Cabrera Aguilar Armando Edmundo

En la etapa probatoria por el crimen del carpintero Juan Alegría Mundaca -homicidio perpetrado para encubrir el asesinato de Tucapel Jiménez-, hoy declaró ante el ministro Sergio Muñoz el ex jefe metropolitano de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI) Alvaro Corbalán Castilla.

El ex oficial está condenado a cadena perpetua por este crimen efectuado un año y medio después del asesinato del dirigente sindical -ocurrido en febrero de 1982- con el fin de ocultar a los autores del homicidio.

Otros condenados a presidio perpetuo en este caso son el mayor (r) del Ejército Carlos Herrera Jiménez y el suboficial (r) de Carabineros, Armando Cabrera Aguilar. Diez años de cárcel recibió el civil adscrito a la CNI Osvaldo Pincetti, alias el doctor Tormento.

Sin embargo, la causa fue reabierta para indagar las responsabilidades que tendrían el brigadier Roberto Schmied y Hugo Alarcón Vergara. El primero fue sobreseído, mientras que el segundo fue encausado como presunto cómplice del asesinato de Alegría.

Hasta el 23 de abril el ministro Muñoz llevará a cabo conjuntamente las fases probatorias por los crímenes del ex presidente de la ANEF y del carpintero que residía en Valparaíso.

En otro plano, la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago será la encargada de dirimir el conflicto procesal surgido entre los ministros Sergio Muñoz y Hugo Dolmestch, suscitado tras la acumulación de las causas que involucran a la CNI en manos del primero.

Se trata de la muerte de 12 militantes del FPMR en la Operación Albania, el asesinato de cuatro opositores al regimen militar en 1986 -tras el atentado a Pinochet, proceso caratulado con el nombre de José Carrasco- y la desaparicion de cinco militantes comunistas en 1987.

La acumulación de los procesos, que daría forma a un causa única, quedó en manos de Muñoz luego que éste decidiera unilateralmente hacer valer el principio de la acumulación que impide que dos jueces tramiten un proceso que involucra a los mismos encausados.

La sala ya se pronunció sobre este episodio judicial confirmando que Muñoz debe conocer los procesos. Sin embargo, el ministro en visita extraordinario Hugo Dolmestch, mediante un escrito, solicitó a la Corte Suprema que fuera revisado el dictamen del tribunal de alzada, basándose en que la competencia sobre estos tres procesos fue delegada a él por la misma corte.

La unificación de procesos fue solicitada por la defensa de Corbalán debido a que le permitirá contar con una sola condena, presumiblemente perpetua, de 20 ó 40 años.

La Corte Suprema confirmó hoy las condenas a cadenas perpetuas en contra del jefe operativo de la CNI, Alvaro Corbalán Castilla y Armando Cabrera Aguilar, por el crimen del carpintero, Juan Alegría Mundaca.

Esto, luego que la Segunda Sala en lo Penal del máximo tribunal del país, declarara inadmisible los recursos de casación presentados en favor del mayor en retiro, Alvaro Corbalán, y de Armando Cabrera y Osvaldo Pinccetti.

Respecto al mayor en retiro, Carlos Herrera Jiménez, la Corte acogió a trámite el recurso de casación presentado por su defensa para ser analizado en las próximas semanas.

Aunque en la revisión del caso de Herrera Jiménez pudiesen aparecer nuevos antecedentes, el abogado querellante, Jorge Mario Saavedra, señaló que es "prácticamente improbable" que cambie la situación judicial de Corbalán Castilla, quien según consta en el proceso, sería el autor material del homicidio de Alegría Mundaca.

El 19 de julio pasado la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a cadena perpetua a los mayores (r) Alvaro Corbalán y Carlos Herrera, y al ex suboficial de Carabineros Armando Cabrera; y a diez años de presidio a Osvaldo Pincetti, por el homicio calificado del carpintero Juan Alegría Mundaca.

La muerte del carpintero se produjo en junio de 1983 y se investigó como un delito conexo al crimen del dirigente sindical, Tucapel Jiménez, descubriéndose que fue una operación para encubrir el asesinato del ex presidente de la Anef, ocurrido en febrero de 1982.

Además de ser acusado del homicidio del carpintero Juan Alegría Mundaca, Alvaro Corbalán está procesado por la "Operación Albania" donde cayeron doce frentistas, y por los asesinatos del periodista José Carrasco, del publicista Abraham Muskablit, del pintor Felipe Rivera y del arquitecto Gastón Vidaurrázaga, ocurridos el 8 de septiembre de 1986, después del atentado contra Pinochet. También fue procesado por la quiebra de la empresa de transportes "Santa Bárbara" y se le vinculó con la muerte de Aurelio Sichel, en el caso de "La Cutufa".

Antes de fin de año debería haber sentencia en primera instancia en el proceso por el asesinato del presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Tucapel Francisco Jiménez Alfaro, ocurrido el 25 de febrero de 1982. Así se podrá cerrar un difícil proceso de 18 años y aclarar uno de los crímenes que impactó a los más diversos sectores de la sociedad. Sus secuestradores se ensañaron. Luego de dispararle, lo degollaron, y más de un año después apareció en Valparaíso el cadáver de un modesto carpintero, Juan Alegría Mundaca, quien dejó una nota inculpándose del crimen del sindicalista. El montaje de este supuesto suicidio fue tan cruel y grotesco como el crimen que trataba de encubrir. Después de 17 años de oscurantismo judicial en que la investigación de estos hechos a cargo del ministro en visita Sergio Valenzuela Patiño se mantuvo estancada, la verdad está muy cerca. En poco más de un año, el ministro especial que lo sustituyó, Sergio Muñoz, aclaró y dictó sentencia por el asesinato de Alegría Mundaca, la que fue confirmada en segunda instancia por la Corte de Apelaciones de Santiago: cadena perpetua para Alvaro Corbalán, mayor de ejército en retiro y ex director operativo de la CNI; el ex mayor Carlos Herrera Jiménez (alias "Bocaccio") y el suboficial Armando Cabrera Aguilar ("Viejo Charlie").

El caso de Tucapel Jiménez, con quince procesados que en su mayoría pertenecieron a la DINE (Dirección de Inteligencia del Ejército), está prácticamente aclarado. Sólo podrían agregarse a la lista de responsables dos o tres nombres de ex uniformados de alta jerarquía, entre los cuales podrían estar un general en servicio activo e, incluso, Augusto Pinochet. La condena contra Alvaro Corbalán -en primera y segunda instancia- es la más alta aplicada a un miembro de las Fuerzas Armadas por violaciones de los derechos humanos. Y, hasta ahora, el teniente general retirado Humberto Gordon, ex director de la CNI, miembro de la junta militar y "brazo derecho" de Pinochet fallecido el 15 de junio de este año, fue el militar de más alta graduación detenido en forma preventiva y procesado como cómplice por el homicidio del sindicalista.

