Caballero Castillo Pedro Andres

A partir de la nómina de los oficiales de Carabineros pensionados entre 2005 y mayo de 2017, entregada por Dipreca, CIPER investigó y cruzó datos. Hubo sorpresas. $432 millones anuales se destinan al pago de pensiones para 15 de los formalizados por el mega fraude en esa institución. Otros miles de millones se quedan en las manos de ex altos oficiales que reciben doble jubilación o pensiones de invalidez que nadie puede cuestionar. También aparecen oficiales condenados por juicios de derechos humanos. Un trozo suculento de la torta de $586 mil millones anuales se lo llevan 93 generales.

Durante 2016, la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) desembolsó $586 mil millones para el pago de pensiones de sus funcionarios en retiro –civiles y uniformados–, monto que incluye también a personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería. La cifra es idéntica a la destinada en 2016 por el gobierno para financiar la gratuidad en la educación superior.

CIPER pidió a Dipreca, vía Ley de Transparencia, la nómina de pensionados, uniformados y civiles, del escalafón de oficiales de Carabineros que pasaron a retiro entre 2005 y mayo de 2017. La lista incluye a 1.383 ex oficiales, con una pensión mensual que promedia los $2,3 millones. En la nómina de civiles aparecen 1.056 ex funcionarios que se jubilaron entre 1951 y 2017, con pensiones que promedian un millón de pesos. Los montos contrastan con la jubilación promedio por vejez que entrega el sistema de AFP y que apenas bordea los $198 mil pesos, según cifras de la Superintendencia de Pensiones a junio de este año (el cálculo integra a pensionados con distintos años de cotización).

En las nóminas analizadas por CIPER, figuran 15 de los 74 carabineros formalizados en el mega fraude que se destapó en marzo pasado al interior de la institución, los que cobran pensiones de hasta $4,7 millones. Son $432 millones los que Dipreca destina al año a pagar las jubilaciones de esta quincena de ex oficiales involucrados en el desfalco, cuyo monto se estima hasta el momento en $25.700 millones.

En la misma nómina figura además casi una decena de ex oficiales con pensiones de hasta $3,2 millones involucrados en procesos por violaciones de derechos humanos.

No es lo único que resalta de los datos oficiales entregados por Dipreca y que CIPER cruzó y analizó. Se detectaron además a 22 ex oficiales de Carabineros recibiendo doble pensión. Como la lista de pensionados parte en 2005, entre ellos figuran al menos dos ex directores generales de la institución –Eduardo Gordon y Alberto Cienfuegos–, nueve generales y diez coroneles.

Otros tres ex generales directores –Rodolfo Stange, Fernando Cordero y Manuel Ugarte– presentaron un recurso de ilegalidad que está en curso en la Corte de Apelaciones de Santiago para impedir que se haga público el monto de sus pensiones.

Entre los altos oficiales beneficiados con una doble pensión está el ex general auditor de Carabineros Ismael Verdugo Bravo, quien recibe la pensión más alta que entrega Dipreca (y también Capredena, el sistema previsional de las Fuerzas Armadas): $6.976.552 mensuales. El abogado Verdugo percibe además una segunda pensión de $938 mil (como ex funcionario “civil”), lo que lo deja con una jubilación de casi $8 millones mensuales.

Ismael Verdugo, quien se sometió a un trasplante de corazón, se retiró de Carabineros a fines de 2012 con invalidez de segunda clase, causal que se aplica a miembros de las FF.AA. y de Orden que por accidentes o enfermedades queden imposibilitados de continuar en el servicio y en inferioridad fisiológica para desempeñarse en ocupaciones privadas. Esto les permite aumentar en un 20% su pensión sobre la última remuneración percibida en actividad.

El privilegio del que gozan quienes se acogen a la invalidez de segunda clase, la misma norma lo contrapesa con la imposibilidad de que el funcionario pueda ser contratado posteriormente en reparticiones del Ejército, la Armada, la Fach, Carabineros, la PDI y Gendarmería.

Pero la normativa no siempre se cumple. CIPER detectó casos de oficiales de carabineros que, habiéndose retirado bajo esa causal, fueron recontratados o perciben ingresos de esas instituciones.

