Cabezas Mardones Eduardo Patricio

El ministro en visita Víctor Montiglio dictó este miércoles procesamientos contra ex 17 agentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en el denominado caso Calle Conferencia, en una resolución que abarca crímenes cometidos por el organismo represor entre el 2 de abril y el 9 de septiembre de 1976.

El magistrado que investiga la represión a la cúpula del Partido Comunista (PC) durante la dictadura militar encausó a miembros de la brigada Lautaro de la DINA por los secuestros del matrimonio de Bernardo Araya Zuleta y María Flores Barraza, ocurrido el 2 de abril de ese año.

Entre los imputados se encuentran Pedro Vitternich Jaramillo, Eduardo Cabezas Mardones, Jorge Díaz Radulovich, Guillermo Díaz Ramírez, Orlando Torrejón Gatica.

Otro grupo fue acusado por las desapariciones de Jorge Muñoz (esposo de la fallecida secretaria general del PC Gladys Marín), Mario Zamorano, Uldarico Donaire, Jaime Donato, Elisa Escobar, Lenin Díaz, Eliana Espinoza y Marta Ugarte, por hechos ocurridos entre el 4 de mayo y el 9 de agosto de1976. Por estos hechos, el juez encausó a Eduardo Reyes Lagos, José Ojeda Obando, Juvenal Piña Garrido, Carlos Rinaldi Suárez, Heriberto Acevedo, Emilio Troncoso Vivallos, Claudio Pacheco Fernández, Víctor Álvarez Droguett, José Friz Esparza, Eduardo Garea Guzmán y Rufino Jaime Astorga.

En el caso de Marta Ugarte fueron procesados tres ex agentes por el delito de homicidio calificado, ya que su cuerpo apareció en la playa Los Molles luego de ser arrojado desde un helicóptero para deshacerse de él. Los afectados por la decisión judicial fueron Heriberto Acevedo, Emilio Troncoso Vivallos, Claudio Pacheco Fernández.

Hasta ahora, Montiglio sólo mantenía procesados a más de 70 agentes de la DINA por el secuestro de Víctor Díaz, padre de la dirigenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) Viviana Díaz, por lo que con estos encausamientos amplía el alcance de su investigación.

El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez Plaza, dictó acusación en la investigación por el secuestro calificado del matrimonio de Bernardo Araya Zuleta y María Flores Barraza, ocurridos a partir del 2 de abril de 1976 en la comuna Quintero, Región de Valparaíso.

El magistrado determinó responsabilizar a 13 agentes de la Dirección Inteligencia Nacional (DINA) por el secuestro calificado de la pareja, proceso que se encuentra inserto en la causa denominada Conferencia 1.

Los agentes acusados como coautores son el ex director de la DINA, general en retiro, Manuel Contreras Sepúlveda, los brigadieres retirados. Pedro Espinoza Bravo, Carlos López Tapia y Miguel Krassnoff Martchenko.

Además se incluye a los ex agentes Ricardo Lawrence Mires, Eduardo Garea Guzmán, Pedro Bitterlich Jaramillo, Orlando Altamirano Sanhueza, Eduardo Cabezas Mardones, Jorge Díaz Radulovich, Guillermo Díaz Ramírez, Orlando Torrrejón Gatica y Clara Barros Rojas.

El juez Vásquez señala que según los antecedentes de la causa “los elementos de cargo analizados permiten establecer que se encuentra legalmente acreditado que el 2 de abril de 1976, entre las 22:30 a 23:00 horas, fueron detenidos por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, sin orden de autoridad competente, en su domicilio ubicado en calle Barros Luco 1220, comuna de Quinteros, el matrimonio compuesto por Bernardo José Araya Zuleta, ex diputado del Partido Comunista de Chile, y María Olga Flores Barraza, de 64 y 60 años de edad, respectivamente, siendo conducidos hasta el cuartel clandestino de ese organismo, ubicado en calle Venecia 1722 de la comuna de Independencia, Santiago, lugar donde fueron vistos con vida por varios detenidos, sin que se tenga conocimiento del lugar donde posteriormente fueron conducidos, como tampoco de su actual paradero” dice la resolución que cierra definitivamente la investigación iniciada en 1998 por el juez Juan Guzmán Tapia.

Surgen pistas que podrían ligar a importantes empresarios nacionales con el financiamiento de la policía política de Pinochet. Ex represor revela encuentros entre el empresario y Manuel Contreras. Por Jorge Escalante y Javier Rebolledo Una nueva área de investigación en Derechos Humanos promete revelar los nexos de importantes empresarios con la DINA, la policía política […]

Surgen pistas que podrían ligar a importantes empresarios nacionales con el financiamiento de la policía política de Pinochet. Ex represor revela encuentros entre el empresario y Manuel Contreras.

Una nueva área de investigación en Derechos Humanos promete revelar los nexos de importantes empresarios con la DINA, la policía política con que Pinochet asoló el país durante los setenta. Según el testimonio de un agente que ha trabajado con diversos ministros en visita en casos de asesinatos políticos, en 1976 la cúpula del organismo represor sostuvo reuniones con diversos empresarios buscando financiamiento.

De acuerdo a una declaración judicial de mayo de 2007 del ex agente Eduardo Cabezas Mardones ante los ministros Víctor Montiglio y Alejandro Madrid, a comienzos de 1977 se produjo una reunión entre Manuel Contreras, Ricardo Claro y el oficial de la Fuerza Aérea, Arturo Ramírez Labbé. El encuentro, según Cabezas, ocurrió en la Enoteca del cerro San Cristóbal y la razón fue “ya no política, sino netamente económica”. El agente se refiere a los años duros de la DINA, cuando los fondos para llevar a cabo las operaciones comenzaron a escasear. Manuel Contreras era cuestionado por algunos integrantes del cuerpo de generales e incluso por el ideólogo del régimen, Jaime Guzmán. Además, mantenía una pelea con el jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, el general Odlanier Mena, que terminó siendo el primer director de la sucesora de la DINA, la Central Nacional de Informaciones, CNI.

Según la declaración de Cabezas, Contreras creó una brigada especial que operó en un departamento de Avenida Bulnes en el centro de la capital, cuyo objetivo principal fue reunir fondos para la organización. Ésta la dirigió el oficial ya retirado de la Fach, Arturo Ramírez.

