Barría Sánchez Jaime Fernando Pedro

En 1985, el joven universitario José Randolph Segovia fue encontrado sin vida sobre un roquerío en la costa de Concepción. El hallazgo desembocó en uno de los casos policiales más extraños –o viciados- de la Dictadura. Amenazas de muerte y secuestros exprés llevaron a que el caso –que llegó a ser calificado por la CIA como un “torpe intento de encubrir un crimen”- se cerrara sin culpables. Treinta años después, la hermana mayor de José se embarcó en la búsqueda de respuestas. Prácticamente sola, logró que se reabriera el caso, que se encontraran culpables y que se dictaran sentencias. Y nada de eso le ha traído calma. Hoy, aún le falta responder una última pregunta: “¿Por qué mataron a mi hermano?”.

Sentada así, en la terraza de un café que nunca había visitado –pero que queda frente a su departamento-, Catina Randolph podría parecer una cliente más, con una vida normal. Madre de cinco, abuela de dos, luce sobre sus hombros un manto de lana y el cabello levemente ondulado hacia las puntas. Pero cuando comienza a relatar la historia de su hermano, que es también la suya, rompe cualquier estereotipo.

—Hace 33 años, desperté con un llamado telefónico de medianoche. “A tu hermano lo mataron”, me dijo mi padre.

La historia de la familia Randolph Segovia de Concepción podría partir de muchas maneras. Esta es una: La madrugada del 26 de mayo del año 1985, el hijo menor del clan, José Rigoberto Randolph Segovia, desapareció en extrañas circunstancias de la Segunda Comisaría de Carabineros de Concepción, y luego apareció muerto –y con una nota de suicidio- en los roqueríos de Talcahuano.

El padre del joven, escéptico de la versión oficial, solicitó que se abriera una causa por homicidio y culpó de su muerte, públicamente, a los oficiales que custodiaban a su hijo, en plena dictadura. El proceso estuvo marcado por las falsificaciones de partes policiales, amenazas de muerte a testigos e, incluso, secuestros exprés. El caso, uno de los más emblemáticos de la Región del Biobío, se cerró sin culpables.

O podría partir así: El año 2009, y tras una insistente lectura de un libro con recortes de prensa que su padre coleccionó por años, Catina se dio cuenta de que debía hacer algo. Llegó sola a tribunales para reabrir el caso, insistió a abogados y jueces e increpó cara a cara a quienes, presumía, habían asesinado a su hermano.

En el camino destapó historias, se sancionaron culpables, obtuvo respuestas. Lo que Catina aún no tiene, casi 33 años después de la muerte de su hermano, es un final.

Desaparición, secuestros y amenazas

Enrique Randolph y Rosa Segovia se casaron en Antofagasta en la década de 1960. Allí, tuvieron a sus tres hijos: Catina, la mayor; José y Fabiola, la menor.

Por el trabajo de Enrique en la empresa de tecnología Phillips, la familia se trasladó a Santiago y luego, en 1975, a Concepción.

—Nuestro núcleo familiar siempre fue acomodado. Sin grandes lujos, pero teníamos un buen pasar—, recuerda Catina.

Al salir del colegio, ella enfiló nuevamente a Antofagasta para seguir sus estudios. Pocos años después, en 1985, Enrique sería nuevamente trasladado –esta vez a Iquique- y el único miembro del clan que permaneció en el VIII Región fue José, quien había entrado a Ingeniería Civil Mecánica en la Universidad de Concepción.

Catina estaba casada y esperaba a su cuarto hijo cuando la despertó una llamada telefónica de su padre: “A tu hermano lo mataron”. En Santiago, donde vivía, la mayor de los hermanos intentó procesar la información. “¿Cómo que lo mataron?”, se preguntaba.

La historia, según estableció el ministro en visita Carlos Aldana, ocurrió así: La noche del 26 de mayo de 1985, José Rigoberto Randolph Segovia volvía a su pensión en auto junto a un amigo desde una fiesta. En el camino que unía Talcahuano con Concepción, Randolph chocó una barrera policial frente al retén de Carabineros del Club Hípico.

Horas más tarde, fue detenido en la casa donde residía, llevado a realizarse una alcoholemia al Hospital Regional y luego, en calidad de detenido, trasladado hasta la Segunda Comisaría de Concepción.

