Campos Valladares Victor Mario

Una de las más mediáticas acciones políticas del FPMR, realizada en 1987, se está transformando en una operación que estaría vinculada al tráfico de armas y a la disputa de dos bandos por liderar un negocio ilícito con Irán. Existen sospechas de que miembros de las FF.AA. actuaron y que el Frente fue infiltrado hace 20 años. Cerca de la esquina de Vicuña Mackenna con Santa Isabel, un coronel retirado camina con paso firme, siempre con la vista al frente y las manos en los bolsillos. Su rostro parece inmutable, pero, mirados más de cerca, sus ojos, casi ocultos bajo un jockey cuadrillé, se agitan constantemente de lado a lado recorriendo toda la visual posible. Los bultos que Carlos Carreño Barrera lleva en los bolsillos de su abrigo azul son un par de manos tensas que parecieran apretar o empuñar algo, alertas frente a cualquier imprevisto. Es que hace ya 20 años el coronel retirado fue el protagonista de uno de los episodios más espectaculares que registran las crónicas nacionales de plagios, luego de que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) lo secuestrara el 1 de septiembre de 1987. Carreño sobrevivió a esta situación, pues fue liberado tres meses después de su captura. Y tres años más tarde, el Ejército lo llamó a retiro anticipadamente por "problemas de salud". Pasó varios años en un autoexilio y hoy vive de su pensión y gracias a las clases de balística que dicta en la Universidad Tecnológica Metropolitana. Su experiencia no pasó inadvertida para varios de los jueces que actualmente investigan violaciones de los derechos humanos y tráfico de armas. Ha declarado como testigo en más de un caso y su relato hoy está más cerca que nunca de echar por tierra las motivaciones que hubo para su supuesto secuestro. El contexto en que ocurrieron los hechos también está puesto en duda, ahora que la justicia ha logrado determinar los oscuros negocios que se realizaron en las postrimerías de la dictadura. Hace tres años, el expediente de este caso, que permanecía empolvado en el archivo judicial, fue adjuntado a la investigación de la desaparición de cinco jóvenes frentistas, ocurrido una semana después de que Carreño fuera plagiado. Actualmente, el caso está en manos del ministro Mario Carroza y registra una intensa actividad. Lo más relevante es que el magistrado está dispuesto a abrir una investigación paralela por su secuestro, en consideración a los antecedentes que están apareciendo. ¿Fue el secuestro de Carreño una operación vinculada al tráfico de armas y a la disputa entre Famae y las Industrias Cardoen? ¿Quién se beneficiaba con esta acción militar? ¿Hubo infiltración al interior del FPMR que facilitó la elección de Carreño como objetivo? El juez Carroza lleva varias semanas estudiando el expediente y, aunque ya se dictaron procesamientos, su objetivo apunta a aclarar cualquier delito conexo al caso. En este sentido, el magistrado confirmó a LND que existen antecedentes fundados para abrir un cuaderno separado para el caso Carreño. Con ello reabriría la caja de Pandora de una historia que, supuestamente, se había cerrado hace dos décadas. A la espera de un decisivo informe de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos de la policía civil, el juez sostiene que aún no ha tomado conocimiento directo de los antecedentes, pero "entiendo que apuntan a la responsabilidad de otras personas. Si eso es así, lo que corresponde es la apertura de una investigación". Consultado respecto a un eventual conflicto con la justicia militar, que está a cargo del caso, Carroza señala que "primero hay que iniciar la investigación y si en ese camino se descubren similitudes o hechos que puedan discutir una contienda, se verá en su momento".