“El trabajo consistía en que Ramírez Labbé tenía que tomar contacto con personas importantes, como empresarios. Por ejemplo, Ricardo Claro. Creo que la labor de la brigada era tener contacto con gente poderosa económicamente, yo sólo era el chofer”, dice el ex agente Cabezas.

The Clinic fue tras la pista de las redes de financiamiento de la DINA. El Mamo se negó a ser entrevistado sobre su historia al lado de Ricardo Claro; Cabezas Mardones, también.

En sus actuales oficinas de Alcántara, en Las Condes, Arturo Ramírez Labbé tampoco quiso referirse al tema. Ramírez Labbé ha sido gestor de ventas de la Empresa Nacional de Aeronáutica (ENAER) de la Fuerza Aérea chilena para El Salvador, Panamá, Honduras y República Dominicana, y la misma función la ejerce actualmente para los Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR) desde comienzos de los años 2000.

En el 2000, representando a ENAER para Centroamérica, se vio envuelto en una controversia por asuntos de sobreprecio y disputas de pagos, entre el gobierno de República Dominicana y esta empresa por la compra de ocho aviones Pillán en 1998.

EN LA “CASA DE PIEDRA”

Otro ex agente que pidió reserva de su identidad pero que está dispuesto a declarar lo que cuenta ante un juez, y que ha prestado los testimonios más valiosos del último tiempo a algunos magistrados, relató que en el invierno de 1976 el coronel Manuel Contreras junto a Miguel Krassnoff, Alejandro Burgos de Beer –ayudante de Contreras-, el subdirector de inteligencia Rolf Wenderoth y el entonces jefe de guarnición militar de Santiago, general Enrique Morel Donoso, se reunieron con el recientemente fallecido Ricardo Claro en la casa que la DINA incautó a Darío Saint Marie, dueño del diario Clarín, en el Cajón del Maipo.

Según su testimonio a The Clinic, durante el encuentro Contreras entregó a Claro un fusil AK cargado con balas trazadoras para que saliera a disparar en los alrededores de la casa conocida como “Casa de Piedra”, y donde funcionó un cuartel secreto de la DINA.

“Subieron a una lomita, y Ricardo Claro se entretenía disparándole a troncos de pinos, mirando cómo se incendiaban los árboles enteros. La idea era demostrarle al empresario la efectividad de este tipo de bala”, sostiene el ex agente.

El ex agente afirma que él llegó al lugar un día antes junto a otros integrantes de la Brigada Lautaro para preparar el encuentro. Dice que a Claro lo escoltaron desde Santiago los guardaespaldas de Contreras de apellidos y apodos Betancourt, el Loco Olmedo, el Negro Ortega, el Abuelo Aedo y el Flaco Leiva.

Contreras recibió al empresario junto a su esposa María Teresa Valdebenito y sus hijos. “Algunos de los temas que Contreras le conversó a Claro en la velada fue acerca de los empresarios que apoyaban a los izquierdistas en contra de Pinochet. Recuerdo que le dijo ‘tenga ojo con ellos’”, cuenta el ex agente.

LA RUTA DE LA PLATA

Este mismo ex agente que pide resguardo de su nombre afirma que la relación entre el Mamo Contreras y Ricardo Claro fue más profunda. “Cuando en la Brigada Lautaro nuestros sueldos se retrasaban, nos informaban que, para cancelarnos, se solicitaría dinero a Ricardo Claro. Nuestras remuneraciones la DINA las pagaba a través de la empresa pantalla Boxer y Asper Limitada. Y el empresario depositaba ahí el dinero”, dice.

Las peticiones de dinero a Claro, agrega el ex DINA, “se hacían a través de oficios que firmaban inicialmente Manuel Contreras o Pedro Espinoza (ex segundo hombre en DINA), y durante la CNI lo seguía haciendo Álvaro Corbalán”.

El ex agente dice que gran parte de los apoyos monetarios a la DINA se afinaron a través de las frecuentes conversaciones telefónicas entre Ricardo Claro y Manuel Contreras, a través de una línea especial que no pasaba por la Compañía de Teléfonos.

Además, sigue el ex DINA, Contreras -con la venia del empresario- infiltró a muchos agentes en las empresas de Claro para detectar opositores.

No fue ésta la única línea de financiamiento de la DINA. El organismo creó sociedades pantallas para mantener sus actividades: Pedro Diet Lobos (la más importante de todas, a cargo de un empresario amigo de Contreras y en la que participaba la plana mayor del grupo), Elissalde y Poblete, Procin, Complejo Terranova, Panandina de Inversiones, Umansol y Omega.

Fue uno de los primeros empresarios que se hizo asiduo visitante en el Paseo Bulnes, aunque ya estaba vinculado al organismo. Muchos años después, procesado y arrestado por los crímenes del cuartel Simón Bolívar, Cabezas Mardones recordó en sus declaraciones judiciales sus visitas para reunirse con Manuel Contreras y Ramírez Labbé. “El trabajo consistía en que Ramírez Labbé tenía que tomar contacto con personas importantes de universidades y empresarios. Por ejemplo, recuerdo a Ricardo Claro (…) En Bulnes, en reiteradas ocasiones me percaté de la presencia del señor Claro, del rector de la universidad de Chile y Manuel Contreras. (…) La labor ya no era política, era netamente económica”.

La nueva brigada se instaló en el Paseo Bulnes, cerca de la calle Alonso Ovalle. Transcurrían los últimos meses de 1976. La DINA aún reinaba. Pero en el horizonte aparecían nubarrones negros para su jefe, entonces coronel Manuel Contreras. Había logrado triunfar en su descarnada disputa con el jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINE, general Odlanier Mena. Este consideraba que Contreras convertía la ortodoxia de la inteligencia en una banda de ladrones y despiadados asesinos. Se lo dijo más de una vez a Augusto Pinochet. Otros integrantes del cuerpo de generales opinaban parecido a Mena.

El crimen de Orlando Letelier el 21 de septiembre de 1976 en Washington, autoría de los hombres de Contreras, había sellado la suerte de la DINA. Estados Unidos, uno de los principales gestores del Golpe Militar, exigía esta vez a Pinochet poner fin a su organismo estrella de la represión.

Entonces, para Contreras y sus brigadas comenzó a escasear el dinero. Pinochet tuvo buen cuidado de empezar lentamente a recortarles el presupuesto con la intención de asfixiarlos. En ese escenario nacía la última brigada de la DINA, y tal vez la menos conocida de todo el período de las cuatro letras con puño de hierro: la Brigada Económica.

