Araneda Vidal Guillermo Aliro

Cardiólogos, psiquiatras, dentistas, traumatólogos, pediatras, psicólogos, ginecólogos y otorrinolaringólogos pusieron sus conocimientos, adquiridos para salvar vidas, en la aplicación de torturas y ejecuciones en contra de cientos de prisioneros políticos. La mayoría de ellos aún se encuentra en funciones en hospitales públicos, clínicas privadas e instituciones de salud de las Fuerzas Armadas.

El Juramento Hipocrático dice en algunas de sus partes: "Juro por Apolo el Médico y Esculapio y por Hygeia y Panacea y por todos los dioses y diosas, poniéndolos de jueces, que este mi juramento será cumplido hasta donde tenga poder y discernimiento. A aquel quien me enseñó este arte, le estimaré lo mismo que a mis padres; él participará de mi mandamiento y si lo desea participará de mis bienes. Consideraré su descendencia como mis hermanos, enseñándoles este arte sin cobrarles nada, si ellos desean aprenderlo… Llevaré adelante ese régimen, el cual de acuerdo con mi poder y discernimiento será en beneficio de los enfermos y les apartará del perjuicio y el terror. A nadie daré una droga mortal aun cuando me sea solicitada, ni daré consejo con este fin. De la misma manera, no daré a ninguna mujer supositorios destructores; mantendré mi vida y mi arte alejado de la culpa… Ahora, si cumplo este juramento y no lo quebranto, que los frutos de la vida y el arte sean míos, que sea siempre honrado por todos los hombres y que lo contrario me ocurra si lo quebranto y soy perjuro".

Evidentemente, los que pusieron sus conocimientos al servicio de la tortura y la muerte violaron este juramento y todas las normas relativas a la defensa de los derechos humanos. Lo peor es que, con protección de las Fuerzas Armadas o con la extrema desidia de los directores de hospitales públicos designados por la Concertación, siguen en funciones atendiendo a personas que no tienen la más mínima idea de que "su doctor" tiene tan siniestro pasado.

Así ocurrió, cuando comenzaron las denuncias públicas denominadas funas, con centenares de pacientes que comenzaron a llamar a los médicos para increparles y cancelar sus visitas al enterarse de los hechos. Entre otros casos, fue lo sucedido con Alejandro Forero en la Clínica INDISA, Sergio Muñoz en el Hospital Barros Luco y Roberto Lailhacar en su consulta de calle Obispo Salas en la comuna de Providencia.

Desde los primeros días

La colaboración de los médicos que se habían puesto del lado de los golpistas se dio desde los primeros días de la dictadura pinochetista. El caso de José María Fuentealba, funcionario de salud del Ejército es uno de ellos.

El 27 de octubre de 1973 fueron entregados por Gendarmería argentina a militares chilenos, en la localidad fronteriza de Río Mayo, Néstor Hernán Castillo Sepúlveda, de 23 años, Secretario Regional de las Juventudes Comunistas; José Rosendo Pérez Ríos, de 24 años, empleado, militante del MAPU; y Juan Vera Oyarzún, de 53 años, obrero, Secretario Regional del Partido Comunista, dirigente sindical y ex regidor de Punta Arenas.

El 20 de septiembre un grupo de cuatro personas, entre las que se encontraba Juan Vera, había cruzado la frontera para pedir asilo político en Argentina. Dos días después fueron entregados a Gendarmería argentina por el propietario de una estancia del sector, llevados a Aldea Veleiros y posteriormente a Río Mayo. En esta localidad quedaron bajo la custodia del Escuadrón Nº38 de Gendarmería.

Por otra parte, el 28 de septiembre eran detenidos en una pensión de Río Mayo José Rosendo Pérez y Néstor Castillo, quienes también habían llegado desde Chile días antes. Junto a Juan Vera se les encomendó realizar trabajos en la Municipalidad de Río Mayo, mientras permanecían detenidos. Eso duró hasta el 27 de octubre, cuando son entregados a un comando militar integrado por el capitán de Ejército Joaquín Molina, un carabinero de apellido Salinas, el suboficial Evaldo Reidlich Hains y el doctor José María Fuentealba Suazo, quienes se movilizaban en una ambulancia del Hospital Regional de Coyhaique.

Según el diario La Epoca del 2 de noviembre de 1988, los militares "les comunicaron que sus familias los esperaban en la frontera. Ya en el territorio chileno, la patrulla militar obligó al grupo a subir a una camioneta y emprendió el retorno hacia el campo de prisioneros Las Bandurrias. Horas después el vehículo llegó al recinto militar. Sólo viajaban en su interior los uniformados y el médico. Los tres detenidos nunca aparecieron hasta el día de hoy".

La justicia sometió a proceso al doctor Fuentealba Suazo y al suboficial en retiro Evaldo Reidlich, mientras continúa las diligencias para identificar al otro integrante de la patrulla y se realizan inspecciones en la Reserva Forestal Coyhaique del Cementerio El Claro, lugar donde habrían sido ejecutados y hechos desaparecer los tres ciudadanos chilenos. Joaquín Molina Fuenzalida, el capitán que comandó al grupo, fue asesinado por Manuel Contreras Valdebenito, hijo del jefe de la DINA.

Como en este caso, también aparece desde el primer momento el cardiólogo de Punta Arenas Guillermo Aranda y Alejandro Babaich Schmith, Director del Hospital "Cirujano Guzmán" de esta ciudad, reconocidos por muchos torturados de esa localidad. Otro es Darwin Arraigada Loyola, en ese momento dirigente del Colegio Médico de Chile, quien fue posteriormente nombrado por la Junta Militar como Director General de Salud y al que se le acusa, entre otras cosas, de entregar a numerosos médicos de izquierda, más de 30 de los cuales fueron asesinados, y participar en el plan de administrar drogas en los alimentos para asesinar a prisioneros políticos.

El médico Raúl Díaz Doll, funcionario de la Dirección General del Servicio Nacional de Salud, integró la comisión militar que investigaba la filiación política de los médicos. Organizó el soplonaje en el servicio y participó personalmente en los interrogatorios a los médicos detenidos y torturados.

En Iquique, el pediatra Werner Gálvez, Coronel de Sanidad, aplicó inyecciones intravenosas de pentotal sódico, alternadamente con suero biológico, durante interrogatorios a los prisioneros de guerra. Mientras en Valdivia, el traumatólogo Fernando Jara de la Maza participó directamente en la aplicación de tortura a los detenidos.

En la provincia de Concepción, asesora a los torturadores de Fuerte Borgoño y extiende certificados por "muerte natural", para encubrir los crímenes, un médico de Carabineros de apellido Minoletti. En tanto en Tejas Verdes, cuna de la DINA, cumple funciones de colaboración en las torturas cometidas en el Campo de Prisioneros Número Dos de ese recinto militar el doctor Vittorio Orvieto Teplizky, que posteriormente se incorporaría a la Brigada de Salubridad de dicha asociación ilícita, apareciendo como director de la clínica clandestina Santa Lucía. En las cercanías de Santiago, el radiólogo Bernardo Pulto, junto al Fiscal militar de Melipilla, tomó parte personalmente en las sesiones de tortura a los prisioneros.

