Bustos Valderrama Pedro Pablo

Coronel Bustos integró la Brigada Azul, que combatió al MIR. Dirigió parte de la operación que culminó en la muerte de dos militantes del MIR en calle Janequeo. Su responsabilidad no ha sido aclarada, pero su nombramiento contradice la denominada doctrina Cheyre, que busca evitar que oficiales vinculados y comprometidos con violaciones a los derechos humanos sigan en las filas y -menos aún- en puestos claves.

Dirigió parte de la operación que culminó en la muerte de dos militantes del MIR en calle Janequeo. Su responsabilidad no ha sido aclarada, pero su nombramiento contradice la denominada doctrina Cheyre, que busca evitar que oficiales vinculados y comprometidos con violaciones a los derechos humanos sigan en las filas y -menos aún- en puestos claves.

El actual agregado militar de Chile ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), coronel de Ejército Pedro Pablo Bustos Valderrama, fue a principios de los 80 agente de la Central Nacional de Informaciones (CNI), organismo de inteligencia conocido por sus violaciones a los derechos humanos.

Una investigación de El Mostrador.cl revela que Bustos Valderrama estuvo encuadrado en la Brigada Azul, que combatió al MIR, cuyo jefe era el entonces comandante Aquiles González (el caracha). El segundo de a bordo era Alvaro Corbalán Castilla y luego venía Bustos, quien por ser un teniente antiguo en aquellos años ocupaba no sólo el puesto de jefe de equipo, es decir un oficial operativo, sino también el tercero en la línea de mando.

Bustos usó durante su permanencia en el servicio represivo la chapa o identidad operativa de Alejandro Benz y le correspondió realizar varios chequeos e incluso trabajar de jardinero para ello, cuya caracterización fue siempre criticada por sus pares, por su falta de sentido común para disfrazarse.

Eran los tiempos donde el apodado Piscola Rojas y el entonces teniente Luis Arturo Sanhueza Ross (el guiro), lidiaban con la Operación Retorno del MIR en distintos lugares de Santiago. Fueron años donde la represión se intensificó contra el grupo paramilitar de izquierda, cuyos resultados fueron, entre muchos otros, la muerte del operador de Radio Liberación, Fernando Vergara.

Bustos, después de las operaciones, concurría con los ex agentes a la disco Gente, donde era socio; al Olivier donde tomaba su trago favorito para celebrar: whisky Johnny Walker etiqueta negra con tres hielos.

Esas mismas amistades determinaron que años más tarde, el entonces general Guillermo Garín, le estampara una sanción "menos un punto" por haber pertenecido a la financiera ilegal al interior del Ejército, conocida como La Cutufa.

Estos últimos antecedentes constan en la investigación que sustanció el entonces ministro en visita, Marcos Libedinsky. Sin embargo, en nada le afectó debido a que tenía también varias felicitaciones en su hoja de vida.

Perfil secreto

Bustos es calificado al interior de la institución como un brillante oficial. Primera antigüedad en su curso de la Escuela Militar, era conocido como "el teta" y llegó a la ONU en enero de este año, guardando el secreto de su oscuro pasado.

Perteneciente al arma de Caballería Blindada, también obtuvo el primer puesto en su licenciatura de Ciencias Militares y en el magíster de Ciencias Militares con mención en Política de Defensa. Igual resultado obtuvo en el magíster en Planificación y Gestión Estratégica de la Academia de Guerra del Ejército. Ha sido profesor en su institución, en la Armada y en la Fuerza Aérea y miembro de número de la Academia de Historia Militar. De allí que se perfile a sus 46 años (cumple 47 el 5 de diciembre) como un seguro candidato a general, ya que tiene hecho el curso de oficial de Estado Mayor.

Pero Bustos guarda un secreto aún mayor y que nadie conoce al interior de la oficina que alberga a la representación chilena, en midtown neoyorkino, y es su participación en el operativo que costó la vida a los militantes del MIR Alejandro Salgado Troquian y Hugo Ratier Noguera, ocurrido en calle Janequeo, Quinta Normal, donde estuvo a cargo de la misión. De tal acción dan cuenta más de cinco ex agentes que participaron en el procedimiento y que hablaron con este medio bajo reserva de identidad.

Hasta ahora su participación en estos hechos no ha sido aclarada pues los antecedentes no se encuentran todavía a disposición de la justicia. Sin embargo, su nombramiento en el puesto que hoy ocupa, contradice por completo lo que se ha dado en llamar doctrina Cheyre, que busca evitar que oficiales vinculados y comprometidos con violaciones a los derechos humanos sigan en las filas, como también en puestos claves en la institución.

Janequeo fue parte de un operativo mayor en contra de los militantes del MIR, luego del atentado del ex intendente de Santiago, coronel Carol Urzúa. La segunda parte del mismo ocurrió en el otro lado de la capital, en Fuente Ovejuna, Las Condes, donde murieron Sergio Peña Díaz, Lucía Vergara Valenzuela y Arturo Vilavella Araujo.

Hasta ahora, Bustos ha pasado inadvertido para muchas autoridades, quienes se relacionaban con él cuando hasta el 2002 ocupaba el cargo de jefe comunicacional del Ejército.

Otras aficiones

Pero tras la meteórica y brillante carrera de Pedro Pablo Bustos se esconden también una serie de episodios grises, incluso familiares, que hablan de una personalidad desconocida para quienes le nombraron en el cargo que ocupa en la gran manzana.

Por ejemplo, su cercanía con Miguel Krassnoff Marchenko, un eximio torturador de la DINA, cuando le correspondió realizar un curso de inteligencia en Brasil. En ese país, Bustos fue reconocido por uno de los detenidos del MIR en una recepción que se efectuó en la embajada a mediados de los ochenta. Debió retirarse para evitar un bochorno. Estos cruces de pistas entregan las razones de que en Chile esté mencionado en, al menos, cuatro procesos civiles y criminales.

Sus desaciertos más personales, pero que también revelan una personalidad al menos compleja, comenzaron tras una frustrada relación de pareja, matrimonio que tuvo dos hijos y un proceso por violencia intrafamiliar en el 23 Juzgado Civil de Santiago.

En el expediente rol F-388-2000 hay varios escritos de su abogado, Carlos Ramos, que fueron rechazados por el juez, Rubén Palma Mejías, debido al tono "insolente" con que fueron redactados. También consta el intento de Bustos de impedir la acción del tribunal, primero con una receptora, a quien le indicó que debía dirigirse a la fiscalía militar si deseaba notificarlo de un embargo dictado por el magistrado, como también el "incidente" ocurrido con el receptor Fernando Claro por la misma situación.

La ficha que camina sola

Un punto que llama la atención de este proceso judicial es el que se produjo con la ficha médica del departamento de Siquiatría del Hospital Militar

En ese recinto asistencial, su ahora ex esposa se trataba por "disfunción conyugal" con el doctor Carlos Díaz Martínez. Bustos y su abogado sostenían que el certificado firmado por el profesional -que señalaba la sanidad mental de la mujer-, era falso y presentaron uno que indicaba lo contrario, firmado por el doctor Juan Carlos Loyola.

El juez, para zanjar el asunto de manera oficial, envió un oficio al nosocomio solicitando la ficha original. Pero misteriosamente ésta desapareció, sin que hasta ahora haya podido ser encontrada

En la sentencia de primera instancia del juzgado civil, el magistrado señala que si bien comprobó que no hubo "heridas graves" en la mujer, el juez llegó a la "convicción vehemente" de que existió "violencia física y sicológica", por lo que no se le condenó a las sanciones establecidas en la ley.

Siguiendo las normas legales, el magistrado envió los antecedentes de posible falsificación del certificado siquiátrico al Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, donde se inició un proceso por falsificación, rol 1202.253-5-2001.

La orden de investigar fue tramitada por la Brigada de Delitos Económicos (Bridec), que interrogó a Loyola, quien a su vez respondió que no recordaba haber firmado el documento aportado por Bustos. El profesional dio cuenta de estos hechos a la contraloría interna del Hospital Militar, pero nunca se inició un sumario oficial.

El proceso, en tanto, fue sobreseído ya que la Bridec concluyó que sin la ficha no se podía establecer cuál era el verdadero certificado. Loyola, en tanto, falleció en un accidente aéreo, cuando se disponía a viajar a Santiago desde Rancagua al poco tiempo de estos hechos.

Pero la batalla legal continuó. Carlos Ramos se querelló por el delito de injurias y calumnias en el Octavo Juzgado del Crimen de Santiago, tomando como testigo para calificar el ilícito al propio Bustos. El libelo fue dirigido contra la ex mujer del militar. El tribunal estimó que se configuraban los tipos legales y la sometió a proceso, resolución que en todo caso fue revocada por la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago por unanimidad.

