Arriagada Rehren Eduardo Adolfo

El ministro en visita Alejandro Madrid descubrió que doctores que trabajaron en la clínica London de la DINA también prestaron servicios en la clínica Santa María. De hecho, uno de ellos, intervino en el equipo médico que estuvo en la última operación al ex Mandatario, según revela el expediente judicial.

Si en 1977 alguien hubiera dicho que un ministro de la Corte de Apelaciones llegaría a establecer cómo murió un agente de la DINA a manos de sus camaradas de armas en la Clínica London, de seguro lo habrían tildado de iluso. Igualmente, si en 1982 alguien hubiera tenido conocimiento que parte del equipo médico que trabajaba en la Clínica Santa María, donde se operó al ex Presidente Eduardo Frei Montalva, formó parte de la Clínica London, de la DINA, quizás su muerte habría sido evitada.

Si en 1990, tras el retorno de la democracia, alguien hubiera siquiera levantado la sospecha de que estas dos muertes estaban relacionadas entre sí, quizás en parte le hubieran creído, pero era impensable obtener resultados concretos.

Por esta razón, el ministro Alejandro Madrid Crohare ha acreditado que una serie de muertes anteriores a la de Frei son un nexo necesario para llegar a establecer el que pudiera ser el primer magnicidio de la historia de Chile.

El magistrado Madrid, en un documento al que tuvo acceso exclusivo LND, tiene identificado a todo el personal que trabajó en las clínicas de la DINA, pasando por Santa Lucía y luego London, desde guardias, enfermeros, doctores, auxiliares, conductores y telefonistas. Este listado secreto, nunca antes publicado (ver recuadro), consta en el expediente que el juez tramita por la muerte del ex cabo del Ejército y ex agente de la DINA Manuel Jesús Leyton Robles, asesinado en marzo de 1977. Caso ligado a la muerte de Frei.

Este hecho, si se toma en perspectiva, ha dado pistas que han ayudado a fortalecer la convicción del magistrado en cuanto a que la muerte de Frei no fue una mera casualidad.

A lo anterior se suman otros dos sucesos que también han sido reveladores para el magistrado. En primer lugar, que en 1993 uno de los principales imputados en el crimen del diplomático español Carmelo Soria -ocurrido el 14 de julio de 1976-, el brigadier (R) y ex secretario general del Ejército, Jaime Lepe, utilizó a los agentes del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) para que siguieran y detuvieran al suboficial (R) José Remigio Ríos San Martín. Se reunió con él en un restaurante, donde le conminó a retractarse de la declaración que lo inculpaba a cambio de una camioneta (ver La Nación 21.8.06). La volumen de medios que Lepe utilizó para esta operación, a instancias del propio Pinochet, revela que no sólo se trataba de proteger su carrera o de encubrir una muerte como tantas otras, sino más bien de ocultar información sobre fabricación de venenos para eliminar a sus opositores durante la dictadura militar.

En segundo lugar, otra vertiente conduce al envenenamiento con toxina botulímica de los miristas en la cárcel pública en 1981 (ver La Nación 23.8.06), traída especialmente a Chile por el Instituto de Salud Pública (ISP) para el Laboratorio de Guerra Bacteriológica del Ejército (LGBE), con el aval del entonces representante en Chile de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), doctor Virgilio Scuttia. En aquel año, el LGBE dependía operativamente de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).

Por último, la salida de Chile del químico de la DINA Eugenio Berríos Sagredo -quien huyó del país con ayuda del Ejército en octubre de 1992- y su posterior asesinato en 1993 en Uruguay, constituyen en conjunto un rompecabezas al que sólo le faltarían algunas piezas por encontrar en el oscuro universo de las operaciones de inteligencia de la dictadura de Pinochet. Y Berríos, en toda esta trama, aparece como el nexo necesario.

“Por culpa de este hueón traidor”

La muerte del cabo Leyton Robles, ocurrida en marzo de 1977, resulta un ejemplo palpable de lo que significaba la palabra “traición” para el director de la DINA, Manuel Contreras: un vocablo impronunciable.

Leyton Robles buscaba junto a otros agentes repuestos para una renoleta, ya que los fondos de la DINA eran exiguos y no había cómo reparar el vehículo. El problema lo resolvieron robando un auto similar al ciudadano francés Marcel Duhalde. Éste denunció los hechos a carabineros, los que ubicaron la renoleta y detuvieron a los responsables, el propio Leyton Robles y Heriberto Acevedo, ambos miembros de la DINA, los cuales fueron trasladados a una comisaría. Y allí comenzó todo. La DINA ordenó liberarlos. Carabineros se opuso. Los agentes del servicio rodearon la unidad policial. Crisis. Manuel Leyton Robles seguía preso. Sin embargo, minutos antes había revelado el secreto mejor guardado de la DINA: la existencia de detenidos desaparecidos y su destino final, el mar.

Una vez liberado, la DINA, al tanto de sus declaraciones, lo recluyó en uno de sus recintos. Murió días más tarde de un misterioso ataque cardíaco. Tenía sólo 24 años. Hasta aquí llega lo que hasta ahora es de dominio público.

“Viene paquete”

Sin embargo, el quién, el cómo, el cuándo y el dónde fue asesinado resultó ser un misterio y un secreto guardado en las bocas de muy pocos. Pero sólo hasta ahora, ya que Madrid y el detective Nelson Jofré tienen el caso del todo esclarecido.

Leyton Robles no fue llevado a un lugar cualquiera, sino a la Clínica London. Al respecto, el testimonio del suboficial (R) del Ejército y enfermero Carlos Norambuena Retamales resulta elocuente para ilustrar el recinto ubicado en Almirante Barroso 76.

“En esta clínica pude observar hechos que me marcaron para siempre mi vida. Comprobé que había un grupo de médicos involucrado en hechos de muerte de los detenidos que llegaban a la clínica. De estos episodios me percaté cuando hacía turno de noche, los cuales eran habituales”.

Según este ex enfermero DINA, los involucrados eran el doctor Osvaldo Leyton, Werner Zanguellini y la enfermera jefa Eliana Borumburu Taboada. “Había una clave en la clínica, que era un aviso: ‘viene paquete’. Significaba que venía un detenido y uno entendía que no tenía que involucrarse en nada, solamente los ya citados. Llegaba un vehículo de la DINA y gente que no conocíamos bajaban en camilla al detenido, luego lo ingresaban a una sala, le suministraban algo y después el paciente salía fallecido”.

Norambuena Retamales relata además la fórmula usada por los facultativos: “Suministraban ocho miligramos de Pentotal, lo que al paciente le provocaba inmediatamente una arritmia, seguido de un paro cardiorrespiratorio, falleciendo en la clínica, y como a la hora y media lo sacaban de noche medio camuflado”.

Este ex funcionario de la DINA tuvo acceso privilegiado a varios oscuros episodios de la dictadura junto a la enfermera Borumburu. “Pude conocer accidentalmente ‘la torre’ (Villa Grimaldi) en una oportunidad en que el mayor Gerardo Ulrich estaba procediendo a quemarle los pezones con alcohol a una mujer totalmente desnuda”.

El “doctor tormento”

La auxiliar de enfermería de la Clínica London Jazna Larrecheda Valdés contó un segundo detalle gravitante para el juez y la primera pista concreta sobre la muerte de Leyton. La mujer relató a Madrid que en marzo de 1977, “a eso de las 2 A.m., llegaron hasta la Clínica London unas ocho personas a cargo de un oficial y otros dos agentes a quienes identifiqué como Armando Cabrera y el cabo Manuel Leyton. En un instante todo el grupo entró a la oficina del jefe administrativo y a los pocos minutos llegó un sujeto conocido como el doctor Pinchetti”. Este último, también conocido como el “doctor tormento”, era el hipnotizador de la DINA.

Luego de algunas horas vio a Leyton fumando y paseándose de un lugar a otro, “tocándose la cabeza en señal de nerviosismo y desesperación, al mismo tiempo que acariciaba el arma de servicio que llevaba al cinto (…) Transcurrieron algunos minutos y salió Cabrera de la habitación. Inmediatamente ingresó Leyton hasta donde permanecía Pinchetti”, declaró la auxiliar de enfermería.

A los pocos minutos, el hipnotizador llamó por teléfono y dijo: “El primero (Cabrera) negativo, el segundo (Leyton) positivo”, cuenta Larrecheda.

