Bombal Otaegui Carlos Ramón Juan

Cada vez que el diputado Carlos Bombal (UDI) enfrenta una elección o una polémica, sus adversarios se encargan de ventilar la siguiente acusación: haber entregado a dos agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la información para que éstos dieran con el profesor universitario Alejandro Avalos Davidson. Los datos habrían servido para que el 20 de noviembre de 1975, Avalos fuera apresado y desapareciera hasta 1990, cuando su cadáver fue encontrado en Colina, junto a otros dos ex prisioneros.
 
El tema reflotó nuevamente a raíz del debate que surgió por el eventual ascenso de Bombal a la vicepresidencia de la Cámara. El martes 14, el diputado Tomás Jocelyn-Holt (PDC), apoyado por 14 colegas, cuestionó la calidad ética de Bombal por su participación en este caso. Para Bombal, la arremetida responde a una campaña de desprestigio por sus críticas al gobierno a raíz del caso Guzmán (UDI). En todo caso, fuentes oficialistas admiten que -más allá del nexo de Bombal con el caso- se trata de entorpecer la llegada a una tribuna privilegiada de uno de los mejores candidatos de la UDI.
 
Según consta en el proceso por Avalos, el 3 de noviembre de 1975 dos agentes se presentaron ante el rector de la Universidad Católica, Jorge Swett, para obtener la información. Swett los derivó a Bombal, entonces su jefe de gabinete, quien se dispuso a llamar al director de la unidad académica donde trabajaba Avalos. Los agentes le sugirieron no provocar alarma, porque tenían órdenes de detenerlo "sin testigos". Bombal aceptó la sugerencia y además les entregó los datos curriculares, académicos y contractuales que requerían. El diputado afirma que en 1975 no sabía que se estaba haciendo desaparecer personas. Además, señala que una cosa es haber entregado información, y otra tener responsabilidad en un crimen de esa naturaleza, aunque sus adversarios deliberadamente mezclan ambas cosas.
 
Según declaró el diputado ante Raquel Camposano, la jueza que investigó el caso, prefirió "no entorpecer las funciones de ese organismo de seguridad". Además, consultado por Qué Pasa, señaló que se limitó a obedecer las órdenes de Swett. Como le pareció extraña la intención de los agentes, asegura que le dejó constancia al secretario general, Francisco Bulnes Ripamonti, "de lo que podría pasar con este profesor", quien habría procedido a dar aviso de los hechos a la Unidad Académica correspondiente.
 
Sin embargo, según la hermana del profesor, Beatrice Avalos, Bulnes -quien falleció- sólo se enteró cuando la familia solicitó información a la universidad sobre el desaparecido. En el proceso, Bulnes declaró que sólo en ese momento Bombal le comentó que había recibido la noticia de la detención de Avalos de parte de un agente de la DINA.
 
En la misma causa, Bombal señala que fue al rector Swett a quien informó del hecho. Este último afirma en el proceso: "No supe más de estas dos personas (los agentes), ni tampoco mi secretario me informó nada más respecto de ellos o si me informó algo más concreto, no lo recuerdo". Respecto de las críticas contra Bombal por haber recibido normalmente a los funcionarios de la DINA que requerían información, el diputado señaló que el resto de sus encuentros con agentes de inteligencia apuntaron a resguarda la seguridad del recinto universitario.
 
Hay un punto en la actuación Bombal que todos admiten que de ninguna forma puede ser presentado como una forma de tolerancia con el crimen de la DINA. Tanto los familiares de Avalos como su abogado, Nelson Caucoto, reconocen que las declaraciones de Bombal ayudaron a establecer que el profesor había sido detenido por la DINA, hecho que fue sistemáticamente negado por el gobierno militar. Incluso, según Caucoto, la afirmación de Bombal de que agentes de la DINA habrían detenido a Avalos, contribuyó -junto a las declaraciones de los testigos que vieron al profesor en Villa Grimaldi- a que fuera llamada a declarar, en un hecho inédito, la máxima cúpula del organismo de seguridad. Próximamente, Bombal sería llamado a clarificar sus declaraciones anteriores, pero esta vez por el proceso de inhumación ilegal, en el 19é Juzgado del Crimen.

