Benavides Escobar César Raúl

En una decisión judicial que enciende una nueva luz de alerta entre los civiles que ejercieron altos cargos durante el régimen militar, el ministro Juan Guzmán Tapia procesó como cómplices de secuestro calificado y reiterado de las víctimas de la Operación Colombo a los ex ministros del Interior del régimen militar, César Benavides Escobar y Enrique Montero Marx.

Aunque se trata de dos generales en retiro –uno de la FACH y el otro del Ejército-, de fructificar esta resolución en las instancias superiores del Poder Judicial, marcará un importante precedente en otras causas que persiguen responsabilidades políticas en las violaciones de los derechos humanos registradas durante el gobierno de facto de Augusto Pinochet.

Ello, debido a que Guzmán fundamentó sus procesamientos en el rol que desempeñaban en el gabinete del gobernante de facto, resaltando que “atendidas las funciones que realizaban era imposible que desconocieran el régimen de privaciones de libertad ilegales que sistemáticamente se estaban perpetrando, y no obstante a ello informaran que no se tenía antecedentes sobre las denominadas detenciones de las víctimas, cooperando a la ejecución de aquellos secuestros calificados por actos simultáneos”.

Los mismos argumentos fueron ocupados por Guzmán para añadir un nuevo encausamiento contra Benavides, esta vez en el marco de la Operación Cóndor, en su calidad de cómplice en el caso de cinco miristas desparecidos en Argentina en 1976, entre ellos Edgardo Enríquez.

Por ello, el abogado querellante en Operación Colombo, Hernán Quezada, valoró la decisión de Guzmán de apuntar la responsabilidad de los colaboradores de Pinochet, tanto en materia militar como civil.

“El ministro Guzmán ha concluido que estas personas tuvieron responsabilidad en la operación que se montó para encubrir estos desaparecimientos de más de cien personas en nuestro país. Desde ese punto de vista, no sólo tienen responsabilidad política administrativa, sino que eventualmente responsabilidad criminal también”, expresó el jurista.

Quezada agregó que “consideramos que el ministro Guzmán está culminando una fase de esta investigación judicial, esclareciendo las responsabilidades de quienes participaron en estos hechos y nos parece que es altamente positivo”.

Fantasmas para Fernández

La explicación de Guzmán para dictar estos procesamientos contra altos cargos políticos de la dictadura es similar a los fundamentos expuestos por los abogados Alfredo Morgado y Julia Urquieta en la querella que, a días de difundirse el informe sobre prisión política y tortura, interpusieron en contra del ex dictador Augusto Pinochet y su otrora ministro del Interior Sergio Fernández, en representación de veinte personas que sufrieron apremios ilegítimos durante el régimen militar.

En el escrito, que ahora se encuentra en manos del juez Joaquín Billard, se indica que hay antecedentes de que ambos fueron “cómplices” de los apremios sufridos por 28 mil torturados. “Cuando se detenía a personas y eran derivadas a centros de detención, no se informaba a los familiares y tampoco cuando se recurría a los tribunales; pareciera que había oficios, circulares, instrucciones precisas de las autoridades públicas, que ordenaban a los organismos de seguridad no dar información”, argumentó el abogado del PPD Alfredo Morgado.

De allí la importancia de la resolución emitida ayer por Guzmán, pues hasta ahora las condenas y procesamientos por violaciones a los derechos humanos se han centrado en los autores materiales e intelectuales de estos crímenes, y no en quienes como Fernández, Benavides y Montero ocuparon altos cargos en ese gobierno de facto, y tuvieron en esa calidad conocimiento del accionar de los organismos represivos.

No en vano, el ex subsecretario del Interior, y actual presidente de la UDI Jovino Novoa se sorprendió ayer con la resolución del magistrado, y declaró que “la justicia está ignorando hechos fundamentales como la prescripción, la Ley de Amnistía, y sin conocer los antecedentes me cuesta creer que haya argumentos jurídicos para este procesamiento”.

La responsabilidad de Interior

De hecho, la declaración que Montero Marx efectuó ante Guzmán en el caso de la Operación Colombo detalla que los informes sobre detenidos desaparecidos que emitió durante su paso por La Moneda se rigieron por una normativa dictada por el general Oscar Bonilla en 1973, que exigía informar al Ministerio del Interior de cualquier detención ordenada en el marco del Estado de Sitio, correspondiéndole a esa cartera dictar un decreto exento que especificara la autoridad responsable del arresto y del detenido.

