Bassa Salazar Jorge Orlando Walter

Historia alucinante en Villa México

Mayo de 1977: Carlos Veloso Figueroa, un antiguo dirigente sindical y militante demócratacristiano, había comenzado a trabajar media jornada en la Fundación Cardjin, dependiente de la Iglesia Católica, poniendo fin a dos meses de penosa cesantía.

La fundación eclesial preparaba a dirigentes sindicales, especialmente los ligados a la DC. Trabajaba allí Luis Mardones Geza, ex dirigente nacional de la Federación del Cuero y Calzado y compadre de Carlos Veloso.

Veloso vivía en la Villa México, en Maipú, con su esposa y su hijo Carlos, de dieciséis años.

Osvaldo Figueroa –ex militante del PC–, Williams Zuleta –simpatizante DC, activo miembro de la parroquia Nuestra Señora de la Reconciliación– y Humberto Drouillas –militante DC– eran los vecinos de la familia Veloso. Jorge Troncoso –simpatizante de izquierda– y Eduardo de la Fuente, ex PC. Lo había sido hasta hacía poco.

El 1º de mayo de ese año las organizaciones sindicales celebraron el Día del Trabajo hacia adentro, en misas o actos cerrados. Las condiciones aún no permitían actos públicos ni se reconocía la legitimidad de esas organizaciones. No obstante eso, una centena de ellas había presentado 44 demandas a la Junta Militar.

Veloso, que fue uno de los que ayudó a mecanografiar el petitorio, supo que -dos sujetos de aspecto sospechoso andaban preguntado por él. Habían estado en casa de una tía y también en la Fundación. 59. Enviado al día siguiente su hijo a indagar detalles, fue interceptado por desconocidos cuando volvía a su casa y obligado a subir a un Chevy negro. Le cubrieron la vista y lo tiraron al suelo. Tras largas vueltas que desorientaron completamente al adolescente, fue obligado a descender y empujado a una habitación en un edificio desconocido.

Cuando le quitaron la venda, sintió los ojos heridos por una fuerte luz que se balanceaba sobre su cabeza. Lo obligaron a desvestirse y comenzaron a interrogarlo sobre las actividades de su padre. Mientras preguntaban, los agentes lo golpearon en diferentes partes del cuerpo hasta hacerlo vomitar.(60)

Desfalleciente, el menor oyó la voz de un supuesto detenido que fue instalado a su lado. Éste le daba ánimos. No digas nada sobre tu padre… Sobrevino luego un largo silencio interrumpido al cabo por un disparo. Una aguja se clavó en uno de sus brazos. Comenzó a sentir que flotaba, como si fuera volando por los aires. Sus captores le mostraron un cuerpo tendido en el suelo, sobre un charco de sangre.

–Lo mismo te va a pasar a ti, si no colaboras…

Vino en seguida una sucesión de golpes, luego aplicaciones de corriente. Para finalizar con cigarrillos que apagaban en sus brazos. (61)

Como a la medianoche, el muchacho fue abandonado cerca de la casa de su abuela, en Las Rejas.

Cuando por fin estuvo de vuelta en su hogar, su padre acudió inmediatamente a la Vicaría de la Solidaridad y el 4 de mayo presentó un recurso de amparo preventivo en su favor y en el de su hijo. En el escrito, señaló como presuntos responsables a los organismos de seguridad. También interpuso ante los tribunales del crimen una denuncia por las lesiones sufridas por su hijo.

Esa misma noche, dos agentes de la DINA llegaron a su casa. Dijeron que estaban investigando los hechos, advirtiendo que ellos no tenían nada que ver en los hechos. Confiando en que esos hombres decían la verdad, el joven les narró su odisea. Volvieron varias veces para inquirir más detalles, y en una de esas ocasiones se llevaron a Veloso padre, que por seguridad le vendaron la vista y lo condujeron a un recinto desconocido, donde fue interrogado sobre sus actividades gremiales y políticas. Luego lo dejaron marcharse.

El sábado 7 de mayo, cerca de las 20 horas, los agentes fueron nuevamente a buscar a Veloso para volver a interrogarlo. Dos horas más tarde, le pidieron que llamara a su hijo porque necesitaban aclarar con él algunos detalles. Conversaron con el muchacho y le dijeron algo que él se negó a creer: que sus secuestradores eran los marxistas y que éstos lo habían hecho para vengarse de su padre; porque están enojados con él ya que saben que es un soplón de los milicos. No consiguieron, a pesar de las presiones y amenazas, que firmara un documento que contenía una versión falsa sobre su secuestro, pero lograron que sí lo hiciera al pie de un papel que decía: Quiero conversar con ustedes sin la presencia de mi padre.

A las 2.30 de la madrugada del domingo, los agentes le permitieron a Veloso padre que volviera a su casa, pero le advirtieron que ellos iban a estar presentes porque debían proteger a su hijo de quienes habían intentado secuestrarlo: activistas de grupos de extrema izquierda, según dijeron. Se instalaron, sin más, llegando con Veloso a la casa, donde se presentaron además con un televisor, para hacer más llevadera la permanencia en casa, fue la explicación. Por supuesto, cuando Carlos vio llegar a su padre con los agentes y con el aparato, creyó que era verdad lo que le habían dicho aquéllos.

En la mañana del domingo 8, sin que padre e hijo hubieran tenido la oportunidad de conversar, los agentes los trasladaron, con la vista vendada, al mismo recinto en que Veloso había estado antes. Llevaron a Carlos al segundo piso, cumpliendo su supuesto deseo de conversar a solas con ellos. Allí, a pesar de las amenazas, siguió negándose a firmar un documento con una declaración falsa sobre su secuestro.

En medio de la discusión, los agentes hicieron subir a Veloso. Le dijeron que su hijo formulaba declaraciones contradictorias, aunque había reconocido en un momento que los autores eran de izquierda. El padre, desconcertado, increpó duramente a su hijo. Éste se desmoralizó.

–Su hijo se contradice porque los autores son conocidos de ustedes… –le dijo a Veloso uno de los agentes.

Carlos fue llevado a una pieza vecina, en verdad era un baño, desde donde podía ver a su padre, sin que éste lo viera a él, en virtud de que el muro divisorio era uno de esos vidrios que permite la visión sólo desde uno de sus lados. Vio así, aterrado, cómo uno de los sujetos encañonaba a su padre, recriminándolo por la poca colaboración del joven. En ese momento otros agentes llegaron al baño con un set de fotografías:

–¿Conoces a alguno de estos?

–Sí… –contestó el muchacho– a éste, éste y éste… Son vecinos nuestros 62.

Había reconocido a Figueroa, De La Fuente y Zuleta. No entendía para qué le mostraban esas fotos, pero el asunto comenzó a parecerle extraño cuando uno de los sujetos dijo:

–Ahora sólo falta el chofer…

No pudo entonces contenerse y dijo; ¡Yo sé quién es!, y apuntó a través del vidrio al hombre que encañonaba a su padre: Es ése, ese que está ahí…

Apenas alcanzó a terminar la frase cuando sintió el escozor caliente de la bofetada con que acababan de cruzarle la cara.