Contreras habló con el oficial de la Fuerza Aérea retirado, su amigo personal Arturo Ramírez Labbé. Le pidió que fuera el jefe. ¿Objetivo?, conectar empresarios poderosos y personas influyentes que, desde sus empresas e instituciones, aportaran los primeros y desviaran los segundos, fondos para lamisión patriótica aún inconclusa.

A pesar de sus desvelos, el jefe de la DINA todavía conservaba el honor de ser el hombre más poderoso y temido de Chile después de Pinochet. Como su ayudante para todo servicio, incluido su protección personal y chofer, Contreras le puso a Ramírez Labbé a un integrante de la temida Brigada Lautaro: Eduardo Cabezas Mardones, de chapa José Luis Ibarra. Mardones venía de la FACh y se había destacado en astucia y brutalidad desde un comienzo. Por sus cualidades llegó a convertirse en el guardaespalda y todo terreno del oficial de Carabineros Ricardo Lawrence, segundo hombre del Grupo Delfín en el cuartel de exterminio Simón Bolívar.

Uno de los primeros empresarios que se hizo asiduo visitante en el Paseo Bulnes, fue Ricardo Claro Valdés, que ya estaba vinculado al organismo. Muchos años después, procesado y arrestado por los crímenes del cuartel Simón Bolívar, el mismo Cabezas Mardones recordó en sus declaraciones judiciales las visitas de Ricardo Claro a Bulnes para reunirse con Manuel Contreras y Ramírez Labbé.

“El trabajo consistía en que Ramírez Labbé tenía que tomar contacto con personas importantes de universidades y empresarios. Por ejemplo recuerdo a Ricardo Claro. (…) En Bulnes, en reiteradas ocasiones me percaté de la presencia del señor Claro, del rector de la universidad de Chile y Manuel Contreras. (…) La labor ya no era política, era netamente económica”.

El rector de la Universidad de Chile mencionado, corresponde a otro hombre de confianza de Contreras, el abogado asesor de la Junta Militar, Julio Tapia Falk.

“Agradecía a Dios el hecho de tener algo de fortuna porque ello le posibilitaba ayudar a ciertas causas y obras ‘hasta que duela’. Muchos son los que pueden dar fe de ello”, escribió sobre Claro para la revista Capital la historiadora Patricia Arancibia Clavel, poco después de la muerte del empresario en 2008.

UN AGENTE AMENAZANTE

Cuando llamamos por teléfono a Cabezas Mardones para que aportara más antecedentes acerca de la relación de Claro con la Brigada Económica y entregara nombres de otros empresarios colaboradores, éste respondió amenazante. “Yo no tengo nada que hablar con usted. ¿De dónde sacó mi teléfono? No me llame nunca más”, y cortó. Volvimos a marcar el número y de manera amable le pedimos una conversación. Después de un largo silencio, se escuchó “Ya te dije ya. ¡Cuidadito conmigo!”. Ante la diplomática despedida, no llamamos más.

Pero el debut de Claro apoyando la causa de la DINA había ocurrido bastante tiempo antes, cuando el organismo crecía y crecía y se requería cada vez más dinero que no alcanzaba a cubrir el presupuesto que se le otorgaba desde el gobierno central. En distendida conversación con el ex agente Jorgelino Vergara, más conocido como El Mocito, nos recordó que cuando entre 1974 y 1975 él trabajó como mozo en casa de Manuel Contreras en calle Pocuro con Antonio Varas, Ricardo Claro acudía “a cenar a esa casa con el Mamo. Yo lo aprendí a conocer porque era yo el que lo atendía”.

En el libro del periodista Javier Rebolledo “La Danza de los Cuervos”, El Mocito cuenta que Ricardo Claro no sólo a veces pagaba los sueldos de los agentes de la Lautaro, sino que acompañado de los principales hombres de la DINA, también disparaba balas incendiarias en fusiles de grueso calibre en los bosques del Cajón del Maipo. Era invitado por Contreras a la Casa de Piedra, que la dictadura había confiscado al dueño del diario Clarín, Darío Saint Marie, y traspasado a la DINA para que la usara como lugar de descanso y prisión transitoria de detenidos.

LA PARTIDA AL “EXILIO”

Avanzaba el tiempo y Pinochet estaba sometido a fuertes presiones y debía decidir el destino de la DINA. Ya a fines de 1976, sencillamente no contestaba los oficios personales que Contreras le hacía llegar pidiendo urgente más dinero. En los desayunos diarios entre los dos, Pinochet le explicaba que no se podía más. Se daba cuenta de que alguna razón tenían los detractores de la DINA, que iban creciendo. Pero Contreras y su monstruo hambriento le mantenían el país en orden. Para el dictador, de inmenso valor. Finalmente, Pinochet sacó a Mena de la DINE. El detractor perdía la batalla. —Pero te ofrezco la embajada en Brasil, Negro, allá vas a estar tranquilo— le dijo. Y Mena partió al “exilio”. El Negro, como le decían cariñosamente sus más cercanos, mordía la derrota. Aunque en sus pensamientos se anidó el espíritu de la venganza.

Contreras se convenció que llegaba el momento en que había que empezar a sobrevivir. Los días de gloria quedaban atrás. Estados Unidos seguía presionando con amenazas de cortar la venta de pertrechos militares, si el régimen no ponía fin a la DINA, que había osado matar en territorio estadounidense.

El Mamo sabía que habían logrado dar golpes mortales al MIR, al Partido Comunista y a los socialistas. Pero el apetito represivo era muy grande. Apenas transcurrían tres años de la guerra antimarxista. La DINA necesitaba urgente más dinero. Los tentáculos de la bestia crecían temiblemente. Causaba preocupación y temor dentro de sectores del mismo Ejército y las otras ramas de las Fuerzas Armadas.

TRES PLANES

Entonces, Contreras diseñó tres planes que operarían en paralelo. Uno conduciría a obtener recursos propios para seguir golpeando al enemigo. Debía demostrar a todos, y especialmente a Pinochet, que la DINA seguía vigente y necesaria. Para ello incursionó en la formación de empresas fantasmas, varias de ellas con vínculos en Panamá, a través del abogado panameño Guillermo Endara, quien después sería presidente de ese país entre 1989 y 1994. Ellas debían aportar lo necesario para cubrir una parte de los gastos de las brigadas operativas y el pago de informantes. Otra parte surgiría de algunos asaltos que deberían realizar los agentes más fogueados.

El segundo plan fue la formación de la Brigada Económica, el que logró con éxito.

