Araneda Gerardo Roa

Novo O'Día

Si bien existen ciertos antecedentes previos, este operativo inicia su concreción con la aparición de una nota en la publicación Novo O'Día (Curitiba, Brasil), el día 25 de Junio de 1975, en la que se informa del asesinatos de 59 militantes del MIR en enfrentamientos con fuerzas del gobierno argentino en la localidad de Salta.

De acuerdo con los antecedentes recogido por la investigadora brasileñas Maria Helena Wiechmann, con la colaboración de Josefina Palazzo Ayres, de la División de Documentación del Estado de Paraná y citadas por el periodista Ernesto Carmona, en los archivos de la Biblioteca Publica de Curitiba consta que el antiguo diario O Día sacó tres ediciones en 1975, modificando su nombre anteponiendo el adjetivo Novo a su viejo logotipo.

Novo O'Día apareció el 15 de abril, 31 de mayo y 25 de junio de ese año.  El periódico, que aparece dirigido por Almir H. De Lara, fue fundado el 2 de julio de 1870 y relanzado en 1896, 1901, 1923 y 1975, año en que imprimió sus tres ediciones en la Cromográfica Editora Limitada, rua Augusto Stelfels 793, por encargo de la Imperium Sociedade Jornalistica e Publicitaria Ltda.

El financiamiento de esta acción en Brasil, según está acreditado en varios juicios, provino de la entonces estatal Línea Aérea Nacional y de la embajada de Chile en Brasil, señalándose la responsabilidad del agente de la DINA Gerardo Roa Araneda, funcionario entonces de LAN.

En su edición del 25 de Junio, el diario Novo O'Día, en Curitiba, Brasil, da cuenta de la muerte de 59 “extremistas marxistas” chilenos abatidos en Salta, Argentina e incluye sus nombres completos. 

Bajo el título de "Terroristas chilenos na interior da Argentina", informaba que las acciones terroristas en Argentina iban en aumento en los últimos días, habiéndose registrado choques con las fuerzas de seguridad en Salta, Tucumán, Mendoza, Córdoba y Rosario. La información finaliza señalando que en esos encuentros con las fuerzas de seguridad argentinas, habían sido identificados entre los muertos los miembros del MIR y entregaban una lista con 59 nombres completos, ordenados alfabéticamente por apellidos.

Diversas publicaciones e informes sobre el tema señalan que el responsable de gestionar la aparición de esta información en ese diario, fue el agregado de prensa de la Embajada de Chile en Brasil, Jaime Valdés, quien actuaba de coordinador de las actividades de la DINA en esta materia.

Los 98 procesamientos dictados esta semana por el ministro de fuero Víctor Montiglio hablan de la magnitud de la organización detrás de la Operación Colombo, que terminó con el asesinato y desaparición de 119 opositores a la dictadura de Pinochet. Pero en la decisión judicial faltan actores: la prensa y el hombre que orquestó la campaña de desinformación, Álvaro Puga, así como los periodistas y miembros de los organismos de seguridad argentinos que participaron activamente en el más masivo de los asesinatos políticos de esa época.

El 24 de julio de 1975 los chilenos se encontraron en los kioscos con titulares sangrientos: “El MIR asesina a 60 de sus hombres en el exterior” (La Tercera), “Identificados 60 miristas ejecutados por sus propios camaradas” (El Mercurio), “Sangrienta pugna del Mir en el exterior” (Las Últimas Noticias) y el emblemático “Exterminados como ratones” (La Segunda).

Los cuatro diarios dejaban impresas para la historia el sinnúmero de mentiras fabricadas para ocultar la Operación Colombo, la misma por la que esta semana el ministro de fuero Víctor Montiglio procesó a 98 personas por su responsabilidad en el asesinato de 119 opositores a la dictadura de Pinochet.

Pese al casi centenar de personas imputadas, el juez no se adentró en el rol de la prensa de aquellos días, que fue clave para conseguir el “éxito del plan”. De esa historia se hizo cargo hace dos años el Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas, que en un fallo de 35 páginas estableció quiénes redactaron y publicaron esas informaciones falsas, decretando sanciones.