Al mismo tiempo, se abrió otro frente de batalla judicial. Esta vez en el 25 Juzgado Civil de Santiago, rol 1509-2001, para que se decretara la interdicción mental de la ex esposa de Bustos. Una vez más el resultado le fue adverso al militar.

Antecedentes tenidos a la vista por este medio revelan que se ordenó que tanto su ex mujer como Bustos fueran sometidos a peritajes siquiátricos en el Servicio Médico Legal (SML).

La conclusión fue para el caso de su ex cónyuge, que no se apreciaban trastornos. En cambio, para el caso de Bustos, se señala que por su "disfunción y ansiedad reactiva" y por los conflictos que enfrenta "se le recomienda un fuerte tratamiento en un centro calificado". Hasta ahora no lo ha efectuado.

La última batalla

Pero las batallas de Bustos aún no terminan. Ahora se encuentra enfrascado en el pago de pensiones a sus hijos que, de acuerdo a una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, firmada por los ministros Gabriela Pérez, Haroldo Brito y el abogado integrante Luis Orlandini en agosto del año pasado, le corresponde pagar el 40 por ciento de sus emolumentos.

El Ejército obedeció la orden judicial y comenzó a descontarle por planilla este pago. Sin embargo, cuando fue nombrado como agregado militar de Chile en la ONU con 14 mil dólares mensuales de sueldo más 762 para pagar su casa fiscal, Bustos decidió no pagar el equivalente en dólares.

La situación fue analizada por la Auditoría General del Ejército y el Comando de Apoyo Administrativo (CAAE). Un oficio con fecha 29 de agosto último, al que este medio tuvo acceso en fuentes judiciales del Segundo Juzgado de Menores, indica que su institución no apoyó su actitud.

"Que nuestro departamento legal en coincidencia con la Auditoría General del Ejército, no nos es lícito interpretar una sentencia de la Corte de Apelaciones", señala el documento, por lo que el 40 por ciento de sus dineros están retenidos por la institución, mientras la Corte resuelve. Igual opinión tuvo la Contraloría General de la República.

El Ejército informó anoche que el coronel Pedro Pablo Bustos Valderrama, agregado militar de la embajada de Chile ante la ONU, se desempeñó en la Central Nacional de Informaciones (CNI) en 1982, donde cumplió “funciones no operativas” y que la institución está al tanto de dichas labores.

Ayer el periódico electrónico El Mostrador señaló que Bustos participó en la llamada Brigada Azul del organismo represor y que era el tercero a bordo luego de Alvaro Corbalán Castilla. En su paso por la CNI, según la publicación, dirigió parte de la operación para asesinar a dos militantes del MIR en Quinta Normal.

A través de un comunicado, la institución militar indicó que “como es de conocimiento público, la política institucional de franca cooperación con los tribunales de justicia ha motivado que durante el último tiempo más de 300 integrantes del Ejército hayan debido concurrir a declarar ante diferentes tribunales. Al respecto, se debe precisar que el coronel Pedro Pablo Bustos Valderrama nunca ha sido requerido en las causas que se sustancian, por cuanto no han existido situaciones que lo vinculen o comprometan en procesos por violaciones de los derechos humanos”.

El texto explica que Bustos “se desempeñó en la Central Nacional de Informaciones (CNI), en 1982, donde cumplió funciones no operativas, y los antecedentes institucionales indican que a la fecha del caso que versiones de un medio le atribuyen, el señalado oficial se encontraba, durante el año 1983, en comisión de servicio en el extranjero”.

Sobre este tema la diputada PPD Carolina Tohá demandó que Bustos abandone la sede diplomática en Nueva York y el ministro portavoz, Francisco Vidal, insistió en que todas las acusaciones sobre cuestiones de derechos humanos se deben canalizar a través de los tribunales.

El Ejército señaló también que “el poder de los medios de comunicación para destruir imagen los debería llevar a actuar de manera particularmente responsable con sus afirmaciones o conclusiones, lo que en nada se contrapone con las libertades de expresión e información que tanto bien hacen a la sociedad y a las instituciones”.

A propósito de la participación militar en el acto de inauguración del "Monumento a los Caídos del Ejército" en la Fundación Pinochet el 23 de agosto del 2000, el entonces Ministro de Defensa manifestó que un militar activo no puede intervenir en "actos que tengan connotación política". Por su parte, al día siguiente de dicho acto el Presidente de la República expresó "Claramente lo que ayer ocurrió, a juicio del Gobierno es un acto que tiene carácter político".

El mismo día de esta afirmación presidencial, el actual Agregado Militar ante la ONU, se permitió salirles al paso al Ministro de Defensa y al Presidente de la República, en expresión altamente deliberante, actitud de rebeldía y en abierta contradicción a sus superiores civiles, afirmando que "el homenaje a los caídos es uno de los elementos que consigna la respuesta privada (sic) de Izurieta al ministro de Defensa", negándole toda connotación política.

¿Quién es el Agregado Militar chileno ante la ONU?

Pedro Bustos Valderrama, Agregado Militar Adjunto de Chile en las Naciones Unidas.

El Coronel Pedro Bustos Valderrama se unió al trabajo de la Misión de Chile ante la ONU en enero del 2003. Es oficial del Arma de Caballería Blindada del Ejército de Chile. Es además licenciado en Ciencias Militares, Oficial de Estado Mayor y Magíster en Ciencias Militares con mención en Política de Defensa y Magíster en Planificación y Gestión Estratégica de la Academia de Guerra del Ejército. Posee un diplomado en Estudios Políticos del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile y un diplomado en Liderazgo y Gestión de Recursos Humanos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Se ha desempeñado como Profesor en las Academias de Guerra del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, en la cátedra de Historia Militar y Estrategia. Ejerció el cargo de Jefe del Departamento de Comunicaciones del Ejército. Es además miembro de número de la Academia de Historia Militar. Ha publicado varios artículos sobre política de defensa, seguridad internacional y estrategia en medios especializados nacionales y extranjeros.

Algunos datos que no se consignan oficialmente:

Alias "El Teta", por la expresión de su rostro. También usó la chapa "Bernardo Benz" cuando a principios de los 80 estuvo adscrito a la Central Nacional de Informaciones (CNI), el organismo represor de la dictadura.

Cuando Bustos Valderrama era subteniente, fue enviado por el Ejército a la Escuela de las Américas para participar en el curso de "Orientación Básica para Oficiales 0-37" entre el 13 de enero y el 14 de febrero de 1974, sólo a 15 meses del golpe militar en Chile, de lo que se sigue que su selección para dicho curso era de principal importancia para la dictadura. La siguiente es la información disponible:

SOA [School of the Americas ] Students and Instructors from Chile 1951-1996. Subteniente Bustos Valderrama Pedro. Basic Off Orientation 0-37. 13 Jan – 14 Feb, 1975

En la época, cuando EE.UU. patrocinaba los golpes militares y su consolidación en el Cono Sur, la Escuela de las Américas se hizo famosa por su entrenamiento de militares latinoamericanos que posteriormente participaron de manera activa en la represión a disidentes, usando como métodos el secuestro, la tortura, la desaparición y el asesinato.

A principios de los 80, Bustos Valderrama fue agente de la Central Nacional de Informaciones (CNI). Encuadrado en la Brigada Azul, que combatió al MIR, dirigió parte de la operación que culminó en el asesinato de dos militantes de dicha organización, Alejandro Salgado Troquian y Hugo Ratier Noguera, en calle Janequeo de Santiago, aunque su responsabilidad no ha sido, hasta ahora, judicialmente perseguida. De esta acción dan cuenta más de cinco ex agentes que participaron en el procedimiento. Sin embargo, la Ministro de Defensa, ha negado terminantemente que éste sea el caso sobre la base de informes proporcionados por el mismo Ejército. Lo interesante del caso es que la Ministro niega que haya sido agente de la Brigada Azul. Suponiendo que esto sea así, lo que se sigue de manera lógica y natural es que la misma Ministro y sus asesores militares saben quiénes sí la integraron y deberían entregar los nombres correspondientes a la justicia.

En 1986, Bustos Valderrama fue nada menos que el jefe del dispositivo de seguridad personal de Pinochet al momento del atentado perpetrado en contra del dictador por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el 8 de septiembre de ese año. Dada su proximidad al dictador y la naturaleza de sus funciones, no puede haber sido ajeno a la serie de hechos que se siguieron a dicho incidente

Al regreso de Pinochet a Chile en marzo del 2000, después de su legítima detención en Londres, Bustos Valderrama declaró que tal retorno "puso fin a una situación de detención que afectaba la soberanía nacional": "The armed forces welcomed the return of the former army commander, which army spokesman Col. Pedro Bustos said 'put an end to a situation of detention that affected national sovereignty and caused so much concern across the nation'.''

