Arancibia Solar Pedro Pablo

Pese al hermetismo que rodea a los principales inculpados en la desaparición del ex interventor de la CCU, Jaime Aldoney, lentamente las piezas comienzan a encajar y ya dan los primeros nombres de ex efectivos de la Armada que propinaron las torturas que terminaron con la vida del detenido en 1973.
Desde Estados Unidos, la ministra de fuero Gabriela Corti recibió antecedentes de parte de un testigo presencial de los tormentos que sufrió Aldoney y que próximamente entregará más datos al Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones. El testimonio indica que el 13 de septiembre de 1973, el ex interventor -que llevaba un día en El Belloto- fue violentamente golpeado por el ex teniente Pedro Pablo Arancibia Solar, alias "el colorín". Después de esta jornada de agresiones se perdió definitivamente la pista del detenido, hermano del ex intendente de la V Región. La trascendencia de esta declaración podría significar incluso que la ministra Corti, o integrantes de su tribunal, viajen hasta EE.UU. para conocer de primera fuente todos los antecedentes que maneja el testigo.

En cuestión de días, o tal vez sólo de horas, la ministra de fuero Gabriela Corti decretaría el procesamiento de cuatro ex oficiales de la Armada como responsables del “secuestro calificado” del ex interventor de la CCU, regidor de Limache, constructor civil y periodista Jaime Aldoney Vargas, hermano del ex intendente de Valparaíso, Gabriel Aldoney.

Los autos de procesamiento fueron solicitados el pasado 25 de octubre por el abogado y parlamentario Juan Bustos, uno de los querellantes en este caso, y se fundamentan en gran cantidad de antecedentes que configuran la plena convicción de responsabilidad en el secuestro, de los hoy oficiales en retiro de la Armada Ernesto Huber von Hapen, Patricio Villalobos Lobos, Manuel Bush López y Pedro Pablo Aracibia.

En su solicitud, el abogado Bustos pide someter a proceso a los cinco oficiales en retiro por infracción al Artículo 274 del Código Penal; es decir, por secuestro calificado en la persona de Jaime Aldoney, hecho registrado el 12 de septiembre de 1973 en Limache y El Belloto, comuna de Quilpué.

Aldoney fue detenido por Carabineros de Limache en la Planta CCU el 12 de septiembre de 1973, al día siguiente del golpe militar. Fue torturado en la Comisaría local y luego enviado a la Base Aeronaval de El Belloto, donde también fue sometido a tormentos por efectivos de la Armada que están plenamente identificados.

En el recinto naval fue visto por numerosos testigos detenidos y efectivos de la Armada que han dado testimonio de haberlo apreciado severamente lesionado, en estado prácticamente agónico.

Testigos y fuentes cercanas al proceso han sostenido a este sitio de noticias que el 14 de septiembre de 1973, Aldoney se hallaba no sólo grave por efecto de las torturas, sino además aquejado de una neumonitis, producto de su larga permanencia a la intemperie sin abrigo.

En tales circunstancias y con un informe médico como desahuciado, fue subido a una avioneta (hay quienes afirman que se trató de un helicóptero) mientras aún permanecía con vida.

Habría dejado de existir en el trayecto desde Quilpué hasta la costa, frente a Con-cón, donde habría sido arrojado al mar.

Tras un año de investigación, la ministra de fuero Gabriela Corti sometió ayer a proceso a cinco oficiales en retiro de la Armada y un civil como presuntos autores de secuestro calificado del ingeniero Jaime Aldoney (PS), detenido desaparecido desde el 12 de septiembre de 1973. El caso es emblemático para las agrupaciones de derechos humanos de la Quinta Región, ya que es uno de los pocos crímenes en que están vinculados efectivos de la Marina en su ejecución. También impacta a la Armada pues, a diferencia del Ejército y de la Fach, ésta sólo contaba con un par de oficiales (R) procesados por violaciones a los DD.HH, relacionados a acciones del Comando Conjunto.

Los encausados ayer son el contraalmirante (R) Ernesto Huber Von Appen, los tenientes (R), Sergio Iván Mendoza Rojas, Patricio Maximiliano Villalobos Lobos, Pedro Pablo Arancibia Solar y Jaime Ondargarín Romero, y el ex cabo Manuel Bush López, actual funcionario de la Municipalidad de Quilpué. Los ex uniformados fueron trasladados ayer bajo custodia de funcionarios de la Armada y en un vehículo de esa institución al juzgado del Crimen de Limache en donde fueron notificados por la magistrada de la encargatoria de reo.

Al lugar también acudieron los diputados y abogados querellantes, Laura Soto (PPD) y Juan Bustos (PS) y el hermano de la víctima Gabriel Aldoney, director de la Empresa Portuaria de Valparaíso, quienes criticaron a la Armada por entregar "apoyo institucional" a los inculpados y la emplazaron a colaborar en el caso. "Pedimos que sea la Armada la que en un real gesto hacia el país, reconozca la verdad y finalmente le diga a la familia dónde están los restos de Jaime Aldoney", afirmó Laura Soto.

En la rama castrense ayer no se quiso hacer comentarios sobre el tema. No obstante, el comandante en jefe, Miguel Angel Vergara -quien se encuentra en Corea- señaló en septiembre pasado respecto al eventual procesamiento de los oficiales que "si se llegó al convencimiento que tienen que ser condenados, lo lamentamos, pero la justicia tiene que cumplirse".

Respaldo de senador Arancibia

El ex comandante en jefe de la Armada, senador UDI, Jorge Arancibia, manifestó ayer que los oficiales (R) "en tanto no sean encontrados culpables van a contar con mi simpatía, mi respaldo y mi apoyo si es necesario". El parlamentario señaló que el contraalmirante Huber "es amigo mío, siento un doble sentimiento de ver una persona de esa alcurnia en esa situación, confío que la justicia logre despejar las dudas". Arancibia agregó que cuando estuvo en la Armada, hizo todo lo posible por encontrar más información sobre Aldoney, pero sin éxito.

Jaime Aldoney era estudiante de periodismo e interventor de la CCU cuando fue detenido por Carabineros en 1973. Según los testimonios de la época desde la comisaría de Limache fue llevado por efectivos de la Armada a la base aeronaval de El Belloto -de la que estaba al mando Huber- allí fue torturado y se perdió su rastro. Testigos aseguran haber visto su cadáver el 26 de septiembre en la morgue del Hospital Deforme de Valparaíso. En busca de sus restos, la jueza Corti hizo el año pasado infructuosas excavaciones en Colliguay

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones, en fallo unánime, otorgó la libertad provisional a cuatro de los seis procesados por la desaparición del ex interventor de la CCU en la Quinta Región, Jaime Aldoney Vargas.

Los beneficiados con la resolución judicial son el contralmirante (R) Ernesto Huber Von Appen; los capitanes de navío (R) Sergio Mendoza y Patricio Villalobos; y el suboficial (R) Manuel Buch López.

En tanto, continúan detenidos el civil Jaime Undargarín y el capitán de navío (R) Pedro Pablo Arancibia Soler.

Jaime Aldoney, militante socialista, constructor civil, fue detenido el 12 de septiembre de 1973 en Limache y trasladado a la base aeronaval de El Belloto por personal de la Armada. Allí fue sometido a torturas y se perdió su rastro.