La Presidenta y su familia fueron fichados por los jerarcas alemanes. Lo mismo políticos de la DC, socialistas y de la derecha, como Jaime Guzmán, Hernán Larraín, Andrés Chadwick y Mónica Madariaga. También hay material de embajadores extranjeros. Pero los papeles incautados en 2005 aún son secreto de Estado y su contenido está vedado para los chilenos. ¿Qué se esconde?

La humedad y las esporas que se levantaban en el lugar se incrustaban en las fosas nasales de los policías que esa noche del 14 de junio de 2005, revisaban los cuatro cajones de madera repletos de papeles amarillentos y malolientes. Eran las fichas que la Colonia Dignidad ocultó durante más de 35 años y que cuyo contenido hoy sigue siendo un secreto de Estado.

Desde que se asestara el más duro golpe al enclave alemán, con la captura de Paul Schäfer, ni las armas descubiertas ni los dineros que se ocultan en paraísos fiscales son considerados un peligro para la seguridad nacional. Sí lo son las 36 mil fichas que se ocultaron celosamente.

El ministro Jorge Zepeda, que investiga las violaciones de los derechos humanos cometidas al interior del recinto germano, les impuso la Ley de Inteligencia Nacional por lo que su contenido no puede ser revelado ni hecho público.

¿Pero, qué tan relevante para la integridad del país pueden esconder los papeles mohosos que fueron rescatados casi como en una operación de espionaje? El sistema procesal antiguo permitía al juez mantener en reserva la información durante un juicio incluso para los abogados que litigaban allí. Y si el celo era aun mayor, era posible acumular toda la información sensible en un "cuaderno secreto".

El juez Zepeda hizo todo eso, pero agregó el blindaje más severo que otorga la legislación chilena y de allí no se ha movido hasta ahora y nada parece hacer cambiar el criterio del juez. Se suma a esto que cerrada la investigación en un futuro próximo, si el juez así lo estima podría mantener clasificada la información, pese a que después de terminado un sumario, toda la documentación es pública.

Verdades y mitos se ocultan allí. Conductas sexuales desviadas, vicios, deudas, amantes, amistades, parte de la vida pública y privada de actuales autoridades del país, tanto del Gobierno como del Congreso o del Poder Judicial, de derecha o izquierda. Dicen que nadie se salva.

LND intentó tener acceso a las fichas que se encuentran actualmente en la Jefatura de Inteligencia Policial de Investigaciones. Para ello se solicitó formalmente acceso al material mediante un escrito, el miércoles 5 de este mes. En el documento también se pedía al magistrado que si negaba el acceso, explicara las razones. Pero el juez guardó silencio sin responder.

Los únicos que han tenido acceso a dicha información clasificada con Ley de Inteligencia incluida es el Consejo de Defensa del Estado (CDE). El organismo, que es querellante en este proceso y ha tenido una activa participación solicitando diligencias, procesamientos y oponiéndose a la libertad de los jerarcas que estaban en prisión preventiva pudo leer la documentación.

Sin referirse al contenido del proceso, a través de la oficina de comunicaciones del CDE, el presidente de la entidad, Carlos Mackenney, indicó a LND que "según consta en el expediente de la causa, el ministro Jorge Zepeda, mediante resolución dictada el año pasado, puso en su conocimiento la documentación encontrada al interior de la Colonia Dignidad, por lo que él tiene conocimiento directo de ella".

Tal vez eso explique por qué el CDE no ha solicitado que se levante esa prohibición para que sea conocida por todas las partes del proceso incluidos los abogados, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior (también querellante) o Hernán Fernández, abogado querellante por los delitos sexuales cometidos contra niños por Paul Schäfer.

Cualquier persona que revele antecedentes que están a cogidos a la Ley de Inteligencia pueden recibir penas de hasta cinco años de cárcel. Por eso no extraña el silencio que rodea el material.

