Calderón Luna Humberto Julio

 Sólo 16 acusaciones dictó el ministro en visita, Sergio Muñoz, en la causa por el homicidio del líder sindical Tucapel Jiménez, mientras que otros tres involucrados en los hechos quedaron sobreseídos gracias a que se estimó que no hubo suficientes antecedentes para condenarlos.

Se trata del ex oficial de inteligencia del Ejército, y hombre de confianza de Augusto Pinochet, Arturo Silva Valdés, quien ayudó al autor material del crimen, el mayor (R) Carlos Herrera Jiménez, a salir del país en 1991 bajo la identidad falsa Mauricio Gómez, cuando éste fue requerido por la justicia en crimen del transportista Mario Fernández.

 Arturo Silva, además, un nutrido currículum de viajes al extranjero como miembro de la avanzada o “productor” de Pinochet en sus viajes. De allí que en su pasaporte figuren destinos repetidos como Argentina, Uruguay y Brasil. Hasta esos países viajaba para proveer de dinero a algunos militares vinculados hoy a procesos por violaciones a los derechos humanos. De hecho, Silva Valdés apareció mencionado en el programa especial que TVN realizó hace algunos meses sobre la desaparición y muerte del químico de la DINA, Eugenio Berríos, como uno de los responsables de su muerte. A raíz de ello, la titular del Sexto Juzgado del Crimen de Santiago realizará la diligencia de observar y transcribir el video para citarlo a declarar. Silva Valdés antes de ser detenido y procesado en calidad de encubridor en el caso Tucapel trabajaba en una prestigiosa empresa de seguridad de donde fue despedido al conocerse su calidad de involucrado en este proceso.

 Los otros dos
 El segundo sobreseído es un ex funcionario de Carabineros, Rolando Pino, quien estuvo encausado mientras duró el proceso en calidad de cómplice del crimen de Tucapel Jiménez. Esto se debe a que habría sido él quien hizo detener, el 25 de febrero de 1982, a Tucapel Jiménez para que el mayor Carlos Herrera y los suboficiales que lo acompañaron, Miguel Letelier y Manuel Contreras Donaire, pudieran asesinarlo.

 Pino fue sometido a proceso por Muñoz debido a que él mismo se autoinculpó del hecho ante la familia de Tucapel Jiménez, con quienes mantenía una cercana relación familiar. Sin embargo, el ministro Muñoz estimó que su sola declaración no bastaba para dictar acusación en su contra.

 El tercer sobreseído es el ex agente y jefe de personal de la desaparecida Central Nacional de Informaciones (CNI), Humberto Calderón Luna. La decisión de liberarlo de responsabilidad se debió a que tampoco se configuraban los antecedentes del proceso para dictar acusación en su contra.

 Muñoz utilizó el mismo criterio que del año pasado, cuando dejó en libertad por falta de méritos a siete ex agentes de la CNI, vinculados a la Brigada Laboral que espiaba a los líderes sindicales agrupados en la Asociación Nacional de Empleados Fiscales de la cual Tucapel Jiménez era su presidente.

 Los acusados
 Actualmente, están acusados en calidad de autores del crimen Tucapel Jiménez: el mayor (R) Carlos Herrera Jiménez; el general (R) y el jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), Arturo Álvarez Scoglia; el brigadier de la DINE, Víctor Pinto Pérez; el comandante de la DINE, Maximiliano Ferrer Lima y los suboficiales del mismo servicio secreto, Manuel Contreras Donaire y Miguel Letelier.

 En calidad de cómplices, en tanto, lo están el brigadier de la CNI, Roberto Schmied, el capitán Miguel Hernández, el mayor de la DINE Juan Carlos Arriagada, el dentista Jorge León Alessandrini y el ex empleado de la ANEF y amigo personal de Tucapel Jiménez, Julio Olivares y el general (R) Hernán Ramírez Hald.

 Como encubridores están el ex auditor del Ejército, Fernando Torres Silva, el ex abogado de la justicia militar Enrique Ibarra, el ex jefe operativo de la CNI, mayor (R) Álvaro Corbalán Castilla y el ex jefe de la DINE, Hernán Ramírez Rurange

 

Resolución que coincidió con el fallecimiento del general (r) Humberto Gordon marca la exculpación de sindicalistas y de algunos agentes.

Coincidiendo con la muerte del general (r) Humberto Gordon, aunque – según el ministro en visita Sergio Muñoz- sin tener relación con ella, quedaron ayer sin efecto los autos de procesamiento de siete encausados por el homicidio del líder sindical Tucapel Jiménez Alfaro.