La Brigada de Sanidad

La DINA tuvo su propio equipo para atención del personal de servicio, de prisioneros que colaboraban y la aplicación de tormentos a quienes consideraba sus "enemigos". Junto al ya citado Vittorio Orvieto Teplizky, cumplían funciones Werner Zanghellini, Hernán Taricco, Nader Nasser, Osvaldo Eugenio Leyton Bahamondez, Rodrigo Vélez, Samuel Valdivia Soto, Luis Hernán Santibáñez Santelices, Eduardo Contreras Balcarce, el ginecólogo Juan Pablo Figueroa Yáñez, el otorrino Eugenio Fantuzzi Alliende, el psiquiatra Roberto Lailhacar Chávez, el dentista Sergio Roberto Muñoz Bonta y la enfermera María Eliana Bolumburú Taboada. Otro médico, del cual sólo se sabe el apellido, es el psicólogo Bassaure. Sin formar parte de la estructura, el médico Gregorio Burgos del Regimiento de Los Angeles, colaboró con agentes de la DINA buscando formas de tortura sin que el detenido perdiera el sentido.

Muchos de ellos parece que ya no ejercen funciones en sus respectivas áreas, aunque se mantienen cercanos, como la enfermera María Eliana Bolumburú que trabaja en un laboratorio químico de calle Ejército. Otros continúan activos y asumen destacados roles en su profesión, como Roberto Emilio Lailhacar Chávez, quien en los últimos años de los ‘90 y hasta el 2001 ocupara el cargo de presidente de la Sociedad Chilena de Sexología y Educación Sexual, cuya sede funcionaba en su consulta particular de Obispo Salas 290 en la comuna de Providencia. A esta organización integró, como "persona natural", al abogado Víctor Manuel Avilés Mejías, integrante del Departamento Jurídico de la DINA.

Por su parte, el cirujano dentista Sergio Muñoz Bonta, que trabajó en las clínicas clandestinas Santa Lucía y London, atendió entre otras personas a Marcia Merino, la "flaca Alejandra", y fue "socio fundador" de la empresa de pantalla Pedro Diet Lobos, por intermedio de la cual la DINA lavaba los dineros provenientes del Estado, del tráfico de armas y drogas, y legalizaba los robos de casas, autos y bienes de aquellos prisioneros que eran hechos desaparecer. Aquí fue "colega", por ejemplo, de Francisco Ferrer Lima, Emilio Sajuria Alvear, Ricardo Lawrence Mires, Fernando Gómez Segovia, Augusto Pinochet Hiriart y Pedro Espinoza Bravo.

Luis Hernán Santibáñez Santelices aparece implicado en la desaparición de Juan Elías Cortés Alruiz, militante comunista secuestrado en abril de 1976, caso por el que incluso fue llamado a declarar por el ministro Servando Jordán en 1980 junto a Germán Barriga Muñoz, Emilio Troncoso Vivillos, Heriberto Acevedo, Vianel Valdivieso y Julio Leyton Robles, hermano de Manuel Leyton, muerto en extrañas circunstancias en la clínica London.

El doctor Santibáñez reconoció el 17 de julio de 1980 haber integrado la DINA en calidad de médico. Informó que en la calle Almirante Barroso existía la Clínica London, a cuyo cargo estaba el doctor Taricco. Cuando se le exhibió la foto de Cortés dijo que le parecía cara conocida y que posiblemente pudo haber visto a esa persona en el Hospital San Juan de Dios. En la misma diligencia se le interrogó sobre el caso de Gabriel Castillo Tapia, desaparecido desde el 5 de agosto de 1976.

En la muerte de Manuel Leyton Robles aparece implicado otro doctor, Osvaldo Leyton Bahamondes, quien firmó un certificado de defunción afirmando que el agente de la DINA había fallecido a causa de una crisis epiléptica y de arritmia cardiaca. El deceso habría sido en Almirante Barroso Nº 76, donde funcionaba la Clínica London. Lo cierto es que Manuel Leyton fue asesinado por sus "colegas" al ser descubierto su papel de integrante de la DINA tras participar en un trabajo encargado por Germán Barriga: el robo de una renoleta.

Por su parte, Sergio Marcelo Virgilio Bocaz, tras finalizar su labor en la DINA, con base en la Clínica Santa Lucía, continuó trabajando en el Comando de Logística de la CNI y a fines de la dictadura se le vio aparecer en publicidad de diversos tipos, como una de Nescafé, otra de galletas Tritón y de instituciones financieras. Aún ejerce funciones en el Hospital Félix Bulnes. El doctor Eugenio Fantuzzi tiene su consulta particular y es Jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la Clínica Dávila. El ginecólogo Juan Pablo Figueroa atiende de lunes a viernes en la Clínica Arauco y Hernán Taricco Lavín continúa trabajando para el Ejército en el Centro Médico Militar de Maipú .

Werner Zanghellini Martínez, quien inyectara con el virus de la rabia al detenido Jorge Fuentes Alarcón, abandonó rápidamente su consulta, ubicada en Galvarino Gallardo 1983, cuando fue funado por decenas de personas hace un par de años. Se sabe que continúa atendiendo en una consulta de Avenida Providencia que pertenece a un familiar, aunque su nombre no aparece en la placa adosada a la puerta.

La CNI y el Comando Conjunto

Aunque en el Comando Conjunto, integrado básicamente por miembros de la Fuerza Aérea, se conoce la presencia de otros médicos, el que ha sido procesado como parte permanente de esta asociación ilícita es el cardiólogo Alejandro Jorge Forero Alvarez, comandante de escuadrilla de la FACH y funcionario del hospital institucional. Nombrado en la mayoría de los casos que involucran al Comando Conjunto, se sabe que en 1976 prestó servicios como soldado segundo en la Base Aérea de El Bosque y en el Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina, usado como centro clandestino de reclusión por la FACH. En este lugar habría participado supervisando las torturas y drogando a los prisioneros que eran sacados para hacerlos desaparecer. Forero participó en Patria y Libertad durante el gobierno de la Unidad Popular, donde conoció a Roberto Fuentes Morrison, alias "el Wally". Ya en dictadura, fue procesado por el ministro Carlos Cerda, pero dicho proceso fue cerrado y amnistiado por un juez puesto especialmente para eso. Por los delitos de asociación ilícita y detención ilegal de Víctor Vega Riquelme, fue procesado junto a otros 20 integrantes del Comando Conjunto.

En la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) aparece Jorge León Alessandrini, dentista y agente civil, implicado en el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez donde habría actuado proporcionando el arma homicida.

La CNI también contó con su propio equipo médico, especialmente en los recintos clandestinos de torturas ubicados en Santiago, como el Cuartel Borgoña, y otros de regiones. Casos que han alcanzado notoriedad dejaron al descubierto a algunos de ellos, por ejemplo a los implicados en la muerte por torturas del profesor Federico Alvarez Santibáñez en agosto de 1979.

El joven militante del MIR fue entregado por Carabineros a la CNI, donde fue sometido a terribles apremios mientras era "vigilado" por profesionales de la salud para evitar su muerte. Entre éstos aparecen Luis Losada Fuenzalida, Manfred Jurgensen Caesar y Camilo Azar Saba, todos sancionados por el Colegio Médico el 31 de marzo de 1986. Losada Fuenzalida firmó un informe en el que indicó que el docente estaba en buenas condiciones físicas sólo una hora antes de la muerte de Alvarez Santibáñez.

