Asenjo Galvez Edmundo Alberto

Amediados de 1981 el general Augusto Pinochet dio la orden para que la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINE, al mando del general Arturo Álvarez Scoglia, asesinara a Tucapel Jiménez, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, que se había erigido en el principal líder sindical chileno y planificaba, junto a otros líderes opositores, un gran paro nacional en contra del gobierno militar.

Álvarez Scoglia creó un grupo especial para que cumpliera la misión y designó a tres oficiales como integrantes del comando ejecutor. No obstante, los agentes mostraron una evidente “falta de compromiso” con la tarea encomendada y el mando del DINE debió reemplazarlos acudiendo a dos oficiales que habían sido miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional DINA, y ese año 1981 estaban adscritos a la Central Nacional de Informaciones, CNI, creada en 1977 para suceder a la DINA. Se trataba del teniente coronel Maximiliano Ferrer Lima y del capitán Carlos Herrera Jiménez, alias “Mauro” o “Bocaccio”.

Ambos oficiales se instalaron a comienzos de noviembre en las dependencias de la Unidad de Contraespionaje, dependiente del Departamento II de Contrainteligencia del Cuerpo de Inteligencia del Ejército, CIE, ubicadas en la avenida Echeñique 5995, en la comuna de La Reina. Aquella unidad formaba parte de la intrincada y muy secreta estructura de la DINE, a cargo del comandante Víctor Pinto Pérez., Ferrer Lima y Herrera Jiménez, junto a dos equipos de agentes a su cargo, se abocaron entonces a preparar cada detalle del plan para asesinar a Tucapel Jiménez.  En eso estaban cuando los diversos servicios de la comunidad de inteligencia de la dictadura militar se enteraron de que el ex presidente Eduardo Frei Montalva había decidido internarse en la clínica Santa María para operarse de una molesta hernia al hiato.

 

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Al iniciarse la primavera de 1981, la CNI tuvo la certeza de que la tan temida unidad sindical opositora se estaba consiguiendo rápidamente y que el principal forjador de ella era Tucapel Jiménez. El asunto era aún más grave pues Jiménez también sostenía conversaciones con varios de los principales líderes políticos de la disidencia, entre ellos Eduardo Frei Montalva. El líder de la ANEF y el ex mandatario se habían reunido ya en la Vicaría de la Pastoral Obrera junto a algunos dignatarios de la iglesia católica. Los analistas de la CNI llegaron a la conclusión de que se preparaba un amplio paro nacional de impredecibles consecuencias, con el apoyo, además, de numerosas instancias y gobiernos del mundo entero.

La tarea de la CNI

Desde sus inicios, la CNI ejerció una estrecha vigilancia sobre el mundo sindical a través de la Brigada del Trabajo o Brigada Político Sindical, que dependía directamente de la División de Inteligencia Metropolitana, al mando del coronel de Ejército Roberto Schmied Zanzi. El jefe de la brigada desde 1979 fue el capitán de Carabineros Miguel Eugenio Hernández Oyarzo (“Felipe Bascur”), quien había cumplido funciones similares en la DINA, en 1977, desde el cuartel “Ollagüe”, ubicado en la calle José Domingo Cañas, en la comuna de Ñuñoa.

Al promediar 1979, la brigada se trasladó a un nuevo cuartel secreto en calle Agustinas y se dividió en cuatro grupos, cada uno de ellos al mando del capitán de Ejército Raúl Lillo Gutiérrez (“Manolo Arriagada”), de Héctor Lira (“Julián Reyes”), de Nelson Fernández Franco (“Carlos Santander” y de Jorge Ramírez Romero (“Carlos de la Fuente”), respectivamente.

La Brigada del Trabajo obtuvo un importante logro cuando logró captar para sus tareas a Luis Becerra, chofer de Frei Montalva, un hombre que, además, era de absoluta confianza del ex mandatario. 

Entre los agentes figuraban Pedro Alfaro Fernández, Juan Araos Araos, Carlos Asalgado Martínez, Edmundo Alberto Asenjo Gálvez, Daniel Cancino Varas, Gustavo Caruman Soto, Juan Evaristo Duarte Gallegos, Germán Erazo Ahumada, Ricardo Erazo Ahumada,  Héctor Alfredo Flores Vergara, Segundo Gangas Godoy, Enrique Gutiérrez Rubilar, Luis Gutiérrez Uribe, Guido Jara Brevis, Jaime Márquez Campos, Luis Mora Cerda, José Mora Diocares, José Muñoz Leal, Enrique Naranjo Muñoz, Nelson Ortiz Vignolo, Manuel Poblete Vergara, Luis Tomás Rojas Torres, Manuel Tapia Tapia y Rudeslindo Urrutia Jorquera.

La Brigada del Trabajo obtuvo un importante logro cuando logró captar para sus tareas a Luis Becerra, chofer de Frei Montalva, un hombre que, además, era de absoluta confianza del ex mandatario y conocía muy de cerca las actividades y el círculo de mayor confianza del líder demócrata cristiano. 

En 1977 el Ministerio Secretaría General de Gobierno creó, bajo la dependencia de la Dirección de Organizaciones Civiles, la Secretaría Nacional de los Gremios y puso al frente de ella a Misael Galleguillos, un profesor de Matemáticas de la sede Valparaíso de la Universidad de Chile, activo militante de Patria y Libertad en el gobierno de la Unidad Popular. Su misión aparente era formar dirigentes sindicales gobiernistas, pero en verdad su papel principal consistió en vigilar e infiltrar a las dirigencias sindicales opositoras y traspasar toda esa información a la CNI.

Una de las acciones con mayor repercusión pública de Galleguillos, quien dirigía, además, el Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista, MRNS, fue el boicot a una conferencia de prensa de la ANEF, en la que Guillermo Henríquez, Jorge Salazar Hojman, Genaro Pozo y Jorge Baldrich Camus irrumpieron gritando “traidor” y “vende patria” a Tucapel Jiménez.

Al día siguiente Baldrich apareció fotografiado en El Mercurio. Declaró más tarde que la orden se la había dado el entonces ministro secretario general de Gobierno, el general Sergio Badiola Brodeg, a quien secundaba el subsecretario de la cartera, el abogado Jovino Novoa Vásquez.

Galleguillos también contaba con un secreto informante entre los opositores que le anticipaba todas las actividades del Grupo de los Diez. Era Federico Mujica Canales, un hombre bajito, de origen radical, constante fumador de pipa, que presidía la Confederación de Empleados Particulares de Chile, Cepch.

