Barría Rogers Hugo Rodrigo

Antes de dictar nuevos procesamientos, el juez Haroldo Brito, que quedó a cargo del caso tras el ascenso de Hugo Dolmestch a la Suprema, decidió decretar una serie de diligencias para determinar toda la cadena de involucrados. Sin embargo, en la arista de la desaparición de los cuerpos, ya existiría certeza de la participación de altos generales del Ejército.

A pocos días de asumir la sustanciación de la investigación por los últimos detenidos desaparecidos durante la dictadura militar, en reemplazo del recién designado integrante de la Corte Suprema Hugo Dolmestch, el ministro Haroldo Brito decretó nuevas diligencias sobre el caso, con el fin de dictar nuevas resoluciones de fondo.

Según trascendió, el magistrado decidió acotar algunos aspectos relacionados con el caso de los frentistas Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola, José Peña Maltes, Alejandro Pinochet Arenas y Manuel Sepúlveda Sánchez, detenidos por la ex Central Nacional de Informaciones (CNI) entre el 7 y 10 de septiembre de 1987, y sometidos a intensas torturas por cerca de un mes, para luego ser lanzados al mar.

Tras las indagaciones, el juez estaría en condiciones de modificar el número y los nombres de ex militares que en 2003 fueron procesados por asociación ilícita y secuestro por el entonces magistrado a cargo del proceso, Mario Carroza. Este magistrado encausó a diez ex agentes del organismo represivo, en una nómina que está encabezada por su propio director, el general de Ejército retirado Hugo Salas Wenzel.

Más allá de eso, una de las etapas que se encuentra más aclarada en la investigación se relaciona con el lanzamiento al mar de los cinco cuerpos sin vida de los jóvenes, quienes fueron arrojados desde un helicóptero frente a las costas de la Quinta Región, entre San Antonio y Valparaíso.

De acuerdo a fuentes ligadas al proceso, es probable uno de los objetivos de las diligencias decretadas por Brito apuntaría a acotar hasta qué punto existiría responsabilidad del mando del Ejército por estos delitos, pues algunos testimonios recopilados en el proceso señalan que fue el propio general (R) Augusto Pinochet quien dio la orden de concretar la operación.

Vínculo directo con Pinochet

En la arista relacionada de la desaparición de los restos de los cinco últimos opositores al régimen militar que tuvieron ese destino, la investigación ya cuenta con las confesiones del piloto y copiloto pertenecientes al comando aéreo de Rancagua en 1987. El primero era apodado el "Chino" Campos y el otro, identificado como el coronel Hugo Barría Roggers, ejercía hasta hace un par de semanas como agregado militar de Chile en Francia, pero está alejado de esa función a la espera de alguna resolución judicial en las próximas semanas.

Ambos habrían reconocido que fueron encomendados por su superior, el coronel retirado Aquiles Navarrete para trasladar unos "bultos" desde el Regimiento Peldehue y arrojarlos frente a las costas de la Quinta Región. Sin embargo, no sólo el hecho que el "Chino" Campos fuera por muchos años el piloto de Pinochet vinculan al ex comandante en jefe con el crimen.

Según la versión de Campos, Pinochet dio la orden de lanzar los cinco cuerpos al mar al ex vicecomandante en jefe del Ejército Santiago Sinclair y éste hizo lo propio con Jorge Lucar, que a la sazón tenía bajo su responsabilidad todos los comandos aéreos de la entidad castrense. Fue así como recibió la orden el entonces jefe de la Brigada Aérea de Rancagua, general (r) Rodolfo Sánchez Rubio, quien se la retransmitió al coronel Navarrete.

Por ello, es probable que en la próxima resolución que pronuncie el magistrado pueda incorporar una nueva solicitud de desafuero contra el ex gobernante.

Sólo nueve meses en su destinación en Francia estuvo el coronel del Ejército ya que Investigaciones fue a tomarle declaraciones, luego de que quien piloteara el helicóptero en el ''operativo'' lo mencionara como su acompañante al ministro Dolmestch. El oficial pidió la baja de la institución y señaló que desconocía que los bultos recogidos en Peldehue pertenecían a los cuerpos de

los detenidos por la ex CNI.

