Bolumburú Taboada Eliana Carlota

Cardiólogos, psiquiatras, dentistas, traumatólogos, pediatras, psicólogos, ginecólogos y otorrinolaringólogos pusieron sus conocimientos, adquiridos para salvar vidas, en la aplicación de torturas y ejecuciones en contra de cientos de prisioneros políticos. La mayoría de ellos aún se encuentra en funciones en hospitales públicos, clínicas privadas e instituciones de salud de las Fuerzas Armadas.

El Juramento Hipocrático dice en algunas de sus partes: "Juro por Apolo el Médico y Esculapio y por Hygeia y Panacea y por todos los dioses y diosas, poniéndolos de jueces, que este mi juramento será cumplido hasta donde tenga poder y discernimiento. A aquel quien me enseñó este arte, le estimaré lo mismo que a mis padres; él participará de mi mandamiento y si lo desea participará de mis bienes. Consideraré su descendencia como mis hermanos, enseñándoles este arte sin cobrarles nada, si ellos desean aprenderlo… Llevaré adelante ese régimen, el cual de acuerdo con mi poder y discernimiento será en beneficio de los enfermos y les apartará del perjuicio y el terror. A nadie daré una droga mortal aun cuando me sea solicitada, ni daré consejo con este fin. De la misma manera, no daré a ninguna mujer supositorios destructores; mantendré mi vida y mi arte alejado de la culpa… Ahora, si cumplo este juramento y no lo quebranto, que los frutos de la vida y el arte sean míos, que sea siempre honrado por todos los hombres y que lo contrario me ocurra si lo quebranto y soy perjuro".

Evidentemente, los que pusieron sus conocimientos al servicio de la tortura y la muerte violaron este juramento y todas las normas relativas a la defensa de los derechos humanos. Lo peor es que, con protección de las Fuerzas Armadas o con la extrema desidia de los directores de hospitales públicos designados por la Concertación, siguen en funciones atendiendo a personas que no tienen la más mínima idea de que "su doctor" tiene tan siniestro pasado.

Así ocurrió, cuando comenzaron las denuncias públicas denominadas funas, con centenares de pacientes que comenzaron a llamar a los médicos para increparles y cancelar sus visitas al enterarse de los hechos. Entre otros casos, fue lo sucedido con Alejandro Forero en la Clínica INDISA, Sergio Muñoz en el Hospital Barros Luco y Roberto Lailhacar en su consulta de calle Obispo Salas en la comuna de Providencia.

Desde los primeros días

La colaboración de los médicos que se habían puesto del lado de los golpistas se dio desde los primeros días de la dictadura pinochetista. El caso de José María Fuentealba, funcionario de salud del Ejército es uno de ellos.

El 27 de octubre de 1973 fueron entregados por Gendarmería argentina a militares chilenos, en la localidad fronteriza de Río Mayo, Néstor Hernán Castillo Sepúlveda, de 23 años, Secretario Regional de las Juventudes Comunistas; José Rosendo Pérez Ríos, de 24 años, empleado, militante del MAPU; y Juan Vera Oyarzún, de 53 años, obrero, Secretario Regional del Partido Comunista, dirigente sindical y ex regidor de Punta Arenas.
El 20 de septiembre un grupo de cuatro personas, entre las que se encontraba Juan Vera, había cruzado la frontera para pedir asilo político en Argentina. Dos días después fueron entregados a Gendarmería argentina por el propietario de una estancia del sector, llevados a Aldea Veleiros y posteriormente a Río Mayo. En esta localidad quedaron bajo la custodia del Escuadrón Nº38 de Gendarmería.
Por otra parte, el 28 de septiembre eran detenidos en una pensión de Río Mayo José Rosendo Pérez y Néstor Castillo, quienes también habían llegado desde Chile días antes. Junto a Juan Vera se les encomendó realizar trabajos en la Municipalidad de Río Mayo, mientras permanecían detenidos. Eso duró hasta el 27 de octubre, cuando son entregados a un comando militar integrado por el capitán de Ejército Joaquín Molina, un carabinero de apellido Salinas, el suboficial Evaldo Reidlich Hains y el doctor José María Fuentealba Suazo, quienes se movilizaban en una ambulancia del Hospital Regional de Coyhaique.

Según el diario La Epoca del 2 de noviembre de 1988, los militares "les comunicaron que sus familias los esperaban en la frontera. Ya en el territorio chileno, la patrulla militar obligó al grupo a subir a una camioneta y emprendió el retorno hacia el campo de prisioneros Las Bandurrias. Horas después el vehículo llegó al recinto militar. Sólo viajaban en su interior los uniformados y el médico. Los tres detenidos nunca aparecieron hasta el día de hoy".

La justicia sometió a proceso al doctor Fuentealba Suazo y al suboficial en retiro Evaldo Reidlich, mientras continúa las diligencias para identificar al otro integrante de la patrulla y se realizan inspecciones en la Reserva Forestal Coyhaique del Cementerio El Claro, lugar donde habrían sido ejecutados y hechos desaparecer los tres ciudadanos chilenos. Joaquín Molina Fuenzalida, el capitán que comandó al grupo, fue asesinado por Manuel Contreras Valdebenito, hijo del jefe de la DINA.

Como en este caso, también aparece desde el primer momento el cardiólogo de Punta Arenas Guillermo Aranda y Alejandro Babaich Schmith, Director del Hospital "Cirujano Guzmán" de esta ciudad, reconocidos por muchos torturados de esa localidad. Otro es Darwin Arraigada Loyola, en ese momento dirigente del Colegio Médico de Chile, quien fue posteriormente nombrado por la Junta Militar como Director General de Salud y al que se le acusa, entre otras cosas, de entregar a numerosos médicos de izquierda, más de 30 de los cuales fueron asesinados, y participar en el plan de administrar drogas en los alimentos para asesinar a prisioneros políticos.

El médico Raúl Díaz Doll, funcionario de la Dirección General del Servicio Nacional de Salud, integró la comisión militar que investigaba la filiación política de los médicos. Organizó el soplonaje en el servicio y participó personalmente en los interrogatorios a los médicos detenidos y torturados.
En Iquique, el pediatra Werner Gálvez, Coronel de Sanidad, aplicó inyecciones intravenosas de pentotal sódico, alternadamente con suero biológico, durante interrogatorios a los prisioneros de guerra. Mientras en Valdivia, el traumatólogo Fernando Jara de la Maza participó directamente en la aplicación de tortura a los detenidos.

En la provincia de Concepción, asesora a los torturadores de Fuerte Borgoño y extiende certificados por "muerte natural", para encubrir los crímenes, un médico de Carabineros de apellido Minoletti. En tanto en Tejas Verdes, cuna de la DINA, cumple funciones de colaboración en las torturas cometidas en el Campo de Prisioneros Número Dos de ese recinto militar el doctor Vittorio Orvieto Teplizky, que posteriormente se incorporaría a la Brigada de Salubridad de dicha asociación ilícita, apareciendo como director de la clínica clandestina Santa Lucía. En las cercanías de Santiago, el radiólogo Bernardo Pulto, junto al Fiscal militar de Melipilla, tomó parte personalmente en las sesiones de tortura a los prisioneros.