El hombre de azul

Hasta ahora, y pese al tiempo que ha pasado, Carlos Carreño continúa asustado por lo que le tocó vivir durante el secuestro a manos del FPMR. El coronel (R) teme a sus captores, quienes lo habrían dejado libre luego que llegara a un acuerdo con ellos, convenciéndolos de que él no era la persona indicada para proporcionarles la información que buscaban. Pero, sobre todo, desconfía de los servicios de inteligencia del Ejército de la época, porque durante el período que duró su cautiverio (93 días) y en los momentos posteriores, fueron ellos los que lo hicieron temer por su vida. Fuentes ligadas a la investigación efectuada por la Segunda Fiscalía Militar de Santiago, que cerró el caso tras confirmarse las condenas dictadas inicialmente contra miembros del Frente, indicaron que las indagaciones del ex fiscal del Ejército Fernando Torres Silva fueron "livianas" y siempre orientadas exclusivamente hacia la participación del Frente. Por ello es que hay preocupación en círculos militares debido a las dimensiones que podría adquirir la investigación de Carroza, considerando que se investigaría la posible infiltración del grupo subversivo, a los oficiales o la entidad militar que estuvo detrás, y el verdadero propósito del mediático secuestro. Nada que se sospechara el 1 de septiembre de 1987, cuando el coronel Carlos Carreño fue plagiado a las afueras de su casa ubicada en Simón Bolívar, cuando se disponía a partir a las oficinas de Famae en calle Rondizzoni, por un comando integrado por cuatro frentistas. Durante los casi 100 días que permaneció en cautiverio, Carreño estuvo en Santiago, Buenos Aires y S o Paulo. Conforme pasaba el tiempo, la relación con sus captores se fue estrechando, al punto que se enteró de situaciones digitadas por los organismos de inteligencia chilenos, que más que resguardar su vida, la ponían en peligro. Lo más grave fue la noticia del secuestro de los cinco frentistas. En un principio, el hecho fue interpretado como el intento por buscar una moneda de cambio para recuperar al coronel. Pero, con la desaparición de los subversivos, el mensaje para Carreño y sus raptores fue evidente: no había intención de negociar por su vida. En su círculo íntimo, el coronel (R) ha reconocido que llegó a tener una estrecha relación con los frentistas, al punto que, poco antes de ser liberado en Brasil, selló un pacto de silencio con sus captores. Durante los tres meses en que estuvieron juntos, Carreño fue interrogado sobre el diseño de armas y la venta de las bombas avispa a Irán. Además, hablaron de fútbol, música y comidas. Hasta ahora, el ex militar está convencido de que esa relación fue decisiva para su liberación. Mientras vivió el cautiverio, su familia pasaba por el calvario que significa desconocer el real destino de un ser querido. Dentro de este tenso período, el actual director de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), general Ricardo Ortega, era un teniente comisionado al G-4, grupo a cargo de reprimir movimientos subversivos en los sectores populares. Como tal, visitó en varias ocasiones la casa de Carreño, se entrevistó con su esposa y el resto de la familia. En todo momento, el entorno del secuestrado coronel sintió que Ortega desconfiaba de ellos, que insinuaba una supuesta traición e intentaba sacarles información. Los padres del coronel Carreño, desesperados al ver la actitud del Ejército, acudieron a las oficinas del general Santiago Sinclair, entonces vicecomandante del Ejército, para solicitar información. Sin embargo, no obtuvieron ninguna ayuda. Salieron de su oficina llorando y temiendo lo peor. Lo que ahora está claro en las indagaciones llevadas a cabo por la Policía de Investigaciones es que, en ese entonces, los frentistas descartaron asesinarlo, a sabiendas que cinco de sus camaradas habían sido secuestrados. El 3 de diciembre de 1987, Carreño fue dejado libre en Sao Paulo, en la puerta del diario "O Estado", donde lo recibió un joven periodista de la sección internacional, Cristián Bofill. El lugar fue elegido para proteger su vida, ya que los secuestradores temían que los organismos de inteligencia nacionales lo encontraran antes y terminaran con su vida. ¿Por qué el Frente creía que Carreño podría ser asesinado por sus camaradas de armas? El coronel todavía no lo entiende. Sin embargo, cuando fue recibido por el fiscal Torres Silva, su temor creció, porque lejos de estar contento con su regreso, parecía molesto. La relación entre ambos se fue tensionando hasta llegar a un límite. Torres, convencido de una tesis investigativa, se negó en ocasiones sucesivas a escuchar los detalles de la declaración prestada por Carreño. Una fuente cercana al caso recuerda: "Uno de los pocos lugares que el coronel recordaba bien eran los baños donde había permanecido, ya que era el único sitio donde se podía quitar la venda. El fiscal lo llevó hasta una casa donde supuestamente había permanecido. Le mostró el baño y le dijo: Mire este lugar, porque usted estuvo aquí . No, señor, yo jamás he pisado este sitio. Estoy completamente seguro , respondió Carreño. ¡Sí, estuvo aquí! , agregó ásperamente Torres Silva. Bueno, para qué me pregunta entonces. Si usted dice que estuve, entonces es así , terminó el diálogo Carreño que, en ese momento, ya se veía muy temeroso".