Muy pronto la CNI afinó sus métodos de seguimiento, vigilancia, escucha y penetración. Los antecedentes recabados se incorporaban a carpetas individuales y sus contenidos eran periódicamente replicados y las copias enviadas al cuartel central en la calle República. Allí las recibía Mirtha Espinoza Caamaño, la secretaria del coronel Roberto Schmied, jefe del Departamento Interior, quien luego fue nombrado comandante de la División de Inteligencia Metropolitana, donde se ubicaban las diversas brigadas antisubversivas. Bajo el mando directo de Schmied estaban el mayor Zanelli y el capitán Álvaro Corbalán Castilla, encargados de las tareas operativas.

Uno de los más secretos soplones a sueldo que mantuvo el organismo represivo en los ámbitos dirigentes del sindicalismo opositor sólo pudo ser identificado el primer semestre de 2009. Se trataba del socialista Víctor Hugo Gac, miembro del comité ejecutivo de la CNS, un hombre entonces muy cercano a Arturo Martínez.

La secretaria registraba la información en libros de control, con la fecha de ingreso, la unidad de procedencia y una breve descripción del contenido. Se empleaban siglas y códigos según las respectivas unidades y secciones. Así, por ejemplo, F.1.1, correspondía al jefe de la división; F-1.2, al subjefe y así sucesivamente, según las diversas reparticiones en que se dividía la CNI.
Dirigentes como Tucapel Jiménez, Eduardo Ríos, Ernesto Vogel y Manuel Bustos, entre otros, tenían sus teléfonos intervenidos y se revisaba, en la unidad que mantenía la CNI en Correos, toda la correspondencia que se les enviaban a ellos y a sus familiares desde el exterior e interior. Se llevaba una carpeta de cada uno con sus antecedentes personales, laborales y familiares, además de sus redes de contactos.

En 1976, un agente de la CNI, apodado “Omar” reclutó como informante al empleado que laboraba como auxiliar de la ANEF, en su sede de tres pisos ubicada en Alameda con Riquelme. El “junior” se llamaba Julio Olivares Silva y era hijo de una amiga de Tucapel Jiménez. Dos veces a la semana el muchacho entregaba sus informes en el cuartel de la Brigada del Trabajo, donde a cambio recibía un pago en efectivo. En 1977 Olivares Silva fue incorporado a la planta de la CNI bajo la chapa de “Gabriel Carrasco González”, aunque todos le llamaban “Barnabás”.

Valericio Orrego, por su parte, se transformó también en colaborador a sueldo de la CNI. Infiltró a Carlos Santa María, dirigente del Grupo de los Diez, reclutando a un empleado de éste en un negocio que tenía en Bandera con General Mackenna. El informante se llamaba Patricio Pezoa y debía rendir cuentas periódicamente a “Manolo” o “Carlos de la Fuente”, sus agentes de control en la CNI.

Uno de los más secretos soplones a sueldo que mantuvo el organismo represivo en los ámbitos dirigentes del sindicalismo opositor sólo pudo ser identificado el primer semestre de 2009. Se trataba del socialista Víctor Hugo Gac, miembro del comité ejecutivo de la CNS, un hombre entonces muy cercano a Arturo Martínez.

El duro camino a la unidad

A fines de mayo de 1976 diez importantes dirigentes sindicales, nueve de ellos vinculados al PDC, que afirmaban representar a 400 sindicatos y más de 600 mil trabajadores, enviaron un documento al gobierno militar donde reclamaron por la nueva legislación laboral que se estaba imponiendo y la marginación de los trabajadores de las decisiones políticas. Los firmantes eran Tucapel Jiménez (ANEF), Ernesto Mellado (campesinos), Pedro Cifuentes (Iansa), Antonio del Campo (bancarios), Guillermo Santana (Confederación de Trabajadores del Cobre, CTC), Manuel Bustos (textiles), Ernesto Vogel, (Fifch), Federico Mujica (Cepch), Antonio Mimiza (petróleo) y Eduardo Díaz (ComaCh). Desde ese momento fueron conocidos como el Grupo de los Diez y muy pronto se le sumaron otras importantes organizaciones sindicales como la Confederación de Trabajadores del Plástico, la Federación de Profesionales y Técnicos del Servicio Nacional de Salud y la Federación de Sindicatos del Banco Español.

A fines del verano de 1978 ingresó clandestinamente al país la ex diputada Gladys Marín y luego Manuel Cantero Prado, ambos integrantes de la comisión política. Dos meses después, en mayo, se constituyó el nuevo Equipo de Dirección Interior (EDI), encabezado por Marín, junto a Cantero (“Miguel”), Oscar Riquelme (“El viejo Pablo”) y Nicasio Farías (“Héctor”), quien se hizo cargo del Frente de Infraestructura, encomendado de todo el trabajo logístico y de la búsqueda de recursos y materiales para las tareas clandestinas. “Mariana”, en tanto, debió asumir el delicado manejo de las finanzas del partido.

Una de las principales tareas del EDI fue rearmar las estructuras internas y, en particular, el tejido sindical. Para ello, Moisés Labraña, responsable de ese sector en las JJ.CC., fue promovido a encargado sindical del partido e integrado al EDI. Labraña contaba con un decidido equipo en el que destacaban Héctor Cuevas, Alamiro Guzmán y José Lecaros, entre otros. Los sindicalistas del PC consiguieron afinar vínculos con los principales dirigentes laborales de la Democracia Cristiana, donde figuraban Manuel Bustos, de los textiles; Eduardo Ríos, de los marítimos; y, Ernesto Vogel, de los ferroviarios; y con otros históricos, como el octogenario Clotario Blest. 

El sindicalismo de izquierda se agrupó, en tanto, en la Coordinadora Nacional Sindical, CNS, creada al alero del Centro de Estudios Laborales, dependiente de la Fundación Cardijn, que a su vez estaba estrechamente vinculada a la Iglesia católica. La CNS apareció públicamente en 1978, representando, según sostenía, a unos 400 sindicatos de base, principalmente industriales, de la pequeña y mediana minería y del campesinado. Entre los integrantes destacaban la Confederación Minera, Fensimet, Fenamex, Fiemec, Ranquil, UOC, Asociación de Pensionados, Obreros de Obras Sanitarias, la Federación de la Pintura y el Sindicato Gráfico.

También existía el Frente Unitario de Trabajadores, FUT, pequeña formación de sindicalistas cristianos, dirigidos por Carlos Frez, presidente destituido del Sindicato de Portuarios, ligado desde mucho antes a la Juventud Obrero Católica y al Movimiento Obrero de Acción Católica.