Por otra parte, el ex empleado civil del servicio Julio Huerta Gutiérrez relató que Leyton quedó entonces en la clínica detenido con un guardia externo de la DINA, con subametralladora en mano en caso que quisiera escapar. Huerta era responsable, según su testimonio, de llevarle el almuerzo. También le daba cigarrillos cuando Leyton se los pedía, haciendo caso omiso de las órdenes del jefe de seguridad, el entonces teniente Hernán Sovino Maturana: no tener contacto con los presos.

Los hechos continuaron su cauce cuando el conductor de ambulancia de la Clínica London, suboficial mayor activo del Ejército S.A.C.V, vio cómo llegaba una ambulancia y subían a un paciente al box de urgencia. “Al ingresar veo a un sujeto joven sobre la camilla, desconocido para mí hasta ese instante, y veo al doctor Pedro Valdivia y otra persona que no recuerdo (…) El paciente estaba inconsciente y con un paro cardiorrespiratorio (…) Yo estuve presente y cooperé transportando un desfibrilador y un reanimador. Recuerdo que quedé muy choqueado, era la primera vez que veía fallecer a una persona. Me encontraba muy mal y salí al pasillo”.

Otra de las personas que participó en este episodio fue la ex auxiliar de enfermería de la DINA Silvia Valdés Uribe, quien confirma los hechos, y agrega que se trató de reanimar a Leyton, pero todo indica que la tortura aplicada por Pinchetti con el pentotal, más las sesiones de interrogatorio, terminaron con sus signos vitales.

A las pocas horas, Jazna Larrecheda Valdés comprobó con sus propios ojos este mismo hecho. “Le pregunté a un auxiliar qué había pasado con el paciente y me dijo que había fallecido; entonces entré a la sala de yeso, donde constaté que sobre una camilla yacía un cuerpo desnudo. Era el cabo Leyton”.

Esa misma noche llegó hasta la clínica el comandante Vianel Valdivieso, uno de los hombres del círculo de hierro de la DINA, junto al mayor Juan Morales Salgado, quienes se llevaron el cadáver.

Hermenéutica judicial

Cuando Madrid y la policía tuvieron esta historia completamente clara, se abocaron a establecer estos nexos médicos con la muerte de Frei y se encontraron con sorpresas.

Profesionales que trabajaron en la DINA integraron el equipo médico que trató a Frei, como también hubo otros de la central de inteligencia que trabajaban en la Clínica Santa María mientras el ex Mandatario permaneció internado allí.

Una de las principales pistas de los investigadores provino de la declaración -a fojas 656 del expediente judicial- del último doctor que atendió al ex Presidente, Patricio Silva Garín.

Este último, en 1982 se desempeñaba en el Hospital Militar, aunque era un hombre muy cercano a Frei Montalva.

Silva Garín relató al ministro Madrid que conformó su equipo con los doctores Eduardo Weinstein (quien también trabajaba en el Hospital Militar) y el doctor Rodrigo Vélez.

Este último, según el relato del suboficial mayor activo del Ejército S.A.C.V., también prestó servicios en la Clínica London. El equipo estaba integrado, asimismo, por el médico Pedro Valdivia, quien estuvo presente al momento de la muerte del cabo Leyton en las dependencias de la DINA.

Pero había más. La enfermera jefe de la DINA, Eliana Borumburu, tenía por aquellos años una prima, Ana María Borumburu, que trabajaba precisamente en la Universidad Católica, donde trabajaban los médicos Hermal Rosemberg y Sergio González Bombardiere, los que fueron encargados de la autopsia no autorizada -según la versión de la familia- de Frei.

Dentro de los documentos incautados por Investigaciones no quedó registro de las últimas operaciones quirúrgicas hechas al ex Presidente, salvo la primera de ellas, realizada en diciembre de 1981. LND

Los casos relacionados:

Los procesos que Madrid vincula a la muerte de Eduardo Frei Montalva  

1.- Carmelo Soria: Diplomático Español

Homicidio: 14 de julio de 1976.

Autores: DINA.

Principales imputados:

Brigadier (R) Jaime Lepe Orellana.

Mayor (R) Patricio Quilhot.

Suboficial (R) José Remigio Ríos San Martín.

Químico Civil Eugenio Berríos.  

2.- Cabo de Ejército Manuel Jesús Leyton Robles

Agente de la DINA

Homicidio: marzo de 1977.

Autores: DINA

Principales imputados:

Hipnotizador, Osvaldo Pinchetti.

Comandante (R) Vianel Valdivieso

Coronel (R) Juan Morales Salgado

Dr. Sergio Valdés.

Dr. Osvaldo Leyton.

Enfermera Eliana Borumburu Taboada

Químico Eugenio Berríos  

3.- Ricardo y Elizardo Aguilera, Guillermo Rodríguez Morales “El Ronco” y Adalberto Muñoz Jara.

      Militantes del MIR

Envenenamiento por botulismo.

Autores: se sospecha que fue la CNI.

Principales imputados: químico de la DINA, Eugenio Berríos.

General (R) doctor Eduardo Arriagada Rehren y el coronel (R) de Sanidad Sergio Rosende Ollarzu, ambos funcionarios del Laboratorio de Guerra Bacteriológica del Ejército (LBGE), dependiente entonces de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).

Químico Eugenio Berríos

Hartmut Hopp (Colonia Dignidad)  

4.- Eduardo Frei Montalva.

Ex Presidente de Chile

Muerte por septicemia generalizada: 21 de enero de 1982.

Autores: se sospecha del LGBE, la DINE y la CNI.

Principales sospechosos: general (R) doctor Eduardo Arriagada Rehren y el coronel (R) de Sanidad Sergio Rosende Ollarzu, ambos funcionarios del Laboratorio de Guerra Bacteriológica del Ejército (LBGE), dependiente de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).  

5.- Eugenio Berríos Sagredo

Ex químico de la DINA

Homicidio: entre enero y marzo de 1993, en Uruguay

Autores: agentes de la DINE.

Principales procesados:

General (R) Eugenio Covarrubias ex jefe de la DINE

Mayor (R) Arturo Silva Valdés.  

Hablan los médicos  

Las declaraciones de los médicos que participaron en la operación ante el ministro Madrid, están llenas de tecnicismos, explicando cómo operaron al ex Mandatario. Aquí algunos de sus párrafos más importantes de sus testimonios judiciales.

Augusto Larraín:

“En esta segunda operación donde participé como observador vi una mesenteritis alta de intestino delgado del tipo inflamatorio que nunca antes encontré en las cirugías digestivas que he realizado”.

Alejandro Goic:

“Con respecto a la pregunta de una posible intervención de terceras personas en la infección, debo señalar que no puedo pronunciarme sobre ello. Todo lo que aconteció en el período post operatorio tiene una explicación médica lógica sin necesidad de factores externos”.

Dr. Patricio Silva Garín:

“El doctor Augusto Larraín fue partidario de la cirugía, yo fui partidario de tratarlo médicamente, ya que la úlcera de Barré, por mi experiencia profesional, mejoraba con un tratamiento con remedios”.

Dr. Eduardo Weinstein Baranovsky:

“El grado de riesgo en esos años con el cuadro que tuvo el paciente de obstrucción intestinal, la mortalidad operatoria podría llegar al 60 por ciento. Como corolario de la secuencia y complicaciones que se fueron dando, debo señalar que lo principal lo atribuyo a la tardanza a pesar del diagnóstico que había dado el doctor Patricio Silva en que se efectuara la operación de obstrucción intestinal. De ahí para adelante hay toda una secuencia de un problema séptico en un hombre de edad y que al final desencadenó una falla multisistémica”.

Dr. Guillermo Steading Valenzuela:

“Mi opinión es que cuando Frei fue ingresado por segunda vez a la clínica, debió haber sido operado de inmediato y no esperar al doctor xx Larraín que se encontraba fuera de Santiago

Dr. Carlos Zavala Urzúa:

“La evolución de Eduardo Frei Montalva fue el de una enfermedad muy grave producto de un shock séptico que ocurre en una persona de 72 años y que tiene una alta mortalidad”.