El abogado y diputado (PS), Juan Bustos, anunció que apelara al fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, por el caso de Jaime Aldoney, cuyo cuerpo fue lanzado al mar en 1973, luego que el ministro en visita Julio Miranda condenara a cuatro oficiales (R) de la Armada a cuatro años de libertad vigilada, a penas remitidas a otros dos involucrados y absolviera a otros dos individuos.

Bustos calificó las penas como insuficientes "deben ser de presidio mayor, pues se trata de un crimen muy grave".

Entre los sentenciados se encuentran Sergio Iván Mendoza Rojas, Patricio Maximiliano Villalobos Lobos, Pedro Pablo Arancibia Solar y Jaime Urdangarín Romero, además del contraalmirante (R) Ernesto Hubert von Appen y el suboficial Manuel Bush López, quienes obtuvieron penas que van desde los 72 días hasta los cuatro años de presidio que podrán cumplir de manera remitida.

Jaime Aldoney era estudiante de Periodismo, constructor civil, regidor de Limache e interventor de la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU) cuando fue detenido por Carabineros en 1973.

Según los testimonios de la época, desde la comisaría de Limache fue llevado por efectivos de la Armada a la base aeronaval de El Belloto -de la que estaba al mando Huber- allí fue torturado y se perdió su rastro.

Media prescripción en caso Alsina

La Segunda Sala de la Corte Suprema confirmó la condena contra Donato López Almarza por el homicidio del sacerdote español Joan Alsina Hurtos, ocurrido el 16 de septiembre de 1973 en el Puente Bulnes de Santiago.

En fallo dividido los magistrados Alberto Chaigneau, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch y los abogados integrantes Fernando Castro y Domingo Hernández sentenciaron a tres años y un día a López Almarza concediendo el beneficio de la libertad vigilada al condenado.

La sentencia aplica la media prescripción, previsto en el artículo 103 del Código Penal para rebajar la condena de segunda instancia que había sentenciado a López Almarza a 5 años y un día de presidio, sin ningún tipo de beneficios.

El ministro Ballesteros era partidario de aplicar la prescripción a favor del condenado.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso aplicó penas tan bajas que los siete condenados las cumplirán en libertad.

La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso no aplicó el derecho penal internacional que declara inamnistiables e imprescriptibles los delitos de lesa humanidad, y dejó libre a los siete secuestradores del regidor socialista Jaime Aldoney Vargas, cuyo cuerpo fue, presumiblemente, lanzado al mar por los mismos oficiales de la Armada liberados.

Los ministros Manuel Silva Ibáñez y Gonzalo Morales (voto de mayoría) aplicaron el criterio jurídico de la "media prescripción" y aplicaron condenas de tres años y 541 días en contra de los seis capitanes de navío (R) -Patricio Villalobos Lobos, Pedro Arancibia Solar, Jaime Urdangarín Romero, Germán Valdivia Keller, Guillermo Vidal Hurtado y Sergio Mendoza Rojas- y el contraalmirante (R) Ernesto Huber von Appen.

Como las penas son inferiores a cinco años y un día todos los sentenciados las cumplirán en libertad.

La media prescripción es una fórmula "de reconciliación", instalada hace dos años por la Sala Penal de la Corte Suprema, que permite aplicar penas bajas a quienes cometieron crímenes durante la dictadura.

La sentencia fue considerada "grave y lamentable" por la abogada del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior, Karina Fernández, querellante en la causa: "se aplicó un tipo de prescripción a violadores de derechos humanos que les permite seguir libres, en una sentencia absolutamente contradictoria con los principios del derecho internacional".

La abogada dijo a La Nación que "la Armada no colaboró en la investigación, por lo que es aún más injusto" y agregó que "recurriremos de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema".

Jaime Aldoney, ex interventor de la Compañía de Cervecerías Unidas de Limache y hermano del ex intendente de Valparaíso, Gabriel Aldoney, fue detenido tras el golpe militar de 1973 y torturado en la base aérea naval de El Belloto, desde donde despareció.

La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por el secuestro calificado de Jaime Aldoney Vargas, periodista y ex regidor de Limache, y ejecutado a partir del 12 de septiembre de 1973 desde la base aeronaval de El Belloto.

En fallo dividido los ministros de la Segunda Sala Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch y Carlos Künsemüller determinaron las penas, acogiendo la investigación que realizó el ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Julio Miranda Lillo.
La condena se dictó con el voto en contra de los ministros Segura y Ballesteros, quienes fueron partidarios de acoger la causal de prescripción de la acción penal.
El fallo absolvió a dos de los ocho acusados en la causa por falta de participación en los hechos: el contraalmirante en retiro Ernesto Huber Von Appen y al oficial en retiro Manuel Buch López.
Cinco de los otros acusados fueron condenados a 5 años de presidio con el beneficio de la libertad vigilada. Ellos son los capitanes de navío Patricio Villalobos Lobos, Pedro Arancibia Solar, Jaime Urdangarín Romero, y Germán Valdivia Keller.
Como encubridor se condenó al capitán Guillermo Vidal Hurtado a la misma sentencia, mientras que al capitán en retiro Sergio Mendoza Rojas se le aplicaron sólo 4 años y también con libertad vigilada.
En el aspecto civil se determinó que los condenados Valdivia Keller, Arancibia Solar, Urdangarín Romero y Mendoza Rojas deben cancelar una indemnización solidaria de $ 30.000.000 a Gabriel e Iván Aldoney Vargas, hermanos de la víctima.
Asimismo se desestimó la demanda en contra del Fisco de Chile acogiendo la causal de incompetencia absoluta del tribunal.
En el aspecto civil, la determinación de acoger la excepción a favor del Fisco de Chile se adoptó con el voto en contra de los ministros Dolmestch y Künsemüller.

 

Rebelión

22 de agosto del 2001

Así asesinaba la Marina chilena en dictadura

Cuatro oficiales (r) de la Armada inculpados en desaparición de Jaime Aldoney. Contraalmirante (r) Ernesto Huber Von Appen ha entregado dos versiones contradictorias para deslindar cargos. Querellantes han solicitado que el ex comandante de la Armada, Jorge Arancibia, declare ante la jueza que investiga su desaparición. Caso amenaza con destapar las violaciones a los DDHH en que incurrió la Marina.

El Belloto fue un conocido campo de prisioneros políticos opositores a la dictadura que comenzó a operar e1 de septiembre de 1973. Por él pasaron detenidos que sufrieron apremios ilegítimos, torturas, violaciones y simulacros de fusilamiento. Prácticamente todos los detenidos de la Quinta Región estuvieron allí. En ese camåp de concentración eran comunes las torturas, siendo las más habituales la aplicación de corriente eléctrica y el "submarino" (sumersión de la cabeza en agua, heces u orina). La estadía de los prisioneros no se extendía por más de diez días. Posteriormente eran trasladados hasta los buques Maipo, Lebú o Esmeralda que los llevaban al campo de concentración de Pisagua.

Donde hoy se alza un supermercado y un restorán de comida rápida, antes funcionaban las instalaciones del campo de concentración de El Belloto bajo las ordenes de efectivos de la Armada. En este lugar, fue donde vieron testigos por última vez al ex interventor de la Compañía Cervecería Unidas (CCU) Jaime Aldoney. Su cuerpo, aún no es hallado. Aldoney, constructor civil, militante PS, hermano del ex intendente de la Quinta Región Gabriel Aldoney, fue detenido el 12 de septiembre de 1973, por ser ex regidor e interventor de la CCU. Su rastro se perdió el 14 de septiembre de 1973, cuando tenía 30 años.