El tercero fue el más maquiavélico. Frente a los críticos de los métodos brutos de su organización exigiendo el retorno a la ortodoxia clásica de la inteligencia militar por la que abogaba el general Mena y otros, la DINA demostraría que estaban equivocados. ¿Cómo? Generando ellos mismos lasubversión marxista, a punta de bombazos nocturnos en las principales ciudades del país. Entonces tendrían que reconocer que la DINA era insustituible. Que el peligro subversivo aún latía.

Los planes funcionaron como Contreras quería. Operaron las empresas de papel que trabaron pingües negocios oscuros y fraudulentos. Algunas fueron Entrecostera Panatlántica, Edice Investment Inc., y South Fishing Corporation.

Los bombazos dieron sus frutos, al menos por un tiempo. No fueron muy potentes. Algunas sedes bancarias, oficinas públicas y postes de alumbrado fueron los objetivos. Aparecieron críticas a la Policía de Investigaciones que dirigía el general retirado Ernesto Baeza, otro de los enemigos de los métodos DINA. Las mismas dudas de eficiencia recayeron sobre las redes de inteligencia de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Contreras lograba por ahora justificar la continuidad del puño de hierro. Eso sí, a cualquier precio. Aún actuando como bandidos y terroristas.

Entre los aportes realizados por los amigos empresarios a la causa, hubo uno que, aunque modesto en el valor material, tuvo gran efecto de apoyo a los planes de Contreras para mantenerse en el trono. Unos meses antes de que finalmente Pinochet decidiera poner fin a la DINA en agosto de 1977 y remplazarla por la CNI, un pequeño accidente puso en evidencia que la subversión marxistaera malévolamente inducida.

Por orden de Contreras, Cabezas Mardones viajó a Concepción a retirar un trabajo de imprenta empacado en 50 cajas de cartón. “Cargué la camioneta y partí. Pero en la carretera de regreso un camión pasó a llevar la camioneta y se volaron unas cajas. Ahí vi que contenían panfletos con consignas en contra del gobierno militar. Era la política sucia”, recordó el agente en una de sus declaraciones judiciales en 2007. El actualmente fallecido juez Víctor Montiglio lo había procesado por los crímenes del cuartel Simón Bolívar.

Por esas cosas de la vida, el general Odlanier Mena recibió a fines de julio de 1977 un llamado de Pinochet a la embajada de Brasil. Por decreto 1878, el 13 de agosto de ese año Pinochet creó la Central Nacional de Informaciones, CNI. La DINA desaparecía entre la tormenta. Con Manuel Contreras arrestado en el Hospital Militar. Estados Unidos pedía su extradición por el crimen de Orlando Letelier. Mena regresaba a Santiago en gloria y majestad para asumir la dirección de la CNI. La venganza estaba cumplida.

La requerida para su extradición desde Australia, Adriana Rivas, aparece junto a otras mujeres como la llamada “Doctora Hoffman” entre los encausados por el exterminio de la cúpula del partido Comunista en manos de brigadas de la DINA

Un crudo relato que incluye la acción de militares en el desentierro de cuerpos desde la Cuesta Barriga con resguardo de Carabineros, y la participación activa entre otros de la extraditable Adriana Rivas, ex secretaria de Manuel Contreras, incluye la acusación del juez Miguel Vásquez contra 53 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en el caso “Calle Conferencia Dos”.

Rivas permanece en Australia y está requerida su extradición desde el pasado jueves 16 de enero por la Corte Suprema a pedido del ministro en visita que la tiene entre los encausados en este procedimiento por el exterminio de la segunda cúpula del Partido Comunista en 1976.

En septiembre de 2013, la mujer que formalmente se desempeñó como secretaria del director de la DINA realizó declaraciones a la emisora australiana SBS que causaron repercusión al decir que defendía la tortura y, además, señaló que aquellos años en que perteneció al aparato represor fueron los mejores de su juventud.
Considerada agente de la Brigada Lautaro, la mujer en esa conversación indicó que las torturas en su país durante el régimen de Augusto Pinochet eran "un secreto a voces" y las calificó de técnica "necesaria" para "quebrantar a la gente".

LA DOCTORA HOFFMAN TAMBIÉN ESTÁ ENTRE LOS ACUSADOS
La resolución considera a otras 10 mujeres todas sindicadas como participantes en las torturas a los detenidos políticos, luego asesinados y hechos desaparecer, entre ellas Berta Jiménez, Celinda Aspe y Gladys Calderón, quien habría actuado con inoculación de elementos tóxicos y que era conocida como la “Doctora Hoffman”.
En parte del documento se destaca unao de los testimonios que estableció que "Adriana Rivas y Berta Jiménez eran operativas" y que aunque "en el papel todos las mujeres eran secretarias" , se señala que "la verdad es que eran operativas" y que "Celinda Aspe era las más operativa de las agentes mujeres".

A LAS PUERTAS DE QUE SE DICTE SENTENCIAS
El proceso, que avanza a pasos agigantados para que se dicten sentencias, señala que a partir del 13 de diciembre de 1976 las brigadas de la DINA capturan en diversos operativos a Fernando Navarro Allendes, Lincoyán Berríos Cataldo, Horacio Cepeda Marinkovic, Fernando Ortiz Letelier, Héctor Véliz Ramírez, y Waldo Ulises Pizarro Molina.
La construcción del caso realizada por el magistrado señala que todos fueron llevados al cuartel Simón Bolívar de La Reina donde fueron interrogados bajo torturas, luego hechos desaparecer y que restos mínimos de algunos de estos fueron encontrados en sitios de inhumación ilegal.