–¡No! –le gritó al oído uno de los sujetos–. …Yo te voy a decir lo que pasó y tú no vas a olvidar nada ¿correcto?… Bien: estas tres personas que tú reconociste, son quiénes te secuestraron en un Volkswagen verde. Lo que más te preguntaron fue si es cierto que tu padre es un soplón de los milicos. Figueroa, éste de aquí, te golpeaba constantemente y te quemaba con cigarrillos. Además, te violaron y te dijeron que fueras a la Vicaría a denunciar el secuestro. A ver, ¡repite…!

Obligaron a Carlos a repetir una y otra vez la versión y a memorizarla y luego fue llevado al cuarto donde su padre estaba aún bajo la amenaza de un arma.

–Cuéntanos de nuevo qué fue lo que pasó –dijo uno de los agentes y el muchacho, aturdido y aterrorizado, repitió la historia recién aprendida.

–¿Lo juras?

Vaciló apenas y dijo, balbuceante: Lo juro.

Veloso creyó entonces que su hijo estaba diciendo efectivamente la verdad. Firmó por eso sin poner mayor resistencia una declaración que le pasaron los agentes en la cual recriminaba a los marxistas por haberlo atacado.

Padre e hijo fueron enseguida trasladados a otro recinto, con apariencia de clínica, en el que Carlos fue sometido a una sesión de hipnosis que sólo le produjo efectos parciales. El objetivo era que repitiera y memorizara la versión construida del secuestro.

A las 4.30 de la madrugada del lunes 9, pudieron por fin volver a casa. Habían estado ausentes durante dieciocho horas.

Poco después comenzaban varios operativos para detener a los vecinos incriminados.

Entre el lunes 9 y el jueves 12, fueron secuestrados Osvaldo Figueroa , Eduardo de la Fuente , Williams Zuleta , Humberto Drouillas y Jorge Troncoso. En los allanamientos de sus casas lo único que los agentes pudieron incautar fue la copia de un recurso de amparo interpuesto por una de las víctimas y el título de propiedad de la casa de otro. Más tarde afirmarían, sin embargo, que habían hallado explosivos.

Mucho tiempo después, en testimonios notariales, los detenidos revelaron las torturas a que habían sido sometidos y las confesiones que la DINA obtuvo de esta manera.

De la Fuente narró que fue llevado a la parrilla, mientras los agentes lo golpeaban en los testículos. Desnudo, lo amarraron a una camilla. En el pie derecho le pusieron un alambre en cuyo extremo tenía una especie de moneda. A cada pregunta para la que no daba la respuesta esperada, seguía un golpe de corriente y, a veces, un golpe en el tórax con la suela de un zapato. Como seguía ignorante de un supuesto rapto y violación del adolescente, le pusieron unos ganchos en el pene y a través de estos le daban golpes de corriente.

El dolor y las convulsiones le desprendieron la prótesis dental y, como estaba amordazado, comenzó a tragarla. Hizo unos gestos desesperados. Los torturadores se detuvieron un momento creyendo que eso significaba que estaba dispuesto a confesar, pero De La Fuente sólo vomitó.

Tras este primer interrogatorio fue introducido en una pieza con Figueroa, quien ya había confesado y le pidió que hiciera lo mismo. De la Fuente volvió a los interrogatorios, ahora sobre las actividades de Troncoso y Figueroa. Esa tarde, lo colgaron de las manos de manera que sus pies no tocaran el suelo. En esa posición los agentes lo golpeaban en el estómago. Era para ellos, según las palabras que oyó, un punching ball. Así estuvo casi una hora. Uno de los agentes le tomó fuertemente la cabeza y se la cargó hacia abajo- Logró así, cuando el prisionero estaba ya a punto de desfallecer, que éste reconociera su culpabilidad y que había violado al muchacho. Se le permitió descansar mientras Figueroa volvía a la parrilla.

Durante la noche del 10 al 11 De la Fuente no pudo dormir, pues los agentes lo obligaban a saltar y lo golpeaban cada veinte o treinta minutos. El miércoles 11, fue puesto ante Drouillas, a quien se le obligó a reconocer como el que dirigía las reuniones. Drouillas ya exhibía moretones y tenía la vista vendada, a pesar de lo cual negó siempre las acusaciones que se le hicieron.

De la Fuente fue llevado a la pieza de la parrilla y oyó cuando los agentes le ordenaban a Troncoso desvestirse. Vendado, supo del momento en que comenzarían a aplicarle electricidad, porque le advirtieron que levantara un dedo cuando quisiera confesar. Troncoso insistía en su inocencia.

Sentí que comenzaban nuevamente a aplicarle corriente a Troncoso y que éste gritaba muy fuerte. El jefe ordenó: ‘Tápenle la boca’. Los agentes siguieron aplicando corriente y uno de ellos dijo: ‘Paren, háganle masajes, parece que se nos murió’. Después alguien ordenó: ‘Sáquenlo pa’ fuera’. Sentí que me tomaban y rápidamente me sacaron de la pieza. (63)

Los interrogatorios continuaron todo el día y esa noche. De la Fuente, fue llevado a una pieza en que estaban otros detenidos. Oyó la voz de un adolescente individualizando a uno de ellos. En esa ocasión le pasaron a De la Fuente una pistola para que se matara. El detenido rechazó la sugerencia, pero los agentes dijeron que no importaba, pues ya tenían sus huellas dactilares en el arma. El muchacho reconocería a De la Fuente como quien lo había amenazado con arma de fuego el 2 de mayo.

Persuadido por un golpe que le dieron en la cabeza con un fierro o un arma, finalmente De la Fuente firmó una declaración que jamás leyó.

Ese mismo día, los agentes le advirtieron que no mencionara más a Troncoso en sus declaraciones, porque éste ya no estaba detenido.

El viernes 13 fue llevado a Cuatro Alamos, donde se reuniría con los demás detenidos, excepto Troncoso.

El 14, dado que, según la versión, De la Fuente era el chofer y Zuleta su acompañante, ambos fueron sacados a recorrer el trayecto que habían hecho con el menor y en el camino los agentes les decían lo que supuestamente habían hecho en cada lugar.

A esas alturas, ya estaban presentados los recursos de amparo por todos los detenidos ante la Corte de Apelaciones de Santiago, reclamando el incumplimiento de las mínimas formalidades jurídicas, como la exhibición de órdenes de autoridad competente, la individualización de los aprehensores, el aviso escrito a los familiares. Se pedía que el ministro del Interior, Carabineros, Investigaciones, Juzgado Militar y la DINA dijeran si habían ordenado las detenciones.

La Corte sólo accedió a pedir informes al ministro del Interior.

En cuanto al primer amparo presentado en nombre de Carlos Veloso y de su hijo, la Corte solamente preguntó si había una orden de arresto en contra del recurrente. El Ministerio no contestó.