Sui Generis

En 1968, Schäfer veía una amenaza en la continuidad de su secta y hasta ese momento sus secretas perversiones con niños alemanes y chilenos abusados reiteradamente por él. Desde ese año que se tienen datos de la confección de fichas de personas que pudieran resultar una amenaza o utilidad para el enclave.

Según las declaraciones de los máximos jerarcas detenidos y procesados antes y después de la captura de Schäfer en Argentina el sistema de registro de personas estuvo a cargo del colono Gerd Sewald Lefevre (85 años), un alemán que trabajó en la Universidad de Hamburgo, en el norte de Alemania.

"Desde el año 1974 clasifiqué la información, trabajo que me encomendó Paul Schäfer. Puede que antes se hayan manejado antecedentes que luego se estamparon en las tarjetas; antes no estaban clasificadas", asegura el alemán.

El anciano dice que la información la obtenía de fuentes abiertas (medios de comunicación, guías telefónicas) y de informantes que aportaban información referente a vecinos que ellos consideraban importantes que pudieran afectar a la colonia.

En la declaración que prestó en agosto de 2005, Sewald sostuvo que hubo especial interés en "gente de izquierda". Asimismo, reconoce que después del golpe de Estado de 1973, se incrementaron los lazos con los representantes de las Fuerzas Armadas, especialmente con el Ejército y Carabineros. Por eso no demoró en describir el vínculo que se creó a partir de ese momento con la DINA, con visitas del jefe del organismo, Manuel Contreras. Al respecto, señala que los datos sobre prisioneros políticos le fueron entregados tanto por la institución castrense como, posteriormente, por la misma DINA a través de su agente en Parral, Fernando Gómez Segovia.

Para la década de 1980, con la dictadura consolidada y los negocios de armas fluyendo, Sewald dijo que "existía interés por saber más de las personas que nos visitaban. Esto no obedecía a una acción planificada, como ocurrió después con la confección de fichas. Si la persona adquiría relevancia con posterioridad, se incluían las notas en las fichas clasificadas".

En esta categoría sorprende la cantidad de fichas que fueron confeccionadas en torno a la Presidenta Michelle Bachelet. Cuando aún era una estudiante y fue detenida por la dictadura fue fichada de inmediato por la colonia. Su tarjeta tuvo origen en la relevancia que en esos días tenía su padre, el general de la FACh, Alberto Bachelet, quien fue detenido dentro del grupo de oficiales de la institución que decidieron renunciar ante la violación de la constitución.

Como si un exhaustivo análisis de la prensa les hubieras dado un indicio de lo que sucedería en 2006, 15 años antes en los cajones se acumulaban ya fichas de su madre Ángela Jeria y de su hermano, Alberto, con datos acerca de sus estudios, militancia, lugares de detención, agentes de la DINA que los detuvieron, países de exilio y actividades en el extranjero.

Las fichas se confeccionaban a partir de una tarjeta de cartulina amarilla. En la parte superior se indicaba el nombre de la persona, una sigla que indicaba el origen de la información y, en el caso de ser personas integrantes de alguna institución, se coloreaba para identificarla (negro, Ejército; azul, Armada; rojo, FACh; verde, Carabineros; lila, sacerdotes).

Se complementaba con datos personales, de familia, direcciones, teléfonos, estudios y trabajos. Más abajo se consignaba un apartado donde se agregaban comentarios.

A medida que se adjuntaba información como declaraciones o recortes de prensa, estos se adjuntaban en hojas tamaño oficio y se pegaban con corchetes (ver copia).

A medida que pasaron los años, los documentos se acumularon en cajas tipo Kardex, de los cuales sólo se recuperaron cuatro, en cuyo interior se encontraban las 36 mil fichas. Pero testigos aseguran que las fichas eran varias miles más y que la mayoría fueron destruidas al fuego.

El material fue encontrado durante los mismos operativos en que se localizaron las armas de Dignidad. Uno de los bunkers subterráneos donde se acopió el material bélico tenía en sus rincones las cajoneras donde estaban las fichas.

La versión oficial indica que una vez desenterrado, todo fue trasladado al Regimiento de Los Ángeles y de allí hasta Santiago, supervisado por el tribunal y detectives de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE): las armas a los Arsenales de Guerra y las fichas a la Jefatura de Inteligencia Policial (Jipol).

