Burgos San Juan Luis Alfonso

Señor
Sergio Bravo
Rector Universidad de La Frontera
Temuco

Sr. Rector:

Nos dirigimos a usted en nuestra condición de organismos de derechos humanos de Temuco, a fin de expresarle, responsablemente, una situación que reviste extrema gravedad y en la cual, pensamos, esa Universidad tiene que asumir un rol determinante, clarificándola y adoptando medidas que estén en plena concordancia con la gravedad que ella tiene y entregar así a la sociedad en general y no sólo al mundo de los derechos humanos, una señal muy clara e inequívoca respecto de la materia en cuestión y que luego le reseñaremos.

Sin ser nuestro propósito detenernos y extendernos acerca del rol que las Universidades, en toda época y en todo lugar, han jugado y juegan en el desarrollo de las sociedades, en tanto centros de saber, del conocimiento y del desarrollo de un espíritu profundamente humanista y tolerante en su seno, queremos señalarle que nos asiste la convicción de que usted y nosotros tenemos una valoración similar en cuanto a este rol de las Universidades.

A través de un relato muy responsable y objetivo de los hechos que nos preocupan, queremos que se informe de ellos, los pondere y valore en mérito de la gravedad que tienen y adopte las medidas que correspondan, en tanto uno de los involucrados forma parte del cuerpo académico de esa Casa de Estudios Superiores.

El jueves 21 de la semana recién pasada, la Corte de Apelaciones de Temuco, por resolución de una de sus Salas acordó mantener detenido en el Regimiento Tucapel a tres ex integrantes de la Central nacional de Informaciones (C.N.I.) y otorgó la libertad bajo fianza al doctor Luis Burgos. Todos ellos acusados del delito de torturas; los tres primeros procesados como autores de dicho delito y este último, como cómplice.

Esta resolución de la Corte de Apelaciones se adoptó teniendo a la vista el proceso Rol 113075 que sustancia el Ministro en Visita, Sr. Fernando Carreño, quien producto de la investigación que lleva a cabo a partir de la querella presentada por varios afectados el 15 de octubre de 2003, ha determinado la responsabilidad que los cuatro inculpados tienen en la comisión del delito de torturas en las personas de presos políticos.

Nuestro propósito al entregarle estos antecedentes, es situarnos y detenernos en el caso del Dr. Luis Burgos y explorar la repudiable conducta en que ha incurrido. De los antecedentes que fluyen del proceso que se lleva a cabo, surge clara e inequívoca la participación directa de él en las torturas aplicadas contra un grupo de personas que habían sido detenidas por la C.N.I. y que permanecieron en un recinto secreto de este organismo represivo, en enero de 1986.

La tortura y en ellos no tenemos dudas que coincidiremos plenamente con usted, Sr. Rector, es una práctica inaceptable y repudiable en tanto es considerada crimen contra la humanidad y debe ser, por tanto, enfrentada, denunciada y combatida con particular fuerza y vehemencia por cada integrante de la sociedad y por cada estamento de ella; única forma de erradicarla y de preservar el cuerpo social de que anide en él. Y nos parece que es aún más inaceptable y más condenable su práctica, cuando ella es llevada a cabo por médicos, lo cual lamentablemente ocurrió en nuestro país en ese periodo de la historia reciente que tan profundamente nos marcó, nos dañó y nos dividió.

Este es el caso del Dr. Luis Burgos, profesional formado y preparado por una Universidad chilena para cuidar y preservar la vida humana, para velar por la salud de sus semejantes, pero él, violando irreversiblemente el juramento hipocrático, destruyendo en sus cimientos mismos preceptos éticos y morales y trastocando toda escala valórica, en tanto médico de la Central Nacional de Informaciones, ejerció impunemente la práctica de la tortura.

No creemos equivocarnos si sostenemos que la situación del Dr. Burgos incluso tiene características de mayor gravedad y resulta más repudiable que la de los otros tres procesados. Ello, porque él, como médico dirigía el accionar de los torturadores, indicándoles hasta cuándo aplicar el tormento, dónde centrar la tortura, cuándo detenerla. Él, con sus conocimientos del organismo humanos, graduaba y dosificaba la aplicación de los tormentos. Él era, en los hechos, el dominador de la situación que se vivía y responsable superior de lo que allí ocurría. Él, como médico, puso a disposición de la tortura, sus conocimientos de medicina. Él, a partir de ese momento y para siempre, optó por la muerte, por el sufrimiento hacia el otro, por el dolor, por denigrar y hacer escarnio de la persona humana. Renunció así, a partir de entonces, a la defensa de la vida del ser humano; abdicó a su deber de preservar siempre la salud de éste y renegó de la dignidad que le es inherente, en tanto persona dotada de derechos que le son propios por su condición de tal.

Señor Rector, estos son los hechos en que está involucrado el Dr. Luis Burgos y si los ponemos en su conocimiento es porque con preocupación y alarma nos hemos impuesto que ejerce como académico en la facultad de medicina de la Universidad de la Frontera.

Como conclusión de todo esto surge incontenible y se instala en el consciente colectivo la interrogante, ¿Cómo es posible que haya ejercido y continúe ejerciendo como académico en la Universidad?, ¿Cómo es posible que quien ha demostrado de manera indesmentible el desprecio más absoluto por valores éticos y morales intransables, tenga aún hoy responsabilidad en la formación de futuros médicos?

La sociedad toda, Sr. Rector, espera respuestas a estas interrogantes y está depositada en usted y todas las autoridades académicas de ese plantel de enseñanza superior, la tremenda responsabilidad de entregarle señales claras, potentes y aleccionadoras, que demuestren que no están dispuestos a dar cabida en sus aulas a quienes han violado gravemente los derechos humanos, como es el caso de Luis Burgos.

Le saludan atentamente,

CARLOS OLIVA TRONCOSO Presidente Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos.

ENRIQUE PÉREZ RUBILAR, Presidente Agrupación ex Presos Políticos Detenidos

JUAN AYENAO CATRENA, Comisión Ética Contra la Tortura

VÍCTOR MATURANA BURGOS, Coordinador Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos CINPRODH.

Los militares imputados de cometer apremios ilegítimos en contra de un grupo de estudiantes de la Universidad de la Frontera, fueron condenados por el Ministro que investiga violación a los derechos humanos. Los 4 militares en situación de retiro integraban en Cautín un comando de la temida Central Nacional de Informaciones (CNI).

Se trata de los ex oficiales, Jorge Palacios Mery y Pedro Guzmán Olivares, además de los suboficiales Erasmo Segundo Bravo y Benito Rapimán Saavedra, quienes fueron acusados del delito de apremios ilegítimos en contra de una decena de estudiantes de la Universidad de la Frontera ocurridos el año 1986 en la sede de la CNI en Temuco.

Consultado por la radio, el ministro Álvaro Mesa que sucedió las causas investigadas por el ministro Fernando Carreño, precisó que son condenas ratificadas y plenamente ejecutoriadas.

Todos los uniformados en retiro fueron procesados por torturas en un hecho que afectó a 13 jóvenes de izquierda, detenidos en enero de 1986 en la comuna de Lautaro y posteriormente trasladados hasta la sede de la CNI, ubicada en calle Miraflores de Temuco, donde fueron sometidos a episodios de violencia física y psíquica.

En este mismo caso y en su condición de cómplice se procesó al doctor Luis Burgos San Juan y por razones humanitarias la Corte de Apelaciones de Temuco dejó en su oportunidad en libertad al ex funcionario de ejército Isaías Rubilar, quien finalmente falleció de un cáncer.