El sumario estableció responsabilidades de los entonces directores de El Mercurio, René Silva Espejo, y La Segunda, Mario Carneyro, aunque ambos fueron declarados inimputables por haber fallecido. También se sancionó con censura pública y suspensión de seis meses de colegiatura a los ex directores de Las Últimas Noticias, Fernando Díaz Palma, y La Tercera, Alberto Guerrero. Además, se sancionó a la periodista de El Mercurio, Beatriz Undurraga con tres meses de suspensión. A la autora de este reportaje se le amonestó por no declarar en el proceso.

Si bien el sumario se remite al momento culmine de la operación, ésta comenzó antes, con una noticia publicada por los diarios La Tercera, El Mercurio, Las Ultimas Noticias y La Segunda el 12 y 13 de junio de 1975, días de toque de queda, de autos sin patente que recorrían calles y casas capturando ciudadanos que luego desaparecían. Días de terror.

“Extremistas chilenos se adiestran en Tucumán”, fue el título de uno de los matutinos. Otros despachos provenientes de Argentina dieron cuenta en los días siguientes de nuevos movimientos de ese ejército insurgente que se aprestaba a cruzar la cordillera para derrocar a la Junta Militar. Y entre medio de esa información destinada a infundir terror entre aquellos partidarios de la dictadura que comenzaban a manifestar sus críticas por la violencia extrema de la represión, se deslizaba otro contrabando que preparaba el golpe mayor: “Se destacó también que entre los extremistas hay gran cantidad de elementos del Mir y otros grupos marxistas que públicamente figuran como desaparecidos” (La Tercera, 13 de junio).

Otro supuesto despacho de la Cancillería argentina, difundido por Reuters Latin, informaba el 16 de junio: “Gendarmería argentina cerca a guerrilleros” en los alrededores de la frontera.

Hasta que el 24 de julio se publicaron los titulares que encabezan este reportaje y que daban cuenta de un ajusticiamiento dentro de las filas del Mir en el exterior.

Durante varios días se destacó que por todos los muertos se habían presentado recursos de amparo, “lo que demuestra la mentira que los marxistas han fabricado sobre la acción de los servicios de seguridad”.

Sólo un dato entregado por la prensa era verídico: los 119 chilenos que aparecían como abatidos por sus camaradas figuraban con recurso de amparo, en los que se entregaban datos y pruebas de cómo habían sido detenidos y hasta la dirección de la cárcel secreta donde se les vio por última vez con vida. Pero los jueces sin más trámite los rechazaban con sólo anexar el informe del Ministerio del Interior en que se negaba la detención.

La desesperación invadió a los familiares y amigos de los 119 chilenos allí nombrados. Golpearon cientos de puertas intentando que alguien escuchara y examinara las pruebas que demostraban que sus seres queridos estaban presos en Chile en alguna cárcel secreta. Fue inútil.

También en las cárceles y campos de detención, entonces repletas de prisioneros políticos, se vivieron momentos de dura tensión. Muchos prisioneros habían sido testigos de las brutales torturas a que gran parte de los 119 chilenos supuestamente asesinados por sus propios compañeros en Salta, Argentina, habían sido sometidos en las cárceles de la Dina. La huelga de hambre, encabezada entre otros por el encarcelado periodista José Carrasco (asesinado en 1986 por un comando de la CNI), tampoco provocó ni una sola reacción de la justicia.

Grafica el clima que se vivía esos días el relato que hizo ante el tribunal del Colegio la entonces dirigente de los familiares de las víctimas, Alicia Lorca, ante el tribunal del Colegio de Periodistas: “Pedimos la entrevista con el director del diario El Mercurio. Nos recibieron muy amablemente, y cuando le dijimos al director a lo que íbamos, se puso tan furioso que nos echó a grito pelado. Con decirle que mucha gente que estaba en el edificio salió a ver lo que pasaba. Tuvimos que bajar corriendo la escalera porque incluso nos amenazó con hacernos sacar con la guardia”.

Tampoco les aceptaron una inserción pagada. No había posibilidad de que se supiera la verdad.