En la madrugada del día siguiente, un pescador encontró su cuerpo sobre los roqueríos de Rocoto, una playa de la desembocadura del río Biobío, con una presunta nota suicida. “Me fui al mar, porque ya no soporté más. Otra embarrada más en mi vida”, decía un extracto de la carta.

Inmediatamente, la familia sospechó de la tesis del suicidio. “No tenía una sola costilla rota -el acantilado desde el que saltó tenía casi 100 metros- y sus muñecas tenían heridas como si hubieran sido atadas”, recuerda Catina.
Algo no calzaba. Antes de que su cuerpo fuera encontrado, José había sido declarado “fugitivo”. La versión de Carabineros era que el universitario se había fugado del retén, y que luego habría cometido suicidio. “Eso ya era raro, pero encima la policía elaboró dos partes: uno decía que se había fugado del Hospital durante la alcoholemia, y en el otro, que había escapado del retén. Por lógica, uno de los dos partes mentía”, sentencia Catina.

Los Randolph Segovia contrataron un abogado. El caso ya ocupaba las portadas de los diarios regionales y el ministro en visita José Martínez Gaensly desarrollaba las primeras diligencias.En un comienzo, el caso avanzó con una velocidad inusitada. En pocos días, se cambió el rótulo de la causa de “suicidio” a “homicidio”, y la Justicia Militar procesó a dos jóvenes oficiales por “adulteración de un parte policial e incumplimiento de deberes militares”. Se trataba de Mauricio Vera y Jaime Barría, dos de los carabineros que estaban de turno cuando José cayó detenido.

Pero, al mismo tiempo, algunas cosas se comenzaron a complicar. El abogado de los Randolph recibió amenazas de muerte –terminaría dejando el caso-; la esposa del actuario del ministro Martínez fue secuestrada –los captores le hicieron una marca en su pecho- y otros testigos de la causa también sufrieron represalias.

A pesar de las dificultades, los Randolph vieron con optimismo algunos avances. Las autopsias a José habían demostrado que su muerte había sido provocada por la “acción de terceros”, y se comprobó la existencia de un “testigo falso”, presentado por Carabineros.

— Tengo la convicción de que mi hijo no se suicidó— declaraba un enfático Enrique Randolph a los medios. —Hasta el último aliento que me quede de vida voy a emplearlo para que la justicia establezca y sancione a los culpables—.

Pero luego vino el segundo secuestro a la esposa del actuario de Martínez. Esta vez, dejaron una marca en su frente y un mensaje para el ministro: “El próximo será usted”.Así, en enero de 1986, los sospechosos fueron sobreseídos. La muerte de José quedó sin culpables.

Catina, su libro, sus luchas

El cierre del caso dejó secuelas visibles en la familia Randolph Segovia. Agobiado por una depresión, Enrique renunció a la Phillips y se trasladó junto a su familia a La Serena. En 1990, se suicidó.

Rosa, su esposa y madre del joven, haría lo mismo tres años después.

—A pesar de lo doloroso, pienso que ambos tuvieron una frialdad y una valentía increíbles. En el fondo, consideraron que su vida había dejado de ser vivible—, resume Catina, sentada en la terraza de un café en Providencia.

Luego de los funerales, Catina se llevó un grueso cuaderno que su padre había elaborado con los recortes de prensa que hablaban de José. Sobre la tapa de cuero café, Enrique había mandado a grabar en letras plateadas el apelativo favorito de su hijo: “PEPE”.

Entre los recortes se contaban entrevistas a ministros, carabineros y autoridades. Además de valiosa información del caso sobreseído.

— Fue pasando el tiempo y, leyendo ese libro, empecé a sacar nombres, a anotar datos. En un minuto sentí que, a través del libro, estaba mi papá hablándome. Me decía: “Hija, ahí está todo. Haz lo que yo no pude”—, dice.

En 2009 Catina tomó una decisión: tenía que hacer algo. “Empecé a hacer cosas insólitas. Por ejemplo, con el nombre de estos dos subtenientes, fui a la Dirección General de Carabineros para saber dónde estaban. Me conseguí el número de uno y lo llamé. Me leí entera la Ley de Transparencia incluso antes de que fuera promulgada, y llegué a reunirme con la Javiera Blanco cuando era subsecretaria de Carabineros”, cuenta.