Así, más de tres mil trabajadores de estos tres referentes sindicales, convergieron el 1° de mayo de 1978 hacia la plaza Almagro, pocas cuadras al sur de La Moneda, para conmemorar el Día del Trabajo. Carabineros los obligó a dispersarse, pero se reagruparon a pocas cuadras de allí, en la iglesia de San Francisco, junto a la Alameda Bernardo O’Higgins, donde nuevamente fueron ahuyentados. Al promediar la tarde, piquetes de trabajadores seguían gritando consignas en diversos lugares del centro de Santiago. Al anochecer, el balance de las manifestaciones indicaba cerca de 400 detenidos, varios extranjeros y religiosos entre ellos. La dictadura militar y la prensa oficialista se vieron obligadas a reconocer, por primera vez, las manifestaciones callejeras disidentes.

Ni el PC ni los otros partidos de izquierda ni tampoco la democracia cristiana percibieron bien los efectos que el Plan Laboral diseñado por el ministro Piñera provocaría entre los trabajadores.

El 22 de mayo, familiares de detenidos desaparecidos ocuparon simultáneamente las oficinas de la Unicef y las parroquias de Jesús Obrero, en General Velásquez, en el sector poniente de la capital; La Estampa, en Independencia, a escasos metros de la plaza Chacabuco, en el sector norte; y Don Bosco, en Gran Avenida, en la zona sur. Allí se quedaron hasta el 7 de junio, exigiendo saber el destino de sus parientes. Ni la CNI ni las policías se atrevieron a desalojarlos pues estaba involucrada la iglesia católica y, además, la manifestación coincidió con la llegada al país de cinco altos representantes de la sindical estadounidense AFL-CIO y con una visita del fiscal Eugene Propper, quien investigaba en Washington el asesinato de Orlando Letelier.

El 7 de junio se efectuaron dos sorpresivas marchas por las calles céntricas de Santiago en solidaridad con los familiares de los desaparecidos. Se hizo frecuente por esos días la presencia de panfletos disidentes en lugares de gran concurrencia y empezaron a multiplicarse los rayados en murallas en los barrios y en las principales avenidas de la ciudad. En las sedes universitarias surgieron los mítines relámpagos y se multiplicaron las peñas folclóricas al alero de recintos religiosos y de algunos locales nocturnos. En las barriadas obreras, en tanto, empezaron a crearse todo tipo de organizaciones poblacionales y en las fábricas, lentamente, los trabajadores se atrevieron a reunirse para balbucear sus reclamos.

En agosto, en la división Chuquicamata de Codelco, junto a la ciudad de Calama, los mineros del cobre decidieron acudir a los casinos a la hora de almuerzo con sus “loncheras” vacías. El prolongado movimiento de protesta por demandas laborales recibió el nombre de “viandazo”.

A principios de septiembre, sorprendido y ofuscado por los síntomas de malestar sindical, la dictadura decretó el estado de Sitio en el grado de conmoción interior. Se limitó el recurso de amparo ante los tribunales de justicia, se autorizó el arresto y la relegación de personas, la cancelación de la nacionalidad y el procesamiento de los detenidos en los tribunales militares. Casi un mes después, el 20 de octubre de 1978, se decretó la ilegalidad de las principales entidades que conformaban la CNS, se allanaron sedes sindicales, se confiscaron bienes y cuentas bancarias y se detuvo a numerosos dirigentes. Al mismo tiempo se decretó también la renovación de dirigentes sindicales en el sector privado y muchos empresarios aprovecharon de despedir a los trabajadores opositores que podían resultar electos. En las semanas siguientes se renovaron unos nueve mil dirigentes laborales.

Intervinieron entonces varias de las principales organizaciones sindicales mundiales y la poderosa estadounidense AFL-CIO amenazó con un boicot a las exportaciones chilenas a partir de los inicios de 1979. Alarmado, el gobierno militar anunció el nombramiento de un nuevo ministro del Trabajo, el economista José Piñera, quien asumió el 26 de diciembre, se comprometió a normalizar las relaciones laborales y anunció la promulgación a mediados del 79 de un Plan Laboral que pondría fin a los problemas.

Pérez Zujovic, Frei, Jaime Castillo y Modesto Collados

Ni el PC ni los otros partidos de izquierda ni tampoco la democracia cristiana percibieron bien los efectos que el Plan Laboral diseñado por el ministro Piñera provocaría entre los trabajadores. En julio de 1979 se promulgaron los principales decretos que impusieron la nueva institucionalidad laboral: la afiliación a los sindicatos dejó de ser obligatoria y se autorizó la formación de varios sindicatos en la misma empresa; la negociación colectiva pasó a ser por empresa y no por rama productiva, se autorizó el despido de trabajadores “por necesidades de la empresa”, se restringió el derecho a huelga hasta los 60 días, pudiéndose reemplazar a los trabajadores luego de ese plazo y se postergó la jubilación de 60 a 65 años en caso de los hombres y de 55 a 60 entre las mujeres, entre otras medidas. Aquellas disposiciones fueron demoledoras; se debilitó en extremo al movimiento sindical y se impuso el miedo “a perder la pega”.

En 1980 y 1981, pese a las protestas de los dirigentes sindicales, se consolidó el Plan Laboral de Piñera. El Grupo de los Diez se transformó en la Unión Democrática de Trabajadores, UDT, aunque sin varios dirigentes demócrata cristianos que fueron marginados, como Manuel Bustos, quien se transformó en el líder de la nueva Coordinadora Nacional Sindical, CNS. 

La hora de los ejecutores

Cuando el plan para asesinar a Tucapel Jiménez ya estaba en marcha y la dictadura militar se enteró de que Frei Montalva se internaría para operarse, aparentemente se activó una operación paralela para eliminar al ex presidente y encubrir el homicidio en una serie de complicaciones postquirúrgicas. No obstante, el juez Alejandro Madrid no logró precisar los detalles de la conspiración.

Condenó al ex capitán Raúl Lillo Gutiérrez, ex miembro de la CNI y más tarde de la DINE y al chofer Luis Becerra, pero no pudo esclarecer de qué instancia de la dictadura militar provino la orden para asesinarlo. Lillo Gutiérrez era el agente que controlaba a Becerra y a Genaro Cerda Weber, militante de la DC y esposo de Hilda Navarro Varas, secretaria de ese mismo partido. Lillo, trasladado a fines de los años 80 a la DINE, participó en el asesinato en Uruguay del químico Eugenio Berríos y por ese crimen fue condenado en agosto de 2013 a diez años y un día de presidio.