El negocio

El secuestro de Carreño se produjo en una etapa crítica del incipiente negocio de armas que por ese tiempo había iniciado la dictadura, a través de Famae. Un año antes, en 1986, varios altos oficiales del Ejército se frotaban las manos pensando en lo que podía ser el negocio de sus vidas. Famae, asociada con la empresa fantasma Ferrimar, había logrado un millonario contrato con el gobierno de Irán: la venta de 300 bombas, tipo cluster, también llamadas "avispa". La apertura de ese mercado abría perspectivas insospechadas para esa época, ya que el país persa se encontraba enfrascado en una larga, sangrienta y millonaria guerra con su vecino Irak, este último apoyado por Estados Unidos. Las tratativas, logradas gracias la intervención del traficante de armas francés Bernard Stroiazzo, habían facilitado un mecanismo para burlar el embargo que la ONU impuso al régimen de los ayatolás. Sin embargo, poco tiempo después, todo pareció desplomarse. Tres de los 15 artefactos que Famae había enviado secretamente para ser probados por la aviación iraní fallaron. No sólo no funcionaron, sino que destruyeron un cazabombardero Phantom F-4 y, en el accidente, resultó herido de gravedad el segundo hombre de la Fuerza Aérea persa. Teherán, de inmediato, solicitó compensaciones. Pinochet debió convocar a la negociación al comandante en jefe de la FACh e integrante de la Junta Militar de Gobierno, Fernando Matthei, para disponer aviones para probar las "avispas" y preparar la venta a bajo costo de 15 aviones F-5, de dotación de la aviación nacional. El representante del Ministerio de Defensa iraní, Mohamed Hosseini, viajó a Chile junto al francés Stroiazzo. Ambos sostuvieron una reunión con altos personeros de la FACh y Famae, para cerrar el nuevo trato. Carlos Carreño estuvo en esa reunión. En agosto de 1987 estaba todo listo para que el coronel viajara a Teherán. No obstante, fuentes calificadas sostienen que el gerente comercial de Famae llevaría en el maletín una propuesta mucho más ambiciosa que la venta de los aviones. El propio Carreño ha manifestado en el último tiempo, tanto a la policía como a cercanos, que no había tales compensaciones, y que el verdadero propósito de Irán era que Chile, a través de Famae, suscribiera un contrato para enviar importantes cargamentos de armas por 15 años. Por ese entones, Famae tenía entre sus principales proyectos, a concretar en un mediano plazo, la fabricación de poderosas minas submarinas las que habría resultado clave para bloquear el golfo Pérsico , el polémico cohete Rayo y la licencia para fabricar carros Mowag. Algunos de los que conocieron detalles de la operación recuerdan que a esas alturas, la relación entre el jefe de la aviación y el dictador era sumamente fría, y que Matthei no estaba de acuerdo con las negociaciones que se estaban realizando con Irán. Fuentes vinculadas al negocio de las armas reconocen que el ex comandante en jefe de la FACh y el empresario Carlos Cardoen, entonces propietario de Industrias Cardoen S.A., fábrica de armas que competía exitosamente con Famae, mantenían una estrecha amistad. Años antes, Cardoen había diseñado un efectivo modelo de bomba "racimo" que redundó en un millonario negocio que concretó con Irak. Cuando se conoció que Famae había desarrollado un modelo similar, se desató una pugna pública y judicial entre ambas empresas, por la acusación del empresario sobre el plagio de su diseño. La situación era a lo menos insólita: dos empresas nacionales realizando acciones concretas para proveer de material bélico a bandos contrarios en una guerra. De allí que la tesis de que el secuestro del coronel Carreño haya tenido sólo motivaciones políticas por parte del FPMR disminuya su fuerza. La idea se ha acentuado sobre la base de los insólitos interrogatorios a los que fue sometido el coronel, tanto por sus captores del FPMR como por miembros del Ejército, una vez que fue liberado. En ambos casos el tema central fue la venta de armas a Irán. Ahora bien, ¿qué tenía que ver el FPMR en todo esto?