Mientras los Veloso seguían recluidos en su casa, en la Iglesia la situación era difícil. El asunto parecía confuso y complejo. En lo interno, el análisis del tema fue encargado al Vicario General de Santiago, obispo Sergio Valech. Se consideró que el prelado, reconocido por sus posturas conservadoras, tendría la independencia suficiente para encararlo.

Para los abogados de la Vicaría de la Solidaridad no cabía duda alguna de que estaban frente a un montaje preparado por la DINA y así lo presentaban al vicario en sus informes diarios. Pero Valech se mostraba incrédulo. Pensaba que verdaderamente el secuestro del menor había sido cometido por un grupo de izquierda. Admitir otra posibilidad le parecía demasiado brutal, excesivamente sórdido. (64)

Fue la denuncia que había hecho Luis Mardones a la Vicaría sobre el secuestro de su amigo y su propia detención, la que llevó a Valech a encomendar al obispo auxiliar de Santiago, Enrique Alvear, que realizara una seria indagación. Mardones, compadre de Veloso, no vivía en la Villa México, pero se enteró de lo acontecido. Había ido por lo tanto el jueves 12 a la Vicaría para contar lo que estaba pasando con su compadre. Dijo que temía por él porque sabía que estaba virtualmente secuestrado por la DINA en su propia casa. Prosiguió su peregrinaje yendo a la Fundación Cardjin y cuando pretendía llegar también a la Vicaría Episcopal Oeste fue detenido en plena calle.

Alvear, en suma, fue a la Villa México y comprobó que los Veloso no podían salir de su casa ni comunicarse con nadie. Decidió entonces interponer un nuevo recurso de amparo en favor de la familia y pidió a la Corte que se le permitiera narrar lo que él mismo había visto, pero ésta rechazó.

En tanto, los tribunales esperaban los informes del Ministerio del Interior sobre las detenciones de Figueroa, Zuleta, Drouillas, De la Fuente y Mardones, quienes ya se encontraban en Cuatro Alamos.

El 15 de mayo, el menor Veloso fue sacado de su casa y conducido al Hospital Militar. El médico Jorge Bassa Salazar lo miró sólo desde lejos –mientras se lavaba las manos, según contó después un testigo–. En una palabra, sin examinarlo extendió un certificado en que aseguraba haber constatado que Carlos fue violado. (Exámenes posteriores en el Instituto Médico Legal demostrarían que el menor nunca sufrió ese vejamen).

Pendientes aún los recursos de amparo en primera instancia, el 24 de mayo apareció la primera información de prensa. Un texto emanado de la Secretaría General de Gobierno fue divulgado por la agencia Orbe y reproducido en La Segunda. La misma información fue despachada desde la Dirección de Informaciones de Gobierno al canal 13, en un papel sin membrete, pero con una recomendación en una tarjeta anexa en que el director de Informaciones, Max Reindler solicitaba que se leyera a la mayor brevedad. Decía la nota:

Los servicios de seguridad detuvieron a cuatro individuos que aparecen implicados en el secuestro, apremio y maltrato físico del menor de dieciséis años, Carlos Arnaldo Veloso Reindenbach (…) Los sujetos en cuestión son los siguientes: Robinson Williams Zuleta Mora, Osvaldo Figueroa Figueroa, Luis Rubén Mardones Geza y Humberto Drouillas Ortega. Estas personas están sindicadas como colaboradoras del instituto apostólico Fundación Cardjin. (65)

La DINA montó una conferencia de prensa en la casa de los Veloso. Los agentes que estaban instalados en el inmueble escribieron en un papel instrucciones sobre la forma en que el menor debía comportarse:

Es necesario que al relatar los hechos del secuestro y torturas a (sic) que ha sido sometido se atenga a los términos y detalles de la declaración que hizo en presencia de su padre, el día 8 de mayo, si se le pregunta si su casa está bajo custodia y están limitados los movimientos suyos y de su grupo familiar, debe contestar porque tiene miedo, porque lo amenazaron de muerte y prometieron que asesinarían a su padre, de modo que la custodia es una medida que toda la familia considera necesaria hasta que no se aclaren los hechos; debe mostrarse nervioso y todavía atemorizado; la justificación básica de su experiencia es que los secuestradores le repetían constantemente que su padre era un soplón de los milicos. (66)

Ese mismo 25 de mayo el Ministerio del Interior reconoció que Zuleta, Mardones, Drouillas y Figueroa permanecían detenidos en Cuatro Alamos, sin entregar detalles sobre sus aprehensiones. Sobre Troncoso, simplemente afirmó que su detención nunca fue ordenada.

Hasta el 27 de mayo, la casa de los Veloso estuvo bajo la protección de la DINA. Durante ese período, nadie pudo visitarlos. Carlos no se sinceró con su padre, pues sospechaba que era un colaborador de la DINA, y éste continuaba convencido de que los autores del secuestro de su hijo eran militantes de izquierda.

La Corte de Apelaciones entró entonces a conocer de los amparos en favor de los inculpados. A los antecedentes entregados inicialmente, los familiares añadieron que las fechas de detención dadas por el gobierno eran falsas y el abuso que significaba que la autoridad administrativa arrestara a personas para, supuestamente, indagar delitos comunes, pues esa era atribución exclusiva de los tribunales ordinarios, aún bajo el Estado de Sitio. También se quejaron por las prolongadas e ilegales incomunicaciones y defendieron la completa y total inocencia de los acusados.

La Corte de Apelaciones, con los votos de los ministros Hernán Cereceda y Efrén Araya, rechazó los amparos, argumentando que los detenidos fueron aprehendidos por orden de autoridad competente –el Ejecutivo– en virtud del Estado de Sitio. Adujeron, que por no constar que el arresto tuviera relación exclusivamente con delitos comunes, no consideraban usurpadas sus facultades. En la minoría, el presidente de la Sala, Enrique Paillás , estimó que lo procedente era poner inmediatamente a los detenidos a disposición del tribunal ordinario que investigaba el secuestro. Y recordó que la incomunicación no estaba entre las facultades que el Estado de Sitio otorgaba al Ejecutivo, como tampoco la de indagar delitos comunes.

El amparo en favor de Jorge TroncosoTroncoso, Jorge fue rechazado el 7 de junio. Otro tanto ocurrió antes, el día 3, el que se había pedido en favor de la familia Veloso, porque el ministerio del Interior informó, para fundamentar su rechazo, que no existía ninguna resolución que afectara al padre o al hijo.

La Corte Suprema estudiaba paralelamente las apelaciones de las familias de los detenidos. El presidente, José María Eyzaguirre, los visitó en Cuatro Alamos el 2 de junio. Ante la autoridad judicial, los recurrentes se declararon inocentes y narraron sus propios secuestros y las torturas que habían sufrido en poder de los agentes de la DINA.

Ese mismo día la Corte despachó un oficio pidiendo al Ministerio del Interior que explicara la incomunicación irregular a que el Ejecutivo los tenía sometidos.