Durante muchos años se presumió que el químico Berríos era quien había inoculado al ex presidente con algún veneno u otra sustancia tóxica mientras estaba en la clínica. De hecho, el ex director de la Policía de Investigaciones, PDI, Nelson Mery, aseguró en el proceso que Berríos fue asesinado para evitar que hablara sobre el asesinato de Frei Montalva.

El juez Madrid también condenó a cuatro médicos, uno –el cirujano gástrico Patricio Silva Garín- como el principal autor; otro –Pedro Valdivia Soto, ex miembro de la DINA- como cómplice; y los dos restantes –los tanatólogos Helmar Rosenberg Gómez y Sergio González Bombardiere- como encubridores. El magistrado tampoco logró establecer si estos médicos se confabularon entre ellos para el crimen y/o obedecieron órdenes para cometerlo.

Abogados de derechos humanos, muy cercanos al PDC, que pidieron reserva de sus nombres, dijeron a INTERFERENCIA que consideraban muy débil el fallo de más de 800 páginas y que, en su opinión, tanto la Corte de Apelaciones como la Corte Suprema deberán hacer ingentes esfuerzos para redactar una nueva y mejor resolución.

Al promediar 1979, la brigada se trasladó a un nuevo cuartel secreto en calle Agustinas y se dividió en cuatro grupos, cada uno de ellos al mando del capitán de Ejército Raúl Lillo Gutiérrez (“Manolo Arriagada”), de Héctor Lira (“Julián Reyes”), de Nelson Fernández Franco (“Carlos Santander” y de Jorge Ramírez Romero (“Carlos de la Fuente”), respectivamente. Entre los agentes figuraban Pedro Alfaro Fernández, Juan Araos Araos, Carlos Asalgado Martínez, Edmundo Alberto Asenjo Gálvez, Daniel Cancino Varas, Gustavo Caruman Soto, Juan Evaristo Duarte Gallegos, Germán Erazo Ahumada, Ricardo Erazo Ahumada,  Héctor Alfredo Flores Vergara, Segundo Gangas Godoy, Enrique Gutiérrez Rubilar, Luis Gutiérrez Uribe, Guido Jara Brevis, Jaime Márquez Campos, Luis Mora Cerda, José Mora Diocares, José Muñoz Leal, Enrique Naranjo Muñoz, Nelson Ortiz Vignolo, Manuel Poblete Vergara, Luis Tomás Rojas Torres, Manuel Tapia Tapia y Rudeslindo Urrutia Jorquera.

En 1977 el Ministerio Secretaría General de Gobierno creó, bajo la dependencia de la Dirección de Organizaciones Civiles, la Secretaría Nacional de los Gremios y puso al frente de ella a Misael Galleguillos, un profesor de Matemáticas de la sede Valparaíso de la Universidad de Chile, activo militante de Patria y Libertad en el gobierno de la Unidad Popular. Su misión aparente era formar dirigentes sindicales gobiernistas, pero en verdad su papel principal consistió en vigilar e infiltrar a las dirigencias sindicales opositoras y traspasar toda esa información a la CNI.

La dirección de la Secretaría de los Gremios tenía sus oficinas en el edificio Diego Portales, pero la mayoría de sus funcionarios y colaboradores trabajaban cerca de allí, en una casa de tres pisos que se levantaba en la esquina de la Alameda con la calle Victoria Subercaseaux, a un costado del cerro Santa Lucía.

Galleguillos, entusiasmado con su tarea, recreó el Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista, MRNS, -inspirado en un antiguo movimiento del mismo nombre- con sede en una casona en calle Vergara 180, en el antiguo barrio República, al suroriente del centro de Santiago, y estrechamente ligado a la CNI. En aquel lugar se congregaron varios de los principales dirigentes sindicales gobiernistas, entre ellos René Sotolicchio, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Municipales; Valericio Orrego Salas, presidente de la Asociación de Empleados del Ministerio de Obras Públicas; Carlos Navarrete, presidente del Sindicato N° 1 de Ferias Libres de Santiago; y, Jaime Tramont Castillo, dirigente sindical de Valparaíso.

Galleguillos convocó además a Werner Anís Bischosausen, Eugenio Cáceres Contreras, Ramón Callís Arrigorriaga, Iván Catalina Sánchez,

Gustavo Cuevas Torrealba, Héctor Larenas Bugueño, Luis Lillo Abarca, Lázaro Maluenda, Claudio Matte y Pedro Urquieta. Claudio Matte y Héctor Larenas financiaron el arriendo de la sede, donde los encargados de seguridad eran Hugo Cabezas Freire, miembro de la CNI, y Rigoberto Moreno, ex funcionario de la Armada.

La dirección del movimiento, encabezado por Galleguillos, la integraban José Fernández Jorquera, Arturo Marshall de Amesti, Alfredo Urrutia, Fernando Muñoz Parra y Marcelo Retamal Moreno, los que se abocaron a planificar las acciones de choque, producir la propaganda, programar los cursos de capacitación sindical para los cuadros y dirigentes que convocaban a sus reuniones. Luis Lillo Abarca se encargaba de la capacitación y Héctor Larenas Buqueño de la propaganda y las relaciones públicas.

Camisas negras y saludos nazis

En otro inmueble, situado en calle Larraín 8081, frente al aeródromo de Tobalaba, o en un sitio baldío en Farellones, se efectuaba el adiestramiento paramilitar de los militantes que componían los grupos de choque. Esta tarea la realizaban Fernando Muñoz, Genaro Pozo y Manuel Hernández. Era obligatorio el uso de camisas negras, el saludo con el brazo en alto al estilo nazi y los cantos de himnos militares.

Otros militantes como Pablo Medina, Jorge Salinas, ex Patria y Libertad, apodado “Bombero Loco”, y Santiago Schesta asumieron la preparación de  explosivos que instalaban en zonas previamente determinadas y que los comunicados de prensa atribuían a grupos de izquierda.

Una de las acciones con repercusión pública del MRNS fue el boicot a una conferencia de prensa de la ANEF, en la que Guillermo Henríquez, Jorge Salazar Hojman, Genaro Pozo y Jorge Baldrich Camus irrumpieron gritando “traidor” y “vende patria” a Tucapel Jiménez. Al día siguiente Baldrich apareció fotografiado en El Mercurio. Declaró más tarde que la orden se la había dado el entonces ministro secretario general de Gobierno, el general Sergio Badiola Brodeg, a quien secundaba el subsecretario de la cartera, el abogado Jovino Novoa Vásquez

Galleguillos también contaba con un secreto informante entre los opositores que le anticipaba todas las actividades del Grupo de los Diez. Era Federico Mujica Canales, un hombre bajito, constante fumador de pipa, que presidía la Cepch.