El topo

Hace varios meses, en el departamento de un sencillo barrio de Bruselas (Bélgica), se realizó una particular reunión de chilenos. Hasta allí fueron llegando uno a uno antiguos jerarcas del FPMR. "El Frente nunca ha sido completamente desarticulado; desde que cesaron las operaciones violentas, ellos se mantienen en contacto, se reúnen y se entrenan. No me pregunte para qué", señalan en la Policía de Investigaciones respecto a los movimientos que, cada cierto tiempo, realizan los remanentes de esa organización. Hasta donde pudo conocer LND, una de las discusiones más sensibles es el reconocimiento de que el FPMR fue infiltrado antes de 1987. El secuestro del coronel Carlos Carreño habría sido digitado por miembros del Ejército y llevado a la práctica por un "topo" que convenció a la dirección del FPMR de la conveniencia de la acción. Esto es parte de los antecedentes acumulados en el último tiempo, en conocimiento de la policía y de algunos jueces que indagan violaciones de los derechos humanos y tráfico de armas. Las indagaciones en el marco del caso de los cinco frentistas han llegado incluso a Bélgica. Luego de varios viajes por Europa y entrevistas con las altas jerarquías, la Policía de Investigaciones ha confeccionado una carpeta con los posibles nombres del infiltrado. Se trataría de un miembro del Ejército ingresado a las huestes rodriguistas desde su juventud. El "topo" habría llegado a tener una posición influyente dentro de la estructura y habría sido él quien, luego del descarte del primer objetivo a secuestrar, recomendó el nombre de Carreño. Actualmente las sospechas recaen sobre cuatro integrantes del FPMR; sin embargo, uno en especial genera mayores sospechas dentro de la policía civil. El personaje en cuestión tiene un apellido compuesto cuyas iniciales son D. P. Un grupo importante de viejos comandantes y mandos medios estima que las posibilidades de infiltración siempre estuvieron dentro de los temas con que debieron lidiar. Pero, en lo que respecta a Carreño, recuerdan que el hecho ocurrió justo en momentos en que las discusiones internas provocaron la división del grupo y el nacimiento del Frente Autónomo, alejado de la órbita del PC. Así, personas que habían ocupado mandos medios, que no pertenecían a la generación fundadora, asumieron cargos directivos. Hoy, las sospechas apuntan a ese grupo.

Carreño, segundo objetivo

Con 39 años a cuestas y una discreta vida profesional, el teniente coronel y subdirector de Famae era un tipo común y corriente. De bajo perfil, sin vínculos políticos evidentes ni un historial de violencia, a diferencia de personajes odiados por la oposición, como Manuel Contreras o Álvaro Corbalán, su rutina transcurría de la casa al trabajo y viceversa. Casado con Loreto Rojas y padre de tres hijos, Carlos Carreño Barrera seguía el camino lógico para un oficial sin ambiciones de generalato ni aprecio por el mando de tropa. Había sí algo que lo movía: el desarrollo de armas. Materia a la que se dedicó con afán de cirujano desde 1979, año en que se incorporó a Famae. La decisión que terminó con Carreño secuestrado sigue siendo un misterio dilucidado a medias. "Simón", uno de los responsables de trasladar a Carreño a Brasil y liberarlo en S o Paulo, aseguró a los autores del libro "Operación Príncipe", que en julio de 1987 recopilaron información sobre cinco candidatos del Ejército. También que, a mediados del mes siguiente, "se hizo una preselección de tres de ellos: uno principal, uno secundario y uno de reserva. En ese momento, la prioridad la tuvo el teniente coronel Carlos Carreño". ¿Por qué? "En primer lugar, sabíamos que era un militar que no estaba comprometido en crímenes contra la oposición; si no hubiera sido así, en vez de secuestrarlo amigablemente , quizás habríamos realizado una operación más contundente. En segundo lugar, era hombre profundamente cristiano: iba a ser más receptivo al mensaje que queríamos enviarle a las Fuerzas Armadas. Y, en tercer lugar, era el que tenía menos custodia". Entre todos, el último punto es quizá el más relevante. Carreño, además, era uno de los pocos oficiales que no vivía en condominios castrenses. Otros frentistas que tomaron parte de las tareas de exploración previas aseguran que Carreño no era el principal candidato, sino que Gerardo Ramírez Chovar. El comandante formaba parte de la escolta de Pinochet. También era un experimentado comando que había instruido a varios agentes de la CNI en técnicas de lucha antisubversiva. En su caso, dicen las fuentes consultadas, era altamente probable que el secuestro no fuera "amigable". Ramírez Chovar, actualmente coronel en retiro, vivía en una casa de avenida Salvador, a media cuadra de José Domingo Cañas. El grupo de exploración chequeó sin problemas sus movimientos. Sin embargo, el secuestro se abortó porque el día escogido "había un lechero, un barrendero, tipos que durante los chequeos previos nunca habían aparecido", dice un miembro del grupo. "Fue ahí que Carreño tuvo prioridad", sostuvo. El ex coronel no quiere hablar del tema, evade cualquier contacto con la prensa y reclama por la tranquilidad propia y la de su familia. Vive sumido en un aparente silencio, oculto tras los equipos del laboratorio donde hoy enseña a sus alumnos a aclarar crímenes, identificando distintos tipos de armamentos. Y muy pocos saben el límite de sus verdaderos conocimientos.