La Brigada de Sanidad

La DINA tuvo su propio equipo para atención del personal de servicio, de prisioneros que colaboraban y la aplicación de tormentos a quienes consideraba sus "enemigos". Junto al ya citado Vittorio Orvieto Teplizky, cumplían funciones Werner Zanghellini, Hernán Taricco, Nader Nasser, Osvaldo Eugenio Leyton Bahamondez, Rodrigo Vélez, Samuel Valdivia Soto, Luis Hernán Santibáñez Santelices, Eduardo Contreras Balcarce, el ginecólogo Juan Pablo Figueroa Yáñez, el otorrino Eugenio Fantuzzi Alliende, el psiquiatra Roberto Lailhacar Chávez, el dentista Sergio Roberto Muñoz Bonta y la enfermera Eliana Carlota Bolumburú Taboada. Otro médico, del cual sólo se sabe el apellido, es el psicólogo Bassaure. Sin formar parte de la estructura, el médico Gregorio Burgos del Regimiento de Los Angeles, colaboró con agentes de la DINA buscando formas de tortura sin que el detenido perdiera el sentido.

Muchos de ellos parece que ya no ejercen funciones en sus respectivas áreas, aunque se mantienen cercanos, como la enfermera María Eliana Bolumburú que trabaja en un laboratorio químico de calle Ejército. Otros continúan activos y asumen destacados roles en su profesión, como Roberto Emilio Lailhacar Chávez, quien en los últimos años de los ‘90 y hasta el 2001 ocupara el cargo de presidente de la Sociedad Chilena de Sexología y Educación Sexual, cuya sede funcionaba en su consulta particular de Obispo Salas 290 en la comuna de Providencia. A esta organización integró, como "persona natural", al abogado Víctor Manuel Avilés Mejías, integrante del Departamento Jurídico de la DINA.
Por su parte, el cirujano dentista Sergio Muñoz Bonta, que trabajó en las clínicas clandestinas Santa Lucía y London, atendió entre otras personas a Marcia Merino, la "flaca Alejandra", y fue "socio fundador" de la empresa de pantalla Pedro Diet Lobos, por intermedio de la cual la DINA lavaba los dineros provenientes del Estado, del tráfico de armas y drogas, y legalizaba los robos de casas, autos y bienes de aquellos prisioneros que eran hechos desaparecer. Aquí fue "colega", por ejemplo, de Francisco Ferrer Lima, Emilio Sajuria Alvear, Ricardo Lawrence Mires, Fernando Gómez Segovia, Augusto Pinochet Hiriart y Pedro Espinoza Bravo.

Luis Hernán Santibáñez Santelices aparece implicado en la desaparición de Juan Elías Cortés Alruiz, militante comunista secuestrado en abril de 1976, caso por el que incluso fue llamado a declarar por el ministro Servando Jordán en 1980 junto a Germán Barriga Muñoz, Emilio Troncoso Vivillos, Heriberto Acevedo, Vianel Valdivieso y Julio Leyton Robles, hermano de Manuel Leyton, muerto en extrañas circunstancias en la clínica London.
El doctor Santibáñez reconoció el 17 de julio de 1980 haber integrado la DINA en calidad de médico. Informó que en la calle Almirante Barroso existía la Clínica London, a cuyo cargo estaba el doctor Taricco. Cuando se le exhibió la foto de Cortés dijo que le parecía cara conocida y que posiblemente pudo haber visto a esa persona en el Hospital San Juan de Dios. En la misma diligencia se le interrogó sobre el caso de Gabriel Castillo Tapia, desaparecido desde el 5 de agosto de 1976.

En la muerte de Manuel Leyton Robles aparece implicado otro doctor, Osvaldo Leyton Bahamondes, quien firmó un certificado de defunción afirmando que el agente de la DINA había fallecido a causa de una crisis epiléptica y de arritmia cardiaca. El deceso habría sido en Almirante Barroso Nº 76, donde funcionaba la Clínica London. Lo cierto es que Manuel Leyton fue asesinado por sus "colegas" al ser descubierto su papel de integrante de la DINA tras participar en un trabajo encargado por Germán Barriga: el robo de una renoleta.

Por su parte, Sergio Marcelo Virgilio Bocaz, tras finalizar su labor en la DINA, con base en la Clínica Santa Lucía, continuó trabajando en el Comando de Logística de la CNI y a fines de la dictadura se le vio aparecer en publicidad de diversos tipos, como una de Nescafé, otra de galletas Tritón y de instituciones financieras. Aún ejerce funciones en el Hospital Félix Bulnes. El doctor Eugenio Fantuzzi tiene su consulta particular y es Jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la Clínica Dávila. El ginecólogo Juan Pablo Figueroa atiende de lunes a viernes en la Clínica Arauco y Hernán Taricco Lavín continúa trabajando para el Ejército en el Centro Médico Militar de Maipú .

Werner Zanghellini Martínez, quien inyectara con el virus de la rabia al detenido Jorge Fuentes Alarcón, abandonó rápidamente su consulta, ubicada en Galvarino Gallardo 1983, cuando fue funado por decenas de personas hace un par de años. Se sabe que continúa atendiendo en una consulta de Avenida Providencia que pertenece a un familiar, aunque su nombre no aparece en la placa adosada a la puerta.

La CNI y el Comando Conjunto

Aunque en el Comando Conjunto, integrado básicamente por miembros de la Fuerza Aérea, se conoce la presencia de otros médicos, el que ha sido procesado como parte permanente de esta asociación ilícita es el cardiólogo Alejandro Jorge Forero Alvarez, comandante de escuadrilla de la FACH y funcionario del hospital institucional. Nombrado en la mayoría de los casos que involucran al Comando Conjunto, se sabe que en 1976 prestó servicios como soldado segundo en la Base Aérea de El Bosque y en el Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina, usado como centro clandestino de reclusión por la FACH. En este lugar habría participado supervisando las torturas y drogando a los prisioneros que eran sacados para hacerlos desaparecer. Forero participó en Patria y Libertad durante el gobierno de la Unidad Popular, donde conoció a Roberto Fuentes Morrison, alias "el Wally". Ya en dictadura, fue procesado por el ministro Carlos Cerda, pero dicho proceso fue cerrado y amnistiado por un juez puesto especialmente para eso. Por los delitos de asociación ilícita y detención ilegal de Víctor Vega Riquelme, fue procesado junto a otros 20 integrantes del Comando Conjunto.

En la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) aparece Jorge León Alessandrini, dentista y agente civil, implicado en el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez donde habría actuado proporcionando el arma homicida.