Ya en 1975, en los años de gloria de la Dina, los dirigentes sindicales opositores eran estrechamente vigilados y sus reuniones grabadas por agentes o colaboradores infiltrados entre ellos. Marcia Merino, “la flaca Alejandra”, mirista que colaboró con la Dina, recibía de Rolf Wenderoth en el cuartel central de Belgrado transcripciones textuales de las reuniones del Grupo de los Diez, de la Coordinadora Nacional Sindical, CNS, y del Frente Unitario de Trabajadores, FUT. Su tarea era analizar los contenidos e inferir cursos probables de acción de los sindicalistas, devolviéndolos luego a las oficinas de Wenderoth.

Tras la instalación de la CNI en 1977, la reemplazante de la Dinaprosiguió el mismo método de seguimiento, vigilancia, escucha y penetración. Los antecedentes recabados se incorporaban a carpetas individuales y sus contenidos eran periódicamente replicados y las copias enviadas al cuartel central en la calle República. Allí las recibía Mirtha Espinoza Caamaño, la secretaria del coronel Roberto Schmied, jefe del Departamento Interior, quien luego fue nombrado comandante de la División de Inteligencia Metropolitana, donde se ubicaban las diversas brigadas antisubversivas. Bajo el mando directo de Schmied estaban el mayor Zanelli y el capitán Álvaro Corbalán Castilla, encargados de las tareas operativas.

La secretaria registraba la información en libros de control, con la fecha de ingreso, la unidad de procedencia y una breve descripción del contenido. Se empleaban siglas y códigos según las respectivas unidades y secciones. Así, por ejemplo, F.1.1, correspondía al jefe de la división; F-1.2, al subjefe y así sucesivamente, según las diversas reparticiones en que se dividía la CNI.

Se ejerció una estrecha vigilancia sobre el mundo sindical a través de la Brigada del Trabajo o Brigada Político Sindical, que dependía directamente de la División de Inteligencia Metropolitana, al mando del coronel Schmied Zanzi. El jefe de la brigada desde 1979 fue el capitán de Carabineros Miguel Eugenio Hernández Oyarzo (“Felipe Bascur”), quien había cumplido funciones similares en la Dina, en 1977, desde el cuartel “Ollagüe”, ubicado en la calle José Domingo Cañas, en la comuna de Ñuñoa.

Al promediar 1979, la brigada se trasladó a un nuevo cuartel secreto en calle Agustinas y se dividió en cuatro grupos, cada uno de ellos al mando del capitán de Ejército Raúl Lillo Gutiérrez (“Manolo Arriagada”), de Héctor Lira (“Julián Reyes”), de Nelson Fernández Franco (“Carlos Santander” y de Jorge Ramírez Romero (“Carlos de la Fuente”), respectivamente. Entre los agentes figuraban Pedro Alfaro Fernández, Juan Araos Araos, Carlos Asalgado Martínez, Edmundo Alberto Asenjo Gálvez, Daniel Cancino Varas, Gustavo Caruman Soto, Juan Evaristo Duarte Gallegos, Germán Erazo Ahumada, Ricardo Erazo Ahumada,  Héctor Alfredo Flores Vergara, Segundo Gangas Godoy, Enrique Gutiérrez Rubilar, Luis Gutiérrez Uribe, Guido Jara Brevis, Jaime Márquez Campos, Luis Mora Cerda, José Mora Diocares, José Muñoz Leal, Enrique Naranjo Muñoz, Nelson Ortiz Vignolo, Manuel Poblete Vergara, Luis Tomás Rojas Torres, Manuel Tapia Tapia y Rudeslindo Urrutia Jorquera.

Dirigentes como Eduardo Ríos, Ernesto Vogel, Manuel Bustos y Tucapel Jiménez, entre otros, tenían sus teléfonos intervenidos y se revisaba, en la unidad que mantenía la CNI en Correos, toda la correspondencia que se les enviaban a ellos y a sus familiares desde el exterior e interior. Se llevaba una carpeta de cada uno con sus antecedentes personales, laborales y familiares, además de sus redes de contactos.

En 1976, un agente de la CNI, apodado “Omar” reclutó como informante al empleado que laboraba como auxiliar de la ANEF, en su sede de tres pisos ubicada en Alameda con Riquelme. El “junior” se llamaba Julio Olivares Silva y era hijo de una amiga de Tucapel Jiménez. Dos veces a la semana el muchacho entregaba sus informes en el cuartel de la Brigada del Trabajo, donde a cambio recibía un pago en efectivo. En 1977 Olivares Silva fue incorporado a la planta de la CNI bajo la chapa de “Gabriel Carrasco González”, aunque todos le llamaban “Barnabás”.

Infiltración de las dirigencias

Valericio Orrego, por su parte, se transformó también en colaborador a sueldo de la CNI. Infiltró a Carlos Santa María, dirigente del Grupo de los Diez, reclutando a un empleado de éste en un negocio que tenía en Bandera con General Mackenna. El informante se llamaba Patricio Pezoa y debía rendir cuentas periódicamente a “Manolo” o a “Carlos de la Fuente”, sus agentes de control en la CNI.

Uno de los más secretos soplones a sueldo que mantuvo el organismo represivo en los ámbitos dirigentes del sindicalismo opositor sólo pudo ser identificado el primer semestre de 2009. Se trataba del socialista Víctor Hugo Gac, miembro del comité ejecutivo de la CNS, un hombre entonces muy cercano a Arturo Martínez, el actual presidente de la CUT, a quien la CNI le pagaba 40 mil pesos mensuales por sus informes.

Así, al iniciarse la primavera de 1981, la CNI tuvo la certeza de que la tan temida unidad sindical opositora se estaba consiguiendo y que el principal forjador de ella era el presidente de los empleados fiscales, Tucapel Jiménez. El asunto era aún más grave pues Jiménez también sostenía conversaciones con algunos de los principales líderes políticos de la disidencia, entre ellos Eduardo Frei Montalva. El líder de la ANEF y el ex mandatario se habían reunido ya en la Vicaría de la Pastoral Obrera junto a algunos dignatarios de la iglesia católica. Los analistas de la CNI llegaron a la conclusión de que se preparaba un paro nacional de impredecibles consecuencias, con el apoyo, además, de numerosas instancias y gobiernos del mundo entero.

