Bravo Muñoz Hector Hernan

A 27 años del homicidio del dirigente socialista Jecar Nehgme Cornejo, padre del vocero del MIR, Jecar Nehgme Cristi, asesinado en 1989, se presentó una querella ante el juez Juan Guzmán Tapia, patrocinada por el abogado Nelson Caucoto, en contra de Augusto Pinochet Ugarte, Pablo Iturriaga Marchesse y los que resulten responsables por los delitos de detención ilegal, torturas y secuestro con resultado de homicidio.

El alevoso crimen de Nehgme Cornejo fue una de las secuelas del paso por el sur del comandante en jefe del ejército y presidente de la junta militar, Augusto Pinochet, y su propia Caravana de la Muerte, a poco más de un mes del golpe de Estado.

"En la zona de Los Lagos quedan extremistas, por eso he venido para apreciar si hay necesidad de reforzar los efectivos u ordenar otro operativo para exterminarlos", declaró Pinochet el viernes 26 de octubre de 1973, en Temuco. Explicaba así el carácter de su visita a la región, a pesar que sus hombres ya habían asesinado y encarcelado a gran parte de los opositores al golpe.

Incluso, en los primeros días de octubre, Sergio Arellano Stark había dejado su estela de muerte en la zona. La expectación periodística se mantenía viva en Temuco desde la tarde del día anterior, cuando tres helicópteros sobrevolaron la ciudad y se supo que escoltaban a Pinochet.

Esa mañana, la caravana había descendido en Concepción para informarse de la situación de la provincia y durante la tarde sobrevoló la actual capital de la IX Región cuando se dirigía a Valdivia. Eran las 18.10 horas cuando el helicóptero de Pinochet aterrizó en el Regimiento Cazadores. Lo esperaban el comandante de la División de Caballería y jefe de la zona en estado de sitio, general Héctor Bravo Muñoz, y los comandantes Santiago Sinclair, Gerónimo Pantoja y Patricio Bravo Peralta, de las unidades Cazadores, Maturana y Membrillar.

Después que el general Bravo Muñoz detallara la "normalidad y tranquilidad" que se vivía en la zona, Pinochet advirtió públicamente: "Si los extremistas no se entregan tendrán que morir en combate. Si se entregan serán sometidos a procesos de guerra". En seguida, se dirigió, junto al general Bravo, a la comandancia de la división para reunirse con oficiales y miembros del estado mayor e informarse de la situación en la zona.

La comitiva pasó la noche en Valdivia. A pocos kilómetros de allí, en Temuco, un grupo de militares entraba, cerca de la 1.30 de la madrugada del 26 de octubre de 1973, en el hogar de Jecar Nehgme Cornejo. "Preguntaron por Juan Vera. Al ver que no vivía allí, se fueron. Al minuto, se devolvieron y preguntaron por Jecar. ?Señora, tiene que ir detenido?, me dijeron", relató Manuela Cristi, su esposa. De inmediato, se lo llevaron en una patrulla, igual que a su amigo Gastón Elgueta Elgueta, militante del Partido Socialista y dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (FENATS).

Eran las 6 de la mañana cuando Manuela fue al Regimiento Nº 8 Tucapel, a cargo del teniente coronel Pablo Iturriaga Marchesse. Insistió en saber de su esposo, pero no hubo respuesta. "Si quiere llevarse el cadáver, cállese, y recuerde que usted tiene hijos", le dijo un militar. Sus tres hijos estaban en la escuela y los fueron a buscar para avisarles que su padre había muerto. Sin saber cómo, llegaron a la morgue. "No había nadie, mi madre no estaba. Llegó pronto y, al parecer, caminó sola desde el regimiento hasta la morgue", recuerda su hija Fahra, que entonces tenía 9 años. Las amenazas rondaban a la familia Nehgme Cristi, por lo que resolvieron irse de Temuco. Sacaron el ataúd, tomaron algunas cosas y en un viejo vehículo emprendieron, junto a su padre y compañero, un largo y penoso viaje a Santiago.

En el aeropuerto temuquense, el general Pinochet y su comitiva bajaron del helicóptero Nº 256 cuando el reloj marcaba las 11.27 hrs. Lo recibieron los miembros de la junta militar de la provincia: el coronel intendente, Hernán Ramírez; el comandante del Regimiento Tucapel, Pablo Iturriaga; el comandante del Grupo Nº3 de Helicópteros, Andrés Pacheco, y el prefecto de Carabineros, Gregorio San Martín.