Como vocero oficial del Ejército y a pesar de que el Alto Mando descartó pronunciarse oficialmente sobre el desafuero de Pinochet como Senador Vitalicio, con fecha 6 de junio del 2000, "Pedro Pablo Bustos, indicó que ante la confirmación del citado fallo su institución mantiene lo expresado por el general Izurieta en diversas inspecciones a unidades militares, en cuanto lamentar la decisión judicial, pero respetar la vigencia del Estado de Derecho." En otros términos, Bustos -al igual que Izurieta- se expresan soterradamente de manera abiertamente deliberante

En otras circunstancias, como el virtual desfile militar realizado a propósito de la inauguración del "Monumento a los Caídos del Ejército" en la Fundación Pinochet, Pedro Bustos Valderrama, vocero oficial del Ejército, dijo el 24 de agosto del 2000 -en expresión altamente deliberante, actitud de rebeldía y en abierta contradicción a sus superiores civiles, el Ministro de Defensa y el Presidente de la República- que "el homenaje a los caídos es uno de los elementos que consigna la respuesta privada (sic) de Izurieta al ministro de Defensa. Bustos negó connotaciones políticas al acto […]". El Ministro de Defensa de aquel entonces, Mario Fernández, había sostenido que un militar activo no puede intervenir en "actos que tengan connotación política", mientras que el Presidente de la República afirmó en referencia al mencionado acto: "Claramente lo que ayer ocurrió, a juicio del Gobierno es un acto que tiene carácter político". Dado este contexto, las palabras de Bustos sólo pueden ser interpretadas como una forma de insubordinación verbal ante el poder civil al cual le debe obediencia

A este perfil se suma la violencia física y sicológica que ejerció contra su ex-esposa, la cual está documentada judicialmente y de manera pública (Expediente rol F-388-2000 del 23º Juzgado Civil de Santiago), su evaluación siquiátrica emitida por el Servicio Médico Legal según el cual sufre de "disfunción y ansiedad reactiva" y debería haberse sometido a tratamiento profesional (Expediente rol 1509-2001 del 25 Juzgado Civil de Santiago), y su involucramiento en la financiera ilegal "La Cutufa" que operaba al interior del Ejército a mediados de los años '80 .

Aunque esta recopilación incluye antecedentes de violencia intrafamiliar que podrían ser considerados de naturaleza "privada", el hecho es que ellos son públicos en la medida que fueron ventilados judicialmente. Además, son directamente relevantes al cargo diplomático que ejerce Bustos Valderrama ante las Naciones Unidas. Por definición, dignidad y ética, tal cargo exige una conducta pública y privada sin tacha que, en este caso, simplemente no se dan, para vergüenza del país, el gobierno y el Ejército que representa.

Piden declarar persona non grata a Agregado Militar

En carta dirigida al Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan, varios colectivos de chilenos en Estados Unidos y con sede en Nueva York han pedido que se declare persona non grata al Agregado Militar del Ejército de Chile ante la ONU, coronel Pedro Pablo Bustos Valderrama, tanto por su vinculación a la CNI y sus crímenes, como por su historial de violencia intrafamiliar que lo descalifican en cuanto a la honorabilidad necesaria para ejercer tal cargo ante la organización que tiene entre sus objetivos la defensa y protección de los Derechos Humamos, incluidos los derechos de la Mujer.

Hace 21 años, la noche del 7 de septiembre de 1983, un grupo operativo de la CNI propinó un demoledor golpe al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). En pocas horas -en dos lugares de Santiago- fueron asesinados cinco miristas, entre ellos Arturo Villabela Araujo, miembro de la comisión política y encargado militar de ese partido, y Hugo Ratier Noguera, miembro del comité central y jefe de la estructura armada del MIR en la capital. Fue una operación de represalia que la dictadura ordenó ejecutar por la muerte del intendente de Santiago mayor general (r) Carol Urzúa Ibáñez, que junto con su escolta cayó en una emboscada montada por un comando del MIR el 30 de agosto en la comuna de Las Condes. La sangrienta respuesta de la CNI cobró cinco vidas en una noche. Esa brutal represalia dejó en evidencia que la CNI conocía los domicilios de dirigentes del MIR que vivían en la clandestinidad, y que eran vigilados cotidianamente por los servicios de seguridad.

El primer golpe se descargó en la calle Fuenteovejuna 1330, de Las Condes, donde fueron abatidos Arturo Villabela Araujo y los militantes Lucía Vergara Valenzuela y Sergio Peña Díaz. Los tres habían regresado clandestinos al país. Horas después, el mismo contingente dio muerte en la calle Janequeo 5707, de Quinta Normal, a Hugo Ratier Noguera y a Alejandro Salgado Troquián.

Aquella noche, Miguel Alejandro Bustos Césped, hijo adoptivo de Alejandro Salgado, de 16 años, se encontraba estudiando mientras escuchaba música en la casa de calle Janequeo. De pronto, una ráfaga de ametralladora se escuchó a unos cien metros de la vivienda. El joven sobreviviente entregó su testimonio, que es la base de una denuncia que debe investigar la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Gloria Ana Chevesich. La ráfaga “se escuchó bastante cerca -declaró Miguel Bustos- pero no le di mayor importancia, porque era normal escuchar disparos en Santiago en aquel tiempo de protestas. Traté de concentrarme nuevamente, cuando escuché gritos en la calle. Fue todo muy rápido, entre la primera ráfaga a distancia y el ataque a la casa”.

Su relato acompaña la acción judicial interpuesta por abogados del Codepu contra el general (r) Augusto Pinochet, los ex ministros Sergio Onofre Jarpa y Sergio Fernández, el ex auditor del ejército Fernando Torres Silva y el ex agente César Luis Palma Ramírez (alias “Fifo”), por la muerte de los cinco militantes del MIR. A la denuncia se anexará una querella que interpondrán familiares de Hugo Ratier, argentino, quien tenía 39 años cuando fue asesinado.

En estas dos operaciones de aniquilamiento participó el entonces miembro del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (Sifa) e integrante del Comando Conjunto, Andrés Valenzuela Morales (alias “El Papudo”). En declaración ante la Vicaría de la Solidaridad el 28 de agosto de 1984, a la cual tuvo acceso Punto Final, Valenzuela precisa que en estos asesinatos se actuó con deliberada violencia y ensañamiento. “Recibimos orden de dirigirnos hacia el sector poniente de la ciudad, a calle Janequeo 5707, por los alrededores de la Plaza Garín. Cuando estuvimos cerca del objetivo, nos dijeron que nos agacháramos pues venía corriendo una de las personas que debía ser eliminada. Pasó por el costado de nuestra camioneta. Cuando llegó a un sector donde hay una pared, fue rafagueado e inmediatamente la base de fuego, que también estaba en ese lugar, empezó a disparar sobre una casa”. Este primer blanco en la calle fue Alejandro Salgado Troquián. Según Valenzuela Morales “apenas cayó asesinado, un agente colocó en su mano un arma simulando que la llevaba al momento de ser eliminado”. En el interior de la casa de calle Janequeo fue acribillado Hugo Ratier.

El ex suboficial de la Fach también describe en su testimonio lo ocurrido en calle Fuenteovejuna 1330, que antecede a los asesinatos en calle Janequeo: “Se nos ordenó ir hacia Avenida Colón, donde hay un supermercado que está en la esquina suroriente, cercano a una rotonda donde también desemboca la calle Tomás Moro. Allí estuvimos un rato, mientras se daban instrucciones para actuar en una casa de calle Fuenteovejuna, donde se había detectado que había tres personas. Llegó un jeep de la CNI con el techo corredizo y en el cual se instala una ametralladora punto 50 sobre un sistema hidráulico que permite subirla sobre el nivel del techo y operarla por dos hombres, uno que dispara y otro que va pasando la cinta de municiones. Nos dirigimos frente a la casa de Fuenteovejuna 1330, donde se instaló el jeep y se dio orden de actuar”. Esa orden significó la muerte de Arturo Villabela, Lucía Vergara y Sergio Peña y el incendio de la vivienda. Cumplida la misión, tomaron rumbo hacia Quinta Normal, a Janequeo 5707.