Los funcionarios de las Clínicas de la DINA

Medicos:

Jorge Fantini

Osvaldo Leyton Bahamondes

Horacio Taricco Lavín

Vittorio Orvietto

Juan Pablo Figueroa

Pedro Samuel Valdivia Soto  

Sergio Virgilio Bocaz

Sergio Muñoz Bonta

Christian Emhart Araya

Camilia Azar Saba

Jorge Bassa Salazar

Rodrigo Vélez

Enfermeras-Auxiliares:

María Eugenia Pérez

Irma Aguilera Mitchel

Jazna Larrecheda Valdés

Fernanda Segura Jara

Melanie Soto Cubillos

Empleados civiles:

Silvia Valdés Uribe

Ramón Álvarez Martínez

Luis Araya Aguayo

Luis Espinoza Tapia

Luis Orellana Lara

Igor Poblete González

Jorge Aceituno Cruz

Alberto Arriagada Martínez

Luis Barrera Fuentes

Enrique Carreño Morales

José Guerrero Guerrero

Julio Huerta Gutiérrez

Roberto Núñez Zenteno

Carlos Pulgar Albornoz

Claudio Sanhueza Sanhueza

Jaime Leiva Olguín

Andrés Naranjo Riquelme

Lorenzo Toro Olivares

Militares:

Hernán Sovino jefe de seguridad

Suboficial mayor (R), Ramón Muñoz Rojas

Suboficial mayor (R) Raúl Cerda Sagardía (enfermero)

Suboficial mayor (R) Leonel Martínez Faúndez

Suboficial mayor (R) Santiago Matteo Galleguillos

Suboficial (R) Luis Olguín Ortiz

Suboficial (R) Alfredo Naranjo Riquelme

Suboficial (R) Manuel Lucero (enfermero)

Suboficial (R) Carlos Norambuena (enfermero)

Suboficial (R) Oscar Aceituno Carvajal

Sargento 1º (R) Alfonso Bravo Cifuentes

Sargento 1º (R) Jorge Aravena

Sargento 1º (R) Delberto Esparza Lillo

Sargento 1º  Carabineros, Bernardo González González

Sargento 2º Vicente Álvarez Ramírez

Sargento de la FACH, Luis Pechuante Núñez

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El 6 de diciembre de 1981 marca el camino a la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva. Ese día, asume el timón de la decisiva segunda operación, el doctor Patricio Silva Garín, del Hospital Militar. Todos los profesionales a los que convoca a su equipo son militares, incluido un médico, hasta ahora omitido y que pertenecía a la CNI; y un anestesista con historia. La reconstitución de esos momentos revela que los hombres de los servicios de seguridad de Pinochet que cercaron a Frei en sus últimos días están unidos en una trama que involucra varias muertes que bien podrían aclararse en el curso de la investigación del ministro Alejandro Madrid. La de José Tohá es una de ellas.

Tan sólo unos minutos le bastan al doctor Patricio Silva Garín para decidir ese 4 de diciembre de 1981 que Eduardo Frei Montalva debe regresar de inmediato a la Clínica Santa María. Han trascurrido 17 días de la operación a la hernia al hiato a la que se sometió en la misma clínica, y hay síntomas claros de una recaída. Los primeros en ser alertados son los agentes de la CNI y de la Unidad Antiterrorista (UAT, de la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINE). La información la reciben –entre otros- del chofer de Frei y hombre de confianza de su familia, Luis Becerra, quien desde que Frei enfermó se ha instalado y está presente a toda hora en la casa familiar ubicada en calle Hindemburg. En ese momento nadie sospecha que Becerra es agente de la CNI.

Dos días después, a las 16 horas, el ex presidente yace pálido y febril en la camilla del pabellón. Está a punto de comenzar la segunda operación. Y esta vez, en el puesto de mando se instala el doctor Patricio Silva Garín, el que acaba de relevar al cirujano Augusto Larraín Orrego, quien dirigió la primera intervención. A su lado se ubica el doctor Eduardo Wainstein, cirujano gastroenterólogo y cancerólogo, médico jefe de Cirugía del Hospital Militar.

Sólo esos dos médicos aparecían hasta ahora en esa segunda y decisiva operación al ex presidente. Inexplicablemente se omitió el nombre del tercer médico al que convocó personalmente el doctor Patricio Silva Garín (descartando a todos los facultativos que habían participado anteriormente en el equipo que atendía a Frei). Pero el equipo de policías que junto al ministro Alejandro Madrid investiga la muerte del ex presidente, lo encontró. Y este fue Rodrigo Vélez Fuenzalida, en esos momentos cirujano de urgencia del Hospital Militar, de la Clínica Santa María y también médico de la CNI.

Rodrigo Vélez, quien ingresó a la DINA en 1976 y siguió en la CNI hasta al menos 1982 y en el Ejército hasta 2004 (actualmente se desempeña en el centro Dial Médica de Providencia), participa en la operación que el 6 de diciembre de 1981 marca un antes y un después en la vida de Eduardo Frei Montalva. También en su historia clínica.

Los otros hombres de la DINE

21A las 16 horas del 6 de diciembre de 1981 se inicia la segunda intervención. Todo se desarrolla bien salvo en un pequeño momento en que el doctor Silva trata de separar las asas intestinales al percibir un plastrón que comprometía varias de ellas. Pero sutura y poco después da la autorización para que el paciente sea trasladado a la habitación 401.

A la mañana siguiente, el doctor Alejandro Goic es llamado de urgencia: el doctor Carlos Zavala, de la Clínica Santa María, le informa que el ex mandatario está en shock séptico. Otro de los médicos del mismo establecimiento hospitalario, el doctor Sergio Valdés, uno de los más respetados por su experiencia en Cuidados Intensivos, diagnostica que lo más probable es que se haya provocado una infección en la cavidad abdominal.

Como ha quedado demostrado en la investigación judicial y también en la investigación hecha por la autora de este reportaje, la evolución de Frei Montalva es seguida de cerca por los agentes de la Unidad C1-2 de la CNI, que en esos días tienen como misión primordial rodear la Clínica Santa María para informarse paso a paso de lo que ocurre. También cuentan con informantes privilegiados, como los doctores Sergio Virgilio Bocaz, quien trabaja simultáneamente en la Clínica London (desde 1976) de la CNI y en la Santa María; y Pedro Samuel Valdivia Soto, médico de la CNI; quien trabaja también en la Clínica Santa María.

Valdivia fue contratado para atender a los pacientes del post operatorio entre las 20:00 y las 8:00 horas. Por lo mismo, tiene acceso a cualquier hora de la noche a la habitación 401, la de Eduardo Frei.

De hecho, poco antes de que se decidiera relevar al doctor Augusto Larraín de su rol de médico jefe de Frei, el doctor Pedro Valdivia examina al paciente. Dice haber sido convocado por la enfermera María Victoria Larraechea, cuñada de Eduardo Frei hijo. Pero la hermana de Marta Larraechea niega haberlo llamado. Y luego, minutos antes de que el doctor Patricio Silva Garín asuma el rol principal entre los médicos de Frei, testigos verán a Silva y al doctor Pedro Valdivia conversando en un pasillo.

Toxinas en la cárcel y en la Santa María

El 8 de diciembre se decide volver a operar a Frei. Son horas críticas. Nuevamente el cirujano Patricio Silva da el vamos. Son las 19:30 exactas. Afuera, se siente el ritmo tranquilo de la ciudad en un día festivo. Pero en la Clínica Santa María hay angustia. En esas precisas horas, la familia del ex mandatario ignora que un clima dramático similar se apodera de los presos en la Cárcel de Santiago. Dos delincuentes comunes y cuatro integrantes del MIR también se debaten entre la vida y la muerte: Ricardo y Elizardo Aguilera; el jefe de las milicias de resistencia del MIR, Guillermo Rodríguez Morales, y Adalberto Muñoz Jara; más los reos comunes Víctor Hugo Corvalán Castillo y Héctor Pacheco Díaz.

Sólo se salvan los presos políticos. Corvalán y Pacheco fallecen por “intoxicación aguda inespecífica”. Nunca se hicieron análisis de sus restos. Más tarde se probará que fue una intoxicación con toxinas botulínicas. Las mismas que preparaba en el laboratorio de la DINA, el químico Eugenio Berríos. Y sólo en los últimos años se tendrán las pruebas de que fue una contaminación deliberada de sus comidas para asesinarlos. Una operación digitada desde la DINE para vengar a los integrantes del MIR acusados por el asesinato de su colega de la DINA y la DINE, el antiexplosivista Carlos Tapia y del coronel Roger Vergara.