Durante la madrugada del 11 de septiembre de 1973 fue bombardeada la radio Limache. Ante el temor , Aldoney decidió acompañar a los trabajadores que se encontraban en la fábrica de la CCU. Al día siguiente, comenzaron a ordenar la empresa para entregarla a las FF.AA. Contingentes de la Armada, Carabineros y civiles militantes de Patria y Libertad, llegaron hasta el lugar y detuvieron a Aldoney y otros diez trabajadores. Entre ellos figuraban el presidente del sindicato Oscar Henríquez Villanueva y los trabajadores José Cabezas y Humberto Rodríguez. Fueron trasladados hasta la Comisaría de Carabineros de Limache. Según testigos, en este lugar Aldoney fue golpeado por los oficiales. Entre los torturadores se encuentra identificados el comandante Bezoain, detective Salvo y cabo Becerra. Secundaba a éstos los terroristas de Patria y Libertad. Esa misma noche fue conducido junto a otros detenidos a la Base Aeronaval de El Belloto. Ninguno de los inculpados ha comparecido ante los tribunales. Sólo son los testimonios de los detenidos los que aporten pruebas. Éstas son concluyentes. Uno de ellos señala que "incluso algunos de los agresores eran vecinos nuestros".

Los marinos interrogaban a los presos políticos sobre armas de un barco ruso que nunca existió. De las torturas responsabilizan, entre otros, al ex teniente Pedro Pablo Arancibia Solar ("El Colorín"), quien también participó en las torturas que costaron la vida a Aldoney.

Los testimonios continúan. Sergio Clark Lillo estuvo detenido con Aldoney. Declara que primero se encontró con él en la Comisaría de Limache y "mientras permanecí en ese lugar, escuché balazos y ruido de aviones y helicópteros que sobrevolaron la Comisaría". Añade que más tarde los prisioneros, que ya habían sido torturados, fueron trasladados hasta El Belloto. "Fuimos ubicados en el sector de la cancha de aterrizaje, tendidos en el suelo boca abajo y con las manos en la nuca. Recuerdo a Aldoney. El trato que recibimos en esa ocasión fue muy duro, porque los marinos nos preguntaban nuestras identidades en medio de golpes, culatazos y saltos sobre el cuerpo de los detenidos". "A mí y otro detenido, se nos hizo simulacro de fusilamiento, obligándonos previamente a cavar un hoyo que simulaba ser el lugar de nuestra inhumación, para luego escuchar el estampido de disparos", dice Clark. En cuanto a Aldoney -indica en la declaración jurada con fecha 7 noviembre de 1989- "fue sacado del lugar el 13 de septiembre, pero yo no vi quienes eran los que lo llevaban, sólo sé que su estado era precario, todos creían que estaba moribundo".

LAS MENTIRAS DE UN ASESINO

Sergio Clark, Carlos Aguilar, Waldo Ortega, Pedro Arellano, Enrique Villanueva, José Cabezas y Humberto Rodríguez, son algunas de los que dieron testimonio -mediante declaraciones juradas- de que Aldoney se encontraba en un "deteriorado estado de salud, al borde de la muerte". Todos coinciden en que su último día en El Belloto fue el 13 de septiembre. Pero, el contraalmirante (r) Ernesto Huber Von Appen, quien estuvo a cargo de ese campo de concentración, los ha contradecido no con una, sino con dos versiones falsa. Así, al comparecer ante la ministra en visita del caso, Gabriela Corti, Von Appen señaló que ese mismo día el detenido se fugó del recinto, eludiendo las medidas de seguridad de la Marina. Esa declaración se contradice con la que el mismo oficial le dijo en octubre de 1973 a María Isabel Bazignam, esposa de Jaime Aldoney. En efecto, consta en la declaración jurada de la cónyuge, que se entrevistó con Von Appen, que el contraalmirante le señaló que "su marido fue detenido por error y había sido dejado en libertad el 13 de septiembre".

En ambas versiones fraudulentas, la incógnita es la misma: ¿cómo un detenido que fue sometido a torturas durante dos días pudo escapar de un campo de prisioneros, sin que se haya ordenado una investigación?. De acuerdo a las versiones del contraalmirante (r) Von Appen, el detenido "huyó" el 13 de septiembre. Lo extraño es que jamás la institución castrense hizo un operativo de búsqueda, tampoco realizó una investigación interna y en las actas de la institución, nada se dice de un incidente en que un detenido haya escapado. Más extraño resulta para uno de los testigos clave del caso que vio el 12 de septiembre a Aldoney "con severas heridas en todo el cuerpo". Acaban de someterlo a una sesión de tortura que incluyó el tradicional "submarino" y presentaba dislocaciones serias en su cuerpo "no podía moverse, ni siquiera se mantenía en una posición. cómo se iba escapar de un lugar donde la seguridad era la norma".

No hay respuesta a las falaces afirmaciones de Von Appen en el proceso que se instruye en Valparaíso por el delito de secuestro calificado en contra de 4 oficiales de la Armada y de Augusto Pinochet. En cambio, para uno de los detenidos en El Belloto, que conoció a Aldoney y lo vió el 13 de septiembre, luego de una sesión de tortura, la única explicación valida es que "lo mataron al interior de El Belloto". Añade que era imposible que se fugara del recinto, y menos aún luego de haber sido golpeado. "El no podía caminar a esas alturas tenía la vista perdida y sus extremidades quebradas". Además, otro compañero de reclusión señala que pudo escuchar como los marinos solicitaban instrucciones por radio para "ver que hacían con él que se nos va". Esa noche, recuerda, despegaron helicópteros e inventaron una balacera para enfrentar un supuesto ataque terrorista. También salió del recinto una camioneta. Y, según este testigo, luego de la desaparición de Aldoney, los uniformados intimidaban a los prisioneros diciéndoles: "Aldoney ya cagó, hablen de una vez".

Wladimiro Morales, otro testigo, añade que el 13 de septiembre, cuando el detenido supuestamente se había fugado, vio a Aldoney a bordo del Buque Maipo: "Vi sólo una vez a Jaime Aldoney mientras permanecía en la bodega del centro, pues había mucha gente, además costaba poder ubicarse en un sector, costaba volver al mismo sector de la bodega, porque estaba repleto". Además, de señalar que este encuentro fue antes que la nave zarpara en dirección a Pisagua, asegura que al descender del barco no encontró a Aldoney, ni tampoco lo vió durante su retención en Pisagua. Ello confirmaría la tesis de que el ex interventor fue trasladado a bordo de una camioneta de El Belloto hacia el buque de la Armada, donde habría permanecido sólo unas horas. Luego las pistas se pierden. Los detenidos aseguran que helicópteros sobrevolaron el lugar y cargaron bultos semejantes a cuerpos que habrían lanzado al mar o la cordillera.

Un inspector de Vialidad asegura que el 14 de septiembre vió una camioneta que transportaba un cuerpo de una persona malherida. Se acercó y pudo ver que se trataba de Jaime Aldoney, a quien conocía porque vivía cerca de su casa. Al día siguiente, otro grupo de oficiales le contaron que había "un gran lío" porque se "habían echado al Aldoney".

ANTECEDENTES DE LOS TORTURADOS Y ASESINOS

El proceso por la desaparición de Aldoney se inició en julio de 1990 con la denuncia de presunta desgracia interpuesta por su esposa, la que fue acogida por la magistrada Rosario Lavín, titular del Juzgado de Letras de Limache. Pero, desde 1990 a 1998, período en que la jueza Lavín tramitó la causa, el proceso no avanzó. Ello motivó las críticas del ex intendente Gabriel Aldoney, hermano de Jaime, quien acusó a la magistrada de "no querer investigar la desaparición". Sólo con la presentación de una querella por secuestro calificado y la designación de la ministra Corti, el proceso comenzó a avanzar.