Aunque no se puede hablar de un vuelco, puesto que las líneas principales de la investigación se mantienen, la resolución del magistrado despeja la ruta hacia el establecimiento final de responsabilidades, y marca el sello propio del ministro en visita en la causa, puesto que seis de los siete exculpados formaron parte de los doce procesados por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago el año pasado.

Con la decisión de Muñoz y la muerte de Gordon, que derivará en su sobreseimiento definitivo, la investigación quedará con 14 encausados, en su mayoría ex agentes de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), cuyos agentes aparecen hasta ahora como los ejecutores materiales del presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).

La resolución, que fue notificada ayer a los beneficiados, favorece al ex secretario general de los gremios, Misael Galleguillos, al ex presidente de los trabajadores del Ministerio de Obras Públicas, Valericio Orrego Salas, y a los ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), teniente coronel (r) Raúl Descalzi; Nelson Hernández Franco, capitán de Carabineros (r) Héctor Lira Aravena, suboficial (r) de Carabineros José Ramírez Romero y Raúl Lillo Gutiérrez.

De los siete exculpados, sólo Descalzi aparecía como presunto autor del homicidio registrado en 1982. Galleguillos y Orrego estaban mencionados como los dirigentes laborales que a través del Movimiento Nacional Sindicalista habrían intervenido supuestamente en la primera etapa del plan.

Los otros cuatro favorecidos por la resolución, aparecían vinculados a los seguimientos a Tucapel Jiménez, previos a su asesinato.

Todos los exculpados fueron citados por el ministro Muñoz antes que muriera el general (r) Humberto Gordon, por lo que se descartó que las decisiones tuvieran relación con el fallecimiento del ex miembro de la Junta de Gobierno.

Los querellantes tienen ahora la posibilidad de recurrir a la Corte de Apelaciones de Santiago para solicitar que se mantengan los procesamientos anulados por el ministro Muñoz. Desde ya, el abogado Jorge Mario Saavedra, anunció que apelará para que se restituyan los cargos sobre la mayoría de los exculpados.

La resolución del ministro Muñoz que excluye de responsabilidad penal a cinco ex agentes de la CNI no deja fuera de toda sospecha a ese organismo de inteligencia. Todavía siguen vigentes los procesamientos del ex jefe metropolitano de la CNI, brigadier Roberto Schmied Zanzi (por complicidad), de los ex agentes Humberto Calderón Luna, vinculado al área de personal (presunto autor) ; del capitán de Carabineros (r) Miguel Hernández Oyarzo, supuesto cómplice, y del mayor (r) Carlos Herrera Jiménez (autor directo).

El ministro Muñoz ha decantado los procesamientos a los cargos que su investigación ha podido ir estableciendo, y se acerca a cerrar el sumario de la investigación.

GORDON INTENTABA EXCULPAR A LA CNI

La resolución conocida ayer excluye de responsabilidad a los sindicalistas y libera de culpa a algunos de los agentes de la brigada laboral, que se había establecido que vigilaron al líder sindical antes del crimen.

La intención manifiesta de Gordon de excluir totalmente a la CNI de cargos en este caso será ahora mantenida por su abogado, Fernando Uribe-Etxeverría. En los próximos días, el profesional presentará al ministro en visita los documentos que, a su juicio, exculpan a ese organismo.

La intención, según el abogado, es que "se castigue a los culpables y se absuelva a los inocentes".

Si bien el profesional no dio luces acerca del contenido de los documentos, un elemento que se ha mantenido en la causa dice relación con la compartimentación que habría existido entre la DINE y la CNI. Si bien es un hecho que en momentos diferentes el mayor Carlos Herrera Jiménez perteneció a ambos organismos, aún no está del todo claro a qué organismo pertenecía en febrero de 1982.

En el proceso, el Ejército ha informado que Herrera era miembro de la CNI, pero nuevos antecedentes indicarían que el traspaso al DINE se podría haber producido unos ocho meses antes del crimen.

Como autores del homicidio están procesados, además de Herrera, el general (r) Ramsés Alvarez Sgolia, ex director de la DINE; el mayor en retiro Francisco Ferrer Lima, el brigadier Víctor Pinto Pérez, el suboficial Manuel Contreras Donaire, Miguel Letelier Verdugo, el civil Galvarino Ancavil y el ex CNI Humberto Caderon Luna.

En calidad de cómplices se mantienen procesados el CNI Miguel Hernández Oyarzo, Julio Olivares Silva, el suboficial de Carabineros (r) Luis Pino Moreno, el brigadier Roberto Schmied.

Se mantienen los cargos como presuntos encubridores contra el general (r) Hernán Ramírez Rurange y el ex agente Arturo Silva Valdés.