Ante el interés de los periodistas, Pinochet explicó: "Vengo más bien como comandante en jefe del ejército. Estamos actuando en una operación en toda la zona y he venido a imponerme personalmente de todas las actividades que se desarrollan". Desde el punto de vista del comandante en jefe, la "normalidad de la zona" no estaba asegurada, aún existían focos de resistencia. Los "extremistas" a los que se refería Pinochet eran mapuches, miembros de partidos de Izquierda, dirigentes sociales y personas que, aunque no tenían ninguna de esas características, también fueron asesinadas brutalmente.

PATRULLA DE BOINAS NEGRAS

Jecar Nehgme Cornejo y Gastón Elgueta Elgueta no fueron las únicas víctimas de la visita de Pinochet al sur. El 25 de octubre de 1973, en Pitrufquén, fueron detenidos en similares circunstancias Luis Anselmo Fernández Barrera y Celso Avendaño Alarcón. A sus familiares se les informó que los habrían trasladado a la cárcel de Temuco, pero nunca aparecieron.

Dos días después en Toltén, el Bando Nº 87 de la Intendencia Militar de Cautín comunicó que en la tenencia de Carabineros "se procedía a interrogar al activista Guillermo Hernández Elgueta, ex subdelegado de Cunco, quien (…) aprovechando que la puerta del recinto estaba abierta, sorpresivamente se dio a la fuga, no obedeciendo la orden de detención, ante lo cual el personal hizo uso de sus armas de fuego, siendo dado de baja".

El 16 de octubre de 1973 fue detenido en Victoria el militante del Partido Socialista, Eliseo Segundo Jara Ríos, y llevado a la cárcel. El 27 de octubre lo sacaron en muy malas condiciones. Ese mismo día, Pedro Muñoz Apablaza fue detenido en esa ciudad por una patrulla de boinas negras del ejército que llegó en helicópteros, en misión especial. Los comandos ejecutaron a los dos detenidos en el fundo "California", camino a Curacautín.

En Puerto Saavedra, Francisco Segundo Curamil Castillo, Mauricio Huenucoi Antil y Bernardo Nahuelcoi Chihuaicura fueron detenidos la noche que llegó a esa localidad un contingente de militares proveniente de Temuco. Sus cuerpos sin vida fueron abandonados y encontrados por sus familiares con numerosos impactos de bala.

En suma, hubo diez víctimas durante la visita de Pinochet a la zona: ocho ejecutados y dos detenidos desaparecidos. Estos asesinatos, la visita del dictador a las sedes de la III y IV divisiones de ejército (Concepción y Valdivia), en calidad de comandante en jefe del ejército, y los relatos consignados en el Informe Rettig sobre una patrulla de militares en misión especial, confirma la "operación" a la que se refirió Pinochet en sus declaraciones. El viajó a la zona para ordenar personalmente los secuestros y ejecuciones de sus opositores. Y quienes estaban a cargo de las unidades militares (ver recuadro), que eran sus subordinados, no estuvieron ajenos a estos hechos. En el caso de Elgueta y Nehgme, fue el propio comandante Iturriaga Marchesse quien firmó el bando que comunicó su muerte, por lo que no pudo desconocer las circunstancias en que ocurrieron estos hechos.

"SABIA QUE LO PODIAN MATAR"

Hacía seis años que la familia Nehgme vivía en Temuco. Siendo estudiante de la Escuela Normal de Preceptores, Jecar Nehgme Cornejo ingresó a las Juventudes Socialistas. En 1960, a los 18 años, se casó con Manuela Cristi, de 16. De ese matrimonio nacieron Jecar, Milagros y Fahra.

Como profesor, Nehgme se especializó en sanidad y trabajó en el Servicio Nacional de Salud, que lo trasladó a Temuco en 1967. Allí se desempeñó como jefe del Departamento de Educación de la Salud y profesor del Centro de Adiestramiento de la Dirección del SNS. Poco después se integró a la Universidad de Chile como profesor y jefe de la carrera Técnica de Saneamiento.