El tribunal debió esperar pacientemente las respuestas. Respecto de Drouillas, ésta llegó cuando el reo ya estaba en libre plática en la cárcel pública y a disposición de la fiscalía que lo procesaba por actividades subversivas y lesiones a un menor. Respecto de los demás, el Ministerio dijo que se hallaban en Cuatro Alamos no incomunicados, sino que, por medidas exclusivamente de seguridad, sólo se ha determinado la suspensión de visitas al citado campamento de detenidos.

Ante esa respuesta, la Corte emitió una inmediata orden de suspensión de ese tipo de precaución, pues lo que precisamente caracteriza a la incomunicación es la prohibición de visitas.

La Corte preguntó también al ministro del Interior la autenticidad del télex que el 24 de mayo había emitido la Dirección de Informaciones del gobierno difundiendo la aprehensión de los acusados. A la Suprema le interesaba aclarar el punto, pues revelaba desdén hacia los tribunales de Justicia por parte de las autoridades, que habían informado primero y más extensamente a los medios de comunicación que a quienes sustanciaban los amparos. Era también una prueba de que se estaba usando la vía administrativa para indagar delitos comunes.

El gobierno negó la autenticidad del comunicado, con lo cual la Suprema rechazó definitivamente los recursos.

Una vez que Carlos Veloso y su hijo fueron liberados –y pudieron por primera vez comunicarse libremente sus experiencias–, la Corte recibió una declaración notarial en que ambos narraban su odisea y explicaban que habían sido obligados a inculpar a sus vecinos. La Corte rechazó el recurso, pero dictó dos medidas: que se interrogara el obispo Enrique Alvear (diligencia que jamás llegó a realizarse) y que el ministro Marcos Aburto tomara declaración al niño.

A esas alturas, el obispo Valech había entrevistado ya a los familiares de las víctimas y se había convencido de que estaba frente a una monstruosa operación de falseamiento de los hechos montada por la DINA. En la privacidad de sus oficinas comentaba a sus cercanos que no podía entender la pasividad de los tribunales ante tal acumulación de atropellos e irregularidades.

El fiscal militar Juan Carlos Lama, quien procesaba a los presuntos autores del secuestro, en cuanto se enteró de que el ministro Aburto interrogaría a los Veloso, ordenó que padre e hijo fueran detenidos. Marcos Aburto debió cumplir su cometido en un Cuartel de Investigaciones, pero eso no impidió que los Veloso ratificaran ante el magistrado la verdadera versión de los hechos y exculparan a sus vecinos.

El proceso en la fiscalía militar se había iniciado por un requerimiento del Ministerio del Interior, que intentaba, sin rodeos, vincular a la Iglesia Católica con los presuntos delitos. El escrito ministerial, firmado por el general César Benavides es muy claro a este respecto:

Los hechos delictivos que habrían cometido las personas mencionadas y que al parecer serían sus responsables directos, se inician con su relación con la Fundación Cardjin, organismo dependiente de la Vicaría de la Solidaridad, y en consecuencia, en forma indirecta del Arzobispado de Santiago; las señaladas personas formaban parte de un grupo subversivo de aquellos que se han formado en esta Fundación, y cuyo objetivo fundamental consiste en cumplir labores subversivas al amparo de una actividad eclesiástica y religiosa, tendientes a socavar el actual gobierno del país.(67)

El texto sostenía que los procesados consideraban a Carlos VelosoVeloso, Carlos un infiltrado y por esa razón raptaron a su hijo. Los acusaba de asociación ilícita, tenencia ilegal de armas de fuego, organización para derrocar al gobierno constituido, incitación a la formación de grupos armados, atentados o privación de libertad a las personas, usurpación de funciones, abusos deshonestos y lesiones.

El requerimiento fue acompañado por las declaraciones extrajudiciales de los acusados, la declaración del niño el 8 de mayo, la que suscribiera su padre reprochando la conducta de los marxistas, el informe del doctor Bassa y un oficio secreto, fechado el 19 de mayo, con la rúbrica del director de la DINA, Manuel ContrerasContreras, Manuel:

Desde hace un tiempo a esta parte, la Dirección de Inteligencia Nacional ha detectado la puesta en marcha de un plan subversivo tendiente a socavar el actual gobierno (…) Los autores e instigadores de dicho plan son, entre otros, la Vicaría de la Solidaridad, la Fundación Cardjin, por citar los más relevantes. (68)

Los familiares cuestionaron que los detenidos estuvieran siendo juzgados según las normas de Tiempo de Guerra, en circunstancias que ese estado había cesado jurídicamente, y pidieron al fiscal Lama su inmediata liberación. El fiscal no respondió.

Los familiares presentaron un recurso de queja en contra del fiscal en la Corte Suprema, alegando que puesto que el país vivía ya en estado jurídico de paz, el tribunal supremo estaba facultado para corregir los abusos de la justicia militar.

La Corte tardó varios meses en dar a conocer su respuesta y en ella repetía el argumento de que el Código de Justicia Militar no menciona a la Corte Suprema como tribunal superior en Tiempo de Guerra, ignorando simplemente que ese estado jurídico había cesado.

Tras interrogar a los Veloso en el cuartel central de la policía civil Marcos Aburto los dejó a disposición del fiscal. Juan Carlos Lamas citó al menor y éste le contó todo nuevamente. Pero el fiscal estaba interesado en otras materias. Le preguntó por la asesoría que le brindaba la Vicaría, el nombre de los abogados, la forma en que se realizó la declaración jurada que depositó ante notario. Luego determinó que el joven debía quedar detenido e incomunicado, pues sus declaraciones eran contradictorias con las que había prestado ante la DINA el 8 de mayo.

En el marco de esta situación absolutamente insólita –porque el menor era la víctima del delito, no el acusado– se practicaron nuevos careos entre él y los detenidos. No hubo contradicciones. Víctima y acusados concordaron en que ninguno de ellos participó en el secuestro.

El 21 de junio, el fiscal alzó las incomunicaciones de los procesados, que se habían extendido por más de 40 días. Al día siguiente, puso término también a la incomunicación y detención de Carlos y dejó en libertad incondicional a Figueroa, De la Fuente y Mardones.

Lamas no pudo acreditar que los detenidos hubieran participado en el secuestro del joven, pero mantuvo en prisión a Drouillas y Zuleta, por los supuestos explosivos encontrados en sus casas.

Las familias Veloso, De la Fuente, Mardones y Figueroa huyeron al exilio.

En Chile, los intentos por obtener la libertad de Zuleta y Drouillas se hacían difíciles en el ámbito de la justicia castrense. El fiscal Juan Carlos había propuesto una pena de cinco años y un día para cada uno y citado a un Consejo de Guerra para el 26 de octubre. Sólo entonces los abogados de la defensa pudieron conocer el expediente, tras lo cual le pidieron al ministro de turno, Ricardo Gálvez , que reclamara el caso, pues en las nuevas condiciones jurídicas del país, el proceso no le correspondía a la justicia militar. Ante el rechazo de Gálvez, apelaron a una sala de la Corte.

El caso llegó a manos de los ministros Germán Valenzuela Erazo, Servando Jordán y el abogado integrante José Bernarles.

