Calíbar Araya Antonio Ademir

Este jueves se presentó una apelación al sobreseimiento dictado en junio por el Ministro para causas de DDHH Carlos Aldana, en un caso de torturas sufrido en un cuartel de la PDI por Carlos Maureira, acusado de pertenecer al FPMR y de haber participado en un asalto a una carnicería. En el año 1984.

Aldana habría rehuido de seguir investigando la causa pues "determinó que no se daban los supuestos para los procesamientos que solicitaba el denunciante a través de su abogada Patria Parra." señaló Radio Bío Bío.

El sobreseimiento se dio pese a que el Servicio Médico Legal acreditó las torturas efectuadas a Maureira en un cuartel policial de la PDI ubicado en la calle Angol de Concepción. Carlos Maureira fue detenido el 27 de mayo de 1984 y habría sido sometido a torturas con descargas eléctricas. El secuestro se mantuvo por 2 días y la víctima arrastraría sus consecuencias hasta el día de hoy.

Los implicados en las torturas a Maureira serían los ex policías Antonio Calibar Araya y Hernán Fernandez Hernández quienes habrían asegurado que su detención se debió a una orden emanada de Marcos Vásquez quien tenía a su cargo la investigación del robo a la carnicería. Marcos Vásquez fue director nacional de la PDI hasta junio de este año y fue citado a declarar por Aldana por este caso de delitos y torturas.

Debido a los antecedentes presentados, se espera que la Corte de Apelaciones de Concepción acoja a trámite la apelación al sobreseimiento, para que de esta manera prosigan las investigaciones y se condene a los responsables del presunto delito de secuestro y torturas.

El motivo es por existir presunciones fundadas en su participación en la detención y aplicación de apremios ilegítimos, perpetrados en 1984, por parte de los funcionarios en retiro.

El motivo es por existir presunciones fundadas en su participación en la detención y aplicación de apremios ilegítimos, perpetrados en 1984, por parte de los funcionarios en retiro.

La magistrada Margarita Sanhueza Núñez, del Primer Juzgado Civil de Concepción, dictó el  auto de procesamiento en contra de los funcionarios de la Policía de Investigaciones en retiro Hernán Octavio Fernández Hernández y Antonio Ademir Calibar Araya, en calidad de autores de los delitos de detención ilegal y tortura, ilícitos perpetrados en mayo de 1984.

En la resolución, la jueza Sanhueza Núñez procesó a los detectives (r) por existir presunciones fundadas en su participación en la detención y aplicación de apremios ilegítimos a Carlos Amador Maureira Fernández.

En la etapa de investigación, la magistrada logró establecer que “el 27 de mayo de 1984, en circunstancias que la víctima, Carlos Amador Maureira Fernández, se encontraba en su lugar de trabajo, funcionarios en servicio activo de la Policía de Investigaciones de esta ciudad, sin orden de tribunal competente, procedieron a detenerlo con el pretexto de haber participado en un robo en calidad de integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, siendo conducido al cuartel de dicha institución pública, donde fue sometido a vejámenes atentatorios de sus derechos fundamentales, tales como golpes de puños y pie, aplicación de corriente en distintas partes del cuerpo, hasta obtener la confesión perseguida, dejándosele posteriormente en libertad, actuaciones de ordinaria ocurrencia en la época por parte de los servicios policiales del país”, dice el fallo.

Ministra Yolanda Méndez condena a dos detectives (r) por detención ilegal y aplicación de tormentos en 1984.

En el fallo se condenó a Hernán Octavio Fernández Hernández y Antonio Ademir Calíbar Araya a sendas penas de 319 días y 819 días, en calidad de coautores de detención ilegal y aplicación de tormentos, respectivamente.

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, Yolanda Méndez Mardones, condenó a dos funcionarios en retiro de la Policía de Investigaciones, por su responsabilidad en los delitos de detención ilegal y aplicación de tormentos a Carlos Amador Maureira Fernández, ilícitos cometidos en mayo de 1984, en la ciudad.

En el fallo se condenó a Hernán Octavio Fernández Hernández y Antonio Ademir Calíbar Araya a sendas penas de 319 días y 819 días, en calidad de coautores de detención ilegal y aplicación de tormentos, respectivamente.

La resolución señala que por reunirse en la especie los requisitos legales, se les sustituye el cumplimiento de la pena privativa de libertad a los encausados por el de libertad vigilada intensiva, debiendo quedar sujetos los condenados a la observación y control por parte de un delegado de Gendarmería de Chile por el plazo de mil ciento treinta y ocho días (1.138).
En la etapa de investigación, se logró establecer los siguientes hechos:

Que, el 27 de mayo de 1984, en circunstancias que la víctima Carlos Amador Maureira Fernández, de 17 años de edad a la época, se encontraba en su lugar de trabajo, una vulcanización ubicada a esa fecha en el Servicentro Shell de Avenida Collao frente al Estadio Regional, funcionarios en servicio activo de la Policía de Investigaciones de esta ciudad, llegaron hasta ese lugar alrededor de las 10:00 – 10.30 horas, y sin exhibir orden de tribunal competente, procedieron a detenerlo siendo conducido al cuartel policial ubicado en calle Angol N° 815 de esta ciudad; allí imputándole haber participado en un robo a una casa habitación ocurrido días antes y ser integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, fue sometido a vejámenes atentatorios de sus derechos fundamentales, tales como, golpes de puño y pie, aplicación de electricidad en distintas partes del cuerpo, hasta obtener la confesión perseguida, dejándosele posteriormente en libertad.

En el aspecto civil, la ministra Méndez condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de $50.000.000 a la víctima.