19Pero en ese momento nadie liga ambos hechos. Y la familia de Frei Montalva deposita la vida del dirigente democratacristiano en las manos de un equipo médico con estrechos lazos con el poder militar imperante y con sus servicios más secretos. Los mismos que luego de constatar el liderazgo del ex presidente como principal opositor al plebiscito para ratificar la Constitución de 1980, su incorporación como integrante de la Comisión Norte-Sur, el grupo de estadistas mas influyentes del mundo encabezado por Willy Brandt; y su adhesión al grupo que dirige Tucapel Jiménez y que prepara un paro nacional, lo han identificado como el principal enemigo del régimen a eliminar.

La historia oculta de Patricio Silva

El jefe del equipo médico ahora es Patricio Silva Garín, integrante de la plana mayor del Hospital Militar, concuñado y amigo de Patricio Rojas, el fiel ex ministro de Frei. Su presencia en el escalafón militar desde 1956 no es nominal. En 1966 participó en dos cursos en la Escuela de las Américas de Panamá, oscuro centro de entrenamiento de los represores de Latinoamérica.

A Silva le gustaban los cursos militares. En 1974, siguió el curso “Informaciones para oficiales de los servicios” en la Academia de Guerra, donde tuvo varios compañeros notables. Entre ellos, el doctor Eduardo Arriagada Rehren, quien después de asumir el mando de la Clínica London de la DINA fue director de Sanidad del Ejército y director del Instituto Bacteriológico de la misma institución hasta que en 1990 se lo encuentra en el subterráneo de la Brigada de Inteligencia del Ejército (BIE), en calle García Reyes. También figuran en el mismo curso el doctor Sergio Rosende Oyarzo, del mismo Laboratorio Bacteriológico del Ejército y los doctores Horacio Taricco Lavín y Vitorio Orvietto, ambos directores de la Clínica London de la DINA; además del dentista Sergio Muñoz Bontá, del mismo establecimiento.

Cuando al doctor Patricio Silva le han preguntado por los colegas que participaban en los servicios de seguridad, su respuesta es que desconoce todo en esa área. Tampoco identifica en ese grupo al doctor Rodrigo Vélez. Y prefiere no incluir a Vélez entre los facultativos presentes en la operación decisiva a Frei Montalva. Tampoco sabe de la autopsia que se le hizo al ex mandatario y de la cual fue informado por el propio doctor que la practicó: el doctor Helmar Rosenberg. Silva insiste en que ni siquiera conoce a Rosenberg.

Lo cierto es que el doctor Silva, el mismo que estuvo en “comisión extrainstitucional al comando en jefe del Ejército” desde abril de 1980 hasta julio de 1982, se hace cargo de decidir lo que se hará con el paciente Eduardo Frei Montalva en diciembre de 1981, teniendo ya a su haber un rol importante en la hasta ahora no aclarada muerte del general Augusto Lutz, ex director de Inteligencia del Ejército, en 1974.

17Fue el propio Silva quien atendió a Lutz cuando éste enfermó súbitamente en Punta Arenas, lugar al que fue relegado por Pinochet en 1974, zanjando así la disputa que mantenía Lutz con Manuel Contreras por los abusos de poder del jefe de la DINA. Silva le diagnosticó una úlcera gástrica y lo acompañó en el avión que lo trajo al Hospital Militar, donde lo operó. El anestesista de esa operación fue el doctor Pedro Cubillos, quien cumplirá la misma función en dos intervenciones al ex presidente Eduardo Frei Montalva bajo la conducción de Silva Garín.

Poco después de la intervención, el 28 de noviembre de 1974, falleció en extrañas cirunstancias el ex director de Inteligencia Augusto Lutz. “¡Sáquenme de aquí!”, fue la última frase que alcanzó a escribir en una hoja de papel que le hizo llegar a una de sus hijas antes de morir. Tenía 52 años.

Pero Silva ya era en diciembre de 1981 protagonista de otro episodio oscuro hasta ahora desconocido y descubierto por el equipo de policías que secunda al ministro Alejandro Madrid. Fue el mismo doctor Silva el que operó en 1975 al ex ministro del Interior y Defensa de Salvador Allende, José Tohá, cuando lo interrogaban los mandos de la DINA Raúl Eduardo Iturriaga Neumann y Marcelo Moren Brito, en el Hospital Militar. La operación se materializa poco antes de que Tohá muera en un suicidio que podría en los próximos meses ser caratulado como homicidio.

Los hombres del cerco a Frei

Los hombres que han cercado a Frei en sus últimos días de vida comparten un pasado oscuro. Es el caso de Luis Becerra, su chófer; de Raúl Lillo, uno de los jefes del seguimiento a Frei desde la CNI y la DINE; del doctor Rodrigo Vélez Fuenzalida, el médico que lo opera y también el doctor Pedro Valdivia, quien circula en el mismo piso donde está hospitalizado el ex mandatario. Los dos últimos atienden a los prisioneros torturados en el cuartel Borgoño de la CNI y ambos saben de otro asesinato en la Clínica London de la DINA. Tanto así, que Valdivia será procesado en 2007 como encubridor del crimen del cabo de la DINA, Manuel Leyton, a quien se le aplicó el mortal gas sarín -fabricado por Eugenio Berríos- para que no revelara a un juez que lo interrogaría que habían lanzado al mar los cuerpos de detenidos desaparecidos.

Pero en esos días de diciembre de 1981 los doctores Vélez y Valdivia, con sus impecables y albos delantales, transitan sin problemas desde la supervisión a la tortura y la sutura a mujeres violadas, al delicado cuidado de los pacientes de la entonces exclusiva Clínica Santa María.

Eduardo Frei muere el 22 de enero de 1982. Un mes después es asesinado el dirigente sindical Tucapel Jiménez. Los dos principales líderes de la oposición y organizadores del paro nacional con el que se pensaba acelerar el fin de la dictadura, han desaparecido del escenario.

En 1990, recuperada la democracia, el ministro Adolfo Bañados toma en sus manos el juicio por el asesinato de Orlando Letelier y también decide investigar a fondo las operaciones de la DINA. Es entonces que se pone en acción el círculo de seguridad en torno a Pinochet y que sigue una línea continua desde la Brigada Mulchén de la DINA, la que pasa a denominarse en 1978 Unidad Antiterrorista (UAT), y luego se convierte en Brigada de Inteligencia (BIE). Pero siempre bajo la dependencia de la DINE.

Miguel Hernández y Raúl Lillo, protagonistas de los seguimientos a Frei y Tucapel Jimènez desde la UAT y la CNI, tienen un nuevo jefe: Arturo Silva Valdés. Será Silva Valdés y Francisco Ferrer Lima, condenado por el asesinato de Tucapel Jiménez, quienes se encargarán de sacar de Chile hacia Uruguay a Carlos Herrera Jiménez, autor del crimen de Tucapel Jiménez y a Eugenio Berríos, el químico que fabricó las toxinas y sustancias letales con que se eliminó a enemigos como Eduardo Frei Montalva.

Otros hombres de la ex Brigada Mulchén, como el brigadier Jaime Lepe, escolta de Pinochet y más tarde secretario general del Ejército, se encargarán de bloquear a la justicia para que las secretas operaciones de esa unidad de elite, como el asesinato de Carmelo Soria, queden en la impunidad.

18También se protegerá al suboficial José Roa Vera, de la misma unidad secreta de la DINE antes mencionada, quien fue el responsable de llevar las toxinas botulínicas hasta la Cárcel Publica en diciembre de 1981, con las que se intentó asesinar a cuatro integrantes del MIR en la misma fecha que Frei también agonizaba.

El doctor Rodrigo Vélez (61 años) seguirá durante muchos años su carrera sin perturbaciones. Pero hay un dato, un pequeño eslabón que lo une a la trama oculta donde los servicios de seguridad decidían sobre la vida y la muerte de los opositores al régimen militar. El hecho ocurre en enero de 1993, el mismo año en que Eugenio Berríos fue asesinado en Uruguay, cuando este cirujano de urgencia fue destinado a la Dirección de Inteligencia del Ejército.

En cuanto al doctor Patricio Silva Garín, su carrera ha ido en continuo ascenso. En democracia fue vicepresidente ejecutivo de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) y hoy es uno de los más importantes asesores del nuevo Hospital Militar. Su concuñado y amigo, Patricio Rojas, no puede decir lo mismo. Mientras la atención se concentra en la figura del ex ministro del Interior de Frei Montalva, vuelve a cobrar importancia el emplazamiento que le hiciera desde el Congreso la hija del ex presidente, Carmen Frei: “¿A quién protege Patricio Rojas?”.