El expediente, que ya quemaba las manos de todos los que debían ocuparse de él, se perdió antes de que hubiera fallo. Nunca apareció.

La defensa intentó una última movida para impedir el Consejo de Guerra: un recurso de protección, sobre la base de la normativa dictada por la propia Junta Militar: el Acta Constitucional Nº 3. Pero nada pudo impedirlo. El Consejo aplicó las penas propuestas por el fiscal, pero considerando la irreprochable conducta anterior de los acusados y el tiempo que llevaban privados de libertad –seis meses– les remitió la pena y dispuso su libertad condicional, bajo control del Patronato de Reos por tres años.

Zuleta y Drouillas también partieron al exilio.

Comenzaba 1978. En el proceso iniciado en contra de los autores de los secuestros de los procesados no se pudo identificar a los culpables. En parte, porque el ministro EyzaguirreEyzaguirre se negó a informar al Séptimo Juzgado lo que había visto en Cuatro Alamos, cuando los visitó, argumentando que formaba parte de un informe confidencial. La justicia militar, que debía también investigar los apremios ilegítimos en contra de los encausados, a denuncia del propio Eyzaguirre, nunca practicó las diligencias que se le solicitaron. El Primer juzgado del Crimen calificó las lesiones al menor Veloso como clínicamente leves y constitutivas de una mera falta y tampoco identificó a los verdaderos autores de su secuestro y torturas.

El Decreto Ley de Amnistía, dictado en abril de 1978, puso fin a los procesos incoados en la Justicia Militar y dejó durmiendo, con sobreseimiento temporal, el caso del detenido Troncoso.

Lo vivido por las familiares de los Veloso, los pobladores injustamente acusados y el infortunado Jorge Troncoso, que se convirtió en desaparecido, es una de las pruebas más flagrantes de la debilidad –por decir lo menos– del Poder Judicial ante las violaciones a los derechos humanos.

Esta actitud de la judicatura en los primeros años de dictadura tiene, para algunos, explicación en las actitudes humanas que es dable esperar bajo un régimen de fuerza.

Los ministros les tenían miedo a los milicos. De las mismas bajezas de las que es capaz cualquier ser humano bajo dictadura, un preso bajo torturas, eran capaces los jueces. Estaban divididos. Desconfiaban unos de otros. También entre ellos se daba la lógica del soplón. (69)

Para otros, la respuesta está en un compromiso ideológico de la magistratura, especialmente del tribunal superior, que se aferró a un excesivo y dogmático formalismo:

El Poder Judicial ejerció un positivismo legalista que se autoatribuyó como la única fuente legítima y adecuada a un Estado de Derecho, con lo que fue funcional a la dimensión represiva del régimen militar.(70)

Según Roberto Garretón ni siquiera es cierto que se hayan aplicado las leyes.

Si lo hubieran hecho, habrían acogido los recursos de amparo y salvado muchas vidas. Lo que hicieron fue buscar resquicios legales o incluso torcer la letra de la ley para hacer lo que las autoridades militares esperaban de ellos.(71)

Entre 1978 y 1980, con el general Odlanier Mena a la cabeza de la CNI y el general Contreras retirado de sus funciones como jefe de la policía secreta, los casos de secuestros, torturas y muertes decrecieron considerablemente en el país.

Pero al comenzar los ´80 el republicano Ronald Reagan ganó las elecciones en Estados Unidos. Su política hacia los gobiernos militares en latinoamérica dejó de lado la línea de severidad –bastante moderada, por lo demás– de la administración Carter. A la semana de haberse instalado en la Casa Blanca el nuevo presidente, en Santiago se registró el caso del secuestro realizado por el grupo de Investigaciones conocido como Covema.

El general Mena fue reemplazado en la CNI y comenzó una nueva ofensiva de la policía secreta en contra de las manifestaciones opositoras. Los tribunales se inundaron otra vez con recursos de amparo.

Se acercaba la era Rosende.

El ministro en visita Alejandro Madrid descubrió que doctores que trabajaron en la clínica London de la DINA también prestaron servicios en la clínica Santa María. De hecho, uno de ellos, intervino en el equipo médico que estuvo en la última operación al ex Mandatario, según revela el expediente judicial.

Si en 1977 alguien hubiera dicho que un ministro de la Corte de Apelaciones llegaría a establecer cómo murió un agente de la DINA a manos de sus camaradas de armas en la Clínica London, de seguro lo habrían tildado de iluso. Igualmente, si en 1982 alguien hubiera tenido conocimiento que parte del equipo médico que trabajaba en la Clínica Santa María, donde se operó al ex Presidente Eduardo Frei Montalva, formó parte de la Clínica London, de la DINA, quizás su muerte habría sido evitada.

Si en 1990, tras el retorno de la democracia, alguien hubiera siquiera levantado la sospecha de que estas dos muertes estaban relacionadas entre sí, quizás en parte le hubieran creído, pero era impensable obtener resultados concretos.

Por esta razón, el ministro Alejandro Madrid Crohare ha acreditado que una serie de muertes anteriores a la de Frei son un nexo necesario para llegar a establecer el que pudiera ser el primer magnicidio de la historia de Chile.

El magistrado Madrid, en un documento al que tuvo acceso exclusivo LND, tiene identificado a todo el personal que trabajó en las clínicas de la DINA, pasando por Santa Lucía y luego London, desde guardias, enfermeros, doctores, auxiliares, conductores y telefonistas. Este listado secreto, nunca antes publicado (ver recuadro), consta en el expediente que el juez tramita por la muerte del ex cabo del Ejército y ex agente de la DINA Manuel Jesús Leyton Robles, asesinado en marzo de 1977. Caso ligado a la muerte de Frei.

Este hecho, si se toma en perspectiva, ha dado pistas que han ayudado a fortalecer la convicción del magistrado en cuanto a que la muerte de Frei no fue una mera casualidad.

A lo anterior se suman otros dos sucesos que también han sido reveladores para el magistrado. En primer lugar, que en 1993 uno de los principales imputados en el crimen del diplomático español Carmelo Soria -ocurrido el 14 de julio de 1976-, el brigadier (R) y ex secretario general del Ejército, Jaime Lepe, utilizó a los agentes del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) para que siguieran y detuvieran al suboficial (R) José Remigio Ríos San Martín. Se reunió con él en un restaurante, donde le conminó a retractarse de la declaración que lo inculpaba a cambio de una camioneta (ver La Nación 21.8.06). La volumen de medios que Lepe utilizó para esta operación, a instancias del propio Pinochet, revela que no sólo se trataba de proteger su carrera o de encubrir una muerte como tantas otras, sino más bien de ocultar información sobre fabricación de venenos para eliminar a sus opositores durante la dictadura militar.

En segundo lugar, otra vertiente conduce al envenenamiento con toxina botulímica de los miristas en la cárcel pública en 1981 (ver La Nación 23.8.06), traída especialmente a Chile por el Instituto de Salud Pública (ISP) para el Laboratorio de Guerra Bacteriológica del Ejército (LGBE), con el aval del entonces representante en Chile de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), doctor Virgilio Scuttia. En aquel año, el LGBE dependía operativamente de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).