Su compromiso social y político se expresó no sólo en una activa militancia, sino también en distintas organizaciones, desde centros de rehabilitación de alcohólicos y comunidades mapuches hasta la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (FENATS). "Desde que salió Allende, la familia se dedicó al trabajo de la Unidad Popular. Los niños se integraban en los trabajos voluntarios. Nuestra vida fue muy linda y todos participábamos", señaló Manuela.

Dos días después del golpe, Jecar Nehgme fue llamado a través de un bando militar y se le comunicó que no podía salir de Temuco. Días después fue obligado a firmar la renuncia a su trabajo.

"Sabía que lo podían matar. A mí incluso me preparó, me dijo que iba a conocer el fascismo, que sería peor que en la España de Franco", recordó su hijo Jecar una década después, en la revista "Análisis". El 28 de octubre de 1973, Manuela y sus hijos ya se encontraban en Santiago. Ese día, "El Diario Austral" de Temuco publicó el Bando Nº12 de la Comandancia de la Guarnición, que entregó la versión oficial de las muertes de Jecar Nehgme y Gastón Elgueta: "Por orden de la Fiscalía Militar, fueron arrestados el 25 (de octubre, a las 22.30 (horas), los ciudadanos Jecar Nehgme Cornejo y Gastón Elgueta, comprobados terroristas. Durante el traslado del lugar de detención al Regimiento de Infantería de Montaña Nº 8 Tucapel, trataron de agredir a la patrulla y apoderarse del arma del centinela por lo que fueron dados de baja. Firma Pablo Iturriaga Marchesse. Coronel Comandante Guarnición Militar de Temuco". Nuevamente, la conmoción irrumpió en la familia. ¿Por qué cambiaban la fecha de detención y muerte? Manuela Cristi debió esperar mucho tiempo para declarar la verdadera versión del asesinato de su esposo, lo que finalmente hizo ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Hoy, si bien hay más esperanzas en lograr justicia, el abogado Nelson Caucoto afirma que ello dependerá de los recursos para investigar con que cuente el juez Guzmán. "El trabaja en precarias condiciones -comenta-. Para investigar todas las causas que lleva debiera tener, a lo menos, 200 detectives, pero cuenta con 15, como máximo".

Sin embargo, se espera que la causa de Nehgme Cornejo avance rápido por la contundencia de los antecedentes que contiene. Para Nelson Caucoto, el hecho que el dictador estuviera en la zona no es menor. "Pinochet declaró abiertamente que estaba allí como comandante en jefe y para exterminar a los opositores. Como comandante en jefe, asume el mando de la zona y de sus tropas. Y resulta que son sus tropas quienes exterminan a opositores. Además, promete procesos a quienes se entreguen, y no cumple. Tal vez hoy quisiera desmentir estas declaraciones por la virulencia que provocan".

LA LUCHA CONTINUA

"Dicho con mucha honestidad, desde niño he creído que estos golpes son para destruirnos. Uno debe tener la capacidad de seguir viviendo, demostrar así que no hay forma de que nos hagan cambiar de rumbo", señaló Jecar Nehgme Cristi años después, recordando la muerte de su padre. Y así lo hizo.

En 1979, Jecar comenzó a estudiar Historia en el Pedagógico, donde conoció a su compañera, Agueda Sáez, e ingresó al MIR. Junto a muchos otros estudiantes, impulsó la creación de la Unión Nacional de Estudiantes Democráticos (UNED), de la que fue dirigente.

Eran los tiempos en que comenzaban las protestas populares masivas para derrocar a la dictadura. "El Turco", como decían a Jecar, fue detenido por primera vez el 25 de agosto de 1982 y torturado por la CNI. Sin embargo, su trabajo no se detuvo. En 1984, participaba activamente en el Movimiento Democrático Popular (MDP). En esa agrupación fue detenido junto a otras personas y relegado a Puerto Cisnes. Después participó en la Izquierda Unida (IU), donde ejerció el cargo de vicepresidente. El 4 de septiembre de 1989, cuando el país se preparaba para las primeras elecciones presidenciales, Jecar Nehgme Cristi fue asesinado. Había salido cerca de las 21.20 horas de su partido en Moneda 2423, para encontrarse con Agueda Sáez, madre de su hijo Jecar.

Frente al número 14 de la calle Bulnes, "desconocidos" lo acribillaron con doce balazos. Tenía sólo 28 años.