Los antecedentes reunidos por la CNI llegaron a La Moneda y en las semanas siguientes el director de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINE, general Ramsés Arturo Álvarez Sgolia, recibió del general Augusto Pinochet la orden de eliminar a Tucapel Jiménez. 

Si Aylwin decretó que su período sería el de la justicia en la medida de lo posible , Lagos ha instaurado definitivamente la justicia negociada , de la que son claros ejemplos la locura de Pinochet y el esmirriado fallo por el asesinato de Tucapel Jiménez Alfaro.

Hace quince días, los familiares, dirigentes sindicales y abogados querellantes en el caso Tucapel Jiménez, desbordaban optimismo. Tenían la certeza de que las penas contra los implicados en este horrible crimen serían ejemplarizadoras, más aún cuando la investigación avanzaba hacia la culpabilidad directa del Ejército como institución. Sin embargo, el lunes 5 en las afueras del 18 Juzgado del Crimen sus rostros no podían esconder la sorpresa y el desencanto: el juez Muñoz los había defraudado.

Luego de los casi 18 años de inútil trabajo del ministro Sergio Valenzuela Patiño, el magistrado Sergio Muñoz había avanzado aceleradamente en la investigación de los hechos, reencausó a muchos de los que Valenzuela había liberado y dirigió los dardos hacia el corazón del Ejército y su rama de inteligencia, la DINE.

Las condenas de primera instancia
Ramsés Arturo Alvarez Sgolia, Director DINE, condenado a la pena de diez de años presidio mayor en su grado mínimo, por su responsabilidad de autor del homicidio.
Se le impone la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa.

Carlos Alberto Fernando Herrera Jiménez, condenado a pena única de presidio perpetuo, por su responsabilidad de autor de los delitos de homicidio calificado de Tucapel Jiménez y de Juan Alegría Mundaca. Se le impone la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa.

Víctor Raúl Pinto Pérez y Francisco Maximiliano Ferrer Lima, condenados a ocho años de presidio mayor en su grado mínimo, como autores del delito de homicidio calificado. Se le impone la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa.

Manuel Segundo Contreras Donaire y Miguel Segundo Letelier Verdugo, condenados a seis años de presidio mayor en su grado mínimo, como autores del delito de homicidio calificado. Se le impone la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa.

Juan Carlos Arriagada Echeverría y Jorge Luis León Alessandrini, condenados a tres años de presidio menor en su grado medio, como cómplices del delito de homicidio calificado. Se impone a los sentenciados la pena accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, y al pago de las costas de la causa. Se les concede el beneficio alternativo de remisión condicional de la pena (firmar una vez al mes).

Hernán Ramírez Hald, Hernán Ramírez Rurange y Juan Fernando Alfredo Torres Silva, condenados a ochocientos días de presidio menor en su grado medio, como encubridores del homicidio calificado. Se les impone la pena accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, y el pago de las costas de la causa. Se les concede el beneficio alternativo de remisión condicional de la pena (firmar una vez al mes).

Enrique Gabriel Ibarra Chamorro, condenado a quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio, como encubridor del homicidio calificado. Se impone al sentenciado la pena accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, y el pago de las costas de la causa. Se le concede al procesado el beneficio alternativo de remisión condicional de la pena (firmar una vez al mes).

Absueltos
Roberto Urbano Schmied Zanzi, Jefe Brigada Metropolitana de Inteligencia, acusado como cómplice.
Miguel Eugenio Hernández Oyarzo, Jefe de la Unidad Político Sindical de la CNI, acusado como cómplice.
Julio Olivares Silva, junior de la ANEF y agente de la Unidad Político Sindical de la CNI, acusado como cómplice.
Alvaro Corbalán Castilla, Jefe Unidad Operativa de la CNI, acusado como cómplice. Condenado a cadena perpetua por el asesinato de Juan Alegría Mundaca.

La disminución de las penas
A pesar de la gran acumulación de pruebas que inculpaban a agentes de la CNI, de la DINE y a altos mandos del Ejército, el magistrado Muñoz fue estrechando su cerco sólo en algunos de ellos, eliminando del procesamiento a personajes que también tuvieron actuación en el crimen (ver recuadro) y al Comandante en Jefe del Ejército, el autodenominado Presidente de la República que no dejaba moverse ni una hoja sin su consentimiento. Poco a poco dejó de lado los datos que confirmaban que la CNI, con Gordon al mando, al menos cumplió en torno a Tucapel Jiménez labores de seguimiento, intercepción de teléfonos, grabación de reuniones y captación de agentes, como el caso del junior de la ANEF Julio Olivares Silva. También desestimó su propio fallo, del 15 de noviembre de 2000, con que había sentenciado a cadena perpetua por el asesinato del carpintero Juan Alegría Mundaca a los integrantes de la CNI Alvaro Corbalán, Armando Cabrera Aguilar y Carlos Herrera Jiménez, y a Osvaldo Pincetti con pena de diez años de prisión. Este delito comprobadamente se realizó con la única intención de encubrir el crimen del líder de la ANEF.

Por otra parte, eludiendo las interpretaciones sobre crímenes de lesa humanidad aplicadas últimamente por la Corte Suprema, optó por aplicar medidas atenuantes a gran parte de los condenados en el proceso y dictar bajas penas, sustentándose en el principio de prescripción gradual , justificado por la inoperancia de Valenzuela Patiño. Con ese razonamiento, el fallo señala que "el delito estuvo ininterrumpido hasta que quedó ejecutoriado el sobreseimiento temporal dictado en autos el 26 de abril de 1986. Luego permaneció paralizada la tramitación por más de tres años, circunstancia que determinó que continuara corriendo el plazo de prescripción de la acción penal, como si nunca hubiere sido suspendido, hasta que acontece al reponerse el proceso a sumario el 30 de julio de 1990. Es así que entre el 25 de febrero de 1982 y el 30 de julio de 1990 transcurrieron ocho años, cinco meses y cinco días, antecedente de hecho que importa el transcurso de más de la mitad del tiempo establecido para que opere la prescripción de la acción penal en este caso y, por lo mismo, lleva a acoger el planteamiento formulado por las defensas de los encausados Arturo Ramses Alvarez, Víctor Pinto Pérez, Francisco Ferrer Lima, Manuel Contreras Donaire, Miguel Letelier, Hernán Ramírez Hald, Juan Carlos Arriagada, Jorge Luis León Alessandrini, Hernán Ramírez Rurange, Fernando Torres Silva y Enrique Ibarra".