O’Día y Lea: un milagro editorial

Las fuentes de la información difundida fueron el diario Novo O’Día de Curitiba, Brasil, que el 25 de junio informó del asesinato de 59 militantes del MIR –y daba los nombres- en “enfrentamientos con fuerzas del gobierno argentino en Salta”; y la revista Lea de Buenos Aires del 15 de julio, que entregó otra nómina de 60 “extremistas chilenos eliminados por sus propios compañeros de lucha”.

Deberían pasar más de 10 años para desentrañar el misterio de O’Día, un antiguo diario de Brasil que sólo reapareció el 25 de junio con el único objetivo de hacer pública la nómina de los 59 extremistas “asesinados” por sus compañeros.

En agosto de 1992, la autora de esta crónica con una investigación en mano concurrió a las oficinas de la Intendencia metropolitana donde se desempeñaba como jefe de Comunicaciones Gerardo Roa, quien en democracia seguía ocupando el mismo cargo que en dictadura. No le quedó más remedio que asumir que efectivamente él había sido el hombre que negoció la reaparición de O’Día, y que las instrucciones, así como la nómina de muertos, se las había entregado Manuel Contreras.

Lo primero era cierto, lo segundo, no. Porque quien le entregó el artículo que saldría publicado fue Álvaro Puga, director de Asuntos Civiles de la Junta Militar y jefe de Operaciones Sicológicas de la Dina.

Lo anterior fue publicado en el diario La Nación (13 de agosto de 1992), pero Roa continuó por largo tiempo en su sillón en la Intendencia.

En cuanto a Lea, su edición en la que figura como director Juan Carlos Viera, fue editada por Codex, dependiente del Ministerio de Bienestar Social de Argentina, cuyo titular era José López Rega, el jefe del grupo paramilitar “Triple A” que ya por esos días comenzaba a dejar un balance de muertos en el vecino país. También esa edición de 20 mil ejemplares fue la única. Nunca más salió a los kioscos.

El nombre de esta operación así como los detalles de su planificación en el exterior se hallaron en el archivo secreto de la Dina que conservaba su agente en Buenos Aires, Enrique Arancibia Clavel (condenado a prisión perpetua por el crimen del general Carlos Prats y su esposa, pero hoy en libertad condicional) y que la autora de esta crónica hallaría en los archivos judiciales de ese país en 1986. Fue por esos documentos que se supo que la Dina había bautizado a ese crimen masivo como “Operación Colombo”.

En esos papeles está la copia del oficio N° 3 del 16 de mayo de 1975 enviado por Arancibia Clavel desde Buenos Aires al cuartel central de la Dina en Santiago: “Caso Colombo: Vicente me informó que Interpol Argentina envió todos los antecedentes como se habían solicitado el viernes 9 de mayo por vía aérea. Con esa información y previo consentimiento de COPIHUE SANTIAGO el operativo publicidad comenzará utilizando los servicios de Carlos Manuel Acuña, director de la Agencia periodística Prensa Argentina y también periodista del diario La Nación de Buenos Aires. Se tiene contactado un servicio de recortes de diarios para este caso”.

Allí estaba el nexo de Arancibia y de la Dina con Interpol y con los grupos ejecutores para hacer aparecer en esos días cuerpos atrozmente quemados como sin fueran chilenos asesinados por el Mir, cuyas fotografías también guardaba Arancibia en su archivo y cuya identidad aun se desconoce.

Pero faltaba otro protagonista clave. En otros oficios que Arancibia despacha a Santiago, está el detalle. Para la confección de las fichas de extranjería falsa que probaban el paso de los 119 chilenos a la Argentina se contó con la ayuda de Héctor García Rey, entonces subsecretario de Seguridad Interior y posteriormente hombre de confianza del ex presidente Carlos Menem. Y en un acápite especial estaban también hojas manuscritas con los nombres de los 119 chilenos agrupados detrás de cada paso cordillerano por donde se les haría aparecer cruzando la cordillera.

Todo aquello fue coordinado por el entonces jefe del Departamento exterior de la Dina, coronel Raúl Eduardo Iturriaga Neumann.