Camilo Azar es traumatólogo y ortopedista, por lo que conocía a la perfección las zonas del cuerpo más sensibles, que pudieran causar mayor dolor con menos peligro de muerte. Sin embargo, en este caso no sirvieron: Federico Alvarez falleció debido a contusiones múltiples, hemoptisis e insuficiencia pulmonar.

Otro caso es el del transportista serenense Mario Fernández López, secuestrado por la CNI en octubre de 1984. Tras la muerte por torturas de Fernández, fueron sancionados por el Colegio Médico los doctores Víctor Carcuro Correa y Guido Mario Félix Díaz Paci, partícipes de la aplicación de tormentos al detenido.

Guido Díaz Paci, conocido médico del Ejército, mintió a los doctores de turno del Hospital de La Serena, aduciendo que el detenido venía de una Tenencia de Carabineros y no de la CNI, y solicitando a los médicos que ocultaran el estado del detenido.

Una vez fallecido Mario Fernández, Díaz Paci intentó que el facultativo que había operado de urgencia a la víctima falsificara el diagnóstico de su muerte, ocultando los verdaderos motivos del deceso.

Ya en 1974, cuando participó en la exhumación del cuerpo de María Avalos, asesinada junto a su marido Bernardo Lejdermann en diciembre de 1973 por una patrulla del Regimiento Arica de La Serena, mintió al extender un certificado de defunción asegurando que la mujer se había dinamitado.

Como muchos de estos "médicos de la muerte", Díaz Paci continúa trabajando en La Serena.

 

por Julio Oliva García, El Siglo, Nº 1179, 13 de Febrero 2004

A 40 años del Golpe Militar la sociedad vincula a los militares con las violaciones a los derechos humanos, pero en muchos casos, la participación de civiles ha quedado omitida. Una lista con médicos apunta a su rol en diversas violaciones a los Derechos Humanos y desde el colegio de la especialidad se destaca que aún hay condiciones que impiden penalizar estos actos.

Bernardo Lejderman y María Avalos fallecieron en 1973, ejecutados por militares en el norte, un crimen conocido hace pocos días por el emplazamiento de Ernesto Lejderman al saber que sus padres no se habían suicidado con explosivos, tal como señalaba el parte médico firmado por Guido Díaz Paci, médico que se mantiene en actividad hasta la actualidad trabajando en el Departamento de Tránsito de la municipalidad de La Serena.

Como éste, son distintos casos de violaciones a los derechos humanos que tienen a médicos civiles como protagonistas. La abogada Carmen Hertz realizó un listado, donde detalla una treintena de galenos vinculados a la dictadura que se mantienen en la impunidad, incluso ejerciendo su profesión.

La abogada describe el rol que ejercieron los profesionales, en procesos de interrogatorio y tortura para que la DINA cumpliera con los objetivos trazados desde la Junta Militar: “Existe una larga nómina de médicos que fueron funcionarios de la DINA, que colaboraron en la aplicación de tortura en centros clandestinos. Parte de ellos han sido sometidos a proceso, los médicos mantenían a los presos vivos en la aplicación de torturas, para que la DINA pudiera sacar la información que ellos pretendían”.

Carmen Hertz subraya que hoy los médicos se mantienen en actividad, sin ser individualizados en las investigaciones, eludiendo además una condena moral por estos hechos.

“Hay una suerte de renuencia a la persecución criminal de civiles, pese a pruebas evidentes, por ejemplo muchos de estos médicos ejercen y ocupan cargos directivos en la Clínica Dávila y en la Clínica Indisa. Hay complicidad en la justificación de políticas de exterminio y en propiciarla, que en definitiva ha vivido en la impunidad judicial, política, social y moral”, indicó la abogada.

La labor de los médicos va desde la asistencia en métodos de tortura, destinar medicamentos en interrogatorios, como el llamado “suero de la verdad” (pentotal sódico) falsificación de documentos, adulterar fichas clínicas o firmar certificados de defunción con motivos de deceso que ocultan la responsabilidad de organismos de inteligencia.

El Colegio Médico levantó sumarios contra profesionales vinculados a la dictadura, inhabilitando su ejercicio e incluso retirando el título profesional. El doctor Álvaro Reyes Bazán, presidente del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, destaca que antes del régimen un médico debía estar colegiado por obligación, pero esta condición se eliminó y con ello el organismo pierde su potestad para inhabilitar el ejercicio de la profesión.

Reyes Bazán apunta que “en ese momento el Colegio tenía autoridad para someter a proceso o rescindir el ejercicio de la profesión. Pero hoy no, el Colegio no recuperó su categoría y no tiene autoridad, antes era obligatorio para ejercer la medicina pero ahora es voluntario, son secuelas de la dictadura que no han sido superadas todavía”.

Álvaro Reyes tuvo un rol especial en el resguardo de perseguidos por militares, evitando incluso la desaparición de Miria Contreras, “Payita”, secretaria personal de Salvador Allende. A su juicio, hoy el Colegio no tiene herramientas para penalizar irregularidades de profesionales no inscritos, lo que destaca como una más de las herencias políticas que dejó ese período.

El médico apuntó que “es una lucha que hemos mantenido por recuperarlo, pero no se ha logrado, se necesitan altos quórum para cambiar algunos aspectos de la Constitución, una serie de instrumentos para impedir que la voluntad popular se manifieste. Vivimos por un sistema organizado en dictadura, eso es lo fundamental, e involucra un cambio importantísimo que es recuperar la democracia plena”.

Tanto la abogada como el médico subrayan que profesionales de la medicina vinculados a los crímenes de la dictadura pueden estar legítimamente en ejercicio, tanto en instituciones de Fuerzas Armadas como en el sector privado. Por contraste, la desaparición de médicos perseguidos por su condición política se mantiene en un proceso judicial aún en curso.

La lista de médicos es la siguiente:

1. Darwin Arriagada – Médico, dirigente del Colegio Médico de Chile en 1973. Fue nombrado por la Junta Militar como Director General de Salud. Participó en el plan de administrar drogas en los alimentos para asesinar a presos políticos. Entregó a numerosos médicos de izquierda, más de 30 de los cuales fueron asesinados. Atiende en Santa María 217, oficina 34, comuna de Independencia.

2. Camilo Azar Saba – Médico de la CNI. Fue suspendido por seis meses del Colegio Médico por su participación en torturas aplicadas a prisioneros en cuarteles de la CNI. Implicado en caso de Federico Álvarez Santibáñez.

3. Guillermo Araneda – Médico de Punta Arenas, Cardiólogo. Aplicó sus conocimientos para la tortura de presos en esta ciudad.

4. Alejandro Babaich Schmith – Director Hospital “Cirujano Guzmán” de Punta Arenas. Asesor en torturas contra prisioneros políticos.

5. Gregorio Burgos – Médico del Regimiento de Los Ángeles. Asesoró a agentes de la DINA en buscar formas de tortura sin que el detenido perdiera el sentido.

6. Víctor Carcuro Correa – Médico de la CNI. Este doctor fue suspendido de sus derechos en el Colegio Medico por su participación en las torturas que culminaron con la muerte del transportista Mario Fernández López, en La Serena, en octubre de 1984.

7. Raúl Díaz Doll – Médico, funcionario de la Dirección General del Servicio Nacional de Salud. Integró la comisión militar que investigaba la filiación política de los médicos. Organizó el soplonaje en el servicio y participó personalmente en los interrogatorios a los médicos detenidos y torturados.