Los desaparecidos de Carreño

Una semana después del plagio del coronel Carlos Carreño, cinco miembros del FPMR fueron secuestrados por agentes de la Central Nacional de Informaciones, CNI. La investigación iniciada por el ex ministro de la Corte de Apelaciones Hugo Dolmetsch acreditó que Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola, José Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas y Manuel Sepúlveda Sánchez fueron llevados hasta el Cuartel Borgoño, donde permanecieron detenidos por varios días. Posteriormente, fueron entregados a funcionarios del ex Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), quienes los habrían asesinado y lanzado al mar en las cercanías del puerto de San Antonio. Este acto criminal es el único donde se encuentra probada la acción de integrantes del aparato de inteligencia del Ejército, luego de que Álvaro Corbalán declarara que habían participado en conjunto con los aparatos de inteligencia del Ejército. La afirmación hizo crecer las sospechas respecto de la verdadera naturaleza del secuestro tanto de Carreño como de los miembros del FPMR. Por este caso permanecen procesados por secuestro calificado los miembros de la CNI Víctor Ruiz Montoya, Arturo Sanhueza y Luis Santibáñez. En calidad de coautores, Hugo Salas Wenzel y sus dos colaboradores, Álvaro Corbalán y Krantz Bauer. Les siguen por el mismo delito Manuel Morales, César Acuña y René Valdovinos. Como encubridores están los oficiales (R) del Ejército Gonzalo Asenjo –quien se suicidó en octubre– y Rodrigo Pérez. Posteriormente, en 2007 fueron procesados el jefe del BIE, Julio Cerda Carrasco, y Fernando Rafael Rojas Tapia como coautores. En calidad de encubridores fueron encausados Aquiles Navarrete Izarnotegui, Víctor Mario Campos Valladares y Hugo Rodrigo Barría Rogers.

Ministro Mario Carroza encausó a siete ex agentes de la CNI por la desaparición de cinco frentistas, secuestrados en represalia al rapto del coronel Carlos Carreño. El ministro en visita Mario Carroza sometió a proceso a siete ex agentes de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), por los secuestros calificados de cinco jóvenes militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en septiembre de 1987. El magistrado encausó por distintos grados de participación en los secuestros de José Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola, ocurridos a partir del 1 de septiembre de 1987. La resolución afecta a Juan Carlos Orellana Morales, Hernán Antonio Vásquez Villegas, Raúl del Carmen Durán Martínez, José Guillermo Salas Fuentes, Marco Antonio Pincheira Ubilla y Jorge Raimundo Ahumada Molina. En la nómina también figura Iván Quiroz Ruiz, quien permanecía prófugo por el caso Operación Albania y que fue detenido la noche del miércoles. Según el fallo, los primeros seis ex agentes enfrentan cargos como autores del secuestro calificado de Peña Maltés, mientras que Quiroz enfrenta fue encausado por el mismo caso, además de Pinochet Arenas, Sepúlveda Sánchez, Fuenzalida Navarrete y Muñoz Otarola. La investigación da por probado que los cinco frentistas fueron secuestrados en represalia por el secuestro del coronel Carlos Carreño Barrera, entonces funcionario de la Fábricas y Maestranzas del Ejército (Famae), perpetrado el 1 de septiembre de 1987. De acuerdo a las pesquisas, los cuerpos de las cinco víctimas fueron arrojados al mar, para lo cual se utilizaron helicópteros del Ejército.