EL DETALLE CON LA NÓMINA DE LOS ACUSADOS:
"I. A (1) Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, (2)Pedro Octavio Espinoza Bravo, (3)Juan Hernán Morales Salgado, (4)Ricardo Víctor Lawrence Mires, (5)Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda, (6)Hernán Luis Sovino Maturana, (7)Gladys de las Mercedes Calderón Carreño, (8)Eduardo Antonio Reyes Lagos, (9)Juvenal Alfonso Piña Garrido, (10)José Alfonso Ojeda Obando, (11)Pedro Segundo Bitterlich Jaramillo, (12)Jorge Laureano Sagardía Monje, (13)Héctor Raúl Valdebenito Araya, (14)Bernardo del Rosario Daza Navarro, (15)Sergio Orlando Escalona Acuña, (16)Jorge Lientur Manríquez Manterola, (17)José Miguel Meza Serrano, (18)Luis Alberto Lagos Yáñez, (19)María Angélica Guerrero Soto, (20)Jorge Iván Díaz Radulovich, (21)Guillermo Jesús Ferrán Martínez, (22)Jorge Segundo Pichunmán Curiqueo, (23)Orfa Yolanda Saavedra Vásquez, (24)Elisa del Carmen Magna Astudillo, (25)Claudio Orlando Orellana de la Pinta, (26)Eduardo Alejandro Oyarce Riquelme, (27)Heriberto del Carmen Acevedo, (28)Claudio Enrique Pacheco Fernández, (29)Emilio Hernán Troncoso Vivallos, (30)Sergio Hernán Castro Andrade, (31)Teresa del Carmen Navarro Navarro, (32)Juan Edmundo Suazo Saldaña, (33)Orlando Jesús Torrejón Gatica, (34)José Manuel Sarmiento Sotelo, (35)Carlos Enrique Miranda Mesa, (36)Víctor Manuel Álvarez Droguett, (37)Orlando del Tránsito Altamirano Sanhueza, (38)Gustavo Enrique Guerrero Aguilera, (39)Manuel Antonio Montre Méndez, (40)Guillermo Eduardo Díaz Ramírez, (41)Hiro Álvarez Vega, (42)Celinda Angélica Aspe Rojas, (43)Jorge Hugo Arriagada Mora, (44)Berta Yolanda del Carmen Jiménez Escobar, (45)Carlos Justo Bermúdez Méndez, (46)Eduardo Patricio Cabezas Mardones, (47)Adriana Elcira Rivas González, (48)Carlos Eusebio López Inostroza, (49)Italia Donata Vaccarella Gilio, Camilo Torres Negrier, Joyce Ana Ahumada Despouy, Marilín Melahani Silva Vergara, yJosé Domingo Seco Alarcón, como coautores de los delitos de secuestro calificado de Fernando Alfredo Navarro Allendes, cometido a partir el 13 de diciembre de 1976, y Lincoyán Yalú Berríos Cataldo, Horacio Cepeda Marinkovic, Juan Fernando Ortíz Letelier, Héctor Véliz Ramírez, cometidos a partir del 15 de diciembre de 1976.

II: A Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Juan Hernán Morales Salgado, y Ricardo Víctor Lawrence Mires, como coautores del delito de secuestro calificado de Waldo Ulises Pizarro Molina, cometido a partir el 15 de diciembre de 1976.

III. A Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Juan Hernán Morales Salgado, Ricardo Víctor Lawrence Mires, Eduardo Antonio Reyes Lagos, Juvenal Alfonso Piña Garrido, José Alfonso Ojeda Obando, Pedro Segundo Bitterlich Jaramillo, Víctor Manuel Álvarez Droguett, Jorge Iván Díaz Radulovich, Heriberto del Carmen Acevedo, Claudio Enrique Pacheco Fernández, Emilio Hernán Troncoso Vivallos, Orlando Jesús Torrejón Gatica, Orlando del Tránsito Altamirano Sanhueza, Carlos Enrique Miranda Mesa, Guillermo Eduardo Díaz Ramírez, Eduardo Patricio Cabezas Mardones, Carlos Eusebio López Inostroza y José Domingo Seco Alarcón, comocoautoresde tres delitos de homicidio calificado de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Yalú Berríos Cataldo, perpetrados entre el 15 de diciembre de 1976 al 25 de diciembre de 1976, en la ciudad de Santiago."

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez Plaza, dictó sentencia de primera instancia en la investigación por el secuestro y homicidio calificado de la profesora Marta Lidia Ugarte Román, cuyo cuerpo apareció en la playa La Ballena, sector de Los Molles, el 12 de septiembre de 1976.

En la resolución (causa rol 2182-1998), el ministro Vázquez dictó condena en contra de los siguientes 28 agentes de Estado por su responsabilidad en los delitos perpetrados entre agosto y septiembre de 1976. La mayoría de los condenados eran agentes y jerarcas de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y los demás eran integrantes del comando de aviación del ejército, organismo responsable de la ejecución de los llamados "vuelos de la muerte".

Carlos José Leonardo López Tapia, ex coronel de ejército, jefe del recinto de torturas Villa Grimaldi a la época de los hechos, condenado a 12 años de presidio, además a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; y al pago de las costas de la causa, en calidad de autor del delito de homicidio calificado.

Ricardo Víctor Lawrence Mires, ex teniente coronel de carabineros, jefe de Grupo Águila de la Brigada Caupolicán de la DINA (actualmente prófugo de la justicia), condenado a 12 años de presidio, además a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; y al pago de las costas de la causa, como autor del delito de homicidio calificado. Además deberá purgar 4 años de presidio como autor del delito de secuestro simple.

Carlos Oscar Gregorio Evaristo Mardones Díaz, ex coronel de ejército, jefe del comando de aviación que realizaba "los vuelos de la muerte": 8 años de presidio, además a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; y  al pago de las costas de la causa, como cómplice del delito de homicidio calificado.

Antonio Palomo Contreras, ex brigadier de ejército y Luis Felipe Polanco Gallardo, ex mayor de ejército, integrantes del comando de aviación, ambos condenados a 5 años de presidio, además a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; y al pago de las costas de la causa, como encubridores del delito de homicidio calificado.

Pedro Octavio Espinoza Bravo, ex brigadier de ejército, preso en Punta Peuco por innumerables otras condenas por delitos de lesa humanidad, condenado a 4 años de presidio, además a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos mientras dure la condena; y al pago de las costas de la causa, como autor del delito de secuestro simple.

Heriberto del Carmen Acevedo y Claudio Enrique Pacheco Fernández, ex suboficiales de carabineros, ambos condenados a 10 años y un día de presidio, además a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; y al pago de las costas de la causa, como coautores del delito de homicidio calificado. Además, deberán cumplir 2 años de presidio como autores del delito de secuestro simple.

Emilio Hernán Troncoso Vivallos, ex suboficial de carabineros, condenado a 5 años y un día de presidio, además a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; y al pago de las costas de la causa, como coautor del delito de homicidio calificado. Además, un año de presidio como autor del delito de secuestro simple.