En Chile, el hombre encargado de orquestar la difusión de la información relativa a Colombo fue Álvaro Puga. Así lo probó el sumario realizado por el Colegio de Periodistas al recibir los testimonios de los periodistas que redactaron las informaciones de esos días y que dan cuenta de que Puga la entregó en el propio edificio Diego Portales, donde funcionaba la Junta Militar. Por esos días, además de trabajar junto a Pinochet y a Manuel Contreras, Puga escribía columnas en La Segunda, las que firmaba con el seudónimo de Alexis.

Todavía se hace llamar de esa forma algunas veces en Despierta Chile, el sitio web ultrapinochetista que dirige hace algunos años. Su discurso no ha cambiado ni un ápice. Hace tres años dio una entrevista a The Clinic y repitió una versión sobre los desaparecidos que a estas alturas suena a ciencia ficción: “Muchos de ellos murieron en combate. Según lo que dicen los militares”.

Así lo ven treinta años después

Uno de los elementos mas reveladores del sumario del organismo gremial es la transcripción de las versiones entregadas por distintos periodistas requeridos.

El sancionado Fernando Díaz Palma, entonces director de Las Últimas Noticias, reconoció que fue una operación y un fraude. “30 años después hemos venido a escuchar muchas cosas de lo que estaba pasando… Muertos, desaparecidos, desenterrando gente… Claro, si nosotros hubiéramos podido o hubiésemos sabido esas cosas las habríamos tenido que investigar sin perjuicio de correr riesgos… Faltó haber cubierto las cosas y haber hecho las investigaciones propias”.

Mirando hacia atrás, Alberto Guerrero, director de La Tercera de la época, declaró: “A lo mejor habría preferido tener más alma de héroe y habérmelas jugado pero con el ambiente que vivíamos…, no sé, uno tiene familia, cuida su fuente de trabajo… Con la perspectiva del tiempo a lo mejor diría me da lo mismo jugármela y que pase lo que pase”.

El actual editor de servicios informativos de El Mercurio y entonces subdirector de La Tercera, Héctor Olave, también reflexionó sobre los tiempos que se vivían. “La pregunta es por qué se publica y por qué no se constata, por qué no se «chequea». Y hay que estar haber viviendo en aquellos años…. No era tan simple la cuestión”, declaró.

John Dinges: revelaciones sobre Álvaro Puga

Uno de los testimonios más gravitantes del sumario del Colegio de Periodistas fue el del codirector de CIPER, John Dinges. Estaba en Chile en esos días y hasta 1978 como corresponsal del Washington Post, las revistas Time y Latin America Press y la radio ABC.

“A fines de julio de 1975 viajé a Buenos Aires con amplia documentación sobre el caso de los 119 y el resultado de mi investigación periodística. Con mi jefe de Time, Rudolf Rauch, consideramos que era demasiado peligroso escribir sobre el caso desde Chile, por lo que Rauch me pidió viajar a Buenos Aires.

Mi investigación demostró la falsedad de las noticias aparecidas en Chile, basado en Lea y O’ Día, y que las personas nombradas en las listas habían desaparecido en Chile. El primer reportaje salió en Time, sin mi firma. Después, escribí un reportaje más completo en la revista National Catholic Reporter, bajo el seudónimo “Ramón Marsano”. En ese ultimo, hablo de la actuación de Álvaro Puga como uno de los responsables de la elaboración del plan y distribución del material tanto a los órganos de prensa argentina y brasileña como a periodistas en Chile.”