UN HOMBRE PACIFICO

"Mi padre habría vivido cien años, porque sus hermanas están por los 90 y se mantienen muy bien", dice el ingeniero Tucapel Jiménez Fuentes, el menor de los tres hijos del ex dirigente de la ANEF y su esposa, Haydée Fuentes, fallecida el pasado 15 de junio, fecha que curiosamente coincidió con la muerte de Gordon. "Nunca voy a entender por qué lo mataron. Toda su vida fue una persona pacífica, transparente… y tenía amigos en todos los sectores, entre los militares y entre los comunistas", agrega. El tenía entonces 19 años y lo recuerda alegre y querendón con la familia.

A los 17 años, Tucapel Jiménez había empezado a trabajar como cargador en lavaderos de oro y poco después fue elegido dirigente sindical. "Su carrera es admirable, porque desde el puesto más bajo llegó a ser jefe de Presupuesto, y hasta en una oportunidad le ofrecieron ser director de Dirinco, pero no aceptó", comenta su hijo. En esa repartición estatal lo conoció Jorge Mario Saavedra, el abogado que ha representado a la familia durante todo el proceso judicial. "Yo era presidente de la asociación de empleados de Dirinco y él presidía la ANEF -señala-. Era extremadamente leal con sus compañeros y un radical muy sui generis, porque primero que todo era dirigente de su gremio. Muchas veces el partido le decía que tenía que hacer tal cosa, y se largaba a reír". Saavedra recuerda que cuando se dividió el Partido Radical durante el gobierno de la Unidad Popular -un ala se pasó a la oposición-, Tucapel Jiménez se mantuvo en el sector tradicional "aunque se acercó un poco más al PIR (Partido de Izquierda Radical), donde estaban Luis Bossay, Alberto Baltra y René Abeliuk". Lo cierto es que en ese momento la relación con su partido era conflictiva y en la primera etapa posterior al golpe tuvo una postura de acercamiento a la dictadura militar. Lo más discutido fue su participación en una reunión de la OIT en Ginebra. "El se negaba a ir, pero al final accedió porque los militares se lo pidieron por favor y le prometieron varios beneficios para los trabajadores fiscales -explica Jiménez Fuentes-. Cuando volvió se dio cuenta que había sido engañado, y entonces se distanció de la dictadura".

Jiménez Alfaro fue exonerado de Dirinco en 1981, un año antes de su asesinato. "Con el desahucio se compró un taxi Datsun, pero no lo trabajaba mucho porque pasaba casi todos los días en la ANEF -cuenta su hijo-. En esa época empezó a recibir su jubilación y bajaron nuestros ingresos familiares".

¿TRAIDOR A LA PATRIA?

A comienzos de los años 80 la resistencia social y política contra la dictadura empezó a manifestarse más abiertamente en las calles, mientras representantes de partidos opositores conformaban el Grupo de los Diez con el objetivo de lograr una salida pactada de los militares. Ahí estaba Tucapel Jiménez haciendo gestiones para intentar agrupar a los trabajadores en una organización única que, entre otras cosas, llevara adelante un paro nacional. En declaraciones a la prensa, el presidente de la ANEF aludió a sus buenos contactos con la AFL-CIO, organización creada por Estados Unidos, para apoyar un boicot internacional que implicaba no descargar barcos chilenos en puertos extranjeros. En los archivos del juez Muñoz se registra la airada respuesta de Pinochet, quien afirmó que no aceptaría que nadie viniera a "sembrar cizaña" y que para Jiménez "están abiertas las puertas del exilio". Eso fue un par de días antes de su asesinato. Jorge Mario Saavedra agrega otro elemento: "Todos sabíamos que a Pinochet lo tenía loco Lech Walesa, que en esa época estaba desestabilizando el régimen socialista en Polonia. Le parecía aterrador que sucediera algo parecido en Chile, y por ahí veía en Tucapel un Walesa. Por eso le tenía tanta fobia". Pero lo que a su juicio fue decisivo para que la dictadura sentenciara a muerte al presidente de la ANEF fue que sus conversaciones y nexos estaban excediendo el ámbito de los trabajadores para ampliarse a sectores profesionales, técnicos… y militares. Según estableció la investigación judicial, en el "caso Tucapel" intervinieron tres instituciones: la Dirección de Organizaciones Civiles, que dependía del Ministerio Secretaría General de Gobierno, a través de la Secretaría Nacional de los Gremios (SNG) presidida por Misael Galleguillos; la CNI, que dirigía el general Humberto Gordon (1980-1986), y el DINE, cuyo director era el general Ramsés Arturo Alvarez Scoglia. "Una brigada laboral que trabajaba con la SNG empezó a trabajar y a obtener información de Jiménez -agrega Saavedra-. Entre esta secretaría y la CNI hicieron del sindicalista una figura pública digna de sufrir represalias de parte del gobierno militar. Lo seguían, le grabaron la vida entera. La CNI contrató a su junior -Julio Olivares Silva, hoy procesado-, y le pagó para que le informara de todos sus pasos. Era hijo de una amiga de la esposa de Tucapel, que estaba cesante y a quien él le había dado trabajo para ayudarlo".

Forman parte del proceso dos artículos publicados en "La Nación", donde se calificó a Tucapel Jiménez como "traidor a la patria". Sus autores -uno de ellos conocido con el seudónimo de "Garlito"- eran periodistas que integraban una organización política en gestación de corte fascistoide, el Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista (MRNS) que comandaba Misael Galleguillos. "Aplicar a alguien el concepto de traidor a la patria en un gobierno militar es condenarlo a muerte", concluye Jorge Mario Saavedra. La familia siempre estuvo consciente del peligro. "Recibimos amenazas constantes, más o menos desde el 78 al 82 -dice Tucapel hijo-. Cuando llegaba mi papá, le bajaba el perfil a la situación. ¿Quién te va a matar a ti?, comentaba riéndose. Nos fuimos acostumbrando, las amenazas eran una especie de rutina.

Pero a fines de 1981 él me entregó un caset y me dijo que lo escucharámos cuando ya no estuviera con nosotros. Nunca pensé que era una despedida. Allí nos habla a todos, como grupo familiar, y luego a cada uno de nosotros. Nos pide que tengamos tranquilidad, dice que él nos va a estar cuidando desde el más allá. Al final, se despide de los trabajadores y de su querida ANEF. Aunque no lo exteriorizaba, estaba más consciente que nadie del peligro".

