Canarios Santibáñez Jose Nelson

En fallo dividido la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a nueve militares en retiro por el delito de exhumación ilegal en la causa conocida como retiro de televisores en que se desenterraron cuerpos de víctimas de la dictadura para hacerlos desaparecer definitivamente. El dictamen adoptado por los ministros Cornelio Villarroel, Mario Carroza y el abogado integrante Manuel Hasbún fija un apela de 270 días de presidio menor en su grado medio además de una multa de 14 UTM para Hernán Ricardo Canales Varas, José Jaime Darrigrandi Márquez, Eliseo Antonio Cornejo Escobedo, José Nelson Canario Santibáñez, Luis Antonio Fuenzalida Rojas, Darío Ernesto Gutiérrez de la Torre, Fernando Remigio Burgos Díaz,  Sergio Antonio Medina Salazar y  Isidoro Custodio Durán Muñoz. Según detalla la resolución los cuerpos desenterrados desde el recinto militar de Peldehue eran detenidos en el Palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973, quienes luego trasladados hasta el Regimiento Tacna y más tarde fusilados en el recinto militar de Peldehue, en la comuna de Colina. El fallo sostiene que “conforme a la acusación que se ha formulado a los encausados, es necesario analizar si el delito de exhumación ilegal, atendido a su forma de comisión y a la participación de agentes públicos en el mismo, puede ser calificado de un hecho común dentro de la óptica criminal; o si por sus características puede tener la calificación de crimen de lesa humanidad, en tanto cuanto la acción de remoción constituyó el último eslabón de una cadena que se inició con la detención de un grupo de personas en el Palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973, de los cuales el formado por miembros del Dispositivo de Seguridad y Asesores de la Presidencia de la República fueron amarrados de pies y manos con alambre, subidos a un camión militar y trasladados al recinto fiscal militar de Peldehue. Luego fueron presuntamente fusilados por agentes del Estado constituidos por Oficiales y Personal del Cuadro Permanente y finalmente enterrados en un pozo seco al cual fueron arrojados o cayeron a medida que eran ejecutados, considerando que la remoción efectuada más de cinco años después de dicho secuestro y  presunta ejecución, constituyó la última fase destinada a lograr el ocultamiento de los hechos”. Y añade que para establecer que los delitos son crímenes contra la humanidad el voto de mayoría de los jueces plantea que “analizados tales antecedentes aparece inequívocamente que las conductas descritas hacen evidente referencia a un eslabón dentro de la cadena de que formó parte del ataque sistemático y generalizado en contra de miembros de la población civil, conforme al plan implementado por la autoridad militar que detentaba el poder, dirigido esencialmente a causar temor mediante el secuestro o desaparición de personas, conductas que realizaban agentes del Estado provistos de todo el poder  que la situación de facto les proporcionaba”. Y agrega que “esta Corte estima que nos encontramos frente a un crimen de lesa humanidad, por cuanto ofende los sentimientos más íntimos del ser humano, como lo es otorgarle a sus deudos el derecho a una cristiana sepultura o un entierro digno a su condición de persona, y que en razón de ello contraría los principios generales de derecho y se transforma en una preocupación de la comunidad internacional”.