"A Jaime Aldoney lo mataron con las torturas en El Belloto. Yo lo vi moribundo, y luego los propios represores me decían a mí y a todos los detenidos en el lugar que estaba fiambre". Ese es el tenor del testimonio que entregó al Departamento Quinto de Investigaciones uno de los testigos. La investigación ha conducido al virtual esclarecimiento policial del caso. Sólo restan algunas diligencias para que la magistrada inicie los interrogatorios y careos de los 4 oficiales (r) de la Armada inculpados con los testigos que los inculpan. De hecho, es el único de los 89 desaparecidos de la zona donde la justicia ha avanzado y amenaza con destapar el rol de los marinos en las violaciones a los DD.HH durante la dictadura. Mientras que la cúpula de mando de la Marina ha negado que se haya actuado con violencia en contra de opositores de la tiranía, pero según informes de la Vicaría de la Solidaridad y de la Comisión Rettig, las actividades de seguridad y represión en la V Región le fuerin asignada a la Marina y Carabineros.

"Hablen que ya cagó Aldoney", es la fatídica frase que recuerda uno de los detenidos en El Belloto, cuyo testimonio revela que vió "al borde de la muerte" el 14 de septiembre en la mañana al ex interventor de la CCU. La frase provino de uno de sus torturadores, quien respondía a la chapa de "Jimmy", uno de los pocos inculpados que aún no ha sido identificado, aunque los querellantes ya han avanzado en determinar su nombre. Mientras que la nómina, sobre la que trabaja la jueza Cort, incluye al contraalmirante (R) Ernesto Huber von Appen, quien se desempeñaba en la época como comandante de la Aviación Naval con asiento en El Belloto y "no pudo desconocer las torturas que se aplicaban en el lugar que estaba a su mando", dice la querella que pide su procesamiento. También figura como inculpado el jefe de plaza de Limache y Olmué, ex comandante Sergio Iván Mendoza Rojas, que "recibía órdenes directas de la superioridad naval, incluyendo las que se referían a detenciones por motivos políticos", agrega el libelo. Además, Patricio Villalobos Lobos figura como el encargado de inteligencia en la base durante 1973 y "su labor específica consistía, al menos, en ordenar las detenciones de personas que figuraban en una lista que le entrega la superioridad y en recibir a los prisioneros capturados, procediendo a dirigir los interrogatorios que se realizaban". Mientras que el ex teniente Pedro Pablo Aranciabia Solar fue reconocido por uno de los testigos en la causa como el más cruel torturador del recinto. Respondía a la chapa de "El Colorín" y en sus procedimientos destacaban el uso de corriente y del submarino (sumersión de la cabeza durante varios minutos en agua, orina o heces). Todos ellos junto con Augusto Pinochet están inculpados por el delito de secuestro calificado y, de acuerdo a la parte querellante, las pruebas indican que deberán ser procesados en el más breve plazo, si es que hay realmente justicia en Chile. Por ahora, las actividades del Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones se concentran en ubicar el cuerpo del asesinado dirigente socialista, quien no figura en el fraudulento informe que las FF.AA entregaron en enero, en el marco de la Mesa de Diálogo.

El abogado Juan Bustos, querellante en el proceso, ha presentado un escrito solicitando la citación e interrogatorio del ex comandante en jefe de la Armada y actual candidato a senador de la UDI Jorge Arancibia, por los antecedentes que tiene sobre el funcionamiento de centros de torturas de la Armada y que lo convienten en cómplice y superior responsable de tales crímenes. Pero, de acuerdo a la corrupta justicia chilena, un manto de impunidad encubrirá su contribución a la violación de los DD.HH y podrá convertirse en "Honorables Senador".

 

Cuatro oficiales (r) de la Armada inculpados en desaparición de Jaime Aldoney. Contraalmirante (r) Ernesto Huber Von Appen ha entregado dos versiones contradictorias para deslindar cargos. Querellantes han solicitado que el ex comandante de la Armada, Jorge Arancibia, declare ante la jueza que investiga su desaparición. Caso amenaza con destapar las violaciones a los DDHH en que incurrió la Marina.

El Belloto fue un conocido campo de prisioneros políticos opositores a la dictadura que comenzó a operar e1 de septiembre de 1973. Por él pasaron detenidos que sufrieron apremios ilegítimos, torturas, violaciones y simulacros de fusilamiento. Prácticamente todos los detenidos de la Quinta Región estuvieron allí. En ese camåp de concentración eran comunes las torturas, siendo las más habituales la aplicación de corriente eléctrica y el "submarino" (sumersión de la cabeza en agua, heces u orina). La estadía de los prisioneros no se extendía por más de diez días. Posteriormente eran trasladados hasta los buques Maipo, Lebú o Esmeralda que los llevaban al campo de concentración de Pisagua.

Donde hoy se alza un supermercado y un restorán de comida rápida, antes funcionaban las instalaciones del campo de concentración de El Belloto bajo las ordenes de efectivos de la Armada. En este lugar, fue donde vieron testigos por última vez al ex interventor de la Compañía Cervecería Unidas (CCU) Jaime Aldoney. Su cuerpo, aún no es hallado. Aldoney, constructor civil, militante PS, hermano del ex intendente de la Quinta Región Gabriel Aldoney, fue detenido el 12 de septiembre de 1973, por ser ex regidor e interventor de la CCU. Su rastro se perdió el 14 de septiembre de 1973, cuando tenía 30 años.

Durante la madrugada del 11 de septiembre de 1973 fue bombardeada la radio Limache. Ante el temor , Aldoney decidió acompañar a los trabajadores que se encontraban en la fábrica de la CCU. Al día siguiente, comenzaron a ordenar la empresa para entregarla a las FF.AA. Contingentes de la Armada, Carabineros y civiles militantes de Patria y Libertad, llegaron hasta el lugar y detuvieron a Aldoney y otros diez trabajadores. Entre ellos figuraban el presidente del sindicato Oscar Henríquez Villanueva y los trabajadores José Cabezas y Humberto Rodríguez. Fueron trasladados hasta la Comisaría de Carabineros de Limache. Según testigos, en este lugar Aldoney fue golpeado por los oficiales. Entre los torturadores se encuentra identificados el comandante Bezoain, detective Salvo y cabo Becerra. Secundaba a éstos los terroristas de Patria y Libertad. Esa misma noche fue conducido junto a otros detenidos a la Base Aeronaval de El Belloto. Ninguno de los inculpados ha comparecido ante los tribunales. Sólo son los testimonios de los detenidos los que aporten pruebas. Éstas son concluyentes. Uno de ellos señala que "incluso algunos de los agresores eran vecinos nuestros".

Los marinos interrogaban a los presos políticos sobre armas de un barco ruso que nunca existió. De las torturas responsabilizan, entre otros, al ex teniente Pedro Pablo Arancibia Solar ("El Colorín"), quien también participó en las torturas que costaron la vida a Aldoney.