Por su parte, los agentes Eugenio Jesús Fieldhouse Chávez, Pedro Mora Villanueva, José Alfonso Ojeda Obando, Juvenal Alfonso Piña Garrido, Víctor Manuel Álvarez Droguett, José Mario Friz Esparza, Pedro Segundo Bitterlich Jaramillo, Orlando del Tránsito Altamirano Sanhueza, Eduardo Patricio Cabezas Mardones, Jorge Iván Díaz Radulovich, Guillermo Eduardo Díaz Ramírez, Orlando Jesús Torrejón Gatica, Carlos Enrique Miranda Mesa y Carlos Eusebio López Inostroza, fueron condenados a un año de presidio, además a las accesorias legales de suspensión de cargo u oficio público mientras dure la condena; y al pago de las costas de la causa, como coautores del delito de secuestro simple.

Además, los agentes José Javier Soto Torres, Jerónimo del Carmen Neira Méndez, Roberto Hernán Rodríguez Manquel, Leónidas Emiliano Méndez Moreno y José Domingo Seco Alarcón, fueron condenados a 61 días de prisión, además a las accesorias legales de suspensión de cargo u oficio público mientras dure la condena; y al pago de las costas de la causa, como cómplices del delito de secuestro simple.

En tanto, los agentes Jorge Segundo Madariaga Acevedo, José Nelson Fuentealba Saldías, Hugo Hernán Clavería Leiva, Raúl Alberto Soto Pérez y Juan Carlos Escobar Valenzuela fueron absueltos por falta de participación en los hechos.

En la etapa de investigación, el ministro Vázquez logró acreditar los siguiente hechos:

1.- Que Marta Lidia Ugarte Román fue militante del Partido Comunista de Chile y miembro del Comité Central de esa colectividad, desempeñándose en la organización del Partido, durante el año 1976.

2.- Que, como consecuencia del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, pasó a la clandestinidad por ser buscada por los servicios de inteligencia, la que vivió junto a Elvira Solari Ahumada, en el domicilio de Callejón Lo Ovalle N° 908 de la comuna de La Cisterna, lugar donde estaba residiendo desde el citado mes de septiembre de 1973, por razones de seguridad, atendida su militancia política.

3.- Que, el día 9 de agosto de 1976, Marta Ugarte Román salió del domicilio de Callejón Lo Ovalle, alrededor de las 15:00 horas, con dirección a la consulta del doctor Iván Insunza, ubicado en Vicuña Mackenna, para atenderse de una infección en su pierna, producto de una mordida de perro, encontrándose en el trayecto con Héctor Acela, ya fallecido, con quién caminó por Avenida Vicuña Mackenna en dirección a Avenida Matta, el que la advirtió, que en el sector se veía algo extraño y parecía estar vigilado, insistiendo ella, en continuar su camino, sin saber que el doctor Iván Insunza, ya había sido detenido con anterioridad, por los servicios de inteligencia.

4.- Que, agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), pertenecientes a la Brigada Purén cuyo objetivo inmediato era el seguimiento, ubicación y detención de militantes del Partido Comunista, sin que existiera orden alguna, procedieron a su detención, en la consulta del Dr. Insunza, el que había sido detenido con anterioridad por su filiación comunista, oficina que estaba siendo vigilada por los organismos de seguridad; luego fue trasladada al centro de detención clandestino de dicho organismo, conocido como Villa Grimaldi o Terranova, donde se le mantuvo privada de libertad, interrogada y sometida a apremios físicos, siendo reconocida e identificada, por otros detenidos, que en aquella época se encontraban en el mismo lugar.

5.- Que, las autoridades políticas de la época, perteneciente al Ministerio del Interior y, de la propia DINA, negaron oficialmente la detención de Marta Ugarte Román y conocer su paradero.

6.- Que, encontrándose privada de libertad, fue sacada a la calle por agentes, a fin de identificar a otros militantes y partidarios del Partido Comunista, siendo vista en uno de esos operativos, en una morada de calle Constitución, de la comuna de Santiago, lugar donde se realizaban reuniones de partido.

7.- Que, aproximadamente el 9 de septiembre de 1976, Marta Ugarte Román fue trasladada junto a otros detenidos, desde el recinto Villa Grimaldi a la localidad de Peldehue, por agentes operativos de la DINA, lugar donde se le dio muerte, siendo cubierto su cuerpo con un saco y amarrada con alambre en su cuello, luego fue subida a un helicóptero Puma del Comando de Aviación del Ejército, cuya tripulación estaba constituida por un piloto, copiloto, un mecánico tripulante y un agente operativo de la DINA, aeronave que se elevó con destino a la costa, adentrándose en el mar, para enseguida desde la altura, lanzar su cuerpo en alta mar.

8.- Que, el 12 de septiembre de 1976, en la playa La Ballena, de la localidad de Los Molles, el cuerpo de Marta Lidia Ugarte Román, fue encontrado sin vida, por Marcel Dupré David, presentando sólo un trozo de tela y uno de alambre amarrado a su cuello, el que estaba cercenado y con signos claros de haber recibido apremios físicos, además, presentaba signos de pinchaduras en sus brazos, cadáver que fue trasladado al hospital de la Ligua y luego al Servicio Médico Legal de Santiago, para las autopsias correspondientes. El primer informe de fecha 14 de septiembre de 1976, concluyó una muerte violenta en circunstancia de tipo homicida, donde la causa directa de muerte, fue politraumatismo y luxofractura de columna, el 9 de septiembre de 1976; la segunda pericia, de 22 de octubre de 1976, concluyó que la causa de muerte fue por un traumatismo tóracoabdómino-pelviano, cuya ampliación de 22 febrero de 2010, determinó que el evento final, que la llevó a la muerte fue la asfixia por el estrangulamiento con alambre.

9.- Que, el Comando de Aviación del Ejército, tenía en el aeródromo Tobalaba su centro de operaciones, entre otros, de vuelo de los Helicópteros Puma, de mayor capacidad de vuelo y transporte, para cuyo desplazamiento se requería de autorizaciones de las más altas autoridades del Ejército, ya que para ello debía destinar al menos, con anticipación, los pilotos, copilotos y mecánicos que debían formar la tripulación de vuelo. Naves, que fueron usadas institucional y regularmente, en concomitancia con la DINA, durante varios años, para eliminar cuerpos de personas detenidas en los distintos centros de detención de dicho organismo, los que eran llevados directamente al aeródromo Tobalaba o llevados al Regimiento Peldehue, para luego emprender vuelo hasta alta mar, donde eran lanzados al océano.