Pero existe otra versión. Después que se supone todo había sido trasladado a Los Ángeles, detectives de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI se percataron que en lugar de acopio (un viejo hangar) habían quedado los cajones con las fichas. Para subsanar el olvido, se consignó un acta al administrador del recinto, Hernán Briones, y se trasladó a Santiago en camioneta, hasta la Jefatura de DDHH, en el cuartel Independencia de la PDI, donde quedaron hasta el día siguiente. El hecho fue informado al ministro Jorge Zepeda, quien montó en cólera y ordenó retener al detective a cargo del traslado hasta aclarar las circunstancias.

Finalmente, tras seis meses de trabajo, la Jipol entregó un informe con el resumen del contenido de las fichas, que ha servido de guía para extraer información con la cual se han logrado comprobar, fundamentalmente, el paso de prisioneros políticos por ese lugar antes de desaparecer.

Es más, gracias las fichas se logró establecer que la doble agente Marcia Merino conocida como la "Flaca Alejandra" había mentido respecto a la suerte que corrieron algunos de sus compañeros del MIR, una vez que ella los delató a la DINA.

Tarjetas

Una vez que las fichas fueron halladas en junio de 2005, un equipo especial de la Jipol se abocó a la tarea de recuperar el material. Las tarjetas y papeles estaban húmedos, con hongos. Mediante un proceso de secado se logró rescatar el material y clasificarlo. Seis meses le tomó a este equipo elaborar el informe para el juez Zepeda.

En el documento se consigna la cantidad, naturaleza y lista de personas que allí aparecen, con datos respecto a las fechas más relevantes.

Fue ahí como se descubrió que existían fichas tanto de prisioneros políticos como personeros de la dictadura, de la izquierda, empresarios y parlamentarios.

En este sentido, diversa fuentes consultadas tanto en el ámbito policial como judicial, señalan que existirían fichas de amigos y visitantes del enclave. Entre ellos estarían los senadores Hernán Larraín y Andrés Chadwick, además del asesinado Jaime Guzmán. También figura el ex senador UDI Carlos Bombal. Respecto de todos ellos, figuran sus respectivas tarjetas y recortes de prensa y comentarios escritos por Gerd Sewald para Schäfer.

De las autoridades políticas de la dictadura, destacan el ex ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa, a quien se consignaba además su calidad de terrateniente de extensos fundos en la Región del Maule, y la ex ministra de Justicia, Mónica Madariaga.

De la Concertación destaca la presencia de información profuza sobre los senadores DC Andrés Zaldívar y Hosaín Sabag (legislador por la zona) y del ex canciller Gabriel Valdés.

Capítulo especial merecía la Iglesia Católica. Hay decenas de fichas de religiosos como el obispo Carlos Camus.

Nombres Clasificados

Algunas de las razones por las que se estima se determinó dar estatus de "clasificado" al material fue por personas muy determinadas que allí aparecen y los cargos que hoy ostentan. Sin embargo, todo indica que el contenido de dichas fichas no revela información relativa a aspectos comprometedores de personas. "Paul Schäfer hizo del chantaje uno de los mecanismos de defensa que ellos tenían para mantenerse impunes, pero ese material no fue dejado en esas fichas, sino que en cintas magnéticas y videos que fueron sacados de la colonia", sostuvo a LND desde Alemania un ex colono que conoció dicho material.

De hecho, muchos de los colonos que huyeron de Dignidad coinciden en que el que mantiene en su poder ese material comprometedor es Erwin Fage, jefe de seguridad del recinto, quien también huyó y no fue capturado.

Un chileno que tuvo acceso a las fichas de Dignidad dijo que "en estas no se hace mención a cuestiones personales o íntimas de la gente, salvo algunas relaciones que se hace entre personas de diversa índole".

Lo delicado de la información que aparece en esas fichas, coinciden varias fuentes, está en que existen muchas personas que tenían fichas y que mantuvieron negocios o, más importante aún, eran informantes de la Colonia Dignidad.