Los testimonios continúan. Sergio Clark Lillo estuvo detenido con Aldoney. Declara que primero se encontró con él en la Comisaría de Limache y "mientras permanecí en ese lugar, escuché balazos y ruido de aviones y helicópteros que sobrevolaron la Comisaría". Añade que más tarde los prisioneros, que ya habían sido torturados, fueron trasladados hasta El Belloto. "Fuimos ubicados en el sector de la cancha de aterrizaje, tendidos en el suelo boca abajo y con las manos en la nuca. Recuerdo a Aldoney. El trato que recibimos en esa ocasión fue muy duro, porque los marinos nos preguntaban nuestras identidades en medio de golpes, culatazos y saltos sobre el cuerpo de los detenidos". "A mí y otro detenido, se nos hizo simulacro de fusilamiento, obligándonos previamente a cavar un hoyo que simulaba ser el lugar de nuestra inhumación, para luego escuchar el estampido de disparos", dice Clark. En cuanto a Aldoney -indica en la declaración jurada con fecha 7 noviembre de 1989- "fue sacado del lugar el 13 de septiembre, pero yo no vi quienes eran los que lo llevaban, sólo sé que su estado era precario, todos creían que estaba moribundo".

LAS MENTIRAS DE UN ASESINO

Sergio Clark, Carlos Aguilar, Waldo Ortega, Pedro Arellano, Enrique Villanueva, José Cabezas y Humberto Rodríguez, son algunas de los que dieron testimonio -mediante declaraciones juradas- de que Aldoney se encontraba en un "deteriorado estado de salud, al borde de la muerte". Todos coinciden en que su último día en El Belloto fue el 13 de septiembre. Pero, el contraalmirante (r) Ernesto Huber Von Appen, quien estuvo a cargo de ese campo de concentración, los ha contradecido no con una, sino con dos versiones falsa. Así, al comparecer ante la ministra en visita del caso, Gabriela Corti, Von Appen señaló que ese mismo día el detenido se fugó del recinto, eludiendo las medidas de seguridad de la Marina. Esa declaración se contradice con la que el mismo oficial le dijo en octubre de 1973 a María Isabel Bazignam, esposa de Jaime Aldoney. En efecto, consta en la declaración jurada de la cónyuge, que se entrevistó con Von Appen, que el contraalmirante le señaló que "su marido fue detenido por error y había sido dejado en libertad el 13 de septiembre".

En ambas versiones fraudulentas, la incógnita es la misma: ¿cómo un detenido que fue sometido a torturas durante dos días pudo escapar de un campo de prisioneros, sin que se haya ordenado una investigación?. De acuerdo a las versiones del contraalmirante (r) Von Appen, el detenido "huyó" el 13 de septiembre. Lo extraño es que jamás la institución castrense hizo un operativo de búsqueda, tampoco realizó una investigación interna y en las actas de la institución, nada se dice de un incidente en que un detenido haya escapado. Más extraño resulta para uno de los testigos clave del caso que vio el 12 de septiembre a Aldoney "con severas heridas en todo el cuerpo". Acaban de someterlo a una sesión de tortura que incluyó el tradicional "submarino" y presentaba dislocaciones serias en su cuerpo "no podía moverse, ni siquiera se mantenía en una posición. cómo se iba escapar de un lugar donde la seguridad era la norma".

No hay respuesta a las falaces afirmaciones de Von Appen en el proceso que se instruye en Valparaíso por el delito de secuestro calificado en contra de 4 oficiales de la Armada y de Augusto Pinochet. En cambio, para uno de los detenidos en El Belloto, que conoció a Aldoney y lo vió el 13 de septiembre, luego de una sesión de tortura, la única explicación valida es que "lo mataron al interior de El Belloto". Añade que era imposible que se fugara del recinto, y menos aún luego de haber sido golpeado. "El no podía caminar a esas alturas tenía la vista perdida y sus extremidades quebradas". Además, otro compañero de reclusión señala que pudo escuchar como los marinos solicitaban instrucciones por radio para "ver que hacían con él que se nos va". Esa noche, recuerda, despegaron helicópteros e inventaron una balacera para enfrentar un supuesto ataque terrorista. También salió del recinto una camioneta. Y, según este testigo, luego de la desaparición de Aldoney, los uniformados intimidaban a los prisioneros diciéndoles: "Aldoney ya cagó, hablen de una vez".

Wladimiro Morales, otro testigo, añade que el 13 de septiembre, cuando el detenido supuestamente se había fugado, vio a Aldoney a bordo del Buque Maipo: "Vi sólo una vez a Jaime Aldoney mientras permanecía en la bodega del centro, pues había mucha gente, además costaba poder ubicarse en un sector, costaba volver al mismo sector de la bodega, porque estaba repleto". Además, de señalar que este encuentro fue antes que la nave zarpara en dirección a Pisagua, asegura que al descender del barco no encontró a Aldoney, ni tampoco lo vió durante su retención en Pisagua. Ello confirmaría la tesis de que el ex interventor fue trasladado a bordo de una camioneta de El Belloto hacia el buque de la Armada, donde habría permanecido sólo unas horas. Luego las pistas se pierden. Los detenidos aseguran que helicópteros sobrevolaron el lugar y cargaron bultos semejantes a cuerpos que habrían lanzado al mar o la cordillera.

Un inspector de Vialidad asegura que el 14 de septiembre vió una camioneta que transportaba un cuerpo de una persona malherida. Se acercó y pudo ver que se trataba de Jaime Aldoney, a quien conocía porque vivía cerca de su casa. Al día siguiente, otro grupo de oficiales le contaron que había "un gran lío" porque se "habían echado al Aldoney".

ANTECEDENTES DE LOS TORTURADOS Y ASESINOS

El proceso por la desaparición de Aldoney se inició en julio de 1990 con la denuncia de presunta desgracia interpuesta por su esposa, la que fue acogida por la magistrada Rosario Lavín, titular del Juzgado de Letras de Limache. Pero, desde 1990 a 1998, período en que la jueza Lavín tramitó la causa, el proceso no avanzó. Ello motivó las críticas del ex intendente Gabriel Aldoney, hermano de Jaime, quien acusó a la magistrada de "no querer investigar la desaparición". Sólo con la presentación de una querella por secuestro calificado y la designación de la ministra Corti, el proceso comenzó a avanzar.

"A Jaime Aldoney lo mataron con las torturas en El Belloto. Yo lo vi moribundo, y luego los propios represores me decían a mí y a todos los detenidos en el lugar que estaba fiambre". Ese es el tenor del testimonio que entregó al Departamento Quinto de Investigaciones uno de los testigos. La investigación ha conducido al virtual esclarecimiento policial del caso. Sólo restan algunas diligencias para que la magistrada inicie los interrogatorios y careos de los 4 oficiales (r) de la Armada inculpados con los testigos que los inculpan. De hecho, es el único de los 89 desaparecidos de la zona donde la justicia ha avanzado y amenaza con destapar el rol de los marinos en las violaciones a los DD.HH durante la dictadura. Mientras que la cúpula de mando de la Marina ha negado que se haya actuado con violencia en contra de opositores de la tiranía, pero según informes de la Vicaría de la Solidaridad y de la Comisión Rettig, las actividades de seguridad y represión en la V Región le fuerin asignada a la Marina y Carabineros.