Miguel Alejandro Bustos Césped, quien logró escapar al cerco en calle Janequeo, entrega en su testimonio una serie de antecedentes que retratan a Hugo Ratier y Alejandro Salgado y la vida en la clandestinidad que compartían en familia. La madre de Miguel Bustos, Digna Césped, era tesorera de una junta de vecinos de La Florida y apoyaba la organización social incipiente contra la dictadura. Así conoció al que sería su compañero, Alejandro Salgado Troquián. Miguel Bustos señala: “El era uno de los que acostumbraban llegar a nuestra casa: gente de iglesia, políticos, jóvenes y trabajadores. Por las acciones realizadas por mi madre en los comedores populares, nuestra casa comenzó a ser vigilada. Ella fue perseguida en varias ocasiones”. Por seguridad de su familia, Digna Césped decidió abandonar el barrio en 1979. Con sus cuatro hijos, formó una familia con Salgado. En su testimonio, Miguel señala que a Alejandro Salgado “lo conocimos como ‘Raúl’ (su nombre político) y después de un tiempo conocimos a ‘José’, Hugo Norberto Ratier”. En 1980 se trasladaron a la comuna de San Miguel, viviendo en distintas casas, lo que llevó a Miguel y sus hermanos a deambular por diversos colegios. “Los cambios de escuela nos obligaban a elaborar leyendas para sortear las preguntas de los nuevos compañeros de clase. Pero ya estábamos acostumbrados”. La presencia de Hugo Ratier ya era constante en la casa y Miguel recuerda que, en 1982, “tuvimos que acoger a dos compañeros heridos” que fueron atendidos por una doctora que más tarde fue detenida y torturada.

La clandestinidad obligó a Miguel Bustos Césped a interrumpir su vida escolar. A los 13 años comenzó a trabajar como comerciante ambulante en Patronato, y su hermano Carlos como cuidador de autos en el Estadio Nacional. Luego fueron vendedores en ferias libres. En una oportunidad, viviendo en La Cisterna, la familia decidió dispersarse como medida de seguridad, luego de la visita de dos funcionarios de Investigaciones -así se identificaron-. Se decidió que los adultos abandonarían la casa y los menores serían distribuidos en distintos lugares. Así, Miguel Alejandro llegó a una parroquia en El Salto, donde fue acogido por el sacerdote español Jesús Rodríguez. Tiempo después, su madre Digna lo buscó. El reencuentro esta vez fue en Conchalí. La familia siguió siempre en la permanente sombra de la clandestinidad.

Miguel señala que llegaron a la casa de Janequeo 5707 a principios de enero de 1983. Ubicada frente a un policlínico, la vivienda contaba con dos patios donde crecían árboles frutales. Una vez instalados, Miguel y su hermano Luis Enrique retomaron clases en un colegio cercano, mientras su hermana Sandra Virginia se quedaba en casa. La menor nació con labio leporino y no podía asistir a colegios ni hospitales porque la CNI podía seguir esa pista. En febrero de 1983 llegaron a vivir a Janequeo Hugo Ratier y su familia: su compañera, Ruth Carvajal Peña, y los hijos de ambos, Marcelo, Ursula y Dagoberto. Miguel sólo alcanzó a compartir con ellos un tiempo breve. Antes de finalizar el mes, Ruth y los tres hijos de Ratier abandonaron el país rumbo a Cuba. Era época de protestas y caceroleos. La casa comenzó a ser vigilada. “Un taxi se paraba en la esquina y en una ocasión vimos que el auto no tenía patente. Sospechamos que era un control sobre nosotros, aunque luego se fueron”. En mayo se decidió que la madre de Miguel viajara fuera del país. Quedaron en la casa de Janequeo Alejandro Salgado, Hugo Ratier y tres de los hijos de Digna, aunque la idea era que también salieran del país.

La rutina diaria comenzaba temprano. Miguel hacía las compras, mientras que Hugo Ratier se encargaba de preparar la comida. Miguel recuerda que “comíamos juntos y por las tardes conversábamos y veíamos fútbol por televisión”.

A fines de agosto de 1983 los hermanos de Miguel, Sandra Virginia y Luis Enrique, abandonaron la casa para reencontrarse con su madre en el exterior. Miguel recuerda: “El ambiente se hizo más triste para mí”.

La huida

En la mañana del 7 de septiembre de 1983 el joven Miguel Bustos se levantó para ir al colegio. “Regresé cerca de las 14 horas. Almorcé junto a mi tío Hugo y Alejandro, escuchando las noticias de la radio. Después quedamos conversando un rato. Me preguntaron cómo me iba en el colegio, a lo que contesté que más o menos. El tío Hugo comenzó a recordar su época de estudiante en su ciudad natal, en Argentina. Luego lavó la loza y mi papá salió como a las 16.30 horas, quedándonos solos con el tío Hugo. Conversamos en el living y después me fui a mi pieza a estudiar. Sin embargo, Alejandro tardaba en volver y nuestra preocupación se expresaba con el silencio que reinaba en la casa”.

Se hizo de noche, entonces, de repente, comenzó la balacera. “La casa se estremecía con los impactos y comenzó a llenarse de humo. Yo traté de ubicar al tío Hugo, lo llamé y no escuché respuesta”. La intensidad de los balazos aumentaba y los agentes de la CNI destruyeron todo al ingresar a la vivienda. “Disparaban para asegurarse que no había nadie vivo”. El muchacho consiguió escapar saltando a una casa vecina, donde se ocultó gracias al solidario gesto del dueño. Un flash noticioso informó esa noche sobre el violento “enfrentamiento”. “Se mostraron imágenes de nuestra casa. Se veían carabineros y agentes armados. La casa la mostraban por dentro y se podían apreciar armas, que yo nunca había visto antes. La noticia fue que habían matado a dos ‘terroristas’ en un enfrentamiento”.

Con la ayuda de abogados de la Vicaría de la Solidaridad, el joven Miguel Bustos Césped acudió posteriormente a declarar en la Segunda Fiscalía Militar de Santiago. La entrevista comenzó con preguntas de rutina, mientras los datos eran registrados por el actuario. Junto a éste se encontraba de pie “un hombre alto, algo gordo, que me preguntaba varias veces las mismas cosas. Se iba poniendo agresivo. Me decía que tenía que admitir diferentes cosas y mostraba fotos de mi familia. Sacó una pistola, comenzó a jugar con ella y a apuntarme”.

El joven sobreviviente de la tragedia en calle Janequeo permaneció más de un año en Chile viviendo en precarias condiciones, hasta que pudo viajar a Suecia donde hoy vive con su madre, Digna Césped. Pero las secuelas del horror que vivió en Chile lo persiguen hasta hoy

Un argentino que luchó por Chile

Hugo Norberto Ratier Noguera llegó a Chile en 1970. Hijo de una familia peronista de Misiones, Argentina, y sobrino del contralmirante Enrique Noguera Isler, edecán del ex presidente Juan Domingo Perón, Ratier era un hombre de Izquierda y en nuestro país se unió al MIR. Fue un destacado dirigente de su comité central y luchó por la libertad de Chile.

La historia reconstruida por el Informe Rettig (1990) señala que una patrulla de la CNI dio muerte a Alejandro Salgado cuando caminaba hacia la casa de calle Janequeo, donde lo esperaban Ratier y su hijo adoptivo, Miguel Bustos Césped, de 16 años. Con una ametralladora pesada, montada en un jeep, dispararon contra la casa. En la secuencia de hechos narrados por el único sobreviviente, se consigna que la vivienda fue quemada, con el objetivo de no dejar huellas del falso enfrentamiento.

A 21 años de estos hechos, quien fuera la pareja de Hugo Norberto Ratier, Ruth Carvajal Peña, reflexiona sobre su compañero y la posibilidad que hubiese abandonado el país con ella. “Creo que él nunca lo pensó. Me dijo: tú te vas a Cuba y en unos meses más yo me voy. Pero ambos sabíamos que eso no iba a ocurrir. El se quedaba aquí hasta las últimas consecuencias”, dijo Ruth a Punto Final.

Los secretos del coronel Bustos

En noviembre de 2003 causó revuelo una información en el diario electrónico El Mostrador respecto al agregado militar de Chile en la ONU, coronel Pedro Pablo Bustos Valderrama. No sólo había sido agente de la CNI, sino también habría tenido activa participación en los asesinatos de 1983 en calles Fuenteovejuna y Janequeo. De acuerdo con esos antecedentes, el coronel Bustos integró la Brigada Azul de la CNI que combatía al MIR, cuyo jefe era el comandante Aquiles González (“El Caracha”). El segundo era el mayor Alvaro Corbalán Castilla, procesado por el ministro Alejandro Solís como autor del homicidio de Lisandro Salvador Sandoval Torres, cometido el 17 de agosto de 1981 y condenado por el asesinato de Tucapel Jiménez.