Dichas personas, cuyos nombres manejan sólo el juez, detectives y eventualmente el CDE, hoy figuran en cargos públicos. Hasta donde LND pudo averiguar, esta categoría de personas estarían trabajando en el Gobierno, en el parlamento y en el servicio diplomático.

Las dificultades que existen en la actualidad son que el juez Zepeda tiene a su cargo investigaciones por delitos puntuales como el secuestro y desaparición forzada de personas, además de delitos por infracción a la ley de Control de Armas y Explosivos.

Respecto a los dineros que tienen su origen en negocios ilícitos, hace varios años que el juez despachó exhortos a Alemania solicitando información relativa a cuentas, sin embargo no han recibido ninguna clase de respuestas.

Sin ir más lejos, el Gobierno de Alemania aún no notifica oficialmente al magistrado de la muerte del jerarca y número dos de la Colonia, Albert Schreiber, quien huyó de Chile evadiendo una orden de captura internacional. La justicia germana negó su extradición de ese país. Según trascendidos, éste habría muerto entre julio y agosto.

Pese a las dificultades con que se ha encontrado el juez y la excesiva carga de trabajo de los casos que originaron la investigación contra Dignidad, la información respecto de personas que tendrían la calidad de "doble agentes" está en manos de la Agencia Nacional de Inteligencia. Sin embargo, se desconoce si este organismo ha realizado indagaciones, contempladas en la ley, con la autorización judicial correspondiente.

Esta sería una de las ya conocidas razones que explicaría el fracaso de los allanamientos registrados en la década de 1990 o las dificultades que hubo para localizar a Schäfer en el extranjero.

La relevancia sobre el contenido de las fichas y los nombres también está determinada por la preocupación de que las fichas también revelan mayores antecedentes sobre las personas con las que la colonia realizó negocios de armas durante 25 años.

Trascendió que el ministro Jorge Zepeda, en la actualidad, persigue pistas relativas a la existencia de un nuevo arsenal fuera de la Villa Baviera.

por Luis Narvaez

Mediante una resolución no por esperada menos impresionante, el ministro en visita, Alejandro Madrid, cambió la tipificación de la muerte del ex Presidente, Eduardo Frei Montalva por la de homicidio calificado, y procesó a seis de los integrantes de la red criminal responsable del magnicidio, entre ellos cuatro médicos, uno de los cuales, Patricio Silva Garín, era hombre de su absoluta confianza, al punto que había ocupado la Subsecretaría de Salud, durante su mandato.

La extensa resolución del ministro Madrid, de 55 páginas, contiene antecedentes estremecedores. Por de pronto, remite al contexto histórico de que Frei encabezó la disidencia al fraude plebiscitario de 1980, y luego, el proceso de convergencia político-sindical que terminó con el asesinato de Tucapel Jiménez, menos de un mes después de la muerte de Frei. En esas circunstancias, el ex Presidente decidió operarse de una hernia gastroesofágica en la Clínica Santa Maria, el 18 de noviembre de 1981.

El 4 de diciembre fue trasladado a la misma clínica, y sometido a una nueva intervención quirúrgica, por parte de un nuevo equipo médico. El 8 del mismo mes sufrió un shock séptico que motivó su traslado a la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica. La enfermera Olga Ortiz declara haber visto el 6 de diciembre a una enfermera particular, alrededor de las 10:45 horas, trasladando hasta Rayos al ex Presidente y en el trayecto, cambiarlo de camilla. La enfermera María Elena Zamorano declara que ese mismo día, a las 12:00 horas, cuando llega a desempeñar su turno que le entregaba Olga Ortiz, el ex Presidente estaba sin la enfermera externa, y se encontraba “sudoroso, descompensado, la presión baja, el suero estaba fuera de la vía venosa y su cama impregnada con sangre, había perdido mucha sangre”. Agrega la resolución: “durante ese período se recibió un aviso por parte de cercanos a la familia del enfermo, acerca de que este pudiera estar siendo envenenado; sin embargo, no obstante la gravedad de la comunicación, sólo se tomaron medidas para impedir el acceso de extraños a las dependencias donde estaba éste, sin que realizara ningún tipo de exámenes que pudieran determinar la efectividad de lo señalado anteriormente”. A pesar de los tratamientos, no era posible obtener la estabilización de Frei, puesto que cada vez que se obtenía algún avance, sobrevenía el decaimiento, debido a su estado inmunológico deficitario, que la investigación atribuye a la administración de un producto denominado “Transfer Factor”.