"Hablen que ya cagó Aldoney", es la fatídica frase que recuerda uno de los detenidos en El Belloto, cuyo testimonio revela que vió "al borde de la muerte" el 14 de septiembre en la mañana al ex interventor de la CCU. La frase provino de uno de sus torturadores, quien respondía a la chapa de "Jimmy", uno de los pocos inculpados que aún no ha sido identificado, aunque los querellantes ya han avanzado en determinar su nombre. Mientras que la nómina, sobre la que trabaja la jueza Cort, incluye al contraalmirante (R) Ernesto Huber von Appen, quien se desempeñaba en la época como comandante de la Aviación Naval con asiento en El Belloto y "no pudo desconocer las torturas que se aplicaban en el lugar que estaba a su mando", dice la querella que pide su procesamiento. También figura como inculpado el jefe de plaza de Limache y Olmué, ex comandante Sergio Iván Mendoza Rojas, que "recibía órdenes directas de la superioridad naval, incluyendo las que se referían a detenciones por motivos políticos", agrega el libelo. Además, Patricio Villalobos Lobos figura como el encargado de inteligencia en la base durante 1973 y "su labor específica consistía, al menos, en ordenar las detenciones de personas que figuraban en una lista que le entrega la superioridad y en recibir a los prisioneros capturados, procediendo a dirigir los interrogatorios que se realizaban". Mientras que el ex teniente Pedro Pablo Aranciabia Solar fue reconocido por uno de los testigos en la causa como el más cruel torturador del recinto. Respondía a la chapa de "El Colorín" y en sus procedimientos destacaban el uso de corriente y del submarino (sumersión de la cabeza durante varios minutos en agua, orina o heces). Todos ellos junto con Augusto Pinochet están inculpados por el delito de secuestro calificado y, de acuerdo a la parte querellante, las pruebas indican que deberán ser procesados en el más breve plazo, si es que hay realmente justicia en Chile. Por ahora, las actividades del Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones se concentran en ubicar el cuerpo del asesinado dirigente socialista, quien no figura en el fraudulento informe que las FF.AA entregaron en enero, en el marco de la Mesa de Diálogo.

El abogado Juan Bustos, querellante en el proceso, ha presentado un escrito solicitando la citación e interrogatorio del ex comandante en jefe de la Armada y actual candidato a senador de la UDI Jorge Arancibia, por los antecedentes que tiene sobre el funcionamiento de centros de torturas de la Armada y que lo convienten en cómplice y superior responsable de tales crímenes. Pero, de acuerdo a la corrupta justicia chilena, un manto de impunidad encubrirá su contribución a la violación de los DD.HH y podrá convertirse en "Honorables Senador".

Inmuebles donde se torturó son ocupados por la PDI, Carabineros y Armada como centros recreacionales y de hospedaje

La actual “casa de huéspedes” que la PDI tiene en Ñuñoa perteneció a un grupo dedicado a la meditación que era integrado, entre otras personas, por el astrólogo Pedro Engel. El inmueble les fue arrebatado en marzo de 1974. La casa estaba a nombre de una persona que fue detenida y torturada, y que después le traspasó la propiedad a la PDI en 1976. En ese mismo lugar fueron torturados, en 1980, dos estudiantes de la UC. Uno de ellos, Eduardo Jara, falleció. Carabineros y la Armada también mantienen propiedades para fines recreativos o de hospedaje con antecedentes de haber sido centros de tortura: el refugio Las Melosas (San José de Maipo) y el exsanatorio naval de Los Maitenes (Limache).

La tranquilidad del barrio ñuñoíno se quiebra por los autos que transitan por José Domingo Cañas. La casa blanca, de dos pisos, se emplaza en la esquina de esa calle con Obispo Orrego. Este lunes no se detecta mucho movimiento, a pesar de que hay dos autos estacionados en su interior y algunas ventanas abiertas. En este inmueble de la Policía de Investigaciones (PDI), que se ofrece como “Casa de Huéspedes” para alojar a sus funcionarios, fueron torturados en 1980 dos estudiantes de Periodismo de la Universidad Católica, según un fallo del juez Mario Carroza que espera su ratificación en la Corte Suprema.

Carroza estableció que los estudiantes Eduardo Jara (militante del MIR) y su compañera, Cecilia Alzamora, fueron secuestrados el 23 de julio de 1980, en plena dictadura, y trasladados al cuartel central de la PDI en General Mackenna. Después, cuando un magistrado inspeccionó esa sede policial, fueron llevados a la casa de Obispo Orrego. Allí “vuelven al cautiverio y continúan los interrogatorios con apremios físicos y psicológicos”, dice el fallo de Carroza. 

Al menos hay otros dos bienes inmuebles en manos de instituciones militares o policiales, destinados a usos recreacionales o de hospedaje, con antecedentes de haber sido sitios donde se torturó. Uno pertenece a Carabineros y el segundo a la Armada. El de la policía uniformada es el refugio de montaña Las Melosas, ubicado en San José de Maipo. El de la Armada es el recinto del antiguo Sanatorio Naval de Los Maitenes, en Limache.

Para dirigentas de organizaciones de víctimas, estos sitios deberían ser destinados a recordar lo que ocurrió allí. “Tienen que ser lugares de memoria, y una memoria activa; si es de recreación, que no esté en manos de las Fuerzas Armadas, porque ellos fueron los que violaron los derechos humanos”, señala Alicia Lira, de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP). En tanto, Marta Cisterna Flores, directora ejecutiva de la Fundación 1367 Casa Memoria José Domingo Cañas, afirma que el inmueble de la calle Obispo Orrego “no debería ser de huéspedes: lo que debería ser es un sitio de memoria que dé cuenta de lo que significó ese lugar durante la dictadura”.

"DALES LA CASA, PARA QUE NOS PODAMOS IR"

La historia de la casa que la PDI ocupa como centro de hospedaje en Ñuñoa tiene, además, un controvertido episodio respecto de cómo la policía civil la adquirió. El bien raíz era de un grupo de meditación llamado Misión de la Luz Divina. La Policía de Investigaciones tomó posesión de la propiedad, de hecho, en marzo de 1974, seis meses después del golpe de Estado. La persona que tenía a su nombre la casa, Francisco Arce Araya, fue detenido y torturado. Los registros del Conservador de Bienes Raíces de Santiago indican que dos años después, Arce la vendió a la PDI. 

Personas que integraban el grupo de meditación dijeron a CIPER que la venta se hizo bajo presiones. Un decreto del 6 de marzo de 1975, firmado por Augusto Pinochet, demuestra que la PDI había ocupado la casa mucho antes de que se produjera la compra, la que se concretó en 1976. El documento indica que la policía civil había “tomado posesión material, el 27 de marzo de 1974, habiéndose habilitado en ella un Internado Femenino que alberga a las alumnas de la Escuela Técnica de ese Servicio (la Policía de Investigaciones)” (vea ese documento).

La adquisición no se materializaría sino hasta marzo de 1976, cuando dos de los principales dirigentes de la Misión de la Luz Divina ya se habían ido de Chile luego de haber sido detenidos y liberados. Mónica Izak vivía en la casa antes del golpe de Estado. Ella cuenta a CIPER que con su dinero se compró el inmueble, pero que quien compareció en la escritura fue Francisco Arce, fallecido en 1992. Arce, según el testimonio de Izak, se fue del país luego de pasar por Tejas Verdes, donde fue torturado.

–Un día alguien toca el timbre y es Francisco, pero hecho mierda. Lo llevaron unos soldados y lo botaron ahí en la casa. Se demoraron todo ese tiempo en ver que realmente había vivido en Canadá, y tenía pasaporte canadiense–, relata Mónica Izak.