Por último, la salida de Chile del químico de la DINA Eugenio Berríos Sagredo -quien huyó del país con ayuda del Ejército en octubre de 1992- y su posterior asesinato en 1993 en Uruguay, constituyen en conjunto un rompecabezas al que sólo le faltarían algunas piezas por encontrar en el oscuro universo de las operaciones de inteligencia de la dictadura de Pinochet. Y Berríos, en toda esta trama, aparece como el nexo necesario.

“Por culpa de este hueón traidor”

La muerte del cabo Leyton Robles, ocurrida en marzo de 1977, resulta un ejemplo palpable de lo que significaba la palabra “traición” para el director de la DINA, Manuel Contreras: un vocablo impronunciable.

Leyton Robles buscaba junto a otros agentes repuestos para una renoleta, ya que los fondos de la DINA eran exiguos y no había cómo reparar el vehículo. El problema lo resolvieron robando un auto similar al ciudadano francés Marcel Duhalde. Éste denunció los hechos a carabineros, los que ubicaron la renoleta y detuvieron a los responsables, el propio Leyton Robles y Heriberto Acevedo, ambos miembros de la DINA, los cuales fueron trasladados a una comisaría. Y allí comenzó todo. La DINA ordenó liberarlos. Carabineros se opuso. Los agentes del servicio rodearon la unidad policial. Crisis. Manuel Leyton Robles seguía preso. Sin embargo, minutos antes había revelado el secreto mejor guardado de la DINA: la existencia de detenidos desaparecidos y su destino final, el mar.

Una vez liberado, la DINA, al tanto de sus declaraciones, lo recluyó en uno de sus recintos. Murió días más tarde de un misterioso ataque cardíaco. Tenía sólo 24 años. Hasta aquí llega lo que hasta ahora es de dominio público.

“Viene paquete”

Sin embargo, el quién, el cómo, el cuándo y el dónde fue asesinado resultó ser un misterio y un secreto guardado en las bocas de muy pocos. Pero sólo hasta ahora, ya que Madrid y el detective Nelson Jofré tienen el caso del todo esclarecido.

Leyton Robles no fue llevado a un lugar cualquiera, sino a la Clínica London. Al respecto, el testimonio del suboficial (R) del Ejército y enfermero Carlos Norambuena Retamales resulta elocuente para ilustrar el recinto ubicado en Almirante Barroso 76.

“En esta clínica pude observar hechos que me marcaron para siempre mi vida. Comprobé que había un grupo de médicos involucrado en hechos de muerte de los detenidos que llegaban a la clínica. De estos episodios me percaté cuando hacía turno de noche, los cuales eran habituales”.

Según este ex enfermero DINA, los involucrados eran el doctor Osvaldo Leyton, Werner Zanguellini y la enfermera jefa Eliana Borumburu Taboada. “Había una clave en la clínica, que era un aviso: ‘viene paquete’. Significaba que venía un detenido y uno entendía que no tenía que involucrarse en nada, solamente los ya citados. Llegaba un vehículo de la DINA y gente que no conocíamos bajaban en camilla al detenido, luego lo ingresaban a una sala, le suministraban algo y después el paciente salía fallecido”.

Norambuena Retamales relata además la fórmula usada por los facultativos: “Suministraban ocho miligramos de Pentotal, lo que al paciente le provocaba inmediatamente una arritmia, seguido de un paro cardiorrespiratorio, falleciendo en la clínica, y como a la hora y media lo sacaban de noche medio camuflado”.

Este ex funcionario de la DINA tuvo acceso privilegiado a varios oscuros episodios de la dictadura junto a la enfermera Borumburu. “Pude conocer accidentalmente ‘la torre’ (Villa Grimaldi) en una oportunidad en que el mayor Gerardo Ulrich estaba procediendo a quemarle los pezones con alcohol a una mujer totalmente desnuda”.

El “doctor tormento”

La auxiliar de enfermería de la Clínica London Jazna Larrecheda Valdés contó un segundo detalle gravitante para el juez y la primera pista concreta sobre la muerte de Leyton. La mujer relató a Madrid que en marzo de 1977, “a eso de las 2 A.m., llegaron hasta la Clínica London unas ocho personas a cargo de un oficial y otros dos agentes a quienes identifiqué como Armando Cabrera y el cabo Manuel Leyton. En un instante todo el grupo entró a la oficina del jefe administrativo y a los pocos minutos llegó un sujeto conocido como el doctor Pinchetti”. Este último, también conocido como el “doctor tormento”, era el hipnotizador de la DINA.

Luego de algunas horas vio a Leyton fumando y paseándose de un lugar a otro, “tocándose la cabeza en señal de nerviosismo y desesperación, al mismo tiempo que acariciaba el arma de servicio que llevaba al cinto (…) Transcurrieron algunos minutos y salió Cabrera de la habitación. Inmediatamente ingresó Leyton hasta donde permanecía Pinchetti”, declaró la auxiliar de enfermería.

A los pocos minutos, el hipnotizador llamó por teléfono y dijo: “El primero (Cabrera) negativo, el segundo (Leyton) positivo”, cuenta Larrecheda.

Por otra parte, el ex empleado civil del servicio Julio Huerta Gutiérrez relató que Leyton quedó entonces en la clínica detenido con un guardia externo de la DINA, con subametralladora en mano en caso que quisiera escapar. Huerta era responsable, según su testimonio, de llevarle el almuerzo. También le daba cigarrillos cuando Leyton se los pedía, haciendo caso omiso de las órdenes del jefe de seguridad, el entonces teniente Hernán Sovino Maturana: no tener contacto con los presos.

Los hechos continuaron su cauce cuando el conductor de ambulancia de la Clínica London, suboficial mayor activo del Ejército S.A.C.V, vio cómo llegaba una ambulancia y subían a un paciente al box de urgencia. “Al ingresar veo a un sujeto joven sobre la camilla, desconocido para mí hasta ese instante, y veo al doctor Pedro Valdivia y otra persona que no recuerdo (…) El paciente estaba inconsciente y con un paro cardiorrespiratorio (…) Yo estuve presente y cooperé transportando un desfibrilador y un reanimador. Recuerdo que quedé muy choqueado, era la primera vez que veía fallecer a una persona. Me encontraba muy mal y salí al pasillo”.

Otra de las personas que participó en este episodio fue la ex auxiliar de enfermería de la DINA Silvia Valdés Uribe, quien confirma los hechos, y agrega que se trató de reanimar a Leyton, pero todo indica que la tortura aplicada por Pinchetti con el pentotal, más las sesiones de interrogatorio, terminaron con sus signos vitales.

A las pocas horas, Jazna Larrecheda Valdés comprobó con sus propios ojos este mismo hecho. “Le pregunté a un auxiliar qué había pasado con el paciente y me dijo que había fallecido; entonces entré a la sala de yeso, donde constaté que sobre una camilla yacía un cuerpo desnudo. Era el cabo Leyton”.