El 22 de diciembre de 2004, el tribunal ordenó un examen anatomopatológico, que determinó la administración de talio y mostaza sulfúrica, en los últimos tres meses previos a su fallecimiento, en dosis bajas, por vía endovenosa.

La doctora Carmen Cerda expresa en su informe que la presencia de esas sustancias tóxicas combinadas, no se corresponden ni con los alimentos, ni con los medicamentos que recibió Frei durante su hospitalización. Además, estableció que ellas le fueron administradas, al menos, en tres ocasiones diferentes, y que por el tipo secuencial y simultáneo de suministro, el efecto de los productos se potenció, haciendo que, con menores dosis, el efecto final fuera igualmente mortal: “todo lo anterior, permite descartar una forma de ingesta accidental y concluye que, en suma, las condiciones de salud en que se encontraba el Sr. Frei Montalva, así como la forma de administración y lo poco habitual de la combinación de las sustancias tóxicas encontradas, permiten descartar una forma médico-legal de muerte calificable como suicidio.- En consecuencia, cabe afirmar con razonable certeza, que se trata de una forma médico-legal de muerte calificable como homicidio”.

Agrega la resolución: “que lo expuesto anteriormente, sumado al análisis de las fichas médicas incautadas en la Clínica Santa María, demuestran que al referido paciente le fueron inoculadas substancias tóxicas que afectan la salud humana, que aplicadas en pequeñas dosis y espaciadas en el tiempo, deprimen el sistema inmunológico y favorecen la aparición de las denominadas bacterias oportunistas que ocasionaron la muerte al ex mandatario”.

El ministro estimó que para la comisión de este hecho, “sus participes se vieron favorecidos por una serie de circunstancias provocadas intencionalmente con anterioridad a la perpetración del delito, tales como, la desprotección de la seguridad del ex mandatario por parte de la autoridad gubernamental y policial, la intervención telefónica y seguimientos de que era objeto permanentemente, los hostigamientos realizados tanto a su persona como a su familia en su domicilio particular y, sobre todo, la infiltración en su círculo más cercano de personas que obedecían a los citados organismos de seguridad del régimen militar y otros que formaban parte activa del Ejército de Chile y que naturalmente, dada la estructura de esa institución no podían menos que estar subordinados a las órdenes provenientes de sus mandos superiores, lo que explica que a pesar de la discrepancias del régimen de la época con el partido político al que pertenecía el ex Presidente y a su exclusión de la vida política nacional, integrantes de la institución armada antes referida tuvieran participación principal en la atención de este paciente, lo que obviamente no pudo ser realizado sino se hubiera obtenido la autorización institucional correspondiente”.

Frei murió el 22 de enero de 1982, y la resolución del ministro llama la atención de que “a pesar de las circunstancias anormales acaecidas durante su permanencia en la Clínica, no obstante las dudas evidenciadas acerca de las causas precisas y necesarias que ocasionaron su deceso, no se dispuso la practica de la autopsia médico legal necesaria para determinar esto último, ni menos se denunció el hecho a la justicia ordinaria, y, por el contrario, sin que se contara con la autorización de la familia y sin que esta fuera siquiera debidamente informada, se realizó por parte de un equipo médico de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, un procedimiento que significó la extracción de órganos del cadáver del occiso con la finalidad de someterlos a exámenes patológicos, dándose como justificación de esto, la factibilidad de que una TBC sufrida por el ex mandatario durante su juventud, hubiera tenido alguna incidencia en el desenlace de su enfermedad, lo que del mérito de la investigación ha resultado no ser efectivo”