ASESINATO EN LAMPA

Lo más probable es que Tucapel Jiménez no se diera cuenta que lo estaban siguiendo cuando salió de su casa en la mañana del 25 de febrero de 1982. De pronto apareció un conocido suyo que hizo detener su taxi. Era el carabinero Luis Pino Moreno, casado con una sobrina suya. Participaba del plan fraguado por un grupo especial del Cuerpo de Inteligencia del Ejército en el DINE, actual Batallón de Inteligencia, según consta en el relato judicial. El juez Muñoz describe que la detención del taxi de Tucapel "es aprovechada al menos por tres sujetos para subirse al automóvil (del sindicalista), a quien se le obliga a dirigirse por el camino Renca-Lampa". Lo siguieron otros dos vehículos pintados con los colores reglamentarios de taxi y lo hicieron estacionarse en un sector aislado.

Entonces, relata el juez, "uno de los sujetos, obrando sobre seguro y premeditadamente procedió a dispararle a Tucapel Jiménez en cinco oportunidades en la cabeza". El autor de los disparos fue Carlos Herrera Jiménez. En seguida, el dirigente sindical fue degollado. Cuando lo encontraron, su cuerpo presentaba tres heridas punzocortantes en la región cervical. Antes de abandonar el lugar, los asesinos "sustrajeron un taxímetro, una linterna, un reloj pulsera, una peineta y documentos personales de la víctima" para sugerir un asalto con fines de robo.

LA DESGRACIA DE ALEGRIA

El carpintero Juan Alegría Mundaca vivía en Valparaíso separado de su esposa. Era alcohólico, y llevaba una vida tan marginal y solitaria en la Población O?Higgins de Playa Ancha que podía desaparecer varios días sin que nadie lo notara. Su esposa, Esmeralda Castillo Monárdez, se había separado de él hacía un año y vivía en Casablanca. Era el personaje tipo que buscaba la CNI para "cerrar" el caso Tucapel. "Lo horroroso de este crimen, y una de las razones del pánico que despertó, es la maldad con que se actuó -señala Jorge Mario Saavedra-. Porque luego de caracterizar un tipo ideal de persona que les serviría para tapar el crimen de Tucapel, Herrera Jiménez y Francisco Zúñiga (conocido como "el Gurka Zúñiga", ya fallecido) se vistieron de carabineros y salieron dos o tres noches a la calle para controlar gente, hasta que encontraron al individuo adecuado. A Juan Alegría lo emborracharon, después lo llevaron a su casa, donde lo hipnotizaron para que escribiera la carta donde se culpaba del crimen de Tucapel, y luego le cortaron las muñecas. La alcoholemia demostró que tenía 2,95 gramos de alcohol por litro de sangre, o sea, se encontraba en estado catatónico". El supuesto suicidio de Alegría fue puesto en duda desde el primer momento. Los cortes que lo desangraron eran tan grandes y profundos -de 8 por 4 centímetros, según la autopsia-, con seccionamiento de tendones, arterias y venas, que era imposible que se hubiera provocado una herida de esa magnitud en una muñeca y con la misma mano repetir la operación en la otra.

JUECES… Y JUECES

Los primeros ocho años de investigación a cargo de Valenzuela Patiño "fueron como estar en el desierto", dice Saavedra. Nadie cooperaba y tampoco había plata para costear el juicio. "Después Carlos Herrera se fue a Argentina (1991) y hubo que seguirlo e investigar, porque nadie más lo hacía -agrega el abogado-. Si bien los funcionarios de Investigaciones eran correctos, no sucedía lo mismo con su director, el ex general Fernando Paredes. Cuando llegó la Concertación al gobierno, nos pusieron personal a disposición, pero seguíamos topando con la abulia del ministro Valenzuela y con el poderoso equipo defensor que hasta hoy me obliga a litigar día por medio contra 18 ó 20 abogados".

Después de firmar la querella -hubo otra de la ANEF-, Tucapel hijo se fue a vivir a Suecia con su madre. "Cuando volví, en 1995, lo primero que hice fue entrevistarme con Valenzuela Patiño y concluí que había que cambiar de ministro en visita -dice-. Me dijo, incluso, que el proceso lo tenía hasta aquí (se toca la frente al tope). ¿Por qué no se inhabilitó, entonces? Lo único que le interesaba era cerrar la causa sin culpables". Sergio Valenzuela tiene un hijo que pertenecía a la CNI, pero el joven Tucapel prefiere pensar que su inoperancia se debe a que "es un mal juez y el proceso le quedó grande". Tras varios intentos infructuosos, el cambio de ministro se logró recién en 1999 con el apoyo del Consejo de Defensa del Estado, que se hizo parte en el proceso en 1996. Le parece increíble "que un ministro como Valenzuela Patiño siga en los tribunales tomando decisiones importantes". Con los mismos antecedentes en poder de Valenzuela Patiño, el ministro Sergio Muñoz dictó el fallo en primera instancia en el caso de Juan Alegría, que fue ratificado por unanimidad por la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago el pasado 19 de julio. Esto es, cadena perpetua para los autores: Alvaro Corbalán Castilla -quien cortó las muñecas del carpintero, de acuerdo con los testimonios recogidos en el fallo judicial-, Carlos Herrera Jiménez y Armando Cabrera Aguilar. Los dos últimos tienen en su prontuario otra condena por la muerte del transportista democratacristiano Mario Fernández, ocurrida el 18 de octubre de 1984 . Una cuarta sentencia a presidio perpetuo contra Francisco Zúñiga fue sobreseída por fallecimiento. Osvaldo Pincetti Gac ("Doctor Tormento"), quien hipnotizó a la víctima, recibió una condena como cómplice de 10 años y un día. Además, los jueces acogieron un planteamiento de la parte querellante y ordenaron investigar la posible participación como encubridor de Roberto Schmied Zanzi, ex brigadier y ex jefe metropolitano de la CNI que también está procesado en el caso de Tucapel, y Hugo Alarcón Vergara, chofer de Alvaro Corbalán.

Los condenados presentaron un recurso de casación sobre el cual deberá pronunciarse la Corte Suprema. "La sentencia en segunda instancia es muy completa, de manera que nos parece difícil que se revierta", señala el abogado Saavedra. A su juicio, en el caso de Tucapel Jiménez tendría que haber una sentencia similar. "Son homicidios calificados con seis o siete agravantes y sin ningún atenuante", afirma.