Según la agencia DPA, las ampollas que se destruyeron en el Instituto de Salud Pública en 2008, llegaron en valijas diplomáticas provenientes de Brasil con el pretexto de ser usadas para "antídotos"

Las armas químicas que Augusto Pinochet (1973-1990) adquirió para sus planes de guerra interna y externa fueron entregadas en el propio palacio presidencial de La Moneda (Santiago de Chile), según confirman documentos policiales y judiciales reservados a los que accedió hoy la agencia dpa.

Las toxinas botulínicas, que fueron destruidas recién en 2008 como dpa reveló esta semana, llegaron en valijas diplomáticas provenientes de Brasil, admitieron a la policía agentes en retiro del Ejército y del estatal Instituto de Salud Pública (ISP).

En las declaraciones, que están en poder de la Justicia, el funcionario Marcos Poduje Frugone reconoció que fue como un estafeta del ISP a La Moneda a buscar un paquete que luego supo que eran toxinas botulínicas.

Poduje Frugone aseguró a la policía que entregó las toxinas al entonces jefe del Departamento de Laboratorios del ISP, Hernán Lobos, tras retirarlas de una oficina que la Cancillería tenía en La Moneda.

La operación, según declaraciones a la policía de los demás involucrados, fue a inicios de la década de 1980 y previo al envenenamiento de presos políticos con botulina y a la muerte del presidente Eduardo Frei en 1982, en cuyos restos fueron encontrados gas mostaza y talio.

El propio director del ISP en esos años, el coronel Joaquín Larraín, reconoció a la policía civil en un texto con su firma que la adquisición de armas químicas comenzó luego de una reunión con el médico Eduardo Arriagada Rehren, de inteligencia militar.

En el encuentro, Arriagada preguntó a Larraín, un ex profesor de la Escuela de las Américas, si el ISP tenía toxinas botulínicas, aduciendo que el Ejército las necesitaba, debido a las tensiones con países límitrofes, en especial Argentina.

Arriagada, quien estuvo acompañado en el encuentro además por el veterinario Eduardo Rosende, admitió los hechos también a los investigadores, quienes realizaron las pesquisas por petición del juez Alejandro Madrid.

El magistrado, quien lleva años investigando la muerte de Frei y el envenenamiento de presos en la Cárcel Pública de Santiago, debería dictar sentencia en ambos casos en los próximos meses.

Sobre la importación de las sustancias químicos a Chile desde Brasil, la versión de los agentes y funcionarios es que las toxinas botulínicas iban a ser empleadas para generar antídotos.

Estas antídotos serían elaborados -según esa versión de los agentes represivos- por el secreto Laboratorio de Guerra Bacteriológica del Ejército, ante el temor a conflictos fronterizos.

Esta semana la directora del Instituto de Salud Pública (ISP) entre los años 2007 y 2010, Ingrid Heitmann, reveló a dpa que profesionales del centro encontraron en 2008 dos cajas llenas de ampollas con botulina, en los refrigeradores del subterráneo del ISP.

El hecho jamás fue informado al entonces gobierno de la líder socialista Michelle Bachelet o la Justicia, la que investigaba en esos años el destino de la botulina.

La versión de Heitmann hace presumir que fueron varias las cajas que ingresaron a Chile con armas químicas en esos años, a diferencia de la información recabada por la policía, que hablan de una caja y que fue enviada a dependencias del Ejército.

El relato de la directora Heitmann admite el hallazgo de dos cajas en el propio ISP, ubicada a un costado del concurrido Estadio Nacional.

Eduardo Arriagada Rehren fue condenado a 20 años de cárcel por el ministro Alejandro Madrid, lo que motivó que el Colegio Médico fuera expulsado.

En 2017 el doctor Eduardo Arriagada Rehren fue condenado en primera instancia, junto al veterinario Sergio Rosende Ollarzú, a 20 años de presidio por el homicidio calificado de dos reos en 1981. Esto en el marco de la causa que llevaba el ministro en visita Alejandro Madrid, por el envenenamiento de internos de la ex Cárcel Pública.

Producto de esta condena, el 17 de abril de este año, quien fuera parte del Ejército, fue notificado de su expulsión del Colegio Médico, previa decisión del Tribunal de Ética del organismo.

Considerando que a través de su defensa Arriagada Rehren recurrió a la Corte de Apelaciones respecto de la condena dictada por el ministro Madrid, también decidió presentar un recurso de protección tendiente a que quedara sin efecto su expulsión del Colegio Médico.

Pese a que indicaba que con dicha medida disciplinaria  se "ha incurrido en el acto arbitrario e ilegal" que lo "priva y perturba" del ejercicio de  sus derechos constitucionales, su acción finalmente fue rechazada por la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.

En fallo unánime se descartó la ilegalidad de la determinación de la entidad presidida por Izkia Siches, por cuanto "la decisión impugnada por ésta vía ha sido dictada en virtud de las facultades de las que se encuentra revestida la recurrida, lo que desde luego la torna en legal".

"Del mismo modo, ha quedado de manifiesto que la acción de expulsión, aparece racional y apoyada en motivaciones suficientes que resultan idóneas, como asimismo dotada de justificación y legitimidad, distinto es que la recurrente, no comparta éstas ni mucho esté de acuerdo con el mérito de las mismas, lo cual por cierto no es resorte de la presente acción constitucional, por lo que ésta no podrá prosperar", agrega el fallo.

En razón de los delitos por los cuales Eduardo Arriagada Rehren era investigado, en 2014 fue el blanco de la Comisión Funa, entidad que decidió emprender acciones en su contra por ser integrante de la Brigada de Sanidad de la DINA.

Siete años de condena recibió Eduardo Arriagada Rehren.

El ministro en visita  Mario Carroza condenó al oficial en retiro del Ejército, Eduardo Arriagada Rehren, a 7 años de presidio. La razón es su responsabilidad en el homicidio del locutor radial Archibaldo Morales Villanueva, en el regimiento “Colchagua” de San Fernando, en octubre de 1973.

El magistrado condenó al brigadier por el asesinato del también propietario de un diario local, que fue detenido en Santiago en septiembre de de ese año, días después del golpe militar. El comunicador fue llevado hasta San Fernando, donde permaneció detenido sin comunicación y bajo torturas.

Detención de Archibaldo Morales en 1973

“El día 26 de septiembre de 1973, Archibaldo Morales Villanueva, locutor de Radio San Fernando, es detenido junto a su amiga Eva Valiente Espinoza, en el domicilio de ésta, ubicado en calle Curicó N° 33, segundo piso, departamento A de la ciudad de Santiago, por la Prefectura Móvil de Servicios Especiales de la Policía de Investigaciones”, tras una orden del Coronel Hernán Brantes Martínez-fallecido-, quien estuvo al mando del Regimiento N° 19 “Colchagua”.

En el fallo se explica que los Morales y Valiente estuvieron en el Cuartel de Investigaciones de Santiago. Eso hasta que fueron trasladados a la ciudad de San Fernando el día 29 de septiembre.

“El detenido Archibaldo Morales, conocido en la zona como ‘Chito Morales’, una vez que es interrogado se le traslada hasta la Cárcel Pública de San Fernando, donde permanece incomunicado alrededor de 43 días, sufriendo en el intertanto apremios, torturas e interrogatorios en la Fiscalía Militar”, indica.

Un mes de torturas

En el texto se precisa que la muerte de Archibaldo ocurre en octubre, cuando intentan sumarlo a una fila, junto a un grupo de detenidos que aguardaban ser interrogados por el Fiscal Ramírez.

La víctima, con signos evidentes de tortura, se desvaneció en el momento y fue llevado a la enfermería del recinto militar, donde sería atendido por el médico del Regimiento, el oficial de Sanidad y miembro de la CIE, Eduardo Adolfo Arriagada Rehren.

Luego de examinarlo, el galeno decide inyectarle un medicamento compuesto de dipiridamol, con el propósito de provocarle un infarto al miocardio. Morales Villanueva se agrava y fallece momentos después, cuando era trasladado al Hospital de San Fernando, tal como se sostuvo en la pericia médico legal.

Causa de muerte

“Considerando el resultado del examen toxicológico que estableció la presencia de barbitúricos y de persantin (dipiridamol) en las muestras óseas de Archibaldo Morales Villanueva, no puede descartarse la participación de terceros en los eventos que determinaron la muerte de la víctima, toda vez que el afectado se encontraba dentro de un recinto penitenciario, por lo menos 43 días previos a su deceso. Que la muerte de Archibaldo Morales Villanueva se produce encontrándose este en calidad de detenido y bajo custodia de agentes del Estado, por lo que su fallecimiento corresponde clasificarse —desde un punto de visto médico legal- como una muerte en custodia”.

