición si no están dispuestos a combatir a los golpistas. Entre ellos está el militante del MIR José Liendo Vera. El mítico y temido “Comandante Pepe”.

Los policías se niegan y abren fuego. Se inicia un tiroteo. Luego de un par de horas, el grupo que actúa desde el exterior se dispersa. Vuelve el silencio. No hay muertos ni heridos de ningún bando. A partir de entonces, el Complejo Forestal y Maderero de Panguipulli se torna uno de los principales objetivos de los militares. Se presume que en la zona operan guerrilleros de peligro. Pinochet ordena su eliminación. Nace la “Operación Leopardo”.

Para ello Pinochet crea la “Brigada Especial Antiguerrilla” con los boinas negras de la Escuela de Paracaidistas de Peldehue y otros preparados hombres para el combate. Al mando del general Nilo Floody, entre 250 y 300 militares son enviados a reprimir la insurgencia. Uno de aquellos, es el joven oficial Cristián Labbé Galilea.

La mayoría son máquinas de matar. Sus especialidades: instructor militar de montaña, con cursos de paracaidistas, comandos, guerra especial, asalto, guía, y explosivos y municiones.

Días después del Golpe, la brigada inicia el viaje desde Peñalolén a bordo de camiones militares. Llevan suficiente armamento y munición liviana y pesada. Van dispuestos a la guerra y a matar guerrilleros. “La brigada se hizo porque podía existir una guerrilla rural en el Complejo Maderero Panguipulli. Había que barrer con esos focos y si se producían enfrentamientos, la orden era abrir fuego”. Es Labbé quien declara ante los tribunales en diciembre de 2003 por los crímenes de 15 campesinos de Liquiñe, 150 kilómetros al este de Valvidia, cerca de la frontera argentina. Por primera vez, Labbé destapa su bien guardado secreto: reconoce que efectivamente fue parte de ese operativo.

Desde Brasil, donde antes del 11 de septiembre de 1973 cursó diversas técnicas para convertirse en la elite de la elite, Labbé retorna a la Escuela de Paracaidistas a la Dirección de Instrucción. O sea, no sólo es un boina negra común, sino es quién los adiestra. Durante el operativo en Liquiñe y otros lugares de la precordillera valdiviana, el actual alcalde de Providencia depende directamente del jefe máximo de los boinas, el teniente coronel Alejandro Medina, quien en este largo viaje fue el comandante de Estado Mayor del general Nilo Floody. “Mi labor dependía del comandante de Estado Mayor”, sostiene Labbé en su declaración judicial. Como se sabe, con esa preparación integral, fue luego uno de los adiestradores de los agentes de la DINA y propiamente un destacado integrante de esta organización ilícita criminal.

“Primero llegamos a Valdivia pero no sabíamos muy bien a qué íbamos. Se nos dijo sólo que el objetivo era combatir una guerrilla”, recuerda un suboficial boina negra que conversó con El Mostrador, pero prefirió mantener reserva de su identidad. Un día después, el suboficial sostiene que partieron rumbo a la precordillera, a la zona del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli y llegan a Liquiñe.

“Los boinas negras se instalaron en carpas en el patio del colegio de las monjas”, afirma en la investigación judicial Julián García, industrial dueño de las Termas de Liquiñe y la hostería. Se trata de la Escuela Misional Liquiñe.

Otro contingente militar al mando del teniente coronel Hugo Guerra Jorquera, que arriba antes desde Valdivia, instala su campamento en el amplio sitio de las mismas termas, según Julián García. Este es un reconocido anticomunista, de acuerdo a declaraciones judiciales de campesinos sobrevivientes.

Nace el complejo

El Complejo Forestal y Maderero Panguipulli se extendió entre los Baños de Chihuío por el sur, y Liquiñe por el norte, a unos 150 kilómetros al este de Valdivia. Llegó a contar con 360 mil hectáreas. Lo integran 22 fundos de grandes extensiones. A partir de fines de la década de los años 60, los predios son ocupados por integrantes del Movimiento Campesino Revolucionario (MCR), organización controlada por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). A 1973, trabajan allí más de 3 mil campesinos. No pocos siguen al “Comandante Pepe”, líder del MCR. Junto a Liendo Vera, a fines de los sesenta llega a la zona un puñado de estudiantes miristas para iniciar una “recuperación de tierras” junto a los campesinos.