Esa misma noche llegó hasta la clínica el comandante Vianel Valdivieso, uno de los hombres del círculo de hierro de la DINA, junto al mayor Juan Morales Salgado, quienes se llevaron el cadáver.

Hermenéutica judicial

Cuando Madrid y la policía tuvieron esta historia completamente clara, se abocaron a establecer estos nexos médicos con la muerte de Frei y se encontraron con sorpresas.

Profesionales que trabajaron en la DINA integraron el equipo médico que trató a Frei, como también hubo otros de la central de inteligencia que trabajaban en la Clínica Santa María mientras el ex Mandatario permaneció internado allí.

Una de las principales pistas de los investigadores provino de la declaración -a fojas 656 del expediente judicial- del último doctor que atendió al ex Presidente, Patricio Silva Garín.

Este último, en 1982 se desempeñaba en el Hospital Militar, aunque era un hombre muy cercano a Frei Montalva.

Silva Garín relató al ministro Madrid que conformó su equipo con los doctores Eduardo Weinstein (quien también trabajaba en el Hospital Militar) y el doctor Rodrigo Vélez.

Este último, según el relato del suboficial mayor activo del Ejército S.A.C.V., también prestó servicios en la Clínica London. El equipo estaba integrado, asimismo, por el médico Pedro Valdivia, quien estuvo presente al momento de la muerte del cabo Leyton en las dependencias de la DINA.

Pero había más. La enfermera jefe de la DINA, Eliana Borumburu, tenía por aquellos años una prima, Ana María Borumburu, que trabajaba precisamente en la Universidad Católica, donde trabajaban los médicos Hermal Rosemberg y Sergio González Bombardiere, los que fueron encargados de la autopsia no autorizada -según la versión de la familia- de Frei.

Dentro de los documentos incautados por Investigaciones no quedó registro de las últimas operaciones quirúrgicas hechas al ex Presidente, salvo la primera de ellas, realizada en diciembre de 1981. LND

Los casos relacionados:

Los procesos que Madrid vincula a la muerte de Eduardo Frei Montalva

 1.- Carmelo Soria: Diplomático Español

Homicidio: 14 de julio de 1976.

Autores: DINA.

Principales imputados:

Brigadier (R) Jaime Lepe Orellana.

Mayor (R) Patricio Quilhot.

Suboficial (R) José Remigio Ríos San Martín.

Químico Civil Eugenio Berríos.  

2.- Cabo de Ejército Manuel Jesús Leyton Robles

Agente de la DINA

Homicidio: marzo de 1977.

Autores: DINA

Principales imputados:

Hipnotizador, Osvaldo Pinchetti.

Comandante (R) Vianel Valdivieso

Coronel (R) Juan Morales Salgado

Dr. Sergio Valdés.

Dr. Osvaldo Leyton.

Enfermera Eliana Borumburu Taboada

Químico Eugenio Berríos  

3.- Ricardo y Elizardo Aguilera, Guillermo Rodríguez Morales “El Ronco” y Adalberto Muñoz Jara.

 Militantes del MIR

Envenenamiento por botulismo.

Autores: se sospecha que fue la CNI.

Principales imputados: químico de la DINA, Eugenio Berríos.

General (R) doctor Eduardo Arriagada Rehren y el coronel (R) de Sanidad Sergio Rosende Ollarzu, ambos funcionarios del Laboratorio de Guerra Bacteriológica del Ejército (LBGE), dependiente entonces de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).

Químico Eugenio Berríos

Hartmut Hopp (Colonia Dignidad)

 4.- Eduardo Frei Montalva.

Ex Presidente de Chile

Muerte por septicemia generalizada: 21 de enero de 1982.

Autores: se sospecha del LGBE, la DINE y la CNI.

Principales sospechosos: general (R) doctor Eduardo Arriagada Rehren y el coronel (R) de Sanidad Sergio Rosende Ollarzu, ambos funcionarios del Laboratorio de Guerra Bacteriológica del Ejército (LBGE), dependiente de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).

 5.- Eugenio Berríos Sagredo

Ex químico de la DINA

Homicidio: entre enero y marzo de 1993, en Uruguay

Autores: agentes de la DINE.

Principales procesados:

General (R) Eugenio Covarrubias ex jefe de la DINE

Mayor (R) Arturo Silva Valdés.

 Hablan los médicos  

Las declaraciones de los médicos que participaron en la operación ante el ministro Madrid, están llenas de tecnicismos, explicando cómo operaron al ex Mandatario. Aquí algunos de sus párrafos más importantes de sus testimonios judiciales.

Augusto Larraín:

“En esta segunda operación donde participé como observador vi una mesenteritis alta de intestino delgado del tipo inflamatorio que nunca antes encontré en las cirugías digestivas que he realizado”.

Alejandro Goic:

“Con respecto a la pregunta de una posible intervención de terceras personas en la infección, debo señalar que no puedo pronunciarme sobre ello. Todo lo que aconteció en el período post operatorio tiene una explicación médica lógica sin necesidad de factores externos”.

Dr. Patricio Silva Garín:

“El doctor Augusto Larraín fue partidario de la cirugía, yo fui partidario de tratarlo médicamente, ya que la úlcera de Barré, por mi experiencia profesional, mejoraba con un tratamiento con remedios”.

Dr. Eduardo Weinstein Baranovsky:

“El grado de riesgo en esos años con el cuadro que tuvo el paciente de obstrucción intestinal, la mortalidad operatoria podría llegar al 60 por ciento. Como corolario de la secuencia y complicaciones que se fueron dando, debo señalar que lo principal lo atribuyo a la tardanza a pesar del diagnóstico que había dado el doctor Patricio Silva en que se efectuara la operación de obstrucción intestinal. De ahí para adelante hay toda una secuencia de un problema séptico en un hombre de edad y que al final desencadenó una falla multisistémica”.

Dr. Guillermo Steading Valenzuela:

“Mi opinión es que cuando Frei fue ingresado por segunda vez a la clínica, debió haber sido operado de inmediato y no esperar al doctor xx Larraín que se encontraba fuera de Santiago

Dr. Carlos Zavala Urzúa:

“La evolución de Eduardo Frei Montalva fue el de una enfermedad muy grave producto de un shock séptico que ocurre en una persona de 72 años y que tiene una alta mortalidad”.