 En julio pasado, cuando transcurría el verano en París, pocos se percataron de que funcionarios de Investigaciones concurrieron hasta la embajada de Chile en la capital europea para interrogar al entonces agregado militar, coronel Hugo Barría Rogers, quien sólo alcanzó a permanecer en el cargo por espacio de nueve meses.

La razón de esa sorpresiva visita de la policía es que Barría habría sido el copiloto de un helicóptero del Ejército, en septiembre de 1987, y como tal fue a buscar unos "paquetes" a la zona de Peldehue para luego arrojarlos al océano, frente a la costa de San Antonio.

Ese extraño cargamento no eran armas en desuso, ni basura, como el oficial pensó, sino que se trataba de los cuerpos sin vida de cinco jóvenes frentistas -Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola, José Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas y Manuel Sepúlveda Sánchez-, que habían sido detenidos como posibles rehenes por la disuelta CNI en cuanto desapareció el coronel Carlos Carreño, quien fue secuestrado por el grupo armado de izquierda y posteriormente apareció sano y salvo en Brasil.  Las víctimas fueron torturadas salvajamente en el Cuartel Borgoño de la CNI en Santiago y luego inyectadas con un veneno que les quitó la vida por un enfermero de la CNI apodado “El Quincy”, quien se suicidó hace cuatro años, según las investigaciones judiciales.

El "Chino" Campos

La revelación la realizó el ex piloto del Comando de Aviación del Ejército, apodado el “Chino” Campos, quien era el piloto "regalón" de Augusto Pinochet, según fuentes castrenses, al ministro que lleva la causa Hugo Dolmestch, quien ha realizado un verdadero trabajo de joyería para rearmar el endiablado puzzle de este caso.

Según fuentes del Ejército, el ex agregado militar presentó su renuncia a la institución en cuanto fue llamado a declarar por el ministro Dolmestch, quien hasta el momento no ha sometido a proceso al ex oficial.

Barría habría señalado tanto a sus superiores como al magistrado que desconocía el contenido de los bultos que transportó hace 19 años desde el campo militar de Peldehue. Añadió que pensaba que eran armas en desuso o basura y que nunca se le cruzó por la cabeza la idea de que se trataba de cuerpos sin vida. La misma versión tiene el Ejército, por lo que confidenciaron que “su petición de alejarse de la institución fue visto como un ejemplo en la doctrina militar”.

Sin embargo, aunque no hubiese presentado su renuncia en forma voluntaria, igual debería haber sido apartado de la institución ya que así ha sucedido con otros oficiales que aparecen de una forma u otra vinculados a violaciones a los derechos humanos, estén o no procesados.

Cabe señalar que el magistrado realizó una reconstitución del lanzamiento al mar de los cuerpos de los malogrados frentistas e incluso recorrió en helicóptero la misma ruta desde Peldehue hasta el litoral central, donde se ubicaron hace más de un año los rieles metálicos a los que fueron atadas las víctimas cubiertas por sacos con la finalidad de que sus cuerpos no salieran a flote.

En la causa, Dolmestch ha logrado confesiones en todas las etapas: seguimiento de los frentistas, detención, tortura y asesinato, y desaparición de restos.

Barría declaró ante el magistrado el 19 de julio y reconoció haber participado en el operativo de lanzamiento de los sacos atados con rieles al mar, pero insistió en que no sabía que se trataba de cuerpos.

Ministro Mario Carroza encausó a siete ex agentes de la CNI por la desaparición de cinco frentistas, secuestrados en represalia al rapto del coronel Carlos Carreño.

El ministro en visita Mario Carroza sometió a proceso a siete ex agentes de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), por los secuestros calificados de cinco jóvenes militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en septiembre de 1987.

El magistrado encausó por distintos grados de participación en los secuestros de José Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola, ocurridos a partir del 1 de septiembre de 1987.

La resolución afecta a Juan Carlos Orellana Morales, Hernán Antonio Vásquez Villegas, Raúl del Carmen Durán Martínez, José Guillermo Salas Fuentes, Marco Antonio Pincheira Ubilla y Jorge Raimundo Ahumada Molina.