EL BRAZO EJECUTOR DE LA DINE

La tercera sala de la Corte de Apelaciones ratificó el pasado 4 de julio una resolución del ministro Muñoz que dejó sin efecto siete autos de procesamiento. Esta decisión favoreció a Misael Galleguillos, ex secretario general de la SGG; Valericio Orrego Salas, ex presidente de los trabajadores del Ministerio de Obras Públicas, y a cinco ex agentes de la CNI. Ellos son el teniente coronel retirado Raúl Descalsi Sporke -quien aparecía como presunto autor-; Nelson Hernández Franco; Raúl Lillo Gutiérrez; Héctor Lira Aravena y José Ramírez Romero, ex capitán y ex suboficial de Carabineros, respectivamente. En el proceso, los dos primeros aparecían vinculados a la investigación inicial del dirigente de la ANEF, y los otros cinco a los seguimientos previos al asesinato. Tanto la parte querellante como el CDE presentaron una apelación por esta resolución, pero fue rechazada. "Nosotros creemos que están implicados y vamos a insistir", dice Saavedra. De la CNI sólo siguen procesados el subdirector de la CNI, Roberto Schmied, y los ex agentes Humberto Calderón Luna, Miguel Hernández Oyarce y Julio Olivares Silva. Sin embargo, Sergio Muñoz optó por concentrarse en lo medular, apuntando a los autores materiales e intelectuales del asesinato, pertenecientes a la DINE. El 21 de junio sometió a proceso los suboficiales José Cáceres y Humberto Olmedo, en calidad de autores, y a Juan Carlos Arriagada, como cómplice. El 10 de julio hizo otro tanto con el dentista Jorge León Alessandrini, quien estaba en la DINE bajo las órdenes de Arriagada, acusado de proporcionar el revólver Pasper calibre 22 con que mataron al dirigente sindical.

Entre los procesados hay dos ex generales que fueron directores de la DINE: Ramsés Alvarez Scoglia (presunto autor) y Hernán Ramírez Rurange (encubridor), a quien se acusa de permitir la salida a Argentina de Carlos Herrera en 1991 para eludir la acción de la justicia. También figuran como autores el ex comandante del DINE, brigadier retirado Víctor Pinto Pérez, Manuel Contreras Donaire y Leonardo Quilodrán. Además, Galvarino Ancavil Hernández, ex agente CNI, quien supuestamente vive en Francia. De aquí a fin de año podría ser procesado como cómplice un general en servicio activo, hecho que ocurriría por primera vez. Según el diario electrónico "El Mostrador", se trataría de Hernán Ramírez Hald, jefe del Comando de Industria Militar e Ingeniería del Ejército (CIMI), y ex subdirector de la Academia de Guerra. Alessandrini y Arriagada estaban bajo su mando al momento del asesinato. Tampoco se descartan diligencias que involucren a Pinochet, a quien el juez especial envió un exhorto cuando se encontraba detenido en Londres que el ex dictador no respondió "por no disponer de archivos a su alcance". Carlos Herrera Jiménez, presunto autor de los disparos, prestaba servicios en la CNI, donde adquirió fama como ejecutor. Sin embargo, dos meses antes del asesinato de Tucapel Jiménez, entre noviembre y diciembre de 1981, fue trasladado al DINE y sólo retornó a la CNI después de ocurrido el crimen, a fines de marzo o comienzos de abril de 1982. Es decir, participó en el homicidio bajo las órdenes de Alvarez Scoglia, un militar conocido por su carácter arrebatado y "de pocas luces", que hacía méritos para quedar bien parado ante Pinochet. En conocimiento de estos hechos, Jorge Mario Saavedra declaró que "el ejército ocultó información o mintió, porque en el expediente hay dos oficios de esa institución que dicen que Herrera pertenecía a la CNI a la fecha del crimen".

DESLEALTADES MUTUAS

Al aproximarse a la verdad, la tan cacareada lealtad entre los uniformados tiende a resquebrajarse. Antes de morir, Gordon entregó antecedentes al juez Muñoz para desviar la responsabilidad de la CNI hacia la DINE. Entre éstos, una foto de quien, a su juicio, era el autor material del asesinato del sindicalista -el suboficial Manuel Contreras Donaire- y una lista con doce nombres, encabezada por Arturo Ramsés Alvarez y Carlos Herrera Jiménez. Luego de su muerte, el abogado de Gordon le entregó al ministro otros documentos que ratificaban lo que él ya sabía: que Herrera Jiménez estaba en la DINE al momento del homicidio. Alvaro Corbalán, actualmente detenido en el Comando de Apoyo Técnico del Ejército, siempre estuvo muy cerca de Gordon. La lealtad se resquebrajó por otro lado: el testimonio más decisivo en su contra por el asesinato de Alegría fue el de Patricio Roa Caballero, subordinado suyo. A su vez, según consta en el fallo, Corbalán le dijo en una ocasión a la esposa de Alegría Mundaca que le estaban "cargando" algo que no había hecho, y culpó a Herrera y a Pincetti. Y Carlos Herrera, detenido en Punta Peuco, declaró a La Tercera el 11 de septiembre: "Siento que estoy asumiendo más responsabilidades que las que me corresponden". Y opinó que como en 1982 era sólo un capitán que cumplía órdenes, "el alto mando de las Fuerzas Armadas y, muy en particular, el ejército" deben "asumir la responsabilidad penal (…) por las órdenes que dieron o dejaron de dar".

Tucapel Jiménez hijo está tranquilo. Espera la pena máxima para los asesinos "que para mí es cadena perpetua, porque no soy partidario de la pena de muerte". Todavía no se recupera del dolor por el fallecimiento de su madre después de varios meses de batallar contra el cáncer. "Yo la mantenía al día de todo lo que pasaba. Tres días antes de morir me dijo que no iba a alcanzar a ver presos a los culpables del asesinato de mi papá. Le dije que se quedara tranquila, ?el proceso está aclarado y los responsables van a pagar en la cárcel, sino este año, el próximo?. Fue la última vez que conversamos. Y le dije la verdad"

 

El ministro en visita Claudio Pavez, quien sustancia la causa por el homicidio del coronel de Ejército Gerardo Huber, acreditó en el proceso que el ex agente de la CNI, suboficial (R) de Carabineros Armando Cabrera Aguilar, fue secuestrado a principios de los ´90 por agentes de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), con el fin de sacarlo de Chile y esconderlo en Argentina, intento que no prosperó.Así se confirma lo que el ex uniformado, condenado por el crimen del carpintero Juan Alegría Mundaca, declaró ante Pavez hace algunas semanas, como también en una entrevista en 2004 en la desaparecida revista “Siete + 7”. La confesión corresponde a un oficial de la Unidad Especial de la DINE, quien declaró el miércoles de la semana pasada. Este último conducía el automóvil donde viajaba Cabrera al sur del país, por uno de cuyos pasos saldría clandestinamente al país vecino. La Nación se reserva la identidad de este militar, para proteger las próximas diligencias que realizará el magistrado.