Respecto de los encausados, la resolución del Ministro señala que Luis Becerra Arancibia , ex chofer de Frei,”se desempeñaba como agente de la Central Nacional de Informaciones, manteniendo informado a este servicio de todas las actividades realizadas por el ex mandatario”; Raúl Lillo Gutiérrez “formó parte de una brigada encargada del seguimiento, control y análisis de las actividades opositoras que se realizaban por el Partido Demócrata Cristiano y otras colectividades políticas”; Patricio Silva Garín, fue subsecretario de Salud en el gabinete del Presidente Frei, “sin que se hayan podido determinar con exactitud las razones que justificaron el señalado nombramiento, toda vez que este facultativo ingresó al servicio de sanidad del Ejército con fecha 24 de febrero de 1955, realizando una carrera ininterrumpida hasta 30 de noviembre de 1985, fecha en que pasó a retiro con el grado de Coronel de Sanidad”; Pedro Valdivia, que desde noviembre de 1976 hasta el año 1990 prestó servicios en el centro médico de la DINA y posteriormente en CNI, “señala haber ingresado a la habitación donde se encontraba el ex Presidente sin que existiera una razón que lo justificara y sin que tampoco procediera a dejar constancia de ello en la ficha respectiva”.

Respecto de los doctores Herman Rosemberg y Sergio González Bombardiere, el Ministro los acusa de haber tomado parte en la falsa autopsia del ex Presidente, y de haber ocultado los antecedentes. La investigación del Ministro Alejandro Madrid seguirá proporcionando impactos de gran calibre, en la medida en que se acerque a la autoría material y, particularmente, a quienes dieron las órdenes.

LA DERECHA Y EL CRIMEN

A pesar de que el asesinato del ex Presidente Eduardo Frei Montalva forma parte de la misma política criminal que determinó homicidios o atentados, tales como los de los generales René Schneider, Carlos Prats, Oscar Bonilla y Augusto Lutz; los ex ministros José Tohá, Bernardo Leigthon y Orlando Letelier, el sindicalista Tucapel Jiménez, el cabo Manuel Leyton, el corredor de propiedades Renato León Zenteno y el químico Eugenio Berríos; de que la verdad ha tardado 27 años en empezar a abrirse paso, y de que la investigación judicial entra ya en su séptimo año, a la derecha, el mismo sector político que prohijó esos crímenes, representada para el efecto por su candidato, Sebastián Piñera y el diario El Mercurio, no parece preocuparle otra cosa que el Ministro Madrid haya dado a conocer su resolución…seis días antes de la elección presidencial. Un típico caso de mala conciencia.

La verdad es que la derecha tiene sobrados motivos para el rubor, toda vez que muchas de sus principales figuras integraban el gabinete de la dictadura, u ocupaban cargos de directa designación de Pinochet, a enero de 1982, fecha del magnicidio por envenenamiento.

Por de pronto, el ex senador y fundador de la UDI, Sergio Fernández Fernández, se desempeñaba como Ministro del Interior.

El actual Presidente del Senado y también fundador de la UDI, Jovino Novoa Vásquez, ocupaba la Subsecretaría General de Gobierno, cargo desde el cual anunció duelo oficial de tres días, una vez producido el deceso de Frei, ocasión en que despachó la siguiente declaración: “La figura de un Presidente de la República está por sobre las ideologías que pudieran existir”.

De la Subsecretaría General de Gobierno dependía la Secretaría General de los Gremios, en la que se desempeñaban personajes como Misael Galleguillos y Valericio Orrego. Al respecto, es útil reproducir el siguiente párrafo de la sentencia del Ministro en Visita, Sergio Muñoz, contra los culpables del asesinato de Tucapel Jiménez, que como informamos en nuestra edición Nº 1456, formó parte de la misma operación que terminó con la vida de Frei: , “ Por el hecho que se estimaba importante por la Central Nacional de Informaciones, los agentes de ese organismo Jorge Ramírez Romero y Raúl Lillo Gutiérrez, contactan a Valericio Orrego Salas, dirigente sindical del Ministerio de Obras Públicas, por intermedio de la Secretaría Nacional de los Gremios, con el objeto que procediera a grabar la reunión que sostendría la organización denominada “Grupo de los Diez”, para lo cual los agentes le hacen entrega de una grabadora, con la cual concurre Orrego hasta el lugar en que se desarrollaría el encuentro de los sindicalistas, sin embargo esta especie produce un ruido que deja de manifiesto sus pretensiones, debiendo hacer abandono del lugar”.