8. Guido Mario Félix Díaz Paci – Medico del Ejército y de la CNI. Oficial de sanidad militar del Ejército que participa de los hechos que culminaron con la muerte del transportista Mario Fernández López, en La Serena. Las causas de la muerte de Fernández López fueron las torturas sufridas en el cuartel de la CNI de dicha ciudad en octubre de 1984. Cuando Mario Fernández debió ser trasladado al Hospital de La Serena, Díaz Paci mintió a los doctores de turno del Hospital, aduciendo que el detenido venía de una Tenencia de Carabineros y no de la CNI, solicitando a los médicos que ocultaran el estado del detenido. Una vez fallecido Fernández, el médico y agente CNI intentó que el facultativo que había operado de urgencia a la víctima falsificara el diagnóstico de su muerte, ocultando los verdaderos motivos del deceso. Por todas estas razones Guido Díaz Paci fue expulsado del Colegio Médico. En 1974 participó en la exhumación del cuerpo de María Avalos, asesinada junto a su marido, Bernardo Lejdermann, en diciembre de 1973 por una patrulla del Regimiento Arica de La Serena. En el certificado de defunción aseguró que la mujer se había dinamitado.

9. José María Fuentealba Suazo – Médico del Ejército. El 27 de octubre de 1973 José Fuentealba participa en la comitiva que viaja a Río Mayo, en Argentina, para trasladar a 3 detenidos, Juan Vera, Néstor Castillo y José Rosendo Pérez, que habían sido capturados por Gendarmería argentina cuando escaparon en busca de refugio político. La comitiva iba al mando del Capitán Joaquín Molina Fuenzalida (asesinado por el hijo de Manuel Contreras) y también la integraban un carabinero de apellido Salinas y el suboficial Evaldo Reidlich Hains. Los tres prisioneros fueron subidos a un vehículo del Hospital Regional de Coyhaique y trasladados en dirección a Chile, pero nunca llegaron a destino. En abril del 2002, el juez del Primer Juzgado del Crimen de Coyhaique, Luis Sepúlveda, sometió a proceso a Fuentealba Suazo y al suboficial (R) de Carabineros Evaldo Reidlich Hains.

10. Alejandro Jorge Forero Alvarez – Cardiólogo. Registro Colegio Médico 9580-K. Comandante de Escuadrilla y médico que se desempeñaba al momento del golpe de Estado en el Hospital de la FACH. En 1976 prestó servicios como soldado segundo en la Base Aérea de El Bosque y en el Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina. En este lugar participa del Comando Conjunto, supervisando las torturas y drogando a los prisioneros que eran sacados para hacerlos desaparecer. Fue sometido a proceso por el juez Carlos Cerda en plena dictadura. Por estos días ha vuelto a ser requerido en nuevos procesos del Comando Conjunto.

11. Werner Gálvez – Médico pediatra, Coronel de Sanidad en Iquique. A comienzos del régimen militar aplicó inyecciones intravenosas de pentotal sódico, alternadamente con suero biológico, durante interrogatorios en esta ciudad.

12. Fernando Jara de la Maza – Médico traumatólogo de Valdivia. En los días posteriores al golpe militar participó directamente en la aplicación de tortura a detenidos.

13. Manfred Jurgensen Caesar – Médico de la CNI. Este médico, a la vez agente de la CNI, fue expulsado del Colegio Médico por su participación en torturas aplicadas a prisioneros en cuarteles clandestinos de este organismo represivo. Implicado en muerte de Federico Alvarez Santibáñez.

14. Luis Losada Fuenzalida – Médico de la CNI. También fue expulsado del Colegio Medico por su participación en las torturas que culminaron con la muerte del profesor Federico Álvarez Santibáñez. Una hora antes de la muerte de Álvarez Santibáñez, torturado en agosto de 1979 durante siete días en cuarteles secretos de la CNI en Santiago, firmó un informe en el que indicó que el docente estaba en buenas condiciones físicas.

15. Minoletti – Médico de Carabineros, provincia de Concepción. Asesora a los torturadores de Fuerte Borgoño y extiende los certificados por muerte natural para encubrir los crímenes.

16. Vittorio Orvieto Teplizky – Médico del Ejército. Cumple funciones de colaboración en las torturas cometidas en el Campo de Prisioneros Número Dos de Tejas Verdes. También participa en la Brigada de Salubridad de la DINA como director de la Clínica Santa Lucía.

17. América González Figueroa – Contratada en dictadura para ejercer funciones en el Servicio Médico Legal, donde falseó la información sobre las causas de muerte de algunos ejecutados políticos. Entre los casos en que está implicada aparecen la muerte a causa de torturas de Carlos Godoy Echegoyen, que hizo aparecer como “muerte súbita”, el asesinato de Cecilia Magni Camino, afirmando que se habría ahogado y ocultando los vestigios de tortura en su cuerpo, y el crimen del dirigente estudiantil DC Mario Martínez, que apareció en las costas de las Rocas de Santo Domingo luego de que fuera secuestrado en Santiago. Otro “servicio a la patria” fue su participación en los exámenes que culminaron con el fraude de la demencia de Pinochet. En el último período, aún en el SML, fue designada jefe del Departamento de Tanatología y directora subrogante del servicio. El 21 de diciembre de 2000, poco después de que se comprobara su responsabilidad en la entrega equivocada de los cuerpos de tres jóvenes quemados al interior de la Cárcel de San Miguel, recibió una anotación de mérito en su hoja de vida firmada por el ministro de Justicia José Antonio Gómez, militante radical.

18. Jorge León Alessandri – Dentista, agente civil de la DINE, implicado en el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez Alfaro.

19. Osvaldo Leyton Bahamondes – Médico de la DINA. Implicado en la muerte por torturas de Manuel Leyton Robles, agente de la DINA que fue asesinado por sus “colegas” al verse involucrado públicamente en el robo de una renoleta, trabajo encargado por su superior Germán Barriga Muñoz. El doctor Leyton Bahamondes firmó un certificado en el que el agente aparece como fallecido a causa de una crisis epiléptica y arritmia cardiaca en Almirante Barroso 76, ubicación de la clínica clandestina London.

20. Bernardo Purto – Medico radiólogo de Melipilla. Junto al Fiscal militar de Melipilla tomó parte personalmente en las sesiones de tortura a prisioneros.

21. Luis Hernán Santibáñez Santelices – Médico DINA. Integrante de la Brigada de Salubridad que funcionaba en la Clínica London (Almirante Barroso). Implicado en la desaparición de Juan Elías Cortés.

22. Hernán Horacio Taricco Lavín – Médico DINA. Jefe de la Brigada de Salubridad que funcionaba en la Clínica London. Implicado en la muerte del agente DINA Manuel Jesús Leyton Robles.

23. Hernán Twane – Psicólogo que aplicó Pentotal Sódico a los prisioneros para que éstos fueran interrogados por el Servicio de Investigaciones.

24. Werner Zanghellini Martínez – Director de la Clínica Santa Lucía entre 1975 y 1976. Es acusado por sobrevivientes de Villa Grimaldi de haber inyectado el virus de la rabia a Jorge Fuentes Alarcón, detenido desaparecido.