En la nómina también figura Iván Quiroz Ruiz, quien permanecía prófugo por el caso Operación Albania y que fue detenido la noche del miércoles.

Según el fallo, los primeros seis ex agentes enfrentan cargos como autores del secuestro calificado de Peña Maltés, mientras que Quiroz enfrenta fue encausado por el mismo caso, además de Pinochet Arenas, Sepúlveda Sánchez, Fuenzalida Navarrete y Muñoz Otarola.

La investigación da por probado que los cinco frentistas fueron secuestrados en represalia por el secuestro del coronel Carlos Carreño Barrera, entonces funcionario de la Fábricas y Maestranzas del Ejército (Famae), perpetrado el 1 de septiembre de 1987.

De acuerdo a las pesquisas, los cuerpos de las cinco víctimas fueron arrojados al mar, para lo cual se utilizaron helicópteros del Ejército.

Otros procesados

Antes de dejar el caso y ascender a la Suprema, en mayo de 2007, el juez Haroldo Brito había encausado al general (R) Julio Cerda Carrasco, ex titular del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), y el oficial retirado Fernando Rafael Rojas Tapia, también integrante de la mencionada instancia castrense.

Como encubridores de las desapariciones, en tanto, procesó a Aquiles Navarrete Izarnotegui, Víctor Campos Valladares y Hugo Barría Rogers.

Y en septiembre de 2006, Brito encausó a doce ex agente de la CNI, entre los que se encuentran el general (R) Hugo Salas Wenzel, y sus subalternos el brigadier (R) Álvaro Corbalán Castilla y Krantz Bauer Donoso, como coautores del secuestro de Sepúlveda Sánchez, Fuenzalida Navarrete y Muñoz Otárola.

En aquella ocasión, el juez también procesó como coautores de los secuestros de Peña Maltés, Sepúlveda Sánchez, Fuenzalida Navarrete y Muñoz Otárola a los ex agentes Manuel Ángel Morales Acevedo, César Acuña Luengo y René Valdovinos Morales.

A ellos se sumaron los ex miembros de la CNI Víctor Ruiz Godoy, Manuel Ramírez Montoya, Luis Sanhueza Ross, Luis Santibáñez Aguilera fueron encausados como coautores de los secuestros de Pinochet Arenas, Sepúlveda Sánchez, Fuenzalida Navarrete, y Muñoz Otárola.

El ‘Chino Campos' cargó los cuerpos en Peldehue y los dejó caer frente a las costas de San Antonio. Piloto de Augusto Pinochet confesó haber lanzado al mar a cinco frentistas en 1987. Las víctimas fueron inyectadas con un veneno que les quitó la vida, por un enfermero de la CNI apodado ‘el Quincy', quien se suicidó hace cuatro años. Un hombre al que Augusto Pinochet siempre le confió su vida fue quien rompió el silencio en el proceso por la desaparición de los cinco militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), ocurrido en 1987, sustanciado por el ministro Hugo Dolmestch.
Apodado el ‘Chino Campos' por sus camaradas en el Comando de Aviación del Ejército -y uno de los pilotos de confianza del ex dictador- contó hace algunas semanas al magistrado cómo en septiembre de 1987, su jefe, el coronel Mario Navarrete, le ordenó usar uno de los helicópteros institucionales para viajar junto a un subalterno hasta la zona de Peldehue a buscar unos paquetes. Estos últimos eran nada menos que los cuerpos de los frentistas Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola, José Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas y Manuel Sepúlveda Sánchez, quienes habían sido detenidos días antes por agentes de la desaparecida Central Nacional de Informaciones (CNI), para canjearlos por el coronel Carlos Carreño, secuestrado por el grupo paramilitar de izquierda.