La invalidez de segunda clase es uno de los puntos ciegos de la normativa. En conversación con CIPER, el diputado Leonardo Soto (PS), quien presidió la comisión de la Cámara que investigó irregularidades en las pensiones de Capredena y Dipreca, confirmó que los dictámenes médicos que avalan esas inhabilidades no pueden ser fiscalizados ni por Dipreca ni por la Contraloría:

-Cada institución tiene su propia comisión de sanidad que dictamina una invalidez. No existe posibilidad de conocer el detalle de los fundamentos médicos que justifiquen ese dictamen. La Contraloría, por ejemplo, solo recibe un documento que dice que la persona califica para la invalidez.

De la lista de 2.439 oficiales pensionados de Carabineros, 131 han pasado a retiro aduciendo invalidez de segunda clase. El pago de jubilaciones para ese grupo representa para Dipreca una carga de $2.776 millones anuales.

En 2016 Dipreca destinó en total $586 mil millones para el pago de pensiones de casi 260 mil beneficiarios de Carabineros, Investigaciones (PDI) y Gendarmería. En ese reparto, Carabineros se lleva por lejos la tajada más grande: $418 mil millones para financiar las jubilaciones de más de 185 mil beneficiarios de esa institución.

De acuerdo a datos de Dipreca, el 95% del monto que utiliza la entidad para el pago de pensiones proviene del erario público. Solo el 5% restante lo aportan los cotizantes. Lo mismo ocurre con los fondos que administra Capredena. Son dineros de todos los chilenos los que financian un sistema que privilegia a unos pocos y que contrasta con el sistema de capitalización individual que rige para gran parte de la población.

LAS PENSIONES DEL “PACOGATE”

A casi cinco meses de la revelación del mega fraude que desangró las arcas de Carabineros, la investigación de la Fiscalía ya suma 74 formalizados. Hasta el momento, el monto del robo supera los $25.700 millones. CIPER detectó que 15 de los formalizados por participar en esta asociación criminal reciben pensiones pagadas por Dipreca. Un total de $432 millones anuales se destinan a pagar jubilaciones para ex oficiales acusados de haber integrado la red del desfalco.

La más alta de estas pensiones la recibe el coronel Carlos Cárcamo Bravo ($4,7 millones mensuales), quien jubiló por invalidez de segunda clase. La Fiscalía acusó a Cárcamo de haber jugado un rol estelar en el mega fraude: fue jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Jefatura Zona Metropolitana, desde donde se habrían malversado a lo menos $972,7 millones.

El coronel Cárcamo fue jefe de gabinete de quien fuera  director de Finanzas de la institución, el general Iván Whipple. Y cuando esa dirección fue asumida por el general Flavio Echeverría, ahora preso por el desfalco, Cárcamo tomó la jefatura del Departamento III Tesorería y Remuneraciones. Según expuso la Fiscalía en su formalización, el coronel recibió pagos de Carabineros, hasta ahora injustificados, por $53,3 millones.

Otro de los oficiales imputados por el desfalco es el coronel Arnoldo Rivero Gerves, quien percibe una jubilación de $2,8 millones y ha sido mencionado como uno de los principales gestores del fraude. Fue Flavio Echeverría, el único general preso por el desfalco, quien declaró que había sido reclutado por Rivero para integrarse a la red criminal.

La Fiscalía acusa al coronel Rivero de haber recibido pagos injustificados por al menos $169 millones, girados desde cuentas institucionales; además de $900 millones en efectivo provenientes de personas que facilitaron sus cuentas bancarias para que les depositaran fondos sustraídos a Carabineros.

También jugaron un rol clave en la asociación ilícita los oficiales Robinson Carvajal Leiva (quien cobra una pensión de $2 millones) y Nelson Valenzuela Aravena, con una jubilación de $1,4 millón.  Al comandante Carvajal la Fiscalía le imputa haber operado como reclutador de las personas que recibieron en sus cuentas corrientes los fondos sustraídos. Además, en su propia cuenta se detectaron depósitos por $199 millones pagados como sobresueldo.

Al mayor Nelson Valenzuela, quien se fue a retiro en  2011, la Fiscalía lo acusa de haber coordinado la distribución del dinero entre los confabulados y de haber invertido sus ganancias ilícitas en negocios con el comandante Héctor Nail, también formalizado. El Ministerio Público ha calculado que recibió más de $121 millones de origen ilícito.

También figura entre los pensionados del mega fraude el comandante Ramiro Martínez Chiang (quien cobra $2 millones mensuales). La Fiscalía lo acusa de haber recibido al menos $612,4 millones como exceso de sueldo, dinero que era repartido entre los miembros de la asociación criminal. Martínez Chiang pasó a retiro en 2012, después de intervenir en millonarias compras con sobreprecio en el Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC). La investigación de la Fiscalía aún está en curso.