25. Sergio Marcelo Virgilio Bocaz – Médico de la Brigada de Salubridad de la DINA, con labores en la clínica clandestina Santa Lucía, que continuó trabajando en el Comando de Logística de la CNI. Marcia Merino dice haberlo visto en publicidad de café y financieras. Brigada de Salubridad de la DINA Compuesta entre otros por los doctores Vittorio Orvietto, Werner Zanghellini, Hernán Taricco, Nader Nasser, Osvaldo Eugenio Leyton Bahamondez, Rodrigo Vélez, Samuel Valdivia Soto, Luis Hernán Santibáñez Santelices, Eduardo Contreras Balcarce, el ginecólogo Juan Pablo Figueroa Yáñez, el otorrino Eugenio Fantuzzi Alliende, el psiquiatra Roberto Lailhacar Chávez, el dentista Sergio Roberto Muñoz Bonta y la enfermera María Eliana Bolumburú Taboada. Otro médico, del cual sólo se sabe el apellido, es el psicólogo Bassaure.

26. Eugenio Fantuzzi Alliende, Otorrinolaringólogo – Médico Jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la Clínica Dávila.

28. Roberto Lailhacar Chávez, Psiquiatra – Ex presidente de la Sociedad Chilena de Sexología y Educación Sexual.

El médico cardiólogo Guillermo Araneda Vidal fue sometido a proceso ayer, en el marco de la querella que investiga la ministra en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Marta Jimena Pinto.

La acción, que busca responsabilidades penales, fue presentada el 21 de diciembre de 2015 por 16 mujeres, todas ex presas políticas.

Una de estas víctimas es Rosa María Lizama Barrientos, y su denuncia es la que llevó a la ministra Pinto a dictar el auto procesamiento del doctor Araneda como encubridor de los delitos de “detención ilegal, secuestro calificado y abusos deshonestos”. Y también fue procesado como cómplice del delito de “aplicación de tormentos”.

El abogado defensor del procesado, Guillermo Ibacache Carrasco, concurrió ayer en la tarde, pasadas las 18,30 horas, hasta el Palacio de la Corte de Apelaciones, en calle José Nogueira, a notificarse del auto de procesamiento de su representado, donde fue recibido por el secretario Mauricio Recabarren Fernández.

Junto con ser encausado judicialmente, sobre la marcha la ministra sumariante le concedió a Araneda la excarcelación, previo pago de una fianza de 500 mil pesos.

La figura del “auto procesamiento” viene del sistema judicial antiguo. Esto significa que existe un delito y que el juez tiene presunciones fundadas para estimar que la persona sometida a proceso tuvo participación en lo que se le imputa. Puede ser como autor, cómplice o encubridor.

Ahora viene la etapa en que Guillermo Araneda, que pasó de inculpado a procesado, podrá defenderse durante la tramitación de la causa. Incluso puede hacer uso del derecho de apelación del encausamiento ante Corte de Punta Arenas. Y es lo más seguro que lo haga su abogado dentro del plazo legal.

Dentro de la presunción de inocencia que le asiste a toda persona, Araneda tiene ahora todo el derecho a defenderse.

El nombre del médico ha sido mencionado en publicaciones de organismos ligados a la defensa de los Derechos Humanos, donde lo sindican como médico que asistía los procesos de tortura de los presos políticos en Punta Arenas.

Querella

La querella criminal, que busca responsabilidades penales, la presentaron 16 mujeres, todas ex presas políticas, el 21 de diciembre de 2015, por los delitos de “secuestro, sustracción de menores, abusos deshonestos en concurso ideal con el crimen de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes; privación ilegítima de libertad y asociación ilícita”. Una de las tantas personas mencionadas en la presentación legal es el médico cardiólogo.

Víctima Rosa Lizama

Una de las víctimas es la profesora Rosa María Lizama Barrientos, que sufrió detención ilegal o secuestro, asociación ilícita, privación ilegítima de libertad y aplicación de tormentos.

Es su denuncia la que llevó a la ministra Pinto a procesar al doctor Araneda. Por lo mismo no se descartan otros procesamientos en los próximos días, dada la cantidad de mujeres querellantes.

Rosa Lizama fue detenida en 1973 por agentes del Estado en el liceo donde estudiaba. Los soldados ingresaron premunidos de metralletas provocando intimidación con su actuar. Ella tenía 16 años de edad y cursaba tercero medio. Era dirigente estudiantil y militante del Partido Socialista.

El 26 de octubre de 1973 dos hombres de la Fuerza Aérea la sacaron del liceo y la subieron a una camioneta. Fue interrogada, sufrió golpes, perdió la conciencia y despertó desnuda.

Fue llevada al Regimiento de Ojo Bueno, recinto del que la sacaban algunas noches para llevarla al edificio de Avenida Colón, donde la torturaban e interrogaban. Producto de esto sufrió taquicardia y perdió el conocimiento.

Estuvo varias noches en el estadio Fiscal; en el Regimiento Pudeto; en Río los Ciervos; y en la Casa del Deportista, todos lugares donde fue interrogada.

Posteriormente fue sometida al Consejo de Guerra, lo cual describe como “su juicio”, siendo condenada a 4 años de presidio, incomunicada hasta el mes de enero de 1974, oportunidad en donde producto de una explosión fue trasladada a la cárcel de mujeres, aceptando más tarde una pena conmutada por extrañamiento, en octubre de 1974, regresando a su casa con arresto domiciliario.

Finalmente le acogieron un indulto, debiendo firmar en el patronato de reos durante 4 años.

Producto de los sufrimientos y torturas ha padecido dolores físicos por 27 años, pesadillas, depresión y problemas para dormir.

El médico Guillermo Araneda fue sometido a procesamiento a raíz de una querella criminal que fue presentada el 21 de diciembre de 2015 por 16 mujeres, quienes fueron expresas políticas durante la dictadura. Una de las tantas personas mencionadas en la presentación legal es el médico cardiólogo.

El médico cardiólogo, Guillermo Araneda Vidal, fue sometido a proceso en el marco de una querella que investiga la ministra en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Marta Jimena Pinto.

Según consignó La Prensa Austral, esta acción judicial fue presentada el 21 de diciembre de 2015 por 16 mujeres, quienes fueron expresas políticas durante la dictadura.

La ministra Pinto dictó el auto procesamiento del doctor Araneda como encubridor de los delitos de “detención ilegal, secuestro calificado y abusos deshonestos”.

Así también fue procesado como cómplice del delito de “aplicación de tormentos”.

Someten a proceso a médico de Punta Arenas

El abogado defensor del médico, Guillermo Ibacache Carrasco, llegó hasta la Corte de Apelaciones a notificarse del auto de procesamiento de su representado, donde fue recibido por el secretario Mauricio Recabarren Fernández.

Cabe mencionar que la ministra Pinto sumariamente le concedió a Araneda Vidal la excarcelación, previo al pago de una fianza de 500.000 pesos.

La figura del “auto procesamiento” viene del sistema judicial antiguo. Esto significa que existe un delito y que el juez tiene presunciones fundadas para estimar que la persona sometida a proceso tuvo participación en lo que se le imputa.

Lo anterior puede ser como autor, cómplice o encubridor.

Araneda también puede apelar ante la Corte de Punta Arenas, lo que su abogado puede realizar dentro del plazo legal.