Viaje Secreto
El ministro Dolmestch hizo un verdadero trabajo de joyería junto con la Policía de Investigaciones en este caso. Y ello, porque el círculo estaba completamente cerrado y compartimentado en torno al manejo de la información sobre estos hechos. Pero el tiempo pudo más.
El ‘Chino Campos' relató que para dicha operación viajó junto a su copiloto, un oficial que aún está en servicio activo en la institución, en una agregaduría militar en Europa, cuya identidad este medio se la reserva hasta que, posiblemente, el ministro lo procese en los próximos días.
De hecho el jefe de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos, Rafael Castillo y su colega Mario Zelada, recorrieron el viejo continente buscando precisamente a un testigo clave para el proceso.
Para el caso del oficial activo, y como ha sido la tendencia en el Ejército con los funcionarios que estén involucrados en casos de violaciones de los derechos humanos, será alejado de la institución.
Pero el hecho de que se haya ocupado uno de los helicópteros de Pinochet no era una prueba suficiente, salvo porque el ‘Chino Campos' aseguró en su testimonio que la orden provino del ex dictador.

Pasos Macabros
¿Pero cómo se configuró la operación? El ministro Dolmestch acreditó que la misma estuvo separada en tres etapas. La primera de ellas fue la detención de los frentistas. Por ese hecho -que sirvió en primera instancia para que fueran luego asesinados- están sometidos a proceso desde el 2002, el jefe de la CNI, general (R) Hugo Salas Wenzel, el comandante (R) Krantz Bauer Donoso, mayor (R) Álvaro Corbalán, capitán (R) Luis Sanhueza Ros; los suboficiales (R) Manuel Ramírez y René Valdovinos y los empleados civiles de Ejército César Acuña, Manuel Morales, Luis Santibáñez y Víctor Ruiz Godoy.
Ahora bien, el ministro tiene una segunda convicción. Una vez detenidos los frentistas la orden venida desde el alto mando fue que el régimen no negociaba con terroristas. La sentencia de muerte entonces estaba firmada.
Fue así como en la CNI se designó a Francisco ‘Gurka' Zúñiga para que coordinara con el Ejército esta operación. El magistrado confirmó entonces cómo se consiguieron los fierros para amarrarlos a los cuerpos y lanzarlos al mar frente a San Antonio.

Rieles de la Muerte
A fojas 1.655 del proceso declaran Romilio Lavín, por entonces jefe del cuartel Loyola, donde se arreglaban los autos de la CNI y su subordinado el oficial (R) Adrián Herrera Espinoza. El primero aseguró que Zúñiga le pidió "unos rieles que serían la base de un box de estacionamientos" que se construía, pero no se los entregó.
Sin embargo, una vez que abandonó el cuartel, supo que Zúñiga había vuelto a sus andanzas y, a través de una orden de Salas Wenzel, logró que Herrera Espinoza entregara los "materiales".
"Fui informado, no recuerdo por quien, que retiraban unos trozos de rieles para un operativo que se iba a realizar en la noche por agentes operativos de la CNI", dijo en su testimonio a fojas 1.723.
Pero el detalle más escalofriante vendría en la segunda etapa. Los frentistas, estando detenidos en el cuartel Borgoño de la CNI, fueron inyectados por un enfermero apodado ‘El Qüincy' con un veneno que los mató. Este verdadero doctor de la muerte se suicidó hace aproximadamente tres años en su casa.
Una tercera etapa fue el traslado hasta la zona de Peldehue, donde el rastro de los frentistas se perdió para siempre.

Carreño y la Mano de la DINE
Hasta ahora en el proceso tramitado por Dolmestch existen algunas presunciones de que el secuestro del coronel Carlos Carreño habría sido digitado por la entonces Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). Los dichos y no confesiones, pertenecen a algunos agentes de la CNI.
Sin embargo, hasta ahora, no existe claridad en torno a estas versiones, salvo los dichos del propio Carreño, quien ha manifestado sus dudas al respecto, luego que se descubriera que una de las vertientes para la fortuna de Pinochet era el tráfico de armas.
Quien fuera uno de los cerebros en la venta de armas a Irán desde Famae ha declarado en varias oportunidades ante Dolmestch sobre estos hechos.