La CNI también contó con su propio equipo médico, especialmente en los recintos clandestinos de torturas ubicados en Santiago, como el Cuartel Borgoña, y otros de regiones. Casos que han alcanzado notoriedad dejaron al descubierto a algunos de ellos, por ejemplo a los implicados en la muerte por torturas del profesor Federico Alvarez Santibáñez en agosto de 1979.

El joven militante del MIR fue entregado por Carabineros a la CNI, donde fue sometido a terribles apremios mientras era "vigilado" por profesionales de la salud para evitar su muerte. Entre éstos aparecen Luis Losada Fuenzalida, Manfred Jurgensen Caesar y Camilo Azar Saba, todos sancionados por el Colegio Médico el 31 de marzo de 1986. Losada Fuenzalida firmó un informe en el que indicó que el docente estaba en buenas condiciones físicas sólo una hora antes de la muerte de Alvarez Santibáñez.

Camilo Azar es traumatólogo y ortopedista, por lo que conocía a la perfección las zonas del cuerpo más sensibles, que pudieran causar mayor dolor con menos peligro de muerte. Sin embargo, en este caso no sirvieron: Federico Alvarez falleció debido a contusiones múltiples, hemoptisis e insuficiencia pulmonar.

Otro caso es el del transportista serenense Mario Fernández López, secuestrado por la CNI en octubre de 1984. Tras la muerte por torturas de Fernández, fueron sancionados por el Colegio Médico los doctores Víctor Carcuro Correa y Guido Mario Félix Díaz Paci, partícipes de la aplicación de tormentos al detenido.

Guido Díaz Paci, conocido médico del Ejército, mintió a los doctores de turno del Hospital de La Serena, aduciendo que el detenido venía de una Tenencia de Carabineros y no de la CNI, y solicitando a los médicos que ocultaran el estado del detenido.
Una vez fallecido Mario Fernández, Díaz Paci intentó que el facultativo que había operado de urgencia a la víctima falsificara el diagnóstico de su muerte, ocultando los verdaderos motivos del deceso.
Ya en 1974, cuando participó en la exhumación del cuerpo de María Avalos, asesinada junto a su marido Bernardo Lejdermann en diciembre de 1973 por una patrulla del Regimiento Arica de La Serena, mintió al extender un certificado de defunción asegurando que la mujer se había dinamitado.
Como muchos de estos "médicos de la muerte", Díaz Paci continúa trabajando en La Serena.

El lugar de trabajo

H. Darwin Arraigada Loyola, Medicina general.
Atiende en Santa María 217, oficina 34, comuna de Independencia. Fono 7372626.

Dr. Eugenio Fantuzzi Alliende, Otorrinolaringólogo.
Médico Jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la Clínica Dávila, ubicada en Avenida Recoleta 464, Santiago.
Consulta Particular en Luis Thayer Ojeda Norte 073, oficina 606, Providencia. Teléfono 233 7524. Fax 234 1740.

Dr. Juan Pablo Figueroa Yáñez, Ginecólogo y Obstetra.
Atiende de lunes a viernes en la Clínica Arauco, ubicada en el Parque Arauco. Avenida Kennedy 5413-B. Teléfono 2990299.

Werner Zanghellini Martínez, Cardiólogo.
Ultima dirección conocida: Galvarino Gallardo 1983, Providencia. Ahora atiende sin publicidad en la consulta de un familiar, en la misma comuna.

Sergio Marcelo Virgilio Bocaz, Medicina general.
Aún se encuentra en funciones en el Hospital Félix Bulnes, ubicado en Leoncio Fernández 2655, Quinta Normal, Santiago.

Hernán Horacio Taricco Lavín, Pediatra.
Atiende los martes, jueves y viernes, de 12:00 a 14:30 horas, en el Centro Médico Militar de Maipú, ubicado en la Avenida Ramón Freire Nº6097, Villa Militar Oeste, Paradero 3 1/2 de Pajaritos, Comuna Estación Central. Teléfonos: 450 8564, 450 8565, 450 8566. Fax: 450 8563.

Manfred Jurgensen Caesar, Medicina general.
Trabaja en el Hospital Militar de Santiago.

Alejandro Forero Alvarez, Cardiólogo.
Trabaja en la Clínica INDISA, Avenida Santa María 1810, fono 2254555.
Consulta Particular Apoquindo 6275, oficina 116.

Guido Díaz Paci, Pediatra.
Atiende en el Regimiento de Infantería N°21 "Arica" de la Segunda División de Ejército con base en La Serena, bajo el mando del General de Brigada José Gabriel Gaete Paredes.

Camilo Azar Saba, Traumatólogo.
Desde el 1 agosto de 2003 atiende en Integramedica Alto Las Condes, ubicada en Avenida Kennedy 9001, piso 7, Mall Alto Las Condes. Fonos: 6366666, 6796500, 6796566 y 6796567. Asistente: Fabiola Banda, fono 6796576.

Sergio Roberto Muñoz Bonta, Dentista.
Atiende en el Hospital Barros Luco-Trudeau y en la consulta médica dental "San Lucas" de José Domingo Santa María 1338. Fonos 7377674 y 7379978.

Roberto Lailhacar Chávez, Psiquiatra.
Continúa atendiendo en Obispo Salas 290, Oficina 168. Fono 2239405.

El Mostrador

24 de Julio 2007

Por asociación ilícita, homicidio y secuestro Procesan a médicos y ex militares por crimen de agente DINA Manuel Leyton

Juez Madrid encausó a trece personas, entre ellas los facultativos Horacio Taricco, Pedro Valdivia, Osvaldo Leyton, Vittorio Orvietto y la enfermera Eliana Bolumburu, develando las oscuras actividades de profesionales de la salud al servicio de la dictadura. Fallo, al que accedió en exclusiva El Mostrador.cl, acreditó que deceso de Leyton estuvo asociado al gas sarín.

La no despreciable cantidad de 35 procesamientos contra 13 personas –entre los que destacan cuatro doctores y una enfermera- dictó el ministro Alejandro Madrid Crohare, en el proceso que sustancia por el homicidio y secuestro del ex agente de la DINA Manuel Jesús Leyton, quien murió en marzo de 1977 por aplicación de torturas y gas sarín en la clínica London del organismo represivo.

Esta es la primera vez que un magistrado logra identificar la orgánica del recinto que la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) usó para aplicar tormentos y venenos a opositores de la dictadura, como también quiénes formaban parte del personal médico y auxiliar que ayudaron a llevar a cabo estas prácticas.

El Mostrador.cl accedió a una copia íntegra del procesamiento dictado por Madrid, a través de una alta fuente judicial.

Los encausamientos dictados por Madrid se dividen en los delitos de asociación ilícita, homicidio calificado y asociación ilícita y afectan a 13 personas que tuvieron distintas participaciones en los hechos investigados.