En tanto, al doctor lo han mencionado en publicaciones de organismos ligados a la defensa de los Derechos Humanos, donde lo sindican como médico que asistía los procesos de tortura de los presos políticos en Punta Arenas.

Querella criminal

La querella criminal que presentaron estas 16 mujeres busca responsabilidades penales.

Entre los delitos que se detallan están el “secuestro, sustracción de menores, abusos deshonestos en concurso ideal con el crimen de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes; privación ilegítima de libertad y asociación ilícita”.

Una de las tantas personas mencionadas en la presentación legal es el médico cardiólogo.

Denuncia que llevó a la ministra Pinto a procesar al médico Guillermo Arandeda

Una de las víctimas es la profesora Rosa María Lizama Barrientos, quien sufrió detención ilegal o secuestro, asociación ilícita, privación ilegítima de libertad y aplicación de tormentos.

La denuncia de Lizama llevó a la ministra Pinto a procesar al doctor Araneda. Tras esto no se descartan otros procesamientos en los próximos días, debido a la cantidad de mujeres querellantes.

Rosa Lizama, en ese entonces de 16 años, fue detenida en 1973 por agentes del Estado en el liceo donde estudiaba. Los soldados ingresaron premunidos de metralletas provocando intimidación con su actuar.

Esta mujer cursaba tercero medio, era dirigente estudiantil y militante del Partido Socialista.

En esa oportunidad dos hombres de la Fuerza Aérea la sacaron del liceo y la subieron a una camioneta. Fue interrogada, sufrió golpes, perdió la conciencia y despertó desnuda.

Lizama fue llevada al Regimiento de Ojo Bueno, recinto del que la sacaban algunas noches para llevarla al edificio de Avenida Colón, donde la torturaban e interrogaban. A raíz de esto sufrió taquicardia y perdió el conocimiento.

Estuvo varias noches en el estadio Fiscal; en el Regimiento Pudeto; en Río los Ciervos; y en la Casa del Deportista. En todos estos lugares fue interrogada.

Dolores físicos, pesadillas y depresión

Luego de esto, Rosa fue sometida al Consejo de Guerra, lo cual describe como “su juicio”, siendo condenada a 4 años de presidio.

Estuvo incomunicada hasta enero de 1974, donde producto de una explosión fue trasladada a la cárcel de mujeres.

En octubre de 1974 aceptó una pena conmutada por extrañamiento, regresando a su casa con arresto domiciliario.

Le acogieron un indulto a Rosa Lizama, debiendo firmar en el patronato de reos durante 4 años.

Los sufrimientos y torturas que vivió esta mujer, le han provocado dolores físicos, pesadillas, depresión y problemas para dormir durante 27 años.

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Marta Jimena Pinto Salazar, sometió a proceso al oficial del Ejército en retiro Guillermo Aliro Araneda Vidal, en calidad de encubridor de los delitos consumados de detención ilegal, secuestro calificado, abusos deshonestos y aplicación de tormentos a Francisca González Fernández. Ilícitos perpetrados entre septiembre de 1973 y 1975.

En la resolución (causa rol 64-2019), la ministra Pinto Salazar estableció la responsabilidad del entonces capitán de sanidad del Ejército, en el ocultamiento de los delitos, sin que le corresponda participación  ni como autor ni cómplice, al haber intervenido con posterioridad a su comisión.

En la resolución, la ministra Pinto Salazar sostiene que, en esta etapa procesal “(…) aparece suficientemente justificada la existencia de los siguientes delitos:

1. Detención ilegal de Francisca González Fernández, realizada por funcionarios del Ejército de Chile, entre el 12 y el 18 de septiembre de 1973 en su domicilio particular de calle Lautaro Navarro N°911, tercer piso, Edificio Victoria en Punta Arenas, previsto y sancionado en el artículo 148 del Código Penal.
2. Secuestro calificado en la persona de Francisca González Fernández, ocurrido a partir de la fecha de su detención ilegal entre el 12 y el 18 de septiembre de 1973, hasta la fecha en que, luego de estar relegada junto a su marido en las ciudades de Ovalle, Quilpué y Viña del Mar, partieron al exilio en 1975, sancionado en el artículo 141 del Código Penal.
3. Abusos deshonestos, sufridos por Francisca González Fernández, en las ocasiones cuando, recluida, fue sometida a vejaciones como ser desnudada, acceder a su cuerpo, con manoseos, los agresores y desnudos posicionarse ante ella en disposición de violarla y además, ordenarle practicar actos de connotación sexual con otra detenida. Delito tipificado en el artículo 366 del Código Penal.
4. Aplicación de tormentos en la persona de Francisca González Fernández, desde su detención entre el 12 al 18 de septiembre de 1973 hasta que pudo acompañar a su marido al exilio en 1975. Delito señalado en el artículo 150 N°s 1° y 2° del Código Penal”, detalla la resolución.

La resolución consigna que, de estos mismos antecedentes, su hoja de vida y las declaraciones indagatorias prestadas por Guillermo Aliro Araneda Vidal consta en la causa que, en el período que va desde abril de 1971 hasta agosto de 1974 ocupó, entre otros cargos, el de Médico del Ejército –ejercido, al menos, hasta el 31 de enero de 1974 y mayo-junio del mismo año–, por lo que se encuentra suficientemente acreditada su calidad funcionaria de Capitán de Sanidad del Ejército durante parte del período comprendido dentro de la fecha de ocurrencia de los delitos contra Francisca González Fernández, entre el 12 al 18 de septiembre de 1973 y 1975.

De acuerdo al dictamen, de estos antecedentes se desprenden presunciones fundadas para responsabilizar a Guillermo Aliro Araneda Vidal en calidad de encubridor de los delitos de detención ilegal, secuestro calificado, abusos deshonestos y aplicación de tormentos en la persona de Francisca González Fernández, previstos y sancionados en los artículos 148, 141, 150 N°s 1° y 2° y 366 del Código Penal, ocurridos en esta ciudad, entre septiembre de 1973 y el año 1975, en efecto, en conocimiento de la perpetración de los delitos descrito, sin haber tenido participación como autor ni como cómplice, intervino posteriormente ocultando su conocimiento de tales hechos, sus efectos, para impedir su descubrimiento. afirma el dictamen.

La ministra Pinto Salazar concedió la libertad provisional a Araneda Vidal, previo pago de fianza, resolución que fue aprobada por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas.

Luego del golpe militar, la dictadura instaló consejos de guerra en los que juzgó a partidarios y simpatizantes de la UP. En Magallanes, también se juzgó a menores de edad que contra toda convención internacional. De los 13 acusados, seis eran menores, uno de ellos seleccionado nacional de básquetbol.

En la imagen, Rosa María Lizama Barrientos, formalmente todavía tiene 15 años. El pelo largo y liso cae sobre sus hombros. Viste polerón de cuello de tortuga y luce un rostro suave -en blanco y negro-, con aspecto serio y seguro, quizás por las buenas notas que destacan en el libro de clases del tercero medio E del Liceo de Niñas de Punta Arenas. Tal vez por las anotaciones de mérito que hablan de sus cualidades y locuacidad en historia, castellano, matemática y filosofía o los trabajos voluntarios cotidianos por pintar, arreglar y limpiar el colegio, junto a otras alumnas.