Pedro Pablo Bustos operaba en la CNI bajo el nombre de Alejandro Benz y -como consigna El Mostrador- participó en el operativo de calle Janequeo según testimonio de cinco ex agentes que intervinieron en el hecho. Sin embargo, hasta ahora su participación no ha sido acreditada ante la justicia. En 1986, Bustos Valderrama era jefe de seguridad personal de Augusto Pinochet al momento del atentado del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el 7 de septiembre de ese año. Cuando Pinochet regresó a Chile tras su detención en Londres, en marzo de 2000, el coronel Pedro Pablo Bustos le rindió homenaje como vocero del ejército. A este perfil se suma su vinculación con la financiera ilegal La Cutufa, que operaba al interior del ejército desde 1984. En esa investigación se determinó que unas 350 personas tuvieron directa relación con las operaciones de la financiera, que prestaba dinero de manera fraudulenta a militares y sus familias

A cuatro semanas de que Informe Especial (TVN) desnudara el abultado patrimonio acumulado por el ex comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba Poblete (2010-2014), su situación sigue oscura. El miércoles 25 de mayo el fiscal José Morales lo sometió a un interrogatorio de cinco horas en calidad de imputado. Allí, Fuente-Alba debió explicar el origen de los dineros con los que en los últimos diez años adquirió inmuebles y automóviles de lujo, acumulando bienes que versiones de prensa calculan en más de mil millones de pesos.

Fuente-Alba ha insistido en que todos sus bienes fueron adquiridos con ingresos obtenidos legalmente, pero no ha conseguido despejar las sospechas. Y estas se acrecentaron al negarse por segunda vez a concurrir ante una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, por consejo de sus abogados. Su defensor es Alejandro Espinoza, el mismo abogado del ex senador Pablo Longueira en la acusación de presunto cohecho y otros ilícitos que investiga el Ministerio Público.

En el Ejército están conscientes de la gravedad de las acusaciones que pesan sobre el ex comandante en jefe. Y una de las medidas adoptadas fue congelar su participación en el comité asesor institucional, integrado por los ex comandantes en jefe y civiles.

Tanto el Ministerio Público como la Corte Marcial –que también lo investiga y pidió antecedentes al SII– han enfocado las pesquisas sobre su probable “enriquecimiento ilícito” en el sistema de compras del Ejército que el general (r) debió tener bajo control. En esa indagatoria, ha vuelto a emerger un viejo amigo de Fuente-Alba: Virgilio Cartoni Maldonado, el comerciante de armas predilecto del Ejército.

Una cifra basta para graficar la importancia de Cartoni. Si los registros del Ejército indican que cada año esa institución destina unos US$200 millones para adquisiciones, esas mismas cuentas revelan que un 25% del total de esas compras se hace a firmas que Cartoni representa, obteniendo con ello suculentas comisiones.

Son muchos los que no se explican por qué Cartoni ha salido indemne de todas las investigaciones por fraude en las compras de equipos militares. Y ello, porque desde hace al menos diez años aparece involucrado en acusaciones que han nutrido varios expedientes.

Es probable que los privilegios que le han permitido a Virgilio Cartoni convertir sus oficinas en Chile y en Miami en un negocio infalible, estén relacionados con un lazo familiar que no se conocía. Su única hermana, Magali Cartoni Maldonado, está casada desde 1985 con Eugenio Ponce Lerou, actual presidente de Soquimich y hermano del ex yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou.

Dada la confianza depositada por la familia Pinochet en Julio Ponce Lerou, la que se mantuvo intacta luego de que éste se separara de Verónica Pinochet Hiriart, es probable que ese nexo familiar le haya facilitado a Cartoni penetrar el reducto del comercio de armas del Ejército.

La investigación del “Caso Riggs” sobre la fortuna que ocultaba Pinochet en el exterior, reveló que el comercio de armas estaba en manos de un reducido grupo de oficiales del entorno de Pinochet. Tanto él como ese grupo se beneficiaron hasta 1997 de las cuantiosas comisiones que pagaban los proveedores a través de una red de sociedades offshore.

La relación de Virgilio Cartoni con su hermana es tan estrecha que fue junto a ella que, en marzo de 1984, inició su primera actividad empresarial: una distribuidora de pinturas inscrita como Cartoni Maldonado Hermanos (nombre de fantasía: Piroval) y en la que cada uno invirtió $600 mil. Poco después, Cartoni pidió una solicitud de marca para su nuevo rubro: ropa de guagua, la que fabricaba y distribuía bajo el nombre Ninna Nanna.

Cartoni cambió de rubro muy rápidamente, y de la ropa de guagua pasó al comercio de armamentos. En 1992 creó la Comercializadora, Exportadora e Importadora C. Y M. (CyM), sociedad con la que capturaría paulatinamente gran parte de las compras del Ejército.

El pilar de los negocios de Virgilio Cartoni es la representación de medio centenar de empresas de pertrechos militares. A ello suma la maestría con que maneja sus nexos con el mundo castrense, lo que le permite conocer en detalle y con anticipación la trama de sus adquisiciones. Para ello, recluta a altos oficiales en retiro como sus principales ejecutivos.

Nadie discute hoy el dominio que ejerce Virgilio Cartoni Maldonado en el mercado de las armas y pertrechos. Si hay algo que lo caracteriza, es la reserva con que maneja sus contactos y utilidades. La estructura de sus negocios incluye una red de sociedades constituidas en Panamá, uno de los paraísos fiscales favoritos de quienes buscan ocultar sus flujos de dinero. CIPER encontró ocho de sus sociedades panameñas, las que se suman a otras domiciliadas en Florida.

AUDITOR Y SOCIO DE CARTONI

Al menos tres nexos unen a Fuente-Alba y Cartoni. El primero es la amistad. Una antigua relación que se cimentó después de que Cartoni abandonara tempranamente la carrera militar (siendo teniente). En el Ejército quedaron dos de sus primos: los generales (r): Patricio Cartoni Viale y Alessandro Cartoni Pruzzo.  Ambos coincidieron con Fuente-Alba en el alto mando en 2005.

Esa relación se ha traspasado a sus hijos –Roberto Fuente-Alba Pinochet y Francesco Cartoni Castilla– quienes estrecharon lazos cuando ambos coincidieron trabajando para la Viña Concha y Toro. Aunque Roberto Fuente-Alba ya dejó ese empleo, sus ex colegas de la viña lo recuerdan por sus lujosos automóviles. Un dato que no es banal: una de las aristas pesquisadas por la Fiscalía y por el ministro en visita de la Corte Marcial, Omar Astudillo, son las numerosas compras de autos de lujo del general (r) Fuente-Alba, de su esposa y sus hijos, y los inusuales traspasos de inmuebles entre ellos y su padre.

El segundo nexo lo reveló Informe Especial: un lujoso automóvil Audi que el vendedor de armas le compró al general (r) en 2010, cuando recién se instalaba en la comandancia en jefe. Poco después, Fuente-Alba sería duramente cuestionado por comprar con dineros del Ejército y para su uso exclusivo un Mercedes Benz S500L, modelo 2011.

El tercer nexo que une a Fuente-Alba y Cartoni, lo descubrió CIPER. Porque la relación entre ambos se manifestó apenas el general (r) tomó posesión del mando en marzo de 2010. Fue entonces que nombró como auditor general del Ejército al abogado Marcelo Felipe Cibié Bluth, quien tiene una sociedad con Virgilio Cartoni en Miami desde 2005.

En rigor, Cibié Bluth no podía asumir como auditor sin antes ser ascendido a general. Como el ascenso no se produjo, Fuente-Alba lo nombró auditor suplente. Y fue así como el abogado integró en diversas oportunidades la Corte Suprema para juzgar causas del fuero militar. Y ello, a pesar de que su padre, el abogado Marcelo Cibié Paolinelli, defendía al general Eugenio Covarrubias Valenzuela y al general Fernando Torres Silva, ambos condenados en agosto de 2010 por su participación en el secuestro y homicidio del químico de la DINA, Eugenio Berríos. Defensas que fueron pagadas con fondos del Ejército.

Cibié Bluth se convirtió así en asesor personal del comandante en jefe, como el mismo abogado lo ha descrito en su perfil de Linkedin. A fines de 2010, el hombre de confianza del general (r) Fuente-Alba presentó su expediente de retiro. Para entonces era también hombre de confianza de Virgilio Cartoni, pues ambos integran desde 2005 la sociedad Caleci LLC, domiciliada en Miami.