Esta revelación es importante para el juez, porque tiene la convicción de que Huber iba a ser sacado del país para evitar que colaborase con la investigación abierta en 1991 por el tráfico ilegal de armas a Croacia, a cargo del ministro Hernán Correa de la Cerda.

Huber a fines de ese año era el jefe de adquisiciones en el exterior de la Dirección de Logística del Ejército. En esa condición le correspondió participar en el tráfico de pertrechos ocurrido en diciembre de ese año. En 1992, Correa de la Cerda le impuso una orden de arraigo. Declaró por primera vez con este magistrado en enero de 1992 y desapareció ese mismo mes, fue encontrado muerto, a fines de febrero, en el lecho del río Maipo.

La segunda parte

La confesión de Cabrera Aguilar tiene una segunda parte, donde asegura que a mediados de los ´90, se encontró con un abogado de la Auditoría General del Ejército, René Alegría Rojas y el ex agente de la CNI, Iván Cifuentes, hoy fallecido. En esa reunión, Cifuentes habría reconocido que un grupo especial había asesinado a Huber con un fusil de alto poder.

Pavez interrogó a Alegría hace algunos días, quien negó haber escuchado esa versión. Pero el magistrado no cree en sus dichos, porque hace casi tres meses, Alegría Rojas acompañaba a los militares a declarar con Pavez, sabiendo que estaba indirectamente involucrado en los hechos. Por esta razón, el Ejército decidió desvincularlo del proceso y dedicarlo a otras labores.

Alegría Rojas también aparece mencionado en el caso Tucapel Jiménez. El 7 de marzo de 1990, a punto de asumir el gobierno de Patricio Aylwin, concurrió hasta el Registro Civil a buscar documentación de la CNI. Alegría no es un aparecido en este tipo de causas: a la fecha de la muerte de Huber trabajaba en la División Jurídica de la DINE.

Ahora que el ministro tiene acreditado estos hechos, es muy probable que cite a declarar a quien fue, en 1991, el jefe de la DINE, general (R) Hernán Ramírez Rurange, como también al jefe de la Unidad Especial mayor (R) Arturo Silva Valdés.

Este miércoles se realizó en Concepción la diligencia de Reconstitución de Escena por el asesinato del militante comunista Víctor Hugo Huerta Beiza. El crimen fue cometido el 3 de noviembre de 1983 por agentes de la CNI, el aborrecible aparato represivo de la dictadura pinochetista.

Huerta Beiza era un penquista de 52 años, comerciante ambulante, que se mantenía activo en tareas políticas clandestinas de su colectividad. Desde semanas antes de su muerte había manifestado su preocupación por aparentes actividades de vigilancia y seguimiento hacia su persona por sujetos sospechosos de actuar en organismos represivos del régimen; producto de esa situación había hecho que su familia saliera temporalmente de Concepción, tratando de evitar que les ocurriera alguna desgracia. Sin embargo, no pudo evitar que las garras criminales de los profesionales del crimen cayeran sobre él. Fue secuestrado cuando descendía de un taxi por un grupo de individuos. Los secuestradores lo llevaron hasta el cuartel de la Brigada Regional de la CNI ubicado en calle Pedro de Valdivia, donde fue sometido a las habituales y brutales torturas, algo en lo que estos aparatos represivos eran adictos y especialistas.

El 3 de noviembre en la noche fue asesinado en calle Sanders, en las cercanías del mencionado cuartel. En estricto rigor fue ejecutado y acribillado; le propinaron doce impactos de bala, todas de calibre 9mm, uno de los cuales es un disparo con apoyo, es decir, de ejecución. Como también era habitual en la época del régimen tirano, los criminales armaron el consabido montaje para hacer aparecer el crimen como un enfrentamiento.
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Nunca es tarde

La verdad ha tardado casi 29 años en imponerse. No en aparecer, porque para el pueblo oprimido y silencioso, para los familiares y amigos, para los compañeros y resistentes, siempre estuvo claro que era un crimen vil y cobarde. Pero la sociedad hipócrita y la justicia ciega son las que han tardado tanto en aceptar y reconocer lo indesmentible. Es necesario mencionar que el caso había sido sobreseído por la justicia parda de la época dictatorial; sólo fue reabierto en años recientes en que recae entre las labores del Ministro en Visita Extraordinaria para causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, don Carlos Aldana.

No es casualidad que tres de los principales inculpados en el crimen hayan debido ser traídos directamente desde el recinto penitenciario de Punta Peuco, donde cumplen condena por innumerables crímenes de derechos humanos, es decir, por incontables asesinatos cometidos durante la oprobiosa dictadura. Esos mismos tres sujetos, también el año 83, vinieron expresamente desde Santiago y Valparaíso a cometer su crimen ya que formaban parte de las unidades especiales que la CNI tenía dispuestas para fines de exterminio. El resto de la decena de agentes que debió concurrir a la diligencia judicial formaban parte de los efectivos que integraban la dotación local o regional de la CNI.
altLa visitas de Punta Peuco

Durante el proceso judicial y, según declaraciones del Ministro Carlos Aldana que sustancia la causa, y más claro quedó aun durante la diligencia de este miércoles, ha quedado en evidencia y confeso del crimen el sujeto de nombre Carlos Alberto Fernando Herrera Jiménez, en la época de los hechos capitán de ejército en comisión de servicio extraordinario en la CNI. Herrera Jiménez, alias “Bocaccio” o “Don Mauro”, chapa de Marcos Belmar Oyarce o de Mario Bravo Oyarzún, jefe de la brigada cóndor en CNI, es el mismo individuo que ejecutó al presidente de la ANEF, Tucapel Jiménez, en febrero del 82, y al carpintero Juan Alegría Mundaca, en junio del 83, entre otros delitos que lo mantienen como condenado en Punta Peuco.

Como coautores del delito están procesados el superior jerárquico de “Bocaccio”, el criminal mayor de la época de los ochenta, Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla, alias “Don Juan” o “Faraón”, chapa de Álvaro Valenzuela Torres, jefe de la división antisubversiva de la CNI, en la época mayor de ejército, en la actualidad condenado a perpetuidad en Punta Peuco.