Por falta de nuevos testigos, muchos abogados se negaron a atender el caso. Catina sólo tuvo respuesta de la Corporación de Asistencia Judicial de Concepción, la que se comprometió a ayudarla.

“Usando el libro de mi padre, redacté prácticamente sola la carta de reapertura”, cuenta. Parte de su argumento se basaba en una de las frases que Vera Cortesi –uno de los carabineros inculpados previamente por la muerte de José- había declarado a la prensa en 1985: “Este no es el momento. Algún día hablaremos”.

Antes de enviar la carta de solicitud, Catina visitó al ministro Carlos Aldana, quien aún lleva todas las causas relacionadas con violaciones a los Derechos Humanos en Concepción. “Fui a la Corte con mi libro -el que dejó mi papá- y subí. Entré a la oficina y el actuario me frenó. ‘Pero ¿cómo llegó hasta acá?’”. El ministro Aldana, que estaba en su escritorio, le dijo que pasara.

—Le echó una hojeada a mi libro, y me dijo: “No le puedo prometer nada, pero veré en qué la puedo ayudar”. Ese fue mi primer gran paso. Al año, se reabrió el caso—, rememora.

“Eso para mí fue un milagro. Imagínate: sola, prácticamente sin abogados, buscando reabrir un caso sobreseído”, dice.

En 2010, Aldana sorprendió a Catina con otra noticia: harían una reconstitución de escena. Junto a su hermana menor, llegaron hasta Rocoto -donde supuestamente se había suicidado su hermano- para presenciar la diligencia.

“Parecía una película, estaba lleno de PDI y Carabineros”, recuerda.

Allí Catina divisó a un hombre alto, bien vestido, usando lentes oscuros. Era Mauricio Vera.

—Pude haberlo empujado, escupido, haberle sacado un arma, pero lo encaré, y le pregunté si sabía quién era yo y qué había pasado con mi familia. “Sí”, me dijo, “lo sé todo”—, recuerda Catina.

“¿Tus hijos saben esto?”, le preguntó. “No”, le respondió. “Se enteraron ayer”. Catina recuerda que Vera le preguntó por la edad que tenía su hermano el día de su muerte. “Yo le respondí que tenía 24. Me dijo que en ese momento él tenía 23. Es decir, que el policía era menor que mi hermano en ese momento. Se le cayeron algunas lágrimas”, recuerda Catina.

Luego de la reconstitución, el ministro dejó detenidos a Vera y a Barría. “Hay contradicción en las versiones entregadas en los distintos careos”, explicó Aldana en esa oportunidad.

“Porque mi coronel lo mandó”

El 19 de agosto de 2016, a más de tres décadas de la muerte de José, el ministro en visita Carlos Aldana dictó sentencia. Vera Cortesi y Barría Sánchez fueron hallados culpables como coautores del homicidio de José Rigoberto Randolph Segovia y condenados a tres años y un día de presidio remitido.

Aldana consideró que los excarabineros reunían los requisitos para cumplir dicha pena en libertad vigilada. Además, condenó al Fisco a indemnizar monetariamente a las hermanas Randolph –las únicas sobrevivientes de la familia- por el daño moral sufrido.

Para Catina, sin embargo, el caso estaba lejos de cerrarse. Casi inmediatamente, junto a los abogados Rafael Poblete y David Vargas, apeló a la sentencia. No le satisfacía la condena en libertad. Además, consideró que el fallo de Aldana dejaba varias interrogantes sin responder. ¿Dónde y en qué circunstancias murió José? ¿Cómo fueron sus últimas horas? La familia espera que este mes la Corte de Apelaciones de Concepción se pronuncie sobre la solicitud de revisión de la condena.

El informe Comments on human rights and internal Carabinero reforms de la CIA, desclasificado en 2002, se refiere al caso de José Randolph. “Los hechos nos dicen que Randolph escapó de la custodia, fue recapturado, maltratado, y murió en la estación policial. Luego, vino el torpe intento de encubrir el crimen”.

 Para definitivamente cerrar esto: saber por qué lo mataron. ¿Por qué se ensañaron con él? ¿Por qué lo hicieron escribir esa carta, agónico? —, dice.

Durante la conversación que mantuvieron en 2010, Catina le contó Vera una de sus teorías. “Te voy a decir lo que creo que pasó”, le dijo: “A ustedes se les pasó la mano, se mandaron el numerito del año y tuvieron que intentar tapar el hoyo”. Vera no le contestó.