Además de Carmona, Rivero, Carvajal, Valenzuela y Martínez, la nómina de los 15 pensionados del desfalco se completa con los coroneles Fernando Pérez Barría (pensión de $2,7 millones), Francisco Reyes Momberg ($2,8 millones), Arturo Rojas Henríquez ($2,8 millones), Horacio San Martín Villegas ($2,8 millones) y Patricio Bianchi Silva ($2,8 millones); los comandantes Patricio Morales Díaz ($1,7 millón), Claudio Venegas Godoy ($2 millones) y Juan Moraga Gallegos ($2,4 millones); y los mayores Fernando Bustos Ríos ($1,3 millón) y David Vega Carmona ($1,1 millón).

EL PRIVILEGIO DE LA “DOBLE PENSIÓN”

Más de una veintena de ex oficiales de Carabineros figura pasando a retiro dos veces y en años distintos. La mayoría de ellos también formaba parte de la planta de profesores de esa institución. Hasta 2006 la normativa obligaba al personal que hacía clases en las escuelas de Carabineros a recibir por una vía separada esta última remuneración, también  imponible en Dipreca. Fue así como pudieron pensionarse como oficiales y profesores, recibiendo de manera paralela dos jubilaciones.

Son 22 ex carabineros cuyos ingresos le significan a Dipreca un gasto anual de más de $1.047 millones. La jubilación promedio que recibe este privilegiado grupo de pensionados roza los $4 millones.

En la nómina de oficiales de Carabineros pensionados figuran dos ex directores de la institución: los generales Alberto Cienfuegos y Eduardo Gordon. Cienfuegos, quien fue director entre 2001 y 2005, recibe un total de $4,3 millones ($3,5 millones y $784 mil); mientras que Gordon, quien estuvo al mando entre 2008 y 2011, percibe un monto casi idéntico ($3,6 millones y $706 mil). Debido al recurso judicial presentado por los ex directores en retiro Stange, Cordero y Ugarte, para impedir que se hagan públicos los montos de sus jubilaciones, no se sabe si ellos también obtuvieron la doble pensión.

El ex general de Carabineros, Héctor Jara, quien se retiró con una pensión de $3,2 millones percibe además una jubilación por su labor docente de $1,6 millón. Entre los jubilados con doble pensión aparece también el ex jefe de la Zona Metropolitana de Carabineros, general René Moya Venegas, quien pasó a retiro en noviembre de 2004. Su jubilación asciende actualmente a casi $4,8 millones.

Entre los coroneles en retiro con doble jubilación destacan Luis Alberto Thibaut ($4,3 millones y $ 282 mil);  Héctor Fuentealba ($2,9 millones y $ 931 mil); Sergio Gajardo ($2,8 millones y $969 mil);  Arturo Bernal ($3,7 millones y $1 millón) y Bárbara Valladares ($2,5 millones y $733 mil).

Mención aparte merece el general en retiro Gonzalo Arias González, protagonista de al menos dos fallos por secuestro, desapariciones y homicidios ocurridos en Temuco en los primeros días después del Golpe de Estado. En ambos fallos la Corte de Apelaciones de Temuco ratificó las condenas a ocho años. Arias González recibe desde 2005 una doble pensión por  un total de $ 3,7 millones ($ 3,4 millones y $ 348 mil).

INVALIDEZ BAJO SOSPECHA

En las nóminas revisadas por CIPER con casi 2.500 oficiales de Carabineros pensionados, figuran 131 acogidos a retiro con causal de inhabilidad de segunda clase. El pago de las jubilaciones de este grupo le significa a Dipreca un gasto anual de más de $2.776 millones. Sus pensiones promedio bordean el $1,8 millón. La cifra contrasta con las jubilaciones percibidas por quienes se pensionan por invalidez -total o parcial- en el sistema de capitalización individual de las AFP. Cifras de la Superintendencia de Pensiones indican que, a junio de 2017, las jubilaciones por invalidez total o parcial promedian los $210 mil.

Siete médicos con causal de retiro de invalidez de segunda clase aparecen en la nómina entregada por Dipreca. Algunos activos y con consultas en distintas regiones del país. El cirujano y mayor (r) Enrique Sudy Márquez, pasó a retiro en 2004 con causal de invalidez de segunda clase. En 2008 su pensión era de $2,9 millones y hoy, tras algunos reajustes, asciende a $3,6 millones mensuales.