Lo cierto, es que esa mirada fija en el lente y el rictus fino de sus labios dibujando una leve sonrisa de satisfacción quedaría grabada en la única fotografía que la recuerda de adolescente, meses antes del golpe militar. Puede ser una de las que tomó en campaña para postularse a dirigir el centro de alumnos. No recuerda, porque gran parte de lo que ella podría haber sido fue borrado completamente los dos días que duró el primer consejo de guerra, 21 y 22 de noviembre de 1973, frente a una decena de militares, abogados, y otros presos, en el proceso realizado en la región de Magallanes.

En tanto, la redacción de la sentencia avalada con la rúbrica del general masón, Manuel Torres de la Cruz, quedó fechada el 26 de noviembre. A partir de entonces, para Rosa María Lizama y otros doce acusados comenzó el silencio, el olvido y los temblores.

En el discurso, Lizama era acusada de esconder armas, tener entrenamiento militar, conocimiento y participación del “Plan Z”, supuesta confabulación del gobierno de Salvador Allende para matar a los generales de las Fuerzas Armadas y a la oposición. Y otros móviles artificiales que aparecen señaladas en la causa “Rol Tiempo de Guerra N°4-73” del V Juzgado Militar de Punta Arenas.

Lizama “la peligrosa”, decían cada vez que la mencionaban. Y ella, la de menos edad, y la de más baja estatura en el juicio, seguía con las piernas balanceándose en la banca sin alcanzar el suelo, todavía con el uniforme escolar que mantenía desde el día de su detención.

Rosa María empezó a temblar mientras escuchaba los cargos del fiscal acusador, Gerardo Álvarez Rodríguez, vestido con elegante traje de militar. Ese día, su cuerpo entero caía y se quebraba como cristal sobre el piso de la capilla adaptada a tribunal militar, con un grupo de uniformados apostados sobre la mesa del altar, mirando hacia abajo a los detenidos y en ambos lados ubicados los fiscales acusadores. En el otro extremo, los abogados defensores: Laura Soto, Juan Vivar, Carlos Frías Meneses y Hugo Espinoza Balcázar.

Lizama la “terrorista”, Lizama “la peligrosa”, decían cada vez que la mencionaban. Y ella, la de menos edad, y la de más baja estatura en el juicio, seguía con las piernas balanceándose en la banca sin alcanzar el suelo, todavía con el uniforme escolar que mantenía desde el día de su detención, 26 de octubre, cuando la sacaron los militares de su propio liceo, a pocas semanas de haber cumplido los 16 años.

Durante un mes pasó por distintos recintos de tortura: la Base Aérea de Bahía Catalina, Regimiento de Ojo Bueno, el recinto de Colón 636, y la casa del Deportista (ya no existe y parte de ese espacio lo ocupa hoy el Casino y Hotel Dreams). Y aunque el juicio fue sin venda solo recuerda nítidamente a Alejandro Olate, 17 años, Pablo Jeria, 18 años, y a Gladys Pozo, 22 años, condenada a veinte, y quien la apañó en la cárcel pública mientras cumplieron condena.

La imagen del consejo es uno de los más terroríficos de su vida. Todavía tiene fresco el retrato de los ocho hombres sentados al frente de los trece acusados, en un lugar rodeado de militares dispuestos a disparar. Llena de espanto, con los músculos cubiertos de nudos que la recorrían entera, saltaba sin movimiento. Y gritaba sin voz. Y nadie, ni el fiscal ni los testigos, ni ninguno de los generales, comandantes o soldados que estaban en la capilla del regimiento Pudeto logró darse cuenta, porque los temblores y los movimientos eran internos. Un espasmo incontrolado, nervioso que continuó durante muchos años. La emoción era invisible para el espectador que la veía en su semblante tranquila y serena, tal cual aparece en la foto blanco y negro que guarda de adolescente. 

Entre 1973 y 1974, seis son los consejos de guerra que más resuenan entre las víctimas de violación a los derechos humanos por parte del Estado en la región de Magallanes. Y en cada uno, los fiscales siguieron al pie de la letra el artículo 81 del Código de Justicia Militar que explicita que los consejos son concebidos para delitos propios del "tiempo de guerra". Porque para algunos se trataba de eso, de una guerra.

— A la pena de cuatro años de reclusión menor en su grado máximo, se condena a Rosa María Lizama Barrientos, por los delitos de rebelión militar y los crímenes señalados en las letras a, b, y d del artículo 4° de la Ley 12.967 sobre seguridad del Estado –repetía parsimonioso Walter Radic, el fiscal de la Armada, días después de redactada la condena. La misma voz calma e imperturbable que reconocen varias prisioneras durante distintas sesiones de tortura.

A 49 años de ocurrido el primer consejo de guerra, hoy recién están procesado cuatro violadores a los derechos humanos que participaron directa e indirectamente en los consejos de guerra Gerardo Álvarez, Guillermo Araneda. Otto Trujillo y Walter Radic.

Parte de la condena Rosa María Lizama la cumplió en la cárcel pública de adultos en la ciudad de Punta Arenas. El 2 de octubre de 1974 salió del recinto penitenciario y continuó firmando en el patronato de reos y cumpliendo condena en su casa. Fue un tiempo de silencio. Se quedaba callada y se veía a sí misma asustada. No quería que le preguntaran nada. No podía contar nada. Y la gente la veía en silencio, con una sonrisa tranquila por fuera. Por dentro, toda convulsionada, llena de temblores, la boca seca, un calor terrible.

“Si me preguntaban, ¿qué iba a decir? Me torturaron, ultrajaron, aplicaron electricidad en distintas partes del cuerpo, ¿de eso iba a hablar?… si me daba vergüenza sólo pensarlo, mucho más, contarlo”, recuerda. Porque para ella, el no decir era casi convencerse de que nada ocurrió. No quería que nadie viviera lo que pasó. Y contar era traspasar la experiencia y el sufrimiento a personas que quería. Sus padres. Su hermano. Los amigos y familiares que llegaban a su casa. En ese silencio estaba protegiendo y salvando a quienes ella quería. Y aunque nadie preguntara empezó a bloquear trozos y momentos.

“¿Y por qué no preguntaban?”, se cuestiona hoy Rosa María y a sí misma se responde: “Tampoco se atrevían, sabían, porque algo habían escuchado. La sociedad ya estaba también amnésica y era tan víctima como todas las que padecimos la violencia”, precisa.

La Agrupación de Mujeres Presas Políticas de Magallanes iniciaron un campaña para transformar la casa de Colón 636 en un sitio de memoria.

Después de pasar por distintos recintos de tortura, vivir el consejo de guerra, y estar en la cárcel pública, vinieron años de mucho silencio, sufrimiento mordido. Para ella no era tema hablar del tema. “Hasta que un día, debe haber sido el año 2001, con la Magda conversamos y dijimos ya, ¿¡paremos!? Hay que hablar, los cabros ya están grandes, es necesario que se sepa. Y nos organizamos y las mujeres fuimos las primeros en presentar una querella (2015), entonces solo había demandas (ver subtítulo inferior)… Y cuando me aplicaron el protocolo de Estambul descubrí que tengo cinco años de amnesia emocional. Hoy, sigo al pie de la letra el tratamiento por depresión mayor, si dejo de tomar la pastilla pienso al tiro en la muerte”, cuenta.