Dirigiéndose al hijo del ex dirigente sindical, Tucapel Jiménez Fuentes, Herrera dijo ser el autor confeso de la muerte de Tucapel Jiménez Alfaro. "Pero por una cuestión de conciencia, sentía que me faltaba realizar una acción de suyo preponderante, tratar de explicar lo inexpicable y pedir perdón".

En un hecho inédito, el mayor de Ejército en retiro, Carlos Herrera Jiménez, reconoció anoche ante las cámaras de TVN su autoría en el crimen del ex presidente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (Anef), Tucapel Jiménez Alfaro, pidiendo públicamente perdón a la familia del asesinado líder sindical. 

Dirigiéndose al hijo de este último, Tucapel Jiménez Fuentes, quien se encontraba en el estudio de televisión cuando se emitió el testimonio, Herrera dijo que "soy la persona que está sometida a proceso por ser autor confeso de la muerte de su padre, don Tucapel Jiménez Alfaro". 

Dijo que "como es sabido, judicialmente me hice cargo de la alta participación que me cupo en el homicidio de su padre en el tribunal donde está radicada aquella causa". 

"Pero por una cuestión de conciencia, sentía que me faltaba realizar una acción de suyo preponderante, tratar de explicar lo inexplicable y pedir perdón". 

"Es cierto señor Jiménez, fatalmente yo maté a su papá aquel 25 de febrero de 1982. Lo hice, no por una cuestión personal o por propia iniciativa, se me ordenó hacerlo y se me dijo que don Tucapel Jiménez era un traidor a la Patria, que como tal causaba mucho daño a los chilenos", expresó. Prosiguió señalando que "lamentablemente para Chile, y muy especialmente para su familia, y porque no decirlo también para mi familia, cumplí aquella en la forma, tiempo y modo como se me ordenó. Es bueno que sepa señor Jiménez que por largo tiempo me sentí orgulloso de haber prestado semejante servicio a la Patria", sostuvo, admitiendo sin embargo que "con el paso del tiempo y los 13 años de prisión que tengo en el cuerpo, comprendí que aquello fue un desgraciado, torpe e irracional homicidio que no tiene ninguna justificacion". 

"A partir de ese momento comencé a cargar una pesada cruz que algo se alivianó cuando declaré judicialmente la verdad de los hechos, al tiempo que hice lo propio con mi familia", dijo, agregando que "además, es bueno decirlo, la sola circunstancia que usted me esté escuchando en esta oportunidad, a parte de dejar de relieve su humanidad constituye para mí una auténtica catarsis". 

"Señor Jiménez, de la forma más humilde y sincera pido a usted y familia perdón. Estoy consciente que no puedo pretender ser perdonado en este acto, comprendo por cierto que es largo y no menos difícil el proceso de perdonar al asesino de quien fuera el esposo, padre y abuelo cuya vida fue truncada simplemente por pensar distinto", manifestó Herrera. 

"Probablemente se dirá que detrás de este acto está la solapada intención de conseguir beneficio para mí, francamente el arrepentimiento y la necesisdad de perdón son auténticos, pero también es cierto que no quisiera pasar el resto de mis días en la cárcel". 

Insistió en que "aspiro a ser perdonado, primero por la familia de don Tucapel Jiménez y luego por las autoridades administrativas del país para obtener indulto u otra medida alternativa de cumplimiento de condena similar a las que, tiempo atrás, don Patricio Aylwin Azócar, en uso de sus facultades presidenciales, otorgó a 285 personas, presos políticos de la época, muchas de ellas, al igual que yo, comprometidas en hechos de sangre". 

"Tal vez haya personas que como otras veces declaren a la prensa que me empeño en pedir perdón porque padezco una enfermedad terminal y ya no tengo más nada que perder. El cáncer no hace desvariar, sino que permite ver la vida desde una óptica más humana", declaró, para luego concluir agradeciendo "sinceramente esta oportunidad". 

En tanto, Tucapel Jiménez Fuentes, hijo del ex dirigente sindical, se mostró impactado con las declaraciones de Herrera, las que escuchó atentamente frente a las cámaras. 

"Yo no soy nadie para perdonar, yo creo que si él debe pedirle perdón a alguien es a Dios", dijo aún asombrado, señalando sin embargo que creía en el arrepentimento del mayor (r), quien ya está condenado a cadena perpetua por el asesinato del carpintero Juan Alegría Mondaca. 

Sostuvo que nunca había tenido la oportunidad de oir un testimonio como éste, y a la vez descartó la posibilidad de reunirse con Herrera. "No creo que sea capaz de encontrarlo a él. Si valoro su testimonio, su arrepentimiento, pero es un tema muy difícil", sostuvo. 