La historia de la compraventa de la casa ubicada en Obispo Orrego 241 la contó en su momento, y de manera breve, el astrólogo Pedro Engel, quien formaba parte del grupo de meditación. Lo hizo en el canal La Red, en una entrevista con la ahora embajadora en México, Beatriz Sánchez. Engel dijo que su cuñada (Mónica Izak) había donado dinero para comprar este sitio que usaban como ashram (lugar de meditación), hasta que Fuerzas Armadas y policías los empezaron a perseguir e incluso los detuvieron. “Lo pasamos bastante mal, pero al final lo que quisieron era esa casa”, aseguró Engel.

Mónica Izak relata a CIPER que en Obispo Orrego “nos juntábamos a meditar, y seguíamos a una persona de la India, que andaba por todo el mundo enseñando a meditar”.

–Teníamos charlas de meditación todos los días. Algunos vivíamos ahí, otra gente venía en las tardes. Yo vivía ahí. Francisco Arce también. Éramos unas cinco o seis personas las que vivíamos –dice.

La casa la adquirieron el 8 de agosto de 1973. Quien compareció en nombre de la Misión de la Luz Divina fue Francisco Arce Araya. Un mes después vino el Golpe de Estado. Y luego la persecución en contra de la agrupación, la que quedó registrada en la prensa. Un artículo de Las Últimas Noticias, del 22 de marzo de 1974, informó que la Policía de Investigaciones había concurrido a la casa y detenido a diversas personas. “Las autoridades, considerando que la concurrencia de los fanáticos en la ‘Misión de la luz divina’ era un síntoma de desquiciamiento social y de claro escapismo a la realidad que vive el país, determinaron terminar con la secta”, se indicó en el artículo.

Notas de La Tercera, de marzo de 1974, señalaron que sobre la Misión de la Luz Divina pesaban denuncias de “atentados sexuales, robos, abandono de trabajo, de estudio y agresiones a personas de edad”, todas descartadas por las fuentes ligadas a esta agrupación que hablaron con CIPER. Uno de los artículos finalizaba identificando a “Francisco Arce director también de la secta, quien ha manifestado que su deseo es vender esa mansión y abandonar el país”.

Pero cercanos a Francisco Arce explican que él nunca quiso vender. Mónica Izak cuenta que un tiempo antes de dejar el lugar, “vinieron a buscar a Francisco. Solo a él (…). Se lo llevaron a un edificio. Todo este rato con los ojos vendados. Era un edificio en alguna parte donde lo tuvieron amarrado tres días, vendado en una silla, y él escuchaba gritos y palos. No le dieron nada de comer en tres días”.

Luego, llevaron a Arce en un vehículo hasta Tejas Verdes, cuenta Mónica Izak, quien dice que esa versión se la dio el propio detenido: “Él insistía en que vivía en Canadá, pero no les importaba (…). Me dijo que no los dejaban ir al baño en Tejas Verdes, les pegaban, los torturaban, cuando lo interrogaron le pusieron corriente y esas cuestiones (…). Él estuvo en Tejas Verdes 30 días”.

Izak y Arce se fueron de Chile a fines de marzo de 1974. Antes de partir, Arce firmó un poder en favor de Felipe Oro Pérez, entonces un joven abogado de la Misión de la Luz Divina, para vender el inmueble a la Dirección General de Investigaciones. CIPER revisó ese documento, en el que Arce dice que está de acuerdo con que la institución policial ya estuviera usando la casa de Obispo Orrego desde el 27 de marzo de 1974. Según Izak, Arce firmó “porque no quería que lo detuvieran de nuevo (…). Yo le decía ‘dales la casa, para que nos podamos ir’”.

Finalmente, la compraventa se concretó el 3 de marzo de 1976. Según el archivo notarial, comparecieron Ernesto Baeza Michaelsen –director general de Investigaciones– y Felipe Oro Pérez, a nombre de Francisco Arce Araya. 

Oro señaló a CIPER que el pago por el inmueble le llegó cerca de 1984, o algo así. No tiene muy claro el año, pero sí recuerda que cambió el dinero por US$6 mil. Respecto de si cree que esta operación fue forzada, el abogado señala: “Sí, de todas maneras. El precio que se pagó creo que no correspondía. Pero no había nada que hacer. Nadie quiso vender la casa. Llegaron los milicos, nos echaron a todos, nos metieron presos, yo lo estuve dos o tres días, fue uno de los momentos de neurosis de mi juventud”.

1980: "LUGAR DE ENCIERRO Y TORTURA"

Unos años después de la venta, en 1980, y según la investigación del ministro Mario Carroza, hasta Obispo Orrego 241 fueron trasladados los estudiantes de Periodismo de la Universidad Católica, Eduardo Jara Aravena y Cecilia Alzamora Vejares, luego de ser secuestrados unos días antes en la esquina de Eliodoro Yáñez con Los Leones, en Providencia.

Todo esto ocurrió en el marco de la investigación del asesinato del teniente coronel Roger Vergara Campos, sucedido a mediados de julio de 1980. Un grupo de policías de Investigaciones resolvió  “iniciar por cuenta propia acciones operativas reñidas con los procedimientos institucionales y al margen de la legalidad, más violentas y vulneradoras de Derechos Fundamentales, con el solo propósito de dar rápidamente con el paradero de los autores del crimen del Teniente Coronel Roger Vergara”, señala el fallo del ministro Carroza.

A Jara y Alzamora los llevaron primero al cuartel general de Investigaciones, en General Mackenna. “En ese lugar, este grupo de funcionarios del equipo operativo designado en la investigación principal, procedieron a interrogarles mediante la aplicación de tormentos y solamente lo anterior concluye cuando se informa que un Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago concurriría al Edificio institucional de Investigaciones, situación que les lleva a modificar el lugar de encierro y tortura, trasladándolos a una casa ubicada en calle Obispo Orrego N°241 de Ñuñoa”, dice Carroza.

En Obispo Orrego, según el fallo –que está a la espera de su ratificación en la Corte Suprema–, continuaron “los interrogatorios con apremios físicos y psicológicos, para consultarles acerca de sus actividades políticas, en especial a Eduardo Jara”.

Jara y Alzamora fueron liberados en la madrugada del 2 de agosto de 1980. Los abandonaron en un sitio en La Reina, luego de 11 días de cautiverio. La declaración de Cecilia Alzamora está adjunta en el fallo del juez Carroza. En esta señaló que, al sacarse la venda de los ojos, se dio cuenta de que su compañero estaba en pésimas condiciones. Eduardo Jara murió en la Posta N°4 de Ñuñoa ese mismo día.

CIPER se comunicó con la PDI para consultar sobre las razones para dar un destino recreacional y de hospedaje a un sitio que carga con un fallo que lo apunta como recinto de torturas y que fue ocupado de hecho, contra la voluntad de sus propietarios, quienes también fueron víctimas de la dictadura. A pesar de que inicialmente, en respuesta a un requerimiento hecho por Transparencia, la PDI catalogó la casa como “centro vacacional”, desde su departamento de comunicaciones matizaron su uso: “Corresponde a una casa de acogida que es administrada por la Jefatura de Bienestar de nuestra institución, utilizada por el personal que concurre desde regiones a Santiago para realizar tratamientos médicos”.

En el sitio web Guiature.cl, plataforma de lugares recreativos del Ejército, Armada, Carabineros, Fuerza Aérea y PDI, se describe el inmueble de Ñuñoa como una “Casa de Huéspedes”, donde hay que hacer reservas y se ofrecen servicios adicionales: “El inmueble aloja a los oficiales que se encuentran de paso por la ciudad de Santiago, ofreciendo a sus huéspedes desayuno en un espacio confortable, seguro y acogedor”. En los registros de Mercado Público hay licitaciones hechas por la jefatura de Bienestar de la PDI donde también se han referido a la propiedad como “Casa de Huéspedes”.