Muñoz también premió a Herrera Jiménez, unificando la condena con la pena perpetua por el homicidio de Alegría Mundaca, con lo que en la práctica deberá cumplir solamente 20 años de presidio efectivo y se le abre la posibilidad de solicitar el indulto presidencial. Incorpora otros beneficios, aduciendo la irreprochable conducta anterior de algunos procesados como Arriagada Echeverría, León Alessandrini, Ramírez Rurange, Ibarra Chamorro, Torres Silva y Ramírez Hald, a quienes se les remitió la pena privativa de libertad, debiendo firmar sólo una vez al mes. A pesar de no tener condenas anteriores, Torres Silva ha sido acusado por la tortura que afectó a numerosos presos políticos y Ramírez Hald está implicado en la desaparición del joven estudiante del Liceo Industrial de Maipú José Flores.

De esta forma, las penas definitivas no guardan relación con el horror del crimen ni con las agravantes de premeditación, alevosía, ensañamiento y asesinato en despoblado en que se cometió. Tampoco con que los hechores tuvieron la protección absoluta del Estado, que la negligencia de un juez reconocidamente pinochetista alargara con premeditación el proceso y que, el mismo Ejército, negara insistentemente su colaboración.

Los que salvaron ilesos
Extraña en la resolución que muchos de los implicados no fuesen parte de la condena, más allá de la inexplicable absolución de Alvaro Corbalán, Miguel Hernández Oyarzo, Julio Olivares Silva y Roberto Schmied Zanzi, existen otros personajes que tuvieron clara participación en el crimen y ni siquiera fueron considerados en la resolución.
Se trata, por ejemplo, de los integrantes de la Secretaría Nacional de los Gremios y el Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista, encabezados por Misael Galleguillos Vásquez, Valericio Orrego Salas y Raúl Manolo Lillo Gutierrez, quienes espiaban las acciones de este traidor de la patria , entregando antecedentes a sus superiores de la Dirección de Organizaciones Civiles y de la Subsecretaría General de Gobierno, bajo el mando del hoy senador UDI Jovino Novoa Vásquez. No es desconocido que desde esta repartición existían gastos reservados para financiar a grupos paramilitares afines. Incluso, entre las diligencias solicitadas por los querellantes, se encontraba la de carear a Novoa con Sergio Fernández y Enrique Montero Marx, quienes ocuparon el cargo de Ministro del Interior en las cercanías de la fecha del asesinato. A Galleguillos se le vincula a la planificación del crimen, mientras Valericio Orrego contactaba a agentes de la CNI para el seguimiento de Tucapel Jiménez y el Grupo de los 10 , y un auto Opala usado en el crimen sería de su propiedad. Lillo Gutiérrez también las oficiaba de espía de los grupos sindicales opositores.

Entre los cómplices del crimen, según ameritaba la investigación, también aparecían los agentes destinados al espionaje de dirigentes sindicales Nelson Hernández Franco, alias Marcos de la Fuente , Héctor Lira Aravena, Luis Pino Moreno y José Ramírez Romero, alias Carlos Santander . Patricio Pezoa Araya, empleado de un dirigente sindical DC, habría espiado al Grupo de los 10 y tomado contacto con los tres agentes de la CNI que seguían a Tucapel Jiménez. El capitán de Ejército Raúl Descalzi Sporke, que siempre fue considerado entre los autores, tampoco está en el listado final.

Tampoco nombra al suboficial (r) de Carabineros Luis Pinto Moreno, encausado en un principio como cómplice, y el capitán (r) de Ejército y miembro de la Dine, Arturo Silva Valdés, que había sido procesado como encubridor por su participación en la fuga de Herrera Jiménez hacia Argentina.
El año pasado el juez Muñoz había considerado entre los autores al suboficial de Ejército Humberto Calderón Luna, jefe de personal de la CNI en 1982, quien no figura entre los condenados pese a ser quien habría reclutado a Galvarino Ancavil para conseguir las armas usadas en el crimen. Ancavil Hernández, que estuvo siempre vinculado al proceso, presuntamente estaría en Francia y nunca se presentó ante el juez. Lo que no debería ser obstáculo para que se le condenara en ausencia por haber facilitado las armas -una Pasper calibre 22 y otra calibre 32- usadas en el asesinato. Finalmente Humberto Gordón Rubio, a la fecha Director de la CNI, fue absuelto por su deceso.

Las órdenes de Pinochet
Aunque para el magistrado Muñoz no existieron las pruebas suficientes para considerar en el proceso al dictador, Augusto Pinochet Ugarte jugó un papel central en la determinación de eliminar a Jiménez y en las posteriores maniobras de encubrimiento.

Alertado por Jovino Novoa y sus dirigentes sindicales de la Secretaria Nacional de los Gremios, Pinochet supo de la traición que el otrora aliado Tucapel Jiménez estaba preparando. El mismo que defendía a la junta militar en el exterior, tras los primeros meses del golpe de Estado, en los inicios de la década del 80 formaba parte del grupo opositor que políticamente estaba vinculado al ex Comandante en Jefe de la FACH Gustavo Leigh Guzmán.

En el verano de 1982, Jiménez Alfaro hacia un llamado amplio a la unidad de los trabajadores contra el régimen, reuniéndose con Manuel Bustos y otros dirigentes sindicales para el efecto. Las citas en casa de Leigh se hacían más frecuentes. La figura del dirigente de la ANEF se hacía peligrosa.

El 21 de febrero de 1982, en una ceremonia de entrega de títulos de propiedad en Calbuco, Augusto Pinochet señaló que: Lógicamente, cuando hay estas pequeñas acciones negativas momentáneas, aparecen los de siempre. Aparecen los negativos de siempre y a ellos les mando hoy este mensaje: el gobierno tolera muchas cosas, pero jamás va a tolerar volver atrás. Jamás va a tolerar que algunos enquistados estén actuando en forma negativa y tratando de sembrar la cizaña en las mentes de los trabajadores. Por ello, me atrevo a decir a aquellos que están en estos momentos realizando acciones contrarias al Gobierno: mucho cuidado señores, por que también ustedes pueden salir fuera del país. Luego agregó: Y aquellos que han firmado cartas, telegramas o cables hacia entidades comunistas en el exterior, son tan comunistas como esos, porque, señores, dime con quien andas y te diré quien eres. Si se apegan a una acción comunista, son tan comunistas como los que están actuando . Las expresiones, ampliamente reproducidas por los medios de comunicación, firmaban la pena de muerte de Jiménez. Sólo cuatro días después se haría efectiva.