La indagación de CIPER encontró al doctor Sudy ejerciendo en el Hospital Regional de Coihaique (la normativa no se lo impide por ser un hospital público). En efecto, la Contraloría dictaminó en noviembre de 2010 que la condición de invalidez de segunda clase solo es incompatible con el desempeño posterior en el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, Carabineros, PDI, subsecretarías de Defensa y el Estado Mayor Conjunto.

Lo extraño emergió cuando CIPER contactó al doctor Sudy para preguntarle sobre su trabajo en el Hospital de Coihaique, posterior a su retiro. Enrique Sudy respondió que nunca había trabajado allí. Pero un informe de la Contraloría señala lo contrario. Entre 2010 y 2011 el doctor Sudy realizó 25 intervenciones en pabellones de ese  hospital.

Y lo que el organismo contralor impugnó fue que Sudy, en calidad de funcionario de ese hospital, al momento de realizar esas intervenciones no contara con contrato, ni con convenio actualizado para atención de pacientes privados (ver informe de Contraloría).

Entre enero y diciembre de 2010 el doctor Sudy figura también en una nómina de remuneraciones a honorarios del Comando de Salud del Ejército, con una remuneración mensual de $1.135.326 (ver aquí). En 2011 aparece en otra nómina de honorarios, esta vez del Instituto Geográfico Militar, con una remuneración mensual de $1.582.653 (ver aquí).Ese mismo año, Sudy figura en una nueva planilla de contrataciones a honorarios del Centro Clínico Militar Coihaique del Ejército, con una remuneración mensual de poco más de $2 millones. Su nombre se repite en la nómina de remuneraciones de esa misma unidad de salud del Ejército hasta diciembre de 2016, con honorarios por $1,1 millón (ver aquí).

CIPER le preguntó al doctor sobre sus remuneraciones en el Centro Clínico Militar de Coihaique: “No trabajo en el hospital del Ejército. Yo atiendo pacientes del Ejército y les doy la boleta a ellos cuando los puedo ver en mi consulta privada”, señaló. Insistió en que no había ninguna irregularidad para el ejercicio de su profesión: “No estoy contratado en ese lugar. La gente que está con invalidez segunda, para que tú sepas, no puede ser contratada por el mismo empleador que le dio de baja. Por eso, yo no trabajo con el servicio público”.

Consultado sobre el origen de la inhabilidad de segunda clase que lo afecta, Sudy no quiso especificarla, limitándose a señalar: “es absolutamente legítima”.

“MEGA PENSIÓN”

El general auditor de Carabineros Ismael Verdugo Bravo, pasó a retiro en diciembre de 2012. El abogado se jubiló con una invalidez de segunda clase y actualmente recibe casi $7 millones ($6.976.552) mensuales. Como ex profesor de la Escuela de Carabineros percibe además una segunda pensión de $938 mil. Verdugo fue también integrante de la Corte Marcial donde fue autor de polémicos votos en 2009.

Tras su salida de la institución, Verdugo se enroló en el estudio jurídico Hinzpeter y Compañía, en el que estuvo hasta hace un par de semanas, además de ejercer como profesor de Derecho Civil en tres universidades.

CIPER conversó por teléfono con el general (r) Ismael Verdugo quien señaló que su invalidez se debió a un trasplante de corazón al que se sometió poco antes de pasar a retiro en 2012.

-La invalidez de segunda clase de acuerdo a la definición legal, lo deja a usted en inferioridad fisiológica para desempeñarse, por lo tanto, a mi la norma no me prohíbe ejercer como abogado. Efectivamente yo trabajo como puedo, pero no soy un abogado de ejercicio masivo. Usted comprenderá que no por el hecho de haber jubilado por esa causal me tengo que quedar encerrado en mi casa. También hago clases. Claro que se trata de un par de ramos. Tengo una experiencia bastante larga y la trato de transmitir a mis estudiantes -señaló.

HISTORIAL EN DERECHOS HUMANOS

En la nómina de oficiales que reciben pensión desde 2005, figuran al menos nueve ex funcionarios involucrados en investigaciones por violaciones de derechos humanos. Uno de ellos es el general Iván Andrusco Aspe, quien cobra una pensión de $3,2 millones.