Antes de su muerte, Francisco Arce le dejó un poder a la hermana de Mónica Izak, Nancy, respecto de cualquier derecho sobre la casa. Ella intentó recuperarla en 2004 mediante una demanda civil. “Lamentablemente, fue rechazado y de ahí no he vuelto a hacer nada. Pero, la idea es recibir una indemnización, porque esta casa fue adquirida de mala manera”, dice a CIPER.

LOS MAITENES

Pedro Hugo Arellano Carvajal, empresario radial y exiliado durante la dictadura, dice que el Centro Recreativo Los Maitenes, perteneciente a la Armada, es el antiguo Sanatorio Naval de Limache, donde fueron torturados presos políticos durante la dictadura, según diversas sentencias ya ratificadas por la Corte Suprema.

En la investigación por la desaparición de Jaime Aldoney Vargas, interventor de la Compañía Cervecerías Unidas de Limache durante el gobierno de la Unidad Popular, el ministro en visita Julio Miranda Lillo mencionó en su fallo de noviembre de 2007 al “Sanatorio Naval ‘Los Maitenes’” como un lugar donde víctimas de violaciones de derechos humanos afirman haber sido detenidos y torturados.

Arellano cuenta que fue detenido el 11 de septiembre de 1973 y que las Fuerzas Armadas derribaron la antena de la radio que, para entonces, pertenecía a su padre. Lo soltaron, pero lo detuvieron a la jornada siguiente, cuando se acercó a firmar en una tenencia de Limache. Enseguida, dice, fue enviado al Sanatorio Naval que quedaba camino a Olmué:

–Fui recibido por uno de los más bestiales tenientes de la Armada, el famoso (Pedro Pablo) Arancibia Solar. Apenas llegué me dieron pateaduras, hacían el famoso corredor de la muerte, que se ponían marinos de los dos lados, y lo hacían pasar a uno por el medio y te daban patadas, puñetes, lo que cayera (…). Nos llevaban a la oficina del impresentable Arancibia Solar, nos metían corriente, jugaban a la ruleta rusa con un revólver. Cuando nos torturaban en las noches, nos sacaban afuera y nos amontonaban a todos los que estuvimos ahí dentro –dice Arellano en entrevista con CIPER.

Testimonios como el de Hugo Arellano sirven como elementos de prueba en juicios que se siguen llevando a cabo en Valparaíso o que ya concluyeron. Un caso de estos fue el proceso por el homicidio de Óscar Armando Farías Urzúa, militante del Partido Socialista y quien fuera hasta antes del golpe el interventor de una industria conservera del sector.

El ministro en visita Miranda Lillo, mediante un fallo del 15 de diciembre de 2009 –confirmado por la Corte Suprema–, expuso distintos testimonios que acreditan las torturas en el Sanatorio Naval. Entre estos relatos, se encuentra el de un exfuncionario de la Armada, el que, según el fallo, “expresa que en el Sanatorio Naval se interrogaba con apremios físicos a los detenidos en una pieza que era ocupada como el Pañol de Farmacia e inflamables”. En el caso de Farías, al menos cuatro testimonios hablaron de torturas al interior del Sanatorio Naval.

CIPER se contactó el jueves 16 de febrero de 2023 con la Armada para confirmar el destino del sanatorio, pero no hubo respuesta hasta el cierre de este reportaje.

LAS MELOSAS

Camilo Salvo, diputado por la Unidad Popular hasta el Golpe de Estado de 1973, estuvo detenido en varios lugares –incluyendo Isla Dawson– antes de llegar a una helada pieza del recinto Las Melosas, en San José de Maipo, entre mayo y junio de 1974. Dice a CIPER que el frío era para “condenarse”, y que estaban allí “sujetos a la disposición del jefe del campo que se le ocurría que de repente teníamos que hacer gimnasia, y teníamos hacer gimnasia, o que de repente teníamos que repetir canciones”. Un día, le tocó vivir un episodio con distintos carabineros que le pareció “irreal”:

–Me dicen que me desnude. Yo pensé que me iban a hacer un examen médico, hasta que me llevan a una sala y en esa sala fui interrogado por tres altos mandos. No te podría decir quiénes.

Leopoldo Cáceres, uno de los hijos del exalcalde de San José de Maipo, Víctor Cáceres Riquelme (PS), cuenta que su padre, fallecido en 2018, le habló de lo ocurrido en Las Melosas: “Yo le escuché a mi papá hablar de Las Melosas y que había sido maltratado, que había sido torturado”, dice, sobre hechos ocurrido cuando él tenía solo un año.

Cáceres Riquelme era alcalde de San José de Maipo cuando fue detenido por fuerzas militares.  Estuvo cerca de tres años recluido en distintos recintos donde se torturó a personas, hasta que fue exiliado y viajó a México. A su regreso, en 1992, fue elegido nuevamente alcalde de esa comuna y en 2008 enfrentó un juicio, en el que fue absuelto, acusado de abusos sexuales.

Según registra el Centro Cultural de Derechos Humanos Salvador Allende, en su “Investigación de Derechos Humanos Provincia Cordillera”, Cáceres relató lo siguiente: “El jueves 13 de septiembre, fui enviado al regimiento de Puente Alto, y estuve detenido, torturado con electricidad y golpizas varios días. Pese a que estaba vendado en los ojos, reconocí al subteniente Varela como uno de los torturadores. Me hicieron simulacro de fusilamiento. Me daban comida con aceite de motor. Además, me llevaban a la Casa de Piedra en Lagunillas y a Las Melosas sector minero, para maltratarme”.

En Guiature.cl, el refugio de montaña Las Melosas, de Carabineros, es descrito de la siguiente manera: “Es un paradisíaco lugar que se encuentra ubicado en medio de la precordillera de la zona central, en la localidad de San José de Maipo, a 86 km. del centro de Santiago. Está abierto todos los días del año, ofreciendo a sus visitantes, previa reserva, servicios gastronómicos, de hotelería y de spa”.

Leopoldo Cáceres sabe que en el lugar donde fue torturado su padre hoy opera un lugar vacacional de Carabineros. Además, una declaración de un carabinero, en el contexto de la desaparición de ciudadanos uruguayos durante la dictadura, señaló que entonces el refugio Las Melosas estaba a cargo de la Dirección de Bienestar de la policía uniformada, la misma que lo administra hoy.

CIPER preguntó a Carabineros si el centro aludido como lugar de tortura es el sitio donde está emplazado el refugio de montaña. No respondieron esa consulta y solo indicaron que “la institución posee en la actualidad un refugio de montaña para oficiales, suboficiales mayores y personal civil, llamado Las Melosas y que depende de la Dirección de Bienestar de Carabineros, la que posee su administración y tutela. Este es un lugar de recreación y descanso”. 

Por último, desde la institución señalaron que no se referirán “a procesos que se mantengan judicializados, ello en virtud de la persecución judicial penal, civil, militar, y o administrativa que procedan en las respectivas investigaciones”.

(*) Colaboraron en esta investigación las estudiantes de la Escuela de Periodismo de la UDP, María Ignacia Ampuero y Juliette Hardy. Ellas hicieron una base de datos con antecedentes de los orígenes de los centros recreacionales de las Fuerzas Armadas y policías.