Dolmestch, Hombre Paciente
El magistrado, recién confirmado por el Senado para integrar la Corte Suprema, se apresta a dar el último golpe de su carrera como juez instructor antes de subir al máximo tribunal a resolver los criterios mayores de la Segunda Sala (penal).
Conocido por tener una llegada humana a los agentes relacionados con las violaciones de los derechos humanos, ha logrado aclarar todos los casos anteriores a la desaparición de los cinco frentistas, como la Operación Albania, el homicidio del periodista José Carrasco y uno posterior como fue el asesinato del vocero del MIR, Jeckar Neghme en septiembre de 1989, cometido también por agentes de la CNI.

Comandante Carlos Díaz ad portas de ser pasado a retiro.

AL OFICIAL SE LE APLICARON CUATRO DÍAS DE ARRESTO Y DOS PUNTOS MENOS EN "CRITERIO Y DISCRECIÓN", POR NO HABER INFORMADO A LA INSTITUCIÓN QUE UN ARTÍCULO REFERIDO A LAS ANOMALÍAS EN EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LAS AERONAVES, SERÍA PUBLICADO EN ESTE MEDIO. EL ABOGADO PATROCINANTE, ALFREDO MORGADO, ASEGURÓ QUE LA DETERMINACIÓN ADOPTADA POR LA INSTITUCIÓN NO PRIVILEGIA A QUIENES DECIDEN DENUNCIAR "HECHOS QUE PUEDEN AFECTAR AL PATRIMONIO FISCAL". EL UNIFORMADO, ADEMÁS, HA PRESTADO DECLARACIÓN EN VARIAS OPORTUNIDADES CON EL MINISTRO MANUEL VALDERRAMA, EN LA INVESTIGACIÓN POR UN POSIBLE FRAUDE EN EL COMANDO DE AVIACIÓN CASTRENSE.

Luego de una investigación que duró sólo ocho días, el Ejército resolvió sancionar al teniente coronel Carlos Díaz Kastowsky, quien denunció ante el Comandante en Jefe, general Óscar Izurieta, anomalías en un proceso de compra de helicópteros en el período 2005-2006.

A este oficial se le aplicaron cuatro días de arresto y dos puntos menos en el ítem "criterio y discreción", debido a la aparición de un artículo publicado en este diario, referido a la adquisición de las aeronaves Cougar, a sólo días que el ministro Manuel Valderrama recibiera el testimonio del coronel (R) Alejo Mecklenburg, respecto a un supuesto fraude al fisco en el Comando de Aviación del Ejército (CAE).

En términos reales, el dictamen institucional -fechado el 25 de septiembre último-  es la antesala al retiro definitivo de Díaz Kastwosky del Ejército a fines de este año o bien el próximo.

La información fue confirmada en exclusiva a El Mostrador por el abogado Alfredo Morgado, quien patrocina a Díaz Kastwosky en la indagatoria interna que sustanció el general y jefe de la División de Logística, Jorge Salas Kurte.

Si bien existe un recurso de reconsideración pendiente que debe resolver este último, Morgado manifestó que "la decisión que afectó a mi cliente es claramente arbitraria".

"A mi representado se le aplica una sanción a partir de un artículo que aparece en la prensa, pero queda claro que el problema de fondo y la elevada pena, es porque en su oportunidad denunció hechos que permitieron que el Ejército no adquiriera helicópteros que no servían. Él actuó con lealtad a su institución, pero la institución no ha actuado a la altura de las circunstancias, debiendo valorar y privilegiar la actuación de quienes, formando parte de sus filas, asumen protagonismo en defensa del patrimonio fiscal y transparencia que deben existir en nuestras instituciones públicas", dijo el profesional.

De acuerdo a la resolución emitida por el general Salas Kurte, Díaz Kastwosky fue castigado por no informar a la superioridad que la mentada crónica aparecería publicada en este medio, calificando esa conducta como una "grave falta" a la disciplina, ya que dañaba al Ejército "y su imagen institucional", la que debe estar por sobre cualquier "otra consideración  de carácter personal, por legítima que esta última parezca".

Al respecto, Morgado opinó que "hechos de este tipo ponen una sombra de duda respecto del actuar de las instituciones, sobre todo cuando hay sanciones desmedidas que desincentivan las denuncias fundadas y oportunas, sobre todo si tomamos en cuenta que mi representado es hoy un testigo fundamental en la investigación que lleva el ministro Manuel Valderrama por estos mismos hechos acaecidos en el Comando de Aviación del Ejército".