Según los registros del Estado de Florida, Caleci LLC es una entidad comercial activa en la que también participa como socio Robinson J. Leiva. En antiguos registros de proveedores del Ejército figura una persona con este nombre, pero CIPER no pudo comprobar que sea el mismo socio de Cartoni y Cibié.

En los años en que Fuente-Alba fue comandante en jefe, circularon cartas anónimas de supuestos militares que lo acusaron de haber “abandonado” a los uniformados encarcelados por juicios de Derechos Humanos. En ellas aparecieron las primeras denuncias sobre el inexplicable crecimiento de su patrimonio. Como prueba de la cercanía de Fuente-Alba con Cartoni, se afirmaba que el entonces comandante en jefe había nombrado en la Auditoría del Ejército a Marcelo Cibié, cuya esposa, la abogada Vesna Lolic, prestaba servicios profesionales a la empresa de Cartoni.

SOCIEDADES EN PANAMÁ

La vida legal de la empresa de Virgilio Cartoni que representa a grandes fabricantes de armas y de equipos y tecnología de uso militar, se inició el 4 de septiembre de 1992, con $6 millones de capital y un socio: el piloto comercial Amilcar Mehech Dall’Osso (quien más tarde abandonaría la empresa para formar otra del mismo rubro). Ese día entró en vigencia CyM (Comercializadora, Exportadora e Importadora C. Y M.), la que inscribió otros dos nombres de fantasía, aparte de CyM: Coeximport CyM y C&M World Enterprise Corporation Limited. Solo dos meses más tarde la transformarían en sociedad anónima cerrada.La indagación de CIPER arroja en este punto una primera incógnita: ¿en qué fecha inició Cartoni su negocio de armamentos? Porque uno de los nombres de fantasía inscritos en el Diario Oficial para su “nueva” empresa CyM –C & M World Enterprise Corporation Limited – CIPER lo encontró ya registrado por Cartoni, pero dos años antes (1990), en una sociedad que él mismo constituyó en Miami.

No solo Miami fue el destino que escogió Cartoni para asegurar el secreto del flujo de las cuantiosas comisiones de sus proveedores. De allí que no sea extraño que Virgilio Cartoni viaje periódicamente a Panamá, paraíso fiscal en el que CIPER encontró ocho sociedades constituidas por el empresario de armamentos, a través de las cuales canalizaría las comisiones que le pagan las empresas extranjeras que representa.

Estas sociedades fueron creadas entre 2005 y 2014 a través del bufete panameño Arosemena Attorneys & Bussines Consulting Group:

• Inversiones Vafasa S.A. (en cuyo directorio figura el propio Virgilio Cartoni; su esposa, Ana María Castilla Fernández, y sus hijos Stefano y Francesco Cartoni Castilla);
• C & M West Enter Corp.(en su directorio figura Stefano Cartoni Castilla);
• Wine International Corp (W.I.C.) Inc;
• C & M West Enter Corp.(en su directorio figura Stefano Cartoni Castilla);
• Interbrands International Group Inc.;
• Investment World Pacific (I.W.P.) Inc.
• Comercializadora, exportadora e importadora CYM
• C & M World Enterprises Corp. 

Como se ha dicho, el mismo nombre de la última sociedad ya había sido usado por Cartoni para constituir otra empresa, pero en Miami. Y precisamente con ese nombre se presenta CyM en Chile, tal como se aprecia en su página web.

Los directores de C & M World Enterprises Corp. en Miami son Cartoni y su esposa, Ana María Castilla. Y el presidente es el empresario argentino Horacio O Peiro, cuyo principal negocio es el vitivinícola (“Antigal” es la marca del vino que vende), y cuyas oficinas en Miami están ubicadas en la misma dirección donde funciona la empresa de Cartoni: 8356 NY 30 Terrace, Doral, FL 33122 US.  El mismo domicilio registra otra sociedad vinculada a Peiro: Southern Vines Inc.

La misma dirección en Miami exhibe otra de las sociedades que Cartoni constituyó en esa ciudad de Estados Unidos en octubre de 2004: Los Andes Group, LLC. CIPER encontró en Miami otras dos sociedades de Cartoni: la ya mencionada Caleci LLC (en la que participa Marcelo F. Cibié) y TLC Suplier & Trading, Inc.

En los registros oficiales de un importante empresa de armamentos estadounidense, Weapon-Clear, se indica que sus productos son distribuidos a través de CyM y proporciona tres direcciones: la de Miami, y que corresponde al mismo domicilio de Peiro y Cartoni en esa ciudad; otra en Viña del Mar, calle Medio Oriente 831, oficina 704 (Edificio Olympus); y en Santiago, Av. Las Condes 7345.

EMPRESA SIN REGISTROS

El grupo de agentes de ventas reclutado por Virgilio Cartoni son, en su mayoría, ex oficiales de Ejército. De lunes a viernes se dan cita a primera hora de la mañana en las oficinas de avenida Las Condes 7345. Se dividen en áreas relacionadas con su especialidad militar, lo que asegura su contacto directo con oficiales activos de su misma competencia. De esa forma, consiguen información sobre las compras que se están preparando y hacen lobby para que las condiciones de las licitaciones sean favorables para CyM.

Cada agente de ventas tramita la documentación requerida para las licitaciones. Pero en esas oficinas hay muy pocos registros. Casi nada. Hace cuatro años Cartoni impartió instrucciones de eliminar toda la información almacenada en los computadores, por lo que cada agente debe manejar su información en discos duros o flash drive. En la sede de la empresa nunca queda información ni correspondencia.

Los agentes obtienen una remuneración fija de alrededor de un millón de pesos mensuales y una parte de la comisión que cobra CyM cada vez que cierra un negocio y que bordea el 16%. Una compra “pequeña” de US$5 millones, por ejemplo, le puede dejar a CyM una comisión de US$500 mil (unos $337,5 millones) y al agente cerca de US$80 mil (unos $54 millones).

Quienes conocen los métodos instaurados por Cartoni en su empresa, dicen que cuando Cartoni debe pagar una comisión, lo que preferentemente ocurre a principios de mes, deja el fajo de dólares en efectivo sobre los escritorios de los agentes de ventas que lograron cerrar el negocio. Una fórmula para incentivar al resto.

EL ALTO MANDO DE CyM

La plana ejecutiva de CyM se ha nutrido de altos oficiales que salen del Ejército, lo que le asegura vínculos privilegiados con la institución. Un ejemplo de ello es su actual gerente general, el coronel (r) Pedro Pablo Bustos Valderrama, a quien Cartoni reclutó cuando debió dejar el Ejército luego de que El Mostrador revelara su paso por la CNI, en noviembre de 2003. En ese momento Bustos se desempeñaba como agregado militar en la ONU.

Otro de los altos ejecutivos reclutados por Cartoni es el hijo del general Aureliano Tello, quien fuera director de Instrucción del Ejército. Eduardo Tello Jerez también fue oficial y dejó el Ejército para trabajar en CyM, donde se convirtió en jefe de la oficina en Miami. Casado con la hija del general (r) Patricio Varela Saldías (de quien más tarde se separó), sus relaciones con el Ejército las mantuvo al más alto nivel. De hecho, en marzo de 2015 figura como asesor del alto mando del Ejército.

Otro de los reclutados por Cartoni es el coronel (r) Hugo Barría Rogers. Lo fichó después de que en 2002 integrara una comisión evaluadora de la compra de helicópteros que CyM vendía. Según una versión de El Mostrador, Barría Rogers ya trabajaba en CyM cuando la empresa cerró la controversial venta de helicópteros.

El general (r) Hernán Ramírez Hald es otro ex alto oficial empleado por Cartoni: dirigió el Comando de Industrias Militares e Ingeniería y estuvo involucrado como cómplice en el asesinato de Tucapel Jiménez.

LA MARCA DEL COYOTE 

Entre las firmas que componen la cartera de empresas representadas por CyM se cuentan la alemana Krauss Maffei Wegmann (KMW), que comercializa tanques Leopard y transportes blindados Marder; la alemana-suiza RUAG Defence, que vendió al Ejército 24 obuses autopropulsados M109 de segunda mano; la isarelí Rafael Advanced Defense Systems, proveedora de misiles antitanque Spike; la europea Airbus Helicopters, que ha vendido helicópteros a la Brigada de Aviación del Ejército (BAVE); la brasileña CBM, fabricante de municiones, y la belga OIP Sensors Systems, que comercializa visores nocturnos.