Por asociación ilícita, en calidad de co-autores, fueron procesados los médicos Hernán Horacio Taricco Lavín, Pedro Samuel Valdivia Soto, Osvaldo Eugenio Leyton Bahamondes, Vittorio Orvietto Tiplitzky y la enfermera jefe de la clínica London Eliana Carlota Bolumburu Tabeada.

Esta última es prima de Ana María Borumburu, quien laboraba en la Universidad Católica, cerca de los doctores Hermal Rosemberg y Sergio González Bombardiere, quienes realizaron la autopsia no autorizada al ex Presidente Eduardo Frei.

Bajo los mismos cargos, el ministro procesó a los ex militares Ricardo Víctor Lawrence Mires, Vianel Valdivieso Cervantes, Hernán Luís Sovino Maturana (jefe de seguridad de la clínica), al suboficial mayor (R) Santiago Alfredo Matteo Galleguillos; al coronel (R) Juan Morales Salgado (recién procesado en el caso Prats); al comandante (R) del Ejército y miembro de la brigada Lautaro de la DINA Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda (procesado en el caso Conferencia); la teniente del Ejército Gladys de las Mercedes Calderón Carreño (también encausada en Conferencia), conocida en la DINA por su crueldad, ya que fue quien inyectaba cianuro a los detenidos; y al empleado civil Lorenzo Omar Toro Olivares.

De acuerdo a la resolución del magistrado, los coautores del homicidio calificado, es decir, quienes participaron directamente en la muerte de Leyton, fueron el médico Taricco Lavín, y los ex uniformados Lawrence Mires, Vianel Valdivieso Cervantes y Morales Salgado. Sus cómplices, en tanto, fueron Sovino Maturana y Toro Olivares

Los encubridores del homicidio, según el procesamiento, son los doctores Leyton Bahamondes, Valdivia Soto, la enfermera Bolumburu Taboada y los ex uniformados Matteo Galleguillos, Chaigneau Sepúlveda y la teniente Calderón Carreño.

Finalmente, como coautores de secuestro fueron procesados los doctores Taricco Lavín, Leyton Bahamondes, la enfermera Bolumburu Taboada, y los ex militares Lawrence Mires, Vianel Valdivieso, Sovino Maturana, Morales Salgado y Toro Olivares.

Papeles mentirosos

Madrid no escatimó detalles en su investigación y también encausó en calidad de co-autores de falsificación de instrumento público al médico Leyton Bahamondes y la enfermera Bolumburu Taboada.

Estos últimos fueron quienes elaboraron la documentación para que la muerte de Leyton apareciera asociada a un ataque cardíaco provocado por una enfermedad, y no por los efectos de la aplicación del gas sarín.

De hecho, en la resolución dictada por Madrid queda acreditada que los directivos del Servicio Médico Legal (SML) de la época fueron presionados para cambiar la historia clínica y las causas de muerte.

Estos procesamientos se suman a los dictados el lunes por el mismo juez contra el ex auditor general del Ejército Fernando Torres Silva y quien fuera su mano derecha, el coronel (R) de justicia Enrique Ibarra Chamorro, en el marco de la investigación por el secuestro y homicidio del ex agente de la DINA Eugenio Berríos.

La historia que acreditó Madrid

La muerte del cabo Leyton Robles es lo que podría llamarse una vendetta mafiosa para quien traiciona el código del silencio. Y para el ex director de la DINA Manuel Contreras la palabra traición era sencillamente un vocablo impronunciable.

La historia acreditada por el juez es que Leyton Robles, junto a otros agentes, buscaban repuestos para reparar una renoleta con la que trabajaba la DINA. Sin embargo, los fondos con los que contaba el organismo represivo ya eran exiguos y, por lo tanto, no se podía arreglar el vehículo.

El cabo decidió resolver el tema por sí mismo robó un automóvil similar al francés Marcel Duhalde. El ciudadano europeo denunció el hecho ante Carabineros, cuyos efectivos detuvieron a Leyton Robles y al agente Heriberto Acevedo y los llevaron a una comisaría.

Entre tiras y aflojas entre la DINA y la policía uniformada, se llegó al punto máximo de que la unidad fue rodeada por efectivos del organismo encabezado por Manuel Contreras.

Sin embargo, Leyton ya había revelado en el interrogatorio que el vehículo en cuestión pertenecía a un detenido desaparecido y que éstos eran lanzados al mar, como una forma de hacerles ver a los policías que su detención era casi un asunto de seguridad nacional.

El cabo fue finalmente liberado. Pero la DINA lo detuvo nuevamente en el recinto de Simón Bolívar. Días más tarde falleció de un misterioso ataque cardíaco, cuando sólo tenía 24 años.

Tras la muerte de Leyton, el círculo de hierro de la DINA se hizo presente en el lugar: Vianel Valdivieso y el entonces mayor Morales Salgado. Ellos se llevaron el cadáver. De eso han pasado poco más de 20 años.

El Mostrador

12 de Noviembre 2007

Corte golpea investigación de Madrid por muerte de ex agente de la DINA

La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó hoy una parte dos resoluciones dictadas por el ministro Alejandro Madrid en contra del ex doctor de la disuelta DINA Pedro Valdivia y de la enfermera Eliana Bolumburu. Esos últimos están procesados en la investigación por el homicidio del agente del servicio represivo, Manuel Leyton Robles.

Para el caso de Valdivia, el tribunal de alzada, por dos votos contra uno, estimó que no se configuraba el delito por asociación ilícita para el encubrimiento que le imputa Madrid, como médico de la Clínica London de la DINA en la muerte de Leyton.

Según la resolución, Madrid no pudo acreditar en su fallo la "estructura jerarquizada" al interior de la Clínica London.

“En el auto de procesamiento dictado no se logra determinar la participación que le cabría a cada uno de los procesados y menos la jefatura que cumplían, y que no se puede suponer por el solo hecho de pertenecer a la DINA. Por último, tampoco se logra detectar el sentido de pertenencia a dicha estructura por parte del procesado”, escribió la Corte.

A Bolumburu, en tanto, la sala estimó que no se daban los presupuestos para mantenerla encausada por el delito de falsificación de instrumento público. Sin embargo, aún se mantiene procesada por asociación ilícita para el homicidio y secuestro.

Esta es la primera vez que la Octava Sala revoca una resolución de fondo dictada por Madrid. Esto podría marcar un criterio permanente de este tribunal y determinará que el resto de los procesados inicien acciones legales similares, las que también podrían ser revocadas.

Historia de una muerte

La muerte del cabo Leyton Robles es lo que podría llamarse una vendetta mafiosa para quien traiciona el código del silencio. Y para el ex director de la DINA Manuel Contreras la palabra traición era sencillamente un vocablo impronunciable.