"El Ejército debe cuidar a sus mejores hombres que tienen el valor de recurrir al propio comandante en jefe para denunciar hechos de este tipo", insistió.

La denuncia 

El contexto que pesó en la sanción contra Díaz Kastowsky comienza en 2005, en el marco del proceso de modernización de los helicópteros llamado "proyecto Centauro". Allí este oficial desarrolló el análisis para las opciones de compra en torno a los criterios determinados para estos casos, que van desde el precio, servicio post venta, carga útil, velocidad y requerimientos operativos, entre otros.

Dentro de las propuestas evaluadas estuvieron las naves usadas Súper Puma AS 332 y Puma SA 330, los modelos nuevos AS 532 Cougar, ofrecido por Eurocopter a US$16 millones la unidad, y el MI-17, de la rusa Kazan Helicopters, a US$ 7 millones.

A poco andar, Díaz Kastowsky descartó a los primeros, acompañando un documento de evaluación hecho en 2002 por el coronel Hugo Barría Rogers, donde se aseguraba que la aeronave rusa superaba "en el doble las capacidades del helicóptero SA-330 Puma". Barría Rogers se encuentra actualmente en retiro, pero en 2007, cuando finalmente se decidió comprar los Cougar, trabajaba en la firma CYM, cuyo dueño es  Virgilio Cartoni, intermediario de Eurocopter, como también primo de dos generales (R) de Ejército.

Los informes de Díaz no hicieron mella en sus superiores. Es más, el entonces mayor Carlos Ricotti, le ordenó escribir un documento que beneficiara a la empresa Eurocopter. Con esa presión encima y observando las anomalías que se producían en la compra, Díaz decide pedir una audiencia con el comandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta, a quien le entrega una carta  denunciando los hechos.

De allí en adelante, las cosas cambiaron. El general Jorge Gualda, jefe del CAE es pasado a retiro en 2007 en medio de acusaciones a través de Youtube  cuestionando su idoneidad y Díaz Kastowsky es ascendido a comandante y se lo envía al extranjero, pero se lo aparta de sus labores. Y ahora, con esta sanción, salvo que fuera modificada en 180 grados, su futuro en el Ejército tiene los días contados.

Este medio intentó obtener una versión de parte de la institución, pero se indicó que ello no sería posible, atendido que el caso sigue abierto y hay una reconsideración pendiente.