En la sentencia (rol 2.545-2019),  la Sexta Sala del tribunal de alzada –integrada por las ministras Graciela Gómez, Andrea Díaz-Muñoz y el ministro Matías de la Noi- confirmó la sentencia del ministro en visita Miguel Vázquez Plaza en contra de los condenados, pero modificó las penas al cambiar la participación de algunos condenados de complicidad a autoría.

La Corte de Apelaciones condenó a 47 exagentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por los secuestros calificados de Mario Jaime Zamorano Donoso, Onofre Jorge Muñoz Poutays, Uldarico Donaire Cortez, Jaime Patricio Donato Avendaño, Elisa del Carmen Escobar Cepeda, Lenin Adán Díaz Silva, Víctor Manuel Díaz López y Eliana Marina Espinoza Fernández, y el homicidio calificado de Víctor Díaz López, víctimas del denominado caso Conferencia 1.

En la sentencia (rol 2.545-2019),  la Sexta Sala del tribunal de alzada –integrada por las ministras Graciela Gómez, Andrea Díaz-Muñoz y el ministro Matías de la Noi- confirmó la sentencia del ministro en visita Miguel Vázquez Plaza en contra de los condenados, pero modificó las penas al cambiar la participación de algunos condenados de complicidad a autoría.

El fallo condena a Pedro Espinoza Bravo y Miguel Krassnoff Martchenko a 20 años de presidio por su responsabilidad como autores de secuestros calificados.

En tanto,  Emilio Troncoso Vivallos, Claudio Pacheco Fernández, Jorge Díaz Radulovich, Orlando Altamirano Sanhueza, Eduardo Cabezas Mardones, Guillermo Díaz Ramírez, Orlando Torrejón Gatica, Víctor Manuel Álvarez Droguett, Carlos Miranda Mesa, Carlos López Inostroza, Lionel Medrano Rivas, Juvenal Piña Garrido, José Ojeda Obando, José Seco Alarcón, Roberto Rodríguez Manquel, Leonidas Méndez Moreno, fueron condenados a 15 años de presidio como autores de secuestros calificados.

En tanto,  Sergio Escalona Acuña, Gladys Calderón Carreño, Sergio Pichunmán Cariqueo deberán cumplir una pena de 12 años de presidio por el homicidio calificado de Víctor Díaz López y una pena de 5 años y un día de presidio por su responsabilidad en el secuestro calificado de la misma víctima.

El agente Juan Morales Salgado cumplirá una pena de 8 años de presidio por su responsabilidad en el secuestro calificado de la víctima Díaz López.

Los agentes Jorge Andrade Gómez y Federico Chaigneau Sepúlveda deberán cumplir una pena de 6 años de presidio por su responsabilidad en el secuestro calificado de Víctor Díaz López.

Finalmente, Elisa Magna Astudillo, Orfa Saavedra Vásquez, Celinda Aspe Rojas, Teresa Navarro, Navarro, Berta Jiménez Escobar, Jorge Arriagada Mora, Eduardo Oyarce Riquelme, Ana Vilches Muñoz, Italia Vaccarella Gilio, Jorge Manríquez Manterola Sotelo, Gustavo Guerrero Aguilera, Luis Lagos Yáñez, María Angélica Guerrero Soto, Sergio Castro Andrade, Pedro Gutiérrez Valdés, Joyce Ahumada Despouy, Hiro Álvarez Vega, José Miguel Meza Serrano, Carlos Bermúdez Mendez, Marilin Silva Vergara, Camilo Torres Negrier y Juan Suazo Saldaña fueron sentenciados a 5 años y un día de presidio como autores del secuestro calificado de Víctor Díaz López.

El fallo del tribunal de alzada considera, para aumentar la pena y cambiar la participación los siguientes hechos:

 “Que a efectos de determinar el quantum de la pena, se tendrá presente:

1.- Que en la especie, se han tenido por acreditados 8 delitos de secuestro calificado, cometidos en las personas de Mario Jaime Zamorano Donoso, Onofre Jorge Muñoz Poutays, Uldarico Donaire Cortez, Jaime Patricio Donato Avendaño, Elisa del Carmen Escobar Cepeda, Lenin Adán Díaz Silva, Víctor Manuel Díaz López y Eliana Marina Espinoza Fernández, y el homicidio calificado de Víctor Díaz López.

2.- Que como autores de los 8 delitos de secuestros antes indicados resultarán sancionados Pedro Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko, Emilio Troncoso Vivallos, Claudio Pacheco Fernández, Jorge Díaz Radulovich, Orlando Altamirano Sanhueza, Eduardo Cabezas Mardones, Guillermo Díaz Ramírez, Orlando Torrejon Gatica, Víctor Manuel Alvarez Droguett, Carlos Miranda Mesa, Carlos López Inostroza, Lionel Medrano Rivas, Juvenal Piña Garrido, José Alfonso Ojeda Obando, José Domingo Seco Alarcón, Roberto Rodríguez Manquel y Leonidas Méndez Moreno.

3- Que su turno, Juan Hernán Morales Salgado, Jorge Andrade Gómez, Sergio Escalona Acuña, Gladys Calderón Carreño, Jorge Pichunman Curiqueo, Nelson Herrera Lagos, Federico Chaigneau Sepúlveda, Elisa Magna Astudillo, Orfa Saavedra Vásquez, Celinda Angélica Aspe Rojas, Teresa Navarro Navarro, Berta Jiménez Escobar, Jorge Arriagada Mora, Eduardo Oyarce Riquelme, Ana Vilches Muñoz, Italia Vaccarella Gilio, José Manuel Sarmiento Sotelo, Gustavo Guerrero Aguilera, Luis Lagos Yáñez, María Angélica Guerrero Soto, Sergio Castro Andrade, Pedro Gutiérrez Valdés, Joyce Ahumada Despouy, Hiro Alvarez Vega, José Miguel Meza Serrano, Carlos Bermúdez Méndez, Marilin Silva Vergara, Camilo Torres Negrier y Juan Edmundo Suazo Saldaña serán condenados como co autores del secuestro calificado de Víctor Díaz Lopez.

4.- Que, además, se ha establecido la responsabilidad de Juan Hernán Morales Salgado, Juvenal Piña Garrido, Sergio Escalona Acuña, Gladys Calderón Carreño y Jorge Pichunman como autores de homicidio calificado de Víctor Díaz López.

5.- Que el delito de secuestro agravado, a la fecha de los hechos, tenía  asignada la pena de presidio mayor en cualquiera de sus grados, en tanto que el homicidio calificado, la de presidio mayor en su grado medio a perpetuo.