El certificado de defunción señala como causa de su muerte Paro Cardiaco e Infarto al miocardio el día 12 de noviembre de 1973 a las 13:10 horas”, detallan en el parte.

También, se sentenció al condenado y al Fisco a pagar una indemnización total $ 192 millones a los familiares de las víctimas.

Eduardo Arriagada Rehren, médico pediatra con especialidad broncopulmonar infantil, fue expulsado de la orden por delitos de lesa humanidad. El ministro Alejandro Madrid, el mismo del caso del magnicidio de Eduardo Frei Montalva, lo condenó en primera instancia por envenenar a presos comunes y militantes del MIR internos en la ex Cárcel Pública en 1981.

En fallo unánime, la Tercera Sala de la Corte Suprema confirmó la sentencia que rechazó el recurso de protección presentado en contra del Colegio Médico por el médico Eduardo Arriagada Rehren, quien buscaba revertir su expulsión de la orden gremial.

Arriagada es médico pediatra, con especialidad broncopulmonar infantil, y tiene un siniestro prontuario durante la Dictadura, al punto que se encuentra condenado por el ministro Alejandro Madrid –el mismo del fallo respecto del magnicidio de Eduardo Frei Montalva– por el envenenamiento de presos comunes y militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en la ex Cárcel Pública en 1981.

Se trata de una condena de primera instancia a 20 años de presidio que data del 3 de abril del 2017 como autor de delitos de lesa humanidad por dos homicidios calificados y otros cinco frustrados en la desaparecida Cárcel Pública. En esa instancia, también fue condenado el veterinario Sergio Rosende Ollarzú. La sentencia no está ejecutoriada.

En la resolución, donde el Colegio Médico justifica la expulsión del doctor Eduardo Arriagada de la orden, se señala que sus “actividades desplegadas en la época en que ocurrieron los hechos que fundamentan su condena a veinte años de presidio, según sus propias declaraciones y más allá de la participación en los homicidios por los que fue condenado, son prueba suficiente de que se apartó completamente del ejercicio de la Medicina para incursionar en actividades ajenas a los fines de esta profesión, vulnerando gravemente la ética médica”.

Nexo con el caso Frei

Pero la trayectoria en Dictadura de Arriagada, quien tiene la condición de general en retiro, va más allá, porque también fue director de Sanidad del Ejército, director del Instituto Bacteriológico de la misma institución y estuvo al mando de la Clínica London de la DINA. Este recinto clandestino, ubicado en la calle Almirante Barroso n.º 162, en el centro de Santiago, sirvió como clínica clandestina y estuvo vinculada a diferentes hechos de tortura y desapariciones durante la época de la represión política.

La Clínica London se cruza con el caso Frei, pues allí se desempeñó el grupo de médicos que trabajaba en la Clínica Santa María que atendió al exmandatario.

De hecho, Arriagada prestó declaración en el marco del caso Frei, luego que la familia del expresidente lo mencionara, junto con el Laboratorio de la DINA, como sospechosos por su pericia en el ámbito bacteriológico y las evidencias sobre el uso de venenos en el magnicidio.

De hecho, el fallo del ministro Madrid por el caso Frei menciona la declaración de Arriagada, señalando que el médico “solicitó autorización para pedir una entrevista con don Eduardo Frei Ruiz Tagle, para aclararle su nula participación en la muerte de su padre. Que la entrevista le fue negada, por lo cual llamó por teléfono al doctor Patricio Silva para que le hiciera el contacto con la secretaria de don Eduardo Frei Ruiz Tagle, o con la familia, a lo que el doctor Silva le respondió que no tenía ya ningún contacto con dicha familia y procedió a darle su versión sobre los hechos, los cuales hizo saber al Tribunal. Que fue la única vez que tomó contacto telefónico con él y deja constancia que con posterioridad quien lo recibió fue el abogado Álvaro Varela”.

“Justificación y legitimidad” de la expulsión

En la resolución, que mantiene al exmédico de la DINA expulsado del colegio al que perteneció por más de 40 años, la sala de la Suprema, integrada por los ministros Sergio Muñoz, María Eugenia Sandoval, Ricardo Blanco, Arturo Prado y Ángela Vivanco, ratificó la sentencia de la Corte de Apelaciones que desestimó la acción cautelar interpuesta por la defensa del profesional.

En su recurso, el médico alegó que su expulsión constituye un “acto arbitrario e ilegal que priva y perturba a su representado en el ejercicio de los derechos constitucionales establecidos en el artículo 19 n.° 3 incisos 5° y 6° y, n.° 4, respectivamente, de la Constitución Política de la República”.

Sin embargo, en el fallo, los ministros de la Suprema estiman que “ha quedado de manifiesto que la acción de expulsión aparece racional y apoyada en motivaciones suficientes que resultan idóneas, como asimismo dotadas de justificación y legitimidad”.

Igualmente, los ministros advierten sobre un procedimiento de forma, señalando que “la vía idónea para impugnar la resolución de la recurrida, tal como lo previene la Constitución Política de la República, es el recurso de apelación, y no esta acción cautelar”.

Corte estableció que el coronel (r) Eduardo Arriagada Rehren suministró en 1973 Persantin al detenido Archivaldo Morales, sabiendo que la condición en la que lo habían dejado las torturas podía implicar su fallecimiento.

La Corte de Apelaciones de Santiago elevó de 7 a 10 años y un día de presidio la condena que deberá cumplir el coronel (r) del Ejército y médico Eduardo Adolfo Arriagada Rehren, en calidad de autor del delito consumado de homicidio calificado del locutor radial Archibaldo Morales Villanueva, crimen perpetrado en noviembre de 1973 en la ciudad de San Fernando, Región de O’Higgins.

En una fallo unánime, la Séptima Sala del tribunal de alzada modificó la pena que había impuesto el ministro en visita Mario Carroza, al rechazar que concurra en este caso la atenuante de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos por parte del especialista.

Carroza dio por establecido que el 26 de septiembre de 1973 el locutor de Radio San Fernando, Archibaldo Morales, fue detenido en Santiago por la Policía de Investigaciones y trasladado tres días después a San Fernando. Tras ser interrogado, Morales fue llevado a la Cárcel Pública de San Fernando, donde estuvo incomunicado por alrededor de 43 días, “sufriendo en el intertanto apremios, torturas e interrogatorios en la Fiscalía Militar”, la que funcionaba en el Regimiento Nº 19 Colchagua, a cargo de Juan Ramírez Rojas.

Días después, ya en el mes de octubre, mientras esperaba en la guardia del regimiento ser interrogado por el Fiscal Ramírez -“con indicios evidentes de haber sido torturado”-, quiso incorporarse a la fila de los detenidos, pero se desvaneció, siendo llevado a la enfermería del recinto militar.

Ahí fue atendido por el médico del regimiento, el oficial de Sanidad e integrante del Cuerpo de Inteligencia del Ejército (CIE), el aludido doctor Eduardo Arriagada Rehren, quien -como estableció el fallo- “luego de examinarlo, adopta la decisión de inyectarle vía endovenosa un medicamento compuesto de dipiridamol, con el propósito de provocarle una reacción del infarto al miocardio que sentía, pero Morales Villanueva producto de ese fármaco se agrava y fallece momentos después, cuando era trasladado al Hospital de San Fernando, tal como se sostuvo en la pericia médico legal”.

En ese sentido, la resolución judicial enfatiza que “los antecedentes del proceso dan cuenta que el acusado Arriagada tenía pleno conocimiento de la privación de libertad del señor Morales, puesto que su asistente era pareja de este último, y le consultaba habitualmente por su estado”.

Por otra parte, se apunta que sabía quién era el detenido debido a que se trataba de “un conocido periodista de la localidad, locutor de un programa de radio, que constantemente criticaba su gestión como director del Hospital de Chimbarongo”, y que “conocía la condición física de la víctima producto de las torturas, la cual era, según los testigos, evidente y notoria”.

Esto último adquirió relevancia para el juez Carroza a la hora de dictar condena, bajo el argumento de que como “conocedor de la situación que afectaba a la víctima (torturas y encierro permanente, por un periodo prolongado, con el subsecuente nivel de tensión que ello naturalmente conlleva en una persona), decidió inyectarle el medicamento denominado Persantin (…), sabiendo la reacción inminente que causaría en aquella, justamente dado por la profesión de desarrollaba”.