"Tratándose de delitos de lesa humanidad, la imprescriptibilidad de estos ilícitos, que ofenden gravemente los derechos humanos fundamentales, surge como barrera a la impunidad", consigna el fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena contra los tres ex oficiales y seis suboficiales de Ejército que exhumaron de manera ilegal los cuerpos de los detenidos el 11 de septiembre de 1973 en La Moneda. Tras su arresto, las víctimas fueron trasladadas al Regimiento Tacna y, posteriormente, fusiladas en un recinto militar de Peldehue, donde se enterraron sus restos. Cinco años después, en diciembre de 1978, los sentenciados hicieron desaparecer los cuerpos en la operación que se llamó Retiro de Televisores. El dictamen del máximo tribunal ratificó así, por tres votos contra dos, lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago, que, en 2008, impuso 270 días de presidio a los ex uniformados por su responsabilidad en los hechos y les otorgó la remisión condicional de la pena. Los condenados son el coronel (R) Hernán Canales Varas (comandante del Regimiento Tacna a 1978), brigadier en retiro José Darrigrandi Marques (comandante del Comando de Aviación del Ejército a 1978), coronel (R) Luis Fuenzalida Rojas (jefe de Inteligencia del Tacna a 1978) y los retirados suboficiales Eliseo Cornejo Escobedo, José Canario Santibáñez, Darío Gutiérrez de la Torre, Fernando Burgos Díaz, Sergio Medina Salazar e Isidro Durán Muñoz. El voto de mayoría fue de los ministros Jaime Rodríguez, Hugo Dolmestch y Carlos Künsmüller, mientras que sus pares Nibaldo Segura y Rubén Ballesteros estuvieron por acoger la figura de la prescripción de la acción penal. Asimismo, los jueces resolvieron desechar la demanda de los querellantes contra el fisco. "El plazo de prescripción (de la acción civil) ha transcurrido en exceso", reseña el fallo.

La condena implica 270 días de reclusión menor en su grado medio y el pago de una multa de 14 Unidades Tributarias Mensuales. La Octava Sala de la Corte de  Apelaciones de Santiago, en decisión dividida, condenó a  nueve ex integrantes del Ejército por el delito de exhumación  ilegal de personas que figuran en las nóminas de detenidos  desaparecidos, y cuyos cuerpos fueron desenterrados -en  diciembre de 1978- desde una fosa en el campo militar de  Peldehue, en la comuna de Colina, en la investigación por el  denominado caso “Retiro de televisores". Los ministros Cornelio Villarroel Ramírez, Mario Carroza  Espinoza y el abogado integrante Manuel Hasbún Comandari  determinaron la sentencia de 270 días de reclusión menor en  su grado medio y el pago de una multa de 14 Unidades  Tributarias Mensuales (UTM) para Hernán Ricardo Canales  Varas, José Jaime Darrigrandi Márquez, Eliseo Antonio Cornejo  