Sobre Lillo Gutiérrez, el auto de procesamiento en su contra dictado por el Ministro Madrid, por el asesinato de Frei, señala lo siguiente:

“ Con relación a Raúl Lillo Gutiérrez , se desempeñó durante largo tiempo como agente de los servicios de seguridad del régimen militar, y específicamente, formó parte de una brigada encargada del seguimiento, control y análisis de las actividades opositoras que se realizaban por el Partido Demócrata Cristiano y otras colectividades políticas”.

Sin embargo, Fernández Fernández y Novoa Vásquez no son los únicos políticos de derecha que formaban parte del aparato de la dictadura, en la fecha del magnicidio de Frei.

José Piñera Echenique, hermano del hoy candidato presidencial de la derecha, acababa de despedirse del gabinete, no sin antes dejar como legado el Plan Laboral, la privatización del sistema de pensiones y la segunda desnacionalización del cobre. Su hermano Sebastián, tras su desastroso paso por el Banco de Talca, desempeñaba la gerencia general de Citicorp. Sin explicar el origen de los fondos, en el año 1982 invirtió un millón y medio de dólares en operaciones inmobiliarias en Huechuraba. En el mes de agosto de dicho año fue encargado reo por el Ministro en Visita Luis Correa Bulo, por el delito de defraudación al Banco de Talca. El hoy candidato de la derecha estuvo prófugo de la justicia por 17 días, hasta que la Corte Suprema, por la vía de un recurso de amparo, revirtió el auto de procesamiento.

Jaime Guzmán, el asesinado senador y ex fundador de la UDI, era miembro de la Comisión Constitucional de la dictadura.

Otro de los fundadores de la UDI, Miguel Kast, padre del actual diputado José Antonio Kast, desempeñaba la titularidad del Ministerio del Trabajo.

Fundador de la UDI y ex Presidente de ese partido, el actual senador Pablo Longueira era en ese entonces, presidente designado de la Federación de Centros de Alumnos de la Universidad de Chile, FECECh, mientras se desempeñaba como Rector el general Alejandro Medina Lois.

Justo en el mes de enero de 1982, el ex Ministro de Hacienda de la dictadura, y ex miembro de la Comisión Política de la UDI en el período 1992-94, Hernán Büchi Buc, fue cambiado por Pinochet desde la Subsecretaría de Salud, a la presidencia de ENDESA. Era el primer movimiento de una política que terminaría privatizando el sector eléctrico, y no sólo eso.

Como alcaldes designados por Pinochet se desempeñaban el ex senador de la UDI y ex vicepresidente de ese partido, Carlos Bombal Oteagui, en la Municipalidad de Santiago, y Herman Chadwick, en la Municipalidad de Providencia.

A pesar de que la familia del ex Presidente hizo saber por canales privados, y también por la prensa, que la presencia del general Pinochet no era bienvenida en las ceremonias fúnebres, este igual se dio maña para concurrir hasta la Catedral metropolitana, donde fue recibido con una prolongada rechifla.

Con refinada hipocresía, entregó una nota de condolencia a la viuda, en la que manifestaba su “especial preocupación” por la muerte del ex mandatario y le expresaba: “sé cuán profundamente doloroso le será resignarse a la ausencia del compañero de toda una vida, pero con fe cristiana y oración, estoy cierto podrá aceptar la voluntad del señor y sobrellevar esta irreemplazable pérdida”.

Por su parte, en nota editorial, el diario El Mercurio se unió a las condolencias, aunque ni en oportunidad como esa, se apartó del sello sibilino que le es propio: “Ciertamente, el país le debe mucho al Presidente Frei en lo que mira a modernización de estructuras y progreso general, pero es imposible no recordar el costo de su programa de reformas. Este, al debilitar el derecho de propiedad, originó consecuencias que se palparon en los acontecimientos posteriores a su administración”.