Durante el operativo en Liquiñe y otros lugares de la precordillera valdiviana, el actual alcalde de Providencia depende directamente del jefe máximo de los boinas, el teniente coronel Alejandro Medina, quien en este largo viaje fue el comandante de Estado Mayor del general Nilo Floody. “Mi labor dependía del comandante de Estado Mayor”, sostiene Labbé en su declaración judicial. Como se sabe, con esa preparación integral, fue luego uno de los adiestradores de los agentes de la DINA y propiamente un destacado integrante de esta organización ilícita criminal.

Cuando Allende triunfa en 1970, su gobierno expropia los 22 fundos. Nace así, oficialmente, el Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, como empresa filial de la Corporación de Fomento, Corfo. El sueño de construir el propio destino está cumplido. El complejo y el comandante Pepe se transforman en el terror de la derecha latifundista. Por ello, la venganza post golpe militar es feroz.

Luego del episodio del retén Liquiñe la madrugada del 12 de septiembre de 1973, el comandante Pepe junto a su mujer, Yolanda Ávila, y los militantes del MIR Luis Pezo y Pedro Barría, que usa muleta para caminar, se ocultan unos días y suben a la cordillera. Pero el 19 de septiembre son hallados y trasladados a la cárcel de Valdivia. La noche del 3 de octubre de 1973, Liendo Vera es ejecutado en el campo militar de Llancahue. Al día siguiente, son asesinados otros once miristas acusados de participar en el ataque al retén Neltume. Los crímenes son manejados por la Caravana de la Muerte del general Sergio Arellano, presente en Valdivia en esos días. Para ello, Arellano firma una sentencia de un falso Consejo de Guerra. Quien fuera luego segundo hombre de la DINA, Pedro Espinoza Bravo, asiste esa noche a presenciar la muerte de Liendo Vera.

Acusan a los boinas negras

La noche del 10 de octubre de 1973 jamás podrá olvidarse por los habitantes de Liquiñe. La hostería de Julián García opera como “cuartel general”. Desde allí sale la lista con los 15 campesinos que deben ser arrestados y muertos de inmediato. Según se establece en el proceso, Julián García y su hijo Luis, que esa noche visten de militar, aportan los nombres de quienes deben morir. Los boinas negras inician la redada junto a carabineros del retén Liquiñe, a cargo del suboficial Luis Anguita Castro. Ellos conocen bien a los elegidos.

De acuerdo al informe policial firmado por el subprefecto de la Policía de Investigaciones de Valvidia, Benjamín Leal Riquelme y el subcomisario Manuel Castro Contreras, en las detenciones de los campesinos del Complejo, José Miguel y Alejandro Antonio Tracanao Pincheira y su padre Eliseo Maximiliano Tracanao Valenzuela, participan “un cabo de Carabineros de apellido Quintana del retén Liquiñe y varios militares boinas negras”.

El dueño de las termas Liquiñe Julián García, declara judicialmente que “los boinas negras hacían las detenciones”.

El juez de letras de Villarrica a 1973, René García Villegas, sostiene en su libro “Soy Testigo” que uno de los cuerpos de los acribillados en el puente Toltén, permanece horas después en el río “enredado entre unas piedras, sin cabeza”.

Elcira Figueroa Arias, esposa de Salvador Alamos Rubilar, una de las 15 víctimas de Liquiñe, declaró en el proceso que, buscando a su esposo, “en la Fiscalía Militar de Temuco el capitán Ubilla me dijo que a la fecha de la desaparición de mi marido, (10 octubre 1973), se encontraba en la zona un operativo del Comando de Boinas Negras de Colina (Santiago) por lo que las autoridades militares locales ‘se lavaban las manos’ y que si mi marido cayó en manos de ellos,  ‘mejor guarde luto y delo por muerto”.

Sobre el puente del Toltén

Amarrados de pies y manos, los 15 campesinos son conducidos esa noche en dos camionetas en dirección a Villarrica. Uno de los vehículos lo aporta Julián García y lo conduce su hijo Luis. El otro lo facilita el comerciante Juan Carmach y lo maneja el chofer de la ambulancia de Liquiñe, Sixto Díaz.

En el puente sobre el río Toltén, los campesinos son  bajados y los boinas ordenan a ambos conductores alejarse. En pocos minutos, los detenidos forman una macabra alfombra humana tendida sobre el puente. De color rojo, como la sangre que mana a raudales de sus cuerpos acribillados por fusiles de repetición con munición de guerra. Abajo, las caudalosas aguas del río no alcanzan a aplacar el ruido de la metralla. Díaz y García la escuchan, como lo declaran luego judicialmente.