Escobedo, José Nelson Canario Santibáñez, Luis Antonio  Fuenzalida Rojas, Darío Ernesto Gutiérrez de la Torre,  Fernando Remigio Burgos Díaz, Sergio Antonio Medina Salazar,  Isidoro Custodio Durán Muñoz. Los cuerpos desenterrados corresponden a detenidos en el  Palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973, quienes  fueron llevados al Regimiento Tacna y más tarde fusilados en  el recinto militar de Peldehue, en la comuna de Colina. El ministro Carroza y el abogado integrante Manuel Hasbún fueron de  la idea de revocar la sentencia de primera instancia, de  fecha 31 de enero de 2007, que había absuelto a Canales Varas  y Darrigrandi Márquez por falta de participación y acoger la  excepción de prescripción para los otros 7 sentenciados, por  considerar que el delito es un crimen de lesa humanidad, por  lo tanto, imprescriptible.

Acosado por las huellas de sus robos, Pinochet vive momentos decisivos en tribunales. A la investigación por sus crímenes se han agregado la de las cuentas del Banco Riggs, el nuevo procesamiento de su hijo y la confesión de algunos autores de exhumaciones ilegales que lo acusan como quien dio directamente la orden para hacer desaparecer definitivamente los cuerpos de los prisioneros asesinados. Esta operación es la que, en mensaje encriptado, el dictador denominó "Retiro de Televisores".
 A fines de 1978, siendo teniente en la Sección II de Inteligencia del Regimiento Buin, el capitán (R) Pedro Andrés Rodríguez Bustos recibió una orden codificada de la Comandancia en Jefe del Ejército, que a su vez era enviada a todas las guarniciones y divisiones del país. 21 años después, en 1999, declaraba ante el ministro Juan Guzmán Tapia que ese mensaje en clave estaba firmado por Augusto Pinochet Ugarte y daba órdenes perentorias "de reunir a los oficiales y suboficiales que hubiesen estado sirviendo en esas unidades entre los años 1973 y 1974. Dicha reunión debía tratar de obtener de este personal la información que tuviesen respecto al paradero de los cuerpos de personas ejecutadas y enterradas al interior de unidades militares o, en este caso específico, en el campo militar de Peldehue, atendiendo que ese campo iba a traspasar parte de sus terrenos a la Compañía Minera Andina y, por lo mismo, debía saberse si en dichos terrenos se encontraban inhumaciones clandestinas, ya que de ser así se requería la exactitud de los lugares para proceder a la exhumación y eliminación de los cadáveres". 
A pesar de que esta información traspasó las paredes de los tribunales, muchas voces interesadas se alzaron para desvirtuar la declaración de Rodríguez Bustos, incluso desde instancias oficiales que hablaban de una "operación de inteligencia", lo que atentó en contra de la credibilidad del ex uniformado.