La noticia conmocionó a la opinión pública que condenó a la CNI. El caso, en manos del ministro en visita Alfredo Pfeiffer, sigue pendiente. El 30 de mayo de este año, Milagros y Fahra Nehgme, junto a Agueda Sáez, solicitaron que este juez se inhabilite. Manuela Cristi murió a principios de 1996, a los 51 años, después de dedicar la vida a sus hijos. A pesar del dolor de no ver aclarados los crímenes de su esposo y de su hijo, murió con la convicción de que, si volviera atrás, no habría cambiado nada: "Buscaría a mi mismo compañero y criaría a mis hijos exactamente igual, como hombres y mujeres honestos y luchadores. Si pudiera cambiar, sería un poco más política para evitar estos crímenes", dijo

Autoridades militares de la IV División de ejército, con sede en Valdivia, en1973:

(Jurisdicción en las provincias de Malleco a Llanquihue)

Comandancia de la División: general Héctor Bravo Muñoz

Jefe del Estado Mayor: coronel Carlos Paulsen Baeza

Unidades Operativas:

Regto. de Inf. de Montaña Nº 8 "Tucapel", Temuco. Comandante: teniente coronel Pablo Iturriaga Marchesse. 2º comandante: mayor Luis Jofré Soto

Regto. Inf. Nº12 "Sangra", Puerto Montt. Comandante: coronel Rubén Rojas Román

Regto. de Inf. Nº10 "La Concepción", Lautaro. Comandante: coronel Hernán Ramírez Ramírez

Regto. de Caballería Nº2 "Cazadores", Valdivia. Comandante: teniente coronel Santiago Sinclair Oyaneder. 2º Comandante: mayor José Feliú Madinagiotía

Regto. de Caballería Nº3 "Húsares", Angol. Comandante: teniente coronel Alejandro Morel Donoso. 2º Comandante: mayor Patricio O?Ryan Munita

Regto. de Artillería Nº4 "Miraflores", Traiguén. Comandante: coronel Elio Bacigalupo Sorucco

Regto. Art. Mot. "Maturana", Valdivia. Comandante: coronel Héctor González

Regto. de Telecomunicaciones Nº4 "Membrillar", Valdivia. Comandante: teniente coronel Patricio Bravo Pantoja

Regto. Ing. Mot. Nº4 "Arauco", Osorno. Comandante: teniente coronel Lizardo Abarca Maggi. 2º comandante: mayor Antonio Ramírez Parga

Batallón Logístico Nº4, Victoria.Comandante: teniente coronel Luis René Vega Fonsec

Primeralinea

Lunes 18 de Noviembre 2002

Juez especial condenan a dos generales (R) por caso de DD.DD.

El titular del Juzgado de Letras de San José de la Mariquina, Jaime Salas, dictó una pena de tres años y un día de presidio contra los generales (r) del Ejército, Héctor Bravo Muñoz y Gerónimo Pantoja por la desaparición de Pedro Espinoza Barrientos, militante del Partido Comunista y Presidente del Sindicato Agrícola «Venceremos» de la localidad de Los Lagos, fue detenido el 18 de octubre de 1973, alrededor de las 19:00 horas, en el asentamiento Junco, Antilhue, por militares que realizaron un operativo en el lugar.

El general (r ) Bravo Muñoz era jefe de la IV División de Ejército

Pantoja era comandante del Regimiento "Maturana" de La Unión en septiembre de 1973, se desempeñó como subdirector de la DINA, y además llegó a ser director de la disuelta CNI. Antecedentes de otros procesos judiciales como los casos Letelier, Leighton y Prats, señalan que Pantoja habría pertenecido a la cúpula de la dirección exterior de la DINA

La Nación

19 de Marzo 2003

Cuatro altos oficiales (R) procesados por matanzas de Chihuío y Liquiñe

En dos resoluciones en las que procesó a cuatro altos oficiales retirados del Ejército y a un civil, el ministro en visita con dedicación exclusiva para causas de derechos humanos Alejandro Solís dio cuenta de los episodios de Chihuío y Liquiñe en la precordillera de la Décima Región, dos de los más masivos en cuanto a número de víctimas de la represión durante la dictadura.