31.- Que Víctor Mario Campos Valladares al prestar declaración indagatoria a fs.1661 y 1752, conjuntamente con su declaración policial de fs. 1658, en las que señala en relación a lo que se investiga, en el año 1987 se desempeñaba en el Regimiento de Aviación de la ciudad de Rancagua, sin recordar la fecha exacta pero cree que el mes de septiembre, el Comandante Coronel Rodolfo SANCHEZ RUBIO, le comunicó que era requerido ante el Comandante del Comando de Aviación en Santiago, por lo que tenía a disposición un avión para su traslado. Una vez que se presentó ante el Comandante Coronel Aquiles NAVARRETE IZARNOTEGUI, este que se encontraba en compañía de otro funcionario del cual no recuerda nombre, en primera instancia le señalo que venía de la Moneda de una reunión con el Comandante en Jefe y un oficial de nombre Álvaro CORBALAN y luego le comumco que por orden del Comandante en Jefe del Ejército General Augusto PINOCHET UGARTE y a proposición del mencionado CORBALAN, debería realizar una misión que consistía en trasladar documentación y elementos del Cuartel Borgoño, con motivo de la entrega de ese cuartel. Además se le señalo que en el Campo Militar de Peldehue tenía que hacer contacto radial con personal del Cuartel Borgoño, también le indica que debía nombrar a su copiloto, motivo por el cual asignó a esta misión al Capitán Hugo BARRIA ROGER. Al día siguiente, aproximadamente entre las 07:00 y 09:00 horas, salió desde el Aeródromo Tobalaba en un helicóptero SA-330 Puma, en compañía de su copiloto BARRIA, en dirección al Campo Militar de Peldehue y poco antes de llegar hizo contacto radial con el personal que estaba en tierra e iba a realizar la misión, una vez que aterrizó, por su costado izquierdo, pudo visualizar el acercamiento de unos vehículos tipo station. Luego que subieron, en ese minuto no sabía la cantidad, uno de ellos dispuso la idea del vuelo que en aviación significa el lugar al cual debían dirigirse, siendo en esa oportunidad la costa. Emprendió el vuelo hacia la costa, no obstante el techo de nubes estaba muy bajo y no permitía un vuelo visual, por lo que opto por aterrizar en una punta de cerro, parando por completo los motores de la nave. Permanecieron en el lugar por alrededor de una hora y media, tiempo en el cual descendió de la nave pudiendo observar que el personal que iba de pasajero eran alrededor de cinco personas de civil, no pudiendo identificar a ninguno de ellos, y en el compartimiento de carga sobre la parte posterior del piso observó bultos envueltos en bolsas plásticas negras, sin poder precisar de qué se trataba, ya que solamente miró por algunos segundos antes que uno de estos funcionarios cerrara la puerta. Una vez que se dieron las condiciones emprendió el vuelo, recto a la costa por el sector de Peñuelas quebrada de Quintay, ingresando al mar hacia el oeste, una velocidad aproximada de 120 nudos. Aproximadamente 1O a 12 minutos de haber dejado la costa y en descenso a una altura aproximada de 5 metros del nivel del mar, el funcionario que dirigía la misión ordeno reducir la velocidad, a unos 10 a 12 nudos y en un momento determinado en el tablero de instrumentos se encendió la luz indicativa "DOORS" que señala que una puertas del compartimiento de carga se encontraba abierta y permaneció en esa condición por espacio aproximado de dos minutos, luego de lo cual se apagó. En ese instante uno de ellos se comunica y le indica que pueden retomar. No recuerda exactamente si regresamos al Campo Militar de Peldehue u otro lugar, no obstante de lo que sí está seguro es que finalmente el helicóptero llego a Tobalaba. No recordando si en este último lugar o en otro descendieron los pasajeros. Con el correr de los años por medio de les noticias se pudo enterar de la desaparición de las cinco personas materia de esta investigación, quienes por comentarios se indicaba que habían sido lanzadas al mar, asociándolo con el relato de la misión que le correspondió realizar. No obstante debe señalar que aunque hubiese sabido desde el principio el contexto de la misión, el manifestar su desaprobación podría haber corrido peligro su vida, siempre en el contexto que se vivía en aquellos años. Finalmente señala que las personas que deberían estar en conocimiento de la misión que cumplió en esa oportunidad era el Comandante en Jefe del Ejército, ya que él fue el que dio la orden; el Mayor Álvaro CORBALAN CASTILLA, el Vice Comandante del Ejército; el Comandante de Institutos Militares General GARIN, del cual dependía el Comando de Aviación, el comandante de Aviación del Ejército Coronel Aquiles NAVARRETE IZARNOTEGUI, Comandante del Regimiento de Aviación Nº 1, con base en Rancagua, Coronel Rodolfo SANCHEZ RUBIO y el Oficial de Operaciones Aéreas del Comando de Aviación, ya que él era el encargado de presentar una orden de vuelo que sólo la podía autorizar el Comandante NAVARRETE. Respecto de los pasajeros sólo podría reconocer a un Capitán de apellido Sanhueza, en el momento en que se debió aterrizar en el cerro, para esperar mejores condiciones de vuelo, todos los pasajeros vestían de civil.

N.- Que se condena a RODRIGO PEREZ MARTINEZ , HUGO RODRIGO BARRIA ROGER  y VICTOR  MARIO CAMPOS VALLADARES, ya individualizado en autos, por su participación como encubridores del delito de secuestro calificado de Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola, a cada uno a la pena de QUINIENTOS CUARENTA  Y  UN  DIAS  DE  PRESIDIO  MENOR  EN  SU GRADO MEDIO, y accesorias de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, y al pago de las costas de esta causa.