El otro encausado es Armando Edmundo Cabrera Aguilar, alias “Charly”, chapa Miguel Escobar Sanguinetti, sargento de carabineros en la época. La especialidad de este suche era ser materia dispuesta para cometer cuanto delito o crimen le mandaran sus jefes. Este era un sujeto de la tropa que jugó su papel de exterminador a entera voluntad. Hoy, como sus jefes, cumple condena en Punta Peuco, por supuesto que en las dependencias penales destinadas a la tropa, separadas de las exclusivas dependencias de los oficiales criminales.Otros imputados y posibles encausados por este crimen no pudieron serlo por haber fallecido. Al menos estos tres, no se salvaron de la tardía justicia terrenal.

Álvaro Corbalán, José Zara, Eduardo Iturriaga y Carlos Herrera, todos ex integrantes de las policías secretas de Pinochet reclaman derechos a beneficios carcelarios y aseguran que “fuimos el brazo armado de la derecha y ahora nos desprecian”. Zara conocido por su frase de los "corvos acerados" pidió indulto. Piñera se lo negó

"Los violadores de los derechos humanos nos constituimos en los leprosos de la nueva sociedad chilena, a los cuales pocos quieren reconocernos o ayudarnos". Así se refiere a su actual situación Carlos Herrera Jiménez, mayor en retiro del Ejército que lleva 23 años detenido en distintas cárceles, hoy en el penal de Punta Peuco, recinto construido especialmente para recibir a militares condenados por crímenes contra los derechos humanos. Él fue declarado culpable, entre otros casos, de la muerte del líder sindical opositor a Pinochet, Tucapel Jiménez en 1982.

Esta y otras fuertes declaraciones formuladas por él y por los también condenados militares Jorge Iturriaga Neumann, Álvaro Corbalán Castilla (condenado por los crímenes de Corpus Christi y otros asesinatos) y José Zara Holger, (el de la famosa frase de los corvos acerados, condenado por el crímen del general Carlos Prats) se pueden leer en exclusiva en la tercera edición del semanario Cambio21 que salió a venta en los kioscos del país.

Nuestro director, estuvo en exclusiva en el penal especialmente construido para violadores a los derechos humanos en la comuna de Til Til y le dijeron que el Presidente de la República los engañó con sus promesas de campaña donde ofreció leyes especiales y leyes de punto final a la denominada "familia militar".

El general retirado Eduardo Iturriaga, acusado de participar en el crímen del comandante en jefe del ejército Carlos Prats y su esposa, dice que con "nuestros votos, Piñera salió electo presidente". Añadió que en la próxima elecciòn llamarán a no votar por "este gobierno mientras no se solucionen nuestros problemas". Indicó que no descartan iniciar una huelga de hambre.

Herrera Jiménez dice que que "fuimos el brazo armado de la derecha para llegar al poder" y "ahora nos desprecian" y anuncian acciones para reclamar por lo que consideran sus derechos.

Otros reportajes que puede leer en el nuevo ejemplar de Cambio21 son, entre otros, el "Karadimazo" de las monjas Ursulinas, con la destitución y traslado a Alemania -por razones no del todo claras- de su eterna superiora; una entrevista a la senadora Isabel Alende, donde habla de su profundo dolor por la muerte de su hijo y de la contingencia nacional, y las peleas entre los titanes de la política con miras a las elecciones senatoriales de 2013. También conocimos la selección chilena de "discolandia", los políticos rebeldes y de qué juegan…

También tratamos de dilucidar de quién será el negocio de la energía nuclear en Chile, y emprendimos la desesperada búsqueda de lo que fue el think tank de la campaña de Piñera y que nadie sabe dónde están. Porque, ¿alguien sabe qué se hicieron los Tantaucos?

El autor confeso del crímen de Tucapel Jiménez y del carpinero Juan Alegría, el mayor (R) Carlos Herrera Jiménez solicitó indulto a Piñera. Aún no le responden. José Zara también lo pidió. Ya le dijeron que no.

Lea la petición textual del indulto

En lo principal: Solicito Indulto Particular; Primer subsidio: Rebaja de condena; Segundo Subsidio: Conmutación de condena; Tercer Subsidio: Relegación.
 

Primer Otrosí: Pido Indulto Particular a Suboficial.

Segundo otrosí: Poder

Excelentísimo señor Presidente de la República, don Sebastián Piñera Echeñique

Carlos Alberto Fernando Herrera Jiménez, RUN Nº 6.119.621-8, mayor retirado del Ejército, cincuenta y nueve años de edad, natural de Quillota , casado; actualmente, en la cárcel de Punta Peuco, comuna de Til-Til, cumpliendo condena de Presidio Perpetuo por mi responsabilidad en los hechos investigados en las causas acumuladas Rol Nº 1.643. y 1.643 bis, respetuosamente, al Excelentísimo señor Presidente, Digo:

Fui condenado por sentencia de fecha 9 de marzo del año 2004, Rol Nº 3231-03 de la Excelentísima Corte Suprema, a sufrir la pena unificada de presidio perpetuo por los delitos de homicidio calificado, en las personas de Tucapel Jiménez Alfaro y Juan Alberto Alegría Mundaca, encontrándose la pena ejecutoriada a partir del miércoles 31 de marzo del año 2004.

Por antecedentes posibles de recabar en los Tribunales de Justicia, Ejército, Policía de Investigaciones y Gendarmería, queda de manifiesto que desde el domingo 19 de enero de 1992, ininterrumpidamente, he estado preso, tras ser detenido en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Nunca he obtenido la libertad provisional, ni condicional, ni beneficios intrapenitenciarios. Previo a aquella fecha, estuve tres años y siete meses en detención preventiva en unidades de la ex CNI. En total, entonces, he permanecido un poco más de veintidós años en prisión, tanto en cárceles argentinas, chilenas, como unidades militares.

Más, soy responsable de los hechos de transgresiones a los derechosa humanos en que he sido imputado, a excepción, del caso "Transportista de La Serena", en el cual, junto con el suboficial (r) de Carabineros don Armando Cabrera Aguilar, cumplimos la orden del Director de la ex CNI, general (Q.E.P.D.) don Humberto Gordon Rubio, de auto incriminarnos, pues como él dijo, "más adelante nos sacaría del problema". Aquello nunca ocurrió. No pudo o quizá, no quiso.

Enfáticamente y sin ambages reconozco mi responsabilidad criminal en aquellos infaustos injustos. Ciertamente, no me uní al Ejército ni para ser asesino ni verdugo de mis connacionales. Claro que no. Ingresé al Ejército en el año 1965, a los catorce años de edad, tras mi convencimiento que desde esta institución se servía eficazmente al país, pues es dirigida y conformada por personas valientes, de honor y revestidos de dignidad, a quienes, por lo mismo, era necesario obedecerlas sin titubear, tal como lo dispone la ordenanza militar aún vigente. Pero, estaba equivocado. Después de tomar distancia de los hechos, por el tiempo transcurrido y las vicisitudes vividas a propósito delos problemas derivados de los derechos humanos, quedó claro que mis servicios prestados al país no fueron precisamente de los mejores.