Junto con ello, en el fallo se advierte además que el doctor Eduardo Arriagada introdujo a la cárcel por iniciativa propia dicho medicamento, debido a que este “no se encontraba en el Servicio de Salud de la zona de O’Higgins”.

Por último, se destaca en la resolución que “el hecho de que (el medicamento) aún permanezca en los restos de la víctima, demuestra que la cantidad inoculada fue a todas luces excesiva, considerando las condiciones físicas de aquella, conocida por Arriagada, por lo que no resulta aceptable lo alegado por su defensa, en el sentido de que se limitó a actuar en su calidad de médico, no existiendo dolo homicida”.

En el aspecto civil, el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago elevó a $300.000.000 la indemnización que el fisco y el condenado deberán pagar solidariamente a los hijos de la víctima.

La Corte de Apelaciones de Santiago elevó a 10 años y un día de presidio la pena que deberá purgar Eduardo Adolfo Arriagada Rehren, ex oficial de Ejército, ex general de Sanidad y ex médico, en calidad de autor del delito consumado de homicidio calificado del periodista Archibaldo Morales Villanueva, cometido en la ciudad de San Fernando, provincia de Colchagua, en noviembre de 1973.

Archibaldo Morales, de 43 años de edad, era un reconocido militante comunista que trabajaba como locutor en Radio Manuel Rodríguez, reportero en el Diario La Región, y creador del periódico "El Guerrillero", todos medios públicos de comunicación en la ciudad de San Fernando en aquella época. Desde esas tribunas demostraba su apoyo irrestricto al gobierno de Salvador Allende y criticaba las asonadas reaccionarias de la derecha y los ataques de bandas terroristas de ultraderecha que operaban en la zona central del país.

Por la misma razón, ocurrido el golpe militar que derrocó al gobierno popular, comenzó a ser buscado por las fuerzas represivas y civiles de derecha. Archibaldo se refugió en casa de una amiga en la ciudad de Santiago, sin embargo, en esta residencia fue detenido el 26 de septiembre de 1973 por agentes represivos enviados desde San Fernando. Estos lo trasladan hasta la ciudad colchagüina en donde lo ingresan como detenido al Regimiento de Montaña N° 19 "Colchagua".

En este recinto militar fue sometido a constantes y brutales torturas por agentes represores del Servicio de Inteligencia Militar y del Comando de Inteligencia del Ejército (CIE) al que pertenecía el entonces médico con el grado de Mayor de Sanidad Eduardo Arriagada Rehren.

Este individuo, hasta el golpe militar, fungía como director del Hospital de Chimbarongo y había recibido denuncias acusado de negligencia médica por la muerte de un paciente en  la sala de espera del establecimiento asistencial. Desde la Radio en que trabajaba, Archivaldo Morales se encargó de enrostrar el deficiente servicio del médico Arriagada.

Eduardo Adolfo Arriagada Rehren | Memoria Viva

En semanas posteriores, el detenido Archibaldo Morales es trasladado e ingresado detenido e incomunicado en la Cárcel de San Fernando desde donde los prisioneros eran sacados para ser torturados o interrogados por los agentes de inteligencia o la fiscalía. Morales murió al interior del Regimiento "Colchagua", el 12 de noviembre de 1973 donde había sido llevado a fines de octubre para ser supuestamente interrogado por el Fiscal Militar.

Sometido a brutales torturas no volvió a la cárcel pública. Murió bajo custodia de Arriagada, quien le aplicó una inyección de "Persantín", una droga que le provocó la muerte casi inmediata a consecuencia de diversos trastornos fisiológicos causados por el medicamento. Los exámenes toxicológicos practicados en el curso de la reciente investigación judicial a los restos de la víctima establecieron la presencia de pentotal y persantín, lo que demuestra la participación de terceros en su fallecimiento, concluye la Corte de Santiago.

En fallo unánime (causa rol 6.494-2019), la Séptima Sala del tribunal de alzada -integrada por los ministros Lilian Leyton, Alberto Amiot y el abogado (i) Jorge Norambuena- elevó a 10 años y un día de presidio la pena de 7 años que le había sido impuesta por el ministro en visita Mario Carroza, al rechazar que concurra en la especie la atenuante de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos.

El medicamento denominado persantín era un producto que no se encontraba disponible en el Servicio de Salud de la zona de Colchagua y O'Higgins, sino que de manera irregular y por decisión propia el individuo Arriagada Rehren lo obtiene de fuentes extrañas fuera de la zona, lo introduce en el recinto militar y se lo administra a la Archibaldo Morales a sabiendas de las consecuencias que causaría en la víctima.

Esta forma de operar del ex médico deja al descubierto sus tempranas relaciones con las dependencias del CIE dedicadas a producir elementos químicos para atentar contra personas objeto de sus acciones represivas y sus fines criminales.

Un similar ejercicio criminal con elementos químicos desarrolló este individuo ex médico en diciembre de 1981 cuando envenenó a siete presos políticos en la Cárcel Pública de Santiago inyectando toxina botulímica en alimentos que serían ingeridos por las víctimas. La acción criminal causó la muerte de dos presos y dejó graves y con severas consecuencias a otros cinco prisioneros políticos de la dictadura.

Por la acción criminal en la Cárcel Pública en 1981, Arriagada Rehren fue condenado en febrero de 2017 en fallo de primera instancia a 20 años de presidio por el ministro Alejandro Madrid; esta condena fue reducida a 15 años de prisión por la Corte de Apelaciones en enero de este año. Con una actuación criminal que prolongó durante toda la dictadura este individuo fue ascendido sucesivamente hasta alcanzar el grado de general de Ejército con el que se fue a retiro.

Este ex general, ex agente criminal, ex médico, cuyo prontuario sigue en desarrollo, fue expulsado del Colegio Médico el 18 de julio de 2018.

La Corte Suprema rechazó los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos en contra de la sentencia que condenó a ex oficiales del Ejército y miembros del DINE por su responsabilidad en los delitos consumados de homicidios calificados de Víctor Hugo Corvalán Castillo y Héctor Walter Pacheco Díaz; y en los delitos frustrados de homicidio calificado de Guillermo Rodríguez Morales, Ricardo Antonio Aguilera Morales, Elizardo Enrique Aguilera Morales, Adalberto Muñoz Jara y Rafael Enrique Garrido Ceballos, presos de la ex Cárcel Pública de Santiago, quienes fueron envenados por agentes del DINE, en diciembre de 1981.

En fallo unánime (causa rol 36.753-2021), la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros y ministras Haroldo Brito, Andrea Muñoz, Manuel Antonio Valderrama, María Teresa Letelier y la abogada (i) Pía Tavolari- descartó error en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que condenó al médico cirujano y ex general de Ejército Eduardo Adolfo Arriagada Rehren; al médico veterinario y ex coronel de Ejército Sergio Eduardo Rosende Ollarzú; el ex teniente coronel de Ejército Jaime Fuenzalida Bravo, y el ex coronel Joaquín Larraín Gana a sendas penas de 15 años y un día de presidio, en calidad de autores de los siete delitos, en carácter de crímenes de lesa humanidad.

En tanto, el entonces alcaide del recinto penal, Ronald Carlos Nemesio Bennett Ramírez, fue condenado a 10 años y un día de presidio, como cómplices de los ilícitos.

Toxina botulínica

En la investigación judicial y en fallo de primer grado, el ministro de fuero de la Corte de Apelaciones de Santiago Alejandro Madrid Crohare, muestra con certeza el actuar y el propósito perseguido por los agentes de la dictadura. Entre ellos los siguientes antecedentes:

En el mes de diciembre de 1981, se encontraban recluidos en la galería N°2 de la Ex Cárcel Publica de Santiago, el militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Guillermo Rodríguez Morales, y los simpatizantes de dicha agrupación política Adalberto Muñoz Jara, Ricardo Antonio Aguilera Morales y Elizardo Enrique Aguilera Morales, quienes compartían en la denominada 'carreta’, los alimentos que les eran traídos por sus familias con los procesados comunes Víctor Hugo Corvalán Castillo y Héctor Walter Pacheco Díaz, resultando que a partir del día 7 de diciembre de 1981 comenzaron a presentar problemas de carácter grave en su estado de salud, por lo que siendo las 15.30 horas del día antes señalado fueran internados en la enfermería del penal los internos antes señalados.