El peso de los hechos

Sin embargo, el capitán Rodríguez insistiría y otros testimonios vendrían a avalar su exposición. A principios de julio de 2004 ratificaría sus dichos, comenzando por su historia personal: "Ingresé a la Escuela Militar en el año 1967, egresando como subteniente en el año 1972, sirviendo en diferentes unidades del país, entre las cuales puedo destacar el Regimiento de Artillería Motorizado N° 2 'Arica', con guarnición en La Serena, Escuela Militar, Regimiento de Infantería N° 1 'Buin', Cuartel general de la Segunda División, Regimiento de Infantería N° 4 'Rancagua' con guarnición en la ciudad de Arica. 
Hago presente que, luego de haber prestado servicios de refuerzo en el Regimiento Buin, entre los años 1974 y 1975, cumplí funciones como Oficial Instructor en la Escuela Militar, debiendo agregar que el año 1976 soy destinado al Regimiento Buin, donde pasé a cumplir funciones en la Sección II, Inteligencia, debiendo señalar que el año 1978 se recibe una orden de comando emitida por la Segunda División de Ejército, cuyo comandante a esa fecha era el general Enrique Morel Donoso. Dicha orden tenía como referencia la orden de la Comandancia en Jefe del Ejército y fue remitida a todas las guarniciones y divisiones del país". La orden impartida, que apuntaba a no repetir el "bochorno" de Lonquén, sería conocida como "Operación Retiro de Televisores". En otra parte de su declaración, el oficial Rodríguez señala que "esta reunión -la que congregaba a los que habían participado en ejecuciones y entierros clandestinos- tuvo el carácter de general para estas personas, pero los comandantes de regimientos debían recibir la información en forma individual de los que la iban a proporcionar, así fue como sucedió en el Regimiento Buin y el comandante de la época, coronel Mario Navarrete Barriga, hoy general en retiro, recibió en su oficina privada al personal que debía entregar algún tipo de información, ya que a esa fecha existía un solo oficial que había estado en esos años. Esa información se mantuvo con el carácter de secreto, al igual que la calificación que tenía la orden emanada del escalón superior. Debo hacer presente que, en mi calidad de Oficial de Inteligencia de dotación en esos años de la Sección II del regimiento Buin, con el grado de teniente, recuerdo que entre los suboficiales que se presentaron ante el comandante para entregar la información que poseían, puedo mencionar a dos funcionarios que trabajaban bajo mi dependencia: Juan Ibáñez y Jorge Aguilar, debiendo agregar que a la fecha desconozco qué otros suboficiales de dotación del Buin fueron los que se presentaron ante el comandante para entregar información. Debo señalar que, en reuniones de coordinación entre oficiales de inteligencia con el comandante del destacamento especial de Inteligencia de la II División, se nos informó que la información remitida a la división y guarnición militar de Santiago tendría siempre el carácter de secreto, pero no obstante ya habiendo hecho un catastro de los lugares donde se encontraban cuerpos, estos iban a ser exhumados por personal del Regimiento de Ingenieros de Puente Alto con apoyo de personal del Comando de Aviación, para su desaparición. También trascendió en esas reuniones que algunos restos humanos iban a ser trasladados dentro del mismo campo militar de Peldehue, desde su fosa original a otros lugares. Con respecto al cumplimiento de esta orden a nivel nacional, debo señalar que de lo ocurrido con cuerpos enterrados en unidades militares de provincia, debo suponer que el procedimiento fue el mismo al aplicado a Santiago, tanto para obtener información del personal, como para proceder a la ubicación y exhumación de los cuerpos". En efecto, después de recopilada la información, usando como pretexto público el que se estaba negociando la venta de terrenos de Peldehue con la empresa Minera Andina, se dispuso que era primordial limpiar una franja de tierra que corría al sur del predio, que se le denominaba "Cajón de los Ratones". Por lo mismo, se hizo necesario el traslado de fosas hacia el norte de Peldehue, hacia el cerro Las Tórtolas. La remoción de cuerpos tuvo como fecha el 23 de diciembre de 1978, día en que un equipo de uniformados procedió a las exhumaciones usando una máquina retroexcavadora, para iniciar las siniestras labores, y luego se dieron a la tarea con picos y palas durante muchas horas. Quien guiaba la búsqueda y excavación era el suboficial Eliseo Cornejo Escobar, uno de los que había participado en los ametrallamientos de 1973. La supervisión había quedado en manos del comandante Hernán Canales Varas. Los cuerpos, mayoritariamente enteros gracias a la conservación proporcionada naturalmente por la tierra de la zona, fueron metidos de a uno en sacos de papas, trasladados al camión tipo Unimog y subidos a un helicóptero Puma del Ejército. El destino final de los ejecutados de La Moneda estaría mar adentro.
Los traslados de fosas serían comprobados por la ministro Amanda Valdovinos, quien descubriera los restos de Juan Luis Rivera Matus, a quien la "Mesa de Diálogo" había dado por lanzado al mar. Unos meses después vino una nueva sorpresa: en una gran fosa al interior del Fuerte Arteaga se encontraron más de 500 piezas óseas, entre fragmentos de cráneos, extremidades y dientes, que corresponderían a parte de los detenidos de La Moneda. Junto a los restos humanos había restos de granadas y balas. Todo indicaba que, tras ser fusilados a pocos días del golpe militar, los prisioneros habían sido arrojados a la fosa y hechos explotar. 