En Chihuío, unos 190 kilómetros al sureste de Valdivia, cerca de la frontera con Argentina, el 9 de octubre de 1973 fueron asesinados 17 campesinos por personal de los regimientos Cazadores y Maturana de Valdivia, cuyos comandantes eran los coroneles Santiago Sinclair (ex vicecomandante en jefe del Ejército y ex senador designado) y Jerónimo Pantoja Hernández (ex segundo hombre de la DINA), respectivamente. Por este caso, el juez Solís sometió a proceso por secuestro a Pantoja, hoy en retiro; al general (R) Héctor Bravo Muñoz, a septiembre de 1973 jefe de la IV División del Ejército con asiento en Valdivia y jefe de zona en estado de sitio; al entonces capitán Luis Osorio Garardazanic y a un civil.

Los cuerpos de los 17 campesinos fueron desenterrados por personal de Ejército a fines de 1978 y permanecen desaparecidos. El 17 de junio de 1990 se descubrieron las tres fosas en las que habían estado enterrados los campesinos, y sólo se encontraron pequeñas piezas óseas, lo que permitió confirmar las identidades de los campesinos.

Un día después, el 10 de octubre de 1973, un operativo de Ejército y Carabineros secuestró y dio muerte a 15 campesinos en la aldea de Liquiñe, a pocos kilómetros de la localidad de Neltume también en la precordillera. Por once de estas víctimas, Solís procesó en calidad de autor de secuestro al teniente coronel (R) de Ejército Hugo Guerra Jorquera. Según testigos de la época, estos campesinos fueron ejecutados sobre el puente del río Toltén y sus cuerpos lanzados al río. Por este caso, el juez Juan Guzmán procesó previamente al civil Luis García, dueño de las Termas de Liquiñe, que colaboró en los secuestros. Si bien el general (R) Sinclair no ha sido hasta ahora procesado por Chihuío, fuentes vinculadas a la investigación afirman que sí llegar a estarlo.

El Mercurio

21 de Julio 2003

Guzmán dicta procesamientos caso Caravana de la Muerte

El ministro de fuero Juan Guzmán sometió a proceso a tres militares (r) por delitos cometidos por la denominada Caravana de la Muerte en cuatro ciudades al sur del país.

Luego de su investigación, Guzmán encargó reos al general (r) Sergio Arellano Stark, por el homicidio calificado de dos personas en la ciudad de Curicó. Además encausó a Arellano y al general (r) Gabriel del Río por los delitos de secuestro y homicidio calificado de Teófilo Arce, Leopoldo González, Segundo Sandoval y José Sepúlveda, todos ellos de la ciudad de San Javier.

El magistrado determinó además recalificar desde secuestro a homicidio el procesamiento al general (r) Arellano, al brigadier Pedro Espinoza (r) y el coronel (r) Marcelo Moren Brito, por la muerte y desaparición de dos personas en la ciudad de Cauquenes.

Asimismo, Guzmán decidió nuevamente encargar reo a Arellano Stark y al general (r) Héctor Hernán Bravo por el secuestro con homicidio de dos personas en la ciudad de Valdivia.

Con la resolución emanada hoy el magistrado estableció que la comitiva militar efectivamente recorrió la zona sur del país en 1973.

Luego de notificarse, el abogado de derechos humanos Juan Bustos sostuvo que con la resolución "queda muy patente que en relación a la Caravana de la Muerte faltaba aún mucho más. Ahora esto se ha comprobado y ha quedado claro, y así el ministro dictó procesamientos por los casos de Valdivia, San Javier y Curicó".

El Mercurio

5 de Agosto 2003

Justicia otorga libertad a general procesado por caso Caravana de la Muerte

La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago concedió hoy la libertad bajo fianza al general (r) Gabriel del Río, uno de los últimos procesados por el denominado caso "Caravana de la Muerte".

Del Río fue encausado el pasado 21 de julio, junto al general (r) Sergio Arellano Stark, por los delitos de secuestro y homicidio calificado de Teófilo Arce, Leopoldo González, Segundo Sandoval y José Sepúlveda, cometidos en San Javier.

En esa oportunidad, el ministro de fuero Juan Guzmán, quien investiga el caso, procesó también al general (r) Héctor Hernán Bravo Muñoz, por 12 delitos de secuestros con homicidio en Valdivia.

Entre los ejecutados se encuentran José Liendo, conocido como "comandante Pepe" y líder sindical del complejo forestal Panguipulli.

A diferencia de Del Río, el resto de los procesados en la última resolución del juez Guzmán se encontraban con el beneficio de la libertad provisional.