Aunque Cartoni ya era dueño de una aventajada posición en las compras del Ejército cuando Fuente-Alba se instaló en 2010 a la cabeza de la institución, ese rol dominante se consolidó bajo su mando. Y ello, a pesar de que en ese mercado se creía que Cartoni pagaría un costo por las graves irregularidades detectadas en una compra de helicópteros en 2009, en que actuó de intermediario, y que significó un desembolso de US$170 millones (vea el reportaje de El Mostrador que reveló las irregularidades).

Nada de eso sucedió. Un ejemplo de cómo se desarrollaron las relaciones comerciales entre el Ejército y CyM bajo el mando de Fuente-Alba, es la licitación para comprar “botas de combate”. El proceso tuvo lugar en octubre de 2012 y CyM se lo adjudicó con una oferta de $594,3 millones por 15 mil pares de botas Coyote para clima templado y frío. Cuando se despachó la orden de compra, se agregó el IVA, por lo que el monto se estiró a $707,3 millones.

Seis meses después, en mayo de 2013, el general Miguel Muñoz Farías, comandante de Apoyo a la Fuerza, suscribió un addendum de contrato, en el que no solo extendió el plazo de recepción del calzado (problemas climáticos habrían afectado su transporte desde Estados Unidos), sino que sin explicitar razones sumó otros 4.500 pares de botas, con lo que el pago a CyM ascendió a $913,7 millones.

En seis meses la compra de botas se incrementó en un 25% y el precio a pagar tuvo un salto de $206 millones.

LOS VISORES NOCTURNOS DE CARTONI

A las botas militares que Cartoni le vendió al Ejército en el periodo de Fuente-Alba, se sumaron blusones para la tenida gris de servicio, compra que se hizo a través de Famae, y la adquisición más polémica: más de tres mil visores nocturnos por un monto de US$16,5 millones. La jefatura de Adquisiciones del Ejército inició la licitación en julio de 2012. Seis meses después, el día que debía adjudicarse, algo pasó.

Lo que ocurrió ese 4 de enero de 2013, lo relató El Mercurio un año más tarde. Nuevamente fue el comandante de Apoyo a la Fuerza, general Miguel Muñoz, quien sacó de su sombrero la carta maestra: invalidó la licitación. Errores administrativos, se dijo. Un nuevo proceso se abrió. Pero el problema no había terminado. En diciembre de 2013, Fuente-Alba recibió el recurso de Theon Sensors, acusando una serie de modificaciones en el proceso que favorecieron a la empresa de Cartoni: OIP Sensors Systems.

La empresa griega Theon Sensors, fabricante de visores nocturnos y proveedor de seis países de la OTAN, pidió también todos los respaldos de las pruebas realizadas en la evaluación invalidada. El resultado fue claro: Theon debió haber resultado ganador. CyM aparecía en cuarto lugar.

El cúmulo de factores que cambiaron en el proceso de la segunda licitación en beneficio de Cartoni –entre ellos, la disminución del puntaje que se le asignó al monto de la oferta, ítem en que CyM ofertó un precio mayor– escaló. Y llegó al ministro de Defensa de la época, Rodrigo Hinzpeter. Pero el proceso siguió adelante con una fecha de adjudicación máxima: 30 de mayo de 2014. Es decir, con un nuevo gobierno.

El reclamo de Theon Sensors, al que se sumó otra empresa que participó en la licitación, llegó a la Contraloría. Otra de las principales acusaciones en contra de Cartoni fue que éste había violado los protocolos al reunirse con uno de los evaluadores durante el proceso: el coronel Alex Gluzman, muy conocido de Cartoni.

La reunión efectivamente se hizo. Pero la defensa de Cartoni, asumida por Clara Szczaranski, ex presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y actual consejera del organismo, fue que Cartoni no había hablado en ningún momento de la licitación de los visores, ya que esa compra estaba siendo manejada directamente por la empresa belga OIP Sensors Systems, aun cuando él la representa en Chile. Y que en esa reunión con Gluzman, él solo acompañó a una “visita protocolar” de presentación a Mohamed Chaara, representante de la empresaPhotonis Netherlands R.V., que casualmente fabrica el dispositivo principal de los visores nocturnos de OIP Sensors Systems.

Aunque parezca sorprendente, Cartoni salió ileso también del fallo de la Contraloría (ver dictamen). Y en mayo de 2015, el contrato por US$16,5 millones por los visores nocturnos fue adjudicado a la empresa OIP Sensors, representada por Cartoni. El monto de su comisión se desconoce.

Muchas de las compras que favorecen a Cartoni se fraguan en la Jefatura de Adquisiciones del Ejército (JAE), la que a su vez depende de la Comandancia de Apoyo a la Fuerza (CAF). Es allí donde se diseñan las licitaciones y se hacen los contratos. Su director fue por años el coronel Luis Reyes Álvarez, ahora en retiro, quien estuvo envuelto en la investigación por el pago de compras inexistentes en la Brigada de Aviación del Ejército (BAVE), lo que involucró el desembolso irregular de unos US$3 millones. En 2013, durante la comandancia en jefe de Fuente-Alba, el coronel Reyes fue designado subdirector de Famae.

Entre las últimas operaciones comerciales entre Cartoni y el Ejército que han sido cuestionadas figura la refacción de helicópteros Puma en Rumania por US$20 millones, en circunstancias que varios especialistas estiman que era más conveniente adquirir nuevas unidades.

CyM también ha operado en el rubro de la venta de insumos médicos, nicho al que ingresó bajo el nombre de Insumed para proveer al nuevo Hospital Militar. Luego de ser vendida por Cartoni a dos oficiales de Ejército, la recuperó en 2001. Ese mismo año la Contraloría denunció que se le pagaban sobreprecios por los artículos que despachaba a ese centro asistencial.

LA GRABACIÓN DE MONTERO Y SANDIC

La investigación de la Corte Marcial a Fuente-Alba es una ramificación del fraude conocido como “Milicogate”, investigado por el periodista Mauricio Weibel y publicado por The Clinic. Miles de millones de pesos provenientes de los fondos reservados del cobre para la compra de pertrechos militares se pagaron contra facturas falsas o adulteradas por servicios que jamás se prestaron. Por ese ilícito un coronel y cuatro suboficiales están presos.

El coronel detenido es Clovis Montero. El reportaje de Informe Especial difundido el 1 de mayo divulgó la grabación de un diálogo entre Montero y el entonces general y jefe de Finanzas del Ejército, Jozo Santic. En esa conversación, el coronel Montero destapó el golpe más duro que ha recibido el general (r) Juan Miguel Fuente-Alba: le informó a Santic que el gerente comercial de la automotora Klassic Car, Tomás Tupper, tenía documentos que demostraban que Fuente-Alba había sido parte de un esquema fraudulento de compra y venta de vehículos de lujo.

En siete ocasiones, dijo Montero, el general Fuente-Alba había adquirido autos Audi a precio de costo y los había devuelto con poco kilometraje, coludido con personal de la automotora, para que fuesen revendidos a precio comercial. Fuente-Alba, según señaló Montero, se quedaba con la diferencia.

La investigación de Informe Especial detectó que desde 2005 en adelante, incluyendo su periodo como comandante en jefe, Fuente-Alba compró y vendió, a veces con escasos meses de diferencia, numerosos vehículos de lujo: un Audi A4, un Audi A6, dos Audi Q7, dos Audi RS6 Turbo (uno de ellos fue el que después compró Virgilio Cartoni), en 2014 adquirió un Mercedes Benz que vendió a los tres meses y luego adquirió otro vehículo de la misma marca que vendió a los ocho meses. Actualmente, tiene un Mercedes Benz 2016 y una Grand Cherokee 2015.

La mayor parte de las compraventas de vehículos que hizo Fuente-Alba se realizaron en la automotora Klassic Car, la misma que fue beneficiada por el Ejército con una adquisición por trato directo cuando el general (r) ejercía la jefatura institucional. En 2013, el Ejército compró a Klassic Car, sin licitación, una station wagon Volkswagen Touareg 3.0 año 2014 por $29,9 millones (vea la orden de compra). En 2012, el Ejército ya había adquirido otro Volkswagen Touareg, pero mediante una licitación, a la que solo se presentó la oferta de Klassic Car, la que se adjudicó la venta en $30,6 millones.

El pasado 26 de mayo se produjo una nueva réplica por las revelaciones de Informe Especial. La Mutualidad del Ejército y la Aviación informó que se decidió remover de la gerencia de finanzas de la institución al general Jozo Santic.