Otros procesados

Antes de dejar el caso y ascender a la Suprema, en mayo de 2007, el juez Haroldo Brito había encausado al general (R) Julio Cerda Carrasco, ex titular del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), y el oficial retirado Fernando Rafael Rojas Tapia, también integrante de la mencionada instancia castrense. Como encubridores de las desapariciones, en tanto, procesó a Aquiles Navarrete Izarnotegui, Víctor Campos Valladares y Hugo Barría Rogers. Y en septiembre de 2006, Brito encausó a doce ex agente de la CNI, entre los que se encuentran el general (R) Hugo Salas Wenzel, y sus subalternos el brigadier (R) Álvaro Corbalán Castilla y Krantz Bauer Donoso, como coautores del secuestro de Sepúlveda Sánchez, Fuenzalida Navarrete y Muñoz Otárola. En aquella ocasión, el juez también procesó como coautores de los secuestros de Peña Maltés, Sepúlveda Sánchez, Fuenzalida Navarrete y Muñoz Otárola a los ex agentes Manuel Ángel Morales Acevedo, César Acuña Luengo y René Valdovinos Morales. A ellos se sumaron los ex miembros de la CNI Víctor Ruiz Godoy, Manuel Ramírez Montoya, Luis Sanhueza Ross, Luis Santibáñez Aguilera fueron encausados como coautores de los secuestros de Pinochet Arenas, Sepúlveda Sánchez, Fuenzalida Navarrete, y Muñoz Otárola.

El ministro Haroldo Brito dictó además una orden de aprehensión para los procesados, quienes una vez notificados quedarán en prisión preventiva ,Cinco ex miembros de la Central Nacional de Informaciones (CNI) fueron procesados hoy por el ministro en visita subrogante Haroldo Brito, por su responsabilidad en los secuestros calificados de cinco ex integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), que tuvieron lugar en septiembre de 1987. Tras efectuar diversas diligencias e interrogatorios, el magistrado encausó como coautores de los secuestros al comandante (r) del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) Julio Cerda Carrasco y al oficial del mismo organismo Fernando Rafael Rojas, quienes colaboraron con la CNI. Como encubridores del mismo ilícito fueron encargados reos los oficiales del comando de aviación del Ejército Aquiles Navarrete y Izar Notegui, Víctor Campos Valladares y Hugo Barría Rogers. Las víctimas corresponden a los ex FPMR Alejandro Pinochet Arenas, Julián Peña Maltés, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola, quienes según la resolución fueron detenidos entre el 9 y 10 de septiembre de 1987 y trasladados hasta el cuartel Borgoño de la CNI. Según el texto legal, miembros del mismo organismo retiraron desde allí cinco cadáveres que luego fueron subidos a un helicóptero desde el cual fueron lanzados al mar.  En su fallo el ministro Brito establece que el comandante Julio Cerda estuvo involucrado en el esclarecimiento del secuestro del coronel de Ejército Carlos Carreño el 1 de septiembre de 1987, hecho que motivó a los funcionarios de la CNI a secuestrar a los miembros del FPMR para canjearlos por dicho oficial. Además del procesamiento, Brito dictó orden de aprehensión para los procesados, quienes una vez notificados quedarán en prisión preventiva.