La historia acreditada por el juez es que Leyton Robles, junto a otros agentes, buscaban repuestos para reparar una renoleta con la que trabajaba la DINA. Sin embargo, los fondos con los que contaba el organismo represivo ya eran exiguos y, por lo tanto, no se podía arreglar el vehículo.

El cabo decidió resolver el tema por sí mismo robó un automóvil similar al francés Marcel Duhalde. El ciudadano europeo denunció el hecho ante Carabineros, cuyos efectivos detuvieron a Leyton Robles y al agente Heriberto Acevedo y los llevaron a una comisaría.

Entre tiras y aflojas entre la DINA y la policía uniformada, se llegó al punto máximo de que la unidad fue rodeada por efectivos del organismo encabezado por Manuel Contreras.

Sin embargo, Leyton ya había revelado en el interrogatorio que el vehículo en cuestión pertenecía a un detenido desaparecido y que éstos eran lanzados al mar, como una forma de hacerles ver a los policías que su detención era casi un asunto de seguridad nacional.

El cabo fue finalmente liberado. Pero la DINA lo detuvo nuevamente en el recinto de Simón Bolívar. Días más tarde falleció de un misterioso ataque cardíaco, cuando sólo tenía 24 años.

Tras la muerte de Leyton, el círculo de hierro de la DINA se hizo presente en el lugar: Vianel Valdivieso y el entonces mayor Morales Salgado. Ellos se llevaron el cadáver. De eso han pasado poco más de 20 años.

Procesamientos

En julio pasado, Madrid dictó 35 procesamientos contra 13 personas y se dividen en los delitos de asociación ilícita, homicidio calificado y falsificación.

Por asociación ilícita, en calidad de co-autores, fueron procesados los médicos Hernán Horacio Taricco Lavín, Osvaldo Eugenio Leyton Bahamondes, Vittorio Orvietto Tiplitzky y la enfermera jefe de la clínica London Eliana Carlota Bolumburu Taboada.

Esta última es prima de Ana María Bolumburu, quien laboraba en la Universidad Católica cerca de los doctores Hermal Rosemberg y Sergio González Bombardiere, quienes realizaron la autopsia no autorizada al ex Presidente Eduardo Frei Montalva.

Bajo los mismos cargos, el ministro procesó a los ex militares Ricardo Víctor Lawrence Mires, Vianel Valdivieso Cervantes, Hernán Luís Sovino Maturana (jefe de seguridad de la clínica), al suboficial mayor (R) Santiago Alfredo Matteo Galleguillos; al coronel (R) Juan Morales Salgado (recién procesado en el caso Prats); al comandante (R) del Ejército y miembro de la brigada Lautaro de la DINA Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda (procesado en el caso Conferencia); la teniente del Ejército Gladys de las Mercedes Calderón Carreño (también encausada en Conferencia), conocida en la DINA por su crueldad, ya que fue quien inyectaba cianuro a los detenidos; y al empleado civil Lorenzo Omar Toro Olivares.

De acuerdo a la resolución del magistrado, los coautores del homicidio calificado, es decir, quienes participaron directamente en la muerte de Leyton, fueron el médico Taricco Lavín, y los ex uniformados Lawrence Mires, Vianel Valdivieso Cervantes y Morales Salgado. Sus cómplices, en tanto, fueron Sovino Maturana y Toro Olivares

Los encubridores del homicidio, según el procesamiento, son los doctores Leyton Bahamondes, Valdivia Soto, la enfermera Bolumburu Taboada y los ex uniformados Matteo Galleguillos, Chaigneau Sepúlveda y la teniente Calderón Carreño.

Finalmente, como coautores de secuestro fueron procesados los doctores Taricco Lavín, Leyton Bahamondes, la enfermera Bolumburu Taboada, y los ex militares Lawrence Mires, Vianel Valdivieso, Sovino Maturana, Morales Salgado y Toro Olivares.

CIPER.cl

8 de Diciembre 2009

Todas las muertes conducen a Berríos

El juicio por el asesinato del ex Presidente Eduardo Frei Montalva está directamente vinculado a otros cinco crímenes que tienen a Eugenio Berríos y la fabricación secreta de armas químicas durante la dictadura como eje central. Los seis procesos están concentrados en las manos del ministro Alejandro Madrid, en una investigación que ya acumula diez años.

El químico de la DINA, cuyo cadáver fue encontrado en abril de 1995 en una playa de Uruguay con impactos de bala en la cabeza, había sido sacado clandestinamente del país cuatro años antes. Su fuga fue ejecutada por un equipo del grupo más secreto de la Brigada de Inteligencia del Ejército (BIE), encabezados por los escoltas de Pinochet, que le dieron muerte junto a militares uruguayos que lo tenían bajo su custodia cuando intentó escapar.

Existe certeza sobre cómo se ejecutó la salida de Eugenio Berríos hacia Uruguay. Una operación que tuvo por objeto evitar que Bañados interrogara al hombre que “sabía mucho”. Su escape se concretó el 26 de octubre de 1991, poco después de que la abogada Fabiola Letelier le pidiera al ministro Adolfo Bañados que interrogara al químico de la DINA en la investigación por el asesinato del ex canciller Orlando Letelier. Se trataba de un testigo estelar.

Michael Townley había confesado que en un principio se pensó matar a Letelier (en Washington, septiembre de 1976) con gas sarín, un agente químico letal inventado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial y perfeccionado por Berríos en un laboratorio de la DINA. Tan avanzado estaba el plan inicial que Townley recordó haberse embarcado en 1976 en un vuelo de Lan portando“un frasquito de perfume Chanel Nº 5 que me había dado mi esposa y que yo había llenado con sarín”.

Cuando el ministro Bañados dictó el 8 de noviembre de 1991 la orden de detención en contra del químico de la DINA, ya era tarde: Berríos estaba clandestino en Uruguay, país al que llegó vía Argentina el 29 de octubre. El ministro Bañados ignoraba que en su propio despacho la BIE tenía un topo que les informó de la orden antes incluso que fuera firmada.

Sólo ahora se entiende el por qué de los millones de dólares que se gastaron en la operación para sacar a Eugenio Berríos del país. No eran los autores del crimen de Orlando Letelier lo que Pinochet y sus custodios del BIE temían que revelara el químico. Bañados ya tenía ese cuadro claro. Eran otras muertes que en ese momento, recién iniciada la recuperación de la democracia, permanecían ocultas y podían detonar problemas mayores. Incluso de defensa nacional por el destino y uso potencial que se les daría a las armas químicas fabricadas en laboratorios del Ejército.

Desde 1999, fecha del inicio del juicio por el secuestro y homicidio de Berríos, primero la jueza Olga Pérez y luego el ministro Alejandro Madrid -junto al mismo equipo policial integrado por el prefecto Nelson Jofré y la inspectora Palmira Mella- han ido armando pieza por pieza un puzzle macabro.