Reconozco que lo señalado en el párrafo precedente, es de una ingenuidad supina rayana en la candidez. Pero, no se puede soslayar que soy parte de la juventud de los años sesenta y principios de los setenta, siendo la ideologización y el maniqueísmo nuestra principal característica. Los jóvenes de aquella época, sólo teníamos dos posiciones para ubicarnos; unos y otros, queríamos cambiar radicalmente el mundo.

Ambos contendientes, me parece, nos equivocamos rotundamente respecto de nuestros líderes y en la forma de llevar a cabo los paradigmas. De pronto, los que no estaban con unos, eran enemigos de los otros. Los jóvenes acicateados por eslóganes y por personas mayores, tanto o más irresponsables, en los colegios, universidades, fábricas, en el campo, en la ciudad y en los cuarteles militares, nos enfrentamos, algunos con palabras, otros con violencia verbal, otros con las armas y, de esta manera, fuimos conducidos al desastre social, que hoy buena parte de la sociedad chilena lamenta

Pienso que en esos años, el mundo y Chile en particular, vivimos en estado de locura generalizada; yo no me sustraje a ello. Por la naturaleza de las funciones que cumplí en los servicios de seguridad del gobierno militar, lamentable y como públicamente lo he reconocido, se me tornó difusa la barrera delo moral, inmoral, y amoral; estuve de acuerdo que para servir a los intereses de la patria, no fijarse en los medios era legítimo, si aquello servía para lograr el propósito final. Era de los que pensaba en la necesidad de cambios profundos, con las armas, llegado el caso. Además, estaba equivocadamente convencido que la elite intelectual nacional estaba en la Fuerzas Armadas chilenas, por ser éstas la última reserva moral de la patria y que sus comandantes eran personas del más alto nivel intelectual, moral y ético. ¿Qué otra cosa iba yo a pensar si la única información que recibía era impartida por el conducto regular militar?

Al final de la jornada, señor Presidente, se impuso lo que ya es una institución en nuestro país: nadie se hizo cargo de nada. Los líderes de uno y otro bando no asumieron, para variar, las responsabilidades inherentes a sus cargos. Pareciera ser cosa señalada: en Chile no hay voluntad y coraje para investigar primero y, si es del caso, condenar después a las dirigencias, cualesquiera que ellas sean.

En efecto, así como en el pasado los Secretariados Generales de movimientos subversivos terroristas, como el MIR, y el F.P.M.R. , no fueron sometidos a proceso y menos condenados; hoy, salvo pocas excepciones, judicialmente responden de lo ocurrido en derechos humanos durante el gobierno militar, marinos, aviadores y policías que en tal lapso ostentaban grados subalternos. Generales y almirantes de la época, en la mayoría de los casos, con calificados y prestigiosos equipos de abogados de la plaza en Santiago, han logrado eludir la acción de la justicia respecto de la responsabilidad criminal que les cupo, por haber sido ellos quienes planificaron, crearon y mantuvieron un clima sicológico dentro de las instituciones para exacerbar el odio en contra del "enemigo" e impartieron las órdenes para la comisión delos ilícitos que hoy tienen presos a sus subordinados.

Definitivamente, ningún general o almirante de la época del golpe o pronunciamiento militar, respondió de nada. Nadie de los generales ahora presos en las cárceles de Punta Peuco y Cordillera, para el 11 de septiembre de 1973, había alcanzado esa jerarquía. El más connotado de todos, el general Manuel Contreras, era sólo teniente coronel. Curioso.
El clima de odios pre y post 11 de septiembre de 1973, me hizo perder el rumbo en materia de derechos humanos, pese a saber desde el seno materno, que matar es malo, pues nacemos con aquella norma incorporada a nuestro ser. Inexplicablemente en aquel tiempo, jóvenes militares como yo cumplimos órdenes ilegales en el origen, pero convertidas en legales por medio de una sostenida y efectiva acción sicológica en que se nos hizo ver que el "enemigo" era cada día más fuerte, más peligroso, más sanguinario, más traidor, más peligroso para las familias y para nuestro país. El paso del tiempo, la madurez adquirida y el peso de la conciencia, me hicieron comprender que lo obrado anteriormente por esa vía, era un profundo y desatinado error.

Lo ilícito siempre será ilícito, lo inmoral también siempre lo será, cualesquiera sean las circunstancias y, jamás nunca, el fin justificará los medios.
Mi catarsis sobre el particular está plasmada en:
a) Algunas de mis reflexiones acerca de la problemática de los derechos humanos
quedaron agregados en los libros, "El bisel del espejo: mi ventana" y "Culpabilidades y sanciones en crímenes contra los derechos humanos, otra clase de delitos", escritos por la conocida abogada, doña Clara Szcsaranki Cerda.
b) Mi ensayo, escrito en el transcurso del año 2006, denominado: "Derechos Humanos, Verdad Inconclusa. ¿Deuda Social?", el cual, entre otros lugares, se encuentra en la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, signado como libro AD Rol Nº 1114-2007. Por este mismo documento, dicté charlas en esta cárcel, al cuarto quinto año de Derecho de la Universidad de Chile. También, me fue solicitado por igual cátedra, pero de la Pontificia Universidad Católica, como texto de investigación. Ambos hechos tuvieron amplia cobertura de prensa en su momento.

El martes 26 de diciembre del año 2006, la asistente social, doña Claudia Reyes Guzmán, ciudadana chilena y norteamericana a la vez, doctora en Ciencias Políticas en la Universidad de Michigan, Estados Unidos, de visita en Chile y sabedora de la existencia dl trabajo, me visitó en esta cárcel y solicitó copia de aquél. Poco tiempo después, recibí una conceptuosa carta del jefe de cátedra para doctorados en Ciencias Políticas de aquella universidad, agradeciendo el trabajo e informando que éste es material de consulta allí.
El matutino "El Mercurio", del domingo 26 de agosto del año 2007, cuerpo "D", página 4, transcribió un pasaje de mi trabajo, y en las páginas 6 y 7, entrevistado sobre la materia, el ex Presidente don Patricio Aylwin Azocar. Se manifestó de acuerdo con mis planteamientos.

En agosto del año 2003, el presidente de la República de la época, don Ricardo Lagos Escobar, por cadena nacional dio a conocer su discurso relativo a materias de derechos humanos, denominada "No hay mañana sin ayer". Ella señala en el capítulo IV, numeral 3º: "(…) Al mismo tiempo, examinará otras situaciones de reos condenados por delitos de similar gravedad en períodos anteriores, que soliciten el perdón presidencial, siempre que hayan manifestado genuinamente su arrepentimiento, hayan estado ya en prisión por largo tiempo y hayan reconocido sus crímenes, cooperando con la verdad y los Tribunales de Justicia (…)". Lamentablemente, nunca se llevó a efecto.