Esa tarde, Catina intentó una vez más romper el silencio del excarabinero.

— ¿Por qué alteraron los partes policiales? —, le interpeló.

Hoy, abrazada al libro de cuero que cuenta la historia de su hermano, Catina abre los ojos antes de citar la respuesta que oyó esa tarde.

“Porque mi coronel me lo mandó”.

La Corte Suprema rechazó los recursos de casación de 2 excarabineros condenados a 5 años y un día por el homicidio de José Randolph Segovia perpetrado el 26 de mayo de 1985, en Talcahuano.

El máximo tribunal del país confirmó la sentencia contra Mauricio Edmundo Vera Cortesi y Jaime Fernando Pedro Barría Sánchez por el homicidio del estudiante de la Universidad de Concepción, cuyo cadáver fue encontrado por un pescador en los roqueríos de la playa Rocoto.

Los exuniformados intentaron hacer pasar por fuga y posterior suicidio el hecho, cuyo sumario investigativo quedó cerrado hasta el año 2012 que la Suprema ordenó reabrir el caso tras la insistencia de la familia del estudiante.

Fue así que el juez especial para causas de DDHH en la Región del Bío Bío, Carlos Aldana, determinó que Randolph había sido asesinado por los excarabineros. Pese a ello, solo los había condenado a 3 años y un día, sin cárcel. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Concepción elevó las penas de los criminales a 5 años y un día de cárcel efectiva, lo que fue ratificado por el máximo tribunal del país.

Según la investigación, el estudiante fue detenido en su hogar tras haber protagonizado un accidente de tránsito. Tras ser llevado a la Segunda Comisaría de Carabineros de Concepción, ubicada en calle Ongolmo N° 1636, último lugar donde fue visto, se le perdió el rastro.

El fallo determinó que Mauricio Edmundo Vera Cortesi y Jaime Fernando Pedro Barría Sánchez alteraron documentación e hicieron pasar como una fuga la desaparición del cuartel de José Randolph Segovia. Su cadáver, arrojado a los roqueríos de Rocoto y encontrado por un pescador en la actual comuna de Hualpén, presentaba golpes mortales atribuibles a terceros, según la investigación del SML.Los excarabineros deben ser derivados por Aldana próximamente a Punta Peuco.

La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó este martes, los recursos de apelación presentado por las defensas de Mauricio Vera Cortesi y Jaime Barría Sánchez, en contra de la sentencia que los había condenado como coautores del delito de homicidio de José Rabdolph Segovia. Hecho ocurrido en mayo de 1985, en Talcahuano.

La Quinta Sala del Tribunal determinó con unanimidad ratificar la resolución impugnada, dictada  por el ministro en visita Carlos Aldana, pero con declaración que los expolicías deberán cumplir cinco años y un día de presidio efectivo, como autores de un crimen de lesa humanidad.

“(…) Es evidente que las lesiones de que dan cuenta estos cuatro informes periciales, no fueron provocadas por una caída o salto voluntario desde el peñasco o roqueríos del sector la Puntilla de Rocoto, se trata de un precipicio de gran altura 42,30 metros que da al mar, según fojas 366. Por lo que es de toda lógica sostener que nadie puede caer sin sufrir ninguna fractura ósea al estrellarse en el suelo, el que era precisamente una roca compacta. Sin embargo, está acreditado que tanto el cráneo, como la estructura ósea de las extremidades superiores e inferiores del occiso, estaban indemnes”, consigna el fallo.

Además, desprende que “en ningún caso la víctima caminó para llegar hasta allí, los nueve kilómetros que separan el sector de Rocoto en la desembocadura del río Bío Bío, hasta donde circula efectivamente locomoción colectiva. Por lo tanto su cadáver fue trasladado en algún vehículo, tal como reseña la sentencia en alzada en el considerando tercero”.

El dictamen detalla que ambos condenados iniciaron una persecución para dar con el paradero de Randolph Segovia, quien se escapó de la comisaria tras su detención por un accidente de tránsito; búsqueda en la que recorrieron varios domicilios de conocidos y amigos de la víctima.