“En los dos años posteriores tuve oportunidad de conocerlo y de confirmar su trabajo en la Dina. La primera vez fue en 1977. Puga ejercía funciones de supervigilancia a los corresponsales extranjeros y me citó a su oficina para presentarle oficialmente a Karen DeYoung, corresponsal jefe para América Latina del Washington Post. Yo ya había tenido problemas serios con el gobierno: en febrero de ese año, me había decretado la expulsión por supuestos “actos contra Chile”. Por intervención del embajador norteamericano David Popper, el decreto fue dejado sin efecto. Popper, según cables desclasificados que tengo en mi poder, argumentó en dos conversaciones confidenciales con el entonces ministro de RR EE que semejante acción en mi contra causaría graves problemas a Chile con EE UU. Así que cuando meses más tarde fui a ver a Puga con la señora De Young, este me ordenó entrar en su oficina a solas. Allí me dijo que fue un error que el gobierno no pudiera expulsarme porque mis trabajos periodísticos eran anti-chilenos. Más o menos textualmente dijo que, como no me pudieron echar, tampoco me podían proteger, y que andaban ‘muchos terroristas’ por las calles que me podían atropellar mientras caminaba.

“A través de los años, por mis investigaciones para los dos libros que he escrito sobre las dictaduras en Chile y en el Cono Sur, pude saber más sobre Álvaro Puga y su ligazón con Dina, de su trabajo en el departamento “psicológico” y directamente con Manuel Contreras. Más recientemente he descubierto documentos secretos que también establecerían una ligazón entre Puga y los trabajos internacionales de Dina, especialmente relacionados con Argentina.”

Los familiares de los 119 detenidos desaparecidos de la llamada Operación Colombo expresaron satisfacción por un fallo del Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas de Chile que sancionó a los profesionales involucrados en el montaje que en 1975 intentó disfrazar la suerte de 119 víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet.

El abogado Hiram Villagra y Roberto D'Orival, dirigente máximo de la "Corporación Colectivo de Familiares y Amigos de Los 119", encabezaron una conferencia de prensa que anunció las futuras acciones legales que emprenderán a partir del fallo ético.

Los familiares de las víctimas hablaron con la prensa teniendo a sus espaldas una impresionante pared tapizada con fotografías de cada uno de Los 119, entre quienes figuran los periodistas Mario Eduardo Calderón Tapia, de 31 años en 1975, y Luis Eduardo Durán Rivas, de 29. D'Orival dijo que el Colegio de Periodistas saldó una deuda con las víctimas, sus familiares, sus propios pares y la sociedad chilena, a la vez que valoró el trabajo del tribunal ético.

La rueda de prensa se orientó hacia los corresponsales extranjeros ante el escaso interés de los medios chilenos por abordar la sanción ética como noticia, dijo D'Orival. El Colegio acordó diversas sanciones contra los responsables del montaje noticioso que en junio de 1975 presentó en la prensa la desaparición de 119 ciudadanos como si se hubieran "exterminado como ratas" entre ellos mismos.

Para el tribunal deontológico de los periodistas, "los responsables del manejo de la información no cumplieron con su obligación profesional y su compromiso con la sociedad de trabajar con la verdad, con lo cual fallaron en su deber ético esencial". Fernando Díaz Palma, quien a la fecha dirigía el diario Las Últimas Noticias, de la cadena El Mercurio, fue sancionado con "censura pública y suspensión de su calidad de miembro del Colegio de Periodistas durante seis meses" por violar el Código de Ética. La misma sanción recayó en Alberto Guerrero Espinoza, quien se desempeñó a esa fecha como director del diario La Tercera de la Hora. Beatriz Undurraga Gómez, de El Mercurio, recibió "censura pública" y suspensión por tres meses, en tanto Mercedes Garrido Garrido, del vespertino La Segunda, también de El Mercurio", fue absuelta por falta de pruebas. René Silva Espejo y Mario Carneyro, directores de El Mercurio y La Segunda durante la publicación de las noticias falsas, fueron declarados "no imputables" por haber fallecido. Mónica González, directora del diario Siete, y Juan Pablo Cárdenas Squella, premio nacional de periodismo 2005 y consejero regional del Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), fueron "amonestados" por violar el artículo 13 del Reglamento de Instrucción de Sumarios para los Tribunales de Ética y Disciplina del Colegio, cuyo texto establece "que ningún periodista colegiado podrá negarse a prestar declaración en un sumario o a concurrir a las audiencias a que sea citado con ese objeto, salvo que medie causa legítima de excusa". Los periodistas afectados concurrieron a declarar, en un reconocimiento explícito de la autoridad del Colegio para juzgar sus conductas éticas. La mayoría justificó su actuación profesional por exigencias de las empresas y posibles represalias económicas gubernamentales a través del gasto publicitario del régimen militar. Otros reconocieron falta de rigor profesional. Ninguno de los afectados apeló al fallo del tribunal ético de primera instancia, dando por aceptada la sanción de sus pares, ejecutoriada la semana pasada. El instructor del sumario fue el periodista Alfredo Taborga Molina, autor de un expediente de 300 páginas, cuyo contenido de declaraciones y testimonios constituye una valiosa radiografía del periodismo chileno de la época. La sanción fue aprobada por la unanimidad de los miembros del Tribunal Regional de Ética y Disciplina del Consejo Regional Metropolitano (Santiago) del Colegio, Doris Jiménez Villarroel, Enrique Contreras González, Víctor Abudaye Soto y Ricardo Urzúa Munita. La tuición de los colegios profesionales sobre la conducta ética de sus asociados fue restablecida por una reforma de la Constitución Política introducida en 2005, aunque todavía falta legislar los tribunales especiales que deberán ventilar acusaciones deontológicas contra profesionales no asociados a esas organizaciones. La afiliación a los colegios no es obligatoria para ninguna profesión desde las reformas "legales" introducidas por la dictadura militar. 