Por todo Chile

Las últimas investigaciones realizadas en Cuesta Barriga por el ministro Héctor Carreño dieron como resultado el hallazgo de dientes y pequeñas vértebras, presumiblemente pertenecientes a parte de la dirección clandestina del PC secuestrada a fines de 1976. El hecho de que no pudiesen encontrarse huesos de mayor tamaño era prueba de que también aquí habían sido removidos los cadáveres. Volvieron a tomar fuerza, después de años de silencio obligado, los testimonios de lugareños que aseguran haber visto camiones del Ejército trasladando cuerpos en 1987. En Calama, la investigación del ministro Juan Guzmán permitió identificar restos de Carlos Berger y a Domingo Mamani. Los fragmentos encontrados evidencian remociones. En Pisagua existe la confirmación de que efectivamente hubo remociones de cuerpos y que fueron destruidos.  En Chihuío, las 18 personas que fueron ejecutadas y enterradas en octubre de 1973 serían removidas cinco años después, cuando una patrulla militar llegó al sector a desenterrar los cuerpos sin que hasta ahora se conozca su destino final. En 1990 el ministro en visita Nibaldo Segura se constituyó en el lugar y pudo establecer que efectivamente había restos óseos muy fragmentados que quedaron después de la remoción de restos, los que fueron enterrados simbólicamente en el cementerio de Valdivia. En noviembre de 1979, el Vicario de la Solidaridad Ignacio Ortúzar le entregó al ministro Humberto Espejo, quien investigaba la detención de seis campesinos de Paine, antecedentes acerca de inhumaciones masivas e irregulares en el Patio 29 del Cementerio General, en 200 fosas con cadáveres identificados y N.N. Entre los cuerpos sepultados con identificación había varios detenidos de Paine que habían pasado por el Cerro Chena. El tribunal constató la existencia de decenas de tumbas con más de un sepultado, así como la existencia de más de 100 con anotaciones de N.N. A fines de 1979, el ministro Espejo comunicó al director del Cementerio la prohibición de incinerar, exhumar o trasladar los restos de personas enterradas sin identificación. A principios de los 80, trabajadores del Cementerio informaron que se estaban llevando los cuerpos, finalmente sólo se pudo identificar a 78 personas de un total que podría haber llegado a más de 200. Un ex agente de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), entrevistado por Qué Pasa bajo el alias de "don Eduardo", asegura que las exhumaciones ilegales continuaron hasta muy avanzado el régimen dictatorial. Así fue como en 1986, ante las presiones que ejercía la Iglesia Católica y el difícil panorama político que se enfrentaba, "como se tenía certeza de que había lugares con fosas con restos de detenidos desaparecidos en Peldehue", afirma, "se encomendó la tarea a unidades especializadas de inteligencia a objeto de que se produjeran exhumaciones con el apoyo reservado del Comando de Aviación del Ejército. Los trabajos se realizaron con rapidez y reserva, pero no estuvieron exentos de dificultades. El terreno era muy duro y pedregoso y, si bien los cuerpos estaban enterrados a poca profundidad -entre 50 centímetros y un metro bajo tierra-, fue necesario llevar maquinaria pesada desde el Comando de Ingenieros que quedaba en Santiago, para remover la tierra. Este proceso duró cerca de un mes. A medida que avanzaban las remociones de cadáveres, se iban almacenando en bolsas de polietileno negro grueso y se ordenaban a un lado de la fosa, para luego cargarlas dentro de un helicóptero Puma, que despegaba hacia la costa ubicada entre Quintero y Valparaíso. La tripulación de la aeronave estaba compuesta por dos oficiales pilotos, dos suboficiales mecánicos y otro telecomunicador. Las bolsas con los cuerpos eran mezcladas con piedras para hacerlas más pesadas. Eran lanzadas al mar desde mediana altura, ya que se creía que al momento de caer se podía romper el polietileno y disgregar su contenido en el mar. Todo se hizo en el más absoluto secreto".