Señor Presidente, respecto de las variables criminológicas (arrepentimiento, conciencia del delito y del mal causado) que la autoridad pondera al momento de estudiar los antecedentes de un preso que postula a beneficios, transcribiré las declaraciones dadas el sábado 31 de julio de este año, al matutino "El Mercurio", revista El Sábado, páginas 16,17 y 18, del diputado don Tucapel Jiménez Fuentes, acerca de mí: " (…) El presidente Lagos habría tenido más piso si indultaba a Herrera Jiménez. Él sí cooperó con el caso, él sí mostró arrepentimiento y él si tenía cáncer (…)". Sucede que el honorable congresista se refirió así, ni más ni menos a quien asesinó a su padre. Aquella conmovedora declaración es, a no dudarlo, un auténtico y genuino gesto de reconciliación, el cual y por el bien de nuestro país, no puede ni debe caer en el vacío.

He cumplido algo más de veintidós años de prisión; reconocí mis culpas en publicaciones nacionales y extranjeras; presté toda la colaboración posible a los tribunales, quedando constancia de ello en los respectivos expedientes; solicité ser perdonado, en forma pública y privada a los familiares de mis víctimas; buena parte del período en que he estado preso ha sido en cárceles nacionales y argentinas. Lajusticia positiva ha realizado lo suyo.

Cumplo con los requisitos exigidos en la Ley Nº 18.050, Fija Normas para la Concesión de Indultos Particulares. Pido para mí, igualdad ante la ley, tal cual en los gobiernos de don Patricio Aylwin Azocar y de don Ricardo Lagos Escobar, quienes, en legitimo uso de sus atribuciones presidenciales, indultaron a doscientas ochenta y dos personas presas por delitos de motivación política. Para un mejor resolver de Su Excelencia, cumplo con informarle que Eliseo Aballai González y Luis Enrique Quilodrán Muñoz, beneficiados en el transcurso del año 1994, son quienes , de ese grupo, mas tiempo permanecieron presos: dieciséis años y siete meses cada uno. Yo los he superado con más de seis años.
No es mi ánimo hacer esta solicitud un dramón venezolano. Pero, muy a mi pesar, tengo cáncer. Por ello, he sido operado en mas de cuatro oportunidades, hospitalizado otras tantas, con la obligatoriedad de asistir periódicamente a tratamiento y control oncológico en el Hospital Militar. Por el momento -Dios mediante- la enfermedad esta controlada y, de verdad, no quisiera terminar mis días en prisión.

Finalmente, por mi edad, mi enfermedad, mi esposa, mis cuatro hijos, mis cuatro nietros, por todo el tiempo perdido de estar con mi familia, por todos los eventos familiares importantes a los que no pude asistir -licenciamientos de mis hijos, pedidas de mano, matrimonios de ellos, nacimientos de mis nietos, operaciones de mi esposa y de mi mamá aun viva, funerales de familiares, etcétera-, Su Excelencia puede tener la más absoluta certeza que en el caso de concederme la gracia del indulto particular, sólo me dedicare a cuidar los árboles de mi parcela de cinco mil metros cuadrados ubicada en la comuna del gran Santiago, a desarrollar mi hobbie de la radio afición y a malcriar a mis cuatro nietos.

Por tanto: Conforme lo señala la Ley Nº 18.050, Fija Normas para la Concesión de Indultos Particulares, pido al Excelentísimo señor Presidente de la República, Don Sebastián Piñera Echeñique , tenga a bien concederme la gracia del indulto particular, teniendo presente el largo tiempo de prisión cumplido; las variables criminológicas que pudieren incidir en mi persona, se encuentran con hechos y no dichos, total y absolutamente superadas; la enfermedad grave o terminal que me aqueja y la buena disposición al respecto manifestada por los deudos de don Tucapel Jiménez Alfaro
En segundo subsidio; la conmutación de la pena, por el saldo de ella bajo la vigilancia del Patronato Local de Reos. En tercer subsidio, ser relegado a la Región Metropolitana, provincia de Melipilla, por una cantidad determinada de años.
Pido a su Excelencia, tomar conocimiento de lo expuesto y acceder a lo solicitado

Primer Otrosí: De antemano, ofrezco disculpas al señor Presidente por la licencia que me permitiré. Mas, por un deber de conciencia y de mínima lealtad que mis superiores nunca tuvieron conmigo, quisiera abogar y pedir su clemencia para con el suboficial de Carabineros (r) don Armando Edmundo Cabrera Aguilar, también preso en esta cárcel y cumpliendo condena en la causa Rol Nº 1.643 bis, sobre Homicidio de don Juan Alegría Mundaca. El suboficial retirado Cabrera fue un leal subalterno mío; el es un hombre de muy escasa instrucción -sexto año de preparatorias-, setenta y dos años de edad.
También padece de cáncer al estomago en estado terminal del corazón y asmático. No son halagüeñas las expectativas de vida de esta persona. Pese a ello, tiene el encomiable merito de haber mantenido unida a su familia, junto a el, en todos estos aciagos años.

Del mismo modo, ha cumplido prisión por más de dieciocho años, siempre por delitos relacionados con violaciones a los derechos humanos.
Por tanto: Pido al Excelentísimo señor Presidente de la República, don Sebastián Piñera Echeñique, tenga a bien conceder la gracias del indulto particular a don Armando Edmundo Cabrera Aguilar, teniendo presente el largo tiempo de prisión cumplido; las variables criminológicas que pudieren incidir en su persona, se encuentran total y absolutamente superadas y; la enfermedad terminal que lo aqueja.

De no ser posible la concesión de tal gracia, pido en primer subsidio rebaja de su condena, fijándose como pena única y máxima la cantidad de dieciocho años efectivos de prisión. En segundo subsidio; la conmutación de la pena, por el saldo de ella bajo la vigilancia del Patronato Local de Reos. En tercer subsidio, ser relegado a la Región de Valparaíso, provincia de Viña del Mar, por una cantidad determinada de años.

Ruego a Su Excelencia conceder el Indulto Particular al suboficial de Carabineros (r) Cabrera.
Tercer Otrosí: Para los efectos de la tramitación de los presentes indultos particulares, otorgo PODER, tan amplio como en Derecho se requiere, al abogado don Luis Hernán Núñez Muñoz.
Pido a Su Excelencia tenerlo presente