FUTURAS ACCIONES JUDICIALES El fallo dejó "constancia de la perniciosa actuación del entonces funcionario civil del gobierno militar Alvaro Puga en la manipulación, amedrentamiento, censura y persecución de periodistas y medios". Según el tribunal, por tratarse de un "individuo que no es periodista y por lo tanto no miembro del Colegio de Periodistas de Chile", el abogado Puga "no es sujeto de este sumario", aunque ejercía el periodismo "de opinión" y firmaba artículos de prensa bajo el seudónimo "Alexis". El abogado Hiram Villagra anunció que la información ofrecida por el tribunal ético de los periodistas permitirá iniciar acciones legales contra los responsables de una suerte de división de guerra psicológica de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), llamada después Central Nacional de Información (CNI). Los futuros encausados serán el mismo Alvaro Puga y Anthal Lipthay, un apatrida de origen húngaro vinculado a la CIA que llegó a Chile como "especialista psicológico" al servicio de la dictadura, derivó en operador financiero del dictador Augusto Pinochet y se convirtió en millonario. Este personaje contrajo matrimonio en 1983 con la baronesa Ildiko de Orgovanyi-Hanstein en el castillo de Schwarzenegg, cerca de Graz, Austria, actualmente reside en Miami y se le atribuye la condición de "amigo íntimo" de Lucía Pinochet Hiriart, hija sesentona del ex dictador, quien lo visita con frecuencia en EEUU según fotografías de las páginas sociales de La Tercera. Otro personaje que está en la mira judicial de los familiares de las víctimas de la Operación Colombo es el coronel de aviación retirado Mario Jahn Barrera, quien se desempeñó como sub director de la DINA y, desde que pasó a retiro a mediados de los años 80, dirige el Museo Aeronáutico y del Espacio, dependiente de la Dirección de Aeronáutica Civil. Jahn Bararera usó el seudónimo de Luis Gutiérrez para viajar por el mundo como "embajador itinerante" de la Fuerza Aérea y participar en acciones de inteligencia como la Operación Cóndor. Nunca ha sido conducido ante un tribunal.

Otro sujeto que los familiares de las víctimas no pierden la esperanza de sentar en el banquillo es Gerardo Roa Araneda, agente de la DINA que siendo funcionario de la Línea Aérea Nacional (LAN) obtuvo el financiamiento para sacar tres ediciones del periódico brasilero Novo O Dia, de Curitiba, donde publicó artículos firmados con su verdadero nombre.

Esta publicación, más la revista LEA que apareció una sola vez en Buenos Aires, dieron el punto de partida al montaje de la Operación Colombo que fue extensamente amplificada por la prensa chilena encabezada por El Mercurio, La Tercera, Las Últimas Noticias, La Segunda, La Mañana de Talca, entre otros medios impresos, más la radio y televisión de la época.