Después de Liquiñe, siempre en busca de guerrilleros, el contingente de boinas negras en que participa Labbé se dirige a otras localidades que comprenden el Complejo Maderero. Pero el suboficial con quien conversamos sostiene sonriendo irónicamente: “No encontramos a ninguno, no había nada, ni guerrilleros ni nada”. La Brigada Antiguerrilla permaneció en la zona hasta comienzos de diciembre de 1973 (…) Un par de días antes de la masacre nocturna de Liquiñe, en Chihuío, 25 kilómetros al sur de Liquiñe, son igualmente acribillados 17 integrantes del Complejo, todos campesinos que vivían en la zona con sus familias.

Uno a uno los cuerpos son lanzados al río. La lista Liquiñe está cumplida. Los ejecutantes piensan que las múltiples perforaciones de los cuerpos permitirán que se hundan y se pierdan para siempre río abajo hasta el mar.

Los boteros y la autoridad

Pero días después, boteros de la zona que ejercen la pesca descubren algunos cuerpos aferrados a ramajes de la ribera o atascados entre rocas. Dan aviso a Carabineros de Villarrica. Hasta el lugar concurre el secretario del Juzgado del Crimen de Villarrica, Osvaldo Wiegand Carrasco, con  el subcomisario de la subcomisaría de Villarrica, capitán Ramón Torrealba Guzmán.

En el proceso, el secretario Wiegand dice que logra salvar un par de cuerpos. Pero los boteros lo desmienten. Estos afirman que la orden que ellos reciben tanto del secretario como del subcomisario, es liberar los cuerpos de lo que los sujetan, y echarlos a correr río abajo para que desaparezcan. Los boteros Eliseo Rosas Maldonado y José Carrasco Rodríguez, son careados con Wiegand y Torrealba. Mantienen sus dichos en cuanto a que son obligados por ambas autoridades a soltar los cuerpos y devolvernos al torrente. Lo mismo confirman los boteros Guido Mora, Leopoldo Ghisolfo y Juan Yáñez Cares.

Después de Liquiñe, siempre en busca de guerrilleros, el contingente de boinas negras en que participa Labbé se dirige a otras localidades que comprenden el Complejo Maderero. Pero el suboficial con quien conversamos sostiene sonriendo irónicamente: “No encontramos a ninguno, no había nada, ni guerrilleros ni nada”. La Brigada Antiguerrilla permaneció en la zona hasta comienzos de diciembre de 1973.

Sin embargo, en la zona por donde se desplazan los boinas bajo el mando del general Floody y Medina Lois, además de los 15 de Liquiñe, son asesinados otros 30 campesinos del Complejo Maderero. Un par de días antes de la masacre nocturna de Liquiñe, en Chihuío, 25 kilómetros al sur de Liquiñe, son igualmente acribillados 17 integrantes del Complejo, todos campesinos que vivían en la zona con sus familias. En este operativo participan también integrantes del regimiento Cazadores de Valdivia. La razzia es apoyadas por helicópteros Puma de la Fuerza Aérea, que provienen de la Base Aérea de Maquehua de Temuco.

El secreto

Algunos otros oficiales que participan en la “Operación Leopardo” son: Carlos Parera Silva, Emilio Timmermann Undurraga, Arturo Bosch González, Manuel Pérez Santillán (agente DINA) y Sergio Candia Muñoz.

¿Por qué Labbé ni ningún otro integrante de los boinas negras pudo ser procesado y condenado por estos crímenes de lesa humanidad? Fuentes de tribunales y policiales coinciden en manifestar que “el pacto de secreto” que se juraron y la “nula colaboración con la justicia”, fueron dos razones para lograr eludir responsabilidades. De acuerdo a las fuentes, a ello se agrega que, por tratarse de un contingente desconocido de Santiago, que actuó con vestimenta sin distinción de grados, de noche y con el rostro semi cubierto según declaran testigos de las detenciones, para los habitantes de estos lugares precordilleranos “fue imposible reconocer a alguno”. El ex agente DINA, coronel retirado Cristián Labbé, sortea una vez más la cárcel, mientras espera ser reelecto como alcalde el próximo 28 de octubre.