El suboficial Balboa Ortega

Ratificando los dichos de Pedro Rodríguez Bustos, aparece el testimonio de Juan Carlos Balboa Ortega, retirado como sargento primero del Ejército, quien señala que "en marzo de 1979 postulé y fui aceptado en un curso de auxiliar de inteligencia impartido por la Escuela de Inteligencia ubicada en Nos, egresando a fines de agosto de ese año. Al llegar a mi unidad, el Regimiento de Caballería Blindada N° 3, "Húsares de Angol", fui destinado a la Sección II de Inteligencia, siendo en esa época el comandante del regimiento el coronel Patricio Escudero Troncoso. A fines de 1979 se recibió en la unidad un criptograma secreto con denominación A-1, que indica máxima urgencia, proveniente del Comandante en Jefe del Ejército, Capitán General Augusto Pinochet Ugarte, dirigido a todas las unidades militares del país. En resumen, este documento informaba que todos los comandantes de unidades serían responsables administrativamente de la aparición de cuerpos de ejecutados políticos en su jurisdicción, por lo cual ordenaba realizar todas las diligencias correspondientes para evitar que terceros encontraran los lugares de inhumación de cada jurisdicción militar. Este documento fue recibido, visado por el jefe de sección y entregado personalmente al coronel Patricio Escudero. Recuerdo claramente haber leído este criptograma y haberlo comentado con los otros integrantes de la sección, entre ellos los suboficiales Rebolledo, Cáceres y Castro. Los criptogramas clasificados A-1 pueden ser recibidos a cualquier hora del día y llegan a la sección Telecomunicaciones del regimiento, que los entrega a la Sección II. El funcionario de esta Sección que los recibe tiene una hora de plazo para descifrarlos y entregarlos al comandante. Posteriormente, en el mes de marzo de cada año, se procede a su incineración junto con todos los documentos recibidos hasta el 31 de diciembre". El suboficial Balboa señala que "en enero de 1980 me encontraba de vacaciones en un fundo cercano a Mulchén, donde tuve la oportunidad de saber que un grupo de personas de ese lugar había sido asesinado en un lugar que correspondía a la jurisdicción de mi regimiento. Al volver de mi feriado legal le comuniqué esta situación al comandante Escudero, quien me ordenó que fuera a buscar el criptograma que impartía instrucciones sobre este tema y que daba cuenta que serían pasados a retiro los comandantes de regimientos en cuya jurisdicción se encontraran cuerpos de ejecutados políticos. Lo encontré y se lo pasé al comandante, quien llamó al comandante del regimiento de Los Angeles, haciéndole ver que había un problema de jurisdicción, ya que se conocían los antecedentes de ejecutados políticos por parte de personal de esa unidad militar. Por lo anterior, el comandante del regimiento de Los Angeles solicitó que me presentara de inmediato en su unidad. En Los Angeles me reuní con el comandante del Regimiento de Infantería de Montaña Reforzada N° 17, que me contactó con el jefe de la Sección II de su unidad para organizar el viaje. Al día siguiente salimos en dos vehículos, una camioneta y un station wagon, sin identificaciones militares y de civil. Por el camino Curaco nos dirigimos hacia el sector El Amargo, donde el suboficial Paredes (ver recuadro), de dotación del Departamento II de la III División de Ejército de Concepción, conversó con un lugareño sobre los entierros en el sector. El primer lugar que visitamos se encontraba en el sector El Amargo, a un costado del camino en la rivera norte del río Renaico. Como no correspondía a mi jurisdicción lo hice presente y unos ocho o nueve funcionarios cruzaron el río. Unas tres horas después regresaron cargando siete u ocho sacos paperos, cada uno con un cuerpo. Luego fuimos unos diez kilómetros al oriente, donde fueron desenterrados otros cuatro cuerpos y subidos a la camioneta, al igual que los primeros. El grupo de Los Angeles estaba bajo las órdenes del teniente jefe de la Sección II, pese a lo cual el mando operativo lo tenía el suboficial Paredes de Concepción, quien dirigía los trabajos mientras el oficial daba su aprobación".  Sobre el mismo tema, el ex director de la CNI Odlanier Mena Salinas asumió públicamente, a fines del 2000, que "el hallazgo de cuerpos en Lonquén produjo una grave conmoción social interna. El país estaba en los preliminares de la casi guerra con Argentina. Uno de los elementos fundamentales era la cohesión del frente interno, es decir, que la gente estuviera convencida de que el país tenía la razón para ir a la guerra y que apoyara a sus Fuerzas Armadas. Se podía inferir que si aparecían nuevos 'lonquenes' el frente interno se iba a dañar. Por esto los comandantes en jefe resolvieron que las unidades, no CNI, hicieran un catastro de los posibles cementerios ilegales que hubiera en cada zona". 
Mena intenta descartar la participación de la CNI, pero todos los indicios apuntan a que trabajaron en conjunto con las secciones de inteligencia del Ejército para evitar "nuevos lonquenes" y, de este modo, mantener "la cohesión del frente interno". De esta forma, la única solución era obedecer la orden de Pinochet y "retirar los televisores".