Seleccionado nacional

Alejandro Olate Levet, 17 años, estudiante del cuarto año C, de la especialidad máquina y herramientas, de la Escuela Industrial Superior -así se conocía al emblemático establecimiento en 1973- era uno de los ochos elegidos de la región para representar al país en los sudamericanos de básquetbol. El día del juicio recuerda a Luis Valencia, 16 años; Eliecer Valencia, 18; Aldo Mayor, 19; y Lorenzo Oyarzo, 19. Todos estudiantes del Industrial. 

Cada uno de los inculpados tuvo testigos de defensa, personas que superaron los miedos y que se presentaron en la capilla del Pudeto a entregar su versión. En el juicio se desestimaron los 19 testimonios a favor de los acusados.

En la foto posada Alejandro Olate (número 8) tiene 17 años y fue tomada un mes antes de ser detenido el año 1973 en su casa en la población Williams. Aparece junto a otros jugadores, también seleccionados nacionales de básquetbol.

Olate, todavía tiene grabada en la mente la defensa que hizo Humberto “Papi” Vera, director del colegio público. “Había que ser muy valiente en esa época para hacer la defensa que él hizo, en un juicio súper arbitrario, frente a los militares y en el que todos los acusados habían sido torturados. Papi Vera era muy correcto, querido, llegó de Chiloé y levantó el colegio”, recuerda. 

También hubo otros que refrendaron las acusaciones y no lo hicieron de frente al consejo, sino que a través de declaraciones que según queda expresado en la sentencia causa Rol Tiempo de Guerra Nº4-73, “contextualizan y dan fe que en el último año existía temor o miedo de los distintos círculos de la ciudad de ser atacados por extremistas con formación paramilitar”. Entre los mencionados en el informe acusatorio aparecen: “Alejandro Florentino Fernández, Rodolfo Valentín Subiabre, Alfredo Arecheta González, Eugenio González Mimica, José Ruiz Maldonado, Selmiro Salgado Salgado, Jorge Luis Vega Germaín, y Ramón Utz Monsalve”.

Cada uno de los inculpados tuvo testigos de defensa. En el juicio se desestimaron los 19 testimonios a favor de los acusados.

“Antes del juicio pasé seis veces por la casa de Colón. Te obligaban a firmar documentos después de las torturas. Era terrible, por la electricidad que te aplican en todo el cuerpo, la lengua que es húmeda se te hincha tanto que no entra en la boca”, recuerda Olate, detenido en su casa en la población Williams, el día 26 de octubre de 1973, tras salir de un entrenamiento por el aniversario del colegio. Ahí, lo esperaba una cuadrilla de agentes de “inteligencia”, su padre ingenuamente le dijo que se entregara porque no había nada que temer, no había hecho nada.

Alejandro Olate Levet, actual concejal de Punta Arenas, fue condenado por el consejo de guerra a 5 años y un día, como autor de rebelión militar y los delitos señalados en las letras a, b, y d del artículo 4º de la Ley Nº12927 sobre Seguridad del Estado.

Condenados a pena de muerte

Luis Alvarado Saravia tenía 32 años cuando entró al juicio. Conocía en detalle el regimiento Pudeto, su padre era militar y durante toda su infancia recorrió el recinto. Él argumenta que el consejo de guerra ocurrió en la capilla, pero despojada de toda ornamentación religiosa los dos días que duró el proceso. Solo quedaron las bancas, la mesa del altar y cierto aire uniformado que suelen tener las homilías. El fiscal pedía pena de muerte para él y para Edgardo Avilés Venegas, dibujante técnico de 34 años en la fecha del proceso.

Alvarado recuerda que entró al juicio con un terno que usaba en el banco, porque era ejecutivo, y el traje le bailaba en el cuerpo, tenía 30 kilos menos, después de pasar por distintos recintos de tortura y permanecer incomunicado en el regimiento. 

“Al octavo día de tortura firmé todo lo que me pasaban para firmar. El sufrimiento era tanto que no aguanté más”, relata hoy con 81 años, y una lucidez plena que atribuye a la lectura.

Luis Alvarado Saravia tenía 32 años cuando entró al juicio. El fiscal pedía pena de muerte para él y para Edgardo Avilés Venegas, dibujante técnico de 34 años en la fecha del proceso.

“Íbamos más cagado que palo de gallinero al consejo de guerra. Los de la Fach votan pena de muerte y el tercero que vota era un mayor del Ejército con título de abogado, había llegado una semana después del golpe desde Estados Unidos, ese tipo vota 541 días y el resto presidio perpetuo… al terminar, cuando subimos al camión, nuestros compañeros nos abrazan, porque quedamos con vida, y la verdad era para sonreír, porque con vida puedes hacer de todo”, dice.

Del juicio, una de las cosas que más le impresionó fue ver a Rosa María Lizama. “Yo era amigo de su papá y no podía creer lo que veía. Ella era una niña, tan pequeña, delgada, no podía creer que la tuvieran ahí, lo que estaba mirando. Qué terrible lo que ocurrió”, dice.

El 3 de octubre del año 2016, la Corte Suprema anuló el fallo del Consejo de Guerra rol 1-1973, tribunal que había condenado a un grupo de aviadores constitucionalistas. Al dictar ese fallo, el máximo tribunal cumplió con lo ordenado en la sentencia de la Corte Interamericana: anular todos los fallos como medida de reparación y acto de verdad.

La falsedad del primer consejo de guerra de Magallanes aún sigue vigente en el papel y el nombre de las víctimas y su inocencia se mantiene todavía injuriada. 

Colón 636

Hoy, veinte víctimas de la violación a los derechos humanos de la zona, integran la Agrupación de Mujeres Presas Políticas de Magallanes 1973-1974.  Desde ahí iniciaron un campaña, apoyados por el Consejo de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, para transformar la casa de Colón 636 en un sitio de memoria (colon636.cl).

Ellas luchan cada día por darle voz a su silencio y recuperar la memoria perdida. En muchos casos se trata de adolescentes que fueron, en su mayoría, sacadas de su sala de clases y trasladadas a distintos recintos de tortura. Menores de edad que deberían haber llegado a su fiesta de graduación y posar junto a todas sus compañeras de curso en la foto de fin de año.  Y no pudieron.

Desde su dolor, quieren derrotar el miedo que todavía las acompaña y escribir una sinfonía justa que le dé sororidad y dignidad a los testimonios que la historia oficial ha intentado borrar. Una querella criminal está en curso desde el año 2015, hay cientos de declaraciones, mientras tanto, los criminales mueren en la impunidad y ya varias mujeres han partido sin conocer la justicia. Una de las causas ya tiene a cuatro procesados.

Acusados en el primer consejo de guerra de Magallanes:

•      Rosa María Lizama Barrientos, 16 años
•      Luis Valencia Ferguson, 16 años
•      Alejandro Lorenzo Olate Levet, 17 años
•      Aldo René Mayor Olivos, 18 años
•      Eliecer Segundo Valencia Oyarzo, 18 años
•      Pablo Ramón Jeria Ríos, 18 años
•      Hernán Enrique Biott Vidal, 22 años
•      Gladys Pozo Marchant, 22 años
•      Alfredo Corte Bernal, 26 años
•      Luis Enrique Alvarado Saravia, 32 años
•      Ricardo Hernán Marcelle Ojeda, 33 años
•      Edgardo Avilés Venegas, 34 años
•      Guillermo Sáez Aravena, 40 años