Por otra parte, el testimonio de Herrera Jiménez tuvo lugar un día después que el ministro en visita Sergio Muñoz, cerrara la investigación por el crimen del ex presidente de la Anef. 

Con el término del sumario, que se extendió por 19 años, el magistrado se dispone ahora a iniciar la etapa de plenario, período decisivo para las condenas de primera instancia en contra de los inculpados en la causa, que se adscribe a los llamados casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos cometidas bajo el gobierno militar. 

Tucapel Jiménez Alfaro fue asesinado el 25 de febrero de 1982 en una operación organizada por agentes del Ejército y de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI), en un intento por neutralizar al movimiento sindical y, por ende, a la oposición del general (r) Augusto Pinochet Ugarte. 

Para perpetrar el crimen, según se desprende de la investigación, agentes de seguridad controlaron detalladamente los pasos del entonces líder de la Anef, para lo cual ideó un plan de inteligencia que terminó con su vida al interior de su taxi en el sector de El Noviciado, mediante el disparo de cinco tiros en el cráneo y tres cortes profundos en la zona del cuello. 

Para simular un robo, los agentes se apoderaron de diversos objetos, limpiando incluso sus huellas dactilares. Los peritajes y declaraciones permitieron determinar que los individuos que siguieron al dirigente y lo asesinaron fueron Carlos Herrera Jiménez, Manuel Contreras Donaire y Miguel Letelier Verdugo. 

Por esta causa se encuentran procesados 22 agentes de la Dine y de la disuelta CNI. Entre ellos figuran como autores del homicidio: general (r) Rames Arturo Alvarez Sgolia; brigadier (r) Víctor Pinto Pérez; mayor (r) Carlos Herrera Jiménez; coronel (r) Maximiliano Ferrer Lima; los agentes civiles Galvarino Ancavil, y Humberto Calderon Luna; y los suboficiales en retiro Manuel Contreras Donaire y Miguel Letelier Verdugo. 

Como cómplices aparecen en el proceso el fallecido general (r) Humberto Gordon Rubio; general (r) Hernán Ramírez Hald; brigadier (r) Roberto Schmied Zanzi; Julio Olivares Silva, agente civil; capitán (r) Miguel Hernández; y los suboficiales en retiro Luis Rolando Pino Romero, Juan Carlos Arraigada y Jorge León Alesandrini. 

En tanto, como encubridores del asesinato figuran el general (r) Hernán Ramírez Rurange; ex auditor del Ejército, general (r) Fernando Torres Silva; mayor (r) Arturo Silva Valdés; mayor (r) Alvaro Corbalán Castilla; el agente civil Hugo Alarcón y el último de los encausados en esta causa, el coronel (r) Enrique Ibarra Chamorro, quien se desempeñóo como abogado de la Auditoría del Ejército. 

Valoran actitud de arrepentimiento de Herrera Jiménez

La vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Mireya García valoró la actitud de arrepentimiento público del mayor de Ejército (r) Carlos Herrera Jiménez y autor confeso en el homicidio del líder sindical Tucapel Jiménez, sin embargo, dijo "aquí el tema es quién perdona".

Esto, según explicó a TVN, ya que ésta es una actitud tan íntima y personal que debe involucrar sólo a las personas que se les pidió perdón. 

Agregó que lo más valioso de "este mea culpa" es haber dicho que fue un crimen sin justificación alguna.

Humberto Julio Calderón Luna, a fojas 679 quien declara que se desempeñó como jefe de personal de Central Nacional de Informaciones desde marzo de 1980 al 31 de diciembre de 1981, en que pasó a ser asesor del director del hospital Militar en materias administrativas. Las contrataciones de funcionarios en la Central Nacional de Informaciones se realizaban sobre la base de los requerimientos que se efectuaban, limitándose a seleccionar y contratar al personal, pero ignoraba las funciones que iban a desempeñar como la identidad del jefe directo de quien dependerían, todo en relación al personal civil, puesto que el proveniente de las instituciones armadas era destinado sin que tomara participación en ello.

A fojas 878 manifiesta que efectivamente conoció a Galvarino Ancavil Hernández cuando llegó en una ocasión a la Central Nacional de Informaciones en donde él era jefe de personal y había recibido el encargo de llevar a cabo el plan “Delta”, que consistía en contratar personas idóneas para sistematizar información que seria guardada en computadores. Es así que aparece Galvarino Ancavil diciendo que trabajaba en el área de computación de la dirección de movilización y que deseaba trabajar en la Central Nacional de Informaciones, por este motivo se le solicitó que llenara las hojas DHP (Declaración de Historia Personal) aproximadamente a mediados de 1981 luego continuó concurriendo a su oficina en forma periódica y esto pudo haber