Primero se esclareció el crimen de Renato León Zenteno, conservador de Bienes Raíces de Santiago, asesinado por un equipo de la DINA. El crimen se perpetró el 30 de noviembre de 1976, dos meses después de ser asesinado Letelier, en el propio departamento de León Zenteno. El protocolo de autopsia dice que murió víctima de una “toxemia aguda inespecífica”.

Uno de los agentes que participó en el asesinato confesó que al dejar la escena del crimen, Berríos reparó en que el frasco de perfume con gas sarín había quedado olvidado en la mesa de noche de León Zenteno. Ya era tarde. No podían regresar. Muchos años después, cuando se revisó el viejo expediente archivado, la sorpresa de los investigadores de Madrid fue mayúscula: en las fotos tomadas por los peritos se ve nítidamente el mismo frasco descrito por el agente de la DINA en su confesión.

¿Por qué matar a León Zenteno? Por una simple razón. Éste se oponía a traspasar ilegalmente a sociedades de la DINA terrenos en la Reina Alta de los que fueron despojados opositores al régimen. De cualquier forma, el ex conservador de Bienes Raíces de Santiago no fue obstáculo para los propósitos de la DINA. En esos mismos terrenos hoy se levantan sólidos y hermosos conjuntos residenciales para militares.

Ha quedado establecido judicialmente que Berríos formó parte de la Brigada Quetropillán de la DINA, un laboratorio que funcionó en la casa que Michael Townley y su esposa Mariana Callejas compartían en Lo Curro. En ese laboratorio se desarrolló el proyecto “Andrea”, destinado a producir armas químicas para la eliminación de opositores y, eventualmente, para ser usados en algún conflicto con países vecinos. Sarín, Soman y Tabun fueron algunas de las toxinas químicas desarrollados por Berríos y el científico Francisco Oyarzún Sjoberg, quienes trabajaban bajo las órdenes directas de Manuel Contreras.

El gas sarín obtenido en la casa de Lo Curro fue probado por primera vez en abril de 1976, utilizando perros y hasta un burro. También se experimentó con ratones y conejos.

Una de las primeras víctimas humanas fue el poeta Luis Waldo Silva Caunic. Después fue el turno del diplomático español Carmelo Soria, quien fue secuestrado en julio de 1976 y conducido a la casa de Lo Curro. Cuatro meses después ocurrió el asesinato del conservador de Bienes Raíces de Santiago. Y en marzo de 1977 la víctima provino de las propias filas del organismo dirigido por Manuel Contreras.

Manuel Jesús Leyton Robles, un cabo de Ejército adscrito a la DINA, había sido detenido en 1977 por robo de autos y uno de ellos pertenecía a un detenido desaparecido. En su declaración a Carabineros dijo que lo hacía por encargo de la DINA. Poco antes de ratificar sus dichos ante un tribunal fue eliminado con gas sarín, aunque oficialmente el Ejército adjudicó la muerte a “causas naturales”.

Treinta años después Alejandro Madrid estableció la verdad y, de paso, demostró por primera vez que la DINA utilizó gas sarín para la eliminación de personas. Por este juicio hay 13 ex agentes procesados, entre los que se cuentan los médicos Hernán Taricco Lavín, Pedro Valdivia Soto y Osvaldo Leyton. La enfermera Eliana Carlotta Bolumburu Taboada, quien cumplía un rol clave en la Clínica London de la DINA y luego de la CNI, también fue vinculada.

A partir del asesinato de Letelier, en septiembre de 1976, se desató una fuerte pugna entre el jefe de la DINA, coronel Manuel Contreras, y el jefe de la entonces Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército, general Odlanier Mena. Este último objetaba los brutales y desprolijos procedimientos de Contreras.

Entonces, de acuerdo con el testimonio de Michael Townley, Contreras decidió matar al general Mena “mediante la incorporación de una bacteria mortal en su café” que había sido proporcionada por Berríos. El plan se frustró porque en esa oportunidad Mena prefirió un agua de yerbas.

En 1978, una vez que la participación de Townley en el crimen de Letelier quedó al descubierto y fue reclamado por Estados Unidos y expulsado a ese país ante la presión de su gobierno, Berríos y su laboratorio de Lo Curro se trasladaron al Complejo Químico e Industrial del Ejército en Talagante. El hombre al mando: el coronel Gerardo Huber, uno de los mandos operativos de la DINA, asesinado tras el escándalo que provocó el descubrimiento de un cargamento de armas rotulado como material sanitario cuyo destino final era Croacia.

Las armas químicas fabricadas por Berríos cobrarían nuevas víctimas el 8 de diciembre de 1981, el mismo día que Frei Montalva se agravó para ya no recuperarse y era operado por tercera vez por el doctor Patricio Silva Garín.

Mientras en la Clínica Santa María el ex mandatario comenzaba a evidenciar signos de muerte, en la Cárcel Pública un grupo de cuatro presos políticos del MIR y otros dos reos comunes experimentaban los mismos signos, a raíz de un envenenamiento. Adalberto Muñoz Jara, Guillermo Rodríguez Morales y Ricardo y Elizardo Aguilera lograron sobrevivir al ataque, aunque con serias secuelas. Sin embargo, dos presos comunes -Víctor Corvalán Castillo y Héctor PachecoDíaz- que compartieron almuerzo con los miristas, murieron a causa de una “intoxicación aguda inespecífica”. Nunca se investigó sus muertes.

Sí lo hizo el juez Madrid y su equipo, logrando establecer la identidad de los funcionarios de Gendarmería que tenían vínculos con los organismos represivos, además de acreditar que la intoxicación fue provocada con toxinas botulínicas fabricadas en el Instituto Bacteriológico del Ejército. El episodio lleva la marca de fábrica de Berríos.

Cuando las verdaderas circunstancias de la muerte de Frei Montalva comienzan a despejarse, es el turno del envenenamiento de la Cárcel Pública. Pero antes, se espera la sentencia en primera instancia por el secuestro y homicidio de Eugenio Berríos. Veintiuna personas serán condenadas, entre ellas cuatro generales de Ejército y tres altos oficiales del Ejército de Uruguay.

Sobre el destino de las armas químicas el secreto se mantiene. Y Berríos se llevó a la tumba los nombres de los otros personajes molestos a los que se eliminó con su fabricación letal.

Colegio de enfermeras

22 Julio 2010

DECLARACIÓN PÚBLICA: COLEGIO RECHAZA ACTOS ENFERMERA INVOLUCRADA EN CASO LEYTON

El Colegio de Enfermeras de Chile en el caso de la enfermera ELIANA CARLOTA BOLUMBURU TABOADA que se encuentra hoy procesada por los delitos de asociación ilícita, coautora de secuestro, falsificación de documentos públicos y como coautora del homicidio calificado, del ex agente de la DINA Manuel Leyton, expresa lo siguiente:

Repudiamos que una enfermera, cuya formación profesional y ética la llama a velar por el derecho a la vida, la dignidad humana y el cuidado de la salud esté involucrada en deleznables hechos de muerte.