Prácticas nazis 

En Auschwitz se llegó a un promedio de 24.000 asesinatos diarios usando el método de las cámaras colectivas de gas para luego aplicar la incineración, en crematorios científicamente planificados, como forma de asegurar la eliminación de los cadáveres. Existían 46 nichos de horno, cada uno con capacidad para entre tres y cinco personas. La incineración duraba media hora y, para la limpieza, se ocupaba una hora diaria. Cuando estos hornos no daban abasto, en agosto de 1944, se cavaron seis enormes fosas y se reabrieron algunas anteriores hechas en el bosque contiguo. Las fosas tenían canalizaciones en un lado para recoger la grasa humana hirviendo, que serviría para mantener su funcionamiento junto con la aplicación de aceite y alcohol, pues se necesitaba un fuego fuerte y permanente. Después de encender los hornos con coque al empezar el día hasta que alcanzaban la temperatura adecuada, apenas requerían un poco más de combustible para funcionar. El suboficial Juan Carlos Balboa señala en parte de su testimonio respecto al destino final de los cuerpos exhumados que ignora lo sucedido "no obstante, recuerdo que el suboficial Paredes comentó que había realizado un curso de inteligencia en Alemania, donde había aprendido a incinerar cadáveres, incluso dijo que había que tener una parrilla grande, poner los cuerpos encima e iniciar el fuego con leña y petróleo, combustible que debía seguir poniéndose en el fuego cada cierto tiempo hasta conseguir que se convirtieran en cenizas completamente". El Departamento II de Inteligencia del Regimiento Los Angeles contaba con un horno de ladrillos con chimenea. Allí fueron lanzados los cuerpos de una docena de ejecutados de la zona.

Los que saben del "destino final"

En la Escuela de Artillería de Linares, al momento de las exhumaciones ilegales se encontraba al mando el teniente coronel Patricio Gualda Tiffani, quien desde 1985 a 1988 sería el último rector designado de la Universidad de Santiago (USACH). Gualda dio al capitán Mario Gianotti Hidalgo la orden de formar un equipo de desenterradores, según él luego de recibir la información del "retiro de televisores" por parte de su segundo, el subdirector Ricardo Gaete Villaseñor. Uno de los integrantes del especial equipo era el teniente Hernán Véjar Sinning.
Los autores de la desaparición de seis prisioneros en Linares, procesados por el ministro Alejandro Solís, son el ex vicecomandante en jefe del Ejército Jorge Zincke Quiroz; el ex director de la Escuela de Artillería de Linares y ex comandante de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana, mayor general Carlos Morales Retamal; el general (R) y ex subsecretario de Relaciones Exteriores del régimen militar, Humberto Julio; y los coroneles en retiro Juan Morales y Félix Cabezas. Por este caso fue citado a declarar el ex director de Investigaciones, Nelson Mery, quien después de septiembre de 1973 fue destinado a la Escuela de Artillería de Linares, en calidad de oficial de enlace con el entonces director de la unidad, coronel Gabriel del Río. En el caso de los desentierros de Peldehue, el ministro Juan Carlos Urrutia mantiene procesados a cinco uniformados, entre quienes destaca el comandante del Regimiento Tacna en 1978, coronel Hernán Ricardo Canales Varas. Los otros implicados son el jefe de inteligencia de la época Luis Antonio Fuenzalida Rojas, y los suboficiales Eliseo Cornejo Escobedo, José Canario Santibáñez y Darío Gutiérrez de la Torre. Anteriormente, el mismo juez había procesado, como autores del secuestro de 12 prisioneros de La Moneda, a otros nueve uniformados, entre los que figuran el general Luis Joaquín Ramírez Pineda y el brigadier Pedro Espinoza Bravo, quien habría supervisado el ametrallamiento y la sepultación clandestina de los ejecutados. Canales Varas, en tanto, es quien aparece comandando la operación de exhumación y retiro de los cuerpos que eran ensacados y subidos a un camión Unimog, para luego llevarlos hasta el helicóptero que los conduciría a su "destino final". Los "favoritos" de Pinochet para pilotear estos helicópteros eran los mismos que participaron en la Caravana de la Muerte: Antonio Palomo Contreras, Emilio de la Mahotiere González y Luis Felipe Polanco. En el caso de Pisagua, los mismos que están procesados por los secuestros y ejecuciones deben tener información de lo ocurrido con algunos de los cuerpos que aún no son encontrados. Entre ellos aparece el suegro del actual Comandante en Jefe del Ejército, el ex vicecomandante Carlos Forestier, junto a Pedro Espinoza Bravo y el suboficial Miguel Aguirre.