La Fiscalía ha puesto la lupa en estas compraventas de automóviles y en los bienes raíces que adquirió el ex comandante en jefe. La investigación de Informe Especial reveló que, en 2013, cuando aún ejercía el mando del Ejército, compró un  departamento en avenida Kennedy por $125 millones y su esposa adquirió otro en el mismo edificio por $123 millones. En 2014 compró un bien raíz en Las Brisas de Chicureo por $480 millones y en 2015 un departamento en Cerro Colorado (Las Condes) por $150 millones. En apenas tres años, el general (r) hizo inversiones inmobiliarias que suman $878 millones. Una cifra muy distante de los $4 millones que ganó mensualmente en el pináculo de su carrera militar.

Pedro Pablo Bustos Valderrama forma parte del directorio desde el 30 de abril de 2021, ejerciendo como presidente en la actualidad. Fue miembro de la policía política de Pinochet, agregado militar de la ONU durante el gobierno de Ricardo Lagos y gerente general de una empresa de armas involucrada en el Milicogate.

El pasado 30 de abril de 2021, la junta ordinaria de accionistas de Nitratos de Chile S.A., empresa que forma parte de las cascadas que compone la propiedad de la Sociedad Química y Minera de Chile, o Soquimich (SQM), eligió a su directorio para el 2021. Entre los directores figura Pedro Pablo Bustos Valderrama; quien fuera miembro de la Central Nacional de Informaciones (CNI), la policía política montada por la dictadura de Augusto Pinochet para perseguir y asesinar a opositores del régimen entre 1977 y 1990.

Bustos, según información pública disponible en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), ejerce actualmente como presidente del directorio de la compañía minera, siendo su nombre uno que ya ha causado revuelo anteriormente en prensa. Tanto su rol en la CNI como su participación en empresas ligadas al denominado Milicogate –nombre con que se conoce el millonario fraude al interior del Ejército, que se contabiliza en $6.000 millones– han sido cubiertos por medios nacionales.

Según el reportaje, el militar integró la Brigada Azul de la CNI y dirigió en parte un operativo donde se le dio muerte a los militantes del MIR Alejandro Salgado Troquian y Jugo Ratier Noguera.

El año 2003, mientras se desempeñaba como agregado militar de Chile en la Organización de Naciones Unidas (ONU), El Mostrador reveló la participación de Bustos Valderrama en el órgano represivo. Según el reportaje, el militar integró la Brigada Azul de la CNI y dirigió en parte un operativo donde se le dio muerte a los militantes del MIR Alejandro Salgado Troquian y Hugo Ratier Noguera. (Revise acá el artículo).

“Hasta ahora su participación en estos hechos no ha sido aclarada, pues los antecedentes no se encuentran todavía a disposición de la justicia”, complementa El Mostrador en el reportaje.

Además, la nota agrega desde aquella redacción que Pedro Pablo Bustos tendría cercanía con Miguel Krassnoff Marchenko, criminal de lesa humanidad que cumple condena de más de 800 años por sus acciones durante la dictadura. Según el artículo, Bustos compartió estadía con Krassnoff en Brasil durante un curso de inteligencia.

El ex CNI fue, también, comandante de la Unidad de Seguridad Presidencial según su hoja de calificaciones para el periodo entre el 1° de julio de 1987 y el 30 de junio de 1988; sirviendo entonces directamente al dictador Augusto Pinochet, quien usurpó el rango presidencial. (Revíse acá la hoja de calificaciones). 

Bustos fue también evaluado el año 1999 por Juan Emilio Cheyre, quien en su calidad de ex comandante en jefe del Ejército impulsó la llamada Doctrina Cheyre, donde ningún oficial vinculado violaciones a los derechos humanos siguieran en sus funciones. 

Bustos, según documentación obtenida por INTERFERENCIA, fue también evaluado el año 1999 por Juan Emilio Cheyre, quien en su calidad de ex comandante en jefe del Ejército impulsó la llamada Doctrina Cheyre, donde ningún oficial vinculado violaciones a los derechos humanos siguieran en sus funciones. 

Salto al 2016, 13 años después de aquel reportaje, y Bustos Valderrama volvió a ser mencionado por la prensa nacional. En el artículo Los nexos entre Fuente-Alba y el comerciante de armas predilecto del Ejército de Ciper, el ex CNI es apuntado como el gerente general de la empresa CyM, de propiedad del ex militar Virgilio Cartoni. (Revíselo acá). 

Las empresas de Cartoni eran, por aquella época, receptoras de un 25% de los contratos de armas celebrados con el Ejército anualmente, según el reportaje, siendo Bustos el hombre fuerte de la principal sociedad dentro del esquema. Los constantes y abultados negocios entre Virgilio Cartoni y la gestión del general Fuente-Alba serían objeto de una querella interpuesta por otro proveedor del Ejército, pasando luego a formar parte de la investigación del Milicogate.

El reportaje de Ciper continúa explicando uno de los “privilegios” que han ayudado al negocio de Cartoni –y, por extensión, de su entonces gerente general– con el Ejército. “Su única hermana, Magali Cartoni Maldonado, está casada desde 1985 con Eugenio Ponce Lerou, actual presidente de Soquimich y hermano del ex yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou”, explican.

Hoy, a seis años de aquel reportaje, Pedro Pablo Bustos Valderrama preside el directorio de una de las empresas que componen la cascada societaria de Soquimich, de propiedad –entre otros– de Julio Ponce Lerou.

Cabe recordar que la minera estuvo involucrada en el escándalo de financiamiento ilegal de la política denominado Caso SQM, donde mediante boletas falsas por servicios nunca prestados la empresa entregó más de US$ 14 millones a campañas de políticos como Sebastián Piñera, Eduardo Frei o Fulvio Rossi, entre otros candidatos al Ejecutivo y Legislativo; cruzando todo el espectro político tradicional chileno.

En representación de la AFP acudió Ivonne Desormeaux Pérez; desde BTG Pactual –administradora de fondos a cargo de parte del patrimonio del mandatario Sebastián Piñera– acudió Cristián Ramírez Zapata; por Norte Grande S.A. – otra de las sociedades “cascada” que conforma a SQM– actuó Catalina Silva Vial, la “ejecutiva que se hizo cargo de las cascadas de SQM”

La llegada a Nitratos de Chile

El 30 de abril de 2021 tuvo lugar, en la comuna de Las Condes, la Octava Junta Ordinaria de Accionistas de Nitratos de Chile S.A. En aquella oportunidad acudieron representantes para el 90,3% de las acciones de la sociedad anónima, compuesta por AFP Cuprum, BTG Pactual, Larraín Vial S.A. y Norte Grande S.A., sociedad cascada de SQM y dueña del 76% de Nitratos Chile (Revise el acta acá).

En representación de la AFP acudió Ivonne Desormeaux Pérez; desde BTG Pactual –administradora de fondos a cargo de parte del patrimonio del mandatario Sebastián Piñera– acudió Cristián Ramírez Zapata; por Norte Grande S.A. – otra de las sociedades “cascada” que conforma a SQM– actuó Catalina Silva Vial, la “ejecutiva que se hizo cargo de las cascadas de SQM” según La Tercera; y, por último, desde la corredora de bolsa Larraín Vial participó Pedro Osorio Aguilar.

La Junta determinó que los directores para 2021 serían Rafael Guilisasti Gana, presidente de parte de las sociedades cascada de SQM y ex presidente de la CPC entre 2008 y 2010; Patricio Contesse Fica, ex director de cascadas de Soquimich e hijo de Patricio Contesse González, quien fuera gerente general de SQM por 25 años y uno de los protagonistas del escándalo del financiamiento de la política; Patricio Phillips Sáenz, también director de Potasios de Chile, otra de las cascadas de la empresa; Andrés Nieme Balanda, también en Potasios de Chile; Cristián Leay Morán, ex diputado UDI entre 1990-2006; y Ricardo Moreno Moreno, ex gerente general de cascadas de Soquimich. Estos además del propio Bustos Valderrama, quien completa el directorio de siete integrantes. 

En el caso de Bustos, como presidente del directorio, le corresponde una remuneración mensual fija de $2 millones 300 mil, la cual se duplica por cada sesión ordinaria mensual a la que asista bajo su actual cargo.

En aquella Junta Ordinaria de accionistas también se determinó la remuneración del directorio: 40 UF mensuales para directores, 60 para el vicepresidente y 75 para el presidente. Dependiendo del cargo, cada uno de los directores recibirá 40, 60 o 75 UF extra por cada sesión ordinaria mensual a la que asista. En el caso de Bustos, como presidente del directorio, le corresponde una remuneración mensual fija de $2 millones 300 mil, la cual se duplica por cada sesión ordinaria mensual a la que asista bajo su actual cargo