Por ello, el Poder Judicial solicitaba a Interior ese decreto exento cuando se interponía un recurso de amparo, y aunque Montero Marx argumenta que la DINA no siempre se atenía a este procedimiento -por lo que el ministerio respondía a las cortes que no tenía conocimiento de su detención-, el magistrado lo procesó ayer por el secuestro de Juan Rosendo Chacón Olivares, Carlos Gajardo Wolf, Jorge Hernán Müller Silva y Juan Carlos Perelman Ide.

Lo mismo vale para César Raúl Benavides, encausado como cómplice de los crímenes de secuestro calificados de 16 personas: Francisco Eduardo Aedo Carrasco, Rubén Arroyo Padilla, Jaime Buzzio Lorca, Antonio Cabezas Quijada, Juan Rosendo Chacón Olivares, Luis Eduardo Durán Rivas, Héctor Garay Hermosilla, Eduardo Francisco Miranda Lobos, Jorge Alejandro Olivares Graindorge Benítez, Carlos Freddy Pérez Vargas, Sergio Reyes Navarrete, Ariel Salinas Argomedo, Teobaldo Tello Garrido, Segundo Toro Romero, Víctor Manuel Villarroel Gangas y Héctor Zúñiga Tapia.

La operación en detalle

La investigación que lleva adelante el juez Guzmán busca esclarecer la detención y posterior desaparición de una veintena de opositores al régimen militar registrada en julio de 1975 a causa de supuestos enfrentamientos en Argentina.

El caso, que consta de 36 tomos y se encuentra en estado de sumario, investiga el montaje comunicacional –de supuestos hechos en Argentina- como una maniobra de desinformación, que se inició en julio de 1975, para encubrir la desaparición de 119 personas que presuntamente terminaron su vida en el centro de detención ilegal Villa Grimaldi.

Este plan de desinformación culminó con la publicación, por parte de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), de dos listas de detenidos desaparecidos correspondiente a los 119 nombres.

Ya en enero de este año, el ministro Guzmán sometió a proceso –en el marco de la Operación Colombo- a la cúpula de ese disuelto organismo represivo, y encausó como autores de secuestro calificado a los generales (r) Manuel Contreras y César Manríquez (ex subsecretario de Guerra); los brigadieres (r) Pedro Espinoza y Miguel Krassnoff; el coronel (r) Marcelo Moren Brito; el ex gendarme Orlando Manzo Durán; el suboficial (r) Basclay Zapata; el coronel (r) de Carabineros, Conrado Pacheco Cárdenas; el mayor (r) Maximiliano Ferrer Lima, y el ex agente Osvaldo Romo Mena.

Todos ellos figuran como autores de los secuestros calificados de Carmen Cecilia Bueno Cifuentes, Jorge Müller Silva, Roberto Aranda Moreno, Modesto Espinoza Pozo, Carlos Gajardo Wolf, Rodrigo Ugas Morales, y los hermanos Aldo y Carlos Pérez Vargas, quienes fueron aprehendidos entre agosto de 1974 y febrero de 1975.

Anteriormente, el 2 de septiembre de 2004, el juez Guzmán procesó a 16 ex agentes de la DINA por 34 víctimas.

Los procesados

El general (r) César Raúl Benavides Escobar nació en 1912, casado y con una hija, era general de Brigada y director del Comando de Institutos Militares el 11 de septiembre de 1973 y ese día dirigió las tropas situadas al oriente de la Avenida Vicuña Mackenna y actuó como enlace de comunicaciones.

En 1958 estuvo en la Misión Militar de Chile en Washington y realizó el Curso de Instrucción de Fort Montmouth. En 1971, era director de la Academia de Guerra. Tres años después ascendió a general y fue designado comandante en jefe de la V División del Ejército, con sede en Punta Arenas. En junio de ese año, fue nombrado Ministro del Interior, en reemplazo del general Oscar Bonilla, el que a su vez ocupó la cartera de Defensa. Benavides estuvo en Interior hasta 1978, cuando fue puesto por Pinochet al frente de Defensa, secretaría de Estado que encabezó hasta 1980.

Por su parte, el general de Brigada Aérea (r) Enrique Montero Marx, estudió leyes en la Universidad Católica y se desempeñó como subsecretario del Interior, entre el 12 de septiembre de 1973 y el 22 de abril de 1982, período en que subrogó en ocasiones a Benavides. Posteriormente, asumió como ministro del Interior entre el 22 de abril de 1982 y el 10 de agosto de 1983.

Durante el año 2000, Montero Marx fue interrogado por el juez Joaquín Billard, como parte del exhorto de la justicia norteamericana que reactivó las investigaciones por el asesinato en Washington del ex canciller Orlando Letelier y de su secretaria Ronnie Moffit. Actualmente, es asesor jurídico de la Fundación Paz Ciudadana y asesor jurídico del directorio del diario El Mercurio, medio al que presta servicios desde 1983.