La sustancia que produjo el envenenamiento de los internos antes mencionados, fue obtenida por el Instituto Bacteriológico, por haber sido solicitado por el director de ese instituto al laboratorio correspondiente en Brasil, siendo luego enviado vía valija diplomática a Chile, recepcionado en la Cancillería y, posteriormente, recibido en un laboratorio secreto del Ejército ubicado en calle Carmen N°339, el cual dependía de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE); siendo luego introducida dicha sustancia a la Ex Cárcel Publica de Santiago, ubicada en calle General Mackenna, de esa ciudad.

Los hechos descritos, permiten tener por establecido legalmente que, con la finalidad de proceder a la eliminación física e imperceptible de opositores al régimen militar, se realizó una 'operación especial de inteligencia’ que terminó con el fallecimiento de los internos Víctor Hugo Corvalán Castillo y de Héctor Walter Pacheco Díaz, los cuales eran enjuiciados por delitos comunes y se encontraban recluidos en la galería N°2 de la Ex Cárcel Publica, produciéndose su deceso por la ingesta de alimentos contaminados con la denominada 'toxina botulínica’. Esta toxina fue traída al país por el servicio público encargado de velar por la salud de la población y, previamente, entregada a los encargados de un laboratorio secreto a cargo de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).

Por otra parte, los reclusos afectados por la ingesta de alimentos contaminados con la toxina Guillermo Rodríguez Morales, Ricardo Aguilera Morales, Elizardo Aguilera Morales, Adalberto Muñoz Jara y Rafael Enrique Garrido Ceballos, sufrieron graves lesiones producidas por la toxina, logrando sobrevivir -a pesar de la tardanza en el auxilio- por el oportuno y certero diagnóstico de la causa del envenenamiento. A este auxilio le siguieron los tratamientos que se les brindaron y, la aplicación de la antitoxina respectiva; de esta manera, no se produjo el resultado buscado por los agentes criminales, evitándose la consumación del asesinato por razones independientes de la voluntad de los agentes.

El hecho de no adoptar las medidas necesarias para evitar la introducción de sustancias altamente tóxicas, como, asimismo, el retardo en el traslado desde el hospital penitenciario de los internos antes mencionados hacia un centro hospitalario adecuado, constituye una afectación de los derechos de estos y evidencia una grave omisión dolosa del deber de cuidado en el cual recaía en el Alcaide de la Ex Cárcel Pública.

Posteriormente se dispuso el traslado de todos los intoxicados al Hospital del Centro de Readaptación Social de Santiago (CERESO), situación que fue informada al Tercer Juzgado del Crimen de esa ciudad con fecha 10 de diciembre de 1981, haciendo presente que el interno Víctor Hugo Corvalán Castillo había fallecido en el traslado desde la Penitenciaria de Santiago.

Una vez recepcionados los internos en el Hospital antes mencionado, fueron atendidos por un doctor especialista quien diagnosticó la «intoxicación Botulínica», debiendo ser trasladados los internos intoxicados a la unidad de Tratamiento Intensivo de la Asistencia Pública de Santiago. Sin embargo, con fecha 20 de diciembre de 1981, se dio cuenta del fallecimiento en la Posta Central del detenido Héctor Walter Pacheco Díaz, a consecuencia de su gravedad.

Los demás presos intoxicados lograron sobrevivir al intento de asesinato pero quedaron con secuelas de diversa consideración y de por vida. 

por Darío Núñez

La Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó al ex oficial de sanidad del Ejército, el médico Eduardo Adolfo Arriagada Rehren, por su responsabilidad en el delito consumado de homicidio calificado del locutor radial Archivaldo Morales Villanueva, cometido en noviembre de 1973, en la comuna de San Fernando, provincia de Colchagua.

En fallo unánime (causa rol 88.739-2021), la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por la ministra María Teresa Letelier, el ministro Jean Pierre Matus, la ministra Dobra Lusic y las abogadas (i) Pía Tavolari y Andrea Ruiz- rechazó los recursos de casación en la forma y en el fondo impetrados por la defensa del ex general de Sanidad del Ejército, y confirmó la sentencia que lo condena a la pena de 10 años y un día de presidio efectivo, en calidad de autor del delito.

Este individuo fue condenado por otros delitos cometidos contra prisioneros políticos en la Cárcel Pública de Santiago en 1981. Por esa acción criminal Arriagada Rehren fue sentenciado a la pena de 15 años y un día de presidio en fallo ratificado por la Corte Suprema en diciembre de 2023. Luego de esa sentencia Arriagada Rehren eludió la acción de la justicia y se declaró prófugo, pero fue capturado en junio de este año 2024 y se encuentra preso internado en un recinto penitenciario.

Torturado y asesinado

Archibaldo Morales, de 43 años de edad, era un reconocido militante comunista que trabajaba como locutor en Radio Manuel Rodríguez, reportero en el Diario La Región, y creador del periódico "El Guerrillero", todos medios públicos de comunicación en la ciudad de San Fernando en aquella época. Desde esas tribunas demostraba su apoyo irrestricto al gobierno de Salvador Allende y criticaba las asonadas reaccionarias de la derecha y los ataques de bandas terroristas de ultraderecha que operaban en la zona central del país.

Por la misma razón, ocurrido el golpe militar que derrocó al gobierno popular, comenzó a ser buscado por las fuerzas represivas y civiles de derecha. Archivaldo se refugió en casa de una amiga en la ciudad de Santiago, sin embargo, en esta residencia fue detenido el 26 de septiembre de 1973 por agentes represivos enviados desde San Fernando. Estos lo trasladan hasta la ciudad colchagüina en donde lo ingresan como detenido al Regimiento de Montaña N° 19 "Colchagua".

En este recinto militar fue sometido a constantes y brutales torturas por agentes represores del Servicio de Inteligencia Militar y del Comando de Inteligencia del Ejército (CIE) al que pertenecía el entonces médico con el grado de Mayor de Sanidad Eduardo Arriagada Rehren. Este individuo, hasta el golpe militar, fungía como director del Hospital de Chimbarongo y había recibido denuncias acusado de negligencia médica por la muerte de un paciente en la sala de espera del establecimiento asistencial. Desde la Radio en que trabajaba, Archivaldo Morales se encargó de enrostrar el deficiente servicio del médico Arriagada Rehren.

En semanas posteriores, el detenido Archivaldo Morales es trasladado e ingresado detenido e incomunicado en la Cárcel de San Fernando desde donde los prisioneros eran sacados para ser torturados o interrogados por los agentes de inteligencia o la fiscalía. Archivaldo Morales murió al interior del Regimiento "Colchagua", el 12 de noviembre de 1973 donde había sido llevado a fines de octubre para ser supuestamente interrogado por el Fiscal Militar. Sometido a brutales torturas no volvió a la cárcel pública. Murió bajo custodia de Arriagada, quien le aplicó una inyección de "Persantín", una droga que le provocó la muerte casi inmediata a consecuencia de diversos trastornos fisiológicos causados por el medicamento. Los exámenes toxicológicos practicados en el curso de la reciente investigación judicial a los restos de la víctima establecieron la presencia de pentotal y persantín, lo que demuestra la participación de terceros en su fallecimiento, según lo estableció la investigación judicial y el fallo del caso.

El medicamento denominado persantín era un producto que no se encontraba disponible en el Servicio de Salud de la zona de Colchagua y O'Higgins, sino que de manera irregular y por decisión propia el individuo Arriagada Rehren lo obtiene de fuentes extrañas fuera de la zona, lo introduce en el recinto militar y se lo administra a la Archivaldo Morales a sabiendas de las consecuencias que causaría en la víctima.

Esta forma de operar del ex médico deja al descubierto sus tempranas relaciones con las dependencias del CIE dedicadas a producir elementos químicos para atentar contra personas objeto de sus acciones represivas y sus fines criminales. Un similar ejercicio criminal con elementos químicos desarrolló este individuo ex médico en diciembre de 1981 cuando envenenó a siete presos políticos en la Cárcel Pública de Santiago inyectando toxina botulímica en alimentos que serían ingeridos por las víctimas. La acción criminal causó la muerte de dos presos y dejó graves y con severas consecuencias a otros cinco prisioneros políticos de la dictadura.

Con una actuación criminal que prolongó durante toda la dictadura este individuo fue ascendido sucesivamente hasta alcanzar el grado de general de Sanidad en el Ejército, grado con el que se jubiló.

Este ex general, ex agente criminal, ex médico, cuyo prontuario sigue en desarrollo, fue expulsado del Colegio Médico el 18 de julio de 2018.

por Darío Núñez