El encubrimiento
Carlos Herrera Jiménez ha sostenido en forma reiterada, desde que reconociera su participación en los hechos, que al momento de exponérsele la planificación para la eliminación física de Tucapel Jiménez, se le indicó que estaba en conocimiento de ello Arturo Alvarez Sgolia, Director de Inteligencia del Ejército, quien, además, una vez ejecutados los hechos, efectuó una reunión con quienes tomaron parte en esas acciones o tuvieron conocimiento de las mismas, en la que se le prohibió referirse al tema en sus conversaciones. Afirma que Alvarez directamente le felicitó por la acción realizada, expresándole que estuviera tranquilo, que nada le ocurría y que le había hecho un gran favor a la patria . Herrera reconoce que la orden fue dispuesta por su jefe directo, Francisco Ferrer Lima, la que le fue reiterada por el superior, comandante del Cuerpo de Inteligencia del Ejército Víctor Pinto Pérez, expresándosele que había sido ordenada o estaba en conocimiento del Director de Inteligencia del Ejército, Arturo Alvarez Sgolia y, además, que la había dispuesto o lo sabía el Mando, lo que entendió referido al Comandante en Jefe del Ejército, Augusto Pinochet Ugarte, a lo cual se le agregó que Tucapel Jiménez era un traidor a la patria, que estaba causando mucho daño al país y que era necesaria su eliminación .

Francisco Ferrer Lima, partícipe de una reunión posterior al crimen, declaró que Alvarez solicitó a todos los funcionarios del Cuerpo de Inteligencia del Ejército que tomaron parte de los hechos, que no se dijera más que tales sucesos los había dispuesto el general Augusto Pinochet Ugarte, que él asumía toda la responsabilidad. El mismo Pinochet, en su libro Camino recorrido , intentó que la responsabilidad quedara en Alvarez al decir que la muerte de Jiménez Alfaro pudo haberla dispuesto un cabeza caliente sin remedio . El Jefe de Estado Mayor General del Ejército de la época, Enrique Morel Donoso, declaró en el proceso que: si el hecho está vinculado a la Dirección de Inteligencia del Ejército, sería producto de la iniciativa personal de su Director, Arturo Alvarez Sgolia, a quien le tengo considerado como una persona muy inteligente, pero en cierto modo carente de criterio .

El 17 de enero de 1992, ante algunos avances en las investigaciones por las violaciones a los derechos humanos, Pinochet Ugarte dio una orden de comando al Auditor General del Ejército Fernando Torres Silva: debía crear el Departamento de Estudio y Planificación. Las funciones de este nuevo organismo estaban dirigidas a afinar las estrategias de defensa de los uniformados, las que incluían la posibilidad de sacar a algunos del país, encubiertas en un lenguaje que definía: analizar las situaciones procesales a que pudiera verse enfrentada la institución, desde los puntos de vista político, comunicacional y de inteligencia . La unidad se creó entre finales de 1992 y principios de 1993, destinando a ella a los abogados de la CNI que habían sido destinados a la Auditoría General.

Bajo el mando de Torres Silva estaba Enrique Ibarra, en su calidad de Jefe del Departamento IV de la Auditoría. Entre los favores concedidos están el ocultamiento de Osvaldo Romo Mena en Brasil, de Miguel Fanta Estay Reino en ese país y Paraguay, y la salida de Herrera Jiménez hacia Argentina.
A fines de 1982, Carlos Herrera Jiménez se habría reunido con Alvaro Corbalán para solicitar su reincorporación a la CNI, contándole del crimen de Tucapel. Luego de eso conversan con Gordon, quien lleva a Herrera a La Moneda, se entrevista con Augusto Pinochet y, al salir, le dice que el Presidente le envía su reconocimiento, que le felicita y que lo tendría presente en el futuro.

La presiones uniformadas
Tal como en el caso del sobreseimiento de Pinochet, antes de conocerse este fallo se reactivaron las visitas de personeros gubernamentales y uniformados a Tribunales. Ya en enero de este año, los abogados defensores de los criminales solicitaron a Muñoz declararse incompetente para dar paso a la Justicia Militar. Jorge Balmaceda Morales, Juan Carlos Manns y José Luis Sotomayor, enmarcaron su petición en las denominadas excepciones de previo y especial pronunciamiento , que contempla el Código de Procedimiento Penal, y que se refieren a la declinatoria de jurisdicción y la prescripción de la acción penal por el tiempo transcurrido desde ocurrido el delito, que se encuentran en la etapa de dictación de cargos, fase anterior a las condenas de primera instancia que serían dictadas por el magistrado. También intentaron que Muñoz declarara prescrito el crimen y detener la investigación para que los tribunales castrenses se hagan cargo del caso .

En la etapa final de la investigación el Ejército comenzó a operar de manera desesperada, los oficiales de enlace que supuestamente se preocupaban del bienestar de los procesados se dedicaban a portar antecedentes a la DINE y a Torres Silva, para rediseñar la planificación de defensa, y amenazaban a los detenidos que prestaban colaboración. Ricardo Opazo Wildner, enlace de Herrera Jiménez, lo amenazó directamente señalándole que su actitud tendría consecuencias negativas para su seguridad personal y la de su familia. La decisión de que Herrera Jiménez saliera de Chile fue tomada por Torres Silva e Ibarra, quienes cumplían así el mandato de Pinochet para ayudar a los procesados, incluida en su orden de comando de crear el Departamento de Estudio y Planificación de la Auditoría General del Ejército.

A pesar de que Juan Emilio Cheyre dice acatar las resoluciones de la Justicia, sus visitas privadas al Palacio de Tribunales son conocidas, como también su negativa a ayudar en este caso, en el que el juez tuvo que acudir a otros medios para conocer el listado de integrantes de la DINE en 1982, y en el proceso por los ejecutados y desaparecidos de Cerro Chena, donde a la jueza Cecilia Flores le ha sido negada sistemáticamente toda colaboración. En el caso del juez Mario Carroza, a cargo entre otros del proceso por la desaparición de Domingo Blanco Tarres, sus solicitudes no han sido acogidas o se le han enviado documentos irrelevantes que dilatan la etapa investigativa. Estos son sólo algunos de los casos en que las palabras del Comandante en Jefe se contrastan brutalmente con la realidad.

Quince días antes de conocerse el fallo, cuando los familiares, dirigentes sindicales y abogados querellantes aún desbordaban optimismo, un extraño incidente hizo retrasar la entrega de las penas: el computador del juez había sufrido una falla. Todo indica que, entre esa falla y el lunes 5 de agosto, algo pasó en el computador del magistrado que terminó con el optimismo reinante en el círculo cercano a Tucapel Jiménez Alfaro.