El ministro Mario Carroza encausó también en calidad de autor del secuestro de los cinco militantes del FPMR al coronel activo Marco Antonio Bustos. El crimen fue coordinado entre la jefatura del Ejército, su Dirección de Inteligencia, y la CNI. En la operación también participó el Comando de Aviación de esta rama castrense. Ya van 27 oficiales y suboficiales retirados declarados reos por este crimen. Una acción coordinada entre la comandancia en jefe del Ejército, la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército (DINE) y la Central Nacional de Informaciones (CNI), además del Comando de Aviación de la institución, fue la operación para eliminar en septiembre de 1987 a cinco militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). La coordinación al más alto nivel la establecieron en la investigación judicial los ministros Hugo Dolmetsch, Haroldo Brito y Mario Carroza, quienes han tenido la causa en sus manos. El actual magistrado a cargo de la indagatoria, Carroza, procesó ayer al ex vicecomandante en jefe del Ejército y ex integrante de la Junta Militar, general (R) Santiago Sinclair Oyaneder; al general (R) y ex jefe de la DINE, Hugo Prado Contreras, y el ex integrante del Batallón de Inteligencia Militar (BIE), actual coronel en servicio activo, Marco Antonio Bustos Carrasco, quien es el jefe del Departamento de Planificación de la División de Logística del Ejército. Los tres fueron encausados en calidad de coautores del delito de secuestro calificado de los cinco militantes del FPMR. Los dos oficiales generales y el oficial superior fueron arrestados y quedaron internados en el Batallón de Policía Militar en la comuna de Peñalolén. Con estos tres encausados llegó a 27 el número de oficiales y suboficiales retirados declarados reos por este crimen. En el marco de esta operación coordinada, el 21 de septiembre de 2006 el juez de Haroldo Brito procesó al entonces director de la CNI, general (R) Hugo Salas Wenzel, y a otros diez ex agentes de ese organismo, entre ellos el jefe operativo Alvaro Corbalán y el jefe de la Brigada Antisubversiva, Kranz Bauer Donoso. En la investigación logró establecerse que los cinco frentistas, Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola fueron secuestrados entre el 9 y 10 de septiembre de 1987, como posibles rehenes de canje por el coronel de Ejército Carlos Carreño Barrera, secuestrado el 1 de septiembre de 1987 por el FPMR. Carreño apareció finalmente el 3 de diciembre de 1987 en la ciudad Sao Paulo, Brasil, tras 93 días de cautiverio. El juez Carroza sostiene en su auto de procesamiento que los cinco militantes fueron muertos "una vez que el coronel Carreño apareció". El dato es relevante, pues nunca se ha podido precisar la fecha exacta en que fueron asesinados. Esa información agrega coherencia a la tesis jurídica de que la dictadura mantuvo vivos a los cinco frentistas para el probable canje hasta el último momento y que su muerte se decidió sólo después de que Carreño fue liberado por sus captores. Es en este momento en que, según los antecedentes del proceso, entra a participar en el caso el general Santiago Sinclair, en su cargo de vicecomandante en jefe del Ejército, o más bien, de comandante en jefe en ejercicio o ejecutivo, dado que Augusto Pinochet ejercía como autodesignado Presidente de la República. Una vez liberado Carreño, se produjo una reunión entre Sinclair, quien llevaba allí la voz del dictador Pinochet, el jefe de la DINE, Prado, y el director de la CNI, Salas Wenzel. En esa reunión Sinclair ordenó que había que hacer desaparecer a los cinco prisioneros. La razón fue que ya a esa fecha y por la reestructuración que se había realizado, la CNI no podía mantener prisioneros en sus cuarteles. Los cinco militantes llevaban ya tres meses secuestrados, interrogados y torturados y el caso podía convertirse en otra arma en contra de Pinochet a un año del plebiscito de 1988. Cuando secuestran a Carreño, la DINE, a través de su organismo operativo, el Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), formó un equipo a cargo de la investigación del secuestro del coronel. Los oficiales de ese equipo, entre los que estaba el actual coronel activo Marco Antonio Bustos y el entonces jefe del BIE, actual general (R) Julio Cerda Carrasco, también encausado, mantuvieron durante todo el tiempo de cautiverio de Carreño un estrecho vínculo con la CNI. Incluso sus integrantes estuvieron varias veces en el cuartel Borgoño.

Prisión de sinclair

“Mi general, su Ejército está listo, para lo que usted lo necesite”, le dijo el general Santiago Sinclair al general Augusto Pinochet la noche del 5 de octubre de 1988, cuando internamente ya se sabía que el dictador había perdido el plebiscito y tendría que abandonar el poder. Ese episodio da cuenta de la estrecha lealtad de Sinclair hacia su superior. En ese entonces, como cuando se decidió la muerte y desaparición de los cinco frentistas por lo que ahora está procesado y detenido, formalmente Sinclair era el vicecomandante en jefe del Ejército, pero en la práctica era su máxima autoridad, porque Pinochet ocupaba la primera magistratura nacional por obra y gracia de su Constitución. De ahí que su procesamiento y detención sea recibida en el mundo de los derechos humanos como una señal que allana el camino a otros procesamientos a altos mandos de entonces. La noticia tiene además otro ribete institucional. Otro de los procesados está aún al servicio de la institución. Se trata del coronel Marco Antonio Bustos, jefe del Departamento de Planificación de la División de Logística del Ejército. El ministro Mario Carroza, a cargo de la investigación, encausó también en calidad de autor del secuestro de los cinco militantes del FPMR al entonces director de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), Hugo Prado Contreras. El magistrado estableció que el crimen fue coordinado entre la jefatura del Ejército, la DINE y la CNI y que en la operación también participó el Comando de Aviación de esta rama castrense.