Andrusco fue citado a declarar en la investigación del Caso Degollados (1985). Aunque no se comprobó su intervención directa en los asesinatos de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, la justicia constató que en las mismas fechas en que se produjo el triple homicidio, el entonces teniente de Inteligencia integró la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar), organismo que ejecutó la operación que culminó con los tres profesionales degollados.

En 1998, Andrusco era jefe operativo de la Sección de Investigación Policiales (SIP) cuando cuatro funcionarios bajo su mando fueron acusados de haber causado la muerte por torturas al taxista Raúl Palma Salgado. En 2004, Andrusco fue ascendido a general y designado jefe de la Zona Policial del Bío Bío. En marzo de 2010, tras su retiro, fue nombrado director de Gendarmería por el recién asumido presidente Sebastián Piñera. Apenas 18 días después renunció argumentando que había recibido “presiones” y “amenazas de muerte” por su pasado en la Dicomcar.

El coronel Pedro Caballero Castillo percibe una pensión de $2,7 millones. En 1985 integró la Dicomcar, organismo que el ministro de la Corte Suprema, Milton Juica, calificó en su fallo como “asociación ilícita terrorista”. Caballero participó en el allanamiento a la Asociación Gremial de Educadores de Chile (Agech), que formó parte de la operación que terminó con el triple asesinato del Caso Degollados.

Sergio Saravia Henríquez también era parte de la Dicomcar. En 1985 era teniente y fue el conductor del vehículo en el que fueron trasladados cuatro profesores que habían sido secuestrados desde la Agech. Fue condenado a dos penas de 41 días de prisión como cómplice de esos secuestros. En 2002 se denunció que seguía activo como subprefecto del área oriente de Santiago a pesar de la sentencia, por lo que se vio obligado a dejar las filas. Saravia Henríquez se retiró como teniente coronel y tiene una pensión de $2,4 millones.

Los oficiales Pedro Ramírez Gálvez y Carlos Riederer Saldías formaban parte de la dotación del helicóptero policial que sobrevoló el Colegio Latinoamericano de Integración, cuando desde ese establecimiento fueron secuestrados dos de las víctimas del Caso Degollados: Manuel Guerrero y José Manuel Parada. Ramírez y Riederer se retiraron como coroneles y ambos reciben una pensión de $2,8 millones.

En la medianoche del 30 de junio de 1986, personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) ingresó al domicilio del folclorista Benedicto “Piojo” Salinas y dio muerte a tiros a la esposa, cuñada y un hijo del artista: Margarita Martín Martínez, María Paz Martín Martínez e Isidoro Salinas Martín. El coronel Sergio Gajardo Giadach, quien ahora cobra una pensión de $2,7 millones, entonces era teniente e integraba la patrulla que irrumpió en la casa del folclorista.

En octubre de 1973, los hermanos Guido y Héctor Barría Bassay fueron secuestrados por una patrulla de Carabineros en la comuna de Río Negro, Región de Los Lagos. Ambos figuran en la nómina de detenidos desaparecidos. En el grupo policial estaba el entonces teniente José Hernán Godoy Barrientos. En 2003 el ministro Alejandro Solís lo sometió a proceso junto a otros cinco carabineros.

Godoy Barrientos alcanzó el grado de general y recibe una pensión de $3,3 millones. Se retiró en 2000, cuando ejercía como jefe de Zona precisamente en la región donde se produjo el secuestro de los hermanos Barría Bassay. En 2005 la Corte de Apelaciones de Santiago lo condenó a 10 años y un día, pero dos años después la Corte Suprema lo dejo libre por prescripción del delito. Fue el último caso en que se aplicó la prescripción en un juicio por violaciones de derechos humanos.

El peruano Percy Arana tenía 22 años y era cantante. En la madrugada del 31 de marzo de 1984 murió a tiros y golpes a manos de una patrulla policial que lo confundió con un militante subversivo. El mayor Alberto Medina Cárdenas fue procesado por la muerte del joven artista. Fue absuelto del delito de violencia innecesaria con resultado de muerte por el Segundo Juzgado Militar de Santiago. Medina Cárdenas terminó su carrera como coronel y cobra una pensión de $2,7 millones.

El teniente Leandro Plaza Perellano prestaba servicio en la 13ª Comisaría de La Granja y el 11 de septiembre de 1983 lideraba la patrulla que dio muerte a Cristián Garrido Queulo (22 años), en la Población San Gregorio. En 2007 la Corte Suprema ratificó su condena a cinco años de presidio remitido. Plaza Perellano dejó el servicio como capitán y solo cuatro meses después de la condena que lo obligó a abandonar las filas comenzó a recibir su pensión, la que hoy alcanza a  $1,9 millón mensual.