Los funcionarios de las clínicas de la DINA

Doctores:

Jorge Fantini
Osvaldo Leyton Bahamondes
Horacio Taricco Lavín
Vittorio Orvietto
Juan Pablo Figueroa
Pedro Samuel Valdivia Soto
Sergio Virgilio Bocaz
Sergio Muñoz Bonta
Chistian Emhart Araya
Camilo Azar Saba
Jorge Bassa Salazar
Rodrigo Vélez

Enfermeras-Auxiliares: 

María Eugenia Pérez
Irma Aguilera Mitchell
Jasna Larrecheda Valdés
Fernanda Segura Jara
Melanie Soto Cubillos

Empleados civiles:
Silvia Valdés Uribe
Ramón Álvarez Martínez
Luis Araya Aguayo
Luis Espinoza Tapia
Luis Orellana Lara
Igor Poblete González
Jorge Aceituno Cruz
Alberto Arriagada Martínez
Luis Barrera Fuentes
Enrique Carreño Morales
José Guerrero Guerrero
Julio Huerta Gutiérrez
Roberto Núñez Zenteno
Carlos Pulgar Albornoz
Claudio Sanhueza Sanhueza
Jaime Leiva Olguín
Andrés Naranjo Riquelme
Lorenzo Toro Olivares

Militares:
Hernán Sovino jefe de seguridad
Suboficial mayor (R), Ramón Muñoz Rojas
Suboficial mayor (R) Raúl Cerda Sagardía (enfermero)
Suboficial mayor (R) Leonel Martínez Faúndez
Suboficial mayor (R) Santiago Matteo Galleguillos
Suboficial (R) Luis Olguín Ortiz
Suboficial (R) Alfredo Naranjo Riquelme
Suboficial (R) Manuel Lucero (enfermero)
Suboficial (R) Carlos Norambuena (enfermero)
Suboficial (R) Oscar Aceituno Carvajal
Sargento 1º (R) Alfonso Bravo Cifuentes
Sargento 1º (R) Jorge Aravena
Sargento 1º (R) Delberto Esparza Lillo
Sargento 1º de Carabineros, Bernardo González González
Sargento 2º Vicente Alvarez Ramírez
Sargento de la FACH, Luis Pechuante Núñez

El ex militar se encuentra actualmente cumpliendo condena en Punta Peuco por delitos cometidos en la dictadura, entre ellos, la tortura y el asesinato a cadenazos de un agente de la propia organización que intentó ayudar a presos políticos. Los abogados de sus víctimas dicen que si bien su demencia podría ser real, se requiere un informe imparcial que lo determine, no uno propiciado por un ex doctor que trabajó para la DINA.

La defensa de Gerardo Urrich González, ex oficial de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) condenado por delitos de lesa humanidad, presentó una petición para que se ordene el cese de su condena, y se le permita vivir al cuidado de un familiar, bajo la argumentación de que padecería de demencia senil.

No obstante, quien firma esta solicitud desde el aspecto sanitario, es Jorge Bassa Salazar, doctor que también es ex agente de la DINA, y que actualmente se desempeña como cirujano estético en el Hospital Militar de Santiago, en la comuna de la Reina.

Bassa, aparece mencionado en Memoria Viva como "Agente DINA y médico de las clínicas clandestinas de la DINA", como la conocida "Clínica London", donde se asesinó y torturó a detenidos de la dictadura.

"Si bien podría ser que el diagnóstico sea verdadero, hay fuertes motivos para desconfiar. Necesitamos peritajes, a fondo, serios, y el problema es que el SML no están haciendo peritajes por la pandemia", señaló al respecto la abogada representante de víctimas de violaciones a los DDHH, Magdalena Garcés.

En ese sentido, lo que busca la defensa de Urrich, es que el tribunal acepte este informe, como si se tratase de uno imparcial, explicó la abogada.

La defensa

Desde la defensa de Urrich González, argumentan que el informe médico que presentaron ante la justicia da cuenta de un caso de "demencia senil tipo Alzheimer" con un pronóstico "malo: de alta mortalidad en corto plazo".

Sin embargo, lo que no mencionan es que -además del mencionado doctor de la DINA- todos los firmantes del documento son militares o cercanos, que de hecho, ejercen funciones en el Hospital Militar.

Así, el informe fue elaborado por el doctor José Tomas Armstrong (el único de los que lo sustentan que no es militar), aunque sí se desempeña en dicho recinto, es firmado por: el doctor Jorge Bassa Salazar (ex DINA y actual médico cirujano del Hospital Militar) y el doctor Francisco Silva Terán (director médico del Hospital Militar y Teniente Coronel del Ejército).

Además, el informe es "suscrito" por el Director General del Hospital Militar, Sergio Nazar Martínez, quien es también, General de Brigada del Ejército. 

Ninguno de estos grados militares es mencionado en el escrito, que se referiere a quienes apoyan el informe como "doctores".

Los hechos por los que cumple condena

Según pudo establecer la justicia décadas más tarde, Gerardo Urrich González formó parte de la DINA desde sus inicios, y participó directamente en la aplicación de torturas a sus detenidos en el lugar denominado “La Torre” en Villa Grimaldi.

De acuerdo a la información publicada por Memoria Viva, dicho recinto se trataba efectivamente de una construcción con forma de torre, que sustentaba un depósito de agua. En su interior se construyeron unos diez estrechos espacios para la mantención de reclusos, de unos 70 x 70 centímetros y unos dos metros de alto, con una puerta pequeña en la parte baja por la que era necesario entrar de rodillas.

En cada una de estas celdas se mantenía a una o dos personas en un régimen de encierro permanente, y aparentemente, las personas llevadas a La Torre eran detenidos de cierta relevancia que habían terminado su etapa de interrogatorios intensos. En esta torre también había una sala de torturas, y muchos de los detenidos que llegaron a ese lugar nunca fueron vistos nuevamente.

Allí ejerció gran parte de sus funciones Urrich González luego de haber sido, desde noviembre de 1973, instructor del futuro personal en la Escuela de las Rocas de Santo Domingo y Tejas Verdes, donde estaba bajo las órdenes de Manuel Contreras.

Luego, en febrero de 1974, se integró a la Brigada de Inteligencia Metropolitana de la DINA y a la Agrupación Purén, encargada en 1975 de la represión directa al Partido Socialista y en 1976 al Partido Comunista, funcionando primero en Londres 38 y luego en Villa Grimaldi, donde formó parte de un trío que pasó a la historia por sus atrocidades, junto a Raúl Carevic y Marcelo Morén Brito.

Los tres, son famosos por haber asesinado a cadenazos, luego de reiteradas torturas, a otro agente de la DINA, que había comenzado a ayudar a algunos de los detenidos.

Ese fue el caso de Rodolfo Valentín González Pérez, quien al ser enviado al Hospital Militar a cuidar a “prisioneros peligrosos” como Tito Palestro, Osvaldo Puccio y el Ministro José Tohá, comenzó a ayudarlos en la comunicación con sus familiares.

Al ser descubierto, lo torturaron en “La Torre” de Villa Grimaldi y luego, frente a toda la guardia, lo lincharon a cadenazos para demostrar “como mueren los traidores”. González Pérez está desaparecido desde el 19 de julio de 1974.

Asimismo, Urrich González fue condenado por su participación en el delito de secuestro calificado del médico veterinario Juan Rosendo Chacón Olivares. Ilícito perpetrado a partir del 15 de julio de 1974, en el marco de la denominada "Operación Colombo", donde junto a él, fueron condenados otros 35 agentes de la organización.

Otra de sus labores, incluyeron su participación en los crímenes cometidos en el cuartel de la DINA conocido como "Venda Sexy", en Ñuñoa, entre 1974 y 1975.