Cabe recordar que en 1999 el juez sometió a proceso a Arellano Stark, Pedro Espinoza Bravo, Marcelo Moreno Brito, Armando Fernández Larios y Patricio Díaz por 18 fusilamientos y la desaparición de 54 personas, en Calama, Copiapó, La Serena y Cauquenes entre septiembre y octubre de 1973.

La Nación

Viernes 8 de agosto de 2003

Rechazado amparo de general (r) Bravo

Por tres votos contra cero, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de amparo interpuesto por el general (R) Héctor Bravo Muñoz, que intentó por esa vía revertir su procesamiento por doce homicidios dictado por el juez Juan Guzmán debido a ejecuciones ilegales en Valdivia.

De esta manera también quedó desechado el argumento esgrimido por la defensa del general (R) Bravo, el abogado Manuel Guzmán Vial, respecto de que los doce militantes del MIR fusilados entre los días 3 y 4 de octubre de 1973, al paso de la Caravana de la Muerte por Valdivia, lo fueron en virtud de sentencias debidamente dictadas por consejos de guerra. Hasta hoy, sin embargo, tales sentencias y expedientes nunca han aparecido, a pesar de haber sido insistentemente pedidos al Ejército. Bravo era a 1973 el comandante de la IV División del Ejército. Por este episodio, Guzmán también procesó recientemente al general (R) Sergio Arellano Stark, que comandó el operativo militar.

Entre los doce ejecutados está José Liendo Vera, más conocido como el “comandante Pepe”, que lideró a fines de la década de los años ‘60 y comienzos de los ‘70 un fuerte movimiento campesino que ocupó tierras en la zona precordillerana de la provincia de Valdivia.

La Nación

18 de Octubre 2003

Corte derrumbó tesis del general (R) Arellano de una “conspiración” en su contra

La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el procesamiento del general (R) Sergio Arellano Stark por 19 víctimas del tramo sur de la Caravana de la Muerte, y sólo revocó su encausamiento por uno de los once prisioneros ejecutados en Valdivia. Se trata de José Liendo Vera, más conocido como el “comandante Pepe”. Los últimos procesamientos por el episodio sur de la Caravana de la Muerte fueron dictados el pasado 18 de julio por el ministro Juan Guzmán Tapia, juez instructor de la causa.

De esta manera, esa corte echó abajo el argumento del general (R) Arellano, quien, entre sus múltiples contradicciones, ha afirmado que las ejecuciones fueron parte de “una conspiración” del entonces coronel Manuel Contreras y la naciente DINA, para perjudicar su imagen.

La resolución de la Quinta Sala mantuvo también el procesamiento por los once detenidos de Valdivia al general (R) Héctor Bravo Muñoz, revocando igualmente su encausamiento por Liendo. Bravo era a 1973 el comandante de la IV División del Ejército con asiento en Valdivia.

Según dos de los ministros de la sala, en el caso de Liendo habría existido un consejo de guerra en su contra, por lo que la ejecución no podría ser considerada un delito. Sin embargo, el tercer magistrado consideró que no estaba acreditado en el proceso que ese consejo de guerra efectivamente existió.

En todo caso, La Nación constató que en el expediente de Caravana no existe ningún documento ni sentencia, que acredite oficialmente la existencia de tal consejo de guerra. Sólo hay algunas declaraciones que así lo afirman.

Los abogados querellantes Francisco Bravo, del Programa de Derechos Humanos del gobierno, y Hugo Gutiérrez, por familiares, coincidieron en declaraciones a La Nación que en el proceso que instruye el juez Guzmán “no existe ninguna evidencia procesal material” que ese consejo de guerra contra Liendo existió.

De esta manera, la corte confirmó que Arellano y su gente tuvieron participación en 11 de los 12 crímenes de Valdivia ocurridos los días 3 y 4 de octubre de 1973, entre ellos el asesinato del líder del MIR en esa ciudad, Fernando Krauss; en órdenes que culminaron el 5 de octubre de 1973 con las ejecuciones de los dos ex GAP, Wagner Salinas y Francisco Lara; en el asesinato en Linares el 2 de octubre de 1973 de los jóvenes Teófilo Arce, Leopoldo González, Segundo Sandoval y José Sepúlveda; y en los homicidios de dos de los cuatro jóvenes acribillados en Cauquenes el 4 de octubre de 1973, Miguel Muñoz y Manuel Plaza.