Según nuestros registros la enfermera ELIANA CARLOTA BOLUMBURU TABOADA se tituló el 25 de octubre de 1972 de la Universidad Católica y se colegió en el Consejo Regional Santiago el 8 de noviembre de 1972. Actualmente se encuentra desafiliada de nuestra organización.

Manifestamos nuestra máxima adhesión a las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos y con la misma fuerza rechazamos los actos de horror y muerte que ésta profesional haya sido capaz de llevar a cabo. Esperamos que la justicia siga trabajando por esclarecer estos repudiables hechos del pasado de nuestro país.

COLEGIO DE ENFERMERAS DE CHILE

Directorio Nacional

La Nacion

9 de septiembre de 2007

Carlota Bolumburu, procesada por el crimen del cabo Manuel Leyton

La enfermera de la muerte

La mujer participó en el exterminio de prisioneros en la Clínica Santa Lucía de la DINA, administrándoles sobredosis de pentotal. Se codeó con la elite del terrorismo de Estado y durante 30 años logró pasar inadvertida.

Aunque era sólo una enfermera, civil, Carlota Bolumburu tenía un poder en las sombras. Entre otras cosas, manejar las llaves del bien resguardado mueble en que la DINA almacenaba los medicamentos, primero en la Clínica Santa Lucía y, más tarde, en la Clínica London, donde en 1977 asesinaron al cabo Manuel Leyton Robles.

Los enfermeros militares le tenían respeto y temor. Ella los mandaba. Sus amores con "Cacho" Acevedo, un oficial de la Brigada Rengo encargada de la seguridad de los cuarteles del terror, le permitieron volar alto en la escena del crimen organizado desde el Estado.

En el cuartel general de Belgrado 11, a una cuadra de Plaza Italia, Acevedo hacía a veces de ayudante del jefe, Manuel Contreras. Carlota llegaba hasta ahí seguido para limpiar las orejas del Mamo, que con frecuencia se le tapaban. Al jefe le podía pasar cualquier cosa dirigiendo la máquina, menos oír mal.

Con "Cacho", Eliana Carlota Bolumburu Taboada bailó y conspiró en salones militares, codeada con la elite del exterminio. Ella misma se lo contó, no hace mucho al juez Alejandro Madrid, durante su investigación por la muerte del cabo Leyton.

Tuvo el cuidado de mantenerse silenciosa más de 30 años, como inmaculada señora, todavía en la flor de la vida. Pero en la Clínica Santa Lucía, en el número 164 de la calle del mismo nombre, Carlota olió y vio la muerte de cerca, junto a los médicos Werner Zanghellini su jefe entre en 1975 y 1976 , y Osvaldo Leyton Bahamondes. ¡Va paquete!, avisaban a Santa Lucía, casi siempre de noche, desde Villa Grimaldi el "Ronco" Moren Brito, Fernando Laureani o quien estuviera a cargo.

Carlota sabía de qué se trataba y preparaba todo. Porque ello significaba que el prisionero, que entraba en camilla o caminando, según fuera su estado, de ahí salía cadáver. Las pocas excepciones eran cuando les interesaba mantener a alguien con vida un poco más.

La Dama del Pentotal

Oculto a veces en los recovecos de la casona de tres pisos, o de cuerpo presente junto a sus jefes, un suboficial de la Brigada Rengo, enfermero Carlos Norambuena, fue testigo de las labores de Carlota y los dos médicos. "Fueron episodios que me marcaron para toda mi vida. Los doctores Zanghellini y Osvaldo Leyton, junto a la enfermera Bolumburu, estuvieron involucrados en la muerte de detenidos", le dijo al juez Madrid.

Tal como la teniente de la Brigada Lautaro, Gladys Calderón, inyectaba cianuro a los prisioneros en el cuartel Simón Bolívar, Carlota y los médicos solían suministrarles sobredosis de pentotal. "Eso les ocasionaba de inmediato una arritmia, seguida de un paro cardiorespiratorio, y fallecían en la clínica. Después sacaban a los detenidos camuflados cubiertos con una frazada. Siempre lo hicieron de noche y esto fue recurrente", confesó Norambuena.

Cuando Norambuena acompañó a Bolumburu a Villa Grimaldi se dio cuenta de que ella se contactaba directamente "porque conocía a los jefes". Pero hace unos días, frente a la corte, la diferencia a su favor la hizo un abogado, Vivian Bullemore.

Amigos de Frei Montalva

Bullemore, ex abogado integrante de la Sala Penal de la Corte Suprema, convenció a los jueces de la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago de que Bolumburu no era un peligro para la sociedad, gracias a lo cual obtuvo, el 16 de agosto pasado, la libertad provisional.

"¡Cómo va a ser un peligro para la sociedad, señores, si ella y su padre eran tan amigos del Presidente Frei Montalva que hasta le vendieron la casa donde Frei vivió con su familia!, dijo el abogado a los tres ministros de la sala, levantando con sus manos una fotografía en la que los Bolumburu aparecen junto al desaparecido ex Presidente.

Carlota, al igual que los médicos de la DINA, continúa procesada por asociación ilícita criminal en el secuestro y homicidio del cabo Leyton. Quiso el destino que en la misma casona de Santa Lucía donde ella y los médicos asesinaban a los prisioneros, la Comisión Política del Mapu había discutido algunos meses antes, a veces con vehemencia, si Allende estaba o no traicionando o a la clase obrera cuando buscaba dialogar con la DC, en los días previos al golpe. Jugando otra carta, quiso también el destino que terminada la dictadura, a esa casa llegara la Comisión Chilena de Derechos Humanos, con Jaime Castillo Velasco a la cabeza.

La socialista española

Ahora que existen confesiones sobre los crímenes de Santa Lucía, es posible preguntarse quiénes fueron sus víctimas. Otro médico DINA, Juan Pablo Figueroa Yáñez, enganchado para la organización por el agente Christoph Willikie, examinó en dicha a clínica a la socialista de nacionalidad española Michelle Peña Herreros, en avanzado estado de embarazo. Figueroa recuerda en su declaración procesal que la mujer "tenía la vista vendada" y le fue entregada "como paquete" por Moren Brito.

Peña, pareja del socialista Ricardo Lagos Salinas también desaparecido , tenía síntomas de parto y estaba en mal estado físico. Pero Figueroa dio el visto bueno para que "continuaran con ella las diligencias". "Creo que fui ingenuo", dijo más tarde al juez.

La relación de Carlota con este hecho la entrega Luz Arce Sandoval, la militante socialista que se transformó en agente pagada de la DINA. "La enfermera del doctor Figueroa era Bolumburu", afirmó.

A 32 años de su desaparición, el proceso abierto por el caso de Michelle Peña, que instruye el juez Jorge Zepeda, no tiene inculpados, y tampoco se sabe si su hijo nació.