6.- Que favorece a todos los acusados la minorante de responsabilidad penal de su irreprochable conducta anterior”, dice el fallo.

Agrega: “Que para los efectos de regular la sanción aplicable a los acusados indicados en el N° 1 del motivo precedente, por los 8 delitos de secuestro calificado establecidos, en la determinación de la pena a imponer se dará aplicación a lo previsto en el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal, regulándose una sola por todos ellos, haciendo regir la norma del inciso segundo del citado artículo 509, pues resulta más favorable que la regla del artículo 74 del Código Penal, y considerando cualquiera de los secuestros para el aumento de grado por la reiteración, puesto que todas las infracciones consideradas aisladamente y con las circunstancias del caso, tienen asignada en la ley el mismo castigo.”

La sentencia también razona: “Que, como se señaló precedentemente, a los acusados indicados en el punto 1 del motivo 36°, les beneficia una atenuante y no les perjudican agravantes, de modo tal que conforme al inciso segundo del artículo 68 del Código Penal no se aplicará el grado máximo de la pena señalada en abstracto por la ley en cada uno de los delitos de secuestro, excluyéndose el presidio mayor en su grado máximo. Seguidamente, se aumentará todo el marco penal en un grado en razón de la reiteración, quedando éste en definitiva en presidio mayor en sus grados medio a máximo, regulándose la cuantía específica de la sanción privativa de libertad que se decida respecto de cada uno en consideración a la extensión del mal causado por los Ilícitos -desaparición personas por casi cuarenta y siete años- con arreglo a lo previsto en el artículo 69 del Código Penal, y a la participación que les cupo específicamente a todos los condenados en ellos, atendiendo a su posición institucional y operativa.

En consecuencia, respecto de Espinoza Bravo y Krassnoff Martchenko, la sanción a imponer se mantendrá en el quantum establecido por el sentenciador de primera instancia, atento a los roles desempeñados por ambos en la planificación y perpetración de los citados delitos, a la entidad del mal causado con tal proceder y su graduación a la época, elementos que permiten dirigir a su respecto un reproche más enérgico, sin que la consideración de la minorante reconocida pueda alterar el quantum regulado en atención a que los criterios enunciados precedentemente permiten así determinarlo.

En relación a Emilio Troncoso Vivallos, Claudio Pacheco Fernández, Jorge Díaz Radulovich, Orlando Altamirano Sanhueza, Eduardo Cabezas Mardones, Guillermo Díaz Ramírez, Orlando Torrejón Gatica, Víctor Manuel Alvarez Droguett, Carlos Miranda Mesa, Carlos López Inostroza, Lionel Medrano Rivas, Juvenal Piña Garrido, José Alfonso Ojeda Obando, José Domingo Seco Alarcón, Roberto Rodríguez Manquel y Leonidas Méndez Moreno, la pena a imponer como coautores de los ocho secuestros calificados se regulará en la parte alta del grado menor resultante de la operación de incremento por la reiteración de delitos, esto es, en el segmento del presidio mayor en su grado medio, teniendo para ello en cuenta la gravedad de los hechos, el amparo e impunidad de la que gozaron por todo el tiempo transcurrido desde la comisión de los ilícitos, su número y la extensión del mal causado.”

“Que en el caso de Juan Hernán Morales Salgado, Jorge Andrade Gómez, Sergio Escalona Acuña, Gladys Calderón Carreño, Jorge Pichunman Curiqueo, Nelson Herrera Lagos, Federico Chaigneau Sepúlveda, Elisa Magna Astudillo, Orfa Saavedra Vásquez, Celinda Angélica Aspe Rojas, Teresa Navarro Navarro, Berta Jiménez Escobar, Jorge Arriagada Mora, Eduardo Oyarce Riquelme, Ana Vilches Muñoz, Italia Vaccarella Gilio, José Manuel Sarmiento Sotelo, Gustavo Guerrero Aguilera, Luis Lagos Yáñez, María Angélica Guerrero Soto, Sergio Castro Andrade, Pedro Gutiérrez Valdés, Joyce Ahumada Despouy, Hiro Alvarez Vega, José Miguel Meza Serrano, Carlos Bermúdez Méndez, Marilin Silva Vergara, Camilo Torres Negrier y Juan Edmundo Suazo Saldaña la sanción a aplicar como co autores del secuestro calificado de Víctor Díaz Lopez también tomará en consideración la gravedad del delito, la protección institucional de la que gozaron los acusados y que impidió tanto el oportuno esclarecimiento del hecho como el establecimiento de sus responsabilidades en su momento, amén de la extensión del mal provocado, por lo que la sanción a imponer – excluyendo la parte alta del tramo, en atención a la concurrencia de la modificatoria de responsabilidad penal reconocida en favor de todos ellos- se determinará en la parte alta del tramo mínimo para la jefatura (Morales Salgado), – procediendo a regular la sanción de los restantes en razón de sus respectivas responsabilidades y posiciones institucionales, lo que permite ratificar lo decidido respecto de Andrade Gómez y ajustar a ese parámetro la situación de Chaigneau Sepúlveda.”, fundamenta la sentencia.

El fallo de la Corte continúa: “Que, por último, la sanción a imponer a Juan Hernán Morales Salgado, Juvenal Piña Garrido, Sergio Escalona Acuña, Gladys Calderón Carreño y Jorge Pichunman, en cuanto autores del homicidio calificado de Víctor Díaz López debe ser individualizada separadamente, como lo indica el juez del grado, atendida la imposibilidad de aplicar en este caso, a su respecto, el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal, al no ser delito de la misma especie que el secuestro calificado de dicha víctima, y por el cual también se ha hecho efectiva su responsabilidad penal.

Para su regulación y atendida la consideración de la gravedad y crueldad del hecho, el tiempo transcurrido en su favor y en perjuicio del esclarecimiento de la verdad, la extensión del mal provocado, el grado que ostentaba Morales Salgado al momento de los hechos, las funciones ejecutadas por éste y las desplegadas por sus subordinados, es que se comparte la determinación efectuada en la sentencia apelada al respecto, sin que la consideración de la minorante reconocida pueda alterar el quantum regulado, habida cuenta de los factores enunciados precedentemente y que han presidido el proceso de determinación efectuado, motivo por el cual se ratificará lo resuelto en esta parte.”

En el aspecto civil se condenó al Fisco a pagar indemnización a los familiares de las víctimas en los montos que se detallan en el fallo.