Benavides será representado por el abogado Ambrosio Rodríguez, mientras que la defensa de Montero estará a cargo de Hugo Rivera

El juez Juan Guzmán procesó a César Benavides, ex ministro del régimen militar, como cómplice del secuestro permanente de tres dirigentes comunistas, en el llamado caso Calle Conferencia.Específicamente se remite a la detención y desaparición de Víctor Díaz López, Mario Zamorano Donoso y Eliana Espinosa, todos miembros de la cúlpula del PC.

Los hechos ocurrieron en mayo de 1976 cuando los líderes comunistas fueron sacados a la fuerza por oficiales de la Dina desde una oficina ubicada en la calle Conferencia, en Santiago. Allí se capturó también a otros tres miembros del Comité Central del partido, entre los que figuraba Jorge Muñoz, esposo de Gladys Marín. En enero de este año, el coronel (r) de Ejército Germán Barriga Muñoz, procesado por su responsabilidad en este caso, se lanzó desde un 18º piso de un edificio en construcción en la comuna de Las Condes.

Tras su suicidio se conoció una carta en la que explicó que sufrió persecusiones y presión de varios sectores políticos

En votación dividida, la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó los procesamientos de los ex ministros del Interior del régimen militar César Benavides y Enrique Montero Marx.

El magistrado Hugo Dolmestch y el abogado integrante de la sala Eduardo Fuentes estuvieron por revocar los procesamientos, en tanto que el juez Haroldo Brito estuvo por mantenerlos.  Ambos generales (R) que se encontraban con libertad bajo fianza estaban encausados por el juez Juan Guzmán como cómplices de desapariciones ocurridas en el marco de la Operación Colombo, aunque Montero Marx suma también un procesamiento por el caso Cóndor.

La Operación Colombo fue un montaje preparado en 1975 por la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), para encubrir la desaparición de opositores al régimen castrense. En la actualidad, el expediente consta de 36 tomos y se encuentra en estado de sumario. El plan consistió en una operación de prensa para simular la desaparición de 119 militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), presentándola como un enfrentamiento al interior de la organización subversiva.

 Los generales (R) del Ejército de Chile Hermán Brady Roche, Cesar Raúl Benavides Escobar, Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Jaime Enrique Lepe, Raúl Eduardo Iturriaga Neuman Orellana;  el ex Subsecretario del Interior, Capitán de Navío Enrique Montero Marx; los oficiales Jorge Remigio Rios San Martín;  Guillermo Humberto Salinas Torres; Pablo Belmar Labbé; René Patricio Quilhot Palma; Rolf Wenderoth Pozo; Ricardo Lawrence Mires, han sido procesados por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional de España por su participación, mediata o inmediata, en el secuestro, tortura y asesinato del diplomático D. Carmelo Soria.

En el Auto de 17 de noviembre de 2009, que próximamente publicará integro EL CLARIN en la sección “Caso Pinochet”, el Juez y el Ministerio Fiscal han aceptado la ampliación de querella formulada el 23 de enero de 2007 por la Fundación Presidente Allende-España y la viuda de D. Carmelo Soria. Estos habían solicitado, asimismo, el procesamiento del Ministro del Interior, Sergio Fernández, y de la Ministra de Justicia, Mónica Madariaga, por haber firmado en 1978 el Decreto de Amnistía en cuya aplicación la Corte Suprema de Chile ha ordenado en 1996 que este crimen no fuera enjuiciado en Chile.  El Juez español ha denegado el procesamiento de estos Ministros de la Dictadura “en este momento, por cuanto resulta insuficiente para hacerlo el hecho de que hubiesen firmado el Decreto de Amnistía en 1978 que sirvió para conferir impunidad a los autores, cómplices y encubridores, porque por tal razón también tendrían que serlo los demás miembros del gobierno y todos aquellos que aplicaron la norma posteriormente, máxime después del pronunciamiento sobre tal tipo de normas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por tanto, y ientras no se acredite una participación diferente en los hechos no puede admitirse a trámite la querella contra estas dos personas”.

 El Auto de 17 de noviembre de 2009 acuerda, entre otras Diligencias, poner en conocimiento del Sr. Secretario General de Naciones Unidas, en aplicación del artículo 11 del Convenio sobre prevención y castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas de 14 de diciembre de 1973, la admisión de la querella  contra los presuntos culpables de la tortura y asesinato de D. Carmelo Soria Espinoza y que en su día se comunicará el resultado final.

 España asume la competencia para enjuiciar este delito en virtud de los principios de jurisdicción universal y de evitar la impunidad, después que la Corte Suprema ha acordado que no puede serlo en Chile, país cuya jurisdicción España considera preferente en virtud del principio de territorialidad.