El fin del cabo Leyton

Entre fines de 1976 y comienzos de 1977, la DINA dejó la casona de Santa Lucía para reinstalarse en Almirante Barroso 76, y allí se trasladó Carlota con su manojo de llaves. La función de la clínica era atender a los agentes y sus familias, pero también exterminar a los prisioneros, o reanimarlos para seguir torturándolos.

Antes del cambio, eso sí, Carlota pasó por la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI), que la DINA había instalado en Rinconada de Maipú, donde cursó y se graduó de agente.

En la nueva clínica, denominada London, siguió mandando, ahora con el respaldo de su grado. "La enfermera Bolumburu nos daba las órdenes; una de ellas era que nunca debíamos subir el tercer piso de ese lugar", recuerda el enfermero-agente Andrés Riquelme:

¿Qué había en ese tercer piso? Más prisioneros. Un día de marzo de 1977 llegó entre ellos el cabo Manuel Leyton, transformado hoy en historia.

Integrante de la Brigada Purén y detenido por Carabineros por robo de un vehículo, el cabo firmó su sentencia de muerte al revelar a un oficial de policía de apellido Denecke y a un fiscal militar de nombre Helmut , cómo hacían desaparecer a los prisioneros arrojándolos al mar desde helicópteros.

El fiscal era amigo de Contreras, quien ordenó entonces al mayor Vianel Valdivieso, uno de los capos, matar a Leyton. El jefe de la Brigada Lautaro, Juan Morales Salgado, fue testigo de esa orden.

En London, Carlota se encargó personalmente de Leyton, como recuerda una auxiliar de enfermería que trabajaba con ella, Yasna Larrecheda Valdés.

La sentencia se cumplió de noche el 29 de marzo de 1977, bajo la fiscalización de Valdivieso. Para ocultar el asesinato con gas sarín, Bolumburu y los médicos Pedro Valdivia Soto, Horacio Taricco Lavín y Leyton Bahamondes dijeron que el cabo había sufrido un paro cardíaco. Ante sus gritos acudieron corriendo la auxiliar Silvia Valdés Uribe y el enfermero-agente Vicente Álvarez Ramírez.

El cabo yacía desnudo tendido en una camilla. Valdivia le inyectó atropina directo al corazón, mientras Silvia le administró un vasodilatador intravenoso. Pero todo era una farsa. Cuando Morales Salgado entró a la sala de procedimientos "sentí inmediatamente un fuerte olor extraño y me lagrimearon los ojos".

¡Salgan todos de ahí rápido!, ordenó Valdivieso. El informe de autopsia también fue falso. Poco después, Carlota se casó con Acevedo, pero siguió limpiando las orejas del Mamo.

Cuando Contreras, junto a siete agentes, llegó a la casa de la madre del cabo para quitarles el ataúd, Susana, su hermana, recuerda que este la amenazó ante su protesta: ¡Tenga cuidado señora, acuérdese que su otro hijo Julio todavía está en el Ejército!

La Nación

24 de Julio 2007

Condenan a 25 años de presidio a Manuel Contreras

Por el crimen de Lumi Videla fue condenada la cúpula de la DINA en un dictamen de primera instancia que involucra además de Contreras a Miguel Krassnoff, Cristoph Willike, Marcelo Moren Brito, entre otros.

Sendas condenas dictaron dos magistrados en causas conocidas de derechos humanos, sentencias que complican nuevamente a la cúpula de la DINA y con especial fuerza al líder del organismo represivo el general (r) Manuel Contreras.

Por un lado el ministro Alejandro Solís dictó sentencia en el caso por el homicidio de Lumi Videla Moya y el secuestro calificado de su marido Sergio Pérez Molina, hechos ocurridos el 3 de noviembre de 1974 y 22 de septiembre de 1974, respectivamente.

En el dictamen condena a diez años y un día de presido mayor en su grado medio al general (r) Manuel Contreras en calidad de autor del delito de secuestro calificado de Sergio Pérez. También sanciona por igual ilícito a Miguel Krassnoff pero en este caso la pena es de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, caso que se repite para Ciro Ernesto Torré Sáez.

En el crimen de Lumi Videla la sanción para el Mamo Contreras alcanza a quince años y un día de presidio mayor en su grado máximo. Para Krassnoff Martchenko a diez años y un día de presidio mayor en su grado máximo e igual sanción cumplirá Cristoph Georg Paul Willeke Floel, Francisco Maximiliano Ferrer Lima y Marcelo Luis Moren Brito. Mientras que Basclay Humberto Zapata Reyes recibe una sanción de cinco años y un día de presidio mayor en su grado máximo.

Y luego que ayer se conociera la condena en contra del ex auditor del Ejército, general (r) Fernando Torres Silva, y del coronel (j) Enrique Ibarra, como autores de asociación ilícita en la muerte del químico de la DINA, Eugenio Berrios, hoy el juez Alejandro Madrid amplió las condenas por otro ilícito.

El dictamen del juez se refiere al secuestro y homicidio del cabo de Ejército y agente de la DINA, Manuel Leyton Robles, asesinado con gas tóxico en 1977. Este caso reviste especial importancia pues se trataría de un delito conexo a la muerte del ex Presidente Eduardo Frei, debido a que el oficial falleció en la clínica London donde operaba la DINA. Por el delito de asociación ilícita condenó a Hernán Taricco Lavin, Pedro Valdivia Soto, Osvaldo Leyton Bahamondes, Carlota Bolumburu Tabeada, Ricardo Lawrence Mires, Vianel Valdivieso Cervantes, Hernán Sovino Maturana, Santiago Matteo Galleguillos, Juan Morales Salgado, Lorenzo Toro Olivares, Vittorio Orvietto Teplisky, Federico Chaigneau Sepúlveda y Gladys Calderón Carreño.

Por el delito de secuestro la sanción implica a Hernán Taricco Lavin, Osvaldo Leyton Bahamondes, Carlota Bolumburu Tabeada, Vianel Valdivieso Cervantes, Hernán Sovino Maturana, Juan Morales Salgado, Lorenzo Toro Olivares y Ricardo Lawrence Mires

Y además por la figura de homicidio que afectó al mismo Manuel Leyton, el ministro Madrid condenó a Hernán Taricco Lavin, Ricardo Lawrence Mires y Juan Morales Salgado

En calidad de cómplices sancionó a Hernán Sovino Maturana y Lorenzo Toro Olivares; y en el rol de encubridores condenó a Osvaldo Leyton Bahamondes, Carlota Bolumburu Tabeada, Pedro Valdivia Soto, Santiago Matteo Galleguillos, Federico Chaigneau Sepúlveda y Gladys Calderón Carreño.

Finalmente, por el delito de coautores en falsificación de instrumento público sancionó a Osvaldo Leyton Bahamondes y Carlota Bolumburu Tabeada.