LAS PENSIONES DEL ALTO MANDO

En la nómina de oficiales pensionados que Dipreca hizo llegar a CIPER, figuran 93 generales que han jubilado desde 2005 en adelante. $317 millones mensuales se pagan en pensiones a este grupo, lo que significa un desembolso anual superior a $3.800 millones.

La pensión más alta es la que recibe el ya mencionado ex auditor Ismael Verdugo Bravo ($6,9 millones mensuales). Le siguen dos ex generales con montos por sobre los $4 millones: Luis Ortiz Pietrantoni (ex director de Planificación y Desarrollo, $4,2 millones) y Jorge Cornejo Sangueza (ex jefe del Servicio de Sanidad, $4 millones).

En el rango de $3,5 millones a $4 millones, se ubican siete oficiales, incluyendo tres ex generales directores: Gustavo González Jure ($3,7 millones), Eduardo Gordon Valcarcel (3,6 millones) y Alberto Cienfuegos Becerra ($3,5 millones).

El grueso de los generales (81) cobra pensiones que van entre $3 millones a $3,5 millones. Y en la nómina solo figura un oficial que cobra menos de $3 millones: Miguel Puentes Lacamara (ex director de Sanidad, $2,7 millones).

Entre los generales pensionados hay varios que si bien no se vieron enfrentados a procesos sancionatorios, si estuvieron involucrados en episodios irregulares antes de pasar a retiro. Uno de ellos es el ex general director Eduardo Gordon, quien dejó las filas en 2011 después de que CIPER reveló que a su hijo le cambiaron un parte para protegerlo tras protagonizar un accidente de tránsito (vea ese reportaje). El propio Gordon responsabilizó por el cambio del parte al entonces general Aquiles Blu Rodríguez, quien a fines de ese mismo año también abandonó el servicio activo y ahora cobra una pensión de $3,5 millones. En 2009 Blu firmó un contrato para proveer equipos biométricos con la empresa italiana Elsag Datamat, representada por los hijos del ex general director Fernando Cordero Rusque (vea reportaje de CIPER «Millonarias irregularidades en las compras de una unidad clave de Carabineros«).

A fines de 2012 pasó a retiro el general Gerardo González Theodor, después de una serie de reportajes de CIPER sobre irregularidades en las compras del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC). Esa unidad estaba bajo el mando de González Theodor, quien entonces ejercía como director de Planificación y Desarrollo. En esa condición cerró acuerdos de palabra con Mellafe y Salas para equipar la nueva Central de Comunicaciones de Carabineros y supervisó telefónicamente los contratos que el TIC cerró con un empresario muy cercano a él: Héctor Alegría Melo, quien había sido acusado de giro doloso y tenía un largo historial de causas judiciales (vea los reportajes de CIPER “Carabineros: compras con sobreprecio golpean al general director” y “Los sobreprecios y contratos de palabra que provocaron la salida del tercer hombre de Carabineros”).

Con posterioridad a su retiro, González Theodor ha trabajado en emprendimientos de Alegría Melo. El general González dejó el servicio con un desahucio de $82 millones y cobra una pensión de $3,5 millones mensuales.

En el periodo en que se produjeron las compras irregulares en el TIC, estuvieron al mando de la Dirección de Logística el ya mencionado general Aquiles Blu y, posteriormente, el general Eduardo Muñoz Poblete. Este último se retiró a fines de 2011, cuando la Contraloría le había abierto un juicio de cuentas por una rebaja de $3 millones en una multa a un proveedor y por la compra de 60 LCD, avaluados en $51 millones, para el Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva, pero que nunca fueron utilizados.

Poco antes de dejar el servicio, Muñoz Poblete firmó una compra que implicó un desembolso de US$3,5 millones: 29 carros blindados que presentaban fallas de seguridad. Los documentos que acreditaron la recepción conforme de los vehículos, a pesar de que existía un informe que alertaba sobre las fallas, fueron firmados por los generales Carlos Carrasco Hellwig y Jorge Rojas Langer.

Actualmente, los generales Muñoz Poblete, Carrasco Hellwig y Rojas Langer, cobran pensiones  de $3,5 millones mensuales.