A bordo del puma

La forma que se eligió para hacer desaparecer a los cinco militantes fue la misma que utilizó la DINA para hacer desaparecer a sus víctimas: matarlas y tirar los cuerpos al mar. De esta manera, a través de Sinclair y con conocimiento de Pinochet, se autorizó la operación para que un helicóptero del Comando de Aviación del Ejército (CAE) fuera utilizado para lanzar los cuerpos al mar. Éstos fueron asesinados en Borgoño y sus cuerpos, debidamente ensacados y amarrados a trozos de rieles, son llevados al predio militar de Peldehue, al norte de Santiago, donde son cargados a bordo del helicóptero Puma del CAE que comandaron los oficiales Víctor Campo Valladares y Hugo Barría Rogers. Comandante del CAE en 1987 era el coronel Aquiles Navarrete Izanortegui, quien también está encausado en el proceso.

Los últimos desaparecidos

José Julián Peña Maltés: Soltero, 36 años al momento de su secuestro. Salió al exilio en Francia en enero de 1974. En 1985 se levanta su prohibición de ingreso al país. No se sabe la fecha exacta de su regreso a Chile, pero sí que estaba clandestino al momento de su secuestro. Fue visto la última vez con vida el 9 de septiembre. Su familia supo de su desaparición el 15 de septiembre de 1987, por la llamada telefónica de una mujer que no se identificó. En noviembre de ese año, Investigaciones informó que no registraba ingreso al país “por lo que es dable suponer que aún no retorna”. Fue rechazado su recurso de amparo. Julio Muñoz Otárola: Separado, 27 años al momento de su desaparición. Estuvo casado con Cecilia Magni, la comandante Tamara, integrante del comando que atentó contra Pinochet en septiembre de 1986, asesinada luego en Los Queñes junto al comandante José Miguel, ambos del FPMR. Según informó Investigaciones, cuando desapareció tenía dos órdenes de detención pendiente en su contra, “por lo que es presumible que se encuentre oculto tratando de eludir la acción de la justicia”. El recurso de amparo a su favor fue rechazado. Manuel Jesús Sepúlveda Sánchez:Casado, 27 años al momento de su detención. Vivía en la comuna de Ñuñoa, pero su familia residía en Valparaíso, en donde le vieron por última vez el 8 de septiembre. Sus amigos le vieron en Santiago el 9 por la mañana y quedaron de juntarse con él en la tarde; nunca llegó. Según informó entonces la CChDH, algunos testigos informaron que fue detenido el 10 de septiembre en Catedral con San Martín, por civiles que lo introdujeron a la fuerza dentro de un furgón utilitario. Se rechazó su recurso de amparo. Alejandro Pinochet Arenas: Soltero, 23 años al momento de su desaparición. También domiciliado en Valparaíso y de paso por Santiago, debía regresar a su casa el 18 de septiembre, pero no fue así. Según testigos, fue secuestrado el 10 de septiembre, mientras viajaba en un bus de la locomoción colectiva, desde el que fue bajado a la fuerza por civiles en la esquina de Compañía con Amunátegui. En 1986 había sido buscado en su casa en el puerto, por orden del fiscal Torres, en relación al atentado contra el general Pinochet ocurrido el 7 de septiembre de 1986 en el Cajón del Maipo. Gonzalo Iván Fuenzalida Soltero: 25 años al momento de su desaparición. Su novia fue la última persona en verlo, el 8 de septiembre, cuando el pasó a verla a una ferretería donde ella trabajaba. Quedaron de verse más tarde en un restaurante en Estación Central, pero nunca se vieron de nuevo. En esos días, la novia también fue detenida por un “caso sobre el cual existe prohibición de informar”, sostenía El Mercurio. Luego se supo que se trataba de Patricia Cancino, detenida el 4 de octubre. Su recurso de amparo también fue rechazado.

N.- Que se condena a RODRIGO PEREZ MARTINEZ , HUGO RODRIGO     BARRIA     ROGER     y     VICTOR     MARIO     CAMPOS VALLADARES, ya individualizado en autos, por su participación como encubridores del delito de secuestro calificado de Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola, a cada uno a la pena de QUINIENTOS CUARENTA  Y  UN  DIAS  DE  PRESIDIO  MENOR  EN  SU GRADO MEDIO, y accesorias de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, y al pago de las costas de esta causa.