Al dar con su paradero, los uniformados, quienes vieron su orgullo herido, “descargaron en él toda su ira, dándole un castigo inhumano, ensañándose en la golpiza y tortura que le propinaron causándole en definitiva la muerte”.

El fallo precisa que “no trepidaron en vejar en su dignidad a José Randolph Segovia al desnudarlo, aplicarle apremios ilegítimos al ser golpeado de manera brutal y reiterada, llegando al extremo de sacarle un ojo de su órbita al torturarlo vilmente, sometiéndolo de manera cobarde al mantenerlo con sus manos atadas, llegando incluso en el abuso psicológico de la víctima hasta conminarlo a escribir de su puño y letra una carta suicida dirigida a sus familiares cercanos. Técnica de sometimiento e intimidación ampliamente conocida, por ser usada en los recintos de tortura”.

En el aspecto civil, la instancia, confirmó el fallo que ordenó pagar una indemnización de $120.000.000 (ciento veinte millones) a cada una de las dos hermanas de la víctima.

Ambos ex carabineros deberán cumplir la condena de 5 años y 1 día de cárcel que la Corte Suprema confirmó hace unas semanas

Fueron notificados los exmiembros de Carabineros, Mauricio Vera Cortesi y Jaime Barría Sánchez, condenados por el homicidio del estudiante de la Universidad de Concepción, José Randolph Segovia, ocurrido en 1985, en plena dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

A las tres de la mañana del lunes llegó desde Santiago un dispositivo de Gendarmería para trasladar a ambos condenados hasta el Penal Punta Peuco, donde deberán cumplir los 5 años y 1 día de cárcel que la Corte Suprema confirmó hace unas semanas, reseñó Bío Bío Chile.

En la Corte de Apelaciones de Concepción, el ministro para causas por violación de derechos humanos, Carlos Aldana, comunicó personalmente la resolución judicial a Vera Cortesi y Barría Sánchez, quienes se presentaron voluntariamente, acompañados de familiares y abogados.

Los exuniformados fueron desde un inicio del caso sindicados como responsables del crimen de José Randolph, estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Concepción.

El joven había sido detenido por una supuesta infracción de tránsito. Su cuerpo fue encontrado más tarde en los roqueríos de Rocoto en el puerto de Talcahuano, hoy comuna de Hualpén.

El crimen fue investigado hace más de 30 años por el juez con dedicación exclusiva, José Martínez, quien procesó a los dos policías.

La decisión posteriormente fue revocada y archivada hasta el 2012, cuando la Corte de Apelaciones reabrió la investigación y designó a su cargo al juez especial Carlos Aldana.

Al fallecer los padres de la víctima, sólo quedo su hermana Catina Randolph Segovia quien insistió para conocer la verdad de lo ocurrido ese domingo 26 de mayo de 1985, día en que un pescador halló el cuerpo en unos roqueríos de la playa Rocoto.

Un certero golpe en la espalda le destrozó el hígado al joven estudiante y de acuerdo al relato de la hermana, moribundo le hicieron escribir una misiva para simular un suicidio y lo depositaron en una piedra para que el oleaje del mar hiciera lo suyo.

Durante la reconstitución de escena, 25 años después, ella se acercó a Mauricio Vera Cortesi, uno de los dos ex subtenientes de Carabineros procesados como autores de asociación ilícita y homicidio, y le dijo: «En mi familia nunca hemos odiado a nadie; mi padre nos enseñó a no odiar, yo no te odio pero quiero saber qué pasó con mi hermano...». No hubo respuesta.

Carabineros hizo aparecer el crimen como «suicidio», alteró un parte policial y metió en su billetera una misiva dirigida a la familia para dar cuenta sobre su trágica determinación que firmó como Rigo, un apelativo que sólo usó hasta los 15 años.

Ese detalle fue el primer indicio para los Randolph de que algo no calzaba y de que, como siempre aseguró Catina, era una señal.

Ella quería reivindicar el nombre de su hermano. «Se hablaron tantas cosas, que lo mataron por un lío de faldas, que se había enredado con la esposa de un oficial y la verdad es que -lo que hubo- fue un exceso de violencia policial a raíz de una infracción de tránsito», recordó.

En su dictamen, la Corte Suprema mantuvo asimismo el pago de una indemnización de 240 millones de pesos (unos 303.797 dólares) que el Fisco deberá pagar a las hermanas de la víctima.